ARTÍCULOS

A propósito del uso político del aparato estatal y la construcción de partidos políticos en la Argentina. Reflexiones sobre el peronismo en clave comparada: Corrientes y Santa Fe, 1946-1949

 

Natacha Bacolla, María del Mar Solís Carnicer

Universidad Nacional del Litoral, Argentina
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. nbacolla@hotmail.com
Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Argentina
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. marimarsolis@yahoo.com.ar

 

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Resumen

El artículo tiene por objeto abordar -desde una perspectiva comparativa- la impronta que adquiere durante el peronismo la relación entre provincia y nación en dos escenarios regionales del litoral argentino: el de la provincia de Corrientes y de Santa Fe en el período 1946-1949. Más específicamente, el análisis se centra en una de las dimensiones de esta relación: la dinámica de la esfera política (la organización del partido peronista, las relaciones gobierno- oposición, los actores, los ámbitos y las vías de participación) buscando avanzar hacia el estudio de la intrincada relación que se establece en el período entre política y estatalidad. El recorte temporal seleccionado presenta elementos de suma relevancia para el tema, puesto que si bien la conflictividad en los vínculos Nación-provincia no es un fenómeno inédito en la construcción del Estado argentino, durante el régimen peronista toma nuevos fundamentos que tienden a intensificar la tendencia a la centralización en el marco de una profunda crisis y mutación del sistema de partidos.

Palabras claves

Peronismo; Relaciones Nación-provincia; Corrientes; Santa Fe; Historia política

Abstract

The article analyses, from a comparative perspective, the impact that Peronism had in the relationship between province and nation in two regional scenarios of argentine Littoral: the province of Corrientes and Santa Fe between 1946 and 1949. More specifically, the analysis focuses on one dimension of this relationship: the dynamics of the political sphere (Peronist party organization, government-opposition relations, actors, areas and channels of participation) looking forward to advance toward the study of the intricate relationship established in the period between politics and state administration. The selected period presents elements of utmost relevance for the topic, since although conflict in linkages nation-province is not a new phenomenon in the construction of the Argentine state, during the peronist regime takes on new foundations that tend to intensifying trend toward centralization in the context of a deep crisis and mutation of the party system.

Keys words

Peronism ; Nation-province relationships ; Santa Fe ; Corrientes; Political history

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Introducción

Este artículo tiene por objeto abordar -desde una perspectiva comparativa- la impronta que adquiere la relación entre provincia y nación durante los gobiernos peronistas, entre 1946 y 1949, en dos escenarios regionales del litoral argentino: el de la provincia de Corrientes y de Santa Fe. Más específicamente, el análisis se centra en una de las dimensiones de esta relación: la dinámica de la esfera política (la organización del partido peronista, las relaciones gobierno-oposición, los actores, los ámbitos y las vías de participación) buscando avanzar hacia el estudio de la intrincada relación que se establece en el período entre política y estatalidad.
La política comparada es una práctica extendida en los estudios politológicos, sin embargo, en la historiografía, la historia comparada -más allá de su utilidad para la comprensión y explicación de algunos procesos históricos-, ha sido mucho menos desarrollada. Esto puede deberse a que, generalmente, su objeto gira en torno al desarrollo de un proceso en el tiempo y está obligada, entonces, a contraponer las condiciones precedentes con las subsecuentes y en la medida en que centra su atención en un país, una determinada cultura o un determinado grupo humano, implícitamente los distingue de todos los demás (Maier, 1992-93). Además, hacer historia comparada también implica enfrenarse a una serie de dificultades de tipo metodológico que deben tenerse en cuenta, tales como la incapacidad del historiador de dominar determinados contextos históricos, la confusión que muchas veces lleva a poner en el mismo nivel analogías superficiales y semejanzas estructurales o funcionales, o la hipergeneralización tautológica (Olabarri Gortázar, 1992-93). Por ese motivo cobran importancia los trabajos realizados en colaboración por equipos de investigadores, ejercicio intelectual que aquí nos propusimos realizar introduciendo la perspectiva comparada a nuestras propias investigaciones individuales, aprovechando una de las principales cualidades que aporta el uso de esta perspectiva, el desprenderse de una mirada demasiado localista de los problemas históricos.
El recorte temporal seleccionado presenta elementos de suma relevancia para el ejercicio comparativo respecto del tema, puesto que si bien la conflictividad en los vínculos Nación-provincia no es un fenómeno inédito en la construcción del Estado argentino, durante el régimen peronista toma nuevos fundamentos que tienden a intensificar la propensión a la centralización, en el marco de una profunda crisis y mutación del sistema de partidos, afectando en diversos modos a cada espacio provincial.
Es entonces a partir de estas premisas que ordenamos nuestro trabajo. En un primer apartado enfocaremos algunos aspectos de la construcción histórica de la arquitectura federal argentina hasta la reforma constitucional de 1949. En una segunda instancia abordaremos las experiencias de ambas provincias y, finalmente, presentaremos algunas conclusiones provisorias.

I. El vínculo federal: entramado institucional y práctica política

En los últimos años se ha desplegado una profunda renovación en los estudios sobre el peronismo, dando lugar a nuevas interpretaciones que vinieron a sumarse a las ya tradicionales realizadas inicialmente por sociólogos y politólogos. Esta nueva familia de interpretaciones es el resultado del trabajo de historiadores que, desde diferentes regiones del país, lograron ampliar el conocimiento de este fenómeno y establecer cambios y matices a las visiones más generales^[1]. En esa dirección pretende aportar el presente trabajo, poniendo en diálogo algunos aspectos de la "experiencia peronista" en dos espacios provinciales de la región Litoral: Corrientes y Santa Fe. Si bien ambas comparten algunas características regionales y forman parte de las 14 provincias históricas, los modos y tiempos de inserción en la dinámica política y económica nacional han sido distintos; lo cual ha contribuido a construir particularidades específicas en cada una de ellas a lo largo de la historia nacional. Mientras Corrientes no pudo incluirse en el proceso de transformación económica que se produjo a fines del siglo XIX a través del modelo agroexportador, quedando relegada a partir de allí a un lugar marginal tanto desde el punto de vista económico como político, Santa Fe se insertó en el mismo con éxito, participando de la expansión de la producción agrícola, el impacto migratorio sobre todo en el área central y sur de la provincia, los cuales alimentaron profundos cambios sociales y urbanos.
Ambos casos muestran, en modos disímiles, que el largo proceso de construcción y consolidación del Estado nacional parte de la fortaleza provincial-regional para arribar a su debilitamiento a favor de un Estado central. Como señala Chiaramonte (1983: 52):

La cuestión regional como cuestión nacional será entonces la historia de un largo proceso en el que las distintas fuerzas contrapuestas, las fuerzas provinciales, deberán cambiar para que de ese cambio surjan las posibilidades de negociar una solución, un compromiso, que dé lugar a la nación constituida.

Ese proceso de conjunción que culmina en el '80, favoreciendo ciertos intereses provinciales y dejando de lado otros, señala el coronamiento de una doble tarea: la construcción de una clase dirigente nacional y del Estado unificado, o más precisamente central, y paralelamente la reestructuración de las relaciones entre los actores y las dinámicas regionales. Lo que nos interesa aquí son las características que asume ese proceso y los lineamientos que señala a futuro, en particular en relación a dos cuestiones. Por una parte, la constitución de ese Estado central se relaciona con, para decirlo en palabras de Halperín Donghi, el avance ciego y avasallador de un orden capitalista mundial, al ritmo de cuyas transformaciones se elaborarán las sucesivas reformas. En este sentido, los cambios operados en el mismo aparecen vinculados con esa función de adecuación de la economía nacional a la redefinición de las relaciones económicas internacionales.
Por otra parte, la arquitectura institucional de ese Estado nacional implicó un proceso de centralización del poder y la constitución de una fórmula política que provocó una progresiva separación entre política y sociedad; y que en el largo plazo pondría en evidencia una contradicción entre esta última y el Estado. Como señala Botana (1977), la fórmula alberdiana proponía una solución federativa para resolver la inserción de las provincias en un sistema nacional de decisiones políticas. En la teoría esta distribución territorial del poder político permitía el autogobierno de las subunidades estatales e institucionalizaba una fórmula de gobierno compartido entre las autoridades regionales y una autoridad central. Concomitantemente, la forma federal garantizaba la integridad de las partes y el fomento de la negociación interregional como instrumento para la consecución de objetivos políticos comunes. Pero con la introducción en el texto constitucional del derecho de intervención con un amplio margen de interpretación y de acción para el gobierno nacional, artículo que perdurará a través de las reformas constitucionales, se abría el camino para el fortalecimiento de este último. De igual manera la práctica política desdibuja la forma republicana de gobierno. Esta era otra consecuencia, bastante explicable por cierto, de la formación de "arriba hacia abajo" del Estado y de la circunstancia que, además, fuera más elemento de un proyecto de sociedad futura que producto y reflejo de la realidad social en la época de su fundación (Sábato, 1991: 170).
Estos lineamientos que adquiere el Estado nacional desde sus orígenes perviven a pesar de los cambios en el régimen político, imponiendo una dinámica a la cual no será ajeno el peronismo. En este sentido, es nuestra hipótesis que si bien el peronismo se autopresenta como el constructor de una ruptura en el patrón secular de desarrollo de las estructuras político-institucionales, es tributario del mismo, superponiendo a las viejas formas los nuevos fundamentos ideológicos y tópicos que legitiman el avance del Estado en diversos campos y redefinen el contenido y el ejercicio de la ciudadanía.
En este contexto ¿qué impronta adquiere la relación entre provincia y nación durante los gobiernos peronistas? En general, cabe señalar que este movimiento centrípeto de acumulación de poder a favor del gobierno central a través de la absorción de potestades y funciones que precedentemente pertenecían a la esfera de las autonomías provinciales corre por dos carriles: uno que deriva de las nuevas tareas que asume el Estado y tiene sus principales vertientes en tres materias: política fiscal, planificación y en la innovación legislativa que contemplan los derechos sociales; y otro de tipo político, si se quiere más tradicional, ligado a la recurrencia a la intervención y la acentuación del presidencialismo. Nos detendremos en esta oportunidad en este último^[2].
Una de las herramientas institucionales más poderosas que en la experiencia histórica argentina coadyuvó a fracturar el dualismo federal fue, sin lugar a dudas, el de la intervención. El uso de las intervenciones federales -como forma de control del poder central sobre las provincias- fue utilizado con discrecionalidad desde fines del siglo XIX y muy especialmente durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. También el peronismo hizo amplio uso de ella durante sus diez años de gobierno con objetivos que no se apartaban en líneas generales de, para decirlo con palabras de Luis Alberto Romero (1955), la mejor tradición argentina. Sin embargo, es interesante subrayar que el peronismo buscó justificarse como innovador en este campo, oponiendo el "rol tradicional" y el "rol peronista" de la intervención. Mientras la intervención tradicional era una cuestión política y policial, relacionada principalmente con fines electorales, esta herramienta tenía para el peronismo un fin social y administrativo, orientado a dar operatividad a la gestión pública. Perón definía en los siguientes términos el significado de las intervenciones producidas en su gestión:

Las provincias fueron respetadas en su autonomía hasta los últimos extremos y las intervenciones decretadas frente a gobiernos provinciales integrados por hombres de nuestro movimiento, lo fueron por razones de orden y atendiendo a causas administrativas y al bienestar del pueblo y nunca por razones meramente políticas como las que solían originar las intervenciones del pasado^[3] (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Mensaje presidencial de apertura, 01/05/52: 33).

A pesar de esta justificación de la figura de la intervención como una herramienta técnico-administrativa, ésta sigue siendo el medio de zanjar conflictos internos a la fuerza política en el poder, de dar homogeneidad y disciplinamiento al partido emergente. Pero también un modo de poner los recursos provinciales al servicio del gobierno central y neutralizar cualquier intento de construir un proyecto alternativo al que se delineaba en las esferas nacionales.
La normativa constitucional al respecto no fue modificada por la reforma de 1949, subsistiendo las lagunas jurídicas que legaban al poder central una posición dominante: decidir en qué situación era necesario garantir la forma republicana de gobierno en las provincias (ya que la función reparadora o reconstructiva, esto es, por sedición o invasión apenas tuvo importancia desde 1880), y definir cuáles de los poderes políticos del gobierno federal era el autorizado para producir las decisiones autoritativas en la materia (el Poder Ejecutivo o el Legislativo).
Las dos intervenciones a las que fue sometida la provincia de Santa Fe son paradigmáticas al respecto. Tanto la de 1949 (restringida al Poder Ejecutivo) como la de 1955 (que alcanza a los tres poderes), fueron originadas por decretos del Poder Ejecutivo, y sólo ratificadas a posteriori por el Congreso. Los considerandos de ambos evocan justificativos similares fundados en la ineficacia e inoperancia de las autoridades (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1949: 56; diario La Capital, 02/03/55). Si en 1949, como veremos seguidamente, fue central esta maniobra para reponer en el poder a la elite estatal surgida del golpe de 1943, profundamente ligada a las esferas nacionales, y frenar el proyecto del gobernador Suárez (que a instancias de los lineamientos nacionales buscó crear un proyecto propio, fortaleciendo las instituciones provinciales en lo relativo al ámbito del trabajo, las obras públicas y la aplicación de la legislación social); en 1955, la intervención fue la vía para zanjar las disidencias de los dirigentes peronistas de Santa Fe en un contexto caracterizado por el esfuerzo para contener el ya irremediable hundimiento del régimen^[4].
En el caso correntino, si bien la intervención de 1947 que dio término a la particular experiencia del único gobierno provincial de signo político distinto al nacional, fue sancionada por ambas cámaras del Congreso Nacional -en un proceso largo y conflictivo que duró casi un año-, su objetivo político fue muy claro. Los principales argumentos esgrimidos para su aprobación (coincidentes con los empleados para el rechazo de los diplomas de los dos senadores nacionales electos por la provincia) se orientaron a sostener que la elección del gobernador aunque aparentaba legalidad, pues se había realizado según lo establecía el sistema electoral vigente, carecía de legitimidad porque no representaba la opinión de la mayoría de los votantes y por ende, sólo una intervención federal podía permitir la llegada de la "revolución peronista" a Corrientes^[5]. La intervención, que fue solicitada insistentemente por los mismos peronistas correntinos, fue la herramienta que permitió la organización y disciplinamiento del partido en la provincia al tiempo que le allanó el camino para el triunfo electoral.
En tanto la recurrencia a las estructuras estatales nacionales para la construcción y afianzamiento de la propia identidad política y la maquinaria partidaria no son novedosas, sí lo es la utilización por parte de Perón de su liderazgo personal e intransferible. Ésta contribuyó a acentuar el presidencialismo, que si bien se había forjado en la práctica previamente, tomó nuevo fundamento legal en la Constitución de 1949.
En general la nueva Constitución -que había recibido un apoyo mayoritario pero no consensual- agrega a los derechos políticos y las libertades civiles garantizadas por el texto de 1853, derechos sociales, económicos y principios de tipo nacionalista que se anuncian en el imperativo enunciado en el preámbulo de erigir una Argentina
"socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana". En la esfera política, la revisión constitucional borró algunas de las salvaguardas que la fórmula alberdiana había preconizado para limitar la ya fuerte figura presidencial entre las cuales, la de mayor importancia, era la no reelección del presidente por mandatos consecutivos.
La reforma política, presidida por la idea invocada por Perón de "propiciar mayor participación popular" en el gobierno, implicó también la incorporación de nuevos métodos en las elecciones destinadas al recambio del Poder Ejecutivo y Legislativo. El presidente y el vice, como así también los diputados y senadores (que igualan la duración del mandato en seis años, con renovación trienal) son elegidos por voto directo^[6]. En el caso del Ejecutivo, las provincias, la Capital Federal y los territorios nacionales forman un solo distrito electoral para tal efecto. Este sistema opera a favor de la densamente poblada Buenos Aires y debilita consecuentemente, como lo señaló en los debates de la constituyente nacional la oposición radical, la influencia política del resto de las provincias (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, 1949: 297).
La figura presidencial, así robustecida en las prescripciones institucionales diagramada en la Constitución, toma mayor dimensión en la práctica como consecuencia de la simbiosis que se establece entre la trayectoria personal del líder y las estructuras institucionales que se sancionan. Se ocluyen los espacios de participación propios de un régimen democrático, los partidos y el parlamento, y concomitantemente se restringen las vías a través de las cuales las provincias participan en los procesos de toma de decisión en el ámbito nacional. Y esto no sólo por la capacidad de iniciativa que gana el Ejecutivo en detrimento del Legislativo -desequilibrio que fue reforzado por la práctica del desafuero y la expulsión de los opositores (cuyas bancas quedaban vacantes, afectando la representación consagrada por el acto electoral)^[7], el cierre del debate y la aprobación de los proyectos del oficialismo sin modificaciones-, sino también por las características verticalistas del partido, y el avance de la legitimación plesbicitaria sobre el que otorga el consenso electoral.
Este presidencialismo exacerbado por el liderazgo carismático de Perón y su esposa, alimentado por una maquinaria de propaganda y movilización masiva, pone en una posición de inestabilidad permanente a los gobiernos provinciales que pasan a basar su legitimidad no sólo en el acto electoral sino también en el reconocimiento de la única autoridad incuestionable del régimen: el del líder de la "comunidad organizada".
Pero las consecuencias de este fuerte presidencialismo sobre los estados provinciales se aprecian mejor cuando se entremezcla con el retroceso de los poderes no delegados por las provincias. Hay, a partir del nuevo ordenamiento constitucional, toda una miríada de ámbitos susceptibles de ser legislados y sostenidos por el gobierno nacional: los derechos sociales, los recursos naturales, los espacios aéreos, los servicios públicos, la educación en sus diversos niveles. Una mención aparte merece la cláusula quinta de las disposiciones transitorias de la nueva Constitución Nacional: aquella que autoriza a las legislaturas provinciales a someter a revisión las constituciones provinciales. Esta disposición temporal fue blanco de ataque por parte de la oposición en las convenciones constituyentes provinciales, y su resultado implicó la inclusión de los lineamientos de la Constitución Nacional en los textos modificados.
En resumen, la Constitución de 1949 no introduce novedades en lo que concierne al rol de la intervención provincial -tampoco los rasgos generales de su práctica- aunque en el discurso oficial se afirme que esta herramienta se apoya en razones de naturaleza muy diferente. En cuanto al sistema presidencialista, ya consagrado por la Constitución de 1853, toma nuevos fundamentos que refuerzan la centralización y alteran el sistema de frenos y contrapesos entre poderes. Estas modificaciones, conjuntamente con el avance de los poderes delegados al gobierno federal y el retroceso de los conservados por las provincias, completan el cuadro que desdibuja el sistema federal.
En este marco toman mayor importancia en el giro de la relación Nación y provincia aquellos avances previos fundamentados en las transformaciones del Estado para incorporar nuevos ámbitos de injerencia, como así también la dinámica que el peronismo impone a la práctica política. Sobre esto nos detendremos en los apartados que siguen.

II. Los contextos provinciales. Los orígenes del peronismo en Corrientes y Santa Fe

II.1. El caso correntino

La provincia de Corrientes fue la única en la que el peronismo no consiguió acceder al gobierno en las elecciones de febrero de 1946. Este hecho originó la situación doblemente peculiar de convertir a Corrientes en la única provincia con un gobierno de signo político distinto al nacional, al tiempo que posibilitó la llegada del radicalismo al gobierno provincial por primera vez. Esta experiencia excepcional finalizará en septiembre de 1947 con una intervención federal a los tres poderes de la provincia. El gobierno de la intervención se extendió por algo más de un año y fue el encargado de organizar las elecciones que permitieron el retorno constitucional en diciembre de 1948. En esas elecciones, tras un contundente triunfo peronista, Juan Filomeno Velazco, que antes había ocupado el cargo de interventor, se convirtió en el primer gobernador peronista de Corrientes.
La irrupción del peronismo en la vida política provincial generó importantes transformaciones en su sistema y en sus prácticas^[8]. La dinámica partidaria se vio conmovida y se produjo un inevitable reacomodamiento de las fuerzas políticas provinciales. En el transcurso de muy pocos años el sistema de partidos de Corrientes se modificó completamente. Los partidos conservadores provinciales (Autonomista y Liberal), que habían dominado la política provincial en forma ininterrumpida desde su formación a fines del siglo XIX, perdieron representación y paulatinamente fueron perdiendo todo tipo de incidencia; el antipersonalismo que había gobernado la provincia -aliado al autonomismo- durante toda la década del treinta se desintegró y el radicalismo, que había sido tradicionalmente la principal fuerza opositora al conservadurismo, no sólo consiguió llegar al gobierno por primera vez en 1946 sino que después se convirtió en la única fuerza política opositora con representación legislativa.
El resultado de las elecciones de 1946 fue muy particular en Corrientes pues mientras la fórmula presidencial Perón-Quijano perdió de modo muy contundente ante la propuesta por la Unión Democrática, sus candidatos a diputados nacionales obtuvieron la representación por la mayoría. En las elecciones gubernativas provinciales, en cambio, aunque el Laborismo fue el partido que más votos consiguió en la elección primaria (20 por ciento), en el Colegio Electoral todos los partidos opositores se unieron para votar a los candidatos del radicalismo que resultaron, entonces, los triunfadores (Solís Carnicer, 2009b). Este hecho generará entre los peronistas el inmediato rechazo al nuevo gobierno, al que consideraron ilegítimo por no representar la voluntad popular manifestada en las urnas e inmediatamente se iniciaron los pedidos de intervención federal.
La intervención constituirá, entonces, un hecho clave en el proceso de construcción del peronismo correntino en el que, a su vez, se han identificado claramente tres momentos. El primero, que va desde junio de 1943 a mayo de 1946, caracterizado por la conformación de los dos sectores que apoyaron la candidatura de Perón en las elecciones de febrero de 1946 (Laborismo y Unión Cívica Radical-Junta Renovadora) y la posterior derrota electoral. El segundo, que se extiende hasta septiembre de 1947, en el que Perón dispone la organización del partido peronista a través de la unificación de los dos partidos originarios, etapa que se caracteriza por su alta conflictividad; y el tercero, que se inicia a partir de la llegada de la intervención federal en septiembre de 1947. En este último período, el partido termina su organización, define sus liderazgos y delimita sus rasgos ideológicos e identitarios consiguiendo triunfar en las elecciones de fines de 1948 y acceder al gobierno provincial en marzo de 1949.
La primera etapa se corresponde con la organización de la UCR (JR) y el Laborismo^[9]. Para la configuración de ambos sectores fue fundamental la constitución de una elite estatal a través de las intervenciones federales posteriores al golpe de 1943. Los distintos funcionarios de dichas intervenciones en los diversos estamentos de la administración serán los encargados de llevar adelante la tarea de organización de estos nuevos sectores políticos. En esta etapa, además, los nacionalistas -que dominaron el gobierno provincial entre 1943 y 1944- adquirieron especial protagonismo.
Hortensio Quijano, ministro del Interior en 1945 y luego compañero de fórmula de Perón, fue uno de los principales protagonistas del proceso de formación de la UCR (JR) de Corrientes. Quijano era un destacado ganadero correntino y antiguo dirigente del radicalismo provincial que, aunque no había tenido una actividad política relevante, tenía cierto predicamento en el seno del partido. En ese momento formaba parte de la UCR (Comité Nacional) -de la que fue expulsado luego de aceptar el ministerio- pero en su trayectoria política anterior se había mostrado siempre más cerca de los sectores antiyrigoyenistas del partido. A partir de la figura de Quijano y del interventor Ernesto Bavio (un radical salteño nombrado interventor de Corrientes en septiembre de 1945), empezó a organizarse el grupo radical que apoyaría la candidatura de Perón. Quienes lo constituyeron en Corrientes fueron, en general, radicales con algún tipo de participación política previa, pero que provenían especialmente del antipersonalismo^[10].
En cuanto al Laborismo, el otro sector político que acompañó la candidatura de Perón en 1946, su constitución también estuvo en manos de funcionarios, pero en este caso de la Delegación provincial de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hacia 1940 el movimiento obrero en Corrientes era aún muy débil. Los rasgos tradicionales de su economía, basados fundamentalmente en la producción ganadera, no habían favorecido la conformación de un sindicalismo significativo^[11]. Recién con el establecimiento de dicha delegación en 1944 empezó a revertirse esa desarticulación. Allí, se destacó por su actuación el teniente primero José Ramón Virasoro, un joven militar oriundo de Corrientes que asumió su dirección en diciembre de 1944 y que más tarde será el candidato a gobernador por el laborismo. Desde ese espacio se irá gestando un sector político con base sindical, constituyéndose definitivamente el Partido Laborista a fines de noviembre de 1945. Se eligió presidente de la primera junta ejecutiva partidaria a Juan Mihovilcevich, que provenía del gremio de estibadores y tenía vínculos cercanos con el sector nacionalista de la provincia^[12]. Es un hecho a destacar el que los laboristas correntinos recibieron el apoyo de los jóvenes nacionalistas de la Alianza Libertadora, una asociación nacionalista que había alcanzado cierto protagonismo en la vida pública provincial y muchos de cuyos adherentes habían accedido a cargos importantes de la administración luego del golpe de 1943^[13]. Un número significativo de los primeros dirigentes laboristas provendrán del nacionalismo (Solís Carnicer, 2010b).
Ahora bien, en el momento de definir las candidaturas para las elecciones de 1946 se pusieron de manifiesto los primeros conflictos entre los dos sectores que apoyaban a Perón. Radicales renovadores y laboristas no lograron ponerse de acuerdo en una fórmula común para gobernador y sólo lograron coincidir en el candidato a vicegobernador y en la presentación de una lista única para diputados nacionales^[14]. Los radicales renovadores eligieron a Pedro Díaz de Vivar como candidato a gobernador, un médico que provenía de una tradicional familia radical del interior de la provincia de Corrientes, que no había tenido una actuación política relevante hasta ese momento y que estaba vinculado con sectores nacionalistas; mientras que los laboristas se inclinaron por José Ramón Virasoro, que había tenido una importante actuación en la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Para vicegobernador, coincidieron en la figura de Santiago Ballejos, un joven carismático que muy recientemente había iniciado su actividad pública, defensor de ideas nacionalistas y católicas, formaba parte de la Alianza Libertadora Nacionalista y había sido intendente de Goya durante la intervención nacionalista de 1944. Un rasgo que consideramos interesante destacar, entonces, en el primer peronismo correntino es este estrecho vínculo con el nacionalismo que se observa con claridad en los primeros tiempos.
En esta primera etapa los círculos nacionales cercanos a Perón desplegaron en la provincia una clara estrategia de penetración. Aprovechando las capacidades estatales que ofrecía la intervención federal y el establecimiento de la Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se establecieron nuevos espacios para la construcción del movimiento y para la realización de alianzas con sectores políticos e ideológicos preexistentes (fundamentalmente el radicalismo antipersonalista y el nacionalismo).
La segunda etapa en el proceso de construcción del peronismo en Corrientes se inicia luego de las elecciones de febrero, momento en el que los conflictos entre las dos agrupaciones -que ya habían empezado a manifestarse antes de los comicios- se profundizaron. Esta crisis se pronunciará en mayo de 1946 cuando Perón decida disolver a los dos partidos que lo habían acompañado en las elecciones y constituir el Partido Único de la Revolución (Mackinnon, 2002). En Corrientes, como en la mayoría de las provincias, se le encomendó liderar este proceso de unificación a los diputados y senadores peronistas que provenían de ambas agrupaciones. Un sector del laborismo provincial, liderado por Virasoro, no aceptó la unidad y en noviembre de 1946 constituyó el Partido Laborista Correntino, que se extinguió definitivamente dos meses más tarde cuando se conoció la noticia de que el Partido Único de la Revolución se iba a llamar Peronista.
En paralelo a este conflictivo proceso de unificación y disciplinamiento partidario que se ponía en marcha desde las cúpulas nacionales del partido, el peronismo correntino (en todas sus vertientes) se había propuesto conseguir la intervención federal. Con el argumento que la elección del gobernador carecía de legitimidad, solicitaron la intervención del gobierno nacional a fin de permitir que la denominada "revolución peronista" también llegara a Corrientes (Solís Carnicer, 2009c). Este propósito común permitió que se acercaran las posiciones entre los diversos sectores, ya que la intervención constituía un anhelo compartido. Sin embargo, quienes participarían más activamente de dichas negociaciones serían aquellas figuras que se definirían, más tarde, como los principales líderes del futuro partido peronista de Corrientes. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de intervención en agosto de 1946 y un año más tarde lo hizo la Cámara de Senadores. Durante el transcurso de ese año se llevaron adelante innumerables tratativas y estrategias políticas e institucionales que incluyeron la obstrucción legislativa de las cámaras provinciales por parte de los legisladores peronistas y la abstención del partido en las elecciones de renovación de la Cámara de Diputados provincial, en marzo de 1947.
A principios de septiembre de 1947, una vez instalada la intervención federal -que tenía entre sus fines el organizar al peronismo y prepararlo para un triunfo electoral-, se inició la etapa de homogeneización y organización definitiva del Partido Peronista en Corrientes. En ese cometido nuevamente fue fundamental el papel jugado por los funcionarios de la administración enviados por el gobierno nacional. Se designó interventor al general Juan Filomeno Velazco, a quien lo acompañó como ministro de Gobierno y Justicia, Santiago Ballejos (h) (el mismo que había sido candidato a vicegobernador en 1946). Velazco era un militar de carrera admirador del nacionalismo católico de carácter integrista que había ocupado cargos claves en el gobierno provisional de Uriburu en la década del '30 y que después de la revolución de 1943 se le encargó la organización de la Policía Federal, convirtiéndose en jefe de dicha fuerza en 1944. Con el posicionamiento de estas figuras se profundizaba la impronta nacionalista del peronismo provincial.
Por otra parte, habiendo sido el sistema electoral provincial la principal causa levantada como bandera para el pedido de intervención federal, una de las más importantes medidas adoptadas por ella fue justamente su reforma. El mismo Ministro del Interior se ocupó de informar a la ciudadanía provincial que se había tomado dicha decisión. Por medio de un decreto se reformó el sistema electoral de representación proporcional impuesto en la Constitución provincial de 1913, reemplazándolo por el de representación de mayoría y minoría para las elecciones legislativas y de lista completa para las ejecutivas (manteniéndose el Colegio Electoral). Además se redistribuyeron las secciones electorales y se aumentó el número de diputados y senadores provinciales (Solís Carnicer, 2010a).
Paralelamente, el Partido Peronista de Corrientes también fue intervenido por el Consejo Superior y bajo la dirección de dicha intervención se procedió a su reorganización. El 9 de noviembre de 1947 se realizaron elecciones internas de 18 convencionales para el Congreso General Constituyente del partido. En esa oportunidad se presentaron dos listas, la "verde" encabezada por Santiago Ballejos, que recibió el apoyo de los municipios y del gobierno de la intervención federal, y la "blanca" liderada por José Ramón Virasoro con el apoyo de la delegación regional de la CGT. La lista verde liderada por Ballejos resultó triunfante por amplia mayoría de votos, y aunque Virasoro denunció fraude, sus reclamos fueron desestimados y se le ofreció un cargo en un cuerpo diplomático en la ciudad de Viena que lo alejó definitivamente de la política provincial.
Este proceso electoral resulta de gran interés para entender el modo y los rasgos con los cuales se fue diseñando el nuevo partido. Ballejos y Virasoro eran dos figuras centrales de ese primer peronismo correntino que en esas elecciones se disputaron la representación. Ambos habían constituido la fórmula electoral por el Laborismo de 1946. Ballejos, además, había sido candidato a vicegobernador por la UCR-JR en esa misma oportunidad. Sin embargo, para ese momento Virasoro ya había perdido todo tipo de control sobre lo que Panebianco (1982) denomina las "zonas de incertidumbre" más vitales del partido, y en el juego de intercambio vertical (entre líder y seguidores) no alcanzó a otorgar suficientes incentivos colectivos ni selectivos. Ballejos, en cambio, -funcionario de la intervención- contaba con el apoyo económico de ésta y de la posibilidad de ofrecer mayores incentivos materiales a sus seguidores.
Allí mismo surgió la posibilidad de la futura candidatura a gobernador de Santiago Ballejos, que había crecido en popularidad. Publicaciones en periódicos vinculados al peronismo y diversas asociaciones gremiales iniciaron una campaña a favor de su candidatura. Esa situación generó una rápida competencia interna entre Ballejos y Velazco que derivó en la renuncia de Ballejos al ministerio luego de buscar sin éxito el apoyo de Perón. Algunos de sus seguidores incitaron a realizar "borratinas" en la lista de candidatos a diputados nacionales en las elecciones de marzo de 1948, situación que fue denunciada por el interventor del partido, y por lo cual Ballejos fue condenado por traidor al peronismo y a su jefe y se lo expulsó del peronismo^[15]. De ese modo, Velazco logró desplazar a Ballejos de la competencia por el liderazgo y posicionarse como único líder del peronismo de Corrientes. En abril de 1948 el interventor del partido comunicó la decisión del Consejo Superior de designar a Velazco como candidato a gobernador. A partir de aquí la selección de candidatos para las elecciones tanto nacionales como provinciales pasó a ser responsabilidad exclusiva del Consejo Superior del partido.
Queda demostrado entonces que la llegada de la intervención federal fue crucial para la organización del peronismo correntino. Fue necesaria la intervención del gobierno nacional en la organización institucional y en el sistema electoral provincial para adecuarlo a las necesidades que el peronismo tenía y facilitarle las posibilidades de acceso al gobierno. Al mismo tiempo y bajo las directivas de la intervención federal y del Consejo Superior del partido, se organizaba un partido político centralizado, jerarquizado y disciplinado en el que no había lugar para las disidencias y donde no estaba permitida la aparición de liderazgos carismáticos personales que pudieran significar algún tipo de competencia a la jerarquía del partido.

II.2. El caso santafesino

Como en el resto de las provincias, a excepción de Corrientes como hemos visto, el conjunto de fuerzas que componen el peronismo alcanzarán la victoria en Santa Fe en las elecciones de febrero de 1946. Dicha alianza electoral compitió con la UCR (Comité Nacional), el Partido Demócrata Progresista y la UCR (Santa Fe). Su irrupción en el escenario santafesino marcará algunas novedades: el declive de la fracción antipersonalista que había conformado los gobiernos de la Concordancia en la segunda mitad de los años treinta con el liderazgo de Manuel de Iriondo, la merma de la potencia electoral del PDP y la consolidación de la UCR (CN) como principal fuerza opositora acompañada por la mínima presencia del Partido Comunista y el partido Socialista a partir de 1948 (Macor, 2001). Como en el caso correntino, podemos establecer momentos en la construcción del peronismo santafesino. Las mismas acompañan en líneas generales los tiempos de los procesos nacionales.
Una primera etapa es la que se inicia con las intervenciones posteriores al golpe militar de junio de 1943. Un rasgo predominante en ella es la dinámica de constitución de una elite estatal que será central en la construcción de la coalición peronista en la provincia. En esta emergencia pueden diferenciarse dentro de dichas intervenciones, hasta 1945,

... claramente dos etapas considerando la designación de Aldrey como gobernador–interventor a fines del 44 como un verdadero parte aguas. En la primera de estas etapas, el nacionalismo hegemoniza el proceso y -aun sin dejar de considerar los diferentes tiempos históricos- ayuda a explicar comparativamente, en sus dificultades y fracasos, las razones de la exitosa acción de sus continuadores. La mayor coherencia y funcionalidad lograda por la elite que se afirma como tal desde el control de los resortes claves del poder en la segunda etapa, deriva de su lealtad a un proyecto político de baja densidad ideológica, que resulta oportuno para el desarrollo de una política de acumulación de fuerzas y hace más sencilla la delimitación de un conjunto de orientaciones comunes mínimas más allá de las cuales toda ambigüedad puede ser tolerada (Macor, 1993: 76).

Si bien desde sus inicios las delegaciones de la Secretaría habían sido activas, estructurándose sobre la base del Departamento Provincial del Trabajo^[16], es justamente a partir de finales de 1944 que las mismas profundizan su accionar. Éstas junto al Ministerio de Gobierno local -ejercido por quien sería en 1946 el candidato a gobernador por el peronismo Leandro Meiners, proveniente del radicalismo renovador- serán claves para, a través de la referencia al liderazgo nacional de Perón, anudar las fuerzas sindicales y políticas que cristalizarán en el peronismo en la provincia.
Como en el resto del territorio nacional, las delegaciones regionales trabajaron en la construcción de consensos en torno a la política laboral y social del gobierno nacional, sosteniendo buenas relaciones con las conducciones gremiales ya existentes que se avenían a las mismas, reconociendo la personería jurídica a sindicatos paralelos a los ya existentes en un mismo rubro, y apoyando selectivamente los reclamos obreros sobre condiciones de trabajo y retribución salarial. En general, se puso en práctica en la provincia una estrategia de desplazamiento de liderazgos sindicales previos, sobre todo aquellos sectores cercanos al PC local. Mientras en la ciudad de Santa Fe actuaba sobre un conjunto de organizaciones gremiales disímiles, pero ajenas a la Unión Gremial Obrera Local (ligada a los círculos comunistas), en el sur de la provincia -en particular en Rosario- se ampararon acciones destinadas a la constitución de liderazgos gremiales paralelos que desplazaron el lugar del socialismo y socavaron la penetración lograda por el comunismo: el caso de los obreros metalúrgicos, los de la industria de la carne, la construcción, entre otros^[17]. En ese escenario, el sur provincial había sido objeto privilegiado de la acción de las delegaciones en especial a ciertos sectores, como el ferroviario. Además hubo también un acercamiento a las agremiaciones de filiación católica.
Entre 1944 y 1946, entonces, los círculos nacionales cercanos a Perón desplegaron en la provincia una doble estrategia de penetración que por un lado, actuaba desde los espacios de organización social y por otro, aprovechando las capacidades estatales y las herencias institucionales previas, las anudaban desde el cambio en la intervención en 1944 a la construcción de alianzas con sectores políticos preexistentes, en particular con la fracción radical yrigoyenista que conformará la Junta Renovadora. Dichas alianzas estarán prácticamente personificadas en las figuras de esta intervención: el interventor gobernador Oscar Aldrey -cuyas principales credenciales provenían de la trayectoria familiar en el gremio ferroviario, pero que personalmente no había tenido una actividad política destacable hasta el momento- y su ministro de Gobierno Leandro Meiners -una de las principales figuras de la UCR renovadora, luego de su principal mentor: Armando Antille- (Macor, 1997; Bacolla, 2003a).
En este contexto, los acontecimientos del 17 de octubre de 1945 catalizaron como en el resto del país la conformación del Partido Laborista y se cristalizaron a partir de allí los principales componentes de la coalición partidaria properonista que triunfará en las elecciones provinciales de 1946. En ese orden, sumado a la acción directamente ligada a las estructuras estatales, se impulsó el acercamiento a los círculos liderados por Perón de diversos sectores sociales y políticos, conformando como a nivel nacional una coalición muy heterogénea, convocando a organizaciones sindicales, gremiales, partidos preexistentes y grupos independientes. Finalmente, en ella se unió el Laborismo -como principal componente- la fracción radical denominada Junta Renovadora -proveniente del yrigoyenismo-, y el Partido Independiente, surgido en Rosario^[18]. Desde el sur de la provincia también surgió el principal apoyo gremial, el del sindicato ferroviario y de los llamados centros cívicos y "Tiro y Gimnasia"^[19].
En esta coalición es de mencionar los diferentes pesos y composición que presentan en el centro–norte y el sur provincial. Mientras que la primera es el bastión más firme de esa elite estatal, en la segunda asume mayor relevancia la base gremial, acorde a los diversos ritmos de crecimiento económico que ambas presentan. Cabe señalar que mientras el centro-norte santafesino había sido menos transformado por el proceso sustitutivo de importaciones, sobre una serie de ventajas comparativas previas, la zona circundante a la ciudad de Rosario había recibido un impacto no menor del crecimiento de industrias y actividades afines durante los años '30. Según el censo de 1946, la provincia concentraba el 53 por ciento de la mano de obra ocupada en actividades manufactureras en el departamento Rosario. También allí se situaba el 32 por ciento de la actividad industrial donde primaban los pequeños establecimientos en los rubros alimenticios, metalurgia, vidrio, madera y textil (Presidencia de la Nación, 1952).
A su vez, la misma base sobre la que se conformó el Partido Laborista en las dos zonas de la provincia fue como en otros espacios regionales muy heterogénea y descentralizada, y si bien en él participaron con mayor peso los sindicatos más fuertes -como el ferroviario, el de telefónicos y la Unión Tranviaria Automotor del cual provenía gran parte de su dirección- también participaron organizaciones gremiales y sindicales menores -como los sindicatos paralelos, parte del gremialismo cercano a los círculos católicos, y otras fracciones de intereses organizados de pequeños cuentapropistas, comerciantes, etcétera^[20]-.
Hacia inicios de 1946, a partir de una serie de negociaciones, la alianza electoral entre el Laborismo, la UCR (JR), los Centros Cívicos y el Partido Independiente, acuerda la fórmula Leandro Meiners-Juan Pardal para las elecciones a gobernador y las listas de candidatos a los cargos legislativos. Como ya señaláramos, el triunfo fue contundente, pero el delicado mecanismo de equilibrio que se había puesto en marcha a partir del difícil consenso en torno a la fórmula para la gobernación quedó hecho trizas con el suicidio, en mayo del '46, del gobernador electo^[21].
La conflictividad que caracteriza en todo el ámbito nacional a la nueva fuerza política, agravada por este hecho en el ámbito provincial, desatará una intrincada lógica institucional cuando el peronismo llegue por primera vez a la gobernación de la provincia en 1946; mostrando una continua ficción entre las 3 canteras -como señala Darío Macor- que han provisto los núcleos ideológicos al peronismo en su etapa formativa: la tradición nacionalista, la radical y la del activismo católico matrizado por la Acción Católica. La muerte de Leandro Meiners -proveniente del radicalismo yrigoyenista y, como ya señaláramos, activo actor como ministro de Gobierno en la conformación de la nueva elite estatal provincial durante la gestión del gobernador interventor Aldrey- repone en la lucha a los sectores que habían sido desplazados, a instancias del cambio de rumbo a nivel nacional desde 1944: nacionalistas y católicos, que tienen en la provincia un importante peso y trayectoria ligada a experiencias de gobierno en los años treinta.
La solución de compromiso encontrada en la designación de Waldino Suárez como gobernador, proveniente del laborismo con asentadas relaciones en el campo sindical y las organizaciones católicas del movimiento obrero, implicó un impasse en la construcción de un "orden peronista", un ensayo donde se procuró crear un "proyecto peronista autónomo" resistente a los mandatos de unificación nacional.
Apenas iniciada la gestión Suárez, estos enfrentamientos entre las diversas fuerzas políticas que habían confluido en el peronismo se mezclan y potencian con las fricciones desatadas por el mandato de Perón de conformar un nuevo partido unificado a nivel nacional y la consiguiente disolución del laborismo. Los sectores que habían sido favorecidos con la mayor parte de los cargos provinciales procuraron potenciar las ventajas institucionales que esto les daba para fortalecer su posición. En ese sentido, el gobernador y los legisladores afines impulsarán una serie de medidas entre las cuales se contaban una reforma administrativa y el impulso de un "Plan Trienal" -a imagen del Plan Quinquenal-. Estas últimas medidas apuntaban al fortalecimiento de las instituciones provinciales en algunos campos donde había avanzado el gobierno central, y en los cuales puede verse el uso de la herencia institucional dejada sobre todo por el iriondismo antipersonalista en la provincia, resignificada políticamente, para resistir el avance de la homogeneización nacional.
A pesar del repertorio de buenas intenciones, las circunstancias en las que se presenta el plan preanuncian su fracaso. Convocada la Asamblea Legislativa en pleno^[22], sólo se expone ante la Cámara de Diputados. Los conflictos internos de la coalición peronista, que hasta el momento habían sido larvadas, emergen explícitamente con la separación dentro de la legislatura del bloque peronista oficialista y el disidente, a sólo seis meses del inicio de la gestión (diario El Litoral, 29/12/46; diario La Capital, 30/12/46). Las fricciones llevan incluso, en la coyuntura electoral de 1948, a que el gobernador apoyara la conformación por parte de algunos sectores ex laboristas de una organización partidaria diferenciada del partido peronista: el Partido Obrero de la Revolución. En el mismo confluyeron algunos sectores sindicales que habían quedado marginados de la dirección del Partido Peronista a partir de su organización hacia 1947. Ante estas convulsiones inmanejables, hacia 1948, el Consejo Superior Peronista intervino la Junta Provincial y las departamentales del partido, las cuales permanecieron en esta condición hasta finales del régimen.
Paralelamente a este disciplinamiento partidario que se ponía en marcha desde las cúpulas nacionales del partido, en la provincia se intensifica el tour de force de las distintas fracciones del peronismo, iniciado con la presentación del Plan Trienal y la división formal del bloque oficialista, por movilizar diversos grupos sociales especialmente del ámbito gremial. Si esto surge embozadamente en los actos en pro y en contra del intendente de Rosario, en las innumerables notas de adhesión y repudio del Plan cursadas al Senado provincial, y las movilizaciones en la ciudad capital del gremio municipal entre otros; se hace meridianamente claro en los incidentes del 13 de junio de 1947 en la Cámara Alta, hecho que marcó el retroceso ya sin solución de la legitimidad del oficialismo.
Los prolongados y accidentados debates tuvieron como corolario, además del tácito enfrentamiento con algunos aspectos de las directivas nacionales, otra consecuencia política: un intento de conciliar las fracciones peronistas. La vía intentada fue un recambio ministerial pactado con el propio Perón y su esposa, que no llegó a colmar las expectativas de los dirigentes provenientes de la UCR Junta Renovadora ni del ex Partido Independiente. Sin embargo, lo que se pone al descubierto con el mismo son algunas de las líneas de tensión que dividen al movimiento desde el inicio del gobierno de Suárez, donde la composición del gabinete no parece ser un dato menor. Las acusaciones cruzadas indican uno de los puntos nodales de las disputas: el predominio del ala nacionalista católica -el ataque más frontal se dirige desde su designación al ministro de Gobierno José María Funes- dentro de los cuadros políticos superiores de la gobernación, y su falta de adhesión a la nueva entidad partidaria unificada del peronismo. De allí que los nuevos ministros, la mayoría sin trayectoria política, exhiban como sus mayores credenciales el ser "afiliados del Partido Peronista y de extracción trabajadora" (diario La Capital, 17/06/46, 16/06/47)^[23]. Pero las expectativas de conciliación fueron defraudadas y las fricciones aparecerán nuevamente y con más fuerza hasta provocar una división completa que se hará evidente al comenzar el año 1948, cuando en las elecciones legislativas parciales las diferentes fracciones del peronismo provincial se presenten por separado. Hacia finales de 1948, la presidencia de la Nación decretará la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia, removiendo gran parte de los sectores peronistas no alineados con las directivas centrales.
En 1949 -con la elección de Caesar como gobernador luego de la intervención federal^[24]- la dirigencia estatal que se había conformado en torno a la administración provincial durante la última etapa del gobierno militar retoma el poder y con ella los grupos más directamente unidos a la elite estatal nacional. No casualmente Caesar había tenido un importante rol en el gobierno militar en 1943 ocupando el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas y, luego de la normalización institucional, pasó a formar parte del cuerpo directivo de Obras Sanitarias de la Nación; en tanto que quien lo acompañaría en 1949 como vicegobernador, el abogado santafesino Álvaro González, también había desarrollado una frondosa carrera política como comisionado de la ciudad capital y secretario de Gobierno durante la gestión del interventor federal Aldrey.
El posterior gobierno electo para el período 1952-1955 -de Cárcamo y Roulet- seguirá marcando esta continuidad que comenzará a quebrarse hacia finales de 1954, y cuyo desenlace será la intervención provincial en marzo de 1955^[25].

Algunos corolarios provisorios

Como hemos señalado, el diálogo y el contraste entre los casos provinciales recorridos en estas páginas contribuyen a agregar matices al complejo cuadro de la emergencia del peronismo y sus consecuencias en la dinámica política argentina de la segunda mitad del siglo XX. La formación del peronismo como fuerza política hegemónica en ambas provincias entre 1946 y 1949 conjugó una serie de procesos: algunos de ellos tributarios de las transformaciones que se operaban en el escenario político nacional y otros emergentes de dinámicas históricas locales. En las diversidades que presentan ambos escenarios pueden extraerse varios corolarios.
En primer lugar, como ha afirmado de Ípola, es innegable que el peronismo constituyó una manera específica de elaborar social, política y culturalmente lo "nacional popular" en la historia de la sociedad argentina (de Ípola, 1989) y que esa especificidad tuvo como un punto nodal no sólo el componente estatal en el procesamiento de la identidad y demandas populares, sino también el carácter caleidoscópico que ésta adquiere. En esa dirección, aunque con sesgos particulares, ambos casos provinciales confirman la complejidad del proceso en que el peronismo se irá construyendo, abrevando en múltiples tradiciones, mostrando una continua fricción entre las 3 canteras -como señala Darío Macor- que han provisto los núcleos ideológicos al peronismo en su etapa formativa: la tradición nacionalista, la radical y la del activismo católico matrizado por la Acción Católica. Siendo destacable en ambos espacios regionales el rol de los sectores nacionalistas y católicos en los orígenes del movimiento, aunque con mayor intensidad en el caso correntino.
En ese sentido, mientras que en el caso correntino estos sectores conducirán la homogeneización del peronismo en la provincia, en connivencia con el liderazgo partidario nacional, en el caso santafesino estas fracciones serán confrontadas desde los inicios del movimiento por sectores sindicales y las elites estatales directamente ligadas a los cuadros nacionales, pero también con fuertes relaciones con el medio sociopolítico local. Finalmente en ambos casos, el Consejo Superior del partido consolidará su dominio en los escenarios provinciales y el Estado nacional avanzará cercenando las capacidades institucionales de los Estados provinciales.
Sin embargo, las divergencias en ese proceso de centralización subrayan la diversidad de los escenarios de partida. Si bien en ambos distritos existe previamente una política pactista, las particularidades del sistema electoral correntino y el predominio conservador proponen a las fuerzas properonistas un escenario complejo que le negará el acceso a la gobernación hasta 1949 y que generará conflictos particulares y diferenciados al interior del movimiento peronista, pues el partido debió -entre 1946 y 1949- reformular su organización interna, construir una identidad política y redefinir su liderazgos para conseguir acceder al gobierno. En el caso santafesino, el previo proceso de constitución de la alianza de sectores que apoyará la candidatura peronista, a través de un no fácil consenso donde son claves los heterogéneos liderazgos sindicales -del sur y centro provincial- y la elite estatal consolidados durante los últimos tramos de la intervención, le asegurará la llegada al poder político provincial. Sin embargo, luego del triunfo electoral el complicado mecanismo de equilibrio que se había puesto en marcha en torno a la fórmula para la gobernación se desintegra al compás de las tensiones que desencadena la disolución por parte de Perón de las agrupaciones de la alianza electoral vencedora. Este dato -más allá de la incidencia del suicidio del gobernador electo- desatará una conflictividad intrapartidaria que se prolongará hasta la intervención federal en los primeros meses de 1949. Sucesivamente, a instancias de las transformaciones del partido a nivel nacional, sectores del laborismo provincial conformaron el Partido Único de la Revolución y luego el Partido Peronista de Santa Fe; mientras que aquellos que habían quedado fuera de la cúpula partidaria pero controlaban el Estado provincial -más cercanos a las elites tradicionales y los sectores nacionalistas y católicos- intentarán potenciar su propia organización: el efímero Partido Obrero de la Revolución, liderado por el mismo gobernador y al cual se unieron fracciones disidentes a la homogenización sindical peronista.
Estas particularidades del caso santafesino subrayan dos cuestiones: el modo en que se insertan las elites políticas tradicionales en el nuevo escenario -perdiendo progresivamente centralidad en la dinámica del juego político- y, por otra parte, el peso de la estatalidad en la construcción del movimiento. El caso correntino -en el que solamente luego de la intervención federal y de la reforma del sistema electoral provincial, el peronismo pudo conseguir un triunfo electoral en la provincia y acceder al control de las instituciones del Estado provincial- muestra por contraste la centralidad que para la conformación de la unanimidad peronista tuvo el control de agencias estatales no sólo a nivel nacional sino también de los espacios provinciales. En ese sentido toma también relevancia la herencia institucional -tributarias de las transformaciones de la década anterior- sobre las cuales estos nuevos actores políticos actúan, en tanto las capacidades de intervención del Estado provincial pueden ser herramientas eficaces para la acumulación de fuerzas en la lucha política.
1949 marcará la confluencia en algunos aspectos de estos caminos bifurcados. En ese proceso, el carácter movimientista de los primeros tiempos va dado lugar a la aparición de un partido organizado, centralizado, autocrático y verticalista. En un primer momento, y con un partido intervenido por el Consejo Superior, se buscó disminuir el papel del sindicalismo alejando a sus más destacados referentes de los principales espacios de poder. Paralelamente, se buscó la concentración del liderazgo, separando a aquellos dirigentes con dificultades para subordinarse a un estilo verticalista. El peronismo se definía, entonces, como un partido jerarquizado que en el vértice y por encima de la estructura ubicaba a Perón y luego el Consejo Nacional Superior del Partido Peronista, que implementaba sus directrices a través de los interventores enviados desde el poder central. Estos interventores fueron los encargados de mantener la "disciplina" partidaria y conseguir la homogeneización interna que consideraban necesaria para su supervivencia. De ese modo, aquellos que no eran capaces de acatar las decisiones del partido eran expulsados por traidores, identificándose muchas veces disidencia con herejía.
Pero además del impacto de este nuevo actor en el sistema político partidario nacional, no se debe dejar de tener en cuenta la voluntad del peronismo de instaurar una verdadera ruptura con la tradición política liberal a través de la invocación de motivos de justicia social y nacionalismo, y de argumentos organicistas pero también de modernización técnico-administrativa, que constituyeron la nueva doctrina. Doctrina y práctica reforzaron la centralización: comunidad y Estado confluían en el líder cuya legitimidad reconocía un carácter más plebiscitario que democrático republicano, cuestiones que quedarán consagradas en la Constitución Nacional reformada en 1949.
En este sentido, la conflictiva historia política de la segunda mitad del siglo XX muestra el fracaso de la reconstrucción de la legitimidad política en la clave que proponía el peronismo. El mismo estuvo condicionado por la imposibilidad de construir una base normativa universalmente válida a la cual apelar para establecer criterios compartidos de preferencias y valoraciones, tanto como para atribuir responsabilidades a los actores públicos. A pesar de haber impulsado un profundo avance de la ciudadanía sobre todo en el campo social, el peronismo se fundó en reglas cuya universalidad no estaba desde el comienzo garantizada y en valores que abonaban, como ya lo dijera José Luis Romero, el "espíritu de facción". Cuestiones cuyas consecuencias sobre la arquitectura institucional del país como de su dinámica política son parte de "otra historia".

Fuentes oficiales

Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación (1949).
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación (1952).
Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1949).
Dirección Nacional de Servicio estadístico (1947). IV Censo General de la Nación. Censo de Población, Tomo I, Buenos Aires.
Presidencia de la Nación (1952). IV Censo Nacional de la Nación. Censo Industrial de 1946, Buenos Aires.

Notas

[1] Sin ánimos de realizar una nómina exhaustiva de todos los trabajos publicados en los últimos años, podemos mencionar las compilaciones de Darío Macor y César Tcach (2003), que incluye estudios sobre Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz; la de Darío Macor y Eduardo Iglesias (1997) sobre el peronismo santafesino; la de Julio Melón Pirro y Nicolás Quiroga (2006), que publica estudios sobre el peronismo en la Provincia de Buenos Aires; la de Aixa Bona y Juan Vilaboa (2007), que incluye estudios sobre el peronismo en los territorios nacionales del sur del país; y la de Oscar Aelo (2010) cuyos capítulos abordan los casos de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Mendoza, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, debemos hacer referencia a los libros de Tcach (1991) sobre el peronismo cordobés, de Gustavo Rubinstein (2005) sobre Tucumán y de Adriana Kindgard (2001) sobre Jujuy.

[2] Desde el análisis de agencias estatales e implementación de políticas públicas hemos abordado este tema en Bacolla (2001, 2003a).

[3] En el mismo sentido, justificaba el Ministro del Interior, Tessaire, la intervención a Santa Fe en marzo de 1955 (diario La Capital, 02/03/55).

[4] De allí que se mande como interventor a Santa Fe no al correspondiente senador nacional electo -Rapella- como se había anunciado en el caso de las otras provincias intervenidas Tucumán y Santiago del Estero. La intervención estuvo a cargo del oficial de Marina Pedro Anzorena, oriundo de Mendoza, y que procedía del riñón del partido (entre sus antecedentes se cuenta haber sido secretario del ministerio del Interior y el de Marina; entre los cargos políticos partidarios delegado del Consejo Superior del Partido Peronista en San Juan, Santiago del Estero y Misiones y miembro del Consejo de Organización Partidaria) (diario La Capital,02/03/55).

[5] El sistema electoral vigente en Corrientes era el de representación proporcional por cociente e indirecto para la elección del gobernador. Este sistema permitía la representación en el Colegio Electoral de fuerzas minoritarias que luego ejercían un poder de negociación en dicho cuerpo. En las elecciones de 1946 el partido laborista había sido el que más votos había obtenido en las elecciones primarias, pero traducidos sus votos en escaños los electores obtenidos no fueron suficientes para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para consagrar un gobernador. Finalmente, todos los partidos contrarios al peronismo acordaron apoyar a la fórmula radical, que resultó ser la triunfadora.

[6] La sincronización de las elecciones y la consecuente presidencialización de las mismas otorgan mayores posibilidades de triunfo al partido que ocupa el Poder Ejecutivo. Las disposiciones relativas a la Cámara de Diputados son menos "democráticas" que las vigentes con anterioridad. Debido al crecimiento de la población, el número habitantes por diputado se duplica, comparado con la provisión legislativa basada en el censo de 1914. A esto se suma las nuevas normativas sobre partidos políticos.

[7] Como fue el caso del diputado radical santafesino Rodríguez Araya en 1949. Son muy interesantes las cuestiones que surgen durante el debate sobre su expulsión: se mezclan cuestiones electorales posteriores a la intervención a la provincia de Santa Fe y denuncias del diputado sobre el funcionamiento del IAPI (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1949).

[8] Sobre la organización del sistema político institucional de Corrientes a principios del siglo XX véase Solís Carnicer (2001).

[9] Para un análisis de la formación de las dos agrupaciones políticas que apoyaron la candidatura de Perón en Corrientes en febrero de 1946 (UCR-JR y Laborismo) véase Solís Carnicer (2009b).

[10] La presencia significativa de radicales antipersonalistas en el sector radical que adhirió al peronismo es un dato interesante de resaltar pues, más allá de que no constituyó el único caso en el que se dio este acercamiento, en general, fueron los radicales yrigoyenistas los que mayoritariamente adhirieron al nuevo movimiento en la mayoría de las provincias. En Corrientes el antipersonalismo pasó de tener el 21 por ciento de los votos en las elecciones de 1939 a sólo el 6 por ciento en las de febrero de 1946, dato que corrobora la emigración de simpatizantes de esta fuerza hacia el peronismo.

[11] Hacia 1947 Corrientes contaba con 525.463 habitantes, la mayoría de su población era nativa y más de la mitad vivía en zonas rurales (casi un 66 por ciento). El 31 por ciento de los mayores de 14 años era analfabeto y la producción agropecuaria constituía la principal ocupación de la población mayor a esa edad (45,23 por ciento). La ganadería tuvo un desarrollo importante, mientras que la agricultura estuvo limitada, especialmente, a causa de la fuerte concentración de la propiedad de la tierra. Entre los centros urbanos existentes en la provincia, se destacaba la ciudad capital que concentraba el 11 por ciento del total de la población, dedicada especialmente al área de servicios y a la administración pública (Dirección Nacional de Servicio Estadístico, 1947).

[12]Lo acompañaban como vicepresidente primero y segundo Vicente Cocchia (ATE) y Jorge Waldino Contreras (Gastronómicos); como secretario general Alberto C. Fernández (Choferes), secretario de actas Juan Jorge Zamparalo, secretario del Interior José Dionisio Virasoro, secretario de prensa y propaganda Sabino Acosta Monzón (Unión Gráfica Correntina) y tesorero Juan de la Cruz Solís. Otras figuras del laborismo correntino fueron los señores Leonardo Leiva, Jerónimo García (Panaderos), Emilio Orozco, Bernardo Callejas, Antonio Rojas, Amancio Días, Juan Ramón López, Orlando Oliva, Darío Miranda, Ramón Arola, etcétera. Véase Aguirre (2004).

[13] Este acercamiento entre laboristas y nacionalistas refleja un rasgo peculiar del laborismo correntino ya que, en general, la mayoría de los autores relacionaron al laborismo con las líneas más progresistas del peronismo, lo que aparentemente no se percibe claramente en el caso de Corrientes (Pont, 1984; Doyon, 2006).

[14] Corrientes no fue la única provincia en la que el peronismo no consiguió presentarse con candidatos comunes a algunas de las instancias electorales de 1946 (presidenciales, legislativas nacionales o provinciales), igual situación se vivió en Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán (Cantón, 1973).

[15] Un factor decisivo en las designaciones lo constituían las opiniones del Presidente y de sus más estrechos colaboradores, estableciéndose procesos de cooptación asimétricos, en virtud de los cuales la entrada, al igual que la salida, la resolvía la instancia presidencial. Las tensiones y desavenencias con Perón parecieron ser causas suficientes para perder la pertenencia a las elites gubernamentales. En la mayoría de los casos, estos dirigentes mantenían el reconocimiento social en la medida que Perón les transmitía legitimidad (Sidicaro, 2008).

[16] Dichas estructuras tienen algunos antecedentes previos, creadas durante la gobernación demoprogresista en 1932 de Luciano Molinas por la Ley 2.426 de Régimen Legal del Trabajo. Las mismas perduran aunque con las alteraciones que le imparten las circunstancias de los gobiernos iriondistas y las intervenciones nacionales. Cabe señalar además que durante el año 1944 las acciones de las delegaciones regionales y las del Departamento de Trabajo Provincial habían entrado en competencia, a partir de la acción del titular de esa cartera provincial -Rodolfo Vigo- un abogado con fuerte arraigo en la ciudad capital y buenas relaciones con los sectores nacionalistas y católicos (Bacolla y Macor, 2009a, 2009b; Macor y Bacolla, 2010).

[17] Entre estos gremios en Rosario de filiación comunista caben destacar: Federación Obrera de la Industria de la Carne, Sindicato Obrero de la Construcción, Sindicato Obrero de la Industria del Calzado, de la Madera y de los Textiles. En el caso de Santa Fe también se trata del Sindicato de Obreros Madereros, Sindicato Obreros Metalúrgicos, de la Construcción, del Transporte Urbano, Molineros, Periodistas, Artes Gráficas, Comité de Unidad Ferroviaria (Macor, 1997, 2001, 2003).

[18] Entre los dirigentes de las citadas fuerzas se encuentran: la figura del dirigente sindical Demetrio Figueiras que encabeza el Partido Laborista en la provincia, Armando Antille líder de la fracción radical proveniente del yrigoyenismo que constituye la llamada Junta Renovadora, Julio Díaz, sindicalista, dentro del Partido Independiente.

[19] Al respecto en el plano nacional véase Pont (1984) y Mackinnon (2002). En lo que concierne a la provincia, los trabajos ya citados de Darío Macor sobre el funcionamiento y rol en la constitución del nuevo partido político en el sur de la provincia de Santa Fe de las filiales de la Asociación de Tiro y Gimnasia -luego centros cívicos y culturales "Coronel Perón"- y su rol dentro del entramado constituido por la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, en particular la Dirección de Propaganda del Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión y sus delegaciones regionales en articulación con la red clandestina de distribución de propaganda (Prol, 2001).

[20] Los principales dirigentes en la zona norte, con sede en Santa Fe fueron: Manuel Díaz, Lorenzo Lima, Mario Pierotti y Florencio Biaggioni, entre otros. En la zona sur, con sede en Rosario, Demetrio Figueiras y Angel Marini, entre otros (Macor, 1997).

[21] Planteamos aquí algunas cuestiones desarrolladas en algunos de nuestros trabajos anteriores (Bacolla, 1999, 2001, 2002, 2003a).

[22] Es relevante al respecto hacer notar que si bien en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados aparece la convocatoria a dicha Asamblea, no se encuentran insertas las notas taquigráficas correspondientes en ninguno de los diarios de sesiones.

[23] Es de destacar que el gobierno de la provincia resalta el hecho de tener como ministro de Trabajo y Economía a un trabajador, dirigente del sindicato ferroviario, Angel Constanzo. Sin embargo, el resto del gabinete sigue las líneas de designaciones anteriores.

[24] Los candidatos fueron designados por las autoridades centrales del partido y algunas fracciones del Partido Peronista provincial no estuvieron totalmente de acuerdo con estas designaciones. Por ejemplo, entre los candidatos que proponían las fracciones sindicales circulaba el nombre del ex interventor Aldrey. A su vez estos cambios infringidos por la centralización se ven también en el desplazamiento de la figura de Demetrio Figueiras. El mismo fue reemplazado por Alejandro Giavarini, no sólo como Senador Nacional sino como dirigente del partido a nivel provincial (diario La Capital, 18/02/49; diario El Litoral, 19/03/49).

[25] En el caso de Cárcamo, además de tener una nutrida participación en la administración municipal de la ciudad de Rosario -como director de la Empresa Municipal de Transporte, miembro del directorio del Banco Municipal, comisionado y luego intendente de la ciudad- fue además asesor de un organismo clave del gobierno nacional que estructuró en muchos aspectos las relaciones con las provincias y las características del escenario político: el Ministerio de Asuntos Técnicos de la Nación. También en la designación del interventor en marzo de 1955 vemos confirmada la misma tendencia: a Santa Fe no se envía al correspondiente senador nacional electo -Rapella- como había sido anunciado en el caso de las otras provincias intervenidas, Santiago del Estero y Tucumán, sino que la designación recae sobre el oficial de Marina Pedro Anzorena, oriundo de Mendoza, quien procedía del riñón del partido (entre sus antecedentes se cuentan el haber sido secretario del ministerio del Interior y el de Marina; entre los cargos políticos partidarios delegado del Consejo Superior del Partido Peronista en San Juan, Santiago del Estero y Misiones, y miembro del Consejo de Organización Partidaria).

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