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Mora (Buenos Aires)

versión On-line ISSN 1853-001X

Mora (B. Aires) vol.16 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ene./jul. 2010

 

RESEÑAS

AA.VV., Políticas de reconocimiento (2009), vol. 1 y 2. Buenos Aires, Ediciones  Ají de pollo, Colección Conversaciones feministas, vol. 1, 2008, 213 págs. y vol. 2, 175 págs.

En el año 2003 el grupo feminista Ají de pollo, que conforman las investigadoras y activistas argentinas Josefina Fernández, Mónica D'Uva y Paula Viturro, organizó el "Foro Cuerpos Ineludibles: un diálogo a partir de las sexualidades en América Latina", apoyado por la Universidad de Buenos Aires y por fundaciones internacionales. El evento fue en el Museo Roca y tuvo una repercusión inédita, no sólo por la alta concurrencia de públicos "alternativos", sino también por la presencia de estudiantes y académicos que se mostraron interesados y permeables a los nuevos problemas que plantean las múltiples identidades socio-sexuales. Tras la publicación de una memoria de lo ocurrido en esa ocasión, el ímpetu editorial de Ají de pollo continuó aportando al debate feminista sobre "temas relativamente  excluidos en el ámbito local y regional" con la colección Conversaciones feministas.
     En el caso de Políticas de reconocimiento, la conversación a la que hace referencia el nombre de la colección "versa sobre la crisis en que se encuentran los discursos socio-sexuales cuando se enfrentan a las instituciones modernas (jurídicas, políticas, científicas, etc.), instituciones con fuertes compromisos con el poder". El foco aquí está puesto en las respuestas de la justicia argentina ante el reclamo de "reconocimiento del travestismo como una identidad propia" en vistas a lograr el cese de la "histórica discriminación en virtud de identidad de género y de orientación sexual".
     En el primer volumen se publican, como disparadores del "diálogo", las piezas fundamentales de la causa judicial por el pedido de reconocimiento de personería jurídica a la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (ALITT), que demandaron cuatro años de idas y vueltas judiciales hasta el dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia.
     En el segundo tomo, en primer lugar aparecen los escritos de diversas personalidades y asociaciones que apoyaron el pedido de la entidad; luego, dos artículos teóricos de dos académicas feministas, la jurista Alicia Ruiz y la directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Dora Barrancos; y, finalmente, la palabra de tres militantes travestis de reconocida trayectoria, Lohana Berkins, Diana Sacayán y Marlene Wayar,  que brindan visiones diferentes aunque no contrapuestas del "reconocimiento" que pretenden. Para Berkins, presidenta de ALITT, el fallo de la Corte Suprema implica "un antes y un después" ya que le da al travestismo "existencia propia, no son gays, no son lesbianas, son travestis. Después se discutirá el contenido".
     El 15 de abril de 2003, ALITT se presentó ante la Inspección General de Justicia para constituirse como persona jurídica de carácter privado. La solicitud fue denegada, en principio, porque las autoridades sostuvieron que la lucha de ALITT para que el Estado y la sociedad acepten el travestismo como una identidad propia o la constitución de una ciudadanía travesti-transexual, no ofrecía un marco valioso para el desarrollo de la convivencia, integrando así el patrimonio espiritual y cultural de la comunidad. En palabras textuales "la denegatoria de la personería jurídica subyace en el fundamento jurídico de la inexistencia del bien común en su objetivo".
     La Asociación continuó con las presentaciones judiciales de rigor rechazando los argumentos de la sala K de la Cámara Civil porteña y de la Inspección General de Justicia (IGJ) por "arbitrarios", y argumentó que se utilizó un concepto de "bien común" distinto al que otorga la Constitución Argentina y los tratados internacionales. Argumentaron que todas las asociaciones a las cuales la IGJ le ha otorgado personería tienden a la satisfacción de intereses personales, y cuestionaron además que el Estado se reserve la apreciación de lo que es "bien común" y lo que queda excluido. Así llegaron con el reclamo a la Corte Suprema de la Nación.
     Finalmente en noviembre del año 2006 la Corte Suprema, por unanimidad de los siete magistrados en ejercicio, otorgó la personería jurídica a la entidad rechazando el argumento acerca de que el objeto social de la asociación es "contrario al bien común". El Alto Tribunal hizo lugar a los planteos de ALITT, que había considerado que los fundamentos de la resolución anterior fueron "arbitrarios".
     ALITT obtuvo la personería jurídica detrás de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) que abrió el camino en 1991 con una solicitud en un primer momento rechazada (por la Corte Suprema de entonces) con el mismo argumento de no favorecer el bien común, aunque finalmente obtuvo su personería. La figura jurídica reclamada implica, en la práctica, contar con representación ante el Estado en diversos actos, como ser la presentación en juicios o acciones públicas, la posibilidad de pedir subsidios, abrir una cuenta bancaria, ingresar a las comisarías en casos de detenidos pertenecientes a la organización, entre otras atribuciones.
     La publicación del mencionado expediente judicial y las "conversaciones" en torno a éste resultan iluminadoras para quienes investigan la organización pública de la sexualidad. Lohana Berkins sostiene "de acuerdo con los genitales con los cuales nacimos, el sistema patriarcal ha decidido que tenemos que actuar de determinada manera. Nuestros nombres tienen que ser masculinos, nuestra personalidad fuerte y poco sensible, debemos ser padres protectores y usufructuar de los privilegios de ser opresores [...]. Nosotras no quisimos sujetarnos a vivir en función de ese rol. Muchas cosas hacen a una persona y no solo la circunstancial realidad de sus genitales. No se trata de la ropa, el maquillaje o las cirugías... Se trata de maneras de sentir, de pensar, de relacionarnos. Este género, de alguna manera elegido o autoconstruido, no debe ser uno de los dos géneros que impone el sistema patriarcal. [...] Hoy tratamos de no pensar en sentido dicotómico o binario. Pensamos que es posible convivir con el sexo que tenemos y construir un género propio, distinto, nuestro". Por su parte Marlene Wayar declara: "Yo estoy segura que muchas compañeras, dirigentes o no, estarían contentas que salga la Ley de género y tener documentos que diga un nombre femenino y que nos pongan una cruz en el cuadradito que dice mujer. Yo seguiré gritando que no quiero ser mujer, como no quiero que, para recibir el medicamento del VIH/SIDA, tenga que asumirme como "hombres que tienen sexo con hombres". Prefiero morirme. No quiero estar en un hospital recibiendo un calzoncillo de una monjita buena, no lo quiero, prefiero morirme."
     El libro incita a reflexionar entonces sobre la identidad travesti, y consecuentemente sobre el "orden de género".  Pero también sobre los derechos humanos y, más que nada, sobre el propio discurso jurídico y su artillería verbal, en este caso la noción de "bien común" y sus alcances semántico-filosóficos. El término "política de reconocimiento" reacciona contra la teoría de la justicia que busca la universalidad y la estricta neutralidad del Estado para, en cambio, rescatar las identidades particulares y las preferencias culturales de sus ciudadanos. Dora Barrancos aclara que la noción ha tenido un ajuste y "cada vez más alude a una dimensión nodal del sistema de la personalidad cuya clave está dada por la identidad sexual, de género y especialmente por la orientación de la sexualidad".
     Dentro del amplio campo de las ciencias sociales y estudios culturales, esta publicación contribuye a la gesta política del feminismo en cuanto propicia un espacio crítico de reflexión sobre identidades socio-sexuales y demanda de derechos, al tiempo que revela estrategias legales y da a conocer un valioso y ejemplificador testimonio de cómo las teorías informan y dan sustento a las prácticas reivindicativas.

Mayra Leciñana

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