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Revista SAAP

versión On-line ISSN 1853-1970

Revista SAAP vol.6 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ene./jun. 2012

 

RESEÑAS

El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos
Stephen Holmes y Cass R. Sunstein
Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, 252 páginas

 

Nadia E. Arno

Holmes y Sunstein presentan en su libro El costo de los derechos un argumento novedoso y original: la libertad depende de los impuestos, porque todos los derechos cuestan dinero. En concreto, no importa cuántos derechos el Estado garantice formalmente sino los recursos con los que cuenta para velar por ellos y efectivizar su cumplimiento. Por esta razón, cuántos más recursos cuente el Estado para garantizar la protección de los derechos individuales, mayor será la libertad de la que gocen los ciudadanos.
El argumento principal de este libro expone como incorrecta una típica afirmación que indica que los únicos derechos que insumen costos estatales para su cumplimiento son los derechos sociales. Por el contrario, Holmes y Sunstein proponen que todos los derechos que garantiza el Estado tienen un costo. Este costo es financiado con recursos monetarios obtenidos a través de la recaudación de impuestos y son destinados a financiar organismos estatales que permitan controlar que los derechos sean observados y se sancione su incumplimiento.
Los autores comienzan por proponer que la dicotomía entre derechos negativos y positivos es infructífera. En la teoría, la literatura identifica a los primeros con la inacción estatal que se orienta a asegurar la libertad, mientras que los segundos incentivan la intervención del Estado para garantizar la igualdad. Sin embargo, dado que para los autores "los derechos y las libertades individuales dependen fundamentalmente de una acción estatal vigorosa" (p. 33), todos los derechos son positivos en tanto necesitan acciones estatales que garanticen su cumplimiento.
La financiación de los costos de los derechos se lleva a cabo a través de las recaudaciones impositivas. El argumento presentado por Holmes y Sunstein plantea dos importantes trade off. El primero se basa en la relación entra la cantidad de impuestos que se pagan y el alcance de la protección de derechos. La idea principal es que la capacidad del Estado de recaudar impuestos y de garantizar derechos a sus ciudadanos está positivamente relacionada. Esto revela en última instancia la posible inconveniencia de una reducción impositiva, ya que pondría en juego la plena vigencia efectiva de los derechos. El segundo trade off se relaciona con la asignación de los escasos recursos estatales que permiten garantizar el cumplimiento de los derechos. Dado que los recursos estatales son bienes limitados, su asignación siempre presupone una decisión distributiva basada en el establecimiento de un orden de prioridades en el cual algunos derechos son más fundamentales que otros. Así, asignar mayores recursos al cumplimiento de un derecho conlleva la decisión de conceder menos recursos al cumplimiento de unos u otros.
Como consecuencia del segundo trade off, que da cuenta de la necesidad de tomar decisiones sobre la asignación de recursos escasos, los autores sostienen que los derechos son relativos. El poder judicial debe tomar en cuenta que la defensa de ciertos derechos sobre otros conlleva consecuencias distributivas que afectan a otras ramas de gobierno. Por esta razón, dado que los derechos tienen un costo, no pueden ser absolutos: "Si los derechos tienen costos, entonces la exigibilidad de los derechos siempre tendrá en cuenta el interés de los contribuyentes en ahorrar dinero" (p. 120).
A su vez, los autores destacan que la escasez de recursos estatales produce la necesidad de realizar concesiones en pos de garantizar la mayor extensión posible de derechos. Además, señalan que la interpretación y aplicación empírica de los derechos tiene un correlato con el contexto en el cual se desarrollan. Por esta razón, aun aquellos derechos que tienen un valor intrínseco por sí mismos frecuentemente relacionado con los valores que la sociedad considera esenciales, tienen un costo de oportunidad. Por eso, dadas las limitaciones financieras que enfrentan los estados, a menudo es necesario que se hagan concesiones. La cuestión fundamental respecto de este tema es "... preguntarnos qué paquete de derechos y responsabilidades complementarios, en concreto, tiene mayores probabilidades de conferir los máximos beneficios a la sociedad que lo financie" (p. 194).
El libro presenta dos argumentos especialmente interesantes. El primero es que los derechos consagrados en las constituciones y regímenes de derechos de los distintos países son igual de importantes que los recursos que se destinan a hacerlos efectivos. El segundo argumento destacable es que todos los derechos cuestan dinero y su financiación debe ser afrontada por todos los ciudadanos. Por lo tanto, la mera inacción estatal para garantizar derechos considerados "negativos" es al menos insuficiente, mientras que en el peor de los casos institucionaliza y da forma a una desigualdad que se afianza más con la inacción estatal. De esta forma, la cuestión principal que ocupa el centro de la discusión es qué forma debe tomar la intervención estatal para que sea adecuada y cumpla conjuntamente con los principios de libertad e igualdad.
El principal logro de este interesante libro es que logra develar los "costos ocultos" de los derechos, especialmente de aquellos que los norteamericanos creen gratuitos (por ejemplo el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libre expresión). Los autores logran esto destacando el rol del Estado en la protección de los derechos individuales que la literatura suele caracterizar como derechos negativos. Esto propone dos conclusiones fundamentales. La primera es que la libertad depende del rol que adopte el Estado para defenderla, y la segunda es que los derechos dependen de los impuestos que recaude el Estado para financiar su activismo. Además, resulta un trabajo interesante porque explora otras dos cuestiones fundamentales. Por un lado, pone de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre cómo se asignan los recursos en relación con la defensa de los derechos individuales. Por el otro lado, plantea una relación aún no explorada entre las finanzas públicas y los derechos individuales como una cuestión principal.