ARTÍCULOS

Los espacios geográficos en la política exterior argentina: de la Revolución de Mayo al Bicentenario (1810-2010)

 

Francisco Corigliano

Universidad de Buenos Aires, Argentina
Universidad Torcuato Di Tella, Argentina
Universidad de San Andrés, Argentina fcorigliano@gmail.com

 

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Resumen

Este artículo procura explorar las modalidades de inserción y de interacción de la Argentina con el resto del mundo en el espacio temporal transcurrido entre la Revolución de Mayo y el Bicentenario. Inserción e interacción en la que los representantes gubernamentales locales han privilegiado -y privilegian- ciertos espacios geográficos de la región y del resto del mundo en detrimento de otros. Este criterio de selección respondió -y responde- no sólo a móviles materiales, sino también a otros factores como la cercanía o lejanía geográfica, la búsqueda de seguridad y las afinidades y/o divergencias culturales.

Palabras clave

Argentina; Política exterior; Espacios geográficos; Ejes de vinculación; Ejes compensadores

Abstract

This article seeks to explore the changing modalities of integration and interaction between Argentina and the rest of the world during the period comprised between the May Revolution and the Bicentennial. These modalities imply necessarily a selection criterion by which local government (representatives) have privileged and favor certain geographical areas of the region and the rest of the world to the detriment of others. This selection criterion has answered, and still answers, not only to material reasons, but also other factors such as proximity or remoteness, the search for security and the affinities and /or cultural differences.

Key words

Argentina; Foreign policy; Geographical areas; Link axis; Compensators axis

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I. Introducción

En el espacio temporal de 200 años que abarca este trabajo, los representantes gubernamentales locales han adoptado distintas opciones de inserción con la región y el resto del mundo. En el tramo inicial de este largo período, que abarcó desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta el acuerdo anglo-argentino de 1947 sobre nacionalización de ferrocarriles británicos, los espacios geográficos privilegiados en dicha inserción fueron el Cono Sur y Europa Occidental. En ese último ámbito, se destacó la emergencia y consolidación de una conexión anglo-argentina en clave primordialmente económica (Gravil, 1985). La importancia de esta conexión lleva a algunos autores a hablar de un modelo o paradigma de "relaciones especiales" con Gran Bretaña (Hirst y Russell, 2001; Russell y Tokatlian, 2003; Corigliano, 2008). En un segundo tramo, comprendido entre el mencionado acuerdo de 1947 y la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, los gobiernos argentinos, enfrentados a la pérdida de gravitación económica de Gran Bretaña y el resto de Europa Occidental, buscaron compensarla a través de la búsqueda de mercados en la Unión Soviética, países de Europa Oriental, Cuba y China, y, de modo intermitente, la firma de acuerdos de integración económica y política con Brasil y Chile. Asimismo, procuraron llevar a cabo una política nuclear y de no proliferación que demostrara independencia de maniobra frente a las presiones de las grandes potencias nucleares (Russell, 1997; Hirst y Russell, 2001). En un tercer tramo temporal, comprendido entre el estallido de la Guerra del Golfo en 1991 y el de la de Irak en 2003, los representantes del gobierno y del sector privado argentino buscaron estrechar los vínculos tanto económicos como político-estratégicos con las naciones económicamente desarrolladas (Estados Unidos, las integrantes de la Unión Europea, China y Japón) y con los vecinos del Cono Sur en respuesta a los desafíos y oportunidades abiertos con el fin de la Guerra Fría, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y el rebrote hiperinflacionario de 1989 (Norden y Russell, 2002; Corigliano, 2008). Y en el cuarto tramo de las vinculaciones externas del país, abierto en 2003 y en el que aún estamos inmersos, el impacto de los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001 en la agenda externa norteamericana -que colocó a la Argentina en un lugar marginal de dicha agenda-; la crisis política y económica argentina y la suspensión de pagos de deuda externa (default) de diciembre del mismo año; la actitud poco comprensiva de las autoridades de Washington y del Fondo Monetario Internacional frente a la situación económica argentina poscrisis de 2001; y la creciente importancia de China e India como mercados de colocación de las exportaciones del complejo sojero argentino, impulsó a los gobiernos de Eduardo Duhalde (2001-2003), Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007 en adelante) a la búsqueda de nuevos espacios geográficos en la región y del mundo, a fin de compensar la crisis en la vinculación argentina con Estados Unidos y el resto de las naciones desarrolladas de Occidente vigente entre 1991 y 2003.Venezuela, país cuyo gobierno compró los bonos de deuda argentinos en default; China e India, cuyas altas demandas de soja argentinas permitieron, tras la devaluación de 2002, la salida de la recesión económica a partir de 2003; y países afroasiáticos no tradicionales en la historia de las vinculaciones externas de la Argentina como Angola, Vietnam e Irán (Corigliano, 2011).  

II. El período 1810-1947: Cono Sur y Europa Occidental como espacios claves de vinculación externa

En el extenso período que indica este apartado, iniciado con la emergencia de un embrión de gobierno en Buenos Aires que reemplazó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros (25 de mayo de 1810); proseguido por sucesivos -y fallidos- intentos de organizar, en reemplazo del Virreinato del Río de la Plata, un nuevo Estado rioplatense con sede en la ciudad de Buenos Aires; y continuado con un proceso de organización nacional del espacio rioplatense que comenzó a vislumbrarse hacia la década de 1860 pero que recién se consolidó en la de 1880, todos los representantes gubernamentales privilegiaron dos espacios geográficos: el Cono Sur y Europa Occidental.
En la primera mitad de la década de 1810, la importancia otorgada al primero de estos ámbitos se plasmó en una sucesión de fallidos intentos del embrionario Estado porteño-rioplatense por controlar el Alto Perú, el Paraguay y la Banda Oriental. En la segunda mitad de la década de 1810, el espacio europeo occidental adquirió para los miembros de este proto-Estado porteño-rioplatense una importancia a la vez política -las cortes europeas como focos de reconocimiento a dicho Estado-, económica -las Cortes como mercados para las exportaciones de la región platense- y estratégica -las Cortes como aliados o mediadores en la pugna entre España y el embrionario Estado surgido en mayo de 1810-. Así lo demostraron ejemplos como la guerra de corso porteña dirigida contra naves españolas; el envío de misiones diplomáticas como las de Manuel Belgrano, Pedro Medrano y Bernardino Rivadavia, destinadas a obtener, de Fernando VII, o de Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania o Estados Unidos, la libertad civil de las provincias rioplatenses; la declaración de independencia en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816; y la campaña libertadora a Chile y Perú -asociada a tres miembros de la Logia Lautaro de emancipación hispanoamericana: el correntino José de San Martín, el chileno Bernardo O'Higgins y el porteño Pueyrredón-; e, incluso, las medidas de apaciguamiento adoptadas por los dos primeros directores supremos, Gervasio Posadas y Carlos María de Alvear, dirigidas a evitar una reconquista española del Río de la Plata y a buscar una solución de compromiso con la Madre Patria que no pusiera en peligro la autonomía del proto-Estado porteño-rioplatense. Medidas tales como el reemplazo de la bandera celeste y blanca creada en 1812 por la española en el Fuerte de Buenos Aires; la propuesta del Directorio a Madrid de entronizar al príncipe español Francisco de Paula como rey del ex Virreinato del Río de la Plata, la presidencia de Chile y las provincias de Puno, Arequipa y Cusco; y la búsqueda de la mediación portuguesa para evitar una expedición militar española al Río de la Plata (Cisneros y Escudé, 1998a; Floria y Belsunce, 2004).
La segunda década revolucionaria volvió a evidenciar el sesgo político, económico y estratégico de la vinculación del proto-Estado rioplatense con los espacios geográficos europeo-occidental y conosureño. Ejemplos al respecto fueron el fin de la guerra de independencia contra España y el de la pugna de poder entre el Estado embrionario porteño-rioplatense y la Liga artiguista de los Pueblos Libres por el control del espacio rioplatense; los reconocimientos a dicho Estado embrionario procedentes de Portugal en 1821, Estados Unidos en 1822, Colombia en 1823 y Gran Bretaña en 1825; la expansión ganadera y mercantil porteño-bonaerense, íntimamente ligada a la conexión con el capital británico; y el estallido de la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil (1825-1828), ligado a la disputa rioplatense-imperial por el control sobre los asuntos políticos y económicos de la Banda Oriental.
Por su parte, las décadas de 1830 y 1840, coincidentes con la emergencia de Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires y constructor, a través de alianzas y del uso de la fuerza, de una Confederación rioplatense, demostró la presencia de la "diplomacia de las cañoneras" anglo-francesa para quitar por la fuerza el cerrojo rosista sobre la navegación fluvial del sistema del Plata y sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur. Ejemplos de esta diplomacia muscular fueron la ocupación británica de las islas Malvinas, la cual incluyó el desalojo de su gobernador nombrado por Buenos Aires (1833); el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires (1838-1840) -producto de la irritación de las autoridades de París por la negativa del gobierno porteño-bonaerense a extender a los residentes franceses en el Plata la exención militar que gozaban desde 1825 sus pares británicos-; y el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata (1845-1850). Estas manifestaciones de diplomacia muscular de Londres y París contaron con las simpatías de fuerzas antirrosistas en las provincias del Litoral, en Paraguay y las de las comunidades británica y francesa del Río de la Plata, actores que, más allá de sus intereses divergentes, coincidían en su común rechazo al control porteño sobre la navegación -y por ende sobre el tráfico comercial- de los ríos Paraná y Uruguay. A estas manifestaciones europeas de diplomacia muscular se añadió la procedente de los Estados Unidos. En 1831, la tripulación de la corbeta Lexington se dirigió al asentamiento de Puerto Soledad y aprisionó a sus habitantes.
El fin del bloqueo anglo-francés en 1850 -fruto de los cambios en las políticas internas de Londres y París, la negativa incidencia del bloqueo en los intereses comerciales de la comunidad francesa y británica residente en la Confederación rosista, la hábil política del Restaurador de las Leyes para explotar tanto los sentimientos xenófobos de la plebe rioplatense como las divergencias de intereses entre Francia y Gran Bretaña y entre las fuerzas antirrosistas- le permitió al gobierno de Rosas retomar el control sobre el sistema fluvial de la Cuenca del Plata. Pero no evitó la emergencia de una nueva coalición en contra del poder de Restaurador la cual, integrada por el Imperio del Brasil y el gobierno de Urquiza en Entre Ríos, lograron lo que no habían podido las alianzas anteriores tejidas en su contra: desplazarlo del poder (Cisneros y Escudé, 1998b).
Urquiza, como vencedor de Rosas en la batalla de Caseros en febrero de 1852, fue su heredero en la dirección de la antigua Confederación. Pero tropezó con varios obstáculos: la resistencia de Buenos Aires a su autoridad, la falta de ayuda militar brasileña y paraguaya en su pugna de poder con los porteños, la excesiva dependencia financiera de la "diplomacia del patacón" imperial, y la imposibilidad de atraer a los intereses mercantiles y financieros británicos y franceses con atractivos del mismo tenor de los ofrecidos por el Estado porteño. Tras la batalla de Pavón contra las fuerzas de Buenos Aires (septiembre de 1861), un Urquiza derrotado y consciente de las dificultades de administrar una Confederación Argentina sin el poder de Buenos Aires -y por ende sin el de la Aduana y sin disponibilidad suficiente de capitales externos- optó por abandonar la cáscara vacía del mando presidencial confederado a su suerte y preservar sus batallones entrerrianos, todavía intactos, para poner a salvo sus propios intereses económicos y políticos en la provincia. Bartolomé Mitre, su contrincante porteño, asumiría la presidencia en 1862 y tendría en Urquiza un aliado en la construcción de un orden político y económico liberal en el espacio geográfico rioplatense -alianza que le valdría al entrerriano el repudio de los antimitristas en Entre Ríos y otras provincias rioplatenses y, por último, su muerte a manos del caudillo federal entrerriano Ricardo López Jordán-.
Como sus antecesores desde la década de 1810, las presidencias de Mitre (1862-1868), Domingo Sarmiento (1868-1874), Nicolás Avellaneda (1874-1880) y Julio A. Roca (1880-1886), priorizaron al Cono Sur y a Europa Occidental como espacios geográficos prioritarios. A fin de afirmar su control político y económico sobre el espacio rioplatense, los gobiernos de Mitre y Sarmiento combatieron los últimos vestigios de autonomía provincial -las montoneras conducidas entre 1862 y 1863 por el riojano Ángel Vicente "El Chacho" Peñaloza y entre 1867 y 1869 por el "Quijote de los Andes" Felipe Varela-; y se aliaron con Brasil y los colorados orientales para enfrentarse al régimen paraguayo de Francisco Solano López (Guerra de la Triple Alianza, 1865-1870). Y a fin de garantizar la fluidez de los contactos económicos con Europa Occidental, adoptaron medidas de atracción de capitales extranjeros -especialmente británicos- tales como las garantías estatales a las inversiones ferroviarias y el compromiso de pago puntual de intereses de créditos externos; y un bajo perfil frente a compromisos con las naciones ubicadas en el Océano Pacífico que pudiesen enturbiar la fluidez de los contactos económicos con las del Viejo Mundo. Bajo perfil expresado en la reticencia argentina a sumarse en la década de 1860 a alianzas con Perú y Chile de signo antiespañol en el contexto de la Guerra hispano-sudamericana de 1865-66; en la decisión de los gobiernos de Avellaneda y Roca de presentar, en forma conjunta con Brasil, una propuesta de mediación entre Chile, por un lado, y Perú, y Bolivia, por otro, enfrentados en la Guerra del Pacífico (1879-1883); y en la de Roca de apoyar la propuesta colombiana de arbitraje para la solución de conflictos entre países de la región presentada en el Congreso continental en Panamá. Propuesta que los delegados de Argentina y Brasil volvieron a presentar en la Primera Conferencia Panamericana (Washington, 1889-1890) como un instrumento jurídico destinado a contener la expansión chilena en el Pacífico (Cisneros y Escudé, 1998c).
El bajo perfil en los asuntos del Pacífico y la búsqueda de acuerdos de arbitraje para resolver las disputas limítrofes entre Argentina y Chile por el control de la Patagonia y del estrecho de Magallanes y por el trazado de la frontera sur de la cordillera de los Andes fue, como se dijo, la otra cara de una política exterior que colocaba sus prioridades geográficas (pero también económicas y culturales) en el otro lado del Atlántico. Como nos recuerda Ferns (1979), en 1889 la economía argentina absorbió el 40 por ciento de las inversiones británicas en el exterior. Fue el clímax de una década en la cual el Reino Unido fue el principal abastecedor de las importaciones argentinas (Ferns, 1979).
El estallido al año siguiente de la crisis Baring frenó momentáneamente ese boom inversor, poniendo en riesgo la conexión que en la década anterior había otorgado prosperidad a los intereses exportadores argentinos y chilenos. Intereses cuyo peso hizo que sus voceros en los gobiernos de Buenos Aires y Santiago prefiriesen el camino de la negociación bilateral al de la guerra. Opción esta última impulsada por los nacionalistas de los dos países, estimulados por el éxito de sus respectivos países en las guerras en las que habían participado durante la década de 1860 (la de la Triple Alianza en el caso argentino y la guerra contra España en el chileno). Alternativamente peligrosamente cercana por la repetición de incidentes fronterizos y el estímulo de las empresas de armamentos europeas -la alemana Krupp y la francesa Schneider-Creusot- y de sus respectivos lobbistas argentinos y chilenos (Ferns, 1979; Cisneros y Escudé, 1999).
La última década del siglo XIX se abrió con la crisis de la casa prestamista británica Baring Brothers. Ferns (1980) señala que la misma no provocó una crisis entre los gobiernos argentino y británico. Cada uno contribuyó a la solución dentro de su propia comunidad. El del Reino Unido convino con el Gobernador del Banco de Inglaterra en noviembre de 1890 respaldar la mitad de las pérdidas que se produjeran por el pago total de los documentos suscriptos por Baring que se presentaran al cobro. El de Pellegrini adoptó las reformas fiscales y financieras necesarias para mantener y perfeccionar el circuito de mercaderías, servicios, capitales y personas entre Buenos Aires, Londres y el resto de los centros capitalistas, siguiendo el camino iniciado por sus antecesores del período de la organización nacional, haciendo oídos sordos a las protestas populares antibritánicas expresadas en los ataques al Banco de Londres y Río de la Plata en Buenos Aires, y firmando un acuerdo en 1891 con el presidente de la Comisión Internacional de Banqueros, lord Rothschild, antes de que Baring se enfrentase a la bancarrota y arrastrara en ella al gobierno británico. El sucesor de Pellegrini, Luis Sáenz Peña (1892-1895) continuó por este sendero. Firmó en 1893 un nuevo acuerdo con Rothschild por el cual el gobierno nacional saldó la deuda de acuerdo con su capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos, asumió las deudas provinciales y ponía fin a las garantías estatales a las empresas ferroviarias.
La crisis de 1890 reeditó la misma doble preocupación de la clase dirigente argentina presente en la de 1873: la de recuperar la buena voluntad de inversores y mercados externos y la de preservar un margen de maniobra externo que protegiese al país de amenazas extracontinentales -el retorno de la diplomacia de las cañoneras de potencias europeas en el Río de la Plata- y/o continentales -los expansionismos estadounidense, chileno o brasileño-. Los gobiernos inmediatamente posteriores a la crisis -los de presidente Luis Sáenz Peña como su sucesor José Evaristo Uriburu (1895-1898)- dedicaron especial atención a la marina de guerra para revertir la inferioridad naval argentina frente a la flota chilena. Al mismo tiempo, ambos mandatarios, con la mira puesta en frenar el expansionismo chileno en el Pacífico, los intentos de liderazgo continental norteamericano, y posibles incursiones europeas, buscaron garantizar el poder de la norma en la región a través del fortalecimiento del derecho internacional y la institucionalización de prácticas como el arbitraje. Ejemplos de este uso del poder de la norma fueron el frustrado arbitraje argentino en la disputa entre Venezuela y Gran Bretaña por la Guayana británica en 1891; y las firmas con Chile de un Protocolo adicional y aclaratorio del Tratado de 1881, el Errázuriz-Quirno Costa de 1893, para subsanar la ambigüedad del artículo 1º sobre el criterio de demarcación, de una convención en 1896 por la cual ambos países sometían sus controversias al arbitraje de la reina británica, y de cuatro actas en 1898 que ratificaron el camino arbitral, tras el fracaso de los intentos de acercamiento bilateral y la emergencia del conflicto por el control de la Puna de Atacama.
La misma doble preocupación alimentó el rechazo del gobierno y la diplomacia argentinos a rechazar la propuesta de unión aduanera hemisférica del secretario de Estado norteamericano James Blaine en la Primera Conferencia Panamericana en Washington (1889-1890). Un balance de la actuación de la delegación liderada por Roque Sáenz Peña en Washington revela que ésta fue fiel a la definición alberdiana de la política exterior argentina. Según nos indica Paradiso (1993), Alberdi procuraba la construcción de una red de acuerdos comerciales -especialmente con las naciones de Europa- como contrapesos a la influencia anglo-francesa y al destino manifiesto norteamericano en la región. Como fiel exponente del código de conducta alberdiano, Sáenz Peña, como jefe de la delegación argentina en Washington, opuso la frase "América para la Humanidad" al eslogan "América para los americanos" de la Doctrina Monroe de 1823, que la delegación estadounidense intentó reeditar en esta Conferencia Panamericana.
En su rechazo a la propuesta norteamericana de arbitraje compulsivo, con un tribunal permanente y obediente a los dictados de las autoridades de Washington, Sáenz Peña -partidario de una forma moderada de arbitraje que respetase la igualdad jurídica y la autonomía de los estados, rechazando todo tipo de intervención- encontró un aliado en Brasil, tan preocupado como su vecino por la ofensiva panamericanista de Estados Unidos y el expansionismo chileno a costa de Perú y Bolivia tras el fin de la Guerra del Pacífico en 1883. Preocupación común que condujo a las delegaciones argentina y brasileña a dejar momentáneamente de lado su tradicional rivalidad -que se reactivaría en la década de 1900 en la forma de una carrera armamentista naval- para presentar en conjunto un plan de arbitraje que buscó frenar ambas amenazas y fortalecer la posición negociadora de Bolivia y Perú al proveerles un mecanismo multilateral para sus reclamos de posguerra (Cisneros y Escudé, 1999).
Durante buena parte de la década de 1890, la diplomacia argentina mantuvo su hostilidad hacia la versión estadounidense del panamericanismo iniciada en la Conferencia de Washington. Luego de 1891, el presidente Luis Sáenz Peña (1892-1895) se negó a pagar la contribución anual argentina para el mantenimiento del Bureau Comercial o Bureau Regional de las Repúblicas Americanas, y su sucesor José Evaristo Uriburu (1895-1998) decidió alejarse del mismo (Peterson, 1986; Ferrari, 1981).
Dichas manifestaciones de hostilidad convivieron con dos gestos de acercamiento hacia Estados Unidos. El primero fue protagonizado por el canciller del gobierno de Pellegrini entre 1891 y 1892, Estanislao Zeballos, quien, fervoroso partidario de frenar la expansión chilena, no dudó en colocarse del lado de las autoridades de Washington en el incidente que éstas mantuvieron con las de Santiago por el desembarco de la tripulación del Baltimore en el puerto de Valparaíso en octubre de 1891, a fin de ganar margen de maniobra en la disputa limítrofe con su vecino y de paso contrarrestar el peligro de intervención europea en la región. A la vez que prometió ayuda al gobierno norteamericano en caso de guerra con Chile, presentó al chileno por primera vez y en forma explícita las diferencias interpretativas del tratado de 1881, buscando usufructuar a favor de su gobierno la coyuntura doblemente crítica por la que atravesaba el chileno, de conflicto con Estados Unidos y de debilidad política interna tras la guerra civil. El segundo gesto de acercamiento, protagonizado por el gobierno de Uriburu fue la reanudación de los pagos al Bureau de las Repúblicas Americanas a partir de julio de 1898. Con este paso en el último tramo de su presidencia, Uriburu inició la aproximación con Washington que continuó su sucesor Roca.
En su segundo mandato presidencial (1898-1904), Roca apostó al acercamiento hacia Chile como primer paso hacia una ententeargentino-brasileño-chilena que asegurara, a la vez, la paz y estabilidad subregional y la conexión económica con Europa. Pero los Pactos de Mayo de 1902 entre los representantes de Buenos Aires y Santiago, al mismo tiempo que provocaron beneplácito en Londres y Washington y en los sectores internos que a ambos lados de los Andes privilegiaban la conexión con los centros capitalistas mundiales, generaron preocupación en Brasil y rechazo en los partidarios de la política de poder y las hipótesis de conflicto en la Argentina y Chile. Por su parte, el canciller del segundo gobierno de Roca entre mayo de 1902 y julio de 1903, Luis María Drago, incluyó a Venezuela en el mapamundi de la política exterior argentina. Como respuesta a la intervención conjunta de Gran Bretaña, Alemania e Italia para cobrar compulsivamente la deuda del gobierno de Venezuela con bancos de estas naciones europeas en 1902, Drago dirigió una nota al Departamento de Estado, en la que sostuvo que la deuda pública (de un Estado americano) no podía ser causal de la diplomacia de las cañoneras por las potencias del Viejo Mundo. De acuerdo con Ferns (1980), Drago aprovechó la violación que las potencias europeas hicieron al texto de la Doctrina Monroe para obtener de las autoridades de Washington su explícita oposición a la intervención europea en América; y, con la misma, su explícita prescindencia de intervenir en la región. Los dos Corolarios Roosevelt de 1902 y 1904 le demostraron a Drago que con el cambio de siglo y en nombre de la seguridad nacional y/o de oportunidades de mercado e inversiones en la región, Washington se reservaba el derecho de intervención como policía hemisférico.
También la Doctrina Drago encontró voces hostiles en el seno de la elite dirigente local, fortalecidas con el alejamiento político de los panamericanistas argentinos: Drago en 1903, Roca en 1904 y Martín García Merou como embajador en Washington en 1905. Tras estos cambios, el acercamiento hacia Estados Unidos en torno de la supuesta sintonía de las Doctrinas Drago y Monroe para frenar expansionismos de cuño regional o extrarregional fue reemplazado a partir de la segunda mitad de la década de 1900 y hasta el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial por otra modalidad de aproximación a Washington, basada en la desactivación de dichas doctrinas y en la resignada aceptación argentina del rol norteamericano de policía hemisférico, como moneda de cambio de la provisión estadounidense de insumos, manufacturas y créditos al mercado local (Sheinin, 1989; Cisneros y Escudé, 1999).
Estados Unidos, Chile y Brasil fueron actores claves en el capítulo regional de la agenda de política exterior argentina desde el alejamiento de Roca al estallido de la Gran Guerra. Así como el acercamiento argentino-chileno de 1902 provocó, como respuestas brasileñas, la aproximación a los Estados Unidos y la ley de armamentos navales de 1904, dichas respuestas provocaron en los nacionalistas argentinos recelos por el apoyo estadounidense al programa de armamento naval brasileño. Uno de los representantes de este sector nacionalista, Estanislao Zeballos, canciller del gobierno de Figueroa Alcorta entre noviembre de 1906 y junio de 1908, impulsó, con el auxilio alemán, una carrera armamentista naval contra Brasil, una alianza con Chile para obligar a Brasil a abortar su programa de equipamiento naval, e incluso la invasión militar a Río de Janeiro en el caso de que éste no aceptara los términos de negociación propuestos conjuntamente con Chile (Paradiso, 1993). Con el desplazamiento de Zeballos de la Cancillería se allanó el camino para el acercamiento con Brasil, impulsado según Russell y Tokatlian (2003) por un doble objetivo: estrechar los vínculos económicos bilaterales y conformar, junto a Chile, un bloque sudamericano para intentar contener el poder en expansión de Washington. En su viaje a Río de Janeiro (agosto de 1910), el sucesor de Alcorta en la presidencia, Roque Sáenz Peña, sintetizó la nueva postura de acercamiento con su célebre frase "Todo nos une, nada nos separa", avalada por el carácter complementario de las economías argentina y brasileña.
El incremento de los flujos comerciales entre Argentina y Brasil y la mutua preocupación de las autoridades de Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago frente a la expansión del poder norteamericano en los ámbitos regional y global estimularon, ya desde inicios del siglo XX, el acercamiento entre estos tres actores del Cono Sur. Tanto Roca en su segundo gobierno como la cancillería conducida por Río Branco acariciaron la idea de una triple entente sudamericana Argentina-Brasil-Chile. En el Centenario de la Revolución de Mayo, el gobierno argentino profundizó la aproximación iniciada con Chile ocho años antes con la construcción del Ferrocarril Trasandino. Tras el estallido de la Primera Guerra y la fallida participación conjunta en el conflicto interno mexicano, Argentina, Brasil y Chile firmaron el tratado ABC (mayo 1915), que estableció un mecanismo permanente y automático para la solución de los problemas limítrofes entre estas tres naciones. Y en julio de 1916, Argentina firmó con Paraguay un tratado comercial que estableció un régimen de liberalidades aduaneras sobre la base de recíprocas franquicias y exenciones para fomentar el tráfico bilateral. Pronto estos gestos de acercamiento mostraron señales de agotamiento: el tratado comercial con Paraguay no fue ratificado por el rechazo de Asunción a profundizar su dependencia económica de Buenos Aires, y el ABC se empantanó por la negativa de los parlamentos chileno y argentino a refrendarlo y la divergente actitud de los gobiernos argentino y brasileño frente al ingreso de Estados Unidos como beligerante en abril de 1917. Mientras Hipólito Yrigoyen (1916-1922) mantuvo la neutralidad de su antecesor, el brasileño siguió los pasos de la Casa Blanca al romper vínculos con Alemania en octubre.
La clase dirigente argentina procuró mantener en tiempos de la Primer Guerra Mundial el mismo criterio alberdiano seguido en épocas de paz global. Así, ante el estallido del conflicto en agosto de 1914, el gobierno argentino se declaró neutral. Desde su óptica, dicho conflicto era uno europeo, distante y desprovisto de amenazas para los intereses económicos del país. Tanto Gran Bretaña como Alemania tenían importantes lazos comerciales y financieros con la Argentina. Como ha advertido Gravil, si bien el predominio del capital británico -y del norteamericano con el pasaje del siglo XIX al XX- en rubros como comercio de carne y frigoríficos fue notorio, el capital alemán tuvo mayor protagonismo que el inglés en el comercio de granos local: en 1914, cuatro compañías de capital no británico, las "Cuatro Grandes", controlaban el 65 por ciento del total de embarques cerealeros. De ese porcentaje, el 23 por ciento pertenecía a Bunge y Born, cuyos socios senior y personal en Buenos Aires eran mayoritariamente de origen germano (Gravil, 1985).
Pero desde fines de 1915 hubo restricciones británicas al comercio alemán con otros países -incluida la Argentina-. Las mismas adoptaron a partir de marzo de 1916 el formato de listas negras y embargos a empresas germanas y quienes comerciaran con ellas. Restricciones a las que Alemania respondió con dos ciclos de guerras submarinas alemanas en 1915 y 1917, las que también afectaron el comercio argentino. La política británica -anglo-norteamericana a partir del ingreso de los Estados Unidos a la Gran Guerra en 1917- de listas y embargos; la captura del vapor argentino Presidente Mitre por el acorazado inglés Orama(noviembre de 1915); el hundimiento por submarinos alemanes de la goletaMonte Protegido(abril de 1917) y el vapor Toro (junio); y la difusión de los telegramas en clave secreta del ministro de Alemania en Buenos Aires, conde Karl Graf von Luxburg, a sus superiores en Berlín, con insultos a las autoridades argentinas, fueron presiones externas que, sumadas a las internas de aliadófilos y germanófilos, buscaron inútilmente obtener del gobierno de De la Plaza primero y del de Yrigoyen después la ruptura de relaciones con uno u otro bando (Weinmann, 1994).
Este conjunto de presiones demostró la dificultad del gobierno argentino de mantener una postura equidistante en un conflicto que no reconocía fronteras, en el que estaban en juego no sólo intereses de poder estatales sino también valores ideológicos compartidos por gobernantes y gobernados y referidos a dos formas contrapuestas de organizar la política, la economía y la sociedad. Una, la de la democracia liberal, bandera enarbolada por los aliados y sus simpatizantes en suelo argentino y que remarcaban la primacía de los derechos individuales y la representatividad de instituciones como el Parlamento. Otra, la de los totalitarismos de izquierda y derecha, defendida por aquellos sectores que a ambos lados del Atlántico colocaban al Estado por encima de los derechos individuales y cuestionaban la eficacia de las instituciones y valores liberales, en tanto conducían al estancamiento institucional, la anarquía o la demagogia (Corigliano, 2009).
Yrigoyen, como su antecesor, intentó seguir la receta alberdiana, es decir, sacar provecho de la necesidad europea de materias primas potenciada por el contexto bélico. E incluso en dos ocasiones -abril y octubre de 1917- pretendió sumar lealtades regionales a su neutralidad con la convocatoria a una conferencia latinoamericana de países neutrales. Intentos que tropezaron con la hostilidad de Londres desde 1915 y la de Washington desde 1917. Contra las expectativas de la administración de Yrigoyen de proveer las necesidades de alimentos de los aliados a cambio de que éstos aliviasen los controles sobre las importaciones locales de manufacturas y combustibles, la presión norteamericana obligó a la Argentina a cerrar con el Reino Unido y Francia el tratado de enero de 1918, uno por el cual el gobierno de Yrigoyen otorgó a Londres y París un crédito de 100 millones de pesos oro y trigo sin ninguna contrapartida (Peterson, II, 1986; Sheinin, 1989).
La conducta externa de los gobiernos argentinos, desde el fin de la Primera Guerra en 1918 hasta la crisis de la libra en 1947, osciló entre momentos de acercamiento relativo y de alejamiento relativo respecto de Washington. Cada gesto de aproximación era aplaudido por los sectores industrialistas locales. Pero era rechazado por los tradicionales intereses exportadores agropecuarios, preocupados por las restricciones proteccionistas de Estados Unidos y los gobiernos europeos. Y cada gesto de alejamiento respecto de Washington -y de reactivación de la tradicional conexión anglo-argentina- recibía la venia de dichos intereses tradicionales, pero ponía en peligro el vital aporte de productos industriales, insumos e inversiones del país del Norte al mercado argentino.
Fueron ejemplos de acercamiento hacia Washington el respaldo del presidente Marcelo T. de Alvear y de su canciller Ángel Gallardo al convenio sobre organización y objetivos de la Unión Panamericana presentado por la delegación norteamericana en la Sexta Conferencia Panamericana de La Habana (enero de 1928), la búsqueda de empréstitos estadounidenses por el gobierno de Yrigoyen (abril de 1930), y la negociación de un acuerdo comercial bilateral por sus sucesores durante el resto del decenio. Lo fueron de alejamiento respecto de Estados Unidos la fallida inclusión de la delegación argentina en la VI Conferencia Panamericana de una declaración sobre reducción de barreras aduaneras en el convenio sobre la naturaleza de la Unión Panamericana; la negativa del gobierno de Yrigoyen a respaldar la inclusión de una reserva norteamericana sobre uso de la Doctrina Monroe en defensa propia en el pacto Briand-Kellogg de agosto de 1928 que declaraba a la guerra instrumento ilegítimo de política; la tardía ruptura de la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial a pesar de las presiones diplomáticas y económicas norteamericanas¹; y los variados intentos de revitalizar la conexión anglo-argentina sobre la base de un intercambio compensado, entre los cuales se destacaron el convenio Oyhanarte-D'Abernon (septiembre de 1929), por el que el gobierno argentino compraba 9 millones de libras esterlinas en equipos para los ferrocarriles estatales a cambio del compromiso del británico de comprar un monto equivalente de productos agropecuarios; el Pacto Roca-Runciman (1933), que procuró estabilizar las exportaciones de carne enfriada (chilled beef) un rubro clave de la conexión anglo-argentina; el convenio Malbrán-Eden de 1936 y el acuerdo Eady-Miranda de 1946.
Además de los tratados suscriptos con el Reino Unido, los firmados durante la década de 1930 y la primera mitad de la de 1940 con países tan variados como Bélgica, Países Bajos, Suiza, Alemania, España, Brasil, Chile, Finlandia, Estados Unidos, Rumania, Austria, Italia, Checoslovaquia, Hungría, Francia, Polonia, Grecia, Lituania, Uruguay, Bolivia y Perú fueron indicadores de una diplomacia económica activa. Por su parte, el acuerdo de "modus vivendi" y comercial con Chile en 1932 y 1933, los de comercio con Brasil en 1933 y 1935, y el protocolo para la construcción de un puente sobre el río Uruguay entre Uruguayana y Paso de los Libres fueron pasos de acercamiento hacia los vecinos que incluyeron la idea de una mayor integración económica regional como escudo protector de los efectos de la depresión económica mundial, anticipando tendencias que reaparecerían en los años de vigencia de la "Tercera Posición" peronista (Paradiso, 1993).
La "Tercera Posición" peronista heredó de sus antecesores la oscilación entre gestos de alejamiento y aproximación hacia Washington. Dos días después de asumir como presidente, el 6 de junio de 1946, Perón evidenció esta conducta pendular al enviar al Congreso el proyecto para que el Congreso ratificase la Carta de Naciones y el Acta de Chapultepec firmados por él mismo siendo vicepresidente de Farrell. Ese mismo día, contrapesó este guiño de aproximación a Washington con otro dirigido a Moscú: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Paso que no tuvo contrapartida económica en el corto plazo. La inclinación de Perón por mantener relaciones comerciales con la URSS de bajo perfil publicitario y en base a gestiones periódicas produjo desencanto en la diplomacia soviética, al punto que hacia fines de 1946 las autoridades del Kremlin consideraron la posibilidad de disminuir el personal diplomático en Buenos Aires (Tulchin, 1990).
Como señalan Rapoport y Spiguel (1994), la Tercera Posición también heredó y mantuvo el esquema de comercio triangular de principios del siglo XX entre Argentina, Gran Bretaña-Europa Occidental y Estados Unidos, aunque en función de un plan deliberado de industrialización. Fueron ejemplos del intento de mantener viva la vieja conexión anglo-argentina la negociación de un convenio comercial en julio de 1946; la firma del acuerdo Eady-Miranda sobre los ferrocarriles británicos en la Argentina en septiembre, que estipuló la formación de una sociedad mixta (joint-venture); y la renegociación de este acuerdo en febrero de 1947, que reemplazó la sociedad mixta por la nacionalización de dichos ferrocarriles a cambio del desbloqueo de las libras argentinas acumuladas en el Banco de Inglaterra durante la guerra como ganancias por exportaciones locales al Reino Unido. Por su parte, la firma de los Convenios Comercial y de Pagos con España en octubre de 1946; Comercial y Financiero con Francia en julio de 1947; y del Comercial y Financiero y el acuerdo sobre desbloqueo de fondos con Italia en octubre fueron ejemplos que evidenciaron la intención de la diplomacia peronista de mantener vigente la vinculación con el resto de las naciones de Europa Occidental. También profundizó la aproximación económica con sesgo integrador de sus antecesores de la década de 1930: en 1946 se firmaron acuerdos con Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile (Paradiso, 1993).

III. El período 1947-1991: nuevos espacios geográficos para la política exterior argentina, Unión Soviética, Cuba, Europa del Este. Las idas y venidas en la integración argentina con los vecinos del Cono Sur

El período abierto en 1947 coincidió con la emergencia de la rivalidad ideológica o "Guerra Fría" entre las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética; la declinación de la importancia de Europa Occidental como eje de vinculación de la política exterior argentina; y la búsqueda de ejes compensadores en la Unión Soviética, los países del Este europeo, Cuba y los vecinos de la región como mecanismo destinado a aliviar la pérdida de gravitación del mercado europeo occidental para las exportaciones argentinas.
El negativo impacto en el frente interno local de la exclusión de la participación argentina en el Plan Marshall de los Estados Unidos de reconstrucción económica de Europa Occidental y Japón fortaleció la ambivalencia de la "Tercera Posición" entre gestos de independencia y gestos de acercamiento hacia Washington. Entre los primeros figuraron el rechazo en la ONU al poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad; la abstención ante la resolución 181 de ese foro que aprobó la partición de Palestina en un Estado árabe y otro judío; y el no respaldo a la propuesta estadounidense de crear un órgano interamericano militar supranacional contra la penetración comunista en la IX Conferencia Internacional de Estados Americanos (Bogotá, marzo-mayo de 1948), la de Cancilleres de la OEA (Washington, marzo-abril de 1951) y la X Interamericana (Caracas, marzo de 1954). Entre los segundos, la ratificación del TIAR en Diputados (28 de junio de 1950) y la ley de inversiones extranjeras (agosto de 1953), el compromiso argentino de enviar tropas locales para sumarse al contingente de la ONU liderado por Estados Unidos en la Guerra de Corea, frustrado por la oposición del Ejército y los sindicatos locales; y la firma del convenio con la California Argentina S.A., subsidiaria de la petrolera norteamericana Standard Oil (mayo de 1955), paso contrario al artículo 40° de la Constitución reformada de 1949 sobre propiedad estatal inalienable de las fuentes de energía y a la posición nacionalista extrema que en esta materia tenía la mayoría de los legisladores peronistas y opositores.
Estos intentos de acercamiento a Washington convivieron con los dirigidos a restaurar la conexión con Londres. Los últimos estuvieron condicionados por la inconvertibilidad de la libra, que obligó al gobierno justicialista a gastar las libras repatriadas por el convenio de 1947 en productos del área de la libra y no en los de la del dólar. En otras palabras, le cerró a Perón la opción, abierta durante 1946 por la vigencia desde 1944 de la convertibilidad libra-dólar, de utilizar las libras argentinas desbloqueadas para cambiarlas a dólares y adquirir con ellas productos manufacturados norteamericanos. Mientras el Acuerdo Andes (febrero de 1948) completó el pago de ferrocarriles británicos por el gobierno argentino, el Convenio Comercial y de Pagos (junio de 1949) buscó restaurar las ventas de carnes argentinas a los niveles de preguerra, pero estuvo paralizado por dos años, debido a los problemas de la economía argentina para satisfacer las cuotas de carne pautadas y a los de la británica para satisfacer las demandas argentinas de carbón y productos industriales; la intransigencia de las autoridades de Londres y Buenos Aires para acordar el precio de la carne; y las devaluaciones de la libra (septiembre de 1949) y del peso (octubre), que afectaron el transporte de artículos necesarios para ambos países (carne, trigo, maíz en el caso del Reino Unido; carbón de Gales en el argentino). Este conjunto de obstáculos afectó el intercambio. Según Escudé, desde 1912 hasta 1950 Argentina nunca estuvo por debajo del 4° lugar en importancia como destino de las importaciones británicas. Pero para 1950 cayó al 6°, al 12° en 1951 y al 18° en 1952. Por su parte, las exportaciones del Reino Unido declinaron del 2° lugar en 1947, al 3° en 1948 y 1949, 11° en 1950, 13° en 1951 y 18° en 1952 (Escudé, 1983).
La apuesta a la reactivación de la conexión anglo-argentina se hizo extensiva al resto de Europa, área percibida por Perón como eje compensador al conformado por Argentina y Estados Unidos. Los convenios comerciales y de pagos firmados con las naciones del Viejo Mundo incluyeron listas de productos con concesiones arancelarias recíprocas para fomentar el intercambio y financiación del Banco Central argentino a las compras de alimentos para paliar la debilidad de las monedas europeas y la imposibilidad de contar con dólares en las transacciones. El balance de éstos arrojó más sombras que luces. Los firmados con España tropezaron con la fuerte dependencia de la Madre Patria de los precios y cantidades de productos locales y los préstamos del Estado peronista; las limitaciones de la economía española para cumplir con las demandas argentinas de manufacturas, combustibles y otros insumos; y el uso en las transacciones de la peseta, una moneda inconvertible a dólares. Todos estos inconvenientes condujeron a la suspensión en 1949 del Convenio Comercial y de Pagos de 1946 y del Protocolo Perón-Franco de 1948. Los suscriptos con Italia y Alemania incluyeron las radicaciones en el mercado local de empresas italianas -Fiat en 1948; Fiat Concord para fabricar tractores y automóviles en 1954- y alemanas -las fábricas de tractores Deutz, Fahr y Hanoma; y de camiones Mercedes Benz-; y la continuación de la política de admisión de nazis, destinada a captar técnicos y científicos para el plan de industrialización, pero que fue una fuente adicional de conflictos con Washington.
También el gobierno peronista exploró mercados alternativos al europeo-occidental. Firmó con la India un convenio comercial en septiembre de 1946, con China el Tratado de Amistad en febrero de 1947, con Checoslovaquia los convenios comerciales y financieros en julio de 1947 y con Rumania en octubre de ese año, y con la URSS el tratado comercial y de pagos en agosto de 1953.
Ninguno de estos mercados compensó la progresiva pérdida del europeo- occidental. Tampoco lo hizo el regional, a pesar de la firma del Acta de Santiago de unión económica con Chile (febrero de 1953), del lanzamiento de la unión política y económica con Brasil y Chile -el ABC- y de la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (Atlas), intento de integración sindical regional bajo el liderazgo de la Confederación General del Trabajo argentina (la CGT). Todas estas iniciativas chocaron con la oposición norteamericana y el mayoritario interés de los países de la región en cerrar acuerdos económicos y militares con Washington. Pocos países adhirieron al ABC: Paraguay -dependiente del puerto de Buenos Aires-, Ecuador y Nicaragua. En los casos de Brasil y Chile, el apoyo de sus presidentes al ABC no fue compartido por sus ejércitos, que impusieron la alianza con el Pentágono. Tampoco favorecieron a estas iniciativas las actividades proselitistas de los agregados obreros argentinos, un cargo creado por la Ley 12951 del Servicio Exterior de 1947, en las embajadas en Santiago, La Paz, Lima y otras capitales latinoamericanas (Zanatta, 2005).
Como lo hiciera la "Tercera Posición", la política exterior del gobierno radical de Arturo Frondizi (1958-1962) volvió a colocar en un lugar de privilegio de la agenda externa a los vecinos del Cono Sur y la Unión Soviética. Ejemplos de esta tendencia fueron las firmas del Tratado de límites sobre el Río Uruguay con el gobierno oriental (abril de 1961); del de comercio con Perú en 1958, que estipulaba la rebaja recíproca de aranceles y fue considerado el primer paso hacia el establecimiento de una zona regional de libre comercio; del Tratado de Montevideo (febrero de 1960), que estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc); de la Declaración Conjunta sobre Arbitraje (marzo de 1960) y cuatro acuerdos con Chile (los "Pactos del Sesenta", junio de 1960), que sometían a arbitraje británico el diferendo sobre la zona de río Encuentro y al de la Corte de La Haya el del canal de Beagle; y de la Declaración de Uruguayana con Brasil (abril de 1961), en la que Frondizi y su par brasileño Janio Quadros acordaron adoptar posiciones comunes en política exterior, como la de abstención ante la expulsión de Cuba de la OEA.
La apertura comercial argentina hacia el este comunista, iniciada en tiempos del segundo gobierno de Perón y reiterada por sus sucesores, tuvo su expresión más acabada durante la gestión del ministro de Economía de los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel hasta octubre de 1974, José Ber Gelbard. Para implementar dicha apertura, Gelbard contó con la ayuda del secretario de Estado de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, el embajador desarrollista Leopoldo Tettamanti. Los acuerdos comerciales y de cooperación técnica firmados en mayo de 1974 con la URSS, Polonia, Hungría y Checoslovaquia tenían por objetivo, en palabras del propio ministro, el de utilizar "el intercambio como una herramienta de soberanía" para revertir el acceso argentino a pocos mercados. La "apertura hacia el Este", aunque no incluyó compromisos político-estratégicos con Moscú, motivó la oposición de los ministros López Rega y Vignes, representantes de la derecha peronista y del comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Massera. Todos ellos estaban distanciados de Gelbard no sólo por diferencias ideológicas, sino especialmente por disputarle espacios de poder. Los efectos combinados de la muerte de Perón, el vacío de autoridad de Isabel, la renuncia de Gelbard (octubre de 1974) y el poder político en alza de López Rega y Vignes, tuvieron un impacto negativo en los vínculos con la URSS y las naciones de Europa Occidental. Tras la salida del ministro de Economía, el único convenio comercial concretado con Moscú fue la compra, en septiembre de 1975, de 250.000 toneladas de maíz y sorgo y 750.000 de trigo, ante la escasez rusa y la urgente necesidad de divisas de la economía local. No fue ratificado el acuerdo entre la firma argentina Agua y Energía y la soviética Technopromexport para la asistencia técnica en los trabajos de exploración y diseño del complejo hidroeléctrico del Paraná Medio. Y quedaron paralizados los convenios de cooperación técnica con los países socialistas, tan importantes para el ex ministro en su afán por lograr un capitalismo "independiente" del norteamericano. Mientras durante su gestión fueron firmados 24 convenios de este tipo (22 bajo el gobierno de Juan Perón y 2 en el de Isabel), tras su renuncia no se firmó ningún nuevo convenio².
Otro eje de vinculación externa durante los gobiernos peronistas de la década de 1970 fue Libia. En enero de 1974 se firmaron una serie de convenios entre el ministro de Bienestar Social López Rega y el jefe del Estado libio, general Muamar Gadafi, entre los que se destacó, por su impacto interno, el de intercambio comercial de petróleo libio por productos agropecuarios argentinos. Medios del peronismo sindical como Las bases mostraron el "Operativo Libia" como ejemplo de política exterior independiente y de una Tercera Posición unida a los pueblos del Tercer Mundo y equidistante de los imperialismos yanqui y soviético. Los del peronismo de izquierda, en cambio, advirtieron sobre el tinte corrupto del operativo. Durante la gestión de Isabel Perón, una nueva gestión de López Rega en el marco del "Operativo Libia" (diciembre de 1974) acordó el intercambio de petróleo por cereales y otros productos agropecuarios (Corigliano, 2002).
En lo que respecta al espacio ocupado por los vecinos del Cono Sur en la agenda de política exterior de la década de 1970, el mismo estuvo vinculado a factores estratégicos y económicos. Así, el estatus de Brasil en la agenda externa argentina fue, sucesivamente, el de rival geopolítico por el control de los ríos de la Cuenca del Plata -el cual incluía el uso de la energía hidroeléctrica- durante los gobiernos militares de la Revolución Arg entina y el peronista de Héctor Cámpora; socioeconómico en emprendimientos conjuntos como la explotación de minas de Minarense y Corumbá durante la gestión de Juan Perón; aliado ideológico en la lucha antisubversiva en la Operación Cóndor vigente durante las gestiones de Isabel Perón y las del Proceso militar. El de Chile osciló entre ser el necesario contrapeso geopolítico para evitar la concreción de un eje Santiago-Brasilia que aislara a la Argentina durante la gestión de Perón; el aliado ideológico antisubversivo en el marco de la Operación Cóndor en tiempos de Isabel; y el rival geopolítico en la disputa limítrofe con la Argentina por el canal Beagle en los años del Proceso.
Como ocurriese con los gobiernos de Perón y Frondizi, el de la restauración democrática de Raúl Alfonsín (1983-1989) otorgó un estatus de relevancia a las relaciones con Brasil y con Chile. El encuentro entre los presidentes Alfonsín y José Sarney en Foz do Iguazú (noviembre de 1985) inició el proceso de integración política y económica bilateral. Ambos firmaron la Declaración de Iguazú, la que, profundizando la búsqueda de convergencias iniciada por Frondizi y Quadros en Uruguayana 24 años antes, explicitaba las mismas en temas de agenda como el Consenso de Cartagena, el Grupo de Apoyo a Contadora, la creación de una Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur, y los derechos soberanos argentinos sobre las islas Malvinas. Encuentro al que le siguió el lanzamiento, en junio de 1986, del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE), cuya iniciativa política, nos recuerda Hirst, partió de las cancillerías de los dos países. Por el lado del Palacio San Martín, la motivación fue de índole económica: superar el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones impulsando una apertura exportadora estimulada por asociaciones preferenciales. Por el de Itamaraty, política: el interés por asegurar mayor estabilidad en el Atlántico Sur tras la crisis de Malvinas. Las motivaciones económicas fueron secundarias. Sólo un reducido grupo de burócratas brasileños percibió en ese momento la construcción de un mercado ampliado con la Argentina como proyecto ventajoso para Brasil (Hirst, 1991).
Tras el lanzamiento del PICE, en julio de 1986 tuvo lugar otro encuentro de Alfonsín y Sarney, en Buenos Aires, donde suscribieron el Acta de Integración y Cooperación Argentino-Brasileña y 12 Protocolos bilaterales sobre intercambio de bienes de capital, producción y distribución de trigo, complementación de abastecimiento alimentario, expansión del comercio, empresas binacionales, asuntos financieros, fondo de inversiones para promoción del crecimiento económico, energía, biotecnología, centro argentino-brasileño de altos estudios económicos, accidentes nucleares y emergencias radiológicas, y cooperación aeronáutica. Mientras el área de mayores y más rápidos progresos de los protocolos fue el de la cooperación nuclear y de seguridad, los vinculados a cuestiones económicas tuvieron mayores obstáculos, derivados de las asimetrías en el nivel de desarrollo de ambos países y la multiplicidad de intereses en juego. En marzo de 1988 se concretó un nuevo paso al negociarse los términos concretos del ingreso uruguayo, concretado al mes siguiente con la firma del Acta de Alborada, durante el encuentro presidencial tripartito en Brasilia. El motor económico del acoplamiento oriental al proceso de integración argentino-brasileño fue el sector del transporte terrestre.
En cuanto a las relaciones con Chile durante el gobierno de Alfonsín, progresaron mucho más lentamente que las desarrolladas con Brasil, por la coexistencia de tres frentes de conflicto: Malvinas -por la ayuda chilena a Londres durante la guerra de 1982 y la decisión del régimen de Pinochet de reanudar el comercio con el archipiélago-, la violación a los derechos humanos del gobierno trasandino -por su repercusión en la política interna argentina y ser un obstáculo al acercamiento político y económico con el país vecino-, y el diferendo por el canal de Beagle. Si bien la solución de este último permitió el avance en la integración económica bilateral, lo hizo en forma más lenta de lo esperado. Influyeron en ello la inquietud argentina por el "efecto demostración" del Partido Comunista chileno en la izquierda local y en sectores del peronismo; la acción desestabilizadora de grupos insurgentes chilenos como el FPMR, que recibían abastecimiento desde -y tenían bases en- Mendoza; el apoyo argentino a la resolución de condena contra el régimen de Pinochet en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (marzo de 1987), que contrastó en ese mismo mes y ámbito con la abstención argentina frente a la resolución de condena a Cuba; y el apoyo argentino a la posición boliviana en el reclamo a Chile por la salida al mar y al resultado del plebiscito que en octubre de 1988 marcó el inicio del fin de la dictadura pinochetista.
En cuanto a los vínculos entre la Argentina y la China comunista fueron, como sostiene Cesarín (2010), un factor importante en el proceso de reinserción internacional del país luego de la Guerra de Malvinas. Distanciada de Europa por la ruptura de relaciones con el Reino Unido y distante en sus vinculaciones con Estados Unidos por las heridas de la guerra de 1982 y las sospechas de Washington sobre las intenciones argentinas respecto del conflicto en Malvinas, Argentina encontró en China un nuevo actor externo con el cual vincularse. Como Pekín también buscaba nuevos interlocutores políticos y proveedores económicos de alimentos para su numerosa población, la convergencia de intereses políticos y económicos llevó a Alfonsín a viajar a China en 1985. La mutua identificación política permitió sentar las bases de una promisoria relación económica futura sobre la base de la complementariedad. Si bien la operación conjunta de "emprendimientos agrícolas" no pudo plasmarse por las crecientes dificultades económicas del gobierno radical, fue un paso que abrió una puerta al futuro. Durante la década de 1990, y muy especialmente en la de 2000, el mercado chino fue crucial para las exportaciones de soja argentinas y la salida de la crisis de 2001, y el proyecto de emprendimientos agrícolas conjuntos se concretó en 2010.

IV. El período 1991-2003: la conexión económica y estratégica de la Argentina con Estados Unidos y resto de las naciones desarrolladas de Occidente

Tras las decisiones del gobierno de Carlos Menem de participar en la Guerra del Golfo en septiembre de 1990 y modificar en 1991 el perfil fuertemente antinorteamericano de las votaciones argentinas en Naciones Unidas del año anterior, el país optó por construir "relaciones especiales" o preferenciales, de alianza económica y político-estratégica, con Estados Unidos y el resto de países desarrollados de Occidente. Lo hizo siguiendo la receta teórica del realismo periférico de Escudé: fin de las confrontaciones con Washington del pasado -desde la Segunda Guerra Mundial hasta el gobierno de Alfonsín-; reconocimiento del liderazgo de Washington, en un contexto global de Pax Americana tras el colapso de la URSS, las reformas de Europa del Este y las readaptaciones de Rusia, Cuba y China al fin de la Guerra Fría; limitación del terreno de las confrontaciones a aquellos temas en los que se viese afectado el bienestar material de los argentinos; y apuesta a la sociedad económica con Brasil como contrapeso al costo de los vínculos preferenciales con Estados Unidos. Fueron ejemplos del compromiso estratégico con las naciones desarrolladas de Occidente adoptado en la década de 1990, la participación de naves argentinas en la Guerra del Golfo Pérsico, la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear y la ratificación del Tratado de Tlatelolco, la desactivación del misil Cóndor II, el ingreso argentino en el régimen internacional de Control de Tecnología Misilística (MTCR), la participación argentina en Operaciones de Mantenimiento de Paz (OPM) en Naciones Unidas, el lanzamiento de "cascos blancos" de la ONU para medidas de ayuda humanitaria, el respaldo a la posición norteamericana en la condena a las violaciones a los derechos humanos del régimen de Fidel Castro en Cuba y la apertura de negociaciones con Gran Bretaña respecto del conflicto de las Malvinas colocando bajo un paraguas el espinoso tema de la soberanía del archipiélago. Por su parte, fueron ejemplos de compromiso económico argentino con las naciones desarrolladas de Occidente las firmas del Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (noviembre de 1991); del Memorándum de Entendimiento en subsidios y derechos compensatorios (septiembre de 1991); y del de Entendimiento entre el Departamento de Comercio y el Ministerio de Economía (junio de 1994) para crear un Consejo para el Desarrollo de Negocios (Business Development Council), encargado de promover el comercio y la inversión entre Argentina y Estados Unidos y asistir a los sectores privados de ambos países en dicha promoción. Todas estas medidas fueron vistas por los actores gubernamentales de entonces como "pasos necesarios" y por sus opositores como concesiones unilaterales con mínima o nula contrapartida de las naciones desarrolladas.
En cuanto a los vínculos del gobierno de Menem con Europa, sus criterios ordenadores fueron los del paradigma alberdiano: atraer inversiones y tecnologías y ganar mercados. Pero fue más allá de Alberdi al percibir también al Viejo Continente como el otro pilar estratégico de Occidente junto a los Estados Unidos. Como señala Russell, Europa fue clave para la Argentina en materia de inversiones directas -alentadas por la privatización de empresas públicas de la administración menemista- y como mercado para las exportaciones argentinas -aunque en este último caso el proteccionismo agrícola comunitario fue un factor condicionante-. Respecto de las inversiones directas europeas, en el período 1992-1999, España fue el inversor más importante (31 por ciento del total de inversión extranjera directa -IED-), y desplazó a Estados Unidos -la principal fuente de inversiones hasta 1998- a un segundo lugar. Les siguieron los Países Bajos (8 por ciento), Francia (7 por ciento) y el Reino Unido (4 por ciento). Respecto del comercio exterior argentino, en 1999, la Unión Europea representó el 20,3 por ciento del total de las exportaciones totales del país y el 29 por ciento del de sus importaciones (Russell, 2010).
Otro espacio geográfico de emergente importancia para la política exterior argentina en los años 1990 fue China. Este fue el primer país asiático con el que Argentina firmó un protocolo sobre consultas políticas en 1990. Como sostiene Cesarín (2010), la visita de Menem a Pekín (noviembre 1990), la primera de un jefe de Estado occidental tras la masacre de Tiananmen del año anterior, abrió un período de profundización del vínculo bilateral e incorporación de nuevos actores. Asimismo, China era un actor necesario a considerar en el "paquete de negociaciones" entre Argentina y Gran Bretaña destinadas a reconstruir vínculos diplomáticos plenos heridos por la guerra de 1982. La distensión en las relaciones argentino-británicas permitió la reapertura del Consulado General de la Argentina en Hong Kong cerrado como represalia por la Guerra de Malvinas. Reabierto en 1991, la Argentina aprovechó el rol de puerto franco de Hong Kong y su interdependencia con el continente como plataforma para la operación de traders y firmas nacionales. Un rasgo central de la relación sino-argentina durante los años noventa destacado por Cesarín fue el activo papel desempeñado por los sectores empresarios de los dos países ante el menú de oportunidades comerciales, financieras y de inversión que ofrecían sendos procesos de apertura económica. La combinación de esfuerzos gubernamentales y empresarios permitió aumentar el intercambio sobre la base de tres factores: la alta complementariedad económica entre una Argentina productora de cereales y productos agrícolas y una China industrial, la sobrevaluación del peso bajo la ley de convertibilidad, y los competitivos precios de manufacturas y equipos importados de China.
Por su parte, el lanzamiento del Mercosur en marzo de 1991 por los presidentes y cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay reunidos en Asunción evidenció que, como sostiene Russell (2010), la política exterior menemista hacia América Latina tuvo un signo menos político que la que había tenido con Alfonsín. Ello no obstante el papel protagónico que el gobierno argentino tuvo junto con el brasileño en la solución de la crisis política que amenazó seriamente la continuidad democrática en Paraguay en el año 1996; el jugado en el campo interamericano especialmente junto a Canadá y Chile para promover avances institucionales en materia de defensa y promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos y crear mecanismos de seguridad colectiva y cooperativa; y adoptar medidas embrionarias de construcción de una alianza político-estratégica entre Argentina y los países del Mercosur, como la firma, en diciembre de 1991, del Acuerdo Cuatripartito para la Aplicación de Salvaguardias por los gobiernos de la Argentina y Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (Abacc) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); la declaración presidencial sobre diálogo político entre los presidentes del Mercosur en junio de 1996; el Memorándum de Entendimiento, firmado entre los gobiernos de Argentina y Brasil en abril de 1997 que declaró una "alianza estratégica" entre ambos países; y las prácticas conjuntas de los ejércitos argentinos y brasileños a partir de octubre de 1996. Ninguno de estos pasos políticos fue concebido desde la óptica argentina para aumentar el margen de maniobra respecto de Estados Unidos. Más bien apuntó a fortalecer el capital de credibilidad internacional necesario para aceitar las relaciones preferenciales con Estados Unidos y el resto de los países desarrollados de Occidente.
En contraposición al estancamiento de las relaciones económicas entre Argentina y Brasil a partir de 1997 y su negativo impacto en el comercio intra-Mercosur, los vínculos económicos con Chile durante los años noventa experimentaron un camino ascendente. Chile se posicionó como un mercado relevante para las exportaciones argentinas, y la Argentina como un destino significativo para las inversiones directas chilenas. Estas últimas se colocaron a fines de esa década en primer lugar entre los inversores latinoamericanos en el mercado local y en el cuarto entre los de todo el mundo, después de Estados Unidos, España y Francia. Buena parte de estas inversiones se dirigió a sectores anteriormente considerados de "seguridad nacional", como energía eléctrica o minería en zonas fronterizas cordilleranas. Un claro símbolo de la intensidad del vínculo bilateral fue la reedición del abrazo entre Roca y Errazuriz cien años después por los presidentes Menem y Eduardo Frei (Russell, 2010).
Junto a Chile, Venezuela fue otro actor del espacio regional con el que la Argentina experimentó un crecimiento del intercambio entre 1995 y 1998 para luego declinar por impacto de la crisis de 2001. Según Roark y Giglio, entre 1997 y 2000 Venezuela se erigió como el segundo receptor latinoamericano de inversiones argentinas, después de Brasil, recibiendo el 17,7 por ciento del total invertido a nivel internacional. Y, como producto de la política de privatización del gobierno venezolano, la Argentina se colocó en el segundo lugar de importancia como inversor extranjero en Venezuela, superando incluso a Estados Unidos. Del total de los capitales colocados en Venezuela en 1997, tres empresas argentinas (Pérez-Companc, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF y Techint) acumularon una participación de más del 80 por ciento -y el 75 por ciento de ese porcentaje entre 1990 y 1999 lo representaron rubros como exploración y explotación petrolera, el sector siderúrgico y el de la construcción- (Roark y Giglio, 2010).
La gestión de Fernando De la Rúa continuó en términos generales los lineamientos externos trazados por su antecesor. Partiendo de la doble necesidad de mantener la estabilidad heredada de la gestión anterior, y de renovar periódicamente los aportes financieros del FMI para oxigenar la vulnerable economía argentina, el gobierno de la Alianza colocó -como el de Menem- en un lugar prioritario de la agenda las relaciones con Estados Unidos. Evidencias de ello fueron la continuidad en la posición de crítica a la situación de los derechos humanos en Cuba acompañando a los Estados Unidos en las votaciones en la comisión dedicada al tema en la ONU en 2000 y 2001; el acuerdo militar firmado por los ministros de Defensa argentino y norteamericano en la reunión ministerial de Manaos en octubre de 2000; el apoyo de la diplomacia argentina a las resoluciones de la ONU y la OEA contra los ataques terroristas del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y al Pentágono; y el ofrecimiento del gobierno argentino se sumarse a las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU en Afganistán tras la guerra iniciada allí por Washington.
El gobierno de De la Rúa prometió, sin concretarlo, dar al vínculo con Brasil un carácter más político que el otorgado por su antecesor y "relanzar estratégicamente" el Mercosur. Ambas promesas fueron abortadas por cuatro obstáculos. Uno, la agudización del estancamiento económico del Mercosur tras la devaluación del real en 1999. Dos, la declinación del interés político del Brasil por el bloque a medida que avanzaba en su empeño de liderar un bloque sudamericano y aumentaban sus aspiraciones de convertirse en un jugador global. Tres, y vinculado a los dos anteriores, la pugna entre la visión latinoamericanista y alcalina de la Cancillería heredada de la década anterior, por la cual el canciller de De la Rúa, Adalberto Rodríguez Giavarini pretendía, como su antecesor, mantener abiertas para el país las opciones ALCA y Mercosur; y las visiones hostiles al bloque subregional procedentes de Cavallo, ministro de Economía entre marzo y diciembre de 2001, y de un grupo de gobernadores provinciales preocupados por los negativos efectos de la devaluación brasileña en la permanencia de empresas y mano de obra en la Argentina. Y cuatro, la voluntad del gobierno de De la Rúa de no sumarse a la política sudamericana de Brasil, con el fin de congraciarse con los grupos internos anti-Mercosur y mantener abierta la puerta al ALCA, en sintonía con la permanencia de vínculos preferenciales con Washington (Russell, 2010). Como sucediera con los cancilleres del gobierno de Isabel Perón, el de De la Rúa, Giavarini, tuvo un margen de maniobra severamente condicionado por el tránsito del gobierno de la Alianza hacia un proceso de colapso estatal, que, al compás del progresivo incremento del índice de riesgo país, desembocó en la crisis de 2001.
Enfrentado a la reticencia de Estados Unidos, del resto de las naciones del G-7 y del FMI a auxiliar económicamente a su gobierno durante la mencionada crisis, Duhalde procuró buscar mercados de colocación para las exportaciones argentinas cuya competitividad internacional había mejorado con la devaluación. Así, a fines de enero de 2002 tuvo lugar la primera misión conjunta de empresarios argentinos y brasileños a China, un indicio de la creciente importancia que tendría el vínculo comercial con Beijing en los primeros años del siglo XXI. Tras la invasión de los Estados Unidos a Irak en 2003, el gobierno de Duhalde tuvo la ventana de oportunidad para tomar distancia respecto de las posturas de Washington. Como sostiene Russell, todo aquello que tuviera un tono anti-Bush fue en ese momento funcional al propósito de Duhalde de que "su" candidato a sucederlo, Néstor Kirchner, llegara a la segunda vuelta y que Menem no se sentara por tercera vez en el sillón de Rivadavia. En particular, el voto argentino de abstención respecto de la situación de derechos humanos en Cuba en 2003 tuvo algo de sabor a venganza por la frialdad de la administración Bush hacia la de Duhalde durante la mayor parte del 2002, y fue un modo de acercar posiciones con Brasil y reconocer la solidaridad de las autoridades de Brasilia en los momentos más dramáticos de la crisis posdefault.

V. El período 2003-2013: la conexión argentina con Venezuela y con Irán

En la política exterior de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Venuezuela e Irán ocupan un lugar privilegiado. La gestión de Kirchner construyó con Venezuela una relación especial en torno a dos temas no ideológicos: comercio y finanzas. Según Roark y Giglio (2010), los convenios celebrados con Caracas entre 2003 y 2008 representaron el 27 por ciento del total de vínculos convencionales a nivel mundial que poseía Argentina y el 42 por ciento de sus conexiones regionales. Si se sumaran todos los convenios que Argentina selló con países como China, Estados Unidos, Italia y España, totalizarían 47, menos que los 52 suscriptos con Venezuela. Relación especial en la que el gobierno de Chávez fue para el de Kirchner el único comprador externo de bonos de deuda en default, un actor interesado en invertir en petróleo y lácteos en un mercado argentino anémico de inversiones externas tras la crisis de 2001, y un factor de contención al desembarco de las guerrillas colombianas de la FARC (Escudé, 2005; Corigliano, 2008, 2011; Roark y Giglio, 2010).
Como ocurriese durante la gestión de Néstor Kirchner, Venezuela, China e Irán fueron capítulos relevantes de la agenda externa cristinista. Pero en el último caso, los gobiernos de Kirchner y Fernández han oscilado entre la condena a -y la complicidad con- Teherán. Condena argentina en la ONU por la falta de cooperación del gobierno iraní en la resolución del caso AMIA. Complicidad local por el crecimiento del intercambio comercial entre Buenos Aires y Teherán -que en 2010 llegó a un monto de 1.500 millones de dólares, con saldo favorable para la Argentina-.
En los capítulos de agenda referidos a las relaciones con Brasil y el Mercosur, el estancamiento del proceso de integración económica entre los dos socios mayores del bloque, iniciado en los dos últimos años del gobierno de Menem, no ha podido revertirse en las gestiones de Kirchner y Fernández en la Argentina y de Lula y Dilma Rousseff en Brasil. Ello no obstante el apoyo de la última a la política de derechos humanos de su par argentina y la presencia de gestos mutuos de acercamiento económico como la firma del Acta Fundacional del Banco del Sur (diciembre de 2007), y la creación de una comisión bilateral argentino-brasileña para vender mercaderías al exterior con "valor agregado" (enero 2011). Por cierto, las también mutuas medidas proteccionistas contribuyen al estancamiento. Como sostiene De la Balze (2010), los contenciosos comerciales bilaterales afectan entre el 10 y el 15 por ciento del intercambio. Como dice Malamud, los gestos de acercamiento de los gobiernos de Kirchner y Cristina a sus pares brasileños expresan un apoyo ideológico-discursivo al vínculo bilateral y al Mercosur, contradicho en los hechos por medidas proteccionistas afines a las presiones sociales y a las necesidades fiscales gubernamentales.
La política exterior de los Kirchner es una típica política peronista en versión siglo XXI. Como las anteriores, combina lo que Malamud llama una retórica combativa como guiño a los sectores antiimperialistas internos con un acercamiento pragmático hacia Estados Unidos, llave de acceso al financiamiento externo. Asimismo, mantiene la conducta pendular propia de la "Tercera Posición", balanceándose entre las presiones externas e internas y buscando contrapesos al poder de Washington (Corigliano, 2011). Mientras la firma del memorándum de entendimiento con Irán de enero de 2013 fue un gesto de alejamiento respecto de los Estados Unidos, en marzo de ese mismo año la delegación argentina en el Consejo de Derechos Humanos coincidió con Washington en la sanción al régimen de Teherán por violar dichos derechos. Y, finalmente, busca ejes económicos compensadores al poder de los Estados Unidos y al estancamiento de los lazos económicos con Brasil y el resto de los miembros del Mercosur a través de los vínculos con Venezuela, China e Irán.

Notas

¹ La reticencia de los gobiernos argentinos a asumir una posición de claro compromiso frente a los conflictos ideológicos globales del siglo XX -Primera Guerra Mundial (1914-1918), Guerra Civil Española (1936-1939), Segunda Guerra Mundial e incluso la Guerra Fría- fue un comportamiento que respondió a múltiples factores. Entre los mismos podemos mencionar los económicos -la continuación de la receta alberdiana en tiempos de guerra intentando comerciar con los bandos en lucha-; los políticos -la dificultad de adoptar una línea de compromiso que exacerbara los debates dentro de una sociedad heterogénea e integrada con inmigrantes procedentes de los distintos países en pugna-; los estratégicos -la incertidumbre respecto del resultado final de la contienda a favor de uno de los bandos en lucha entre 1939 y 1942-; incluso los ideológico-culturales -la neutralidad como herramienta de independencia frente a las presiones de las grandes potencias europeas-. Ver respecto de la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, Escudé (1983), Rapoport (1988), Tulchin (1990), Floria y Belsunce (2004) y Corigliano (2009).

² Tales los mencionados casos del ingreso en vigor, el 12 de octubre de 1975, del Convenio sobre Cooperación Científica y Tecnológica firmado con Polonia en mayo de 1974; de las operaciones de compra de productos argentinos (vinos, cueros, lanas, carne y granos) por parte de la URSS; del contrato de equipamiento de turbinas y generadores para las obras de Salto Grande, adjudicado en 1975 a la empresa soviética Energomachexport; de la compra por parte de Argentina en julio del mismo año de dos calderas turbogeneradoras soviéticas para las Centrales Térmicas Luján de Cuyo (Mendoza) y San Nicolás (Buenos Aires); de la firma de un contrato para la prestación de asistencia técnica soviética en el proyecto de aprovechamiento del Paraná Medio; y de las firmas de diversos contratos con la empresa checa Skodaexport para la realización de diversas obras energéticas en territorio argentino. Ver al respecto Corigliano (2002).

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