2. Sistema jurídico anterior a la independencia

Si se quiere expresar en unas pocas líneas el sistema jurídico anterior a la independencia se puede referir la excelente síntesis que hace Magdalena Candioti, en la que resalta que el orden jurídico y político del antiguo régimen había sido concebido como un orden trascendente que no podía ser reformado por la voluntad de los hombres (2010, p.25).Hacer justicia era la esencia del buen gobierno, que tenía como causa final la obligación de llevar a la comunidad política hacia la consecución del Bien Común (Candioti, 2010, p.26).Justicia y política eran conceptos y actividades inescindibles, puesto que desde las Partidasdel rey Alfonso el Sabio se exponía como principio que: “Vicarios de Dios son los Reyes, cada uno en su reyno, puestos sobre las gentes, para mantenerlas en justicia, e en verdad quanto en lo temporal” (GarcíaGallo, 1951, p.70).En un mundo signado por el pensamiento cristiano:

Dios era el verdadero y únicocreador del derecho y el único verdadero legislador, erainterpretatio la actividad normativa del príncipe y la de la comunidad por medio de las costumbres, del mismo modo que el hacer justicia del juez o la edificación teórica del magíster. Es decir, el derecho no era pensado como algo que el rey, la comunidad, la Iglesia crearan a su antojo.(^{Candioti, 2010}, p.27)

Ellos eran intérpretes de la voluntad divina. Esta es una de las características fundamentales del derecho indiano que resalta ZorraquínBecú(1990) cuando señala que no fue el absolutismo real “la doctrina predominante ni en Castilla ni en Indias durante los siglos XVI y XVII [más bien, lo instituido era] un régimen político moderado, sometido a las leyes divinas y naturales, y aún respetuoso de los derechos particulares de los súbditos” (p.19). Si se piensan estos caracteres desde el paradigma de la nueva historia del derecho en la que autores como AntònioHespanharesaltan que en un universo político y jurídico concebido como plural:

En este mundo de poderes -sobrenaturales, naturales y humanos- distintos y autónomos, la sistematización se realizaba también a varios niveles. Existía un orden divino, puesto en evidencia por la revelación. Pero, independientemente de este orden primero, la propia creación estaba ordenada, poseyendo “las cosas” una densidad que las volvía relativamente indisponibles. Finalmente, los hombres habían agregado a estos órdenes supra-humanos diversos complejos normativos particulares. A pesar de que había una jerarquía entre los diferentes órdenes, ésta no privaba a los órdenes inferiores de su propia eficacia, que predominaba en los ámbitos que les eran propios.

Dicho pluralismo jurídico no era específico del Antiguo Régimen. Por el contrario, éste todavía se verifica en el mundo político de nuestros días. (^{Hespanha, 1996}, p.21)

Podremos percibir entonces el alto valor del pluralismo jurídico en “contra de la idea de Estado como representante del derecho general y abstracto, legislado o codificado” (Sanjurjo de Driollet, 2006, p.162). La potestad legislativa no era sólo del rey. No se concentraba exclusivamente en el soberano y ni se plasmaba en ordenamientos generales y abstractos, sino que se encontraba distribuida entre un conjunto de actores sociales, territoriales y políticos. De tal modo, como explica ^{Candioti (2010}), los virreyes, los gobernadores y los cabildos tuvieron, en América, “un rol importante en el dictado de normas que tenían valor jurídico” (p.28). El rey actuaba ordenando y disponiendo derechos recíprocos, constituyéndose en lazo de cohesión del organismo social:

Se trataba de una cultura jurídica que, en la búsqueda del bien común y la justicia, consideraba que no siempre la ley proveía el mejor medio, y en la que un ordenamiento sin validez positiva, como el derecho civil romano, ocupaba un lugar central. (^{Candioti, 2010}, p.30)

La justicia se basaba en una práctica casuista que “consideraba que cada caso concreto debía ser resuelto de modo particular, por medio de la exégesis de los textos romanos y teniendo en cuenta la opinión de juristas célebres sobre la resolución de casos similares” (^{Candioti, 2010}, p.31; Tau Anzoátegui, 1992, 2001). El recurso al argumento de autoridad era la vía jurídica usual para pensar las cuestiones de derecho. El juez procuraba interpretar la voluntad divina (de igual manera que el príncipe, el jurista o el teólogo) si lo lograba cabalmente, entonces podía asegurar la paz social, el mantenimiento del orden natural de la sociedad y el respeto recíproco de los derechos y los privilegios:

La pluralidad de derechos (estaduales, corporativos, forales, reales), la opinión de los juristas (jurisprudencia), las costumbres y las consideraciones de equidad eran los múltiples referentes que orientaban sus decisiones. Su función, lejos de ser la aplicación mecánica de principios generales a situaciones particulares, era pensada como un arte de encontrar y realizar la equidad para cada caso particular. Se trataba de un procedimiento casuista en el que un buen juez debía ponderar derechos, dar juridicidad a usos y costumbres, considerar las diferencias (sociales, étnicas, de status, de sexo) de quienes se enfrentaban en un pleito para interpretar, acorde a su arbitrio, lo justo. El juez tenía un rol central en esta cultura jurídica, mayor que el legislador, porque era su juicio el garante de la realización de la justicia, más que las leyes en sí. (^{Candioti, 2010}, p.33)

Es que el sustento está en el jusnaturale que, en cuanto inscripto en la mente humana se llama también lex naturalis. Iniciado por Aristóteles y seguido por los grandes juristas romanos, el derecho natural clásico culmina en Santo Tomás de Aquino. Es continuado luego por los grandes teólogos y juristas españoles como Vitoria y Suárez. Es mayormente un método destinado a orientar la conducta social y resolver conflictos, que un recetario prefijado y detallado de deberes y derechos. Esto lo hace radicalmente distinto del Derecho natural racionalista, como el kantiano, por ejemplo. Éste se funda sólo en la razón, razón cuyo modelo es la infalibilidad matemática. Por eso sus dictados son urbi et orbi, (para la ciudad y para el mundo) y, por ende, es refractario a admitir la variedad, el cambio y el error. Aquí sucede todo lo contrario.⁵ Más aún, cuando se observa el conjunto:

La autonomía de los cuerpos (familia, comunidades, Iglesia, corporaciones), las limitaciones del poder de la Corona por los derechos particulares establecidos, la arquitectura antagónica del orden jurídico, la dependencia del Derecho respecto de la religión y la moral, son perfectamente comprensibles. (^{Hespanha, 1996}, pp.22-23)

Todo el sistema nos muestra la existencia de un lenguaje cristiano, organicista y consensualista en el marco del cual era legítimo argumentar (^{Candioti, 2010}, pp.25-33). No obstante, los aspectos religiosos o teológicos de la concepción de la justicia y la ley, esto no iba en detrimento del aspecto natural u orden natural. La importancia dada a este último se fundamentaba en dos principios claves para Santo Tomás, los cuales son: que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona; y que: aunque la gracia es más eficaz que la naturaleza, la segunda es más esencial al hombre y por tanto más permanente(Tomás de Aquino, 2012, I, q. 1, a. 8, ad 2; I-IIª, q. 94, a. 6, ad 2). No puede perderse de vista que se trataba de tres entidades íntimamente relacionadas entre sí: jus, ratio y lex. Jusnaturale, es lo justo natural. Lex naturalis es el mismo jusnaturale, en cuanto impreso en la ratio practica, la razón práctica natural (como una participación de la ley divina).

Por otra parte, en este sistema era muy importante contar con los magistrados y letrados necesarios para poner en práctica este sentido de la justicia. En el caso del Río de la Plata, en el extremo sur del imperio muchas veces habían sido escasos. Sin embargo, el núcleo de letrados existentes en las provincias rioplatenses había crecido en los últimos lustros del siglo XVIII y en los primeros años del ochocientos. La Universidad de Córdoba había abierto su aula de jurisprudencia a fines del XVIII. En la Audiencia, instalada en Buenos Aires en1785, se inscribieron para ejercer la abogacía, entre aquel año y 1811, 152 letrados. A la hora de la Revolución, se estima en 71 el número de letrados existentes en Buenos Aires. De ellos, 22 concurrieron al Cabildo Abierto de Mayo. No obstante:

Eran muy pocos los letrados que sobresalían, por encima de una mediocre y rutinaria actividad profesional, de tal modo que pudieran tener repercusión en el mundo de las ideas. Casi todos ellos eran atraídos por la fuerza centrípeta de la acción política, urgida en obtener y devorar a los más aptos. Los absorbía no sólo el tiempo, sino que también muchas veces la óptica política llegaba a superponerse sobre el sentido jurídico, propio de su formación. (Tau Anzoátegui, 1987, p.19)

Sin embargo, también es preciso resaltar con este autor, que el mundo jurídico no estaba solamente integrado por los letrados. A ellos es necesario sumarel aporte significativo de los graduados en Teología. Estos recibían una formación jurídica básica tanto por la naturaleza esencial de aquella disciplina, como por el estudio de los cánones, que formaba parte de su carrera universitaria. Es decir, que aun cuando no conocieran, por los estudios cursados, el ordenamiento romano y el derecho real, habían adquirido una formación jurídica que los habilitaba a intervenir, sin desmedro alguno, en el campo del derecho. Incluso sucedía que: “a veces parecían gozar de un mayor poder creativo, fruto de un sentido jurídico, no aferrado a la estrechez de determinado ordenamiento positivo” (Tau Anzoátegui, 1987, p.20). De este modo los teólogos y canonistas estuvieron junto a los juristas a la hora de sostener el sistema jurídico.

2. Debate periodístico en Cuyo

En San Juan,El Amigo del Orden; De Mil Ochocientos Veintisietese expide también por el jurado, conmotivo de la instalación en la provincia de un tribunal superior con el nombre de “Juri”. El debate que planteaba el periódico sanjuanino tenía una trascendencia nacional si consideramos lo que sostiene Magdalena ^{Candioti(2010})al analizar el papel de la Academia de Jurisprudencia en la reformulación del derecho y la justicia:

En cuanto a los debates sobre actualidad y reforma judicial, fueron al menos dos los aportes de relevancia. Las conferencias del jurista francés Guret de Bellemare proponiendo nuevos códigos para el Río de la Plata, en octubre de1822 (…), y las discusiones sobre la reforma judicial en la provincia de San Juan. En abril de 1823 El Correo de las Provincias,-periódico editado por Fortunato Lemoine- comunicaba la llegada desde Chile de noticias sobre un “reglamento para el orden judicial de San Juan”, que había “resuelto pasarlo a la sociedad de jurisprudencia, establecida en esta ciudad, creyendo servir mejor a los que tanto nos honran, si conseguimos el dictamen de esta recomendable asociación”.

Dicho reglamento -pensado para la provincia cuyana, reciénemancipada de Mendoza y hermanada con Buenos Aires por un proyecto común de reforma institucional y social-habría sido sometido a la Sala de Representantes por el joven gobernador sanjuanino, Salvador María del Carril. Apenas egresado él mismo de la Academia porteña y trasladado a su provincia para participar del gobierno, el futuro ministro de hacienda de la presidencia de Rivadavia, se afanaba por entonces en replicar en Cuyo las radicales transformaciones que se llevaban adelante en Buenos Aires: abolición del cabildo, rediseño de la administración judicial con jueces de paz (en este caso electivos),libertad de cultos, reforma eclesiástica, entre otras. Es probable que lasociedad de jurisprudencia haya aceptado discutir el reglamento sanjuanino, celebrando así el logro de una aspiración medular de la administración rivadaviana: que el modelo no sólo funcionaba en Buenos Aires sino que podía trasplantarse y rendir frutos allende la capital. (^{Candioti, 2010}, p.131)

La Academia de Jurisprudencia además de su función práctica eminente era también uno de los foros donde los estudiosos del derecho debatían ideas. La Cámara de Apelaciones había propuesto al gobierno en 1814, su creación, a fin de generar un espacio institucional donde también los jóvenes abogados pudiesen dar los primeros pasos prácticos en su profesión. La propuesta se basaba en otras instituciones similares creadas oportunamente en ciudades españolas y americanas antes de la independencia. Como ha demostrado Mariluz Urquijo (1958, pp.132-133) incluso en Buenos Aires había existido una en tiempos virreinales. Así, inspirada en institucioneshispánicas, la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires se convirtió en un sitio de debate de las nuevas ideas y tendencias jurídicas y legales en la etapa republicana temprana (^{Barreneche, 2001}, p.143). Se trataba de una institución que nació en la segunda mitad del siglo XVIII en España. Como sucediócon tantas instituciones que tuvieron su origen en la península, también esta fue trasplantada a América. Así, en América, la primera de las academias teórico-prácticas fue la Academia Carolina de Practicantes Juristas de Charcas y luego se fueron expandiendo por el continente. La función tradicional de la Universidad fue la de enseñar e investigar las ciencias, no capacitar para el ejercicio de ninguna profesión. De tal modo que hasta que aparecieron las academias teórico-prácticas, ese paso se daba mediante el método de las pasantías, por las cuales el aspirante a la matrícula debía concurrir durante dos o tres años al estudio de algún abogado (Levene, 1941, p.158). Este método presentaba inconvenientes ya que no siempre los abogados al frente de estas oficinas se preocupaban porque los pasantes adquirieran la formación práctica necesaria. Otro problema tenía que ver con que el candidato solo podía conectarse con algunas cuestiones jurídicas, aquellas de las que se ocupaba el estudio. Se pensó entonces en sustituir el sistema de pasantías por alguna solución más racional y planificada y que garantizara mejores resultados.Con la creación de la Academia Teórico-Práctica, la Cámara de Apelaciones buscaba monitorear más de cerca el proceso final en la formación de estos profesionales. La principal función de éstas era la de otorgar el título de Abogado y para eso habían sido instituidas. El sistema funcionaba del siguiente modo: las universidades otorgaban primero el título de Bachiller en Derecho Civil, o en Derecho Canónico, o el de Licenciado y también otorgaban el grado de Doctor. Para ser Abogado, los aspirantes debían luego cursar tres años (así se exigía en Buenos Aires, en Córdoba y en Charcas) en las academias de jurisprudencia dependientes de las cámaras de apelaciones. En Córdoba, en el caso de Doctores, se exigía sólo dos años de cursado (Ramos, 2014b, pp.165-166). Manuel Antonio de Castro, que era miembro de la Cámara de Apelaciones, fue designado director de la Academia de Buenos Aires en 1815. Entre 1815 y 1821, en que Buenos Aires no tenía aún universidad,recibió egresados universitarios de otras ciudades, que realizaban su capacitación profesional en su Academia Teórico-Práctica.

De tal modo, la Academia era el lugar del ejercicio práctico del Derecho y además un foro de discusión acerca de temáticas jurídicas. Por eso es que las reformas sanjuaninas encontraron lugar de análisis en la Academia. Dos debates superpuestos se produjeron en la Academia de Jurisprudencia: el relativo a los procedimientos penales en la administración de justicia criminal, y el referido a las reformas de la arquitectura legal del sistema penal lo que incluía la sanción de un código penal. Osvaldo ^{Barreneche(2001}) afirma que:

La Academia y especialmente su presidente Manuel Antonio de Castro, se opuso a la eventual aprobación del segundo tema en debate, pues para que hubiese un código penal y una nueva estructura judicial, afirmaba Castro, debía contarse primero con una constitución aprobada. Por otra parte, como presidente del Tribunal de Justicia y de la Academia de Jurisprudencia en aquellos años, Castro favorecía la discusión del primer debate, relacionado con aspectos procedimentales que pudiesen definir mejor el rol de la justicia provincial frente a las autoridades ejecutivas. Es por eso que la Academia auspiciaba el envío de propuestas sobre este último aspecto a la legislatura provincial, mientras que no lo hacía con el otro gran tema en discusión del momento.(p.144)

Este hecho hizo que el debate acerca de las reformas sanjuaninas haya tenido mayor acogida en la Academia.

Volvamos a los argumentos del sanjuanino El Amigo del Orden; De Mil Ochocientos Veintisietepublicado el 26 de setiembre de 1827se abre con una crítica al sistema judicial y expone que la Sala de representantes tomó una medida trascendental para cortar con los males en la administración de la justicia:

Sustituyendo a aquella institución [la antigua cámara de justicia] con el establecimiento del juicio por jurado, en la parte aplicable a nuestras circunstancias y necesidades, componiendo este tribunal de ciudadanos respetables y electos a la suerte de una lista de cuarenta candidatos elegibles cada año (p.1).

A continuación, hace una extensa explicación de las ventajas del sistema establecido. Como sabemos, había antecedentes puesto que la idea de juicio por jurados se había esbozado por la comisión constitucional en 1813 (Sampay, 1975, pp.177 y 191) y había sido incluida en los proyectos constitucionales de 1819 y 1826.¹¹

Sin embargo, muchos liberales criollos creían firmemente que los habitantes de la región del Río de la Plata no estaban listos para asumir la responsabilidad de evaluar y juzgar la culpabilidad o inocencia de sus pares en un juicio criminal. Esta opinión, que GuretBellemare en los periódicos bonaerenses procuraba rebatir con sus propios argumentos, sería compartida por los románticos en la década siguiente. El periodista sanjuanino responde también a aquéllos cuando afirma:

El establecimiento de los jurados, no es como algunos pretenden incompatible con las circunstancias de nuestros pueblos: antes por el contrario, su falta de recursos de todo género; la necesidad de apreciar en más la suerte de los hombres y de sus intereses, y el deber de proporcionar a los ciudadanos los medios de librar a su elección la defensa de su vida y de su honor, haciendo uso del derecho de recusar que la ley les concede y que antes no podían disfrutar en manera alguna en la antigua cámara, unidos al derecho que el pueblo tiene de decidir por sí mismo de sus intereses y de su suerte, prueban suficientemente de cuán compatible es esta institución con el estado de nuestras provincias.(El Amigo del Orden;De Mil Ochocientos Veintisiete,26 de setiembre de 1827, p.1)

En la misma línea del francés que consideraba que después de dos décadas de la emancipación de España aún nos encontrábamos en el principio de la Revolución:

Esclavos de abusos y concepciones engendrados por el fanatismo y el despotismo español. Consideraba que en la República hermana del Norte existía tanta gente mala como en cualquier parte del mundo, y sin embargo era el país más feliz, felicidad que no se podía atribuir solamente a los habitantes, “sino a la gran prerrogativa que se encuentra allí: la justicia”. Nos habíamos libertado de la inquisición eclesiástica -agregaba- pero la inquisición civil era peor todavía. Mientras no se introdujera el Jury, paladín de la libertad, tanto para lo civil como lo criminal, no podía haber justicia.(Levene, 1951, p.333)

También el periodista sanjuanino considera al jurado como una de las instituciones esenciales de la libertad dentro de los regímenes anglosajones:

La Inglaterra y Norte-América, estas naciones que se hacen distinguir entre las del orbe civilizado por su ilustración y la liberalidad de sus instituciones, conservan entre estas como una de las principales y benéficas el establecimiento de los jurados; y si hemos de dar valor á los sentimientos de la humanidad, de libertad y á la opinión de barones ilustres, el consejo de los jurados no es incompatible ni con la mayor ilustración y riqueza de los pueblos, ni mucho menos con su rusticidad y pobreza.(El Amigo del Orden;De Mil Ochocientos Veintisiete, 26 de setiembre de 1827, p.1)

El artículo “Sin el Jury no hay ni habrá salud pública” que escribirá Bellemare en el Diario Universal de 27 de noviembre de 1829de Buenos Aires consideraba que un Jury malo nunca podría serlo tanto y tan peligroso porque se hace a puertas abiertas y está expuesto al severo examen del público “siendo así que un juez perverso lo hace encerrado en su gabinete y así sin ningún freno vende la justicia a peso de oro” (Diario Universal, 1829, p.1). Aun suponiendo que el juez sea el hombre más recto y sin tacha, no puede prescindir de actuar con alguna parcialidad por relaciones de familia o empeños de amigos o que su propio sentir le engañe. Pero nada de esto podía suceder en un Jury compuesto de 12 hombres, sacados de 48, pues para cada sesión se eligen 48 ciudadanos de todas clases y profesiones y para cada pleito se sacan a la suerte 12 hombres. No sería posible, observaba Bellemare, sobornar a aquellos hombres a los que probablemente nunca ha visto el procesado y aunque alguno del Jury quisiera obrar contra su conciencia no lo haría por no exponer su honor públicamente. El Jury, según este parecer, mejora al hombre y le inclina al bien. En esta misma línea de razonamiento El Amigo del Orden; De Mil Ochocientos Veintisiete(26 de setiembre de 1827) escribe que no tiene el objeto de atacar a las cámaras de justicia sino el de “manifestar los abusos que desgraciadamente parecen ser inseparables de ellas” y que por tal motivo han creído evitarse con la institución de los jurados:

Siempre será tocante y opuesto a la libertad el ver, como es frecuente en nuestras cámaras, presentar a un ciudadano que tuvo la debilidad de contravenir a las leyes de su patria, ante un tribunal irremisible a ser juzgado por jueces que sino es[tán d]e antemano prevenidos sus corazones perdiendo algo de sensibilidad se han acostumbrado a ver padecer a sus semejantes sin dolerse ya de sus desgracias, y agréguense a estas circunstancias las de ser tal vez ellos mismos la parte ofendida dejando a un lado la influencia del oro, las relaciones de amistad y de sangre y las deferencias harto frecuentes a los mandatos de autoridades a quienes se desee adular o complacer.(El Amigo del Orden;De Mil Ochocientos Veintisiete,1827, p.1)

Como se ve, aquí también se considera a los jueces absolutamente vulnerables e incapaces de llenar su función y todos esos males se evitan con los jurados (^{Greco de Álvarez, 2018}, p.211). También es posible concluir que el redactor de El Amigo del Orden; De Mil Ochocientos Veintisiete probablemente haya participado delcurso dictado por GuretBellemare en la Academia en 1822, donde proponía los juicios por jurado, dado que la argumentación que emplea es idéntica a la del francés.

En la opinión de Levaggi (1982) es claro el predominio del análisis político-ideológico sobre el jurídico. Lo que se exalta es el valor ideológico de la insti tución, y no el punto de vista del derecho pro cesal. Sin embargo, esto no es extraño, sostiene el autor, pues ese enfoque, predominantemente político ideológico es el que caracteriza a casi todas las páginas laudatorias que se le dedican (p.178). Esta opinión concuerda con la caracterización temporal del periodismo que mencionamos al comienzo de este trabajo: en la primera etapa hasta 1829 los debates comunicacionales tienen un carácter doctrinario y de dilucidación ideológica, no bajan a la realidad de los hechos, en este caso a los procesos y procedimientos jurídicos.

IV. Escritos periodísticos en la etapa de la prensa política

Como señalamos al comienzo, en los debates periodísticos de la primera mitad del siglo XIX hubo un segundo momento, entre 1830-1852, en el que el factor preeminente fue el político práctico, que se correspondió con las características de la prensa política y de barricada, polémica, orgánica al poder (^{Greco de Álvarez, 2018}, pp.275-276). En esta segunda etapa las argumentaciones tienen mayores referencias a lo concreto, a los hechos, en el caso que nos ocupa: a los problemas procesales. Por otra parte, se ve disminuir el interés por el sistema, ya no habrá tanta cantidad de artículos ni tantos exaltados promotores.

Además, como comenta Levaggi (1982), no todas eran alabanzas:

A la postura rigurosamente racionalista de trasplantar las instituciones consagradas en los países más civilizados, con el convencimiento de que producirán los mismos efectos que en aquéllos, se opone esta otra basada en el método empírico, heredada de la Ilustración, que si reconoce el valor axiomático de ciertos principios, en cambio, no le concede igual eficacia a sus aplicaciones. Esta actitud, que en otra oportunidad he denominado “creadora”, frente a la primera, “imitativa”, es la que prevalece en el Río de la Plata.(p.181)

Esta actitud creadora, que disentimos en considerarla tributaria de la Ilustración,¹² es la que encuentra que las costumbres son previas a las leyes contrariamente al utopismo del “casi siempre es conveniente aspirar a mo dificar las costumbres por las leyes” (El Nacional,12 de enero de 1826, p.236), que ya hemos comentado.

En la polémica mediática entre el Diario Universal (27 de noviembre de 1829, p.1) y La Gazeta Mercantil(5 de diciembre de 1829, pp.1-2) este último periódico al analizar la institución misma del jurado, se preguntaba:

¿Sobra el sentido común para la buena administración de justicia, para el discernimiento y calificación de los hechos? ¿Esos mismos hechos se presentan siempre tan claros, tan intergiversables que a cualquiera le sea dado discriminarlos? Cuando nos determinamos a su calificación por conjeturas o presunciones ¿eso que se llama sentido común es suficiente, para dar la cautela necesaria, con cuyos únicos datos se debe reglar el orden de los procedimientos judiciarios? ¿Y qué diremos de los asuntos de puro derecho? También habría deseado, agrega, que se hubiese detenido algo más, en examinar el verdadero estado del país y si entre nosotros estaba suficientemente generalizado el espíritu público, el desinterés, la independencia individual para que los ciudadanos prestaran gustosos el servicio que se les pedía, armados de celo laudable y del sentimiento de justicia que debe presidir semejantes actos. (5 de diciembre de 1829, pp. 1-2)

Las objeciones tienen que ver con las costumbres y el funcionamiento procesal.

El diario El Lucero, dirigido por el erudito napolitano Pedro de Angelis, pendula entre “su natural inclinación liberal y el estilo tradicionalista impuesto a la época por el gobernador Juan Manuel de Rosas” (Levaggi, 1982, p.182). El 30 de noviembre de 1829 (El Lucero, 1829, pp.2-3)¹³ se ocupa del tema reproduciendo en parte el trabajo escrito en inglés por Sir Richard Phillips, ex-sheriff de Londres, publicado por El Mercurio Chileno. La obra se titula: De las facultades y obligaciones de los Jurados (Phillips, 1821).¹⁴ En este artículo se expone sintéticamente sobre el Jurado y su funcionamiento en Inglaterra, Estados Unidos de América y Francia, con sus rasgos singulares y su fisonomía propia, considerándolo como el antiguo baluarte de las libertades:

Los jurys son los antiguos baluartes constitucionales de la libertad en esos reinos. Por su medio, el pueblo es su propio custodio contra la tiranía y la opresión. Su existencia es lo que distingue la libertad política de la esclavitud. (El Lucero, 30 de noviembre de 1829, p.3)

Como vemos, la argumentación sigue las líneas conceptuales que hemos comentado en la etapa doctrinaria. Al respecto, sería oportuno recordar el siguiente párrafo de Necker, A.L.G. (Mme. de Staël):

Importa repetir a todos los partidarios de los derechos que reposan sobre el pasado, que es la libertad la que es antigua, y el despotismo el que es moderno. En todos los estados modernos fundados al comienzo de la edad media, el poder de los reyes ha estado limitado por el de los nobles.(Necker, 1862, p.18)

En su oscilante posición Pedro de Angelis el 24 de abril de 1832, en “Carta sobre el origen de los estados”, se mofa del jurado en el sur de los Estados Unidos:

He visto a un tribunal en un almacén, en que los asientos de los jueces se componían de tablas apoyadas en barriles de tocino o de bizcocho (…) Veinticuatro hombres libres y padres de familia, sentados en sus bancos, componen el jury. ¡Qué singular asamblea! Todas las clases, todos los oficios están confundidos, desde el cazador en calzones y camisa de cuero, con su barba inculta y el squatter con su sombrero de paja envuelto en un género rústico tejido por su mujer, hasta el rico hacendado recién venido de otro estado.(El Lucero, 24 de abril de 1832, p.1)¹⁵

La semana siguiente, en cambio, describe seriamente la“Organización política de la Gran Bre taña” en que resalta que los miembros del jury “deben buscar los motivos de su decisión (veredict) en su íntimo convencimiento, fundado en pruebas claras y positivas” (El Lucero, 1 de mayo de1832, pp.1-2).¹⁶ El diferente tratamiento del juicio por jurados según se trate del sur de los Estados Unidos o de Inglaterra subraya la convicción del autor de que no importan tanto las formas cuanto las circunstancias en las que la institución se desenvuelve. Esto es lo que leemos cuando meses más tarde, el 13 de octubre, a propósito deInstitu ciones judiciales, reflexiona que un fallo justo no depende solamente del jurado:

No consiste esta perfección judicial, a que aspiran los juristas filósofos, en la simple formación de un código por bien redactado que este sea (…) la administración de justicia depende tanto de la perfección o imperfección de las leyes, como de la formación material y el orden de la judicatura.

Pero esta cuestión es más complicada que lo que a primera vista parece, y por consiguiente ese voto universalmente expresado en favor de los jurados no creemos que encierre la medicina completa de los males que se trata de curar. El mérito del jurado se cifra todo en la mayor probabilidad de un fallo justo: pero antes y fuera del fallo, hay otras y muchas circunstancias tanto más importantes cuanto que sin ellas el fallo mismo flaquearía. Bentham mismo prefiere una magistratura profesional con un buen plan de juicios a un tribunal de jurados con procedimientos arbitrarios o erróneos.(El Lucero,13 de octubre de1832, p.1)

Volvemos aquí al planteo acerca de la realidad procesal cuando el autor se refiere a: la formación material y el orden de la judicatura. Además, señala la otra tensión entre jurado y magistraturas profesionales pero la minimiza al subrayar la preeminencia del resto de las circunstancias. ¿Podemos ver además en el mismo Pedro de Angelis una evolución desde la adhesión doctrinaria al juryen 1829 a un pensamiento más práctico y crítico en 1832? Probablemente.

Contra la idea de introducir reformas sin suficiente análisis de las costumbres llega desde el interior la voz de alerta del canónigo jujeño Juan Ignacio de Gorriti quien, al decir de Levaggi (1982), “con la moderación propia de su pensamiento y con el ejemplo de Francia a la vista” (p.183), advierte a los legisladores que reflexionen seriamente antes de producir reformas:

Obrando los legisladores con toda circunspección, ellos harán la prosperidad y gloria de su patria; mas para evitar sorpresas que la astucia y miras personales pueden hacer con el disfraz del bien público, ellos deben aplicarse a estudiar y conocer muy bien las necesidades del Estado, las costumbres e inclinaciones buenas o malas, los vicios y las virtudes de aquellos a quien van a dar la ley: sin esto, ellos serán jueces que deciden sin conocimiento de causa. Deben también apercibirse que lo que en sí mismo es más justo, tal vez no puede reducirse a práctica con más rectitud, si las costumbres no están preparadas para ello. Entre mil ejemplos que podría citar, me contentaré con uno -El juicio por jurados.

Todos los políticos modernos están de acuerdo en que los juicios por jurados son los más a propósito para administrar justicia con imparcialidad: ellos en efecto tienen en Inglaterra los más prontos y felices resultados. Napoleón quiso introducir en la legislación francesa esta mejora, y para ejecutarlo con mejor suceso quiso instruirse fundamentalmente en su economía: al efecto envió al insigne jurisconsulto Cottu, a que estudiase en la misma nación donde estaba en práctica: lo hizo en efecto, y presentó en consecuencia al emperador de los franceses una memoria, en que prueba que los buenos efectos que en la Gran Bretaña se experimentan con el juicio de jurados, estaban íntimamente ligados con todo el síntoma de legislación y costumbres severas de la nación británica. Fue decir que en Francia antes de introducirse esta mejora, debían prepararse las costumbres de los franceses: así juzgó un político y jurisconsulto como Cottu, respecto de una nación tan civilizada como la Francia; y el más ilustrado de los monarcas que han gobernado en nuestro siglo, se convenció de la exactitud de sus observaciones. Reflexionen muy seriamente sobre este pasaje nuestros legisladores, para pulsar con madurez toda la circunspección que deben dar a reformas que creen saludables, en pueblos con mucha menos cultura y menos morigerados que la Francia (Gorriti, 1836, pp.258-259).

También en 1829 el periódico La Gazeta Mercantil(5 de diciembre 1829, pp.1-2)en debate con el Diario Universal (27 de noviembre de 1829, p.1),que ya hemos referido, respondió con importantes observaciones en este mismo sentido. El redactor enuncia un concepto básico de la escuela histórica: las leyes no hacen las costumbres de un país sino que es preciso formar antes la costumbre que la ley.¹⁷ Lo contrario sería atribuir a las leyes un poder que no tienen.

Esta parece ser la discusión de fondo entre unos y otros, pero que toma fuerza argumental en esta segunda etapa porque en este momento se presta mayor atención a la realidad y a las costumbres, cuestión que en la primera etapa, con el encandilamiento ideológico, no sucedía.

Levaggi ha señalado la divergencia entre los ideólogos liberales, cultores de la ciencia política, más inclinados a las generalizacio nes, que son quienes se sienten más atraídos por el jurado;mientras que los juristas prácticos, consustanciados con las instituciones judiciales, con sus vicios, pero también con sus virtudes, mejor dotados para el aná lisis, lo aceptan sólo como beneficio de inventario o lo rechazan directamente con el pensamiento que años más tarde sería expresado porLa Tribuna:

El punto de partida de una buena re forma está en el mejoramiento razonado del sistema en vigor y no en la adopción de teorías ingeniosas y seductoras, tal vez, pero que su misma novedad las hace inaceptables en una materia en que la experiencia debe tener su principal autoridad. (Citado en Levaggi, 1982, p.215)

Como ha señalado también Enrique ^{Díaz Araujo (2004}), una de las objeciones al sistema estaba en las mismas costumbres hispanoamericanas:

Acá, en el Sur, se insertaba en una Constitución el Juicio por Jurados. Pero el hombre del pueblo sabía que cuando tenía una querella con un vecino, fuera ésta de carácter civil o penal, no iba a pedirles a los otros vecinos que formaran un tribunal para resolver el pleito. No les reconocía idoneidad ni superioridad, juntos o aislados, para sentenciar la causa. Tanto él como el vecino acudían a los estrados del Juez, el encargado, desde la época romana, de “decir el derecho” a las partes. El juez era quien tenía el saber y el poder para imponer sus fallos. Porque era una “Autoridad”, y toda autoridad, por mala que sea, ha recibido su derecho a mandar de lo Alto, de Dios. Políticamente la sociedad no era un plano horizontal, sino una pirámide vertical. Las Jerarquías existían, pre-existían y subsistían bajo la capa de la Igualdad democrática.(pp.81-82)

Subyacía en Hispanoamérica la idea de justicia que había sustentado al sistema jurídico en tiempos hispánicos. Esa falta de relación entre las instituciones, sus orígenes y la cultura en la que se aplica es lo que llevó, en muchos casos, a su inoperancia. Por eso, concluye ^{Díaz Araujo (2004}), que lo que sucedió con la ley del Juicio por Jurados fue “que no se aplicaba; que nunca se aplicó, a pesar de estar consagrada en todas las constituciones latinoamericanas. Desuetudo. Respuesta de lo social a lo institucional postizo” (p.82). Así como sucedió con los jurados, ocurrió con otras impostaciones, fueron invalidadas por su inoperancia. Desuetudo: derogadas en la práctica por su ineficacia(^{Greco de Álvarez, 2018}, p.213).

Por esto es que en esta época de auge de la discusión relativa al jurado, como en épocas posteriores, las reformas que lograron concretarse dentro de la administración de justicia, fueron las dirigidas a introducir dentro del ordenamiento vi gente, de tradición romano-canónica, algunos principios extraídos del juicio por jurados. Estas parcelarias reformas de las instituciones de administración judicial existentes, la política de especialización de sus agentes y el énfasis preeminente en la legalidad, ponen a las claras, como advierte Magdalena ^{Candioti (2008}, p.8), la fragilidad del discurso sobre el ejercicio directo del poder judicial por los ciudadanos. El discurso que fundamentaba la reforma había sido tomado de la revolución francesa pero este no se sostenía aquí por las diferencias de contexto con la Francia revolucionaria. Quienes se refieren a aquel, aciertan cuando se refieren a situaciones propias del despotismo ilustrado (como,por ejemplo, en el caso de las terroríficaslettres de cachet, órdenes de detención firmadas en blanco, que permitían encarcelar a cualquiera). Aquí, en cambio, ese tipo de despotismo no había existido y así no se estimaba necesario temer al poder de los ministros togados (Gazzaniga, 1992, p.56).

En un contexto rioplatense en el que la institución más poderosa de la justicia regia -la Real Audiencia- había sido una creación relativamente tardía, en el que el reemplazo de los más altos ministros peninsulares -virrey, oidores e incluso regidores perpetuos- se llevó a cabo rápidamente y donde la designación de sus sucesores fue conquistada tempranamente como una atribución de los nuevos gobiernos revolucionarios, no parecía ser una preocupación de primer orden la de limitar las atribuciones de los jueces para evitar la formación de un espíritu de cuerpo o la de prevenir que organizaran su descontento corporativo en defensa del rey o el antiguo orden.(^{Candioti, 2008}, p.9)

Esas reformas menores eran todo lo que podía hacerse pues el sistema en sí era contrario a nuestra idiosincrasia por sus fundamentos y por nuestra experiencia histórica. Sobre los resultados de esa parcial aplicación opina Levaggi(1982) que consiguió de ese modo “vivificar las instituciones, sin apartarse del ordenamiento tradicional, echando vino nuevo en los odres viejos” (p.218).

V. Trasfondo religioso del sistema

Entonces, interesa, antes de terminar, exponer algunas líneas acerca de esos fundamentos culturales tan diversos de los de las sociedades que se pretendía emular. Por ejemplo, necesitamos considerar que la base de la cultura jurídica estadounidense era totalmente diferente de la nuestra, enmarcada en la herencia hispánica. Las instituciones políticas y sociales surgen de dicha base. Conocer esa cultura jurídica permitirá aprehender y comprender el ordenamiento jurídico del pasado. Esto era algo que los publicistas en su afán por imponer aquello que les deslumbraba parecen no haber tenido presente:

Esta tarea implica asumir que el Derecho es toda una cultura, que presupone una concepción de la persona y del mundo y que para acceder al orden jurídico de determinada época se requiere acceder a las reglas, a su formulación y a su mecanismo de cumplimiento dentro de la cultura que les dio sentido.

En este proceso es fundamental estudiar hasta qué punto continuó el predominio del derecho natural y de gentes -fundamento de las ideas políticas de la primera mitad del siglo XIX- para poder, a través de los ensayos y proyectos, conocer los intentos de cambio en la cultura jurídica que construirían la base de los debates de los próximos años.(^{Corva, 2013}, pp.55-56)

Como bien sostiene ^{Corva (2013}), estos proyectos tenían como fondo la independencia del poder judicial, la división de poderes, y una visión ius naturalista racionalista, que fueron los pilares del texto constitucional. Todo lo cual venía a contrapelo de nuestra cultura jurídica. Juristas, magistrados, legisladores y periodistas debatirían por años acerca de la descentralización judicial, la justicia lega o letrada, la inamovilidad de los jueces, la forma de su elección, la fundamentación de las sentencias, el juicio por jurado y la especialización, entre otras cuestiones pero no siempre tendrían en cuenta esta base cultural.

Pietro ^{Costa (1969}) ha desarrollado la idea de una cultura jurisdiccional, en la cual contrapone tajantemente la idea de iurisdiccioa la de organización Estatal, de igual modo que Paolo ^{Grossi (1996}) se refiere a ilpoterepolitico come iurisdictio (p.130). Este fue el núcleo vital del orden jurídico en época hispánica y que sobrevivió en el tiempo aún mucho después de la independencia:

¿Cuál es entonces su sustancia y, por tanto, la matriz de esta cultura jurisdiccional? Esta concepción, que con toda razón podemos llamar concepción jurisdiccionalista del poder político, responde a una arraigada cosmovisión de base religiosa que se expresa en la idea de ordo (orden), con consecuencias decisivas para la comprensión de “lo jurídico” y “lo político”. El imaginario del antiguo régimen está dominado por la creencia -largamente consensuada- en un orden divino -y por tanto, natural e indisponible- que abarca todo lo existente asignando a cada parte una posición y destino en el mundo, que desde luego puede ser descubierto y en cualquier caso debe ser universalmente respetado. La cultura del Antiguo Régimen es, así pues, una cultura de orden revelado. ¿Cómo? Una cultura de orden revelado fundamentalmente por la tradición, primero textual (esto es, contenida en los libros de autoridad -la Biblia y los textos normativos del derecho romano y canónico-, leídos e interpretados por los santos y sabios, teólogos y juristas); pero también en la tradición histórica del territorio o ámbito que fuere. Ha podido decirse así con todo acierto que aquel etéreo orden natural aparecía objetivado en la constitución tradicional, esto es, encarnado en los muy concretos derechos propios de los múltiples estados (como plural romance de status) y corporaciones que articulaban la vida social. Ni individuos ni Estado, sino personas como estados y corporaciones con capacidad para auto-administrarse.(^{Garriga, 2004}, p.12)¹⁸

Esa cultura jurisdiccional pervivió(^{Agüero, 2014}; ^{Garriga, 2004}; ^{Hespanha, 1996}); algunos de sus elementos pueden inclusive observarse hasta la actualidad¹⁹.

Por esa razón, la prudencia de los políticos realistas, como San Martín, consideraba conveniente seguir manteniendo esa tradición cultural, por eso escribe en carta a O’Higgins, fechada en París el 13 de setiembre de 1833:

Si los que se llaman legisladores en América hubieran tenido presente que a los pueblos no se les debe dar las mejores leyes pero sí las mejores que sean apropiadas a su carácter; la situación de nuestro país sería bien diferente. (Citado en Ramos, 2014a, pp.222-223)

En cambio,los intelectuales estaban empeñados en modificar el sistema de administración de justicia, en mayor o menor medida, inspirados en nuevas corrientes de pensamiento y motivados por la opinión pública, que ellos mismos se encargaban de generar por medio de los periódicos; pero la legislación y una estructura administrativa preexistente dificultaban la tarea (Ramos, 2014a, p.223).

Enrique ^{Díaz Araujo (2004}) ha señalado el problema que se creaba al realizar una copia sin adaptación, sin comprensión del espíritu de las letras que se importaban; porque se produjo una suerte de “esquizofrenia política” entre la ley, las instituciones y la realidad. Por eso el autor ejemplifica:

Casi nadie al sur del Río Bravo sabía que para ser buen demócrata norteamericano había que creer -o al menos respetar- el cuño puritano que dio vida al sistema. Las leyes latinoamericanas transcribían las normas del juicio por jurados. Creían que con eso bastaba para ver comparecer los reos ante sus vecinos, sorteados. Ignoraban -continúan ignorando- que tal procedimiento se había gestado en el templo congregacional, donde el presbítero se limitaba a presidir la ‘Asamblea del Pueblo de Dios’, que, teocrática y democráticamente, juzgaba de todos los asuntos humanos y divinos. Su dictamen era moral, como moralmente intachables debían ser las personas que componían ese tribunal de analfabetos jurídicos.(p.81)

Como es bien sabido los Padres Peregrinos, que llegaron a las costas estadounidenses a bordo del Mayflower, arribaron a Nueva Inglaterra sin ningún título de dominio, sin ninguna cédula real que los autorizara a tomar posesión de la tierra firme, ni tampoco para constituir autoridades. En ese contexto exteriorizaron su voluntad política de fundar una comunidad mediante el denominado Pacto del Mayflower, suscripto el 11 de noviembre de 1620. Este Pacto constituyó un compromiso expreso realizado al modo como suponían los autores contractualistas que debía existir en el origen de toda comunidad legítima:

Aparece aquí un instrumento político-jurídico propio del derecho inglés, el covenant. De origen impreciso -algunos autores dicen que es escocés- se utilizó en Inglaterra desde que se usó la escritura para celebrar convenios. En éstos, originalmente no se ponían las firmas de los otorgantes al pie del documento, sino marcas identificatorias; luego un sello de lacre por cada uno de los firmantes. Generalizada la escritura, los contratos se firmaban y sellaban con lacre. El lacre significaba -por ese sólo hecho- que el contrato era de carácter solemne, equiparable a los contratos otorgados por escritura pública en nuestro derecho.(Núñez, s/f)

Si pensamos con el historiador Hilaire Bellocque el reemplazo del Estatuto por el Contrato fue una de las consecuencias de la reforma protestante, fue “la circunstancia que provocó los desarrollos modernos” (1950, p.161), podemos dimensionar la importancia de aquél tipo de contrato fundador de la sociabilidad norteamericana. Este autor explica lo que es un Estatuto y su antagonismo con el Contrato. La palabra significaposición y la posición de un hombre es su condición establecida:

En nuestra sociedad cristiana original -esa sociedad que floreció en la Edad Media-el Estatuto estaba omnipresente. No cubría toda el área de la actividad humana, pero cubría un área suficiente para hacer que el Estatuto fuera el carácter determinante de toda nuestra sociedad. La posición de un hombre era conocida, los derechos y obligaciones que le correspondían eran conocidos, como también lo eran las ventajas, y en su mayor parte tanto las unas como las otras estaban determinadas; porque en la fuerza espiritual que movía todo el asunto había un apetito para la seguridad y para hacer que la vida fuera en su faz material tolerable de modo que hubiera lugar y oportunidad para que los hombres pudieran llevar una buena vida, como decían los griegos, o, como lo establece la Iglesia católica, para salvar sus almas.

El Estatuto surgió como consecuencia del poderoso e instintivo anhelo de una sociedad católica para obtener relaciones sociales estables entre los hombres y, lo que era mucho más importante, para proveer los medios de existencia a la gran mayoría de las familias de la comunidad. Con la pérdida de la religión, el Estatuto casi ha desaparecido actualmente, y en ninguna parte esta desaparición se hace notar tanto como en las comunidades más progresistas. Su desaparición se acentúa en Norte América, pero además pierde terreno, por todas partes, en el mundo mecanizado de Europa (…) Ahora bien, el Contrato, considerado como el lazo principal entre los hombres, es el enemigo del Estatuto. Allí donde el contrato cobra importancia, el Estatuto decae. Aun en los tiempos en que el Estatuto culminaba, el Contrato estaba presente. Estaba presente siempre que un hombre compraba algo a otro hombre en un mercado. Estaba presente cuando un hombre hacía un trato sobre la extensión o ampliación del Estatuto mismo. Siempre ha existido el Contrato en lo concerniente a las mercaderías.(^{Belloc, 1950}, pp.164-165)

Es cierto que podríamos matizar las expresiones de Belloc pues el contrato no siempre era referido a mercaderías. En el Derecho Romano, cuyo desarrollo y adaptación progresiva tuvo lugar a lo largo de la Edad Media, muchos son los contratos que no tienen una finalidad económica o comercial. Así, por ejemplo, la estipulatio, también llamada verborumobligatio, que constituye la gran avenida por la que transcurre el sistema contractual romano, incluye, como señala ^{Arangio Ruiz (1986}, p.361) la tutela de las más variadas relaciones jurídicas. Podemos pues encontrar contratos de donación, de juicio, de mandato, que pueden ser totalmente ajenos a transacciones comerciales, incluido también, obviamente el matrimonio. El profesor de la Sorbona, EdouardPerroy (1977), por su parte, habla de contrato de vasallaje y de contrato feudal (+ pp.266 y 268). En estos casos no es posible ver la oposición que Belloc encuentra entre estatuto y contrato. Entonces, podríamos mitigar las expresiones de este al considerar, lo que el inglés no hace, la existencia del contrato político medieval extensamente analizado por Rubén Calderón Bouchet, quien ha estudiado la naturaleza contractual de la organización política medieval, y que identifica el estatuto medieval con el contrato, en vez de contraponerlos. Así dice: “principal estatuto de las voluntades, el compromiso contractual nacía en el arado, se imponía a la espada y regulaba el cetro de los reyes” (1978, p.203, cfr. pp.196, 207-108). Sin embargo, consideramos que el contrato moderno al que se refiere el autor inglés es el que aparece emparentado con el contrato social roussoniano, que, al decir del erudito italiano Guido de Ruggiero (1944), no guarda relación, “no hay en él reminiscencia alguna de aquellos contratos de la Edad Media entre el pueblo y el príncipe” (p.LXXVIII). Con esta salvedad es posible coincidir en esa oposición entre estatuto y contrato explicada por Belloc y ahondada por la ruptura religiosa.

Es lo que sostiene el colombiano Alfonso López Michelsen cuando afirma que la inestabilidad del siglo XIX provino del tránsito de las instituciones católicas a las calvinistas:

Hacer el tránsito de la autoridad de origen divino a la emanada de la sabiduría popular, hacer el tránsito del dogma al libre examen y de la economía regida por la ley canónica, al laisser faire. La burguesía naciente adoptó las instituciones anglosajonas, de estirpe protestante evangélica; entonces, nuestras sociedades de repente se encontraron en un tránsito durante ese siglo.(Charry Urueña, 2001, p.171)

Como lo hemos expresado en otro estudio, en el caso argentino para fomentar el aporte de capitales e inmigrantes británicos se procuraba la enajenación de los factores espirituales característicos de la nación:“en este plano, la campaña realizada por la prensa liberal era muy importante. La liberación de la cultura propia implicaba la doble negación tanto del pasado hispánico como de los fundamentos católicos” (^{Greco de Alvarez, 2019}, p.83).

Hay otro elemento digno de notar típico del universo cultural anglosajón, como afirma Sergio ^{Castaño (2005}), y que, seguramente, perfiló algunos de los rasgos propios del constitucionalismo moderno, que radica en el espíritu de las sectas -principalmente calvinistas- que ya en el s. XVIII pululaban en Estados Unidos:

No es ocioso citar en este lugar el juicio de Guido de Ruggiero, quien llegó a decir, en su extraordinaria obra sobre el tema, que el iusnaturalismo individualista es “una forma de protestantismo jurídico” (…) Afirma Faÿ, “en Francia como en Norteamérica, las declaraciones de derechos fueron un acto de religión política”(…) como el Decálogo apunta a definir los deberes de los hombres respecto de Dios, así los revolucionarios americanos y franceses querían definir los deberes de los hombres respecto del Hombre. (Citado en ^{Castaño, 2005}, p.132)

“Definir los deberes de los hombres respecto del hombre”; vemos claramente esta idea expresada cada vez que los impulsores del sistema de juicio por jurados nos explican por qué el ciudadano común está obligado a aceptar esta responsabilidad.

Es claro que esto no significa posicionarse en los extremos acerca de los que nos alerta Paolo ^{Grossi (1999}): “el historiador podría ceder ante dos tentaciones, ambas perversas porque constituyen el preámbulo -como dirían los moralistas- de graves pecados” (p.29). La primera concebir la historia desde una perspectiva progresista evolucionista que “el ayer queda sepulto y condenado por un hoy mejor, y éste será a su vez -inevitablemente- enterrado y condenado por el mañana” (p.29). La segunda es la de considerar algunos modelos como insuperables, cargados de intrínseca plenitud, y querer proyectar esos modelos presuntuosamente en el presente, olvidando el respeto de “la evolución de la historia cual misterioso concatenarse de tantos momentos maduros”. Ambas actitudes,afirmaGrossi (1999),significan la construcción de “vanidosas cárceles que no consiguen más que sacrificar y empobrecer el misterio pero también la riqueza de la historia” (p.30).