RESEÑAS DE LIBROS

Mario Cajas Sarria,  La historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (1886-1991), 2 tomos. Bogotá, Universidad de los Andes/Universidad ICESI, 2015, t. I, 409 págs. y t. II, 451, págs.

 

La obra que reseñamos tuvo su origen en la investigación que el profesor Cajas ha desarrollado en el Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, constituyendo la misma contribución significativa en la tarea, ardua por cierto, de reconstruir la historia y desempeño de estos Altos Tribunales en relación no solo con su labor jurisprudencial y constitucional, sino también a su destacada actuación en el ámbito político e institucional.

El examen parte de la constatación del vacío académico que representó la poca atención que se prestó a la historia institucional de la rama judicial y el funcionamiento de la Corte Suprema en Colombia. Esta falta, insiste el autor, resultó sobre todo evidente en la misma ciencia constitucional, que abordó marginalmente tanto la experiencia como la jurisprudencia de este Tribunal. No fue sino hasta en el último cuarto del siglo pasado cuando en el análisis doctrinal comenzó a tener cierta relevancia el papel de la misma, sobre todo en su faceta de juez constitucional.

Desde la perspectiva metodológica, el libro pretende confeccionar un primer mapa de la historia de la Corte Suprema de Justicia colombiana, centrándose principalmente en el control constitucional que ésta ejerció, y su interrelación con "variables internas", como por ejemplo doctrinas, precedentes, ideologías, estrategias, etc., y "variables externas", como el contexto político, ambientes institucionales, etc. En su doble faz de órgano judicial y actor político, la Corte tuvo, según el autor, una actuación política diversa al Congreso o el Ejecutivo, elegidos éstos democráticamente, en la medida que su legitimidad descansaba sobre su jurisprudencia que expresaba el ideal de un ejercicio apolítico y neutral del derecho.

Consecuente con ello, la periodización que propone el trabajo abarca el tiempo comprendido entre los años 1886, fecha de sanción de la constitución republicana y unitaria que estableció la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal judicial de carácter nacional, y 1991 donde la nueva Constitución Política atribuyó el control constitucional a la Corte Constitucional. En este lapso se atiende tanto a las tendencias de cambio doctrinal como a los contextos políticos en dónde éste se formula.

Este rol de la Corte como juez constitucional y actor político llevan a determinar un corpus documental -corpus jurisprudencial refiere nuestro autor- constituido fundamentalmente por sus sentencias. Éstas son examinadas en función de cuatro ejes o líneas jurisprudenciales: el control constitucional de estados de excepción, el control de las leyes o vicios de trámite, el control de los tratados internacionales y el control constitucional de las reformas a la Constitución. Pesan en el análisis tanto aquellas posturas vencedoras en las decisiones del Tribunal, como los votos en minoría, siendo estos últimos un observatorio privilegiado para la reconstrucción de la coyuntura que animaron a aquéllas.

Se señala también que la mutua interdependencia entre doctrinas y contextos políticos nos sitúan ante la complejidad de la historia de esta institución y que permite, según el autor formular explicaciones multifactoriales sobre la continuidad o el cambio en la trayectoria de la corporación. Esta ampliación del contexto interpretativo de la jurisprudencia posibilita, por un lado, explicar el cambio doctrinal a través de las coyunturas políticas e institucionales y, por el otro, reconocer la relativa autonomía del derecho y de las decisiones judiciales.

La obra comprende dos tomos: el primero, "De la Regeneración al régimen militar, 1886-1958, abarca desde el año 1886, fecha de la sanción de la Constitución que crea la Corte Suprema de Justicia, hasta 1958 que coincide con la finalización del régimen militar inaugurado por el general Rojas Pinilla. El tomo segundo, "Del Frente Nacional a la Asamblea Constituyente, 1958-1991, avanza con la restauración democrática hasta la sanción de la Constitución de 1991 que modifica sustancialmente las atribuciones de este Tribunal.

El tomo primero se estructura en seis capítulos. El capítulo primero refiere al estado de la cuestión y problemas metodológicos ya indicados en los párrafos anteriores.

El capítulo segundo ofrece una visión panorámica sobre las posturas dominantes en la doctrina colombiana en torno a los orígenes del control de constitucionalidad en ese país, que el profesor Cajas ubica en 1886, año en que se expidió la Constitución Nacional y se creó la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal, dentro del régimen de estado unitario. Finaliza el capítulo con el análisis la reforma de 1910 que confió a este Tribunal la atribución de juzgar la constitucionalidad de los decretos y las leyes que ante ella demandaran los ciudadanos ("acción pública de constitucionalidad").

El capítulo tercero aborda una corta pero intensa etapa inaugural de la Corte como juez constitucional (1910-1915), que se caracterizó por la autoimpuesta restricción del control constitucional en cuestiones que le implicaban un alto costo político o la obligaban a arbitrar entre los restantes poderes. Para el autor esta inhibición implicó una estrategia adaptativa en los tiempos de la transición de la dictadura de Rafael Reyes al régimen republicano.

El capítulo cuarto explica el período comprendido entre los años 1915 y 1945 signado por las hegemonías conservadora y liberal, que intentaron hacerse con el control del Tribunal. A través del análisis de su jurisprudencia se pone en evidencia las importantes connotaciones políticas que tuvieron varias decisiones de la Corte y las estrategias institucionales que ésta orquestó a fin de interceder en los asuntos que enfrentaban a los restantes poderes del estado. Examina asimismo, la actuación de la llamada "Corte de Oro", bajo la presidencia del liberal Alfonso López Pumarejo, compuesta mayoritariamente por integrantes de aquella facción, que contó también con elementos conservadores. Hábilmente este Tribunal sorteó las distintas coyunturas políticas bajo la imagen de un "órgano neutral" que fundaba sus decisiones en una también "neutral" ciencia jurídica.

El capítulo quinto nos sumerge en lapso encerrado entre 1945 y 1952, marcado por la crisis del régimen político que finalizaría con el golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla, en junio de 1953. La lucha partidista y la violencia política se trasladaron a la Corte que se convirtió en el blanco de las disputas. Ésta abandonó su tradicional doctrina de incompetencia, permitiendo la apertura de la instancia para juzgar la constitucionalidad de las leyes por vicio de trámite, lo que implicó un compromiso mayor con su función institucional.

El capítulo sexto examina las vicisitudes que atraviesa el Alto Tribunal durante el régimen militar inaugurado en 1953 y que finalizaría en 1958. Las maniobras oficialistas a fin de influenciar en la Corte llevaron a la conformación, en el interior de ésta, de la Sala de Negocios Constitucionales a quien se le atribuyó el ejercicio del control constitucional. Con una nueva composición el papel de la Corte fue, en general, deferente hacia el gobierno de facto, manteniendo posturas inhibitorias o favoreciendo, a través del desarrollo doctrinal de sus sentencias, el amplio ejercicio de facultades de excepción por parte del Ejecutivo.

El tomo segundo se encuentra organizado en tres capítulos que abarcan el lapso comprendido entre los años 1958-1991.

El capítulo séptimo encara el papel de la Corte en los inicios del Frente Nacional (1958-1968), los intentos de independencia del poder político, las reformas introducidas en el plebiscito de 1957 y su contribución a la estabilización del régimen gubernativo mediante la convalidación de los decretos de estado de sitio dictados entre 1949 y 1958 y la ley de reforma social agraria.

El capítulo octavo profundiza el período subsiguiente (1968-1980) marcado, según el autor, por un deterioro del orden público, el incremento de la protesta social, el recrudecimiento de la violencia a través de la guerrilla y el narcotráfico y, consecuentemente, un avance de la respuesta represiva por parte del Estado con el uso de medidas de excepción. En este contexto la Corte mostró un comportamiento variable, determinado por las cuestiones sometidas a su jurisdicción. Asimismo, se afianza institucionalmente con la reforma de 1968, al aumentar el número de magistrados y crearse la Sala Constitucional. Por otro lado, consolida su competencia al incrementarse los supuestos que habilitan su jurisdicción -como es el caso del control automático de los decretos expedidos durante el estado de sitio-, y al reafirmar su jurisprudencia sobre el control de constitucionalidad de las leyes por vicios de trámite.

El capítulo noveno se enfrenta a la difícil década de los ochenta (1981-1991) caracterizada por una aguda y multicausal violencia que enlutó a la sociedad colombiana. Para Cajas resulta una etapa compleja para describir, caracterizar y comprender, en buena parte por la falta de distancia temporal que permita un análisis más sereno. La Corte avanzó, selectivamente, hacia la consolidación del control constitucional modificando doctrinas tradicionales del cuerpo. En este sentido produjo, según el autor, las sentencias más controvertidas desde que la corporación asumió su función constitucional. El Tribunal parecía asumir un cierto rol neoconstitucionalista en su función de juez de la Carta Política, desafiando en sus fallos el poder presidencial que caracterizaba el constitucionalismo colombiano. Finalmente la Constitución de 1991 despojó a ésta del control constitucional al crear la Corte Constitucional, manteniendo aquel cuerpo atribuciones como tribunal de casación y máximo juez de la jurisdicción ordinaria.

Destacamos el valioso aporte que significa esta obra del profesor Mario Alberto Cajas Sarría, no solo para derecho constitucional sino también para la iushistoriografía. La misma proporciona una plataforma sólida, no solo para profundizar aspectos concretos de la actuación de este Tribunal, sino también para el estudio comparativo del rol y funcionamiento de estos cuerpos en el ámbito latinoamericano.

María Rosario Polotto
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA)
(Argentina)