DEBATES

Una asignatura pendiente

Mabel Gabarra^*

* Abogada del Equipo Coordinador de Indeso Mujer, con sede en Rosario. Integrante de la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El 41% de la población mundial se distribuye en 50 países que permiten el aborto sin restricciones causales; el 21%, vive en países que lo permiten de acuerdo con amplios criterios sociales y económicos; un 13%, en países donde sólo es permitido cuando existen indicaciones (en este grupo se encuentra la Argentina) y el 26% restante, en países donde el aborto está totalmente prohibido o sólo se permite para salvar la vida de la madre¹.
     De los 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas, el aborto sólo se prohíbe totalmente en cuatro: el Vaticano, Malta, Chile y El Salvador.
     En nuestro país, el Código Penal castiga el aborto en sus artículos 85, 86, 87 y 88. Esta legislación data del año 1922, y a pesar de haber sido reformada en varias oportunidades, rige actualmente en su texto original, según el cual, el aborto es un delito y está penalizado tanto para los/las profesionales que lo realizan y para sus colaboradores como para la mujer que interrumpe su embarazo.
     En esta temática, la Argentina adoptó el sistema de las indicaciones. Así, el art. 86 del Código Penal establece que el aborto no es punible y por lo tanto es legal en los siguientes casos: a) cuando peligra la vida o la salud de la madre, y mientras este peligro no pueda ser evitado por otros medios; b) cuando el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. La redacción confusa del inc. b siempre ha sido interpretada en contra de los intereses de la mujer, ya que en lugar de considerar -tal como se desprende del análisis de las fuentes de ese artículo y de una interpretación razonable del mismo- que los casos de no punibilidad son el riesgo para la salud y la vida de la madre, y la violación, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria han considerado que la despenalización sólo opera cuando el embarazo proviene de una violación cometida contra una mujer "idiota o demente" y no cuando la víctima es una persona con plena capacidad de sus facultades mentales.
     Aún con estas limitaciones, las excepciones mencionadas han sido de aplicación casi nula, ya que los/las profesionales del sistema médico han exigido sistemáticamente una autorización judicial innecesaria para practicarlo, mientras que los jueces se han negado sistemáticamente a concederla. En la realidad, salvo honrosas excepciones, hasta que no se produjeron los casos sucedidos en 2006 en La Plata y Mendoza, las solicitudes de autorización judicial fueron rechazadas en virtud de una supuesta defensa de la vida; alegando razones más religiosas que jurídicas. En algunos casos, se ha ignorado que el "peligro para la salud", comprende no sólo el riesgo para la salud física sino también el bienestar psíquico, tal como es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por gran parte de las legislaciones de otros países. En otros casos, pese a la disposición expresa de la ley, se ha rechazado la autorización para abortar a mujeres con discapacidad mental víctimas de violación, alegando que esto sería agregar un nuevo riesgo y un nuevo sufrimiento a la víctima.
     En definitiva, podemos decir que, a pesar de que en la Argentina rige el sistema de indicaciones -es decir, que frente a determinados hechos el aborto se despenaliza-, en la realidad y salvo excepciones, la interrupción del embarazo es siempre clandestina. Aún en casos como los de La Plata y Mendoza, en los que, luego de sortearse innumerables trabas, la Suprema Corte de cada provincia autorizó la práctica, esta debió realizarse clandestinamente para proteger a los/las médicas, a las instituciones públicas de salud y a las mujeres de las amenazas y agresiones de los sectores católicos más conservadores.
     Las consecuencias de estas leyes y de esta jurisprudencia son:
     1) La muerte de 400 a 700 mujeres en edad fértil por año y un número de casos imposible de determinar con secuelas en su salud como consecuencia de prácticas realizadas sin un mínimo indispensable de asepsia.
     2) La violación sistemática del derecho humano a la salud.
     3) El maltrato físico y emocional de las mujeres que recurren a los servicios públicos de salud para ser atendidas luego de la realización del aborto.
     4) La consagración de la desigualdad entre aquellas mujeres que pueden realizarse un aborto en el sistema privado -sin riesgos- y las que concurren a realizarlo en condiciones más terribles y riesgosas.
     5) La imposición de una moral religiosa al conjunto de la sociedad, desconociendo la libertad de conciencia de sus integrantes.
     6) Negación de la libertad y la autonomía de las mujeres en la decisión de cuántos hijos tener, cómo y cuándo.
     Lo cierto es que la denostación pública del aborto (puesto que, finalmente, en nuestro país se lo penaliza en casi todas sus formas) no ha logrado hasta ahora salvar ninguna vida. La ley penal interviene para sancionar cuando el aborto ya ha sido realizado. Es decir, no es preventiva, no evita que se realicen los abortos ni que las mujeres mueran por recurrir a una intervención clandestina. Por el contrario, éstas se realizan a edades cada vez más tempranas y en condiciones más terribles.
     La penalización tampoco incide sobre la decisión de abortar. Si una mujer, por la razón que sea, decide interrumpir su embarazo, lo hace, sin que la penalización resulte una traba para ello; las consecuencias para su vida y su salud serán distintas según el circuito que recorra para llevar adelante su decisión.
     La Red Mundial de Derechos Reproductivos, con sede en Holanda, afirma: "(...) para que la interrupción del embarazo sea segura y la salud de las mujeres no corra peligro, éste debe ser realizado por personal competente y capacitado que respete la dignidad de la mujer; en instalaciones higiénicas y bien equipadas; con las mejores técnicas disponibles; con posibilidades de derivación en caso de complicaciones y con buena atención post aborto. Si se dan estas condiciones de seguridad, la realización de un aborto no compromete necesariamente la vida, ni la salud, ni la fertilidad futura de la mujer". Esto sólo es posible si el aborto es legal y si el Estado garantiza su cumplimiento. En los países en donde rigen leyes que autorizan el aborto, se dan también las condiciones para que las mujeres ejerzan mayor control sobre su sexualidad y sus embarazos; por lo tanto, hay menos embarazos no deseados.
     Desde hace más de 20 años el feminismo y el movimiento de mujeres nacional y latinoamericano vienen trabajando por la modificación de las leyes penalizadoras del aborto y por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos de las personas.
     En nuestro país, desde los años 80, la Comisión por el Derecho al Aborto y posteriormente muchas otras organizaciones han levantado la consigna de su legalización. Los Encuentros Nacionales de Mujeres, desde aquel realizado en Rosario en 1989, contaron con talleres sobre esta temática, en los que la participación fue en aumento cada año. En el décimo octavo encuentro, también realizado en esa ciudad en 2003, la movilización de más de 10 000 mujeres de todos los sectores sociales tras la consigna "Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir"; los pañuelos verdes aportados por Católicas por el Derecho a Decidir; la convocatoria a una asamblea para debatir sobre el tema y los talleres de estrategias constituyeron un punto de inflexión en la lucha por un cambio en la legislación y posibilitaron posteriormente que más de 20 000 mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mendoza en 2004, acordaran impulsar una campaña nacional por la legalización del aborto. Esta decisión fue tomada en un marco de fuertes agresiones por parte de los/las militantes católicos que durante el encuentro sabotearon los talleres, empapelaron la ciudad, pintaron las escuelas, insultaron a las participantes y llegaron hasta la agresión física contra algunas de ellas.
     A principios de ese año, las declaraciones del Ministro de Salud en favor de la despenalización del aborto con el fin de evitar las graves consecuencias para la salud de las mujeres que implica la clandestinidad, habían aportado una cuota de legitimidad institucional a las reivindicaciones del movimiento de mujeres. También en este caso, sectores conservadores de la Iglesia atacaron estas declaraciones con amenazas que recordaban los mejores tiempos de la dictadura militar.
     La lucha de tantos años, el contexto político favorable y los mandatos provenientes de las miles de mujeres que formaron parte de los encuentros nacionales, fueron el puntapié inicial de una campaña que se iniciaría con fuerza en mayo de 2005 y que hoy cuenta con la adhesión de más de 250 organizaciones de mujeres, políticas, sindicales, sociales y académicas de todo el país.
     La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito adoptó una consigna: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", que plantea claramente la integralidad del reclamo. La educación sexual desde edades tempranas para poder decidir y vivir una sexualidad plena y responsable; la anticoncepción segura y efectiva para decidir cuándo, cómo y cuántos hijos tener y cómo prevenir el aborto y alcanzar su legalización para que no mueran más mujeres, son condiciones indispensables para la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.
     Cintas, pañuelos verdes, afiches y logo fueron la identificación de la campaña. La recolección de firmas en las principales ciudades del país con el texto: "Apoyamos la despenalización y legalización del aborto para que toda mujer que decida interrumpir su embarazo pueda acceder al aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos y en las obras sociales de todo el país", recibió la adhesión de miles de personas. Estas firmas acompañaron el documento presentado por la campaña a los/las diputados nacionales en la Marcha federal realizada el 25 de noviembre de 2005 en Buenos Aires, donde se propuso al Parlamento Nacional: DESPENALIZAR el aborto, es decir, que deje de ser un delito tipificado por el Código Penal, para ocuparse sólo de aquellos casos en los que el aborto es realizado contra la voluntad de la mujer y LEGALIZAR el aborto, lo que significa diseñar y ejecutar políticas públicas para que sea efectuado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres. Se exige asimismo el cumplimiento sin dilación de las disposiciones legales vigentes sobre abortos no punibles y la atención humanizada del parto y de la situación posterior a la realización del aborto.
     La campaña fundamenta su propuesta de despenalizar y legalizar el aborto en cuestiones de JUSTICIA SOCIAL para evitar una mayor desigualdad entre distintos sectores sociales, ya que son las mujeres pobres las que mueren por abortos clandestinos. Las que tienen recursos, acuden a clínicas privadas donde realizan la práctica sin riesgos. También se trata de una cuestión de SALUD PÚBLICA: según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en nuestro país el 37% de los embarazos termina en un aborto; de ellos, cerca del 15% corresponde a mujeres que tienen entre 15 y 19 años. Las prácticas clandestinas que se ven obligadas a realizar las mujeres más pobres dejan, en muchos casos, graves secuelas para su salud y riesgo de vida. Esto podría evitarse si el Estado garantizara servicios seguros. Por último, garantizar el derecho al aborto en condiciones seguras y gratuitas significa AMPLIAR LA DEMOCRACIA en nuestras sociedades, que continúan siendo profundamente patriarcales. Las mujeres, pese a constituir más de la mitad de la población, viven todavía en condiciones de subordinación. En muchos casos, los embarazos son producto de violaciones, abusos y violencias practicados dentro o fuera del hogar. Garantizar que esas mujeres no sean revictimizadas con una maternidad forzada, es reconocer su calidad de sujeto de derecho y su dignidad como persona.
     La campaña reivindica asimismo un ESTADO LAICO. El Estado no debe imponer reglas desde concepciones teológicas o morales sino basadas en la Constitución y los convenios internacionales. Las leyes deben garantizar el ejercicio de la libertad de conciencia y el derecho a tomar decisiones libres y responsables para todos los ciudadanos.
     Aunque la mayor parte de nuestra sociedad reconoce que el aborto es una práctica clandestina generalizada, las últimas encuestas publicadas en los diarios muestran que un alto porcentaje de las personas encuestadas (80%) sólo lo admite en caso de violación, anencefalia o peligro para la vida de la madre. Los índices de aceptación disminuyen en la medida que se plantea que la decisión de interrumpir el embarazo es un derecho de las mujeres. Esto obedece a múltiples razones que exceden el marco de este análisis, pero que tienen que ver con los prejuicios, las religiones, el mito de la maternidad obligatoria, la sexualidad negada de las mujeres, la discriminación sexista, que se encuentran en la base misma del sistema patriarcal.
     En los últimos años se ha avanzado considerablemente debido al trabajo y la movilización de las mujeres; en este sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha cumplido un rol fundamental en la instalación del debate, pero es necesario lograr cambios legislativos, políticos y culturales que eviten la muerte, el maltrato y la violación de los derechos humanos de las mujeres.

Notas

¹ Centro de Derechos Reproductivos, www.crlp.org.