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Revista SAAP

versão On-line ISSN 1853-1970

Revista SAAP vol.5 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jul./dez. 2011

 

ARTÍCULOS

Nacionalización, comunidad cívica y coordinación electoral.
Problemas para la integración del sistema político en estados democráticos multinivel

 

Marcelo Escolar

Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Universidad Nacional del Litoral, Argentina
Marcelo.escolar@gmail.com

 


Resumen

El término "nacionalización", con el cual se alude a los mecanismos que integran vertical y horizontalmente los sistemas políticos estatales, ha cobrado recientemente un lugar preeminente en el campo de los estudios sobre política subnacional; particularmente cuando el interés está centrado en el sistema de partidos, la coordinación electoral entre distritos, las carreras políticas y la dinámica coalicional legislativa y gubernamental. En estas notas se plantea que si bien existe cierto consenso sobre su significado más amplio, no sucede lo mismo cuando se lo aplica a estados federales, regionales descentralizados o multinacionales, ya que en estos casos resulta necesario enfocar la mirada con mayor detenimiento hacia dos cuestiones teóricas que en general no han sido tenidas en cuenta. Por un lado (a) el análogo origen institucional de las comunidades cívicas nacionales y subnacionales sobre las cuales se sustenta la idea de "consenso racional" en la formación de la democracia representativa, y por el otro (b) el carácter instrumental de los partidos nacionales como medio para justificar endógenamente la coordinación de la entrada estratégica interdistrital de las elites políticas. El esclarecimiento de ambas cuestiones, se sostiene, permitiría vincular teóricamente la presencia de identidades políticas múltiples, intereses territorialmente institucionalizados con modelos de coordinación política en equilibrio parcial o totalmente desnacionalizados.

Palabras clave

Nacionalización; Liberalismo; Estado multinivel; Federalismo; Partidos

Abstract

The term 'nationalization', which refers to the mechanisms that integrate, both vertically and horizontally, a state's political system, has recently achieved a preeminent place in the field of subnational politics, particularly when the focus is on the party system, electoral coordination between districts, political careers, and legislative and government coalitional dynamics. This article argues that although there is a certain degree of consensus about its broader meaning, there is no such consensus when the term 'nationalization' is applied to federal, regionally decentralized or multinational states. In these cases it is necessary to place the focus on two theoretical issues that have generally not been taken into account. On the one hand, (a) the analogous institutional origin of national and subnational civic communities on which the idea of 'rational consensus' in the formation of representative democracy rests and, on the other, (b) the instrumental character of national parties as a means of endogenously justifying the coordination of the strategic inter-district entry of political elites. By clarifying these two points, it is possible to theoretically link the presence of multiple political identities, territorially institutionalized interests, with models of political coordination that are in partial equilibrium or completely nationalized.

Key words

Nationalization; Liberalism; Multi-level state; Federalism; Parties


 

"... La Constitución, que le confiere a los Estados /miembros/ las características de la diversidad, los trata de manera indiscriminada y por lo tanto tiende a crear diversidades donde previamente no habían existido. La Constitución Federal, aunque concebida como un instrumento institucional, se ha transformado en una parte del complejo de valores sociológicos y psicológicos que constituyen el patrón de la diversidad. Ya no es simplemente un instrumento destinado a proteger y articular la diversidad, sino que se ha convertido en parte de ese conjunto de valores que son la diversidad y que determinan el patrón de los instrumentos institucionales... ".
William Livingston (1952: 95)

Introducción: los presupuestos teóricos y empíricos de la nacionalización

El término "nacionalización", con el cual se alude a los mecanismos que integran vertical y horizontalmente los sistemas políticos estatales, ha cobrado recientemente un lugar preeminente en el campo de los estudios sobre política subnacional; particularmente cuando el interés está centrado en el sistema de partidos, la coordinación electoral entre distritos, las carreras políticas y la dinámica coalicional legislativa y gubernamental.
En estas notas pretendo contribuir teóricamente a la cuestión reflexionando acerca de los problemas teóricos que se presentarían en este campo de estudios del cual formo parte, si por las razones teóricas y empíricas que discutiré más adelante, una presunción razonable fuese que no haya nacionalización o que esta sea fragmentaria o débil y que en su lugar nos encontremos con un escenario no previsto de comunidades cívicas, intereses colectivos, grupos de preferencias y organizaciones partidarias, enraizadas en distintas unidades políticas singulares y superpuestas entre varios niveles estatales.
La idea de que un Estado democrático soberano1 compuesto por un conjunto de estados más pequeños dotados de autonomía política (Estado multinivel) sea compatible con la idea de democracia basada en la autodeterminación, el consentimiento individual y una única comunidad cívica de ciudadanos2 sólo parece tener asidero teórico y empírico si se asume el desarrollo de un proceso de integración del Estado y el demos que los transforme en unidades instrumentales de la descentralización del gobierno. En efecto, si esto no fuese así, el grupo autodeterminado como comunidad tendría a su vez otros grupos comunitarios asociados a unidades políticas de orden menor, lo cual dejaría planteado el espinoso problema de las identidades superpuestas y la autoridad compartida. A dicho proceso de integración, que comprende simultáneamente la construcción del Estado y la uniformización de la población, se lo conoce como "nacionalización" estatal.
En el mismo sentido, la idea de que en un Estado democrático multinivel políticamente descentralizado, una vez producida la coordinación estratégica a nivel de distrito de los grupos de preferencias individuales y las decisiones de entrada de las elites políticas, se pueda desarrollar un proceso similar a nivel del Estado nacional; sólo resulta factible si se asume algún tipo de integración geográfica del voto entre los distritos y los candidatos y a su vez, la integración funcional de ambos entre categorías electorales y niveles estatales. A este doble proceso de integración que incluye tanto la homogeneización del comportamiento electoral como la estructuración jerárquica de las coaliciones, se lo conoce como "nacionalización" del sistema político.
En ambos casos estamos frente a un presupuesto teórico muy fuerte (la "nacionalización") cuyo cometido es resolver por medio de la integración social y política nacional, las dificultades para adecuar la forma de Estado multinivel y la democracia descentralizada con ciertas perspectivas del liberalismo político y la teoría de la elección social.
En lo que sigue, voy a organizar la discusión de este problema de la siguiente manera. En una sección dedicada a las relaciones entre el Estado democrático multinivel, la comunidad cívica y el liberalismo igualitarista, analizo primero la perspectiva sobre el Estado democrático liberal vinculando la ciudadanía política con comunidades cívicas nacionales únicas e indivisibles. Posteriormente describo dos tradiciones teóricas (una sociológica y otra polítológica) que se proponen describir y explicar los mecanismos de integración social, económica y cultural que dan origen a las nacionalidades cívicas estatales. Por último, destaco los problemas que se suscitan en contextos caracterizados por estados democráticos multinivel, no sólo cuando estos contienen grupos nacionales minoritarios sino también cuando se forman grupos de origen institucional subestatal.
En otra sección dedicada a las relaciones entre el Estado democrático multinivel, la integración del sistema político y la coordinación electoral; vinculo primero las dificultades teóricas para pasar de la coordinación política distrital a la nacional, con ciertos presupuestos de la teoría de la elección social acerca de la integración de las comunidades cívicas nacionales. Después expongo los principales argumentos exógenos y endógenos que explican el surgimiento de grupos focales integrados en un sistema de partidos nacional. A partir de aquí, relaciono teóricamente las limitaciones que tienen las perspectivas democráticas igualitaristas en contextos de estados democráticos multinivel y discuto su impacto sobre las posibilidades reales y ventajas aparentes de la integración vertical del sistema político en tales condiciones institucionales.
Finalmente, concluyo con una conceptualización que asocia contextos de integración parcial o simultánea entre distintos órdenes estatales con la posibilidad de coordinación segmentada e incongruente del sistema político; sobre esta base planteo la necesidad de limitar y revisar los alcances de la teoría estándar de la nacionalización en los estudios sobre política comparada en estados democráticos multinivel.

Estado democrático multinivel, comunidad cívica y liberalismo igualitarista

Las teorías liberales democráticas de perfil contractualista e igualitarista -aquellas que Walzer (1994) denomina "liberalismo I"3- dan por sentado la existencia material del Estado como condición inicial para definir la autodeterminación y el consentimiento que antecede al consenso racional. Esta preconcepción inicial del Estado territorial es el escenario naturalizado que permite delimitar con precisión al grupo de personas que se autodeterminarán libre y mayoritariamente como pueblo; que darán su consentimiento individual como ciudadanos y sobre cuya base se constituirá el consenso racional que fundamenta la legitimidad democrática estatal.
Aun recurriendo a un exceso de simplificación teórica, considero acertado afirmar que cuando esta visión del liberalismo hace descansar el consentimiento, los derechos y la decisión política en las personas como individuos autónomos y racionales; precisa como contrapartida desligarlos de cualquier atadura grupal o vínculo involuntario étnico, lingüístico, religioso, etcétera. El propósito de esta separación es evitar que tales vínculos puedan eventualmente impedir el desarrollo de sujetos políticos libres e independientes. Esta es la razón por la cual el Estado democrático necesita establecer de forma neutral y precisa4 una norma de delimitación territorial5 con la cual identificar al colectivo de personas que detentan los derechos político-democráticos (Escolar, 1995b) transformándolos de esta manera en ciudadanos de una comunidad cívica unitaria e indivisible (Balibar, 1990; Escolar 1994, 1995a; Paasi, 1996; Kymlicka, 2006; Canovan, 1998). En el mismo sentido, el Estado democrático -al igual que cualquier Estado moderno- también va a ejercer eficazmente por su entremedio la autoridad de gobierno y garantizar la coerción legítima.
La comunidad cívica instituida por este procedimiento tiene entonces dos precondiciones: una política, la "delimitación geográfica del pueblo" mediante una norma territorial (Escolar, 1993; Canovan, 1998: 17-18; Kymlicka, 2006) y otra social: la integración del demos como un colectivo de individuos (Kymlicka, 2003; Requejo, 2007). En el primer caso se constituye objetivamente al grupo, en el otro se lo integra como cultura societal6 y entre ambos procesos, este tipo de liberalismo genera las condiciones empíricas para el desarrollo de individuos autónomos sobre los cuales se sustente la representación política democrática (Bendix, 1974; Poole, 1999; Brubarker, 1992).
Este modelo teórico de comunidad de origen cívica7 y cultura societal uniforme, no va a ajustarse correctamente cuando los clivajes comunitarios adscriptivos8 de origen no-cívico (etnias, lenguas, religiones, culturas, etcétera) subsistan y se activen políticamente interpelando al consenso racional, o cuando el consenso racional se logre subdividiendo al Estado y al demos en diferentes comunidades cívicas subestatales9.
La construcción de culturas societales homogéneas e integradoras destinadas a borrar hacia el interior del Estado las diferencias grupales preexistentes y con ello cualquier rasgo aglutinador que pudiese competir con la comunidad cívica nacional instituida, ha sido un rasgo distintivo de los procesos de construcción del pueblo y del Estado nacional contemporáneos (Poole, 1999; Tully, 2001; Greenfield, 1993; Tamir, 1993; Miller, 1997). Independientemente de los juicios de valor acerca de las características históricas que dichos procesos hayan tenido (Kymlicka, 2000), sus resultados pueden no haber sido del todo exitosos, y como consecuencia de ello los antiguos clivajes adscriptivos podrían activarse nuevamente dando lugar a la formación de comunidades de origen no cívicas  en el interior del territorio del Estado.
En el mismo sentido, en contextos históricos donde la creación del Estado nacional se haya alcanzado a través de un compromiso político con comunidades territoriales10 o estados preexistentes. La presencia posterior de clivajes territoriales de índole institucional (estados, provincias, regiones, etcétera) también podría adicionarle a la construcción de una cultura societal integradora de la comunidad cívica nacional, la necesidad de desarrollar otras culturas societales subnacionales, necesariamente asociadas a la formación de las diversas comunidades cívicas provinciales, estatales, regionales, etcétera.
En cualquier caso, parece razonable pensar que la comunidad cívica instituida por el Estado debería compartir los rasgos básicos de cualquier comunidad contraria a la perspectiva liberal contractualista e igualitaria, es decir, la adscripción involuntaria, la exclusión del otro y el condicionamiento grupal. Y que en el contexto de la construcción de individuos ciudadanos, este tipo de liberalismo no tendría más remedio que presumir la presencia de un "pueblo nacional" de origen cívico y con ello connotar al liberalismo como una forma comunitaria de origen estatal: el nacionalismo liberal (Tamir, 1993).
En la década de los '80 y '90 la magnitud y crudeza de algunos fenómenos nacionalistas en Europa del Este y Central reeditaron el debate en torno al nacionalismo11. En gran medida la perspectiva más comúnmente aceptada giraba en torno a la contraposición entre tradicionalismo y modernidad, romanticismo comunitarista y liberalismo; y en esta confrontación dicotómica el nacionalismo como movimiento político era asociado inmediatamente con ideologías iliberales, irredentistas y en gran medida con elites sectarias y racistas que eran intrínsecamente contradictorias con la idea de sociedades democráticas abiertas y visiones pluralistas del Estado (Kymlicka, 2003; Requejo, 2007; Brubaker, 1992).
Esta perspectiva reaccionaba frente a las características de muchos movimientos nacionalistas que se sucedieron luego de la caída del muro de Berlín en Europa y otros que aparecerían en diversas sociedades y estados recientemente descolonizados de Asia y África. Sin embargo, la visión teórica y el relato predominante en aquella época solo miraban una cara de la moneda. Esto se debía a que dejaban afuera a otros movimientos nacionalistas claramente liberales, progresistas y modernos como los de Québec, Cataluña, Flandes o Escocia (Kymlicka, 2003; Requejo, 2007). Pero por otro lado, también se descuidaba el hecho de que en todos los casos los movimientos nacionalistas iliberales surgían en contextos de transición democrática acelerada y en sociedades cuyos límites territoriales eran en general producto del arbitrio administrativo de gobiernos autoritarios (Gagnon, 2004; Beissinger, 2002; Herb, 1999). Tales circunstancias impedían en muchos casos un sencilla y no conflictiva discriminación geográfica entre grupos autoidentificados, lo cual tornaba fácticamente imposible la construcción natural -mediante el consentimiento- de comunidades cívicas dentro de los límites heredados del Estado (Waldmann, 1997; Stepan, 1998; Taylor, 1998) Es decir que la autodeterminación del pueblo sólo era factible si se contaba con un universo de referencia viable y mutuamente reconocido para el consentimiento (Glazer, 2000; Rile Hayward, 2007). Y el universo mencionado provenía justamente de lo que estaba en discusión: el pueblo y el territorio del Estado (Van Dyke, 2000).
Esto desnudaría el olvido más importante de la perspectiva estándar de aquella época, la de estar adaptada a sociedades que ya habían pasado por el proceso de integración y homogenización de las comunidades cívicas de forma exitosa y en las cuales los medios militares, político-coercitivos y diplomáticos históricamente utilizados para su obtención eran parte de un pasado distante ya superado (Tamir, 1993; Kymlicka, 2003; Patten, 2001).
En algún punto se confundían las necesidades de la teoría con escenarios estatales en gran medida no conflictivos, y esto impedía ver que en realidad el problema provenía de dos visiones diferentes del liberalismo político y de la democracia (Gray, 2004), una normativa, que abstraía los procesos iliberales que podían sucederse en la delimitación geográfica del pueblo y la integración cívica del demos (el liberalismo I que venimos discutiendo) y la otra, que asumía el conflicto como propio y buscaba incorporar el problema de la diversidad y el reconocimiento en la organización del Estado democrático (el liberalismo II o pluralista) (Walzer, 2000; Taylor, 1994b).
Puede decirse entonces que la perspectiva de autodeterminación estatal y consentimiento implicada en el liberalismo igualitarista sobre el que se sustenta la mayor parte de los diseños institucionales de las democracias representativas contemporáneas (liberalismo I) presupone metodológicamente lo siguiente: (i) la integración empírica del pueblo, del Estado y la sociedad por medio de un amalgama de procesos históricos que conjugan a la modernización de la economía y la sociedad con la organización centralizada institucional y territorial del Estado (Held, 1992; Poggi, 1997) y (ii) la progresiva consolidación de una matriz de preferencias y actores políticos jerárquica y única (Chhibber y Kollman, 2004). Al impacto de este conjunto de procesos sobre el sistema político del Estado se lo denomina genéricamente en política comparada como "nacionalización" (Caramani, 2004).
Es probable que lo que en una primera instancia pueda haber sido el resultado de una abstracción necesaria para considerar teóricamente al Estado democrático desde una perspectiva liberal igualitarista, se haya tornado posteriormente en un programa explícito para justificar la construcción de un tipo de identidad presumiblemente no adscriptiva con la cual garantizar el origen subjetivo de las preferencias individuales, el carácter transitorio de las mayorías políticas, y en suma, la viabilidad de los mecanismos institucionales de la democracia representativa (Pitkin, 1985).
Más allá de esta percepción, lo cierto es que en el fragor del debate que estigmatizaba a los contendientes irreductibles del liberalismo y el nacionalismo, del individualismo y el comunitarismo, fue surgiendo paulatinamente la imagen de un mismo proceso: la nacionalidad y una única referencia identitaria estatal, la nación. Sólo que en un caso (el nacionalista) ambas eran de partida -anteriores al Estado- y en el otro (liberal), ambas era de llegada; posteriores al Estado (Caminal, 2002).
La importancia de la "nacionalización", en este marco, es que viene a justificar en el plano de la investigación empírica lo que la teoría liberal I prevé normativamente, es decir, que la nación provista por el Estado democrático liberal es un proceso de integración e inclusión cuyo resultado es un bien en sí, puesto que garantiza tanto la formación de una ciudadanía independiente y uniforme como el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas del Estado (Bendix, 1974).
Dos tradiciones de investigación concurren al abordaje del proceso de nacionalización. Una de tipo sociológico-política, heredera del funcionalismo y la teoría de la modernización, y la otra politológica, preocupada por la formación y estabilización de los sistemas políticos nacionales (estatales). La tradición sociológico-política retoma ejes de la teoría funcionalista de la modernización (Solé, 1976)12 y los orienta hacia el estudio de la formación de electorados, actores políticos, intereses y preferencias geográficamente integradas en un modelo histórico de relaciones entre centro y periferia (Agnew, 1987: VI). Transita así un camino dual, ya que por un lado se propone dar cuenta de las transformaciones políticas que a partir de la instauración de los estados democráticos contemporáneos operan como aglutinadores de las identidades y preferencias políticas individuales y que a su vez agregan coalicionalmente las elites locales y regionales e institucionalizan organizaciones políticas unificadas en todo el territorio del Estado (dimensión territorial) (Bartolini, 2004). En forma paralela, investiga cómo se desarrollan los hechos de asimilación o persistencia de diferencias grupales y la condensación o hibridación progresiva de diferentes formatos de identificación adscriptiva de la ciudadanía del Estado (dimensión funcional) (Deutsch, 1993). Los ejes en los que ambas miradas se interrelacionan hacen referencia a la construcción institucional y material del Estado (state building), a la democratización del gobierno y a la uniformización nacional de los clivajes políticos (nation building). Estos ejes van a ser operacionalizados por medio de dos procedimientos de referencia territorial, (i) la demarcación externa de las fronteras del Estado, la ciudadanía y la nación, y (ii) la construcción interna de las instituciones, la nacionalidad y las preferencias individuales en una sola unidad política, social y culturalmente integrada: el Estado nación democrático constitucional (Caramani, 2004).
En una primera etapa los resultados de este programa de investigación van a ser concluyentes, e indicarán que al menos en Europa occidental el proceso de nacionalización (en el sentido descrito más arriba) se habría consolidado en la primera mitad del siglo XX (Lipset y Rokkan, 1967; Rokkan, 1970). En una segunda etapa, esta proposición va a verse moderada, al reconocerse cuatro diferentes modelos institucionales donde las dimensiones territoriales y funcionales de la nacionalización serán interpeladas más o menos eficazmente por clivajes, identidades e instituciones de ámbito regional o local (Rokkan y Urwin, 1983). Dichas estrategias de integración nacional variarán entre un extremo centralizado y uniforme y otro descentralizado con acomodación de identidades múltiples, los cuatro casos de Estado democrático constitucional resultantes serán el unitario, la unión estatal, el federalismo mecánico (sin clivajes adscriptivos institucionalizados) y el federalismo orgánico (con clivajes adscriptivos institucionalizados) (Rokkan y Urwin, 1983)13. En una tercera etapa, el modelo original será ampliado incorporando los mecanismos económicos de salida individual (exit) y políticos de participación (voice) según la teoría de Hirschman (1970)14 y la indagación histórica se efectuarán con datos aún más desagregados a nivel estatal (Bartolini y Mair, 1990; Caramani, 2004) y de la Unión Europea como polity (Bartolini, 2007), arribando a resultados similares pero menos concluyentes que en la etapa anterior.
La tradición descrita (sociológico política) sostiene expresamente que los hechos políticos tienen una explicación social externa a su desarrollo. De acuerdo a ello todos los elementos que configuran al sistema político nacional tendrán un origen en las condiciones sociales, económicas y culturales que han permitido integrar nacionalmente al Estado. Esto equivale a suponer que si se ha desencadenado el proceso de homogenización y uniformización geográfico y social previsto por el liberalismo de tipo I, tal concreción provocará -y a su vez explicará- la nacionalización del sistema político estatal.
La otra tradición intelectual (politológica) asume una postura más endógena relativa a los procesos de nacionalización, la cual consiste en conceptuar las razones por las cuales los actores políticos locales y la ciudadanía geográficamente desagregada pasaría a constituirse en organizaciones que agruparían a elites locales y regionales, y a su vez las preferencias individuales de los ciudadanos se orientarían paulatinamente a un reconocimiento de la jerarquía decisional y priorizarían intereses y políticas a escalas cada vez mayores y centralizadas (Caramani, 1996). En gran medida esta postura se pregunta sobre el proceso de transformación de candidaturas locales y notabiliarias a otras candidaturas originadas en un partido, ya sea por medio de la coordinación y aglutinamiento interno parlamentario o a través de la vinculación externa con intereses grupales o corporativos (Chhibber y Kollman, 2004). En cualquier caso, la nacionalización se haría presente en tales marcos teóricos al transformarse la estructura de preferencias de base local o parroquial en una de perfil más ideológico longitudinal que trascendería los estrechos márgenes de los distritos electorales y la política territorial (Agnew, 1987; Caramani, 2004).
Sin embargo, lo específico de la teoría de la nacionalización que estamos tratando se refiere a que explícitamente busca encontrar en la dimensión subjetiva de las preferencias individuales cómo justificar la coordinación de los electores en grandes cuerpos homogéneos nacionales y, por otro lado, se propone entender el funcionamiento de los procesos de coalición de las elites en partidos que se definen y coordinan principalmente en la arena nacional (Agnew, 1987; Swenden y Maddens, 2009). Dos mecanismos básicos van a ser identificados y medidos, (i) la difusión y replicación de perfiles locales en la selección de preferencias del electorado e identificación política de las elites; en este caso el mecanismo será la concentración de preferencias y la agregación de propuestas en una espiral que va a converger en la homogenización geográfica de ambas (Schattschneider, 1960; Burnham, 1965; Sundquist, 1973; Rose y Urwin, 1970, 1975; Beck, 1977; Chhibber y Kollman, 1998); y, por otro lado, (ii) la magnitud y direccionalidad (nacional o local) de las influencias políticas que pesan sobre las decisiones de voto de los electores y las decisiones de coalición de las elites, definidas por un mecanismo de uniformización del cambio (volatilidad y realineamiento) en todo el territorio nacional (Stokes, 1965, 1967; Butler y Stokes, 1974; Kawato, 1987)15.
Un estudio anterior no directamente involucrado en el tema de la nacionalización había destacado para el caso americano una importante diferenciación geográfica del voto a lo largo del tiempo, la cual se asociaba con clivajes correspondientes a grupos de interés regionalizados (Key, 1964). En esta misma línea, la perspectiva centrada en el estudio de los procesos geográficos de homogeneización política indica por lo general condiciones relativamente estables de desnacionalización para Estados Unidos (Schattschneider, 1960; Burnham, 1965; Sundquist, 1973; Beck, 1977) y escenarios más heterogéneos para el caso europeo (Rose y Urwin, 1970, 1975). En el caso de Chhibber y Kollman (1998), los resultados de la nacionalización se vinculan en forma lineal con las condiciones de descentralización fiscal y presupuestaria. Por el contrario la otra perspectiva centrada en la uniformización de las diferencias temporales y la influencia nacional, va a estimar una tendencia hacia el predominio nacional en el caso de Estados Unidos (Stokes, 1965, 1967)16 y de estabilidad relativa y perfil fuertemente nacionalizado en el Reino Unido (Butler y Stokes, 1974). Mientras que la visión integrada de Claggett, Flanigan y Zingale (1984) va a permitir distinguir entre efectos locales, regionales y nacionales; destacando el reforzamiento de los primeros, el debilitamiento de los segundos y la estabilización de los últimos en el proceso de nacionalización. Con posterioridad ambas tradiciones ampliarán los instrumentos de medición y los estudios de caso y cross seccionales hacia América Latina, Europa y la India17. Más recientemente, la diversidad y refinamiento de las investigaciones sobre nacionalización, no solo se van a concentrar en los comportamientos de electores u elites considerando una sola variable de voto18, sino que además van dirigir su atención al estudio del grado de congruencia o convergencia en las preferencias y las coaliciones para categorías locales, regionales y nacionales19. Es más, en muchos casos van a concentrar su atención en las organizaciones políticas partidarias que son similares entre todos los niveles estatales (Laffin, 2005; Laffin, Shaw y Taylor, 2007; Stefuriuc, 2009b; Hopkin y Barberà, 2009).
Llegados a este punto, los presupuestos filosóficos liberales de tipo I asociados a ambas tradiciones teóricas sobre la nacionalización, encontraron escenarios institucionales y sociales bastante adversos para el sostenimiento inalterado de la necesidad, legitimidad y presencia del proceso de integración nacional. Dichos escenarios son los que en la versión sociológica ya se reconocían como respuestas estratégicas de unificación por medio de estructuras estatales multinivel asociadas o no a clivajes identitarios de origen étnico concentrados geográficamente (Rokkan y Urwin, 1983), mientras que en la versión politológica, constituían el trasfondo institucional multinivel de preferencias y coaliciones incongruentes aun en el marco aparente de organizaciones políticas de alcance nacional (Caramani, 2004).
Algo similar debería tener que experimentarse al poner a contraluz las ideas de autodeterminación y consentimiento presumidas por la teoría liberal I en relación con la formación de la comunidad cívica nacional, en aquellas condiciones institucionales donde en el interior del Estado se reconocen otras entidades estatales o comunidades políticas (polities) dotadas parcial o totalmente de los mismos atributos que dicha teoría política le otorga a los estados nacionales. Sin embargo la analogía no es tan sencilla, ya que aquí va a hacer su aparición empírica un determinante adicional: que las polities subestatales deberían compartir necesariamente una porción, tanto del territorio, como de los ciudadanos del Estado nacional. O dicho de otra manera, que las personas deberían tener en estos escenarios institucionales, múltiples ciudadanías superpuestas y que la autoridad, coerción y dominio efectivo del Estado deberían ser compartidos. En un escenario institucional como el descrito y que se corresponde con la mayoría de los estados federales, regionales descentralizados o multinacionales autonómicos, habría varios estados, varias comunidades cívicas y varios gobiernos superpuestos, pero compartiendo las mismas personas y el mismo territorio.
El problema entonces se suscita al confrontar ambos tipos de estados (unitarios y multinivel) en el marco de la teoría política liberal I y observar qué conclusiones se pueden extraer de tal comparación (Máiz, 2005). Lo primero que salta a la vista es que la abstracción de los procesos de integración popular, estatal y social característica de la estrategia discursiva del liberalismo político de tipo I, no puede ser aplicada en forma coherente si con ello se da lugar a múltiples ciudadanías individuales y a formas de autoridad, coerción y dominio territorial estatal compartido (Ansell, 2004; Bauböck, 2007; Rile Hayward, 2007). En efecto, el problema no es solo de tipo normativo, puesto que no queda claro cuál es el estatus que se les debería otorgar a los pueblos de polities subestatales, ya que al formar parte del mismo régimen político democrático del Estado central, también tendrían que compartir, ceteris paribus, el mismo origen cívico que le corresponde a la ciudadanía nacional (Habermas, 1996). La dificultad, en este caso, es el corolario de la abstracción del presupuesto comunitarista liberal que en las polities subestatales no puede ubicarse hacia afuera del Estado (en la arena indeterminada internacional), y dejar hacia adentro sólidamente sentadas las bases de la comunidad cívica democrática y la representación política igualitaria (Kymlicka, 2009). En este tipo descentralizado de democracia la presunción básica es la existencia del Estado multinivel; y dicha presunción torna incoherente -al menos desde el punto de vista teórico- un único proceso de nacionalización cívica del pueblo.
Lo segundo que podemos observar es que si se acepta la presencia de "estados", "pueblos" y "gobiernos" subnacionales (regiones, provincias, estados, comunidades etc.), va a carecer de sentido hablar de un solo proceso homogéneo de "nacionalización" de la sociedad delimitada por el territorio del Estado de primer orden, "nacional", o central (Keating, 2003), aun cuando se le otorgue el ejercicio de la soberanía absoluta (en el orden internacional) al Estado central20; ya que al hacerlo estaríamos incurriendo en una contradicción flagrante: por un lado se reconocería la existencia de comunidades cívicas correspondientes a "estados autónomos", "pueblos diferenciados" y "gobiernos independientes" en la arena política subnacional (Walker, 1993: 144-153) y por el otro se afirmaría la integración unitaria de esas comunidades cívicas a través del proceso de nacionalización, lo que en última instancia provocaría su disolución dentro del Estado democrático nacional (Deudney, 1996).
Este problema constituye el objeto central de las teorías multiculturalistas y plurinacionales de cuño liberal que explícitamente pretenden dar cuenta conceptual y metodológicamente de diseños estatales multinivel cuando en alguna de sus polities subestatales se presentan comunidades cívicas nacionales pero minoritarias frente a la comunidad cívica mayoritaria del Estado nacional (Kymlicka, 2000, 2003, 2006; Requejo, 2007; Máiz, 2005; Caminal, 2002). En particular se destaca la similitud entre los procesos de etnicización que se encuentran en el origen de la mayor parte de las comunidades adscriptivas y los procesos de integración y uniformización cívicos desarrollados en el marco de estados nacionales, donde la ritualización, naturalización y construcción de narraciones de origen son asimilables a la estructuración de grupos étnicos (Caminal, 2002). Es decir, que la comunidad cívica del Estado democrático presumida por el liberalismo I es efectivamente una "comunidad ficticia" de acuerdo al concepto desarrollado hace dos décadas por Étienne Balibar, "... una comunidad instituida por el Estado nacional (…) como una analogía con la persona ficta de la de la tradición jurídica, en el sentido de un efecto institucional o 'fabricación'..."21 (Balibar, 1990: 130).
En estas circunstancias, el problema institucional relativo a la forma de organización estatal queda subsumido en las consecuencias empíricas que se derivan de las proposiciones normativas de los dos tipos de liberalismo.
La discusión en torno al reconocimiento y la acomodación de las diferencias grupales en el interior de estados democráticos liberales deja de lado, en cambio, el problema normativo de cómo se constituyen los pueblos de polities subestatales bajo la forma de comunidades cívicas singulares si no existen clivajes étnicos evidentes (Canovan, 2005), es decir, cuando estas tienen un origen estrictamente institucional y no median identidades adscriptivas mayoritariamente asentadas en su territorio que sean operacionalizables legítimamente como comunidades cívicas (Nuñez Seixas, 2004, 2005).
Pero el debate sobre el reconocimiento y la acomodación de naciones minoritarias también deja de lado el problema empírico de que la aparente falta de legitimidad de estas comunidades cívicas subestatales sin clivajes étnicos adscriptivos, proviene del hecho de no tener más remedio que ser construidas por el Estado. Y que al igual que en cualquier Estado liberal democrático unitario, dicho proceso debe forzosamente desarrollarse, para que pueda ser garantizada la representación y la ciudadanía política en una democracia descentralizada.

Estado democrático multinivel, integración del sistema político y coordinación electoral

¿Cuáles son las consecuencias de estas observaciones acerca del proceso de nacionalización para la teoría de la elección social al interior de estados multinivel, sobre todo, si centramos la atención en los aspectos vinculados con la selección estratégica de preferencias22 por parte del electorado y las decisiones estratégicas de entrada23 correspondientes a las elites políticas en contextos democráticos descentralizados?
La teoría de la coordinación estratégica en la versión desarrollada por Gary W. Cox en su trabajo liminar del año 1987 y otros artículos previos y posteriores (Cox, 1984, 1999a), involucra en mi opinión tres aportes muy relevantes a la discusión teórica en política comparada. Por un lado (i) ofrece una perspectiva unificada y sistemática para entender las relaciones entre las decisiones políticas subjetivas de los electores y las decisiones de participación en la competencia electoral de las elites políticas en el marco de la teoría de la elección social24. Por otro lado, (ii) construye un puente conceptual entre dos visiones antagónicas de la determinación entre los procesos electorales y la política democrática; una exógena, según la cual las instituciones electorales solo reflejan pasivamente la dinámica social de la competencia política, y otra endógena, para quienes -por el contrario- las instituciones electorales determinan las condiciones objetivas de la competencia política. Por último (iii) también permite superar las perspectivas institucionalistas clásicas donde los sistemas electorales definen por sí solos perfiles de representación (mayoritarios o proporcionales) y el comportamiento de los electores y las elites es estático (sincero), a cambio de otra donde los sistemas electorales expresan la interacción entre su estructura de incentivos institucionales y la estructura de clivajes de la sociedad, presumiendo un comportamiento de los electores y las elites de carácter dinámico (estratégico).
El problema de la formación de grupos de individuos que expresen intereses, identidades, filiaciones o intenciones semejantes (Gould, 1996) se encuentra implícito en el centro de las preocupaciones de la teoría de la elección social25. En efecto, conocer los mecanismos a través de los cuales las preferencias individuales se agrupan en colectivos que gozan de cierta permanencia y que en determinadas situaciones pueden institucionalizarse, es un paso previo y necesario para abordar los procesos sociales que estructuran la selección de tales preferencias26.
Una de las cuestiones más sensibles en relación con ello se refiere a la conceptualización de las formas en que los individuos anticipan o estiman el comportamiento de los otros, lo que conlleva en el plano político al reconocimiento de que los grupos no solo pueden ser el resultado de las identidades y las convicciones compartidas, sino además de las motivaciones y las expectativas que llevan a los individuos a maximizar las probabilidades de incidir o participar de los procesos decisorios, coordinando estratégicamente el voto o la entrada en la competencia política (Colomer, 2001). Demás está decir que este enfoque, supone la presencia de individuos libres y autónomos que aun pudiendo permanecer dentro de un grupo están en condiciones subjetivas (ausencia de clivajes adscriptivos) y objetivas (derechos individuales) de migrar, si así lo quisieran, de una posición o preferencia política a otra (Olson, 1971). En suma, como se puede advertir, existe una íntima relación entre la pertenencia a una misma comunidad cívica (que garantiza los derechos individuales), la estructura de preferencias individuales y la formación de grupos no adscriptivos previstas conjuntamente tanto por la teoría del liberalismo I como por la teoría de elección social.
En este contexto, no tiene demasiada importancia si los caminos elegidos para entender las decisiones del electorado y las elites políticas en el marco de la competencia electoral son abordados desde una perspectiva sociohistórica de perfil cualitativo o desde una perspectiva formalista asociada a métodos cuantitativos. Porque, como contribuye a mostrar el diálogo encarado por Cox (1997) con puntos de vista teóricos en principio opuestos a los suyos, existen grandes similitudes en aspectos claves como las relaciones entre las instituciones electorales y la estructura social y sobre todo en la necesidad de contar con procesos consolidados de integración geográfica de las preferencias y las organizaciones políticas en estados democráticos constitucionales (nacionalización).
Donde en cambio no parecería existir el mismo parecido entre un abordaje sociohistórico y otro formalista, es en la capacidad técnica para la medición y validación de los procesos estudiados y desde un plano más teórico, acerca de la importancia del equilibrio de las condiciones de agregación de preferencias y decisiones de entrada, más que en su cimentación social y cultural (Cox, 1997).
Una cuestión no menor en relación con esto es si las instituciones electorales tienen capacidad para promover el comportamiento estratégico de los electores y las elites, esto es, si se hace "uso" de ellas en las decisiones políticas, o si solo transforman mecánicamente votos en bancas independientemente del tipo y número de partidos intervinientes en la competencia electoral27. La perspectiva de la coordinación estratégica contribuye a mostrar de qué manera las relaciones entre la estructura de incentivos (la totalidad de las instituciones electorales y políticas) y el contexto social, económico y cultural, son en realidad una función interactiva (Amorim Neto y Cox, 1997). De esta forma, el cambio relativo en un término de la relación (por ejemplo la fórmula electoral), puede asociarse con algún cambio relativo en el otro término de la relación (por ejemplo, el abandono estratégico de una primera preferencia asociada a un partido minoritario28), sin que ello implique necesariamente una relación causal, salvo que exista un modelo explicativo adecuado (Cox, 1997).
Desde la perspectiva adoptada por Cox (1987) y que como veremos seguidamente en gran medida también es compartida por una porción de los autores con los que dialoga teóricamente, el problema más difícil de resolver es la coordinación de los electores y las elites entre las unidades de decisión electoral (distritos)29. Para ello se van a introducir factores directamente ligados con el proceso de nacionalización y supuestos muy fuertes sobre las características de la comunidad cívica nacional según lo previsto por el liberalismo político I (Cox, 1997). Pero donde la teoría simplemente no tiene respuestas salvo las normativas ("fallos de coordinación" Cox, 1997), es en relación a la vinculación estratégica entre distintos niveles de representación política en condiciones institucionales marcadas por la presencia de estados multinivel y regímenes democráticos descentralizados (Cox, 1997; 1999a, 2005). Es decir, no solo la coordinación entre las categorías legislativas y ejecutivas (sobre las que marginalmente sí trata), sino sobre categorías electorales referidas a comunidades cívicas superpuestas que comparten el mismo territorio y los mismos ciudadanos30.
En lo que sigue voy a abordar con mayor detalle la teoría de la coordinación estratégica, efectuando un contrapunto con los problemas para la formación de grupos de elección social, cuando no se cumplen las expectativas acerca de la nacionalización del sistema político previstas por el liberalismo político I. Para ello partiremos de dos proposiciones generales acerca de la dificultad para la coordinación estratégica de los electores y las elites en el plano nacional y no de los distritos.
(1) La coordinación estratégica de los votantes, entendida como la selección de preferencias electorales individuales que, bajo ciertas reglas, maximizan la posibilidad de representación del candidato más afín anticipando el comportamiento de los demás electores, puede resolverse satisfactoriamente -si no se incorporan factores adicionales- sólo en el plano del distrito pero no en la arena nacional (interdistrital).
(2) En el mismo sentido, la coordinación estratégica de los candidatos, entendida como las decisiones de entrada a la competencia electoral que -bajo ciertas reglas- anticipan el comportamiento estratégico de los electores y de los demás integrantes de la elite política, también puede resolverse únicamente en el plano del distrito pero no en el nacional, salvo que se incorporen factores adicionales.
Ambas proposiciones (1 y 2) derivan de la conocida crítica de Cox al argumento de la "proyección" de Duverger (1954), Leys (1959) y Sartori (1997, 2003)31, según el cual los resultados reductores en el número de candidatos32 producto de la coordinación estratégica en equilibrio a nivel del distrito33 deberían conducir lógicamente a una situación similar a nivel nacional (Cox, 1997).
Los fundamentos esgrimidos por Duverger, Leys y Sartori son en gran medida impresionistas e históricos, pero en el plano teórico se sustentan en convicciones que podrían fácilmente sostenerse a partir de ambos programas de investigación sobre la nacionalización discutidos más arriba. La presencia de procesos geográficos y funcionales de integración social, económica y cultural subyacentes a la formación de los partidos de masas (teoría sociológico-política) y los efectos aglutinadores de la concentración de preferencias y la agregación de propuestas entre los distritos, junto con la uniformización del cambio (volatilidad y realineamiento34) en todo el territorio nacional (teoría politológica).
En este punto Cox (1997: 236-237) argumenta que, como las elecciones se producen a nivel del distrito, las decisiones estratégicas individuales de los votantes y los candidatos en un contexto informacional simétrico sólo pueden generar incentivos en el plano institucional de esas mismas decisiones. Nada conduce por este camino a que podamos prever una situación de equilibrio en la coordinación del electorado y las elites35 en el plano nacional o interdistrital como preveía Duverger (1954) y por extensión Leys (1959) y Sartori (1997, 2003).
A lo que Gary Cox se quiere referir con el argumento anterior es que en los escritos de Duverger y aun de muchos de sus seguidores y críticos (Cox, 1997), no se especifica ningún tipo de mecanismo de coordinación del electorado y las elites que permita explicar cómo se pasa de incentivos construidos a nivel del distrito -que es el lugar donde seleccionan sus preferencias los votantes y donde se presentan y compiten los candidatos- a la "proyección" de tales incentivos a otros distritos; donde no votan los mismos votantes ni se presentan los mismos candidatos y de los que en principio se carece de información para la toma de decisiones estratégicas36.
Este problema ya se le había presentado a Cox cuando buscaba explicar la coordinación de entrada de las elites políticas a nivel del distrito y se encontraba con que aquellas no podían anticipar el comportamiento de los votantes de la misma forma que un votante sí podía anticipar el comportamiento estratégico de los demás electores (evaluando el posible desempeño de las candidaturas existentes), ya que aún les restaba a los dirigentes tomar la decisión de presentarse como candidatos (Cox, 1997: 49, 202-203)37. En consecuencia, las elites políticas para coordinar la entrada estratégica no tenían más remedio que hacer uso de datos históricos referidos a elecciones pasadas o asociarse a la continuidad temporal de etiquetas o agrupaciones políticas (grupos focales38) que presumiblemente podrían ser apoyadas -y reconocidas- por el electorado (Cox, 1997: 219).
Sin embargo, aun con la incorporación de esta variable exógena (grupos focales), subsistirá para Cox un problema de difícil resolución: si a nivel del distrito se produjese la coordinación estratégica de los votantes y candidatos en un número en equilibrio de grupos focales o partidos, nada indicaría prima facie que los "partidos" (en este caso distritales) deberían coordinarse de la misma manera a nivel nacional (Cox, 1987).
Cox resuelve este problema ampliando el argumento utilizado con anterioridad en la coordinación de las elites, al escenario de la coordinación de electores y elites entre distritos a través de la vinculación o enlace (linkage)39. Para ello hace uso de los efectos agregados de grupos políticos focales o partidos (party aggregation)40 que buscan coordinar simultáneamente su entrada en diversos escenarios multidistritales con el propósito de obtener mayorías legislativas consistentes o promover una candidatura superior (como por ejemplo la presidencial). De esta forma, dichos grupos van a estar en condiciones de constituirse en señales uniformes (marcas identificatorias) eficientes para la coordinación de la selección de preferencias individuales del electorado en todos los distritos (Cox, 1997: 252-253).
Resulta claro que Cox va en auxilio de argumentos bastante parecidos a los de Duverger (1954), y en gran medida también que los de Sartori (1997, 2003) y que, aun cuando Cox (1997: 255-256) sostenga en forma taxativa que no es técnicamente posible especificar un modelo de coordinación estratégica de votantes y elites que contemple el vinculo o enlace (linkage) entre distritos, termina resolviendo el problema por el lado de la formación histórica de partidos y sistemas partidarios coordinados interdistritalmente (Cox, 1997: 238, 1989).
Probablemente la mayor diferencia de Cox con Duverger y aun con Sartori, es que no considera que los argumentos de la "proyección" o la "estructuración del sistema de partidos", constituyan por sí mismos una explicación de la coordinación interdistrital, sino aquello que justamente debería ser explicado: "tanto Duverger como Sartori [afirma Cox] comienzan suponiendo que los partidos se han nacionalizado (…) pero ello presupone casi todo cuanto debe demostrarse" (Cox, 1997: 236). En este sentido la teoría de la nacionalización esgrimida como sustento de la coordinación estratégica del voto o la entrada en el plano nacional es, al igual que en el caso de la teoría democrática del liberalismo I, una necesidad empírica para sustentar la comunidad cívica del Estado, o en este caso, para justificar la presencia normal de partidos y de un sistema de partidos nacionalizado.
Hechas estas aclaraciones, me parece provechoso examinar con más detenimiento las razones esgrimidas por Cox para explicar por qué podrían producirse de todas formas los resultados esperados de coordinación interdistrital; lo que en su opinión tendría que deberse a dos factores distintos: uno endógeno a los incentivos del sistema electoral y otro exógeno a ellos. En el primer caso (endógeno), se hace referencia a dos procesos distintos: uno mecánico, donde las categorías ejecutivas frente a las legislativas se asocian con sistemas electorales cada vez más fuertes41 y el otro de agregación, según el cual la necesidad de obtener apoyo suficiente para el cargo principal produce una jerarquía vertical en el orden de las decisiones de coordinación de electores y elites. El resultado de ambos procesos provocaría la reducción -por efectos mecánicos o de agregación- del número efectivo de partidos nacionales42. El factor mecánico se refiere en un caso a regímenes presidencialistas caracterizados por una arena ejecutiva nacional (en general de carácter uninominal) y otra u otras arenas legislativas como la Cámara de Diputados o el Senado. Aquí la primera arena traccionaría a las demás (coattails effects) como consecuencia de una propensión racional de los votantes y las elites a orientar las expectativas de preferencias y el posicionamiento de la entrada hacia el cargo con mayor capacidad decisoria en materia de políticas públicas (la presidencia). Mientras que para el caso parlamentario, si bien no habría tracción entre categorías, sí se reproduciría el fenómeno, pero ahora dirigido a la búsqueda de concentrar las expectativas y la entrada en aquellas opciones coalicionales con posibilidades de formar gobierno. El factor de agregación, en cambio, está presuponiendo implícitamente una estructura de preferencias organizada a escala nacional (sin sesgos locales o regionales relevantes) y un sistema decisorio en la práctica centralizado, unido a partidos integrados horizontal y verticalmente (Cox, 1997).
En el segundo caso (exógeno), se especula que si los diferentes niveles electorales están asociados con unidades políticas autónomas -sobre todo en el caso de estados multinivel sin clivajes adscriptivos- esto no debería impactar negativamente sobre el proceso de integración nacional de las preferencias individuales y de los grupos focales partidarios, ya que dichas unidades (provincias, estados, cantones, regiones autónomas, etcétera) carecerían presumiblemente de clivajes étnicos (lingüísticos, religiosos, raciales) o grandes diferencias económicas o sociales activadas políticamente (Cox y Knoll, 2003).
La imagen principal que incluye este tipo de especulación teórica, es que las unidades políticas subnacionales no son en rigor estrictamente estados, teniendo en consideración que no cuentan con soberanía propia, sino en realidad gobiernos autónomos (electos en forma directa), con jurisdicción territorial y a cargo de competencias materiales o funciones correspondientes a ciertas competencias, sobre las cuales tienen capacidad de coerción y control (Treisman, 2007; Marks, Hooghe, 2003; Bednar 2009; Beramendi, 2007). Los ciudadanos entonces formarían parte de una misma comunidad cívica nacional pero tendrían la posibilidad de elegir democráticamente a distintos niveles de gobierno a cargo de distintas competencias materiales del Estado. Dicha imagen también supone que en realidad no hay grupos institucionalmente delimitados por la norma territorial correspondiente a estas unidades políticas, y por lo tanto no se los debería asimilar con comunidades cívicas nacionales, sino que en realidad deben ser considerados como cuerpos electorales de distritos con fines fundamentalmente ligados a la descentralización del gobierno y la administración pública (Bednar, 2005). En este sentido, no existe una gran diferencia entre distritos electorales stricto sensu43 y distritos electorales que simultáneamente son unidades de gobierno subestatal44. Otro aspecto no menos importante es que se descarta la presencia de clivajes adscriptivos de tipo étnico o similares que pudiesen constituir el cemento para la afirmación de naciones minoritarias y con ello de legitimar comunidades cívicas "subnacionales". Por último, no se presentarían limitaciones potenciales para el desarrollo normal de procesos de uniformización e integración geográfica del pueblo, la sociedad y la economía como resultado de la existencia de estos gobiernos subestatales.
Como puede apreciarse rápidamente de estos dos últimos enunciados, tanto la versión endógena (efectos mecánicos y de agregación) como la exógena (simetría y uniformidad) incorporan implícitamente un proceso de integración nacional de las decisiones de coordinación estratégica y de los clivajes étnicos, culturales o socioeconómicos subnacionales, cuyo corolario es el ensamblado vertical de las preferencias individuales y de los grupos focales en un solo sistema político nacionalizado (Filippov, Ordeshook y Shvetsova, 2004). Sin embargo, presumir la efectividad de los factores antes descritos implica desconocer que los presupuestos básicos del consenso racional que fundamentan la constitución de comunidades cívicas nacionales compuestas por ciudadanos libres, descansa en un mecanismo de formación comunitaria estatal cuya aplicación debería ser común tanto para el Estado nacional como para las unidades estatales subnacionales.
El optimismo de estas presunciones acerca de la nacionalización es asimilable a las opiniones del ultimo Riker (1982) respecto a la intrascendencia de las instituciones federales si el proceso de integración avizorado por él para las polities encuadradas en el "federalismo centralizado"45 o diseños similares (aquí estados democráticos multinivel) hubieran cumplido cabalmente con el proceso de nacionalización y particularmente con la obtención de "la armonía federal partidaria" (Riker y Schaps, 1987) prolegómeno de la integración nacional del sistema de partidos. Como puede verse, todas estas cuestiones garantizarían la coordinación política interdistrital y entre niveles, pero fundamentalmente la articulación vertical de las mayorías, la agenda política y la jerarquía de decisional (Dahl, 1986).
Vale recordar también aquí que una de las interpretaciones más lúcidas del pensamiento de William Riker sobre el federalismo político (Filippov, 2005) considera que para el argumento endógeno lo que determina en realidad el grado de descentralización del Estado es cuán integrado verticalmente se encuentran los partidos políticos y de acuerdo a ello los procesos de toma de decisiones. Y que este tema es independiente del grado de descentralización formal previsto por el diseño institucional de cualquier Estado multinivel. En consecuencia, resulta fácil entender la importancia de la "nacionalización" para la teoría de la elección social y particularmente para la versión de la coordinación estratégica, ya que sería ella quien garantiza la centralización, estructuración e integración nacional del sistema político.
Sin embargo, si se observan algunas consecuencias teóricas y empíricas de lo que se discutió en el primer apartado, subsistirían al menos dos cuestiones importantes probablemente obscurecidas por el presunto proceso de "nacionalización". Por un lado, la cuestión de la representación imperfecta46 a la cual se condenaría a los actores políticos subnacionales en su propia arena institucional. Porque al coordinarse verticalmente para garantizar la integración del sistema político -de acuerdo a los motivos ya apuntados- en el mejor de los casos deberían dejar de lado las propuestas políticas reconocidas por sus votantes para vincularlos a su selección de preferencias locales, o en el peor de los casos, no existirían siquiera aquellas propuestas y el proceso de selección de preferencias se desarrollaría exclusivamente por tracción (coattails effects) de las políticas nacionales. Sumariamente, tendríamos en la primera posibilidad una muy mala performance de la representación democrática desde una posición prospectiva (mandato), y en la segunda otra muy mala performance pero desde una posición retrospectiva (accountability) (Manin, Przeworski y Stokes, 1999).
Por otro lado, si los niveles de gobierno correspondientes a estados democráticos de primer y segundo orden son un resultado positivo de la diversificación en la orientación y especificación de preferencias individuales (Colomer, 2001) y por lo tanto constituyen un escenario positivo de elección social (como reconoce la teoría), el hecho de que eventualmente traigan consigo problemas de acción colectiva por la presencia de gobierno dividido entre niveles estatales (Colomer, 2001) no debería ocultar que aun sin clivajes intransitivos en el interior de estas polities subestatales, de todas formas y por su sola existencia, sería difícil negar que no se vayan a constituir intereses institucionalizados47. En realidad, lo más razonable es que tales intereses institucionalizados sí obtengan representación como "intereses regionales", y puedan hacerlo a diferencia de otros factores regionalizados (económicos, culturales, lingüísticos, etcétera) que justamente por no contar con un origen institucional, carezcan de una constituency y un Estado donde obtener representación política (McKay, 2004)48.
Si esto último es cierto, la "desnacionalización" del sistema político, y con ello la presencia de condiciones de baja o nula integración en el comportamiento estratégico del electorado y la elites políticas, no serían únicamente el resultado de aquellas diferencias grupales que la democracia liberal pretende eliminar institucionalmente (clivajes comunitarios adscriptivos), sino además un resultado histórico de la existencia misma de polities democrático-liberales subestatales, que comparten el territorio, el pueblo y la autoridad política en el interior del un mismo Estado nacional (Moreno, 2008).

Conclusión: "desnacionalización" del sistema político y coordinación electoral

El argumento central de estas notas es que la teoría de la coordinación estratégica incorpora una serie de supuestos extraídos de la teoría democrática liberal I acerca de la formación de comunidades cívicas nacionales en estados unitarios y que estos supuestos son cruciales para poder sostener de forma consistente la coordinación de los votantes y de las elites políticas entre distritos, categorías y niveles. Una derivación lógica de este argumento es que si el Estado democrático no es unitario y en cambio es un Estado multinivel cuyo régimen político democrático es descentralizado, se deberán aplicar los mismos supuestos sobre la formación de comunidades cívicas, tanto para el Estado nacional como para las provincias, estados, regiones y en general cualquier otro tipo de unidad política autónoma que lo integre (Kaplan, 1999). El problema que se va presentar entonces es que si se acepta esta derivación no va a ser factible sostener la consistencia de la coordinación de votantes y elites de la misma manera que en los estados unitarios, sencillamente porque la coordinación tendría que producirse simultáneamente en las comunidades cívicas subestatales y el ámbito nacional. En consecuencia, no habría razones teóricas para negar la posibilidad de que pudiesen existir preferencias, identidades, intereses y expectativas racionales de referencia subestatal entre los individuos que componen el electorado y las elites políticas del Estado.
El corolario de lo que acabo de sostener es que la teoría de la nacionalización del Estado democrático y del sistema político, sostenida como la confirmación empírica de la existencia de la comunidad cívica nacional o como el mecanismo efectivo de proyección de las preferencias y la entrada estratégica en todo el territorio estatal, no puede sostenerse teóricamente en los mismos términos y con la misma solidez y verosimilitud en el caso de estados democráticos unitarios que en el caso de estados democráticos multinivel.
Esta conclusión trae consigo tres consecuencias diferentes, (i) si nos situamos en estados democráticos multinivel, es necesario desarrollar una reflexión teórica ad hoc sobre los mecanismos y modelos de vinculación estratégica horizontales entre distritos y verticales entre categorías y niveles electorales, (ii) para ello resulta necesario contar con categorías y conceptos teóricos que nos permitan abordar las diferencias en la constitución de grupos de origen adscriptivo superpuestos y eventualmente incongruentes (Gagnon y Iacovino, 2005), y por último, (iii) lo más probable es que debamos enfrentarnos a escenarios de segundas mejores opciones y que los modelos en equilibrio posibles para tales circunstancias sean más bien un compromiso dinámico entre situaciones extremas de descentralización y centralización del poder político (Bakke y Wibbels, 2006).
Un manera práctica de comenzar a resolver los dilemas teóricos que se desprenden de las consecuencias que acabo de describir es enfocar directamente el problema de los presupuestos iniciales respecto a la teoría democrática liberal I y encararlos asimilando en el plano ético a las comunidades cívicas subestatales de origen exclusivamente institucional ("federalismo funcional" para Rokkan y Urwin, 1983: 179-185) con las comunidades cívicas subestatales de origen nacional minoritario ("federalismo orgánico", Rokkan y Urwin, 1983: 179-185). Un planteo que no busca homologarlas desde el punto de vista de su origen histórico y cultural, sino desde el punto de vista de su operacionalizacion política como comunidades nacionales, ambas de origen y legitimidad cívica estatal. Esto supone recuperar la idea política de "etnicización cívica" de Miquel Caminal (2002) o "etnicidad ficticia" de Étienne Balibar (1990), pero en el sentido inverso; no para entender la legitimidad de las minorías nacionales autodeterminadas frente a la legitimidad nacional mayoritaria en la arena internacional, sino todo lo contrario, para legitimar la formación de comunidades cívicas subnacionales en forma semejante y según los mismos presupuestos teóricos que en la formación de la comunidad cívica nacional.
De lo dicho, creo que surge la necesidad de revisar algunas cuestiones acerca de la teoría estándar sobre la "nacionalización", sobre todo cuando la aplicamos a estudios sobre política comparada en estados democráticos multinivel. Lo que me parece más relevante es que nos permitamos un cambio de mirada que por lo menos considere la posibilidad de que la nacionalización puede no haberse producido total o parcialmente, y que una situación de este tipo no tendría que ser considerada automáticamente como una anomalía en la formación de comunidades cívicas nacionales integradas o como "fallos de coordinación" del electorado y la elites, sino en cambio como escenarios posibles y hasta teóricamente esperables en los cuales las preferencias pueden particularizarse geográficamente y superponerse entre niveles de representación estatal. Un escenario donde sería razonable que las identidades, lealtades y comunidades cívicas se encuentren anidadas, tanto en los electores como en los actores políticos (Calvo y Escolar, 2005).
Una mirada como la que describí también tendría que considerar una limitación teórica importante. De la misma forma que sostengo la necesidad de reconocer la similitud de los presupuestos democrático-liberales en la formación de comunidades cívicas subestatales, también reconozco que las polities subestatales no son estados soberanos en el contexto de una arena internacional, ni culturas societales excluyentes y unitarias, sino dimensiones subjetivas de las preferencias individuales y escenarios políticos objetivos simultáneos e imbricados49 y por lo tanto sujetos ambos (los aspectos subjetivos y los objetivos) a la influencia recíproca y a acuerdos coyunturales o regionales de segmentación50 de la coordinación política.
Por último, al reconocer la posibilidad de que la nacionalización no funcione como un exorcismo normativo o teórico para acomodar adecuadamente la realidad política multinivel, la mayor parte de las situaciones anormales e irresolubles que encontremos en los acontecimientos políticos y en el desempeño institucional democrático en estados de este tipo, podrían ser abordados positivamente por medio de la producción teórica, la especificación conceptual y el desarrollo de metodologías apropiadas. O dicho de otra forma, si nos permitimos pensar la coordinación estratégica multinivel como un escenario donde lo más probable es que se presenten diversos grados de "desnacionalización" distribuidos geográfica e históricamente y no abrimos inmediatamente un juicio de valor al respecto; seguramente no vamos a tener problemas para diseñar, intervenir y regular instituciones eficientes y estables, aun partiendo de perspectivas teóricas contrarias y posicionamientos ideológicos diferentes. Porque lo que en un caso podría implicar la búsqueda de una transformación hacia horizontes más integrados, en otro supondría el fortalecimiento institucional de estructuras y agentes diversos o descentralizados, pero en general compartiría un campo de análisis común, perspectivas teóricas conmensurables y resultados empíricos metodológicamente asimilables.

Notas

1 Por "Estado soberano" o "westfaliano" se entiende a aquel que detenta la autoridad interna absoluta e independiente de cualquier otro poder superior o similar. En la dimensión externa, es reconocido de facto como tal por los otros estados de estatus similar y desde la perspectiva realista que prima en las relaciones internacionales es la única entidad política legítima y autorizada. En este sentido, se presupone que su existencia expresa un proceso de autodeterminación colectivo de un pueblo que en general es asociado con la idea de nación (tomo aquí la caracterización reciente de Bauböck, 2007).

2 Este tema será tratado en detalle más adelante. Por ahora sólo voy a considerarlo un presupuesto básico del liberalismo basado en la adhesión voluntaria a un acuerdo sobre el bien (contractualismo) y como condición necesaria para la formación de una ciudadanía uniforme (igualitarismo).

3 Walzer distingue entre un "liberalismo de tipo I", que asimila a la postura tradicional o estándar liberal monista, neutralista y centrada en el individuo, y liberalismo II, donde se permite la presencia de derechos diferenciados e identidades múltiples en el interior de un mismo Estado. Su propósito es el de sistematizar una clasificación simple recuperando la narrativa y las ideas de Taylor sobre la diversificación de las fuentes de la identidad individual moderna (Taylor, 1994a) y la perspectiva de la teoría del reconocimiento (Taylor, 1994b). Ferran Requejo (2007) retoma posteriormente esta clasificación y la amplía, asociándolo con las "dos versiones de liberalismo" desarrolladas por John Gray (2004): la (a) "tolerancia" como consenso racional y convergencia de valores, y el (b) modus vivendi, como coexistencia y pluralismo de valores. Requejo (2007)  también considera que existe una relación necesaria entre el énfasis en la libertad individual en el "liberalismo I", y la identidad monista y el consenso racional instituidas en un acuerdo previo. Esto hace que amplíe la crítica a versiones menos extremas del comunitarismo cívico, como la de "consenso superpuesto" del segundo Rawls (1993 y 1999) y el patriotismo cívico explícitamente construido de Habermas (1994) ("patriotismo constitucional"). De esta manera, entiendo que Requejo (2007) brinda una visión más amplia de liberalismo I y II; con lo que se acerca en gran medida a Kymlicka (2003), quien optando por la distinción simple entre individualismo y pluralismo, enfatiza la necesaria participación del componente contractualista inicial en la distinción entre ambos tipos de liberalismo.

4 La neutralidad del Estado en la determinación institucional y abstracta del pueblo proviene del hecho que las personas constituidas como ciudadanos por su intermedio son sólo un grupo sin atributos específicos de origen e iguales entre sí (Yack, 2001).

5 El territorio como mecanismo jurídico es una norma localizada geográficamente que discrimina entre el interior y el exterior del Estado y por su intermedio todo su contenido, inclusive las personas sujetas a su autoridad quedan materialmente clasificadas (Alliès, 1980; Brubarker, 1992; Escolar, 1993, 1994).

6 El concepto de "cultura societal" lo desarrolla Kymlicka para referirse a un grupo de referencia cultural homogénea concentrado geográficamente cuyo núcleo aglutinador es la lengua compartida (materna). A esto le asocia un marco de instituciones que protegen y promueven su permanencia y ampliación como cultura (Kymlicka, 2003: 39-44). En el uso que hago del concepto, amplío su espectro a segmentaciones dialectales más sutiles (regionalismos, modismos, etcétera) y asumo que otros factores de aglutinación como clivajes religiosos, prácticas culturales cotidianas, rituales que suponen códigos y aprendizaje especializado, narraciones históricas y escenarios geográficos autorreferentes o bien rasgos físicos y comportamentales etnicizados y excluyentes, también pueden integrarse y promoverse institucionalmente para dar lugar a "culturas societales" diferenciadas (Bhabha, 1990; Spinner, 1994).

7 Una "comunidad de origen cívica" alude a un grupo autoidentificado que comparte un origen común. En este caso el origen común o "metáfora raíz" que construye el sentido de permanencia (Gupta, 2000: 105-108), resulta de la pertenencia a una comunidad cívica delimitada geográficamente por el territorio del Estado y construida socialmente por prácticas institucionales estandarizadas y uniformes (Escolar, 1994; Escolar, Quintero y Reboratti, 1994; Canovan, 1998).

8 Existen dos tipos de clivajes de referencia grupal, los voluntarios y los adscriptivos. En el primer caso, las personas pueden como individuos decidir su incorporación y permanencia. En el segundo, las personas son constitutivamente integrantes y su permanencia es independiente de su voluntad (Spinner, 1994).

9 El término "subestatal" me parece más adecuado que "subnacional" cuando se alude a entidades estatales que se ubican en el interior de un Estado mayor. Por otro lado, en el caso de estados democráticos multinivel que contienen naciones minoritarias, el prefijo "sub" tiene connotaciones peyorativas que pueden ser interpretadas como una degradación del estatus nacional ("secuestro" de las federaciones, según Requejo, 2007: 85-88). Probablemente, cuando no existen estos últimos clivajes y se reconoce una sola nación el término no sea tan problemático. De todas formas, más adelante veremos que esto también presenta algunas aristas complicadas de resolver teóricamente, aun cuando solo existan clivajes de origen institucional.

10 Una comunidad es territorial cuando un grupo comunitario autorreferenciado pretende ejercer el dominio efectivo sobre un área geográfica delimitada. En este sentido, dicho dominio implica el control y comunicación del límite, la discriminación geográfica del grupo y la representación subjetiva de un imaginario regional común. El territorio de referencia, por otro lado, puede o no estar asociado con alguna entidad política o administrativa (consúltese Sack, 1986).

11 La bibliografía en este punto es sumamente prolífica y no pretendo abordarla íntegramente. Sin embargo, pueden destacarse algunas tradiciones y autores que fueron retomados en el debate, la crítica a las perspectivas comunitaristas e historicistas del romanticismo alemán de Elie Kedourie (1988), la teoría comunicacional funcionalista de Karl Deutsch (1971, 1979) y la más significativa por su impronta posterior, la teoría de la modernización nacional de Ernest Gellner (1965, 1983a, 1983b). Tres libros jugaron un rol iconográfico en esa coyuntura, "Naciones y nacionalismos desde 1780" de Eric Hobsbawm (1992): una reconstrucción historiográfica de los orígenes estatales modernos de la idea de Nación; "Comunidades imaginadas" de Benedict Anderson (1993): ensayo histórico-sociológico acerca de la importancia de los medios de socialización masiva en la construcción del imaginario grupal uniforme de la nación moderna; y el clásico de Ernest Gellner (1983b), "Naciones y nacionalismos", donde se destacaba la existencia de un camino secuencial tradición-modernidad en el desarrollo funcional de las naciones-Estado modernas. Otras voces como las de Anthony Smith tendrían en cambio miradas contrarias a las perspectivas predominantes, al considerar la importancia de reconocer el origen étnico- histórico (movilización vernácula) o institucional (incorporación burocrática) en una matriz dual de legitimación (Smith, 1993, 1988, 1997) de las naciones modernas. En términos generales, para la posición predominante los procesos de movilización nacionalista eran reducidos a la "invención de tradiciones" (Hobsbawm y Ranger, 1984), "comunidades imaginadas" (Anderson, 1993) o "naciones ideales" y "etnias ficticias" (Balibar, 1990) donde si bien se identificaban adecuadamente los procesos de nacionalización estatal, asimismo se descartaba la posibilidad de considerar otros mecanismos de integración e identificación grupal no institucionales en la formación de la nacionalidad. Textos como los de Liah Greenfeld (1993) y Richard Taylor (1994a) en el campo de la historia social y de las ideas marcan en gran medida un cambio de rumbo orientado a reconocer la diversidad de fuentes y orígenes y la posibilidad de un tratamiento más abarcativo y menos normativo del fenómeno. En forma paralela, la discusión historiográfica sobre los orígenes democráticos de la nacionalidad como ideología cívica va a ser discutida en trabajos de autores franceses, como los de Guiomar (1974, 1990), Alliès (1980) y Citron (1991) y también en el proyecto de vincular esta última perspectiva con la tradición anglosajona presente en el libro colectivo editado por Gil Delannoi y André Taguieff (1993). Es sobre esta base que se producirá la ruptura teórica posterior, que va a enfocar prioritariamente la atención a los fenómenos multiculturales y de descolonización y a los problemas internos del liberalismo democrático.

12 Esta es la conclusión general de Hall (1998) en la introducción a un libro colectivo sobre la obra de Ernest Gellner.

13 Este esquema conceptual guarda importantes similitudes teóricas con la idea de continumm federal, expuesta originalmente por William Riker (1964; 1975) que supone una variación ilimitada (federal bargain) de situaciones, desde el de federalismo descentralizado (alianzas muy débiles) hasta otro centralizado (el federalismo centralizado americano), este último además en continuo cambio hacia la centralización.

14 En rigor Stein Rokkan ya había iniciado este camino en 1974 (Rokkan, 1974).

15 Una alternativa que distingue entre el tipo de respuesta e influencia predominante y por lo tanto integra ambas perspectivas es el trabajo de Claggett, Flanigan y Zingale (1984).

16 Kawato (1987) va a estimar, en cambio, la alternancia de períodos de alta y baja nacionalización y la presencia de importantes coyunturas de realineamiento político a escala nacional.

17 La sistematización de estas perspectivas están expuestas críticamente en Leiras (2006, 2010) y Escolar y Castro (2011). Discusiones estrictamente metodológicas acerca de los indicadores adoptados pueden encontrarse en Moenius y Kasuya (2004) y Kasuya y Moenius (2008). Dos trabajos recientes que evalúan el desempeño y el sesgo de las diferentes técnicas utilizadas son el de Lago y Montero (2010) y el de Morgenstern, Polga-Hecimovich y Siavelis (2011).

18 Los estudios sobre "congruencia" y "agregación partidaria" se han desarrollado como una respuesta a la presunción de que un aumento de la nacionalización de las preferencias individuales en ambas dimensiones (geográfica o temporal) redundaría necesariamente en una convergencia vertical del comportamiento entre niveles y categorías. Varios trabajos han indagado sobre la posibilidad de que esto no se produzca en el comportamiento de los electores: Roberts (1989); Hearl, Budge y Pearson (1996); Chhibber y Kollman (1998, 2004); Calvo y Escolar (2005); Thorlakson (2007, 2009); Leiras (2006, 2010); Wittenberg (2008); Escolar (2011).

19 Un importante grupo de estudios investiga la formación multinivel de coaliciones políticas en regímenes parlamentarios sobre la base del trabajo original de Downs (1998). Entre la abundante bibliografía existente, baste considerar las obras colectivas de Hough y Jeffery (2006), Deschouwer y Jans (2007) y Swenden y Maddens (2009), junto a el reciente número de la revista Regional and Federal Studies (2009, Vol. 19, N° 1) organizado por Irina Stefuriuc y prologado con un detallado estado de la cuestión (Stefuriuc, 2009a).

20 Este problema implícito en la teoría de la soberanía negativa wilsoniana lo destaca Bartelson (1995).

21 En francés en el original.

22 Los individuos que integran un electorado masivo seleccionan sus preferencias electorales conforme a dos actitudes básicas, (i) de forma sincera, optando por su primera preferencia y sin considerar las probabilidades de obtener representación que tenga esta ultima, o (ii) estratégicamente, optando por una segunda (o n) preferencia que maximice la relación entre sus expectativas respecto a su primera preferencia y la más viable desde el punto de vista de las probabilidades de representación. En el primer caso, no se tienen en cuenta los factores contextuales (sociológicos) que le permitirían al elector evaluar la probabilidad de obtener representación por parte de la opción seleccionada (cuántos electores la votarían) y tampoco se tienen en cuenta los factores institucionales (sistemas electorales) que al transformar votos en bancas o cargos ejecutivos, determinan objetivamente las probabilidades de obtener representación. La presunción que se encuentra detrás del voto estratégico es que los individuos al votar tratan de coordinarse con los demás electores haciendo uso de la información disponible a fin de maximizar su voto. Sobre la base de la propuesta teórica de Arrow (1951), Gibbard (1973) y Satterthwaite (1975) demostraron desde una perspectiva formal la existencia de incentivos estratégicos en el electorado. La proposición es similar a las conjeturas sobre los efectos estratégicos de los sistemas proporcionales, formulada primero por Leys (1959) y luego por Sartori (1997).

23 Los actores individuales que integran las elites políticas en una democracia representativa toman decisiones de participar en la competencia política electoral (en rigor, podrían decidir participar por otros medios: lobby, organizaciones de la sociedad civil, etcétera) considerando (i) factores contextuales (sociológicos) que impulsan su movilización y (ii) factores estratégicos respecto a la viabilidad de la postulación; por ejemplo si están en condiciones de obtener los votos necesarios para ser electos. La segunda alternativa (estratégica) implica también decisiones referidas a con quién, o en qué grupo político decidirá competir el dirigente (Farrel, 1987). En este sentido, las decisiones de entrada estratégica son decisiones de coalición estratégica (Cox, 1997) y presuponen que es factible estimar el comportamiento estratégico de los votantes antes de la postulación (voto estratégico).

24 Por razones que discutiré más adelante, limito aquí el análisis a la teoría de la elección social y no lo amplío a la teoría de la elección pública (public choice) y la teoría espacial. Por esta razón no utilizo la denominación abarcativa de "teorías formales" como hace Cox (1997: 27).

25 Esta es el objeto del estudio de los procesos de acción colectiva que sustentan la agregación subjetiva y organización objetiva grupal (Olson, 1971). En efecto, dicha teoría se interroga acerca de la manera en que la preferencias individuales expresadas como una función de utilidad respecto a ciertos bienes públicos pueden agregarse para dar lugar a tendencias colectivas más o menos permanentes que, en un proceso circular, generan a su vez incentivos y condiciones contextuales e institucionales que actúan sobre la utilidad marginal de las preferencias individuales (Colomer, 2001).

26 De esta forma, el conjunto de las interacciones entre las preferencias individuales se estructuran diacrónicamente a través de reglas que dan lugar a los diferentes diseños institucionales (Ostrom, 2005).

27 El debate entre sociólogos del comportamiento electoral e institucionalistas circula alrededor de una fuerte dicotomía teórica. Los primeros consideran que los sistemas electorales son marginales en las decisiones individuales y que finalmente terminan reflejando más o menos eficazmente las preferencias del electorado. Los segundos, en cambio, consideran que las instituciones producen efectos mecánicos sobre las decisiones de los votantes y que por lo tanto su modificación afecta los resultados obtenidos. Por ejemplo, el 20 por ciento de los votantes prefiere al partido A, pero al haber solo un escaño disponible en el distrito, con ese porcentaje no obtienen representación. Si en cambio hubiera habido seis escaños, utilizando alguna fórmula proporcional seguramente hubieran obtenido alguno. Sin embargo estas dos posiciones ubican a los votantes en una postura de decisor aislado que solo tiene una preferencia, la primera, y que vota por ella sinceramente. En esta perspectiva, los votantes no hacen uso estratégico de las posibilidades que le brindan los sistemas electorales. Volviendo al ejemplo anterior, el 20 por ciento de los votantes abandonaría al candidato inviable del partido A aunque fuese de su primera preferencia, por otro más viable y próximo a sus segundas preferencias, quien con el nuevo aporte electoral podría eventualmente ganar. Como señala con claridad Cox (1997), esto también explica por qué los sistemas electorales cambian: al producir efectos estratégicos entre los votantes, también pueden ser manipulados estratégicamente por las elites tratando de buscar rédito político.

28 El "abandono estratégico" es el mecanismo más común en la reducción del número de partidos competitivos por efecto del uso instrumental de un sistema electoral. Se refiere al abandono de la primera preferencia "sincera" para beneficiar a una segunda preferencia viable.

29 En el modelo estándar de coordinación estratégica a nivel de distrito ("duvergeriano"), el abandono de las opciones poco viables y la transferencia de dichos votos a segundas preferencias viables encuentra un equilibrio (si existen condiciones de información completa), en un número de candidatos competitivos igual al número de escaños disponibles en el distrito (magnitud efectiva= M) mas uno. Esta regla denominada de M+1, es el resultado de considerar que un elector racional abandonará todas las opciones que estime tengan un desempeño probable inferior a la opción inmediatamente posterior a la última viable más votada (M) y que por lo tanto puede competir con ella y aventajarla. Si esto es cierto, en un Estado compuesto por muchos distritos, existirán tantos partidos como número de candidatos en equilibrio haya por distrito (M+1) multiplicado por el número de distritos. De manera tal que, siendo D el número de distritos, N el número de partidos totales y C el número de candidatos totales, la relación entre el número de candidatos totales y el número total de partidos NC = (M+1) D, va a estar determinada por la compresión del número de candidatos que se identifiquen transversalmente con el mismo partido según la relación : , que es la relación de "nacionalización" (Cox, 1997).

30 Cox sí se refiere extensamente a la coordinación vertical (entre tipos de candidaturas) y destaca la importancia de diferentes factores como la influencia presidencial o la búsqueda del gobierno (regímenes parlamentarios), la necesidad de financiamiento y la importancia de los bienes públicos centrales en la estructura de preferencias individuales y por ende en las decisiones coalicionales de las elites. Explícitamente denomina a este fenómeno con el término "nacionalización", y considera que es en este punto donde se produce una relación interactiva entre la estructura de clivajes sociales y los incentivos institucionales del sistema electoral (Amorim Neto y Cox, 1997). En este sentido afirma que existe una secuencia estratégica normal (Cox, 1997; 2005) y que en condiciones centrífugas del sistema de partidos (Cox, 1990) se producirán diferentes tipos de fallos de coordinación. Lo que en ningún caso, o solo colateralmente tiene en cuenta (Cox y Knoll, 2003), es lo que puede suceder cuando la coordinación tendría que darse, no solo entre categorías de una misma polity nacional, sino además entre categorías y diferentes niveles de polities subestatales.

31 Cox incorpora también "partidos y sistemas de partidos" (Sartori, 1997) en su descripción del argumento de la "proyección". Me parece que en dicho texto, Sartori no hace un uso explicito de él, más bien lo presupone en su crítica a Rae (Sartori, 1997: 343-373) y lo incorpora veladamente cuando caracteriza la formación de la estructura de oportunidades del sistema de partidos (Sartori, 1997: 128-143). Por otro lado, en ese texto es muy crítico de la posibilidad de razonar en ese sentido. Sin embargo, creo que mantiene sus creencias originales expresadas en Sartori (1997) en un artículo mucho más reciente cuyo propósito explícito es efectuar una crítica epistemológica y teórica a la "leyes" de Duverger y en el cual, al aludir a la "proyección" de los resultados distritales a los nacionales, nuevamente vuelve a sostener los efectos compresivos de un sistema estructurado de partidos (Sartori, 1997: 55, 59-62).

32 Los efectos reductores o limitativos de un sistema electoral son los presuntos efectos mecánicos de la aplicación del sistema a la conversión de votos en bancas. Esto implícitamente presupone la versión tradicional institucionalista (véase cita 28), que no integra el impacto anticipado de los efectos mecánicos del sistema en la selección de preferencias de los votantes cuando estos hacen un uso estratégico de ellos.

33 Los modelos de coordinación estratégica desarrollados en la segunda parte de Cox (1997) se aplican exclusivamente a nivel de distrito. Esto es, se asume que los electores comparten una misma oferta de candidaturas y etiquetas focales partidarias, y las elites tienen los mismos incentivos y estructuras de oportunidades. Sobre estas premisas se deducen las condiciones de equilibrio de acuerdo a las propiedades mecánicas de diferentes sistemas electorales.

34 "Volatilidad" hace referencia a la importancia del cambio temporal de la selección de preferencias de los electores en relación al total de votos de un distrito electoral. El "realineamiento" expresa la importancia de los cambios de opciones de entrada de las elites políticas respecto a la estructura coalicional preexistente. Ambos procesos están vinculados entre sí, ya que siguiendo el argumento clásico de Key (1955) el realineamiento se adapta a los cambios en las preferencias electorales pero a su vez, su condensación progresiva en un cambio de la oferta electoral partidaria, puede dar lugar también a un reacomodamiento de las preferencias individuales.

35 Esta postura la sostiene Gary Cox en su obra de 1997, sin embargo, en 1999 (Cox 1999b: 155-160) va a presentar algunas alternativas de modelos institucionales que permitirían generar incentivos endógenos para que se produzca la vinculación entre distritos, tanto en el plano de las preferencias individuales como de las decisiones de entrada de las elites. Lo mismo va a verificarse cuando presenta una estrategia de análisis de la coordinación vertical entre categorías por medio de la noción opuesta a la de vinculación (linkage) con el término "inflación partidaria" (Cox y Knoll, 2003). El tema también va a ser tratado marginalmente en Cox (1999a: 410-411), al abordar los incentivos de movilización entre los distritos y el orden nacional asociados con el aumento de la participación política. De todas formas, el último párrafo de Cox (1999b: 160) respecto al desarrollo de estudios futuros y la desaparición de la problemática reducida a una enumeración de mecanismos de vinculación en casos particulares (Cox, 2005: 79-81), evidencia que la resolución de los dilemas teóricos referidos a la coordinación interdistrital -si no se presume la existencia de factores externos como el sistema de partidos nacionalizado- está lejos de haberse resulto en el plano formal endógeno.

36 La solución adoptada por Gary Cox va ser exógena y subsidiariamente institucional (por ejemplo algunos mecanismos institucionales generan incentivos que promueven la vinculación). El argumento general (Amorim Neto y Cox, 1997) es que la coordinación inter distrital -y con ello el número de partidos nacionales- es una función interactiva de las instituciones electorales y la estructura de clivajes de una polity determinada.

37 El problema está explícitamente planteado en Moenius y Kasuya (2004).

38 Los grupos focales son comunidades políticas de interacciones estructuradas que trascienden la mera agregación coyuntural en el sentido de "arenas de acción" o "unidades focales" (Ostrom, 2005: 13-15, 26-27, IV). Cox se refiere a las "etiquetas o marcas focales" (labels) como aquellas etiquetas partidarias que para ser focal "... debe /ser/ valiosa como mecanismo de coordinación. Es preciso que /entonces/ haya establecido el monopolio con respecto al apoyo dentro de un segmento de opinión específico una vez expulsados o cooptados los otros supuestos mecanismos de coordinación" (Cox, 1997: 206).

39 Leiras (2006: 7-8) efectúa una detallada discusión sobre la conceptualización de Gary Cox respecto al termino linkage y su análogo "coordinación interdistrital", destacando el doble uso como expresión de representación efectiva y como enlace entre elites políticas (grupos y candidatos) entre distritos. La primera alternativa presume la existencia de un enlace virtual entre los electores y una candidatura o etiqueta partidaria; la segunda, una articulación de diferentes decisiones de entrada estratégica en el marco de grupos focales. Al igual que Gibson (2005: 111-112) identifica cierta ambigüedad en el término. Moenius y Kasuya (2004) en cambio, limitan su uso a la interacción entre la oferta partidaria y la selección de preferencias del electorado entre los distritos, en una idea parecida a la denominada "nacionalización" por Jones y Mainwaring (2003) y "agregación partidaria" por Chhibber y Kollman (1998, 2004: 61-64, 71-74).

40 La idea de agregación partidaria la utilizan Chhibber y Kollman (1998, 2004) en dos sentidos, por un lado (i) como el resultado de la integración horizontal (Filippov, Ordeshook y Shvetsova, 2004) entre los distritos de las estrategias de entrada de las elites políticas a través de la formación de grupos focales partidarios; por el otro (ii) la considera el resultado de la integración vertical de esas mismas estrategias en el marco de diseños institucionales multinivel. La agregación partidaria es una función lineal del nivel de nacionalización del electorado, el cual sintéticamente expresa en la homogeneidad geográfica de su voto y la convergencia de su selección de preferencias entre niveles, cuán integrados se hallan los partidos y el sistema de partidos en un Estado democrático multinivel. Leiras (2010) y también Lago y Montero (2010) hacen un uso más restrictivo del término y lo limitan solo a la segunda acepción: integración entre niveles.

41 "Fuertes" es el adjetivo que utiliza Sartori (1997) para caracterizar a los sistemas electorales más restrictivos y de tendencia mayoritaria. Es decir, cuyos efectos mecánicos se presume que comprimen el número de partidos.

42 El "número efectivo de partidos" es una medida de concentración grupal relativa dentro de una dada distribución de valores, desarrollado por Laakso y Taagepera (1979) a partir de calcular el inverso del índice de Hirschman-Herfindhal.

43 Son aquellos cuyo propósito es exclusivamente electoral pero no constituyen por sí mismos unidades de gobierno autónomo (circunscripciones electorales) (Escolar, 2007).

44 En estos casos, pueden ser unidades de gobierno autónomas y con ello elegir representantes o cargos ejecutivos correspondientes a su misma jurisdicción, o además servir también como circunscripciones electorales para cargos correspondientes a instituciones políticas de otro nivel (diputados nacionales, provinciales, etcétera) (Escolar, 2007).

45 En la concepción de Riker (1975) no existen modelos de régimen federal que puedan tipificarse de manera precisa (federales, confederales, uniones, etcétera), sino una línea continua que va de la máxima condición de descentralización del poder político en un alianza muy débil donde el Estado central se reserva la autoridad completa y el poder de decisión sobre una materia -como por ejemplo la coordinación militar- hasta el extremo opuesto, correspondiente a un Estado unitario. En medio se ubican todos los grados posibles de acuerdos federales que son el resultado político de procesos de negociación relativamente contingentes entre las elites políticas del centro y las de la periferia. Destaca Riker sin embargo, una clara distinción entre los federalismos que tienen un gobierno central con origen y legitimidad autónoma e independiente de los estados miembros y aquellos que no. En este primer grupo incluye a los que él denomina "federalismos centralizados" que identifica con los que comparten el modelo de Filadelfia. Siguiendo su argumentación, se llega a que las condiciones contingentes de negociación son las que determinan las relaciones de centralización y coordinación del sistema político por intermedio de los partidos políticos. Los partidos políticos y el sistema político en general, van a tender a centralizarse a través de un proceso secuencial que incorpora juegos múltiples bilaterales entre el centro y las unidades constitutivas, estos juegos implican la resolución progresiva de n dilemas del prisionero a favor del centro, lo cual a la postre producirá el aumento del poder de este último vis à vis la periferia. En este sentido, Riker centra la atención en los mecanismos de acción colectiva y no en el diseño institucional per se; es decir, no le importa cuán descentralizado es un Estado federal desde el punto de vista constitucional; lo que le resulta decisivo en cambio es saber si su sistema político es o no altamente centralizado y jerárquico. Teniendo en cuenta lo anterior, concluirá que el federalismo centralizado, a medida que se estabiliza e integra políticamente, volverá superfluos los incentivos políticos subnacionales y con ello el federalismo dejará de tener efectos relevantes para el análisis político comparado (Riker, 1982). Este es el razonamiento que critica con dureza Alfred Stepan (2001) al responsabilizarlo de la desaparición de la temática federal en el debate politólogo hasta fines de los años noventa.

46 La representación imperfecta es un resultado contradictorio de los estados multinivel. Significa que si se produce el efecto virtuoso de integración del sistema político por medio de la nacionalización, también deberán desaparecer paulatinamente los factores de representación local que sustentan la selección de preferencias del electorado subestatal. O dicho de otra forma, los ciudadanos de un Estado subnacional tomarán decisiones cada vez más congruentes y desligadas de la oferta local, puesto que tendrán en su mira como prioridades sólo a la oferta nacional o central. En este contexto, la representación política a nivel subestatal será imperfecta (Filippov, Ordeshook y Shvetsova, 2004) ya que las elites políticas subnacionales no serán electas en función de su propuesta política, sino subsidiariamente como reflejo de las nacionales y en el sentido contrario no habrá rendición de cuentas posible ya que en realidad la "nacionalización" las transformará en políticamente irresponsables.

47 Los intereses institucionalizados son aquellos que se desarrollan por la presencia de un grupo de origen institucional como comunidad cívica y en menor medida como cuerpo electoral y se representan y asocian con una imagen naturalizada del grupo y de la realidad posterior del territorio de la unidad estatal o de la circunscripción electoral (Filippov, Ordeshook y Shvetsova, 2004).

48 En este caso, la inexistencia de instituciones políticas estatales o electorales y de una norma territorial de relimitación del grupo podría impedir la formación y consolidación de intereses. O en el caso de existir el grupo de todas formas, estos no estarían en condiciones de obtener representación de algún tipo en la arena política.

49 Esta observación reduce la efectividad metodológica de comparaciones estilo scalingdown (Snyder, 2001) puesto que la posibilidad de aumentar el número de observaciones por medio de la incorporación de unidades políticas subestatales, aun cuando permita en principio un mayor control contextual sobre las variables intervinientes, incorpora de manera implícita el tratamiento de las polities subestatales como unidades de observación independientes, equivalentes a los estados soberanos en la arena internacional.

50 La segmentación de la coordinación política es un escenario donde el mejor subóptimo en la coordinación vertical (congruencia, agregación, convergencia) lo constituye partir el proceso coalicional, aun incorporando a los mismos actores políticos y al mismo electorado. Esto significa en los hechos presumir que los presupuestos de la nacionalización son estratégicamente operativos (Escolar, 2007).

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