Sumario

Introducción. I. Entre el pasado y el presente: de la justicia transicional a las transiciones en el tiempo. II. La Junta Militar de Gobierno, el Frente Nacional y el plebiscito por la paz. III. Pacificar y Rehabilitar: contornos y formas de la paz frentenacionalista. 1. Comisiones paritarias y Comisión Nacional Asesora de Instrucción Criminal. 2. Comisión Nacional de Investigación de las Causas Presentes de la Violencia.3. Comisión Nacional de Rehabilitación y comisiones seccionales.IV. A manera de conclusión: transitando las paces frentenacionalistas. V. Fuentes primarias. VI. Referencias bibliográficas. VII. Notas al pie.

Introducción

El Frente Nacional (FN) fue una alianza celebrada entre los dos partidos políticos tradicionales en Colombia (liberales y conservadores) que puso fin a la dictadura militar que dirigió los destinos del país desde el año de 1953 a 1957, motivando la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla. Fue considerada inicialmente una transición que debía vivir el país durante doce años para retornar a los caminos de la democracia y que implicaba alternación del poder público entre liberales y conservadores, desde la presidencia de la República hasta todos los órganos y corporaciones públicas (^{Archila Neira, 1997}b; Hartlyn, 1993). La lógica de la alianza entre los partidos tradicionalmente enfrentados en el contexto de La Violencia y el fin de la dictadura, bajo la promesa de la paz, permitieron ver un escenario de posible terminación del conflicto y una invitación a comprender la lamentable situación que había vivido el país, a través de larehabilitaciónde las regiones afectadas y de los grupos humanos desplazados o víctimas del despojo de sus propiedades (^{SánchezGómez, 1988}).

La tarea rehabilitadora se hacía vital en un contexto global de Guerra Fría en el cual, al tiempo que se le intentaba ganar la batalla al comunismo, se luchaba a toda costa para transitar hacia el desarrollo (^{Escobar, 1998}). El escenario colombiano parecía retar dichas tareas; por ello, la estrategia de técnica y planificación racional para dejar atrás el subdesarrollo que se alegaba que sumía a los países latinoamericanos, asiáticos y africanos, se transformó en Colombia en una cruzada para poner fin a la violencia a través de una transición política que tropezaría inevitabitablemente con la cuestión social (Pécaut, 2001)y la pobreza como preocupaciones políticas de vieja data(^{Castro Carvajal, 2008}).

Las medidas que se tomaron, en un primer momento desde la Junta Militar de Gobierno (JMG), y en uno segundo desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo, primer presidente del FN, provinieron del gobierno central e implicaron hacer esfuerzos por comprender las causas de La Violencia para poder desplegar un plan de rehabilitación que promoviera una visión de desarrollo en las zonas que se defendieron como más afectadas por La Violencia: Tolima, Cundinamarca, Caldas, Nariño y Santander. Esta apuesta política por la paz y la reconstrucción del país tuvo corta duración en el tiempo (1958-1960), pero se erigió como un primer esfuerzo comprehensivo realizado por un gobierno colombiano para acercarse a su conflicto y atender de alguna manera las necesidades de quienes consideró damnificados, principalmente las regiones que habían sido devastadas por La Violencia.

El FN se presenta como un espacio de interés historiográfico para Colombia y el mundo. Muchos académicos han relievado la importancia de su estudio para entender los caminos que tomó la vida política colombiana (^{Daza, 2011; Hartlyn, 1993}); las voces silenciadas e historias de resistencias que pueden rastrearse (^{Archila Neira, 1997}a;^{Ayala Diago, 1996}); las paces olvidadas que parecemos haber descuidado en el tiempo (Karl, 2017), acentuando nuestros intereses investigativos en ciertos aspectos de nuestros pasados de violencia en detrimento de otros (^{Jaramillo Marín, 2014}); o, incluso, el cuestionamiento al tipo de democracia que construimos durante la segunda mitad del siglo xx en busca del desarrollo económico, naturalizando jerarquías de clase y género, al tiempo que reproducíamos desigualdades de todo tipo (^{López-Pedreros, 2019}). En este espacio imaginado, la historia del derecho tiene una deuda para aportar al análisis de los lenguajes e instrumentos jurídicos que fueron construidos para dar vida a esta apuesta, materializando paces diversas en el tiempo.

Con este escenario de fondo, el presente artículo sostendrá como tesis central que el proyecto político del FN encarnó en su primer gobierno (1958-1962) una apuesta de transición hacia la paz, que tuvo lugar con ocasión de la dramática situación de Violencia que vivió el país y la dictadura militar que se había constituido para enfrentarla. Hecho que se evidencia en las diferentes medidas que se adoptaron por la época para juzgar a altos funcionarios de Estado que pudieran tener responsabilidad en las atrocidades cometidas, avanzar hacia la comprensión del conflicto y adelantar medidas de rehabilitación socioeconómica de las zonas afectadas y de los grupos humanos desplazados o víctimas del despojo de sus propiedades, a través de instancias creadas y coordinadas por el gobierno nacional, para ser desarrolladas por los gobiernos locales y que implicaron un importante esfuerzo presupuestal dirigido a materializar la política pública del Plan Nacional de Pacificación y Rehabilitación; así como la primera posibilidad que tuvimos como colombianos de aproximarnos a las consecuencias que había dejado en nuestras regiones la época de La Violencia.

La mencionada apuesta debe verse a la luz de sus limitaciones. No se habla entonces de un ejercicio de verdad, justicia y reparación desde su sentido y visión contemporánea durante el FN, sino de la posible presencia de elementos básicos de las transiciones hacia la paz en la experiencia de las comisiones frente nacionalistas, que fueron creadas en el contexto de un conflicto armado que se creía iba a llegar a su final, llevándonos a un escenario de pos-violencia. Tampoco pretende mostrarse como una experiencia transicional exitosa o afortunada, sino simplemente como parte de un pasado complejo que debe abrirse a interpretaciones por su potencial para ayudarnos a entender el presente.

El presente artículo que se presenta se aparta de un esfuerzo anacrónico por ver a la justicia transicional (JT) en el pasado. Sin embargo, se aventura a dialogar con ella, destacando la importancia para cualquier proyecto transicional contemporáneo de dialogar con los pasados de las paces latinoamericanas y la búsqueda de las transiciones propias en el tiempo, como apuestas de las comunidades políticas para dar vida a nuevos horizontes de expectativa, políticos y económicos, reconocer sujetos en desconocimiento de otros, generar narrativas sobre pasados dañosos, buscando restituirlos, repararlos o transar con ellos de diversas formas. Al interior de estas apuestas, el derecho cobra un papel vital para fijar las reglas que darán vida a la paz a la que se aspira, interactuando con reglas previas de todo tipo y la historia del derecho puede contribuir al propósito de cuestionar la aparente neutralidad de los instrumentos jurídicos creados para facilitar la paz, visibilizando a los sujetos que reconoce y a las distribuciones de recursos con las que se compromete en un momento determinado para impulsar un tipo de transición, dejando en el camino otras paces posibles.

Así, las líneas que se escriben pretenden compartir algunos elementos que contribuyeron al surgimiento, desarrollo y declive de esta apuesta política, señalando que la misma puede ser considerada una experiencia de transición hacia la paz en Colombia, una de muchas otras que podrían historiarse a lo largo del tiempo. Corresponderá al lector entonces evaluar su potencialidad para contribuir al presente de las transiciones latinoamericanas, bajo el entendido de que el escenario de persistencia del conflicto armado en el que se desarrolló favoreció de manera decisiva a su abrupta finalización.

El texto se organiza en cuatro grandes apartados. El primero, parte del presente de las transiciones para desafiar la idea de que las mismas solo puedan tener lugar bajo el concepto contemporáneo de la JT. En este apartado se defiende que la historia colombiana puede ser entendida como una sucesión de transiciones hacia la paz, desde su búsqueda permanente por tramitar pasados/presentes conflictivos, desplegando fórmulas diversas para alcanzar paces disímiles que deben ser historiadas. El segundo y el tercer apartado se enfocanen reconstruir para el lector, dentro de los límites de un texto corto, los objetivos del Programa Nacional de Pacificación y Rehabilitación en los inicios del Frente Nacional en Colombia, mostrando algunos de los espacios creados a través de las preguntas que esperaban resolverse en ese momento histórico y que fueron surgiendo de manera asincrónica y, paradójicamente, poco planificada para avanzar, entre la ilusión y la incredulidad, a un escenario donde la atrocidad y el abandono estatal pudiesen ser superados con una alianza política, permitiendo nuevas miradas para contribuir al desarrollo económico desde las formas y contornos de la paz que se buscaba. El cuarto, da algunas pistas sobre por qué el Programa llega a su final y, a manera de conclusión, ofrecerá algunas ideas sobre la importancia de abrir a la búsqueda de transiciones en el tiempo.

I. Entre el pasado y el presente: de la justicia transicional a las transiciones en el tiempo

La JT se presenta hoy como un objeto dirigido y construido para procesar escenarios de atrocidad masiva.¹ Dentro de sus múltiples objetivos, puede encontrarse la persecución penal de aquellos a quienes se responsabiliza de las violaciones a los derechos humanos; la búsqueda de la verdad; la reforma del derecho y de la institucionalidad para frenar escenarios de concentración y abuso de poder; el cambio social y el desarrollo económico, entre otros. Pese a su variedad de propósitos, la JT despliega su quehacer para lidiar con la tensión entre mantener el orden y la estabilidad al tiempo que promueve la transformación social, sin que existan muchos estudios dirigidos a explorar las formas en las que efectivamente contribuye a dicha transformación (^{Gready y Robins, 2020; Williams et al., 2012}).

Para algunos autores como Elster (2004)² y Teitel (2003) la JT, con independencia del lugar, fin perseguido o momento en el que se hace presente, puede identificarse por algunos elementos centrales, entre ellos: la identificación de un régimen opresor o de extrema violencia que busca dejar atrás a través de la restauración del imperio del derecho y la transformación radical del orden social (Teitel, 2003, p. 1, 26); el despliegue de un aparataje administrativo que toma diversas formas en atención al contexto sociopolítico y que involucra diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales para definir lo que se considera una transgresión bajo los lentes de la transición, el tipo de retribución que se exigiría a los perpetradores y el reconocimiento y tratamiento a quienes se considera víctimas de los graves hechos de violencia (^{Elster, 2004}, p. 152).

Como se ha sostenido, el artículo que se presenta no persigue la empresa elsteriana de ver a la JT en el pasado, sino que invita al lector a abrir a la comprensión de las transiciones en el tiempo, respetando sus construcciones, lenguajes, búsquedas y actores, al tiempo que los visitamos en su desfile por el viaje del tiempo (^{Carr, 2018}). Lo anterior tiene sentido, en tanto resulta plausible observar que las preocupaciones contemporáneas de las transiciones han estado presentes, aunque con otros contornos y contenidos, en el pasado en las transiciones latinoamericanas. Durante el periodo que se propone analizar al interior del FN, Colombia vivió un cambio político que se justificó, a juicio de sus precursores, por la situación de extrema violencia que vivía el país, la necesidad de regresar a la normalidad y rechazar la excepcionalidad de la dictadura y el estado de sitio permanente.

Su naturaleza implicó comprenderlo como parte de una transición limitada en el tiempo que llevaría al país hacia la paz, motivada por la necesidad de una transformación social que dialogaba con un contexto social que hacía imperioso avanzar hacia la búsqueda del desarrollo económico. Este objetivo, para sus protagonistas, requirió de medidas judiciales como la Comisión Nacional Asesora de Instrucción para la investigación de la conducta de altos funcionarios de Estado; y administrativas, como el diagnóstico de La Violencia en un ejercicio de contar lo sucedido, y la adopción de medidas para rehabilitar a personas y regiones a través de créditos, medidas de reasentamiento o reubicación y construcción de obras, a través de un Plan que sectorizó la violencia y que buscó insertar a las zonas violentas en el proyecto político y económico que construía para tal fecha el país. Medidas que en conjunto nos dan pistas sobre la apuesta de paz del primer gobierno del FN en Colombia.

Esta investigación histórico jurídica corta se vale de una metodología cualitativa, en la que predomina el método crítico o de aproximación crítica a las fuentes, bajo el entendido de que las mismas no pueden analizarse como objetos imparciales e independientes del sujeto(^{Silva, 2003}, p. 29) y que acepta la invitación de tomarse a las fuentes jurídicas en serio en la relación fuente-contexto:

Tomarse el constitucionalismo en serio implica reconocer, por una parte, que este tipo de fuentes, como el derecho en general, se mueve con una autonomía relativa, limitada y disputada en las corrientes a veces calmadas y a veces turbulentas de la realidad política y social y, por tanto, lo ocurrido muy a menudo no coincide con lo que tales fuentes relatan; pero, por la otra, ello no significa que dichas fuentes de corte normativo no ofrezcan ningún tipo de aporte significativo al análisis jurídico histórico. (^{Barreto Rozo, 2011}, p. 36)

Se han escogido principalmente fuentes primarias: decretos legislativos de la época, documentos manuscritos por la JMG, la Presidencia de la República del periodo de Lleras Camargo y su Secretaría General, el Ministerio de Gobierno, algunas de las actas e informes de las Comisiones que se estudiaron y las comunicaciones que suscribieron, cartas enviadas por los ciudadanos y organizaciones al Presidente de la República a las comisiones y a los ministerios, discursos, noticias de prensa de los diarios El Independiente (hoy El Espectador) y El Tiempo.Se ha buscado contrastarlas entre sí, contextualizarlas e intentar analizarlas desde diferentes ángulos, relieves y estudios sobre el momento que se explora.

Para su realización fue indispensable visitar los documentos que reposan en el Archivo General de la Nación, la biblioteca del Congreso General de la República, los registros de prensa nacional y regional que se encuentran en la Hemeroteca de la biblioteca Luis Ángel Arango y emprender una búsqueda de literatura de apoyo, disponible en internet a través de revistas electrónicas y en las bibliotecas de las universidades Andes, Nacional y Pontificia Universidad Javeriana.

II. La Junta Militar de Gobierno, el Frente Nacional y el plebiscito por la paz

El FN pasó a la historia de Colombia como un acuerdo político celebrado entre liberales y conservadores, bajo la bandera de afianzar la unidad nacional y restablecer el país después de la dictadura del General Rojas Pinilla y la época conocida como La Violencia. Dicho acuerdo implicaba la repartición del poder público en todas sus expresiones entre los partidos políticos tradicionales, bajo las figuras de la alternación presidencial, paridad burocrática y cooptación judicial (Decreto 0247 de 1957, Preámbulo y arts. 2, 4, 6 y 12).³

Como proyecto político, su apuesta principal y la promesa que encerraba su ideario fue la paz, un valor que parecía ser tan solo un sueño para los colombianos por lo menos desde 1946,⁴ como lo evidencia la Declaración de Sitges:

El país padece actualmente de una inquietante agitación, de un recrudecimiento de la violencia y de una muy aguda crisis económica, y parece preciso manifestar los requisitos esenciales para que tamaños males desaparezcan. (…) Necesitamos los colombianos, ante todo, una política de paz, mejor aún, una política que produzca la paz. (…) La tragedia de cada transición de poder en Colombia ha sido esa, no por la importancia, inexistente del cuerpo de empleados en relación con la población del país, sino porque son empleados o aspirantes quienes promueven la violencia para defender sus cargos o la desatan para adquirirlos. (^{Vázquez Cobo Carrizosa, 1960}, p. 278)

Colombia había vivido por aquel entonces, durante por lo menos diez años, una época que se conoce con nombre propio: La Violencia. Un fenómeno que había dejado innumerables pérdidas humanas y materiales y al que se responsabilizaba como sujeto, atribuyéndole existencia propia. A las preguntas: ¿Por qué fue desplazado? ¿Quién asesinó a sus padres? ¿Quién lo hizo bandolero? ¿Por qué no tiene empleo? La respuesta frecuente era: La Violencia. Hecho que motivó a algunos historiadores a ver a La Violencia en ese periodo como un sujeto histórico, en extremo analizado bajo una suerte de “fetichismo lingüístico y fatalismo histórico” (^{Jaramillo Marín, 2011}, p. 12).

Gonzalo Sánchez (1988) asume este tipo de narrativa para explicar el daño sufrido en esa época:

La Violencia había sembrado de muertos los campos de Colombia. Pero, además, la Violencia había descentralizado la propiedad en unas zonas, había paralizado la producción en otras y había trastornado los canales de comercialización en muchas, es decir había alternado de diversas maneras el orden económico y social. (p.21)

Para los gestores del FN esa Violencia tenía exclusivamente causas políticas que podían remediarse con la alianza bipartidista; aunque la realidad era otra y fue conocida también por la JMG que antecedió el primer gobierno del FN. Todos sabían que el país vivía en caos no solo por el conflicto y el pánico generalizado en las calles que daba cuenta de eso, aun cuando no se habían realizado todavía esfuerzos estadísticos⁵ o de comprensión de la situación:

[La cuestión social] ha sido el tema candente en la realidad de la calle, junto con el económico. No ha sido el principal de los periódicos, que están absorbidos por el tema político. Causas Próximas: contracción monetaria, restricción del crédito, disminución de importaciones, de efecto bueno, pero retardado que producen de inmediato paradas intempestivas en la actividad económica y financiera, en los frentes de trabajo, alzas en los costos esenciales de vida y pánico. Este factor psicológico del pánico actúa muy fuertemente, dada la sicosis colectiva del momento, en todas las clases sociales, económicas y políticas, y se difunde a veces espontáneamente, a veces intencionalmente desde los bancos hasta las tiendas de barrio. (Dirección de Información y Prensa, 1957, f. 1)

No obstante, se responsabilizaba a la dictadura del general Rojas Pinilla de la violencia recrudecida y el caos generalizado, y se defendía que la raíz del problema era netamente política; respaldando estas afirmaciones con algunos datos según los cuales las muertes producidas por La Violencia en el año de 1951 (momento cumbre del enfrentamiento político) fueron 10 319, con un descenso a 900 en el 53, con la llegada de Rojas al poder, en un momento en el que se justificaba su presencia. Cifra que, sin embargo, crecería nuevamente de forma alarmante a 11 136 en el año de 1956, como reflejo del exceso de poder de la dictadura y que se constituía en la razón por la cual el país necesitaba una profunda transformación política que lo llevara de regreso a la normalidad. Los datos estadísticos proporcionados por Oquist se basaron en la reconstrucción que, por aquel momento, hizo, de manera temprana, la Compañía Colombiana de Datos y, tardía, la Policía Nacional (^{Oquist, 1978}, p. 18).

Es por ello que, tratando promover como ideario la búsqueda de la paz de un conflicto que se diagnosticó como político, a partir de la alianza bipartidista y el regreso a la normalidad, se firmaron: el “Acuerdo de Benidorm”, que tuvo lugar en un municipio español que le da su nombre y que se suscribió entre Alberto Lleras Camargo (liberal) y Laureano Gómez (conservador), el 14 de julio de 1956; el “Manifiesto conjunto de los Partidos Liberal y Conservador” o “Pacto de Bogotá”, el 20 de marzo de 1957, y finalmente, el 20 de julio de 1957, la “Declaración de Sitges”. No obstante, es impreciso decir que la alianza frente nacionalista fue aceptada sin reparos, ya que desde sus inicios se denunciaban los riesgos que tal figura podía generar al sistema político y la oposición del gabinete ministerial del general Rojas Pinilla, que se mostraba renuente a dejar el poder hasta que el general culminara su mandato presidencial, lo que no hubiera ocurrido hasta 1962.

Sin embargo, la convulsionada agitación social por protestas permanentes, la presión mediática proveniente de diarios censurados en la época de la dictadura que seguían funcionando con otros nombres,⁶ y la fuerte alianza que parecía haberse formado para el retorno a la normalidad constitucional llevaron probablemente a la renuncia de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957 (^{Serpa Erazo, 1999}, p. 520). Rojas Pinilla envía nota a la JMG el 13 de junio de 1958: “Al llegar al poder me correspondía, como soldado, restaurar el prestigio militar y devolver la paz a la República” (Serpa Erazo, 1999, p. 520). En su lugar, una JMG, designada por el mismo Rojas Pinilla, se encargaría de gobernar al país del año 1958 al de 1962, fecha en la que se celebrarían elecciones presidenciales y se sometería a la consideración nacional la propuesta frente nacionalista (Junta Militar de Gobierno, 1957a, f. 123).

El proyecto político del FN se presentó como una transición necesaria y definida en el tiempo: “Este acuerdo fundamental de los partidos requiere, ante todo, que se regrese al orden constitucional por el único camino que ha quedado libre y el único que restaura la fuente del poder segada por la dictadura” (Congreso de la República, 1959, pp. 16-29).

El 15 de junio de 1957 Lleras Camargo afirmó en una alocución que tuvo lugar en el municipio de Girardot que la intención del FN era llevar a cabo una “rectificación fundamental de la teoría del gobierno de partido”, y que se esperaba que doce años después nuevas fuerzas y partidos políticos llegaran al debate electoral convirtiéndose en “agentes civiles de opinión” (^{Valencia Gutiérrez, 2011}, p. 191).

Doce años fueron entonces los que se le pidieron en inicio al país para transitar el camino hacia la paz. Un alto impostergable, que prometía los mejores resultados:

Ante el desasosiego que la República padece por las secuelas de las dictadura y la persistencia de los males apuntados, tiene que ser recibida con entusiasmo y júbilo la enunciación de un sistema que restablecerá inmediatamente el predominio de la Constitución (…)quedará eliminado el motivo cardinal de la agitación partidarista; desaparecerá el temor a un desastroso vencimiento de un partido oprimido por el otro; la patria podrá contar con la cooperación de los ciudadanos más conspicuos sin ser perturbada por exclusivismo sectario; el entendimiento de los buenos hijos del país para laborar será una consecuencia obligada del nuevo planteamiento de la vida política. Semejante horizonte de justicia, de ecuanimidad, de sosiego, que reemplace prontamente la acerbia [sic] pasional y la arbitrariedad abusiva que han venido imperando. (…) Con él es posible entrever nuevos días de grandeza nacional, de justicia perfecta y de la paz fecunda y tranquila que la equidad engendra. (^{Vázquez Cobo Carrizosa, 1960}, pp. 282-283)

El ambiente frente nacionalista creció en todo el país y la JMG, de la mano de los candidatos de los partidos tradicionales, hicieron una amplia difusión del Plebiscito que permitiría reformar la Constitución Nacional de 1886 y dar cabida al proyecto presentado por los partidos políticos. El papel de la JMG fue de total relevancia y hace parte integral dela experiencia del mismo FN, en atención a que fue desde su impulso en el año de 1957 que se logró el plebiscito que le dio origen constitucional, y a que su gobierno se prolongó hasta la posesión del primer presidente del Frente.

Quizá, motivada por la presión mediática de constituir un gobierno elegido por el presidente saliente, a quien la opinión pública presentaba como un dictador, la JMG designó a la Oficina de Prensa del Departamento de Coordinación Social de la Presidencia la tarea de entregarle de manera periódica por intermedio de su coordinador, Gonzalo Canal Ramírez, un balance de opinión, que se remitía semanalmente de forma privada a la Presidencia con destino a la JMG. De esta manera, este periodo se caracteriza por haber recogido en las calles de las principales capitales la opinión de los habitantes sobre temas económicos sociales y políticos. Este limitado ejercicio de carácter urbano constituye una fuente interesante para los temas objeto de estudio, como el Plebiscito que, aun cuando se mostraba en la prensa como un fenómeno de gran popularidad, evidenciaba desde el inicio riesgos y graves problemas que no escaparon al conocimiento del gobierno nacional:

(…) La opinión de la calle mira el plebiscito como una opinión de emergencia política, de corta duración, necesaria a las actuales circunstancias, pero susceptible de muchos reparos constitucionales y políticos, entre ellos: a) consagración de la dictadura de los directorios; b) exclusión de si quiera la posibilidad de formación de otras formas políticas intermedias; 3) excesiva fe en la solución numérica para problemas de otro orden distinto del aritmético, políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos. 4) ausencia de alguna disposición en materia social; 5) desconocimiento antidemocrático del derecho de las minorías. (Dirección de Información y Prensa, 1957, f. 2)

Igualmente, un profundo desconocimiento de lo que la reforma plebiscitaria implicaba o del precio que debían pagar los colombianos para transitar hacia la paz:

La ignorancia ante el plebiscito es mayor de lo imaginable, no solamente entre el pueblo. Esta mañana (4 de noviembre) en la Universidad Nacional, el Doctor Miguel Aguilera, profesor de derecho español e indiano, y el R.P. José Farias, profesor de Derecho Canónico, sostenían que el plebiscito no era una reforma constitucional. (Dirección de Información y Prensa, 1957, f. 16)

Fue en este contexto que el 1 de diciembre de 1957 se aprobó el plebiscito que permitió reformar la Constitución Nacional de 1886 y adoptar el sistema de gobierno propuesto por el FN (Decreto No. 0247 de 1957). Así como, el 4 de mayo de 1958, fue elegido popularmente el primero de sus presidentes, proveniente del liberalismo: Alberto Lleras Camargo (El Tiempo, 04/05/1958a,05/05/1958), después de que se frustrara días antes un intento de secuestro en su contra.Dos días antes de las elecciones, el Ejército Nacional descubrió un túnel que comunicaba a una vivienda con la residencia de Lleras Camargo y fue rescatado cuando era conducido a un cuartel de insurgentes. Las noticias registraron el hecho como un intento de secuestro que buscaba amenazar la democracia (El Independiente, 15/05/1958;El Tiempo, 04/05/1958a).

Los exorbitantes resultados electorales a favor de Lleras con la política frente nacionalista (El Independiente, 05/05/1958) y paralelamente el apoyo de la prensa que pregonaba con el nuevo gobierno el fin de la censura⁷ generaron un clima de esperanza y de fraternidad en algunos sectores sociales, que veían en el nuevo mandatario un cambio posible y “un nuevo comienzo” (El Independiente, 03/05/1958;El Tiempo, 03/05/1958, 10/05/1958).

Lleras Camargo había renunciado previamente a la dirección del Partido Liberal para lanzarse a la presidencia (El Tiempo, 06/05/1958), de conformidad con su campaña política que lo dio a conocer como un presidente sin preferencias partidarias:

Al poner mi nombre a disposición de los colombianos para que le otorguen su confianza en las elecciones, o se la nieguen, me separo de la Dirección del Liberalismo porque me considero obligado a representar a los dos partidos por igual, y dentro de ellos no sólo a los que acompañan mi candidatura, sino inclusive a quienes van a combatirla. (…) El rojo y el azul, que han sido tradicionalmente los colores simbólicos de nuestros dos grandes partidos políticos, van pues, a combinarse y confundirse, con todos sus tonos extremos e intemedios, en la paleta prodigiosa de este artífice máximo de la armonía nacional. Vamos pues, a tener al cabo de medio siglo otro presidente incoloro, en cuya personalidad no coloreada por reflejo alguno de divisa partidaria, se vea lucir sin mancha ni deslustre, por obra de su honrada imparcialidad, los amados colores de la bandera de la patria. (El Tiempo, 04/05/1958b, p. 1)

Resulta posible pensar entonces que, si se explicaba la extrema situación que vivía el país de violencia y caos generalizado como producto del enfrentamiento político de liberales y conservadores y a los efectos de la dictadura de Rojas Pinilla, realizada la alianza entre partidos políticos por la alternancia del poder representada por un presidente “incoloro”-y finalizada la dictadura- desaparecerían las causas de la Violencia y el caos generalizado; con lo que Colombia podría retomar su camino hacia la paz. Tal situación parecía ideal para propiciar la construcción del futuro del país en el tránsito de la dictadura a la democracia y en un contexto en el que, durante mucho tiempo, los gobiernos solo habían pensado en conjurar situaciones de emergencia a través del uso desmedido de los estados de sitio (^{García, 2001}, p. 359). En efecto, una de las promesas de Lleras implicaba no hacer uso de decretos legislativos que contemplaran medidas excepcionales, ya que de regreso a la normalidad dicha medida se tornaba innecesaria (El Tiempo, 28/05/1958). El fenómeno frente nacionalista se presentó entonces como el fin del conflicto, más aún después de su popularidad que invitaba a pensar que La Violencia, había concluido (Meertens, 2000, p. 42); aunque, claro está, desde sus inicios se corroboraría lo contrario, cobrándole a la estrategia pacificadora el haber omitido deliberadamente la situación que se continuaba viviendo en las regiones.

Los factores descritos nos llevan a pensar en un verdadero escenario de transición hacia la paz para la época, no solo definida en el tiempo (el periodo de 12 años pensado inicialmente fue extendido a 16, y permitió que tal figura se diera en el país hasta el año de 1974), sino también motivada por una situación de extrema violencia y un régimen anterior al que se juzgaba como opresor y autoritario y el deseo de transformar a la sociedad dejando atrás al pasado, a través de decisiones políticas y en el marco del Estado de derecho.

III. Pacificar y Rehabilitar: contornos y formas de la paz frente nacionalista

La paz frente nacionalista toma forma en diferentes tiempos y responde a diversas estrategias. El clímax de renovación que acompañaba la época permitió a los actores en el poder orientar sus esfuerzos hacia el restablecimiento del Estado de derecho y el sistema democrático. Las discusiones se orientaron a pensar en la institucionalidad que debía crearse para avanzar luego de La Violencia. El común denominador fue la necesidad de diagnosticar el conflicto y sus dinámicas territoriales. Por ello y para atender la pregunta por el ¿cómo atender la transición? La construcción de espacios como las comisiones paritarias se hicieron vitales para pensar en la necesidad de adecuar medidas extraordinarias que, por fuera de la cotidianidad del ordenamiento jurídico, se fijaran como meta diseñar estrategias de superación del conflicto.

La transición hacia la paz frente nacionalista también se preguntó ¿qué hacer con los grandes responsables de las atrocidades pasadas? En un contexto global donde Hitler y Mussolini se mostraban como los grandes gestores de la guerra, Colombia evaluaba el alcance e impacto de su propia dictadura a través de la Comisión Nacional Asesora de Instrucción Criminal.

Con el peso de los pasados que aún no habían sido nombrados, la Comisión Investigadora de las Causas Pasadas y Presentes de la Violencia desplegó su actividad para responder a las preguntas por el ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Cómo superarlo?

Con zonas priorizadas por sus pasados de violencias y con una mirada que implicaba resarcir daños desde una perspectiva social colectiva, la Comisión Nacional de Rehabilitación cuestionó el ¿cómo debían restaurarse las zonas violentas en Colombia y de qué manera podían resarcirse los daños sufridos por los damnificados?

La pacificación implicaba en la práctica un ejercicio de normalización de las zonas violentas para garantizar el retorno del orden público y el monopolio de la fuerza a cargo del Estado; rehabilitar, de su parte, se tradujo en un ejercicio para la construcción y la reconstrucción estatal en lugares de abandono histórico. La apuesta rehabilitadora, por su naturaleza ultra focalizada, tropezaría muy pronto con los problemas estructurales de la Colombia olvidada. Los siguientes acápites muestran algunos de los contornos y formas de las estructuras creadas.

1. Comisiones paritarias y Comisión Nacional Asesora de Instrucción Criminal

El rumbo político del país se había definido prácticamente desde la renuncia de Rojas Pinilla al poder. Debido a ello, la JMG que lo reemplazó, se ocupó de apoyar a los partidos políticos en su deseo de alianza y contribuir a la comprensión de la situación para que las medidas que se tomaran en el curso de los gobiernos venideros:

La prensa aplaude unánimemente el actuar de la junta. El hecho más elogiado de los 5 meses “a) el factor de equilibrio político de la junta; b) la consulta de opinión que esta hace frecuentemente; c) el hecho de que la junta considere el problema interno de los partidos como ajeno a sí misma, y a la vez propicie su unión”. (Dirección de Información y Prensa, 1957, f. 2)

Es por ello que el inicio del FN y el surgimiento de las Comisiones de Paz y Rehabilitación como parte del Programa Nacional de Pacificación y Rehabilitación no pueden verse por fuera de la JMG y su gestión, ya que fue durante el tránsito del plebiscito frente nacionalista y la elección y posesión de Lleras Camargo que dichas ideas se gestaron.

El ambiente favorable de opinión que tenía la JMG, y que corroboraba desde su oficina de prensa, la motivaron a comprender las situaciones que se consideraban más apremiantes no solo en lo político, sino también y principalmente en lo económico y social:

Se sugiere constituir un comité para estudio y aplicación del Plan Lebret (…) Buscar la manera de mantener ante el público el tono del gobierno en la cuestión social. El pueblo lo espera, no como demagogia, pero si como cierta mística oficial al respecto. (…) Se vive en las calles la lógica transición de una situación de desajuste, a una situación de reajuste. Causas generales: lo indica el informe de (Padre) P. Lebret (semejante al informe Currie), conclusiones: “a) incapacidad de los dirigentes; b) insensibilidad de los pudientes; c) ignorancia e impreparación generales; d) falta de religiosidad. Causas especiales: el orden público agravado que interrumpe el trabajo de los campos y concentra en las ciudades masas campesinas sin trabajo, sin orientación y sin capacidad para oficios”. (Dirección de Información y Prensa, 1957, ff. 1 y 9)

El Plan Lebret, del que tanto se hablaba por la época y que tuvo gran influencia, fue un informe entregado por el Padre Lebret⁸, de origen francés, en el marco de un programa de las Naciones Unidas que buscaba impulsar el desarrollo económico de diferentes países, y que señalaba para Colombia importantes recomendaciones -ligadas a la moral cristiana- sobre la importancia de analizar La Violencia en Colombia desde nuevas ópticas: “Las divisiones de los colombianos en adelante, no serán verticales (políticas), sino horizontales (de clases) (P. Lebret.)” (Dirección de Información y Prensa, 1957, f. 4).

Es evidente que existe un gran desequilibrio entre las clases sociales. Estudios tan complejos y profundos como el realizado por “Economía y Humanismo”, bajo la dirección del Padre Lebret, demuestran científicamente este hecho. Colombia ha tenido ya algunos resultados violentos de este desequilibrio. Sería absurdo que el estado, sus legisladores y las clases dirigentes, cerraran los ojos a estas realidades, ya que las masas colombianas, en la proporción alarmante del 80 %, están en trance de beligerancia política para conquistar los bienes económicos y culturales a que tienen derecho. (Junta Militar de Gobierno, 1957c, f.258)

Este escenario, que motivaba a pensar en lo social, permitió que se constituyeran en febrero de 1958 las llamadas comisiones paritarias de lo económico, lo político y lo social.Organismos que integrados por un número igual de liberales y conservadores permitieron adelantar por primera vez discusiones sobre las graves situaciones que vivía el país (El Independiente, 10/02/1958, 21/02/1958). De igual forma, y bajo el entendido de que debían exigirse responsabilidades de quienes hubieran contribuido a originar tales situaciones y calamidades, fue creada la “Comisión Nacional Asesora de Instrucción Criminal para la investigación de altos funcionarios de Estado”, mediante Decreto 0165 de 21 de mayo de 1958, bajo el gobierno de la JMG que entregaría el poder hasta el 7 de agosto de ese año a Alberto Lleras Camargo.

Esta comisión fue muy divulgada en la prensa del momento, atribuyéndole la capacidad de poner fin a situaciones de corrupción en el país. Sin embargo, en la práctica, se entendió como la comisión creada con el fin de investigar los “crímenes de la dictadura de Rojas”, constituyéndose en un juicio de vencedores a vencidos, que daba muestras de una enorme retaliación de la prensa aquel censurada por el otrora dictador:

Urdaneta Arbeláez citado a declarar. Por orden suya se habría hecho el primer negocio con Rojas Pinilla 11 días antes del 13 de junio. “Decretan inspección en los baldíos de Rojas Pinilla”. “Dos nuevas acusaciones contra Rojas por la libertad de “El Cóndor” de “Darío Sierra” “Protegidos de Rojas eran los terroristas Currea y Bolívar”. (El Tiempo, 18/05/1958, s. p.)

En agosto del año 1958, Rojas regresó al país para defenderse de las acusaciones que le había formulado la Comisión Nacional de Instrucción Criminal a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso General de la República, entre las que se encontraban: a) Contrabando de ganado, b) Indignidad por mala conducta, c) Contribución a la liberación de los criminales: León María Lozano (Cóndor de Tuluá, creador de los pájaros en el Valle del Cauda) y Darío Sierra (bandolero de Cundinamarca), entre otras (^{Valencia Gutiérrez, 2011}, p. 188).

La Comisión de Acusaciones optó por desarrollar un juicio público que tuvo mucha difusión en medios radiales y escritos, y que, paradójicamente, se constituyó en uno de los primeros espacios en los que se habló abiertamente de La Violencia. Desde allí se le contó al país sobre el número de muertos que se registraba a diario y la crisis que sufrían las regiones (ValenciaGutiérrez, 2011, p. 187). Incluso, tuvo que ser suspendido por un periodo de tiempo ante el impacto que generó en la opinión pública la amenaza de Rojas sobre revelar y probar la autoría intelectual del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, lo que nunca sucedió: “Rojas dice que muy pronto habrá gran hecatombe. Gran revelación se hizo anoche en el Senado. Que ya no puede contener a las Fuerzas Armadas y al pueblo, dice” (El Independiente, 11/02/1958, s. p.).

Cuando el juicio fue retomado de la misma manera fueron retomadas las discusiones sobre la Violencia (El Tiempo, 06/11/1958a). Y como era de esperarse, Rojas fue condenado a la pérdida de sus derechos políticos, sus bienes y su pensión presidencial. Aunque tal condena fue revocada por la Corte Suprema de Justicia el 31 de Julio de 1963 y pudo recuperar sus bienes y derechos, se puede ver el juicio de Rojas Pinilla como una cortina de humo que permitió culpar a la dictadura de todos los problemas de La Violencia y evitar asignar responsabilidades individuales (^{Valencia Gutiérrez, 2011}).

El juicio de Rojas Pinilla permitió entonces, aunque de manera involuntaria, abrir al debate público los hechos y consecuencias de La Violencia, y se convirtió en la única acusación formulada por la Comisión Nacional de Instrucción Criminal⁹; viéndose ante la tribuna pública como un juicio de rendición de cuentas que se hacía a la depuesta dictadura (El Tiempo, 10/05/1958). Fue de tal magnitud la tensa situación que se produjo con el juicio, que el presidente Lleras Camargo decretó el 3 de diciembre de 1957 el estado de sitio, rompiendo una de sus promesas de gobierno, bajo el entendido de que se encontraba nuevamente turbado el orden público en todo el territorio nacional por la existencia de un plan subversivo para derrocar a la autoridad legítimamente constituida (^{Valencia Gutiérrez, 2011}, p. 199).

2. Comisión Nacional de Investigación de las Causas Presentes de la Violencia

Aun en el gobierno del FN y siguiendo las orientaciones del Plan Lebret, los informes de opinión y las recomendaciones de las comisiones paritarias, la JMG expidió el Decreto 0165 de 21 de mayo de 1958, por medio del cual se crea la Comisión Nacional Investigadora de las Causas Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, integrada por un grupo de personas designadas por el gobierno con el objetivo de analizar y normalizar el drama producido en las regiones de Caldas, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, que habían permanecido en estado de sitio más de una década y que se extendería posteriormente por recomendaciones de la propia Comisión a Cararé y Sumapaz (Decreto 0221 de 1958). Con muy poca información sobre sus orígenes y motivaciones:

No hay una versión unánime sobre quiénes fueron los gestores de La Investigadora. De una parte, su creación parece haber derivado de las recomendaciones realizadas por una comisión previa de ministros nombrada por la Junta Militar. De otra parte, los mismos miembros de esa Junta argumentarían en su momento que serían Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez los que la impulsarían, tratando de buscar soluciones humanas y justas a la Violencia. (Jaramillo Marín, 2011, p. 42)

La Comisión Investigadora, La Investigadora o Comisión de Paz, como se le llamaba en los periódicos (El Independiente, 28/02/1958), tenía la función de viajar a los departamentos seleccionados con el ánimo de entender la situación de Violencia que se vivía, propender por la paz y generar recomendaciones al gobierno nacional para dirigir sus pasos hacia la reconstrucción del país.

Aun cuando se pensaba integrar la comisión con dos delegados del partido conservador, no fue posible hacerlo, en atención al rechazo de los cargos por parte de los conservadores que eran sugeridos, las divergencias de opiniones dentro del directorio conservador (^{Jaramillo Marín, 2011}, p. 44) y la necesidad que habían expresado el presidente electo, Lleras Camargo, y la JMG, que aún se encontraba en el poder, de dar curso cuanto antes a la iniciativa de diagnosticar las situaciones de La Violencia en las regiones, con miras a rehabilitarlas (Decreto 0165 de 1958, Consideraciones).

Varias consideraciones se tornan interesantes para la comprensión de ese momento histórico y la situación que se atravesaba. Las víctimas recibieron desde ese momento tal denominación, aunque eran tratadas jurídicamente como damnificados. Nombre que hace ver a la Violencia casi como un fenómeno natural, un mal que tuvimos que vivir y que nos imponía el reto de sobrevivir, reconstruir y seguir adelante. La designación de los miembros de la Comisión Investigadora tuvo reparos por parte de las víctimas que pedían desde ese tiempo participar del proceso de comprensión del pasado y de la formulación de planes de política pública para atenderlo (Junta Militar de Gobierno, 1957e, f. 9).

Resulta interesante ver a las víctimas de ese pasado reclamando participación en las políticas que se estaban adoptando para la comprensión del conflicto y que iban a tener influencia decisiva en las políticas de rehabilitación de los asentamientos humanos y territorios, como lo había anunciado Lleras Camargo (El Tiempo, 28/05/1958, 04/11/1958).

Sin embargo, la Comisión creada duró algunos meses sin viajar a los territorios establecidos, aduciendo que se encontraba trabajando en la comprensión de la situación desde los informes enviados por la Secretaría de Asistencia Social (SAS) y los lineamientos fijados por la Misión de Economía y Humanismo del Padre Lebret (Junta Militar de Gobierno, 1957c, 1957d; Jaramillo Marín, 2011). Cuando finalmente lo hizo, gozó de gran popularidad en los sectores visitados; fenómeno que quizá no se hubiera presentado si la Comisión no hubiera estado dirigida por un sacerdote de la Iglesia católica. Es necesario señalar que mucha información proveniente de esta experiencia se perdió por completo, ya que en atención al mandato del artículo 4º del Decreto creador de la Comisión, se pidió total reserva de la información que fuera recaudada, buscando evitar que se los ánimos se pusieran calurosos y que, a la menor noticia mal manejada, se desatara el caos generalizado: “Artículo 4°. Los informes que la Comisión rinda en desarrollo de sus funciones serán Reservados y solamente el Gobierno podrá disponer su publicación, total o parcial para los intereses del país y la paz pública” (Decreto 0165 de 1958).

Hay muchas posibles especulaciones que surgen de la situación narrada. El hecho de que en un ambiente caracterizado por informes escritos para todas las actividades realizadas por las entidades del Estado y el empleo de formalidades de todo tipo como el papel oficial se haya pedido a la Comisión Investigadora que rindiera informes verbales; el limitado tiempo que se le dio para diagnosticar las causas de la Violencia (sesenta días) en un tema que se creía tan trascendental y que demandaba mucho más tiempo, la prohibición expresa de no revelar información para contribuir a la pacificación de los territorios, hablan mucho del verdadero deseo que podía tener el Gobierno Nacional de que se conocieran las verdaderas causas de la Violencia, que, como lo advertían las víctimas, solo ellas conocían de primera mano.

Sin embargo, la iniciativa contribuyó a que algunos sectores de la sociedad colombiana se animaran a hablar de los horrores vividos y a contar su historia. Desde el inicio de su gobierno, Lleras Camargo anunció que vincularía a la Iglesia al desarrollo de sus políticas (El Tiempo, 15/05/1958).Muchos creen que la participación de la Iglesia hizo posible que las personas contaran su historia al tiempo que creían estarse confesando o contado sus penas (Jaramillo Marín, 2011; Sánchez Gómez, 1988). Lo anterior parece corroborarse con algunos fragmentos de la entrevista que el 7 de noviembre de 1958 dio el Padre Guzmán Campos al periódico El Tiempo, en la que relata la experiencia de la Comisión:

Y nos fuimos desaprensivos a dialogar con el pueblo, con los campesinos, con las mujeres y los niños. A oír de sus labios la historia de sangre. Cuántas veces nos dijeron con lenguaje recio: “es la primera vez que vienen a conversar con nosotros sin engaño, a hablarnos de paz sin echarnos bala después”. (El Tiempo, 07/11/1958b, s. p.)

El procedimiento que adelantaron:

Demasiado arduo en ocasiones. No es fácil llegar a serenar individuos o núcleos humanos tarados por el odio y la retaliación, víctimas de atropellos inconfesables, sometidos a regímenes de crímenes durante largos años. Primero hubo que lograr la serenización [sic] y luego ambientar favorablemente los conceptos de cristiano perdón, de patriótico entendimiento, para cimentar sobre ideas firmes la labor de la paz. Fueron muchas las ocasiones en que bregamos hasta el amanecer. La comisión se impuso un ritmo de trabajo agotador sin reparar en tiempos lugares o gentes. Labor misionera en conglomerados que están en estado de misión (…) La gran labor es la rehabilitación espiritual en las vastas zonas humanas que visitamos. Cada niño, cada adolescente, cada joven, cada adulto, es un caso urgente que oprime el alma. Un problema que no da espera. (El Tiempo, 07/11/1958b, s. p.)

Los resultados que creían haber obtenido:

Los resultados son plenamente satisfactorios. Los espíritus se serenaron. El hecho escueto es este: en donde estuvimos se silenciaron los fusiles, las gentes se hablaron de nuevo después de diez años de odio y muerte. Muchos pactos y declaraciones cumplidos con decoro y un evidente clima de paz, hacen que todo hombre honrado se sienta satisfecho de la labor cumplida por la comisión. (…) Ciertamente los hechos son elocuentes y digámoslo de una vez: los resultados fueron inmensamente superiores a las esperanzas y a los vaticinios. (El Tiempo, 07/11/1958b, s. p.)

Fue desde esa experiencia que el país escuchó de veredas que no sabía que existían, bandoleros o guerrilleros que desconocía y una situación de muerte, desplazamiento, desempleo y delincuencia que parecía inverosímil. No obstante, La Investigadora centraba sus esfuerzos en firmar acuerdos de paz o micropactos en las zonas que visitaba para intentar zanjar odios enconados y despejar el camino para la rehabilitación, demostrando gestión en lugares como el Sur del Tolima, el Norte del Cauca, Cunday, Villarrica, Armero, Valencia, entre otros (El Tiempo, 07/11/1958b, s. p.).

En este sentido, La Comisión Investigadora se erige en uno de los primeros esfuerzos del Gobierno colombiano para comprender el conflicto que se creía originado exclusivamente en la Violencia política, a través de comisiones de expertos, y puede considerarse valioso si se tiene en cuenta que generó en algunas de las víctimas un sentido de reivindicación de derechos, como los emanados del deseo de participación en la construcción de la política pública de rehabilitación y de contar su propia historia, como sujetos moralmente autorizados para hacerlo.

3. Comisión Nacional de Rehabilitación y comisiones seccionales

Con la experiencia de La Investigadora, el gobierno frente nacionalista defendió transitar hacia un periodo de terminación del conflicto y de bonanza en muchos aspectos (El Tiempo, 10/05/1958, 16/05/1958a, 16/05/1958b). Asumió como siguiente paso la creación de una Comisión de Rehabilitación y Pacificación que fuera capaz de concentrarse en las regiones priorizadas por La Investigadora y que implicó un importante despliegue de recursos y participación de la mayoría de los entes gubernamentales; situación que despejó cualquier duda que pudiera tenerse respecto a si la política de rehabilitación del país y tránsito a la paz era la bandera de gobierno.

Su creación se consolidó con la expedición del Decreto 1718 de 3 de septiembre de 1958, en pleno auge de La Investigadora. En este sentido y como lo revelan sus actas (Despacho del Ministro, 1958, f. 10), se esperaba que uno y otro organismo pudieran trabajar de manera conjunta en el plan rehabilitador que finalmente traería la pacificación. Esta vez, la Comisión de Rehabilitación emplearía el diagnóstico entregado por La Investigadora para enfocarse en problemas sociales de enorme trascendencia que no permitían la verdadera pacificación: el desplazamiento forzado -que recibe tal nombre desde esa época-,¹⁰ el despojo forzado de propiedades, la hambruna generalizada, la indigencia, la niñez abandonada, los municipios y obras destruidas, entre otros (El Tiempo, 5/11/1958).

Como sucedió con La Investigadora, las solicitudes de diferentes lugares y municipios que tradicionalmente no habían sido tenidos en cuenta para el proyecto rehabilitador, no se hicieron esperar:

1. Los gobiernos que han venido sucediéndose desde 1953 han prometido su ayuda para la rehabilitación de este municipio, sin que, hasta el momento, luego de reiteradas promesas se haya llevado a cabo ninguna labor efectiva. (…) La población urbana de Yacopí (se aclara que las condiciones de la población rural igualmente trágicas no fueron estudiadas) vive en pequeños tugurios construidos en bahareque. La población carece de los más elementales servicios higiénicos. No tiene luz, ni agua, ni alcantarillado. Las personas damnificadas por la catástrofe de orden público ya han sido objeto de repetidas promesas. (Oficina del Consejero, 1959, f. 8)

Sin embargo, las labores de la Comisión empezaron sin tener en cuenta la participación de otras regiones afectadas, ni un objeto claramente definido. Por lo que recibía solicitudes para liberar reclusos de establecimientos carcelarios (Despacho del Ministro, 1958, f. 10), apoyar orfanatos y todo tipo de obras sociales que hacían parte de las funciones de otros Ministerios y entidades estatales (Secretaría General, 1959, f. 95).

Empero, pronto la labor se hizo más grande y compleja involucrando una gran variedad de programas como los atinentes a titulación de baldíos, colonización, entrega de préstamos en dinero o especie, concesión de amnistías entre otros (Sánchez Gómez, 1988, p. 41), tal y como pretende ilustrarse.

La Comisión tenía la tarea de elaborar conjuntamente planes de rehabilitación para los territorios priorizados, apoyándose en las Comisiones seccionales de rehabilitación que debían integrarse atendiendo a los criterios (por aquel entonces constitucionales) de paridad burocrática y alternancia administrativa. Tales planes debían contar con el visto bueno de las gobernaciones respectivas y se definían en atención a las necesidades que se habían evaluado como vitales en atención a los escasos recursos económicos (Secretaría General, 1959, f. 95.). En el marco de tal ejercicio se aprobaban diversas obras: desde la creación de escuelas o la reconstrucción de puentes hasta la entrega de recursos a instituciones privadas -y por lo general religiosas- para la atención de emergencia a exiliados o desplazados por la violencia (Secretaría General, 1959, f. 95).

El otorgamiento de créditos jugó un papel muy importante para el programa de Rehabilitación, que no escapó a ser fuertemente criticado. Su concesión iba de la mano del proceso de colonización de la época, que implicaba el traslado de familias campesinas desplazadas a nuevos lugares de asentamiento o la ubicación de los jefes de hogar en colonias agrícolas, donde podían ser empleados para el trabajo.¹¹ En apariencia, el programa descrito, desde sus componentes principales, puede verse como una alternativa de tránsito hacia la paz en un país que había dejado atrás el conflicto. Pero, como lo intuirá el lector, esa no era la situación que vivía Colombia, ya que mientras el programa se adelantaba, la Violencia se recrudecía y se hacía cada vez más urbana, lo que dificultaba el escenario rehabilitador (^{Sánchez Gómez, 1988}).

A diferencia de La Investigadora, gran cantidad de comunicaciones, actas e informes dan cuenta de la corta vida de La Comisión de Rehabilitación que desarrolló labores hasta diciembre de 1960 y que informó al gobierno y a la opinión pública sobre el manejo del presupuesto asignado y su distribución (Despacho del Ministro, 1958, f. 10; Oficina del Consejero, 1959, f. 85; Secretaría General, 1959, f. 95). No obstante, fue objeto de numerosas críticas y ataques de diversos sectores que de manera decisiva contribuyeron a restarle fuerza a toda la apuesta política de paz.

El declive de esta apuesta política por la Rehabilitación puede señalarse a partir de la finalización de La Investigadora, en enero de 1959, bajo el entendido de que sus integrantes estaban muy fatigados y que habían cumplido de sobra la labor asignada (Despacho del Ministro, 1958, f. 10). Las consecuencias fueron muy graves, ya que, al ser la encargada trazar el camino para la Comisión de Rehabilitación, su desaparición implicó que todos los esfuerzos adelantados mostraran amplia descoordinación. En pocas palabras, no se sabía qué esperar de la Comisión de Rehabilitación y de la ejecución del presupuesto.

De igual forma, había divergencia de criterios entre sus integrantes y un miedo generalizado a la reacción que podía generar en la gente el reconocimiento de algunos derechos llevando a la población hacia el comunismo (Despacho del Ministro, 1958, f. 36). En la misma línea, se decía que algunas comisiones seccionales de rehabilitación no habían comprendido su carácter transitorio, por lo que era necesario cerrarlas o evitar que algunos de sus miembros pudieran obtener registros sindicales (Oficina del Consejero, 1959, f. 85). La Comisión encarnó un excesivo asistencialismo, que ofrecía soluciones transitorias tales como: empleos por meses, misiones alimentarias y préstamos que debían ser reembolsados. Sobre este último punto, llovieron numerosas críticas (Oficina del Consejero, 1959, f. 74).

Muchas comunicaciones y noticias coinciden en señalar que no se estaba respetando la paridad burocrática y que solo los liberales se beneficiaban de estas políticas, en atención al origen liberal del presidente (El Tiempo, 06/11/1958b, 07/11/1958a). Lo anterior tenía de fondo el crudo escenario de un conflicto persistente en el tiempo que, lejos de atenuarse, se recrudecía. Las regiones que habían recibido más recursos como Tolima ardían en llamas (Sánchez Gómez, 1988, p. 42). Las víctimas auxiliadas continuaban apareciendo cada día en mayor número, y pronto, bajo un escenario que cada día se tornaba de más de violencias, se le pidió a las Seccionales entregar las obras públicas que venían adelantando en el estado en que se encontraran. En lo sucesivo, todas las solicitudes presentadas por las víctimas se respondieron con el mismo formato de carta:

Desafortunadamente las Comisiones Seccionales de Rehabilitación quedaron suspendidas, y por otra parte el Banco Popular agotó ya sus cupos que eran limitados. Por las razones expuestas podrá usted comprender la imposibilidad en que se encuentra el Estado para atender una solicitud como la suya, a pesar de la justicia que la respalda, como ocurre en el caso de muchos ciudadanos colocados en circunstancias semejantes. (Oficina del Consejero, 1959, f. 60) Resaltado fuera de texto

Las Comisiones de Rehabilitación del primer gobierno del FN habían llegado a su fin, y una vez más la política guerrerista se mostraba como necesaria para terminar el conflicto, bajo la promesa de que, cuando se lograra tal objetivo, el proceso de rehabilitación se iniciaría de nuevo para que la deuda con los colombianos y las regiones fuera finalmente saldada.

IV. A manera de conclusión: transitando las paces frentenacionalitas

El presente artículo sostuvo como tesis que el proyecto político del FN encarnó en su primer gobierno (1958-1960) una apuesta de transición hacia la paz que tuvo lugar con ocasión de la dramática situación de Violencia que vivió el país y la dictadura militar que se había constituido para enfrentarla. La transición se dio en la época atendiendo al cambio político que se justificaba, a juicio de sus precursores, por la situación de extrema violencia que vivía el país y la necesidad de regresar a la normalidad, rechazar la dictadura y los efectos del estado de sitio permanente. Su naturaleza transicional derivó de su delimitación en el tiempo y de la defensa que sus impulsores hicieron de los instrumentos jurídicos diseñados para ser desplegados con el objetivo de llevar al país hacia la paz a través de la restauración de la democracia. Su motivación principal se sustentó en la necesidad de una profunda transformación social; objetivo que, para sus protagonistas, requirió de medidas judiciales, como la Comisión Nacional Asesora de Instrucción para la investigación de la conducta de altos funcionarios de Estado, y administrativas, como el diagnóstico de La Violencia en un ejercicio para contar lo sucedido y pacificar a las regiones; también la adopción de medidas para rehabilitar a personas y regiones a través de créditos, medidas de reasentamiento o reubicación y construcción de obras.

La institucionalidad creada para la paz en el contexto frentenacionalista resulta a todas luces interesante para desafiar la línea que se traza entre los momentos de búsqueda de paz que suelen caracterizarse como políticos y conflictivos y sus momentos de juridificación, que, en contraste, se entienden como neutrales y de consolidación de la paz.

La apuesta frentenacionalista nos permite acercarnos a un momento de hiperregulación y de búsqueda de paz por medio del derecho que debe analizarse en el tiempo, desde cada una de las estrategias desplegadas. Son muchas las preguntas que la historia crítica (Gordon 2012; Kennedy, 2006) puede aportar para el análisis de estos momentos de transición, dejando una agenda abierta: ¿Qué tipo de paz tenía en la mira el FN en su primer Gobierno? ¿Hacia qué tipos de paces transitó como parte de su apuesta pacificadora y rehabilitadora? ¿Cuál fue su paz política? ¿Cuál fue su paz económica? ¿Cuál fue su paz social? ¿Qué paces emergieron en los territorios haciendo resistencia a la construcción hegemónica de paz que se levantaba desde el proyecto pacificador? ¿Qué papel jugaron los actores con poder de decisión al trasplantar los discursos globales de las transiciones y del desarrollo? ¿Qué jergas propias fueron construidas para apropiar de manera particular en el contexto doméstico tales discursos?

La apuesta pacificadora y rehabilitadora se enfrentó a la Violencia tropezándose ineludiblemente con la pobreza y el abandono histórico del Estado. La tarea de reparar de manera focalizada el daño estructural terminó posponiendo y anunciando una nueva transición en el tiempo, un futuro diferido en el que se abriría otra rehabilitación posible. La pacificación y rehabilitación parecen ser apuestas que van y vuelven en la historia de Colombia. Durante los años ochenta, el Gobierno de Virgilio Barco instalaría el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) que se mantendría en los años noventa (Decreto 2707 de 1993), transformándose en el 2000 en un nuevo plan rehabilitador que adoptó una lectura del conflicto y de las violencias como el producto del terrorismo y la criminalidad en zonas problemáticas (Decreto 2929 de 2002).

Aun construyéndose en contextos disímiles, las historias de la rehabilitación conservan en su génesis la idea de que existen zonas violentas que deben normalizarse, recuperarse e integrarse en el proyecto económico y político del país. En la actualidad, las medidas de rehabilitación se definen de forma distinta, siendo dotadas de un sentido terapéutico reparador que atiende al sujeto y a los daños físicos y psíquicos sufridos en el contexto del conflicto armado (Ley 1448 de 2011, art. 135); sin embargo, persisten las zonas de normalización y la idea de promover desarrollo local para insertar a los lugares más violentos y afectados en el proyecto económico nacional (Decreto Ley 893 de 2017). Así, la cruzada por la paz en Colombia ha sido también una cruzada contra la pobreza y el tránsito hacia diversos discursos de democracia y desarrollo (^{Alviar García, 2008}; López-Pedreros,2019), desde una idea incuestionada de violencia que nos persigue y atormenta.

En este sentido, el pasado se convierte en un faro que ilumina la oscura transición hacia la que avanzamos en el presente, permitiéndonos pensar que la paz posible de un momento histórico hizo parte de un proyecto impulsado y construido, que dejó otras alternativas en el camino y que puede arrojar aprendizajes. Empezar de cero con una JT que mire al presente, pero que se resista a estudiar en el tiempo a las transiciones propias de un contexto determinado, parece ser un ejercicio ahistórico e irreflexivo que deja en el camino análisis valiosos. Esfuerzos como el que se ha presentado con este texto buscan contribuir a darle interpretaciones a los pasados de las paces y a las violencias del siglo XX colombiano, ofreciendo preguntas que puedan interpelar el presente de las transiciones latinoamericanas.

V. Fuentes primarias

Fuentes inéditas

Archivo General de la Nación (Bogotá, Colombia)[AGN]

Fondo: Presidencia de la República. Oficina Productora:

Dirección de Información y Prensa (1957). Serie: Cuestión social/balance de opinión, Caja N.º 9, Carpeta N.º 5, Folios 1, 2, 4, 9 y 16.

Junta Militar de Gobierno (1957a). Serie: Discursos, Caja N.º 2, Carpeta N.º 38, Folio 123.

Junta Militar de Gobierno (1957c). Serie: Servicio de Asistencia Social “SAS”, Caja N.º 3, Carpeta N.º 50, Folio 258.

Junta Militar de Gobierno (1957d). Serie: Informes confidenciales de inteligencia, Caja N.º 9, Carpeta N.º 61, Folio 56.

Junta Militar de Gobierno (1957e). Serie: Violencia, Caja N.º 11, Carpeta 73, Folio 9.

Oficina del Consejero (1959). Serie: Comunicaciones/Rehabilitación, Caja N.º 6, Carpeta N.º 6, Folios8, 60, 74 y85.

Secretaría General (1959). Serie: Problemas sociales y económicos/Informes/Comité Nacional de Rehabilitación, Caja N.º 92, Carpeta N.º 303, Folio 95.

Fondo: Ministerio de Gobierno. Oficina Productora:

Despacho del Ministro (1958). Serie: Actas de la Rehabilitación, Caja N.º 3, Carpeta N.º 17-28, Folios 10 y 36.

Fuentes éditas

El Independiente (1958, 10 de febrero). El viernes se instalan comisiones paritarias. Trascendental mensaje leerá el General Paris. ‘El gobierno ha recobrado la función directiva del proceso de reconstrucción nacional’. Dice Turbay.

El Independiente (1958, 11 de febrero). Demandado 1 magistrado de la Corte ante la Investigadora.

El Independiente (1958, 21 de febrero). El lunes inician trabajos las comisiones paritarias.

El Independiente (1958, 28 de febrero). La Comisión sobre la violencia.

El Independiente (1958, 1 de mayo). Frente Nacional en Circulación en el país.

El Independiente (1958, 3 de mayo). El pueblo armado y desarmado está con el gobierno: Alberto Lleras.

El Independiente (1958, 5 de mayo de 1958). Hasta la 1am 2.024.914 votos.

El Tiempo (1958, 3 de mayo). El Frente Nacional, con Lleras una política indestructible.

El Tiempo (1958a, 4 de mayo). La Revuelta del 2 de mayo. Con la declaración de los cuatro generales se inició el expediente.

El Tiempo (1958b, 4 de mayo). Teoría y realidad de una política.

El Tiempo (1958, 5 de mayo). Arrollador triunfo del Frente Nacional.

El Tiempo (1958, 6 de mayo). Liberalismo no pedirá, ni esperará privilegios bajo el nuevo gobierno: dice el Dr. Carlos Lleras Camargo.

El Tiempo (1958, 10 de mayo). Está amaneciendo sobre Colombia. Alocución del presidente electo Dr. Lleras en el primer aniversario del derrocamiento de la dictadura.

El Tiempo (1958, 15 de mayo). La Convención de la Iglesia será de gran importancia en mi gobierno.

El Tiempo (1958a, 16 de mayo). Tiende a recuperarse la economía colombiana en todos los frentes.

El Tiempo (1958b, 16 de mayo). Fuerte recuperación del café colombiano.

El Tiempo (1958, 18 de mayo). Urdaneta Arbeláez citado a declarar. Por orden suya se habría hecho el primer negocio con Rojas Pinilla 11 días antes del 13 de junio.

El Tiempo (1958, 28 de mayo). El gobierno no expedirá más decretos leyes. Termina el estado de sitio.

El Tiempo (1958, 28 de mayo). Una de mis más vivas preocupaciones será la situación de los campesinos.

El Tiempo (1958, 4 de noviembre). Que se trabaje por los municipios piden Echandía y Arango L.

El Tiempo (1958, 5 de noviembre). El D.E. y el gobierno estudian el problema de los desplazados.

El Tiempo (1958a, 6 de noviembre). Dramático análisis de La Violencia hace el M. Amaya.

El Tiempo (1958b, 6 de noviembre). No es cierto que haya predominio liberal en los puestos públicos.

El Tiempo (1958a, 7 de noviembre). Ministro de Gobierno completó su exposición sobre La Violencia.

El Tiempo (1958b, 7 de noviembre). Los pactos han sido eficaces para la pacificación del país.

Junta Militar de Gobierno de la República (1957, 4 de octubre). Decreto 0247. Sobre plebiscito para una reforma constitucional. Diario Oficial N.º 29517.

Junta Militar de Gobierno de la República (1958, 21 de mayo). Decreto 0165. Por el cual se crea una Comisión Nacional Investigadora de las causas y situaciones presentes de violencia en el territorio nacional. Diario Oficial N.º 29700.

Presidencia de la República. (1958, 27 de junio) Decreto 0221. Por el cual se dicta una disposición sobre delegación de atribuciones presidenciales, y se confieren algunas autorizaciones al Gobierno Nacional. Diario Oficial N.º 29721.Presidencia de la República. (1958, 3 de septiembre) Decreto 1718. Por el cual se crea la Comisión Especial de Rehabilitación y se nombra un Consejero del Presidente. Diario Oficial N.º 29768.

Presidencia de la República (1993, 30 de diciembre). Decreto 2707. Por el cual se define y regula el Plan Nacional de Rehabilitación. Diario Oficial N.º 41159.

Presidencia de la República (2002, 3 de diciembre). Decreto 2929. Por el cual se delimitan unas zonas definidas en el Decreto 2002 de 2002. Diario Oficial N.º45020.

Presidencia de la República (2014, 10 de junio). Ley 1448. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial N.º 48096.

Presidencia de la República (2017, 28 de mayo). Decreto Ley 893. Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Diario Oficial N.º 50247.