Introducción

Durante los once años de vida de la Revistaaparecieron en total doce tomos (Tomo I, Pablo Coni, 1869; Tomo II, Imprenta Buenos Aires, 1869; Tomo III, Imprenta Buenos Aires, 1869; Tomo IV, Imprenta Buenos Aires, 1870; Tomo V, La Prensa, 1870; Tomo VI, La Prensa, 1871; Tomo VII, La Prensa, 1872; Tomo VIII, Pablo Coni, 1872; Tomo IX, Pablo Coni, 1873; Tomo X, Pablo Coni, 1876; Tomo XI, Pablo Coni, 1878-1880; y Tomo XII, Pablo Coni, 1880. Este último tomo aparece mutilado en todas las ediciones consultadas).

Ignoro lo sucedido entre los años 1874-1875 y 1877-ya que ninguno de los tomos analizados parece corresponder a este período- así como los motivos por los que la Revista dejó de publicarse en 1880. También hubiera sido de interés encontrar otros datos, tales como cuáles eran las fuentes de financiamiento o cuántos ejemplares se publicaban, entre otros.

La Revista nació en un contexto editorial en el que ya existían, o habían existido, algunas publicaciones periódicas que se ocupaban de temas jurídicos-tanto en nuestro país como en el extranjero-aunque no todas abordaban exclusivamente temas jurídicos. En España, desde 1853, aparecía una publicación denominada Revista General de Legislación y Jurisprudencia, dirigida por Ignacio Miquel y Rubert y José Reus García, considerada “la revista jurídica decana de España e Hispanoamérica y una de las más antiguas del mundo”(Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 2018, enero). Ver también en Serrano González (1997).

En Francia ya había era conocida laThémis de Bonnecase; a partir de 1825, Dalloz editaba Jurisprudence generale du royaume; desde 1844 circulaba la Revue de Droit Français et Étranger y la Revue de législation de Wolowski que se convertiría en 1851 enRevue critique de législation et de jurisprudence(Más información sobre las revistas jurídicas francesas en Sorbara, 2012).

En Noruega se publicaba desde 1836 el periódico legal Norsk Retstidende cuya función había sido ser el órgano que reproducía los fallos de la Suprema Corte de Justicia de Noruega así como desarrollar tareas académicas. Igual misión teníaUgeblad for Lovkyndighed que se publicóentre 1860 y 1870, cuando se fusionó con Norsk Retstidende (^{Michalsen, 2006}, p.33. Para un desarrollo completo de las revistas jurídicas en Noruega, ver la misma obra, pp.29-54).

En Bélgica, por su parte, había existido en 1828 la Gazette des tribunaux y el Memorial legislatif et judiciaire en 1832, aunque solo a partir de 1842 comenzó a ser editada la La Belgique judiciaire, una revista que se publicaba dos veces por semana y que ofrecía una crónica de la actividad del foro. La Belgique judiciaire no solo presentaba jurisprudencia, sino que también artículos de doctrina, escritos judiciales, opiniones de asesores sobre cuestiones jurídicas e informes acerca de famosos casos penales. Aunque no fue la primera revista de este tipo, fue la que pudo mantenerse en circulación durante un cierto tiempo (^{Heirbaut, 2006}, p.347).

En Argentina, cuando en 1869 se inició la publicación de la Revista, ya había circulado, a partir de 1854,El Plata Científico y Literario, que contaba con una sección de Jurisprudencia-Tribunales, y en 1855, el periódicoEl Judicial, dedicado al foro y cuyo director era el español Mariano P. F. Espiñeira, tal como afirma ^{Leiva (1997}, p.61).

Entre mayo y setiembre de 1859, también circulaba una publicación a cargo del primer Colegio de Abogados de Buenos Aires llamada El Foro que tuvo una corta vida y que conjugaba además de sentencias, noticias de otro tipo, considerada “la primera publicación seria que aparece en Buenos Aires con relación a la Jurisprudencia” (^{Leiva, 1997}, pp.63-64).

En 1864 comenzaron a aparecer los fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional-que registraban desde su primer fallo del 15 de octubre de 1863- y la Colección de Vistas Fiscales y resoluciones en asuntos administrativos, del culto, diplomáticos y civiles de Ramón Ferreira, que se caracterizaba por presentar el material de manera sistemática (^{Pugliese, 2014}, p.220).

También en 1864 había una Revista de Legislación y Jurisprudenciaa cargo del periodista y abogado penalista Juan Francisco Monguillot (^{Cutolo, 1968}, IV, p.613) y publicada por la Imprenta de Buffet, de la que salió un solo número (^{Leiva, 1997}, p.64).

En 1867 surgió La Gaceta de los Tribunales, hoja de información de estrados que había obtenido autorización del Superior Tribunal para insertar gratuitamente los edictos y anuncios de remates de oficio, de manera que “el espacio destinado a la materia doctrinaria y jurisprudencial quedaba limitado al que dejaban libres los avisos”. Dirigida por Juan Francisco Bustos y Juan Coronado, se publicó hasta noviembre de 1869 (^{Leiva, 1997}, p.66).

Por su parte, en la provincia de Santa Fe circuló Anales del Foro Argentino hasta 1870; el 1 de enero de 1873 comenzó a editarse la Revista Criminal y en 1875 una Revista de Derecho, elaborada por estudiantes de la Universidad, en la que se presentaron las lecciones de José Manuel Estrada y de Amancio Alcorta.

En 1876 apareció la Revista Judicial del Sud con el objetivo de dar a publicidad resoluciones judiciales de Dolores, provincia de Buenos Aires, a cargo de Alberto Palomeque, y en el mismo año se publicaron unos Repertorios de Jurisprudencia que incluían una recopilación de acuerdos, sentencias y resoluciones de los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires, Civil, Mercantil, Criminal, Correccional, a cargo de Juan Francisco Monguillot. Sólo apareció un tomo y los fallos no se comentaban.

En 1883 se dio a conocer la Revista de Derecho del Departamento del Centro en Mercedes, provincia de Buenos Aires, cuyo director era José María Cantilo y en 1884 surgió la Revista Jurídica del Centro Jurídico y de Ciencias Sociales (^{Leiva, 1997}, p.67).

II. Estructura

Tal como lo señalaban los propios directores en su Introducción, la Revistase proponía “recoger las sentencias de nuestros jueces y Tribunales, siempre que considere que han resuelto algún punto interesante y dudoso, o no previsto en las leyes; o que son notables por el estudio que revelan y las doctrinas que contienen”⁶ (1869, I, pp.8-9).

Es por ello que apuntaba a ser de utilidad a los jueces y a los abogados

Para quienes, puede decirse, que casi no existe la Jurisprudencia de los Tribunales; quedándose, como se quedan, las decisiones más importantes de los jueces, perdidas casi siempre en los archivos, sin que sea posible adquirir siquiera el conocimiento de su existencia en la generalidad de los casos. (1869, I, pp.8-9)

A tal efecto, colocaría al comienzo de la transcripción de las sentencias en cada causa, “una relación o extracto de esta, en que consignaremos lacónicamente las razones o fundamentos de los alegatos presentados y en seguida agregaremos frecuentemente un juicio crítico de lasdecisiones transcriptas” (1869, I, pp.8-9).

La Revistaadvertía que lo que se publicaría sería “en derecho” y que “jamás la personalidad, ni el indigno espíritu de hostilidad o malquerencia para con nadie, manchará las páginas de esta publicación, que emprendemos con miras tan elevadas como es el asunto a que nos dirigimos” y que tampoco “se publicarán en una ella una línea en que pueda hallarse una sola alusión personal, o que ofenda el decoro que debemos guardarnos todos los que pertenecemos a la noble profesión del abogado” (1869, I, pp.8-10).

Los Directores informaban que la Revistaestaría atenta a las novedades, y a tal efecto insertaría “algunos artículos, originales o traducidos, sobre materia interesantes y de aplicación en el foro y principalmente algunos estudios sobre los ‘proyectos de nuevos Códigos’ que se preparan o esperan la sanción del Legislador” así como “las leyes y las resoluciones gubernativas, de interés general, ya por la materia sobre que versen, ya por lo que se refieran al Derecho Administrativo, serán también consignadas en esta publicación, con sus antecedentes en extracto”. Finalmente, convocaba a los colegas a colaborar con la Revistaa través de la remisión de sus trabajos “que recibiremos con agradecimiento, y publicaremos siempre que llenen las condiciones de nuestro programa” (1869, I, p.11).

A fin de cumplir con el plan de la obra, se dividía en secciones, que se correspondían con las diversas ramas del derecho que en ese momento se enseñaban en la Universidad de Buenos Aires o que comenzaban a impartirse, a saber: derecho civil, derecho comercial, derecho administrativo, derecho penal, procedimientos, derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho constitucional, a las que se sumaban las correspondientes a codificación, legislación, derecho público eclesiástico, jurisdicción contencioso-administrativa, administración de justicia, filosofía del derecho, organización municipal de la ciudad de Buenos Aires, bibliografía, variedades y necrológicas.

Dentro de cada sección, presentaba las piezas principales de los procedimientos judiciales y administrativos, dictámenes o vistas pronunciadas por famosos asesores o fiscales, artículos de doctrina, proyectos legislativos, etc.

Algunas secciones no mantenían continuidad en la Revista, como, por ejemplo, la de derecho público eclesiástico, que se abrió por única vez en 1869 para alojar, bajo el título El Patronato es un derecho de la Soberanía, la reproducción de los dictámenes de Gregorio Funes y Juan Luis de Aguirre emitidos en 1810 que no se encontraban en el Memorial Ajustado (1869, III, pp.76-94).

En la llamada sección de “Procedimientos Civiles y Comerciales”, se publicó entre 1870 y 1871 y en 304 páginas, unos Apuntes sobre los Procedimientos Civiles, consistentes en un resumen del Tratado de Procedimientos de Miguel Esteves Saguí, “con las modificaciones y cambios introducidos por los Tribunales desde la fecha de publicación en 1852”. Estos Apuntes habían sido elaborados cuando los autores-los “editores” de la Revista, conforme consignaban en los Apuntes- se preparaban para sus últimos exámenes en la Academia de Jurisprudencia y obedecieron a la intención de ellos, de “resumir lo que contenían los libros y las leyes que les habían servido hasta entonces de guía”⁷ (Revista, 1870, IV, pp.444-484; 1870, V, pp.88-120, 180-240, 295-360 y pp.448-475; 1871, VI, pp.92-112, 180-208 y263-295).

En 1869, en una de las primeras entregas, la Revistase vio en la necesidad de abrir una Sección de Necrología para dar cuenta del fallecimiento de Pablo Cárdenas. En esa oportunidad, Antonio Malaver-autor de la nota necrológica- señaló con tristeza que:

La Dirección de la Revista, formada toda ella de amigos y compañeros de Pablo Cárdenas, se asocia íntimamente al pesar que ha causado su prematura muerte; y su dolor es tan intenso, cuanto que ha tenido que abrir en sus páginas esta Sección de Necrología (1869,I, pp.332-336).

En la misma Sección y en el mismo año, la Revista reprodujo un artículo del político y magistrado francés ^{Odilon Barrot (2018}), publicado en la Revue de legislation et Jurisprudence y en Le Monde Illuestré, traducido para la Revista (1869, I, pp.336-338), en el que se daba cuenta de la muerte del jurista y político francés Alejo Dalloz, editor de Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence y Recueil périodique et critique.

Dos notas de color en la Revista fueron la publicación en la Sección Variedades-en la que se incluyeron contados trabajos- de un artículo titulado Un marido según las leyes. Estracto del libro de Memorias de una francesa -de autor desconocido-, consistente en una reflexión acerca de la inferioridad jurídica de la mujer (1869, III, pp.95-100),así como la nota Por qué Moliére no ha criticado á los abogados, de Ch. Truinet, reproducción de un artículo publicado en la Revue historique de droit français et étranger y traducido para la Revista (1869, I, pp.70-91).

Jurisprudencia

Sin lugar a dudas una de las secciones más importantes de la Revistafue la que giraba alrededor de la publicación de la jurisprudencia. Es que la Revista comenzó a aparecer en una época en la que, en opinión de Tau Anzoátegui (2011), se presentaba “un cuadro más favorable a la valoración de la jurisprudencia” (p.60), y en la que “la fundamentación obligatoria de las sentencias dejó de ser ferviente deseo de algunos y tímida preocupación legislativa, para convertirse en un precepto recogido en constituciones y códigos procesales a partir de 1853” (p.60).

Por ello la publicación de los fallos fue alentada por disposiciones gubernativas e iniciativas privadas, y comenzaron a publicarse varias tentativas para formar colecciones de los mismos. Consecuencia de esta actitud favorable a la publicidad de los fallos la constituye el hecho de que al publicarse en 1859 la revista El Foro, fundada por el Colegio de Abogados, se destacaba la sección deJurisprudencia como la principal del periódico (Tau Anzoátegui, 2011, p.63).

Tal como señala Tau Anzoátegui (2011), la propia revista El Foro daba cuenta del olvido de las decisiones judiciales, “condenadas a la oscuridad y al olvido entre el polvo de los archivos (…)” (p.64). Lamentablemente, conforme el autor antes mencionado, “la revista tuvo vida muy efímera y alcanzó a iniciar su actividad de publicar sentencias con comentarios crítico”. Menciona las tentativas que siguieron en la década del ’60-todas ellas que coinciden en señalar la importancia de la publicación del precedente-. A título de ejemplo hace referencia a El Judicial que anunciaba en su número 149 del 5 de diciembre de 1867, “la próxima publicación de cuadros estadísticos y sintéticos de la jurisprudencia de los tribunales” (p.65).

En este contexto, en 1869 apareció la Revista que se analiza en el presente trabajo, dirigida por “renombrados juristas” (Tau Anzoátegui, 2011, p.67) ya para aquella época.

En la Introducción al primer volumen se señalaba la importancia que tenía la jurisprudencia de los tribunales, por ser “la tercera manera de interpretación de las leyes”, distinta a la del legislador o a la del comentarista, ya que “el juez contrayéndose al caso que tiene que resolver, lo estudia, haciendo lo mismo con las leyes que debe aplicar” (Revista, 1869, I, p.6). Es por ello que la Revista se proponía:“recoger las sentencias de nuestros jueces y Tribunales, siempre que considere que han resuelto algún punto interesante y dudoso, o no previsto en las leyes; o que son notables por el estudio que revelan y las doctrinas que contienen”(1869, I, p.8).

Tal como señalé previamente, la propia Revista aclaraba que sería de utilidad para jueces y abogados, y que venía a llenar un vacío atento al “desconocimiento existente acerca de las decisiones más importantes de los jueces” (1869, I, pp.8-10).

Sin perjuicio de ello, los directores advertían que no tenían “la ciencia suficiente para juzgar los fallos de los jueces”, ni pretendían que “sus opiniones, en caso de disconformidad, hayan de ser preferibles a las de los magistrados probos e inteligentes que tenemos” (1869, I, p.8). Tal vez fue por este motivo que prácticamente la mitad de los fallos que publicó la Revista, carecieron de comentarios.

En esta sección encontramos cuestiones de derecho civil-en la que se presentaban sentencias sobre temas de familia, actos jurídicos, contratos, derechos reales, entre otros-derecho comercial -que comprendía fallos sobre sociedades, quiebras, títulos ejecutivos, acto de comercio, seguros marítimos- derecho administrativo- en la que se recogían casos sobre expropiación, conflictos entre organismos públicos o entre particulares y el Estado -y resoluciones sobre temas de derecho internacional público y privado, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal y derecho canónico-.

La jurisprudencia se presentaba -en la mayoría de los casos, y tal como los directores habían advertido en la Introducción-precedida de una relación sucinta de los hechos, una selección de los escritos principales y la decisión arribada.

Tal como expresé precedentemente, no siempre las decisiones iban seguidas de juicios críticos, y muchas veces la Revista se limitaba a efectuar la transcripción de las piezas principales. La mayoría de los comentarios se encontraban suscriptos, mientras que otros expresaban opiniones anónimas acerca de la solución alcanzada (1873, IX, pp.217-236). Esta tendencia hacia la simple transcripción del fallo parece haber estado en línea con lo que sucedía para la misma época en otros países, tal como refiere Dirk ^{Heirbaut (2006}) para Bélgica y Georges Wiederkehr (2008) para las revistas francesas de Derecho Privado-en este último caso, formato que aun persistía durante el siglo XX-.La mayor parte de los comentarios estaban a cargo de los directores de la Revista. El más activo en esta sección fue Moreno, quien desde el comienzo y hasta el fin de la Revista reseñó en total veintiséis fallos de derecho civil, comercial, administrativo y constitucional⁸. Le siguió Montes de Oca⁹ quien se ocupó de casos de derecho civil, comercial, internacional público y práctica forense, luego Araujo, quien comentó fallos de derecho civil, administrativo, penal y “práctica forense”¹⁰ y finalmente Malaver quien encaró temas de derecho comercial y administrativo¹¹. Este director fue el que menos colaboró con la Revista, probablemente porque se encontraba ocupado con sus otras responsabilidades, como por ejemplo la elaboración del proyecto sobre organización municipal de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en la Memoria del Ministerio de Gobierno de 1870-1871 y del que dio cuenta la Revista unos años más tarde (1878-1880, XI, pp.223-340) y la Ley de Instrucción Pública, presentada como Jefe del Departamento de Escuelas, reproducida en 1872(VIII, pp.61-128 y 323-372).

Entre los invitados encontramos a Ángel Carranza-relator del Superior Tribunal de Justicia en lo civil (^{Cutolo, 1968}, II, p.142)-, quien comentó tres casos¹², Ángel Navarro-profesor de Derecho mercantil y Criminal y de Derecho Natural y de Gentes en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Legislación del Senado que había examinado el proyecto de Código Civil de Vélez Sarsfield (Cutolo, 1968, V, p.20)- que se ocupó de dos¹³-uno de los cuales fue motivo de una extensa polémica con los directores de la Revista-Moreno y Montes de Oca-acerca de la que me referiré más adelante, Ángel Casares¹⁴, Joaquín Carrillo¹⁵, Roberto Levingston¹⁶, el jurista uruguayo y profesor de Derecho de Gentes y de Derecho Mercantil y Penal Gregorio Pérez Gomar¹⁷, el pasante del estudio de Manuel Obarrio, Rómulo Avendaño (Cutolo, 1968, I,p.274)¹⁸, el jurista y hacendado Pedro Palacios (Cutolo, 1968, V, p.280)¹⁹, Carlos Keen²⁰, Aurelio Prado²¹, Tomás Martínez²², el profesor de Finanzas José Antonio Terry ²³y el Fiscal de Estado en Buenos Aires, Juan Segundo Fernández (Cutolo, 1968, II, p.41) entre otros. Alguno de estos autores también había efectuado sus comentarios en otras publicaciones como la Revista de Buenos Aires en el caso de Ángel J. Carranza²⁴ y en el de Juan Segundo Fernández -este último también en la Revista de Legislación y Jurisprudencia “publicada bajo la dirección del señor Monguillot”²⁵-.

En la mayor parte de los casos que llegaron a la Corte, la Revista se limitó a efectuar una transcripción de las principales piezas procesales, sin consignar ningún tipo de comentario (1870, IV, p.253; 1872, VII, pp.135-162; 1876,X, pp.11-47, 144-224 y 246-308; 1878-1880, XI, pp.62-84, entre otros).

En enero de 1871, cuando comenzó a regir el Código Civil, los directores de la Revista publicaron una nota dirigida a “a los lectores” en la que señalaron que“cuando fundamos esta Revista ofrecimos publicar todas aquellas sentencias que resolviesen algún punto interesante y dudoso, o no previsto por las leyes, o que se hiciesen notables por el estudio que revelasen o las doctrinas que contuviesen”(1871, T. VI, pp.90-91).

Conforme los directores, “esta tarea la hemos llenado hasta donde nos ha sido posible, dedicando una preferente atención a lo que propiamente constituye la Jurisprudencia de nuestros Tribunales”. Para los directores “muchos casos resueltos han sido examinados en los tomos de la Revista que hasta hoy van publicados” (1871, VI, pp.90-99).

La vigencia del Código les planteó a los directores nuevos desafíos, por lo que hicieron saber a sus lectores que en lo sucesivo reunirían

Todas las decisiones de nuestros Tribunales inferiores y del Superior de Justicia, que en lo futuro constituirán un cuerpo de doctrina, digno de ser consultado a cada momento, en las dificultades que necesariamente ofrecerá con frecuencia el texto de la nueva ley. (1871, VI, pp.90-91)

Sin embargo, advertían que no harían comentarios o estudios sobre cada una de las sentencias que publicaran “porque eso retardaría en muchos casos una publicación que consideramos urgente; pero sí lo haremos, como lo hemos hecho hasta ahora, con todas aquellas que requieran, a nuestro juicio, una dedicación especial”. La Dirección solicitaba al Superior Tribunal de Justicia y a los jueces de primera instancia en lo Civil que les hicieran llegar sus sentencias “que resuelvan puntos de derecho controvertidos con motivo de la nueva legislación” y que “esta medida demuestra todo el interés que los anima por la publicidad de sus fallos y su estudio, que es el mejor medio de responsabilizarse ante la opinión” (Revista, 1871, VI, pp.90-91).

Doctrina

Conforme lo señalado por los directores en la Introducción, además de las sentencias de los tribunales, la Revista publicaría “algunos artículos, originales o traducidos, sobre materias interesantes y de aplicación en el foro” y principalmente algunos estudios sobre los “proyectos de nuevos Códigos que se preparan o esperan la sanción del Legislador” (1869, I, pp.8-9). En este sentido, hubo contribuciones sobre derecho civil, comercial, administrativo, penal, constitucional, internacional privado y público, procesal, administración de justicia y un artículo de filosofía del derecho.

Los directores de la Revista, además de comentar-tal como indiqué previamente- las sentencias de los tribunales, también publicaron artículos de doctrina, como lo hizo Montes de Oca con su trabajo Estudios sobre la Acción Pauliana y Venta de bienes raíces de menores con arreglo á las leyes de Partida (1876, X, pp.105-143, 309-372), José María Moreno con su Comentario Crítico al Artículo 1542 del Código de Comercio (1872, VIII, pp.200-221) y Antonio E. Malaver con ¿Las notas de los corredores de comercio, y las certificaciones estraidas de sus libros, tienen el carácter y la fuerza probatoria de un instrumento público? (1880, XII, pp.132-141).

Otros trabajos fueron redactados por invitación “a nuestros colegas para que nos favorezcan con sus trabajos, que recibiremos con agradecimiento, y publicaremos siempre que llenen las condiciones de nuestro programa”, tal como indicaron los Directores (Revista, 1869, I, p.11). Quienes aportaron en calidad de invitados fueron Amancio Alcorta -juez, fiscal de Estado, profesor de derecho internacional público (^{Cutolo, 1968}, II, pp.72-73)-quien se refirió a La ley 13 de Toro (Cutolo, 1968, I, pp.404-416), Gregorio Pérez Gomar²⁶, que escribió Nulidad de la institución de heredero a favor del alma del testador y Ejecución de las sentencias dictadas en País estrangero (Cutolo, 1968, I, pp.168-176 y II, pp.277-288), Domingo Rivera, quien se ocupó de un Examen sobre varios puntos de derecho resueltos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Es prescriptible el capital del censo? (Cutolo, 1968, VII, pp.297-324) y Marcelino Ugarte-Profesor de Derecho Civil en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires a partir de 1857 (Seoane, 1981, p.67)- quien escribió un Comentario de la Ley 10 de Toro (Cutolo, 1968, II, pp.182-195). Se trataba del comentario leído por el autor en la Academia de Jurisprudencia el 11 de mayo de 1852, al rendir su examen de ingreso. Del mismo autor se publicó El servicio á las armas como pena (Cutolo, 1968, IV, pp.41-42), que los directores de la Revista creyeron de interés evidente darlo a conocer a sus lectores “porque servirán para la discusión, en esa parte, del proyecto de Código del Dr. Tejedor, entre cuyas penas se encuentra la del servicio a las armas” (Cutolo, 1968, IV, p.41).

Del profesor y secretario de la Academia de Jurisprudencia Florencio Varela (^{Cutolo, 1968}, VII, p.492) se publicó en 1872 su Discurso sobre los delitos y las penas, que había sido “la disertación que leyó el autor para recibir su grado conforme a las prescripciones universitarias” (Revista, 1870,V, pp.43-84). En este trabajo Varela se mostraba partidario de las ideas de Beccaria al sostener que se constituyó en “defensor de la humanidad” y que fue el primero que se atrevió a levantar la voz contra los abusos en los procedimientos penales y establecer los “verdaderos principios” de la ciencia de la Jurisprudencia Criminal haciendo a ella la aplicación de la Filosofía”. En su tesis, Varela adoptaba las ideas utilitaristas de Bentham que “estableció sus tratados de legislación civil y penal sobre una base más sólida” y planteaba la urgente necesidad de la reforma de la legislación penal porque “es imposible que un pueblo sea libre cuando los primeros derechos de los ciudadanos están expuestos a ser violados por las leyes que deben defenderlos” y agregaba que “La buena legislación criminal es el alma de las instituciones liberales” (Revista, 1870,V, pp.43-84).

El texto de Varela se inscribe en una escuela de pensamiento que “emerge” en el contexto europeo en la segunda mitad del siglo XVIII en el marco de las ideas ‘ilustradas’ sobre la cuestión criminal (Sozzo, 2007). En nuestro país, conforme Tau Anzoátegui (2008) persistía la difusión de

Los autores dieciochescos que representaban al racionalismo iusnaturalista y que insistentemente habían bregado por un nuevo orden político y jurídico. La Ciencia de la legislación de Filangieri, los Elementos de derecho natural de Burlamaqui, las Instituciones de derecho natural de Reynaval y el Derecho de gentes de Vattel gozaron de amplia difusión, en ediciones accesibles, según surge de los anuncios de las librerías porteñas. (2008p.149)

Refiriéndose a este trabajo, los directores recomendaban la lectura del artículo “por diferentes títulos”, entre ellos porque “la Materia es de las que en este momento más pudieran despertar la atención de nuestros lectores” y el nombre del autor “pertenece a uno de nuestros ciudadanos cuya memoria ha conquistado por sus señalados méritos el amor y el respeto de todos los argentinos ilustrados” (Revista, 1870, V, pp.43-44).

Otra contribución de derecho penal es la reproducción de la primera conferencia del Curso Universitario de 1878 de Manuel Obarrio, en la que señalaba que el cultivo del Derecho Penal no debía limitarse al estudio de la legislación penal sino que era necesario complementarlo con otras disciplinas, como la Filosofía, y en la que insistía en la ley moral como punto de partida de la ciencia del Derecho Penal y en el diferente rol del penalista y el juez. A lo largo de su conferencia, Obarrio ahondaba en materias tales como el Pacto Social,-en el que refutaba a Rousseau con respecto al derecho de castigar de la sociedad y se alineaba junto a Filagieri y Burlamaqui-, la teoría del interés público y privado y la de la expiación y delegación divina como fundamento punitivo, para encontrar el “verdadero fundamento del derecho de castigar” en la “conservación social” basada en la ley moral (Revista, 1878-1880, XI, pp.5-29).

En cuestiones de derecho constitucional encontramos el artículo El abuso de la facultad de perdonar de Carlos Keen en el que trataba de responder a la pregunta de si los gobiernos debían tener o no la facultad de perdonar, oportunidad en la que efectuaba sus propias reflexiones y acompañaba parte de la traducción de un artículo de Francis Lieber. Keen se pronunciaba en contra de esta facultad porque la sociedad no podía ejercer actos de piedad que violaran los preceptos de la ley, la justicia y la equidad. Sin embargo, en opinión de Keen, si la Convención que en ese momento estaba revisando la Constitución provincial mantenía esta facultad, debía rodearla de muchas precauciones y poner limitaciones a su ejercicio (Revista, 1870, IV, pp.121-148).

En derecho administrativo Cosme Béccar aportó con Estudio de Derecho público administrativo. Deuda interior de la República donde señalaba que, atento a que el Gobierno Nacional ya había cumplido con la mayoría de sus compromisos relativos a la deuda externa, era necesario que abonara ciertas sumas impagas a algunos ciudadanos argentinos-lo que consideraba un acto de justicia-(Revista, 1869, II, pp.171-181).

La Revista publicó un trabajo de la Secretaría del ArzobispadotituladoMemoria sobre el orijen, fundación y calidades de las dos Capellanias de Gobierno de Buenos Aires, llamadas antiguamente Capellanias reales (1869, II, pp.363-370), otro sobreProcedimientos y Administración de Justicia de Antonio L. Gil titulado Jurisdicción competente para conocer de las acciones que nazcan de actos jurídicos celebrados entre comerciantes y no comerciantes; y legislación que deba determinar las obligaciones de unos y otros (1880, XII, pp.142-162), al tiempo que Diego Gonzálezse ocupó de las reformas en la administración de justicia (1872, VII, pp.421-432).

Los trabajos sobre derecho internacional también ocuparon algunas páginas de la Revista, como el del diplomático Norberto Quirno Costa sobre Extradición de criminales en el que examinaba si la República Argentina podría negarse a la extradición sin que mediara tratado alguno, para concluir que esta cuestión debía ser resuelta por la justicia federal y que cuando no hubiera tratado vigente, ni ésta ni el Poder Ejecutivo podían entregar a un habitante de la Nación. En el mismo artículo Quirno Costa pasaba revista a los instrumentos suscriptos al respecto por la República Argentina con Uruguay, Chile, Bolivia e Italia (Revista, 1871, VI, pp.229-240).

Otro artículo de doctrina-esta vez sobre derecho internacional privado-fue el del asiduo colaborador Gregorio Pérez Gomar denominado De la jurisdicción criminal respecto á los delitos cometidos en territorio estrangero donde sostuvo, entre otras conclusiones, que la jurisdicción criminal era una facultad inherente a la dirección de la sociedad y que apuntaba a reprimir los delitos; que los cometidos en el extranjero no podían determinar a priori el ejercicio de la jurisdicción y que la jurisdicción civil podía ejercitarse con motivo de delitos cometidos en el extranjero para la reparación del daño, cuando los ciudadanos demandaran ese resarcimiento del daño ante nuestras autoridades. En este trabajo también opinaba que la extradición era de derecho natural y que, reglamentada por un tratado, podía exceptuarse de ella al ciudadano, pero que esta excepción no tenía por objeto la impunidad sino la garantía del juicio a favor del ciudadano, para lo cual las partes contratantes se cedían recíprocamente sus respectivas jurisdicciones (Revista, 1870, IV, pp.73-96).

Sobre Filosofía del Derecho encontramos un solo trabajo: la transcripción por parte de la Revista del discurso pronunciado por Monseñor el Obispo de Angers, en la apertura del Congreso de los Jurisconsultos católicos, el 1 de octubre de 1879 (1880, XII, pp.5-12).

La Revista también se nutrió de artículos de doctrina publicados en otras revistas -reproducidos directamente y a veces traducidos especialmente para la Revista-.

La publicación que más contribuyó a la Revista -a pesar de que su nombre no se individualizaba correctamente en las diversas oportunidades en que se la citaba-, fue la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, de la que provinieron tres trabajos de A. Charrin (Se podría tratar del jurista español Acacio Charrin Tigero): Bienes gananciales (1872, VII, pp.325-326), Efectos de la institución condicional de heredero y si existe el derecho de acrecer (1872, VIII, pp.391-399) e Interdicto de obra nueva (1872,VII, pp.227-230); uno de R. de Fresquet-Profesor en la Facultad de Derecho de Aix-titulado Principios de la expropiación por causa de utilidad publica en Roma y en Constantinopla hasta la época de Justiniano. De las limitaciones impuestas por las leyes al derecho de propiedad tanto por el interés general cuanto por el privado (1871, VI, pp.43-89); Conceptos Jurídicos,del jurista aragonés Joaquín Manuel de Moner (1872, VIII, pp.222-224) y el artículo Derechos individuales (1870, V, pp.149-173), cuyo autor era el jurista y político castellano Cirilo Álvarez.

De La América Ilustrada provenía el artículo del escritor y periodista español Antonio Flores La naturalización en los Estados Unidos. Equivocaciones relativas á la naturalización en los Estados Unidos (Revista, 1872, VII, pp.392-420), de la Revue historique de Droit Français et Etranger-en opinión de ^{Arnaud (1988}, p.6), una de las joyas de la cultura jurídica del siglo XIX y en la que escribieron las plumas más finas y famosas de la historia del derecho francés-, el trabajo De la influencia del derecho canónico en el desarrollo del procedimiento civil y criminal (Revista, 1878-1880, XI, pp.30-48) a cargo de G. D´Esppinay-Doctor en Derecho. Sustituto en Segré (Maine-Et-Loire)-, el del también francés Charles Truinet,Por qué Moliére no ha criticado á los abogados (Revista, 1869, I, pp.70-91) y el de Alberto Du Boys-al que se referían como “Antiguo Magistrado”- titulado Los fueros de España. Su fisonomía general- Como se constituye la familia bajo su influencia (1869, I, pp.303-319).

De la Revista de Derecho Internacional y de la Legislación comparada, el artículo del jurista holandés -especialista en derecho internacional- Tobías Michael Carel Asser²⁷Del efecto ó ejecución de las sentencias extranjeras, en materia Civil y Comercial (1869, II, pp.289-312) y de El Foro, ¿Cuál es la verdadera inteligencia del articulo 13 del tratado de amistad y comercio entre S.M.B. y la República Argentina?(1869, II, pp.371-376)-cuyo autor no se identificaba-.

En la Sección Legislación, reprodujo un trabajo del jurista español José Joaquín de Mora²⁸ sobre la organización del Poder Judicial (Revista, 1869, II, pp.151-170) publicado originariamente en El Mercurio chileno y que giraba básicamente alrededor de la conveniencia del juicio por jurados.

Un artículo titulado Las sociedades anónimas en Inglaterra y en Italia escrito por el economista francés Paul Leroy Beaulieu (Revista, 1870, IV, pp.312-345) y proveniente de la Revista de Ambos Mundos de diciembre de 1869, fue traducido para la Revista por Vicente Martínez. De la misma Revista se publicó un trabajo titulado El régimen municipal de las grandes ciudades (Revista, 1870, IV, pp.392-443), del 1 de junio de 1870, traducido para la Revista y cuyo autor era A. Cochin.

La Revista también tradujo un capítulo de la obra de Wolowski, La Question des Banques, titulado Una lección sobre bancos (1871, VI, pp.169-179).

Dentro de los temas tratados, mereció especial atención la cuestión de la instrucción, y en este sentido la Revista se mostró preocupada no solo por la educación universitaria sino también por la instrucción en general.

En 1870 se señalaba que los trabajos sobre el tema educativo“entran de lleno en el programa y objeto de la Revista, cuya Dirección ruega al Dr. Gutiérrez quiera dedicarle el resultado de sus investigaciones, haciendo así un notable servicio al país y un favor especial a esta publicación” (1870, IV, pp. 105-117).

En línea con este objetivo se publicaron una serie de artículos en los que se planteaba la necesidad de estrechar la relación entre la teoría y la práctica, la importancia de incorporar el estudio de nuevas áreas del derecho como por ejemplo el derecho constitucional y el derecho procesal y hasta cuestiones meramente operativas tales como la necesidad de que el Departamento de Jurisprudencia tuviera su propio edificio.

Entre los trabajos que abordaron temas educativos encontramos la publicación en 1869 de un discurso de apertura de la Academia de Jurisprudencia de 1 de marzo de 1855 leído por Octavio Garrigós, en la Sección Variedades (Revista, 1869, III, pp.200-208) al que se refiere ^{Cutolo como un trabajo de “verdadero valor jurídico” (1968}, T. II, p.276). Se trataba de un documento de ocho páginas en el que se planteaba la vinculación entre la teoría del derecho y la “práctica de la Jurisprudencia” para formar al abogado y al jurisconsulto (Revista, 1869, III, p.200).

En la misma sección se reprodujo otra relación inaugural de la referida Academia titulada Relaciones del Derecho con la agrimensura (1869, I, pp.92-96)pronunciada por Juan Segundo Fernández.

Moreno, uno de los directores de la Revista, señaló la importancia de la universidad y de la gestión de su rector, al tiempo que se refirió al inicio del estudio del derecho constitucional en la Universidad. Junto con la reproducción del discurso de apertura, este autortambién destacó la necesidad del estudio del idioma alemán en la Universidad y urgió la construcción de un edificio

Adecuado a la enseñanza superior, que llene todas las exigencias de un gran establecimiento, donde pueda concurrir con toda comodidad el crecido número de jóvenes que frecuenta las aulas de la Universidad, y donde puedan colocarse en salas especiales y adecuadas las diversas asignaturas que forman el programa general de los estudios. (1869, I, pp.194-195)

Moreno abogaba de esta forma por la obtención de un edificio asignado exclusivamente al Departamento, cosa que recién se concretaría en 1872 cuando el Departamento de Jurisprudencia -ya transformado en Facultad de Derecho- ocupó un edificio propio²⁹.

La necesidad del estudio del derecho procesal se reiteró en 1869 al abrirse el aula de Procedimientos en la Universidad de Buenos Aires (Revista, 1872, VIII, pp.373-381), cuando Daniel María Cazón- quien luego sería juez en lo civil (Esparza, Cristian s.f.)-, afirmó la necesidad de estudiar una parte importante de la jurisprudencia, “cuyo conocimiento si bien imprescindible para el abogado, ha sido hasta hoy mirado en poco entre nosotros”, porque según Cazón se había “dejado inorgánico el mecanismo de justicia” abstraídos “por una evolución constante y sin descanso en las regiones de la política” (1869, III, p.373).

Finalmente, en 1872 se creó la cátedra de Procedimientos como consecuencia de la supresión de la Academia de Jurisprudencia (Seoane, 1981, p.61).

En el mismo año la Revista publicó el discurso pronunciado por Manuel Obarrio-profesor de derecho comercial y penal- al inaugurar sus conferencias en la Cátedra de Derecho comercial en el Departamento de Jurisprudencia (1872, VII, pp.279-296) mientras que en 1878 transcribió la primera conferencia del Curso Universitario a cargo del mismo profesor (1878-1880, XI, pp.5-29).Otro discurso de apertura aparecido en la Revista fue el de inauguración de la Academia de Derecho Constitucional pronunciado por Luis Vicente Varela (1869,III, pp.179-188).

Tal como mencioné, no solo la educación universitaria ocupó las páginas de la Revista: en 1873 ésta publicó los fundamentos y el proyecto de la Ley de Instrucción Pública presentado por Antonio E. Malaver como Jefe del Departamento de Escuelas, que establecía las bases generales de la educación común y que, tal como señaló Moreno,“ viene a llenar un vacío bien notable en nuestra legislación, iniciando una reforma urgentemente reclamada y universalmente sentida en materia de tanta trascendencia” (1872, VIII, pp.61-128 y323-372).

Juan María Gutiérrez, rector de la Universidad y director de la Revista, mostraba su preocupación acerca de la educación en un artículo titulado D. Alfonso el Sabio y Rabelais como educacionistas (Revista, 1870, IV, pp.105-117), cuando señalaba la “estrecha relación con la legislación futura que organice la educación pública” y advertía acerca de la necesidad de extraer del artículo, “útiles conocimientos los que deban formularla en época no muy lejana” (Revista, 1870, IV, p.104).

La instrucción gratuita y obligatoria ocupó las páginas de la Revista. En 1870 reprodujo la traducción de artículo publicado en Le Courrier de la Plata sobre este tema-sin identificación del autor (1870, V, pp.174-179)- mientras que en 1872 traducía y reproducía un artículo de 54 páginas titulado La libertad de la enseñanza superior en Bélgica (1872, VII, pp.80-134), publicado en la Revue de Deux Mondes, cuyo autor era el economista belga Emile Laveleye.

Bibliografía

A pesar de que los directores no habían señalado inicialmente en la Introducción que existiría una sección dedicada al comentario bibliográfico, las reseñas de diversos tipos de obras de interés jurídico poblaron la Revista. Así, Moreno publicó la recensión del Ensayo bibliográfico sobre M.T. Ciceron de Deschamps con un prefacio suscripto por el escritor y crítico de teatro francés Jules Janin,³⁰ que en realidad se trataba-como era frecuente en la Revista-, de una traducción efectuada especialmente por Juan María Gutiérrez (Revista, 1869, I, pp.417-427).

Más adelante, uno de sus directores, Montes de Oca, informaba que “nos haremos un deber reproducir en esta Revista algunos de los artículos más importantes que en aquella aparezcan, porque así contribuimos eficazmente al estudio de las materias que le sirven de objeto”por lo que introducía el comentario de la flamante “Revista de Derecho Internacional y de Lejislacion comparada”-una publicación trimestral (1869, II, pp.196-200).

A lo largo de sus sucesivas entregas, la Revista reseñó obras acerca de los más importantes tópicos que se estaban debatiendo en las principales ramas del derecho. Así, Juan María Gutiérrez comentó El juicio por jurados de Florentino González-primer profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires³¹-, y su juicio favorable lo fortaleció al señalar que

Ha hecho bien el gobierno de la Provincia en tomar un número considerable de ejemplares de esta obra, para favorecer su circulación, porque ella producirá un movimiento saludable en la opinión pública, sobre un punto en que están interesados el derecho del ciudadano y la dignidad del hombre llamado a gobernarse a sí mismo como miembro de una sociedad democrática. (1869, II, pp.312-322)

Los ojos de los colaboradores de la Revista se posaban sobre lo que estaba pasando en el mundo, lo que llevó por ejemplo al jurista español Pedro Gómez de la Serna (Castán Vázquez, s.f.)a contribuir con un comentario a la obra de Manuel Ortiz de Zúñiga-Presidente del Tribunal Supremo de España-tituladaJurisprudencia civil de España conforme á las doctrinas consignadas en los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, consistente en una reproducción del comentario publicado en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia (1869, III, pp.101-112).

En su reseña, Ortiz de Zúñiga“con el profundo conocimiento que da la práctica de juzgar en el Tribunal Supremo de Justicia”, se refería a la conveniencia de la revisión de las sentencias por parte de los tribunales de Casación, y señalaba que “no puede convertirse a los magistrados en autómatas que han de aceptar siempre la inteligencia que sus predecesores dieran a las leyes (…)”(Revista, 1869, III p.111).

También despertó el interés de la Revista, el trabajo Estudios sobre el gobierno inglés de J.M.Torres Caicedo, publicado en París en 1868 y reseñado por Florentino González (1870, IV, pp.346-359). Por su parte, la Revista reprodujo el comentario que Emilio Bionne publicó en la Revista Bibliográfica de Derecho y Jurisprudencia³² de la obra Elementos de derecho internacional de Enrique Wheaton, Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América y miembro corresponsal del Instituto de Francia (1870, IV, pp.118-120).

Otra obra comentada en la misma Revista y reproducida en la nuestra fueEstudio histórico de la Legítima y de las reservas, en materia de Sucesión Hereditaria, de Carlos Brocher, un profesor suizo, miembro de la Corte de Casación de Ginebra, efectuada por G. Bagelot (1870, IV, pp.118-120).

La preocupación acerca del tema de la educación superior también llevó a la Revista a recoger las obras que se publicaban sobre esta cuestión, como cuando Moreno comentó en la Sección Bibliografía, en dos entregas, la obra Noticias históricas sobre el orijen y desarrollo de la Enseñanza Pública Superior en Buenos Aires desde la época de la extinción de la compañía de Jesus en el año 1767. Hasta poco después de fundada la Universidad en 1827 de Juan María Gutiérrez (1869, I, pp.97-106 y 202-218).

III. Grandes polémicas y propuestas de reforma

Atento a que cuando se publicó el primer número de la Revista, el proyecto de Vélez ya era conocido, no puede sorprendernos que en la Sección Bibliografía, el jurista y diplomático Manuel Rafael García bajo el título Proyecto de Código Civil para la República Arjentina Trabajado por encargo del Gobierno Nacional por el Doctor D. Dalmacio Vélez Sarsfield comentara esta pieza jurídica, que según el autor “dará (…) una idea del espíritu que domina en ese trabajo, haciendo conocer el estado de la ciencia de las leyes en un país poco conocido hasta el presente, y que, sin embargo, merece serlo”. Enrealidad no se trataba de un artículo original sino -tal como se hacía con frecuencia en la Revista- de la reproducción de un artículo publicado en la Revue historique de droit français et étranger y traducido especialmente para la Revista (1869, I, pp.197-201). Conforme Cutolo, los comentarios efectuados por García al Código publicados en París “fueron útiles para su presentación a los estudiosos de ese país” (Cutolo, 1968, Tomo III, pp.223).

Cuando el último libro del Código de Vélez hizo su aparición, José Francisco López publicó su comentario Ultimo libro del Código Civil del Dr. Velez Sarsfield. Rol y relación con nuestras instituciones civiles y políticas en el estado actual de la Sociedad Argentina. Resto feudal colonial que las serviliza y encadena al pasado(Revista, 1869, II, pp.415-434), en el que, tal como anticipaba en el título, efectuaba una dura crítica al afirmar que “El nuevo Código no ha tenido el valor, de secularizarse, y secularizar á la sociedad argentina” (Revista, 1869, II, p.434).

Conforme Tau Anzoátegui (2008), José Francisco López fue uno de los juristas que siguió más de cerca la elaboración del Código ya que desde 1866 fue publicando en la prensa comentarios a las sucesivas entregas del Proyecto. En opinión de Tau, sus estudios abordaron no sólo la cuestión general de la codificación, sino un análisis particular de las diferentes materias legisladas, y “en general, su juicio fue altamente favorable a la obra de Vélez, aunque no dejaba de atacar severamente lo que consideraba un vacío en la regulación matrimonial. López estuvo por entonces estrechamente vinculado a los problemas que originó en Santa Fe la tentativa de implantar el matrimonio civil (pp.352-353). El comentario de López en la Revista reflejaba efectivamente sus reservas acerca del Código.

Por otro lado, el Código de Comercio fue objeto de observaciones por parte de José Antonio Terry cuando, en oportunidad de comentar un fallo bajo el título Nuevo caso de quiebra ¿Puede revocarse el auto declaratorio de quiebra, cuando el acreedor que la provocó desiste por hallarse pagado?(Revista, 1870, V, pp.291-94), criticaba la forma de redacción del Código. Al analizar el fallo, Terry señalaba que “es sabido que nuestro Código de Comercio se encuentra pésimamente redactado, dando lugar a dudas que generalmente se transforman en litigios” y agregaba, contundente:

Nuestros codificadores se han olvidado que la claridad de la ley depende de su redacción, manifestando completo desprecio para con las reglas gramaticales y de buen lenguaje. El caso de que nos vamos a ocupar fue ocasionado, puede decirse, por la ambigüedad y oscuridad de la ley. (Revista, 1870, V, p.291)

Pero no solo se opinaba y criticaba a los códigos-ya prácticamente una realidad en 1869- sino que aun en el mismo año, las páginas de la Revista se hacían eco de las polémicas acerca de la conveniencia de la codificación.

Florentino González, en Codificación. La jurisprudencia de la Europa continental y las instituciones libres (Revista, 1869, I, pp.394-404) se mostraba contrario a plasmar nuestras normas en códigos, al afirmar que “las leyes de hoy no pueden ser buenas mañana, a menos que la sociedad se mantenga estacionaria, porque las necesidades de la comunidad varían con los progresos que esta hace” y que “es por esto que se reúnen congresos de representantes del pueblo para legislar cada año, y que estos representantes se renuevan por la elección, a fin de que estén al corriente de las necesidades de la comunidad” (Revista, 1869, I, p.401). Ello explicaba -según González- que los “congresos de representantes del pueblo” se reúnan “para legislar cada año” a fin de estar” al corriente de las necesidades de la comunidad”. Por ello creía que “esos Códigos, que regulan permanentemente las cosas de una sociedad que tiene gobierno representativo, son un contrasentido que está completamente en desacuerdo con las instituciones políticas”; “una legislación fija, estacionaria” (Revista, 1869, I, p.401). Para González, “estas se han establecido para formar una legislación progresiva, y los Códigos (los sustantivos, como el civil, comercial penal y de minería) son una legislación fija, estacionaria” (Revista, 1869, I, p.401). En opinión de este comentarista “son completamente antiéticos con una constitución que establezca en un país un gobierno representativo” (Revista, 1869, I, p.401). “Nada de códigos sustantivos, que son innecesarios”, señalaba- “los defectos que se vayan notando en la legislación sustantiva, se irán remediando de año en año; para eso es que se reúnen anualmente las Cámaras” (Revista, 1869, I, p.403).

A este avance de González le respondía José María Moreno (Revista, 1869, II, pp.70-75), completamente en desacuerdo, aunque, en opinión de Víctor Tau Anzoátegui (2008, p.378), expuso su disidencia “de manera suave y cordial, no tiene el encono de otros escritos (…)”. No compartía las ideas de González sobre la codificación

Porque lejos de ver inconveniente alguno en sistematizar y organizar en un solo cuerpo los principios y las reglas que han de regir las relaciones civiles del individuo en la sociedad, dándoles el desarrollo conveniente y oportuna aplicación, estamos persuadidos de su absoluta necesidad. (Revista, 1869, II, pp.70-71)

Para Moreno,

La codificación lejos de retardar, acelera la mejora progresiva de la legislación, porque hallándose la ley al alcance de todos los que la obedecen y tienen a su vez la facultad de dictar, la aprecian en su justo valor las necesidades actuales, las conveniencias públicas y los defectos que ofrece al desarrollo de la acción individual, una aplicación errónea, una consecuencia falsa, un precepto retrógrado, para demostrarlo con evidencia y obtener su reforma. (Revista, 1869, II, pp.73-74)

Controversias pasadas, controversias presentes, controversias futuras…todas se reflejaban en las páginas de la Revista.

En un solo artículo en una única sección denominada Derecho Público Eclesiástico la Revista recogía la famosa cuestión del Patronato planteada en 1810 en un trabajo titulado El Patronato es un derecho de la Soberanía (1869, III, pp.76-94), y que consistía en la reproducción de los dictámenes de Gregorio Funes y Juan Luis de Aguirre. El artículo presentaba las opiniones ambos prelados, quienes consideraban que el Patronato era inherente a la soberanía y no a la persona de los Reyes, pero se pronunciaban en contra de proveer el cargo que había quedado vacante.

La Revista daba cuenta también de otras discusiones que los proyectos de otros códigos generaban. Así, Marcelino Ugarte convencido de hacer un aporte para los lectores, en El servicio á las armas como pena (1870, V, pp.41-42)introducía el tema en el contexto dela discusión que generaba el proyecto de Código Penal de Carlos Tejedor, que incluía el servicio a las armas como pena.

En una época de fervor legislativo, el magistrado y profesor José Roque Pérez se mostraba muy de acuerdo con el discurso pronunciado por Carlos Keen en la sesión del 6 de agosto de 1869 en la Cámara de Diputados, por la que informaba a nombre de la Comisión de Negocios Constitucionales, sobre los proyectos reglamentarios del Art. 6º de la Constitución de la República en el que se discutía la facultad de intervenir (Revista, 1870, IV, pp.206-225).

Una de las más encarnizadas polémicas, que se desarrolló entre 1869 y 1870, del Tomo I al Tomo IV de la Revista, y que insumió cuarenta y cuatro páginas, fue la que introdujo Ángel Navarro, al refutar los comentarios a un caso planteado en nuestros tribunales acerca de los privilegios del Banco de la Provincia en los concursos (1869,I, pp. 44-60,255-302; 1869, II, pp.408-414 y1870, IV, pp.97-104), efectuados por Moreno y Montes de Oca.

El punto de partida de la polémica había sido un comentario efectuado por José María Moreno de un fallo de primera instancia de la Cámara sobre los privilegios del Banco de la Provincia en los concursos y el cobro de intereses provenientes de créditos hipotecarios (Revista, 1869, I, pp.44-60), con cuya sentencia de primera instancia Moreno estaba de acuerdo.

A esta recensión le siguió la efectuada por otro de los directores de la Revista, Montes de Oca, quien dio a conocer el laudo arbitral (1869, I, pp.129-155)emitido en relación con la misma cuestión y que elaboró una “reseña legislativa del Banco y sus privilegios” (1869, I, pp.255-282).

Navarro efectuó un comentario muy crítico al presentado oportunamente por José María Moreno. En opinión de Navarro, “esas sentencias son el resultado de una inteligencia errónea de las leyes, y de una falsa aplicación de su letra y de su espíritu…” y “el sentido en que la resolvió la Sentencia de la Sala de lo Civil, es la verdadera jurisprudencia que rige y debe seguirse en casos semejantes al presente” (Revista, 1869, 1, p.284).

Las opiniones de Navarro fueron refutadas por José María Moreno, quien casi inmediatamente, en un artículo titulado El artículo 1543 del Código de Comercio, y los privilegios del banco de la Provincia (Revista, 1869, II, pp.408-414), defendió la solución alcanzada por el juzgado de primera instancia, no sin antes agradecer a Navarro “su concurso a la Revista” (1869, II, p.408).

Unos números más tarde, Navarro continuó con la polémica, al afirmar que “por más que he leído y releído” el artículo de Moreno

Buscando esa contestación, es decir, una refutación jurídica y fundada en mis razones y argumentos, no solo no la encuentro, sino que, por el contrario, puede decirse, que este esfuerzo de impugnación no ha dado otro resultado, que poner más de manifiesto la solidez de estas razones. (Revista, 1869, II, p.189)

Apoyado en sus convicciones, Navarro daba por concluida la diferencia al señalar “y con esto, queda cerrada por mi parte esta discusión” (Revista, 1869, II, p.199).

Sin embargo, José María Moreno no parece haber estado satisfecho con la respuesta de Navarro, porque unos números más tarde, en un trabajo denominado El artículo 1543 del Código de Comercio y los privilegios del Banco de la Provincia (Revista, 1870, IV, pp.97-104), -refiriéndose a Navarro- señaló que

Se manifiesta un tanto irónico y contrariado en el artículo mencionado; y lo sentimos, tanto más, cuanto que le profesamos el respeto y consideración que se merece y le estamos además agradecidos por los trabajos que ha dedicado a la Revista. (Revista, 1870, IV, pp.97-98)

Para Moreno, la Revista “no debe ser jamás un campo abierto a la polémica personal, que en nada interesa a la Legislación y al Derecho”, por lo que

Consecuentes con nuestro programa, nos limitaremos a contestar, por última vez, las apreciaciones jurídicas del artículo del Dr. Navarro, dejando a un lado todo lo que en él se refiere al mérito de nuestra defensa y a los conocimientos de que podamos disponer en la ciencia del Derecho. (Revista, 1870, IV, pp.97-98)

El espíritu combativo de Navarro afloró nuevamente cuando en el tomo VII de la Revista, en su artículo La excepción de nulidad de un laudo arbitral alegada como fundamento de su inhabilidad para ejecutarlo, es admisible en el juicio ejecutivo; y no solo contra un laudo, sino también contra cualquiera de los títulos que preparan ejecucion (1873, IX, pp.338-369), respondió a la crítica que por su parte Montes de Oca había efectuado en su comentario ¿Puede obtenerse, en la estación oportuna del juicio ejecutivo, la escepcion de inhabilidad por causa de nulidad contra un laudo arbitral, revestido de todos los requisitos que la ley establece? La Ley de 2 de noviembre de 1860, reglamentaria del juicio ejecutivo, no es derogatoria de la ley 4, tít.21, lib.4, R.C.(4, tit.17, lib. 11, N.R.)(Revista, 1872, VII, pp.366-391)a la solución alcanzada por el tribunal-del que Navarro había formado parte como conjuez-. La cuestión parece haber quedado zanjada con esta última respuesta.

Un proyecto de reforma de la constitución de la Provincia de Buenos Aires en lo que respecta a la organización del Poder Judicial (Revista, 1870, V, pp.394-447) de Vicente F. López, fue criticado duramente en la Revista por un autor desconocido, quien sostenía que la propuesta de López “no será la ley que habrá de regirnos; creemos también que no convendría que fuese” porque a pesar de que “sus ideas son indudablemente adelantadas” no responde a las necesidades ni al estado de nuestra sociedad en el momento actual”. En opinión del comentarista,

La tarea del Legislador no se cumple anticipándose violentamente a la acción que tienen los tiempos en la obra del progreso social. Lo más que puede hacer es acercar, si así puede decirse, el futuro, haciendo adelantarse esos tiempos que, sin embargo, no pueden suprimirse. (Revista, 1870, V, p.395)

Sin embargo, sostenía que:

Día llegará tal vez, en que las teorías del distinguido Dr. López sean una realidad entre nosotros: porque entonces la sociedad habrá llegado a comprender y a necesitar de una organización cuyos resortes jugarían hoy mal porque no se conocerían su objeto ni sus funciones, ni son tal vez los medios propios y adecuados a su ejercicio. (Revista, 1870, V, p.395)

En opinión del ignoto reseñador, “el comentario del Dr. López es interesantísimo respecto de varias cuestiones, sobre todo respecto de la base de la organización judicial, la movilidad o inamovilidad de los jueces…” (Revista, 1870, V, p.395).

A propósito de una causa judicial, las páginas de la Revista daban cuenta de la necesidad de reforma de otro aspecto de la administración de justicia: el que se refería a las escribanías públicas y al origen del arrendamiento y creación de las oficinas de registro (1871, VI, pp.297-327).

Montes de Oca, por su parte, criticaba un proyecto de Diego González que proponía reformas en el procedimiento criminal consistentes básicamente en que el juez que sentencia no debía instruir el sumario y debía ser sustituido por agentes fiscales del crimen (Revista, 1872, VII, pp.421-432).

El juicio por jurados parece haber sido un tema que desvelaba a nuestrosautores, así como a los lectores de la Revista, ya que en la Sección Procedimientos se reprodujo un proyecto de Vicente F. López que propiciaba su establecimiento en material civil y comercial (1872, VIII, pp.382-384).

Un proyecto de ley de Hábeas Corpus, presentado por Florentino González (Revista, 1872, VIII, pp.181-200) -“conocido ya entre nosotros por sus trabajos jurídicos, sobre todo en el derecho público y en el Constitucional” (1872, VIII, pp.181-182)- es librado a la consulta en la Revista en 1872.

Otros proyectos transitaban por las páginas de la Revista: en 1879 por ejemplo, se reprodujo el de Antonio Malaver acerca de la Sección Organización Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en la Memoria del Ministerio de Gobierno de 1870-1871, con sus respectivas explicaciones (1878-1880, XI, pp.223-340).

La Revista también se hacía eco de las transformaciones en el derecho comparado, y a tal efecto publicaba también en una Sección identificada como Codificación, la propuesta de Augusto Texeira de Freitas sobre un nuevo sistema para el Código Civil efectuada en Río de Janeiro el 20 de setiembre de 1867 al Ministro y Secretario de Estado de los Negocios de Justicia (1869, I, pp.320-331).

Reproducción

Una sección destacada de la Revista fue la que estuvo dedicada a la reproducción de piezas jurídicas importantes, tales como escritos, vistas fiscales o dictámenes pronunciados en casos que trascendieron. Varias de estas piezas provinieron de la pluma de Dalmacio Vélez Sarsfield como letrado patrocinante.

Cabe señalar que la Revista no reprodujo ningún dictamen emitido por Vélez Sarsfield en la Asesoría de Gobierno del Estado de Buenos Aires. Tal como señalan José María Mariluz Urquijo y Eduardo Martiré (Vélez Sarsfield, 1982), algunos de sus dictámenes se publicaron contemporáneamente a su emisión en periódicos de Buenos Aires como El Orden, El Nacional, La Tribuna, El Judicial, El Plata Científico y Literario y más tarde la Recopilación de Leyes y decretos de la Provincia de Buenos Aires de Aurelio Prado y Rojas. Conforme estos autores, varios fueron publicados por Juan Goyena en su Digesto Eclesiástico Argentino en 1880 y otros en la obra Informes de los consejeros legales del Poder Ejecutivo aparecida en Buenos Aires entre 1890 y 1891.En este sentido, la Revista rescató viejos -pero vigentes para aquella época- escritos del codificador, como por ejemplo el informe presentado por el codificador ante la Cámara de Justicia en la “causa criminal, seguida contra don Estevan y Don José María Yañez” (1869, II, pp.377-407), o la transcripción del escrito presentado por el autor en una causa suscitada como consecuencia del embargo de 1840 contra los bienes y acciones de los llamados “salvajes unitarios”, en representación de los embargados (1871, VI, pp.241-262).

Un trabajo de Vélez escrito hacia 1846 sobre la posesión de herenciafue introducido por Moreno, que señalaba:

Más de una vez se ha honrado la “Revista” publicando interesantes escritos jurídicos de este notable jurisconsulto… Cada uno de esos escritos corresponde a la fama que su autor ha conquistado en el foro y en la ciencia; y tienen de remarcable, que a pesar de ser destinados a dilucidar puntos determinados en cuestiones judiciales y redactados con la rapidez que exigen los procedimientos y las numerosas atenciones de un abogado acreditado, contienen un estudio comparado de nuestra legislación y un tratado conciso, pero completo, de la materia sobre que versan. (1871, VI, pp.353-404)

Para Moreno,

Aun cuando el escrito tiene por base las disposiciones de nuestra antigua legislación, hemos creído útil hacer constar por medio de notas la conformidad o diferencia de las teorías y notas manifestadas en él, con las doctrinas y reglas de nuestro Derecho actual. (1871, VI, pp.353-354)

Otro escrito de Vélez de 1840 titulado Actos jurídicos. Nulidades absolutas y relativas” (1872, VII, pp.206-226) fue transcripto también por la Revista.

Por su parte, José Roque Pérez, en un comentario a la ley de matrimonio civil de Santa Fe de 1867, reprodujo el dictamen elaborado oportunamente por Vélez Sarsfield (Revista, 1870, IV, pp.190-205).

Dos escritos presentados en el pleito que “D. Norman Guillermo Scott Schmalling sigue contra Da. María Cristina Diehl sobre la nulidad y rescisión de un contrato de compraventa” (Revista, 1873, IX, pp.57-160) fueron publicados en la Revista. Uno, el escrito adjuntado en el pleito de referencia por Manuel Quintana- profesor de derecho civil a partir de 1859 en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires (Manuel Quintana, s.f.)- el 13 de setiembre de 1872 (por el actor), y el otro, el“Informe en Derecho” del Doctor D. Jaime J. Costa en el mismo procedimiento.

La causa seguida contra el ex-Gobernador de San Juan por el delito de rebelión y la acción de responsabilidad civil también se reprodujo, porque los directores de la Revista consideraron que era conveniente “dar cuenta en la Revista de las más importantes causas que se decidan por la Justicia Nacional, y al interés general de esa publicación, se agrega hoy la especialidad de la que encabeza estas líneas”, en la que

Se discute no solo la aplicación de las leyes nacionales a los actos que afectan el orden político del país, sino también la interesante cuestión de la responsabilidad civil en los delitos políticos, aún no decidida con precisión ni aceptada por una jurisprudencia uniforme. (Revista, 1869, III, pp.209-451)

Otro material reproducido fueron los escritos intercambiados entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de la provincia de San Juan a raíz del tema extradición, al discutirse la aplicación del artículo 8 de la Constitución Nacional a los delitos políticos (Revista, 1870, IV, pp.149-162).

En materia de derecho canónico, la Revista dio a conocer la defensa de Eduardo Lahitte y la sentencia del Provisor D. Miguel García en una causa célebre sobre nulidad de un matrimonio (1871, VI, pp.209-224), “una de las causas más interesantes del foro argentino” (1871, VI, p.209), reproducida originariamente de El Plata Científico y Literario (1871, VI, p.209).

También se publicó una resolución arbitral en las reclamaciones de la Gran Bretaña contra la República Argentina por perjuicios causados a consecuencia del bloqueo de Montevideo de 1845 (1870, V, pp.121-137).

Una cuestión tan discutida como la del matrimonio entre disidentes, mereció que la Revista considerara necesario publicar una decisión del Departamento de Culto del 31 de junio de 1870 suscripta por Sarmiento como presidente y Avellaneda como ministro, que declaró la no necesidad de solicitar la escritura al Ministerio de Culto, por la que se concedía la dispensa para que pudieran contraer matrimonio un católico con un protestante (1870, IV, pp.373-377).

La Revista también abrevó en piezas jurídicas provenientes de otras latitudes. En este sentido y bajo el título Relaciones del Poder Judicial con los demás poderes y de las condiciones y deberes de los que lo ejercen puso a disposición de los lectores eldiscurso leído por Pedro Gómez de la Serna, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de España, en la “solemne apertura de los Tribunales”, celebrada en 15 de setiembre de 1869 (1870, IV, pp.226-249).

Otros escritos que la Revista consideró que merecían ser reproducidos fueron vistas fiscales. En este sentido publicó la emitida por uno de los directores de la Revista, José María Moreno, en el asunto de Delaguila y la Municipalidad de Mercedes 5 de diciembre de 1871 (1872, VIII, pp.281-302) así como otra vistareferida a los cursos de agua naturales, publicada junto con el informe del Departamento de Ingenieros. Esta última tuvo el mérito de haber constituido el fundamento en base al que el Poder Ejecutivo concedió en 21 de junio de 1875 el establecimiento de un molino de agua en el río Luján a D. Miguel Bancalari, y cuya resolución luego sirvió “de apoyo a otras concesiones análogas en otros ríos y arroyos de la provincia”(Revista, 1880, XII, pp.173- 176).

Otra pieza jurídica dada a conocer por la Revista fue la vista fiscal y resolución de la reclamación deducida por la Comunidad de San Francisco respecto de la ocupación de una parte de su Convento, en la que se hizo referencia a la historia de la desposesión del edificio del Noviciado, la ley de reforma del clero de 1822 y la resolución del Gobierno reconociendo la propiedad privada (1873, IX, pp.176-197).

Finalmente, se publicó el dictamen que Juan Segundo Fernández-asiduo colaborador de la Revista-emitió como asesor en la reclamación de los Directores de los Ferrocarriles del Norte y de la Ensenada, por daños durante la guerra entre la provincia de Buenos Aires y la autoridad nacional (1880, XII, pp.163-172), el 4 de agosto de 1880.

V. Relaciones con otras publicaciones

De la lectura de la Revista surge que publicaciones nacionales y extranjeras-españolas, francesas, belgas y chilenas, entre otras- nutrieron la Revista. Sin embargo,a partir de la misma fuente, no puede determinarse si efectivamente existieron contactos editoriales, personales o editoriales entre los directores.

Ya en los primeros números se efectuó un comentario a la primera entrega de la “Revista de Derecho Internacional y de Lejislacion comparada”(1869, II, pp.196-200)-una publicación trimestral, aparentemente publicada en Bélgica hacia 1869 (^{Álvarez, 2000}, p.128)-, de la que sin embargo se reprodujo un solo trabajo (1869, II, pp.289-312).

La publicación periódica que más aportó a la Revista fue la Revista General de Legislación y Jurisprudencia de la que se tomaron ocho artículos (1869, III, pp.101-112; 1870, V, pp.149-173; 1871, VI, pp.43-89; 1872, VII, pp.227-230 y 297-326 y1872, VIII, pp.222-224 y 391-399), seguida de la francesa Revue historique de Droit Français et Etranger -publicada por primera vez en 1855 y editada por A. Durand entre 1855 y 1869 y L. Larose entre 1877 y 1921-³³que contribuyó con cuatro (1869, I, pp.70-91, 197-201 y 303-319; 1878-1880 y XI, pp.30-48).

A pesar de su corta vida, la Revista de Legislación y Jurisprudencia de Monguillot se hizo presente mediante la reproducción de dos trabajos (1869,II, pp. 91-108; II, pp.108-128), tal como sucedió con la española Revista de Ambos Mundos (1870, IV, pp.312-345 y 392-443), mientras que el resto de las publicaciones con las que la Revista mantuvo contacto fueron la Revista de Buenos Aires (Revista, 1869, II, pp.129-134),El Mercurio chileno(1869, II, pp.151-170),El Foro (Revista, 1869, II, pp.371-376), la Revista Bibliográfica de Derecho y Jurisprudencia (Revista, 1870, IV, pp.118-120 y 250-252), La América Ilustrada (1872, VII, pp.392-42), Le Courrier de la Plata (Revista, 1870, V, pp.174-179; 1872, VII, pp.80-134),El Plata Científico y Literario (Revista, 1871, VI, pp.209-224) y las francesas Revue de Deux Mondes (Revista, 1872, VII, pp.80-134)yRevue de legislation et Jurisprudence (Revista, 1869, I, pp.336-338).

Consideraciones finales

En 1870-cuando la Revista iba por el cuarto tomo y el Código Civil aún no había comenzado a ser aplicado-, el diario La Prensa publicaba entre los editoriales del número 224, un artículo dedicado a la Revista en el que señalaba que el mérito de la Revista

Consiste en haber iniciado la publicación periódica de los notables trabajos jurídicos que se producen en nuestro foro, y que de otra manera quedarían relegados al olvido de la ciencia en la biblioteca del jurisconsulto, o en el archivo de las oficinas (1870,IV, p.360).

Según los propios directores de la Revista, a través de este texto de La Prensa“se aprecia su influencia y juzga su utilidad de una manera tan benévola para esta publicación, que la reproducción parecería en sus páginas una manifestación pública de alabanza propia y un exagerado juicio de su mérito real” (1870, IV, p.360).

Para las autoridades de la publicación que analizo “muchos casos resueltos han sido examinados en los tomos de la Revista que hasta hoy van publicados” (1871, VI, pp.90-91).La Revista también efectuó una contribución importante al comentar las novedades bibliográficas, tendencia que estaba en línea con el surgimiento de este tipo de ejercicio hacia fines del siglo XIX, conforme señala ^{Michalsen (2006}).

Es que la Revista, por un lado, llenó un vacío que existía en las publicaciones de su tiempo, atento al variopinto universo de material que integraba sus distintas secciones: en la Revista el lector-abogado, magistrado o profesor-podía encontrar jurisprudencia-no siempre comentada-, doctrina, comentario de libros, reproducción de piezas jurídicas tal vez de difícil acceso, derecho comparado, etc.

Por el otro, un elemento que jerarquizó la Revista fue la relación estrecha con la Universidad de Buenos Aires y la Academia de Jurisprudencia, ya que la mayoría de quienes contribuyeron con ella fueron todos profesores de la Universidad de Buenos Aires, en los años fundacionales de la Facultad de Derecho. Tal vez haya sido por ello que las páginas de la Revista reflejaron la preocupación por las reformas que eran necesarias en materia de educación, y en especial, de la enseñanza del Derecho.

Tal como señala Alberto David ^{Leiva (1997}) “Los cuatro directores habían publicado antes en forma individual o colectiva varias obras importantes” por lo que “resultó natural que la colección (…), recogiese trabajos de los juristas más destacados de la época” (p.64).

La Revista también mantuvo estrechos vínculos con los magistrados y el foro en general. En efecto, renombrados jueces, asesores y fiscales del foro porteño-autores todos consagrados en la época- contribuyeron con la Revista y plantearon en ella sus inquietudes, desvelos y propuestas. Ellos se constituyeron-parafraseando a ^{Arnaud (1988}, p.3)- en los observadores ideales para la reconstrucción del debate cultural de la época. Cada uno, desde su lugar, encontró en la Revista la posibilidad de expresar sus ideas, aun desde puntos de vista divergentes.

Durante todo ese lapso, la Revista, siguiendo a Tau Anzoátegui (2011), constituyó ese “gran espejo donde se podía seguir la vida del derecho, desde los años de la eclosión codificadora hasta comienzos hasta los comienzos de la edad de la codificación (…)” (p.16), un espacio que -a pesar de que “logró reunir una pequeña pero significativa colección de casos, aprovechable para dar base inicial a la empresa varias veces intentada, pero aún insuficiente para formar una jurisprudencia”(Tau Anzoátegui, 2011, p.68)- reflejó una jurisprudencia que sirvió de instrumento para seguir el pulso de la vida del derecho.

Tal como señala ^{Michalsen (2006}), una de las principales funciones de las revistas jurídicas es la de presentar una fusión de práctica y textos académicos. En este sentido, la Revista-como la mayoría de las publicaciones del siglo XIX y aun las de nuestros días- fue un factor clave para difundir la actividad tanto de los tribunales superiores como de los inferiores, objetivo que según Michalsen ha constituido una razón decisiva para fundar publicaciones periódicas.

Al mismo tiempo, la Revista se mantenía atenta a lo que estaba sucediendo fuera de las fronteras del país, al publicar las novedades legislativas de otros países, las últimas decisiones o los artículos de doctrina escritos por autores extranjeros, a los que difícilmente se hubiera podido acceder de no haber sido publicados en la Revista.

La Revista dio cuenta del surgimiento de nuevas disciplinas y la consolidación de las ya existentes, del ajuste entre la teoría y la práctica, a la manera de aquel laboratorio al que Paolo Grossi se ha referido, en el que “la complejidad del derecho se pone perfectamente de manifiesto a través de la presencia simultánea del ensayo abstracto del teórico y del texto de un caso práctico redactado por un profesional” (Grossi, 1997, T. I, p.24).

En este sentido, la Revista replicó lo sucedido en otras latitudes-tal como señala ^{Michalsen (2006}) para Noruega en la misma época-en la que las revistas jurídicas eran amplios canales de difusión de un matizado universo de información jurídica: praxis judicial, artículos de doctrina y otro tipo de novedades legales. En opinión de ^{Heirbaut (2006}) -que refiere idéntica situación para Bélgica- aun aquellas publicaciones que tuvieran pretensiones académicas debieron limitarse a servir de medio de comunicación entre los abogados que pleiteaban y los académicos. Según este autor, en Bélgica no existía ninguna publicación exitosa que no tuviera que responder en alguna medida a las necesidades de la práctica legal.

Sin embargo, la Revista fue mucho más allá, ya que ofreció a sus lectores-abogados, magistrados, profesores-no solo jurisprudencia sino también artículos de doctrina, famosos escritos presentados ante los estrados judiciales, dictámenes y vistas fiscales y opiniones de funcionarios plasmadas en expedientes judiciales.

Aparecida casi contemporáneamente con el Código Civil de la República Argentina, los directores no señalaron expresamente que el motivo de la creación de la Revista fuera justamente esta circunstancia. Sin embargo, más adelante, refirieron que “la vigencia del nuevo Código desde el 1° del corriente mes de Enero, hará más interesante aún nuestro trabajo, por la importancia que en sí tiene la materia para los abogados y los jueces” (Revista, 1871,VI, pp.90-91).

Al tiempo que advirtieron que

La tarea es ardua, pero nada nos arredra en el deseo de servir a nuestros favorecedores y de hacernos un bien a nosotros mismos, reuniendo todas las decisiones de nuestros Tribunales inferiores y del Superior de Justicia, que en lo futuro constituirán un cuerpo de doctrina, digno de ser consultado a cada momento, en las dificultades que necesariamente ofrecerá con frecuencia el texto de la nueva ley. (Revista, 1871,VI, pp.90-91)

A lo largo de las páginas de la Revista se dio cuenta de las problemáticas que el Código suscitaba en la comunidad jurídica argentina, en línea con lo que afirma Marie-Laure Martínez Pralong (2001) acerca de que las revistas jurídicas son el reflejo o el síntoma de los ordenamientos jurídicos en los cuales aparecen.

La Revista fue-tal como lo que sostiene ^{Arnaud (1988}, p.3)- un observatorio para la reconstrucción de los debates jurídicos de su época-en nuestro caso, la de los primeros años de aplicación del Código Civil argentino-.

En efecto, a partir de las opiniones de quienes colaboraron con la Revista, se vislumbran las controversias que la estructuración del futuro sistema jurídico despertaba entre magistrados, abogados y profesores.

La conveniencia o no de la codificación, la necesidad de la reforma penal que planteaba Varela, la relación entre la teoría y la práctica, la formación profesional y académica de los abogados, los planes de estudio de la universidad, la conveniencia de la consideración de la Filosofía al encarar cuestiones jurídicas, el juicio por jurados y el servicio a las armas, entre otros, se discutieron en la Revista para constituirse luego en ejes alrededor de los que se delinearía el ordenamiento legal argentino.

La Revista fue justamente el ámbito en el que se efectuaron los primeros comentarios críticos del Código Civil y del Código de Comercio, el espacio en el que se plasmaron las dudas que la nueva legislación argentina planteaba a quienes debían aplicarla.

Sin embargo, queda por indagar el peso que efectivamente tuvo la Revista en el mundo jurídico del período en el que fue publicada: con qué frecuencia fue citada, a través de qué canales, qué secciones fueron más consultadas, quiénes las utilizaron más asiduamente, etc. Más allá de la comprobación de la efectiva utilización de la Revista por parte de los letrados, los magistrados y otros funcionarios, un repaso por el contenido de la Revista no deja dudas acerca de su papel como difusora de una naciente jurisprudencia, de nuevas doctrinas, de polémicas jurídicas, en fin, de una “arena” en la que se desarrollaron teorías, ideas, disciplinas, que luego contribuirían a perfilar la cultura jurídica argentina.