ARTÍCULOS

¿Anticomunistas, antiestatistas, antiperonistas? La "nacionalización" de la doctrina de seguridad nacional en la Argentina y la legitimación del golpe de Estado de 1966¹

 

María Cecilia Míguez

Universidad de Buenos Aires, Argentina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina mariaceciliamiguez@hotmail.com

 

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Resumen

En Argentina, en agosto de 1964, el general Juan Carlos Onganía, comandante en jefe del Ejército, asumió públicamente la doctrina de seguridad nacional elaborada en los Estados Unidos. El discurso anticomunista y antipopular venía creciendo durante todo el gobierno de Arturo Illia (1963-1966). El presente artículo analiza cómo fue utilizada la idea de las fronteras ideológicas por parte de las Fuerzas Armadas y de los sectores dominantes, principalmente para justificar la proscripción del peronismo -partido político mayoritario- y al mismo tiempo legitimar el golpe de Estado en 1966. Con ese objetivo, el artículo estudia las posiciones de las cúpulas militares, de los políticos conservadores, y de las principales corporaciones económicas. La doctrina de seguridad nacional fue utilizada en ese período como argumento contra el comunismo, pero en el caso argentino también contra el peronismo, y contra la intervención del Estado en la economía.

Palabras claves

Doctrina de seguridad nacional; Illia; Antiperonismo; Golpe; Clases dirigentes

Abstract

In Argentina, in August 1964, general Juan Carlos Onganía, Commander in Chief of the Army, assumed publicly the doctrine of national security elaborated in the United States. The anti-communist and antipopular speech was increasing during the whole government of Arturo Illia (1963-1966). The present article analyzes how the Armed Forces and the dominant economic sectors used the idea of "ideological borders" principally to justify the proscription of Peronism and at the same time to legitimize the coup d'état in June 1966. To that end, the article examines the positions of the military leadership, conservative politicians, and major financial corporations. The national security doctrine was used in that period as an argument against communism, against Peronism, and against state intervention in the economy.

Key words

Doctrine of national security; Illia; Antiperonism; Coup; Ruling classes

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I. Introducción

Al igual que en otros países de América Latina, la doctrina de seguridad nacional elaborada en los Estados Unidos fue adoptada por las Fuerzas Armadas en la Argentina en la década de 1960, modificando las tradicionales hipótesis de seguridad, e iniciando de modos heterogéneos la formación de militares para la persecución y combate del denominado "enemigo interno" comunista.
Desde el mes de agosto de 1964, y a partir de un famoso discurso pronunciado en oportunidad de la realización de la Quinta Conferencia de Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos Americanos en la Academia Militar de West Point, de la que participaron los comandantes en jefe del Ejército de los países americanos, el general Juan Carlos Onganía, comandante en jefe del Ejército y líder de una fracción conocida con el nombre de azules, asumió públicamente la adopción de dicha doctrina. Fue el corolario de un proceso paulatino de construcción de un discurso anticomunista y sobre todo antipopular que venía acrecentándose desde los inicios de la década.
El presente artículo tiene por objeto analizar, en el caso particular de la Argentina y del período histórico que coincide con el gobierno de Arturo Illia (1963 -1966), cómo fue utilizado el discurso sobre las "fronteras ideológicas", por parte de las FF.AA., y de los sectores dominantes y sus corporaciones, para justificar la proscripción del partido mayoritario, el peronismo, y al mismo tiempo legitimar la necesidad del golpe de Estado en la "inoperancia" o "inmovilidad" del presidente. Proceso que denominamos nacionalizaciónde la doctrina de seguridad nacional.
En síntesis, afirmaremos que en el período 1963-1966, el peligro de la "amenaza comunista" fue utilizado principalmente como argumento contra toda movilización popular, para mantener la proscripción del Partido Justicialista (peronismo) y para impugnar los rasgos de estatismo y nacionalismo económico que expresaban algunas de las políticas de Arturo Illia. Así, en especial desde 1964, el discurso anticomunista fue bastión de diversos sectores de las clases dirigentes, otorgándole distinto carácter y contenido, pero con la finalidad de derrocar al gobierno, evitar la llegada al poder del peronismo e instalar una dictadura cuyo líder fue justamente Onganía, y que llevó adelante un proceso de "modernización autoritaria" basado en la concentración y extranjerización de la economía.
Incluiremos para corroborar nuestra afirmación, el estudio de las posiciones de las cúpulas militares, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de corporaciones empresarias y de los sectores dominantes, y publicaciones gráficas representativas de determinados núcleos de interés.

II. La Guerra Fría en el escenario latinoamericano

Cuando el presidente radical asumió el gobierno en 1963, John F. Kennedy era todavía presidente de los Estados Unidos, habían pasado menos de cuatro años de la Revolución Cubana, y dos desde el lanzamiento de la Alianza para el Progreso (APEP). Latinoamérica era en ese período una zona fundamental de la política estratégica estadounidense, y la estrategia del presidente demócrata había incluido el reformismo preventivo de la APEP, aunque sin abandonar las tradicionales presiones económicas e incluso la intervención militar. El asesinato de Kennedy y posterior ascenso de su compañero de fórmula Lyndon Johnson abrió paso a ciertas modificaciones, empezando por un reforzamiento de la intervención militar, en el marco de la aceptación de la doctrina de las "fronteras ideológicas". Su política exterior se caracterizaría por este intervencionismo agresivo, lo que quedará también evidenciado en el desembarco de marines en Vietnam, en marzo de 1965. Ello permitirá comprender la frustración de las expectativas de la Alianza para el Progreso.
Durante este período, la estrategia estadounidense en la región fue presionar a los gobiernos estableciendo condiciones para el otorgamiento de ayuda financiera, y por otra parte, promover la formación en el ámbito de las Fuerzas Armadas. La Guerra Fría había ingresado en América con la Revolución Cubana, y eso requería una política respecto de los sectores populares, impidiendo la organización y politización de las clases subalternas. Recordemos que los instrumentos utilizados por la potencia norteamericana para la adopción de la doctrina de seguridad nacional en América Latina han sido disímiles, incluyendo tratados, misiones especiales, agregados militares y cursos en escuelas especializadas, entre las que se destacó la Escuela Militar de las Américas, organizada en 1963 y ubicada en Fort Gulick, zona del Canal de Panamá, donde fueron adoctrinados miles de militares latinoamericanos para las llamadas "operaciones de contrainsurgencia".
En especial, a partir del fracaso de la invasión a Cuba -punto de escalada del conflicto bipolar-, y como resultado de la puja de intereses internos en los Estados Unidos respecto de la estrategia de la APEP, la política estadounidense en la región fue hegemonizada crecientemente por sectores dispuestos a motorizar, apoyar o reconocer golpes de Estado que se realizaran en nombre de los valores occidentales y contra el avance del comunismo internacional.
Por otra parte, la invasión norteamericana en Santo Domingo iniciada el 28 de abril de 1965 implicó un hito en la estrategia política para la región, puesto que si bien los Estados Unidos no habían descartado la intervención durante la presidencia demócrata -tal como quedó evidenciado en el caso del golpe de Estado en Brasil en 1964-, el caso dominicano implicó no solamente una injerencia directa en los asuntos internos de un país latinoamericano, una intervención unilateral, sino que esta vez se buscó legitimidad en la Organización de Estados Americanos, alegando, como anticipábamos, la necesidad de evitar otro gobierno comunista en la región.
El propio Departamento de Estado, en un informe en oportunidad del cuatro aniversario de la Carta de Punta del Este, da cuenta del hecho que el caso dominicano "ensombrecía" u "opacaba" para algunos países latinoamericanos la estrategia de la APEP.

Hemos evitado una gran celebración del aniversario de la Carta de Punta del Este, porque las estadísticas no constituyen objeto de celebración. Si bien las cifras de 1964 son buenas y las perspectivas para 1965 mejores, lo más importante es que la Alianza necesita un nuevo impulso, un shock psicológico con la impronta personal del Presidente (...) Algunos latinos afirman la Alianza murió con Kennedy, y otros de que nuestra política dominicana la ha opacado (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 1965a: s/p).

Durante la década de 1960 la penetración económica, a través de las grandes corporaciones industriales y de los organismos financieros, e ideológica, por medio del fortalecimiento de los vínculos con las Fuerzas Armadas de la región, se tradujo en un creciente militarismo². Esto implicó no solamente otorgar un rol político central a la corporación castrense, sino legitimar su accionar en el seno de la sociedad civil. El objetivo de la intervención de la potencia del norte en la región fue incluyendo distintas variantes según los casos nacionales³. Bajo el gran paraguas del anticomunismo, las Fuerzas Armadas actuaron como elemento central para evitar el avance de toda una amplia gama de políticas de carácter nacionalista, populista, reformista o revolucionario que cuestionaban las estructuras dependientes y atrasadas del continente latinoamericano. Dicha doctrina y la política estadounidense que la promovió impulsaron la represión más cruenta y generalizada en el continente, especialmente hacia la década de 1970. En el caso argentino, la nacionalización de la doctrina de la seguridad nacional implicó la persecución no solamente de los movimientos políticos de ideología revolucionaria, sino también del peronismo, propuesta política basada en el nacionalismo económico, el antimperialismo y la distribución del ingreso, y muy especialmente de sus derivaciones más radicalizadas.
Es muy interesante destacar, en línea con lo afirmado recientemente Stephen Rabe (2012), que la influencia estadounidense en la región fue posibilitada por intereses internos y que la sucesión de gobiernos de facto no puede explicarse unilateralmente en función de la política exterior de los Estados Unidos, sino que es necesario explicar los factores nacionales que hicieron posible los avances de determinados intereses económicos, políticos y estratégicos en cada país. A este debate quiere aportar el artículo, analizando las posiciones de actores políticos y socioeconómicos locales.

III. Panorama político argentino: las debilidades del gobierno de Illia (1963-1966)

A partir del derrocamiento del gobierno democrático de Juan Domingo Perón en 1955, la política argentina se caracterizará por una inestabilidad que incluyó gobiernos semidemocráticos -es decir, electos por el voto pero con proscripción de la fuerza política mayoritaria, el peronismo- y dictaduras también inestables.
Así, hubo golpes de Estado que interrumpieron el orden constitucional en 1962 y 1966. En ambos casos fueron derrocados presidentes provenientes de la Unión Cívica Radical, pero de dos corrientes distintas del partido. El primero de ellos, Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, había aplicado una política económica desarrollista, de aliento al capital extranjero en las ramas de la industria pesada, combinada con una política exterior de alto perfil con un relativo margen de autonomía respecto de los Estados Unidos. Si bien había llegado al poder con el apoyo de los votos peronistas a partir de un pacto realizado con el líder exiliado, esa alianza se había quebrado rápidamente, lo que dejó al gobierno sin base de apoyo que evitara su derrocamiento en marzo de 1962.
Durante su presidencia ocurrieron la Revolución Cubana y el lanzamiento de la Alianza para el Progreso, a la que puso reparos calificándola como de carácter asistencialista. Por lo tanto, si bien la relación con los Estados Unidos había comenzado siendo fluida producto de las condiciones económicas de la promoción de inversiones estadounidenses en el país y la solicitud de un crédito del Fondo Monetario Internacional, las cuestiones políticas vinculadas a la Guerra Fría distanciaron a los países⁴. Quien asumió el poder en ese contexto fue José María Guido, presidente de la Cámara de Senadores, en una especie de "fachada institucional".
Durante ese breve mandato se produjeron dos enfrentamientos entre fracciones de las Fuerzas Armadas. Esos enfrentamientos fueron en septiembre de 1962 y abril de 1963. Lo que subyacía a ese clivaje era fundamentalmente la posición respecto del peronismo pero desde la nueva lectura de la división del mundo en el contexto de la Guerra Fría. Los azules -liderados por Juan Carlos Onganía y cuyos aliados civiles eran fundamentalmente los desarrollistas- planteaban que era necesario incorporar al peronismo a la política, sin Perón, claramente, a través de un frente electoral, para evitar la radicalización del movimiento. Como esgrimían que las Fuerzas debían desempeñar un rol profesional, y no uno directamente político, se autodenominaron "legalistas", y bautizaron a sus rivales como colorados. Estos últimos eran los sectores liberales, tradicionalmente asociados al poder de los terratenientes agroexportadores, antiperonistas, protagonistas del golpe contra Perón, mayormente pertenecientes a la Marina, y líderes del gobierno de facto que lo había sucedido, la autodenominada Revolución Libertadora. Ambas fracciones de las FF.AA. se declaraban anticomunistas, occidentales y cristianas, pero para los colorados, el peronismo era una especie de "antesala" del comunismo y debía ser combatido y excluido del sistema político. Sus aliados civiles eran los sectores más conservadores y dentro de la Unión Cívica Radical, los radicales del Pueblo, liderados por Ricardo Balbín. Esta línea partidaria no sólo había festejado el golpe contra Perón en 1955 (al igual que los intransigentes) sino que había colaborado con muchísimos funcionarios civiles en la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu (1956-1958).
Es importante destacar que luego del golpe contra Perón en 1955 hubo entre los sectores antiperonistas -tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas políticas civiles- una importante distinción entre quienes sostenían una estrategia represiva y excluyente, y quienes consideraban que era necesario integrar al movimiento. Marcelo Cavarozzi (1987) explica que durante el período de la proscripción del peronismo, las fuerzas que sí participaron del sistema político de modo directo (partidos políticos) o indirecto (aliados en las Fuerzas Armadas) se dividieron en torno a dos cuestiones: la incorporación o no de las masas peronistas a la dinámica electoral (desde "integracionismo" hasta el "gorilismo") y la posición respecto del modelo socioeconómico puesto en marcha en el período 1945-1955. Utilizando esta última variable, el autor distingue entonces: un populismo reformista (donde situará la presidencia de Illia), una línea desarrollista (donde podríamos ubicar tanto a Frondizi como al sector azul de los militares), y otra liberal (a la que pertenecían partidos conservadores como Udelpa, corporaciones como la SRA y la UIA y la fracción colorada de las Fuerzas Armadas). La combinación de alineamientos respecto de las dos cuestiones citadas (la política y la económico-social) dio por resultado una serie de complejos clivajes donde se entrelazaban cuestiones económicas, políticas y del orden de las relaciones internacionales. Esto explica la labilidad de las alianzas y, asimismo, los posibles grados de acuerdo respecto de la exclusión del peronismo en sectores defensores de políticas económicas disímiles. Explica también la confluencia de distintos frentes opositores al gobierno hacia 1966 y, en consecuencia, la heterogeneidad de la futura coalición golpista que lo derrocó.
Volviendo a la composición de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Illia, entre los militares azules se destacaron junto al general Onganía, el general Julio Alsogaray, quien ocupó el cargo de director de la Gendarmería Nacional Argentina (dependiente del comando en jefe del Ejército) entre 1963 y 1966, el general Pascual Pistarini, jefe de una División de Caballería, que sucedería en 1965 a Onganía en el cargo de comandante en jefe del Ejército y Osiris Villegas, subjefe del Estado Mayor del Ejército. Los principales líderes colorados fueron el general Carlos Severo Toranzo Montero, el general Benajmín Menéndez y el teniente Isaac Rojas, fervientes antiperonistas protagonistas del anterior gobierno de facto (1955-1958). El sector azul fue el bando triunfante en ambos enfrentamientos, pero en esas sublevaciones había quedado sellado una especie de acuerdo con los derrotados. El comunicado Nº 200 elaborado por los vencedores comunicó a la sociedad que se realizarían elecciones presidenciales, pero con proscripción del peronismo. Así, en los comicios realizados en julio de 1963 participaron la UCRP -con la fórmula Arturo Illia y Carlos Perette, con vínculos con la fracción colorada de las FF.AA.-, la UCRI -Oscar Alende y Celestino Gelsi- y una nueva fuerza política conservadora representativa del liberalismo conservador antiperonista denominada Unión del Pueblo Argentino, cuyo líder era el ex dictador Aramburu. El resto de los partidos tenían poco caudal de votos.
Esta vez, la gran mayoría de los peronistas votó en blanco, con lo cual Illia triunfó como primera minoría, con sólo el 25 por ciento de los votos, mientras que los blancos alcanzaron el 19 por ciento⁵. Fue un gobierno cuestionado desde el inicio, por frentes heterogéneos. Desde el peronismo, lógicamente, porque se trataba de toda una línea partidaria que había vitoreado el golpe de 1955 contra Perón y cómplice del posterior gobierno militar. Impedido de formar parte del sistema político, lucha política y sindical se fusionarían, para impugnar las medidas del gobierno a las que se oponía y para organizar el retorno del líder. Esa posición se haría efectiva durante la gran movilización conocida como Plan de Lucha de la Central General de Trabajadores (CGT) hegemonizada ampliamente por el peronismo -nucleado en la corriente denominada "Las 62 Organizaciones"- que entre mayo y septiembre de 1964 dispuso la ocupación masiva de fábricas a nivel nacional, implicando a aproximadamente cuatro millones de trabajadores movilizados en todo el país.
El Presidente asumió con debilidades estructurales que se expresaron en el hecho de que el golpe fuera una amenaza constante durante toda su gestión. Por un lado, su partido tenía fuertes vínculos con el sector colorado de los militares, que habían sido derrotados en los enfrentamientos de 1962 y 1963, y por lo tanto, se encontraba en una relación de fuerzas desfavorable respecto de los azules, cuyo mayor exponente, Onganía, era el comandante en jefe del Ejército. Por otro, la proscripción del peronismo se había traducido en un importante caudal en votos en blanco, mientras que el triunfo de Illia había sido electoralmente muy ajustado. Para asumir el Poder Ejecutivo siendo primera minoría había tenido que recurrir a electores ajenos para imponerse. Incluso en un sentido amplio, y en términos prospectivos, las debilidades políticas de origen del gobierno de Illia y la exclusión del peronismo de la escena electoral -y por lo tanto la falta de legitimidad y consenso en los sectores populares- limitaron la concreción de su proyecto económico y contribuyeron a la desestabilización del gobierno.
En efecto, y para remachar sobre esas debilidades, la política económica que aplicaría no satisfizo ni a desarrollistas promotores de la industria y del capital extranjero, ni a sus aliados liberales. Caracterizada por el impulso a la demanda interna a través del gasto público y los diversos mecanismos de distribución del ingreso, sus rasgos de estatismo y nacionalismo económico expresados en el ámbito interno e internacional provocarían rápidamente la ferviente oposición de las corporaciones de los sectores dominantes, especialmente las nucleadas en Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (Aciel), como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Entre las medidas más criticadas por las clases dominantes se destacan la anulación de los contratos petroleros firmados por Arturo Frondizi durante su presidencia (1958-1962) decretada a un mes de asumir, la eliminación de los depósitos en moneda extranjera, la ley Oñativia de regulación del mercado farmacéutico⁶, la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil regulada en 1964, la política de precios máximos y el control de cambios.
Las fracciones de las FF.AA., por su parte, irían profundizando sus diferencias a lo largo del gobierno, hasta derrocarlo finalmente el 28 de junio de 1966. En forma paralela, el Departamento de Estado de los Estados Unidos siguió de cerca los acontecimientos político internos, en un contexto regional signado por la intervención y la propagación de la doctrina de seguridad nacional, y así como lo hizo en el golpe de Estado de 1964 contra Joao Goulart en Brasil, tuvo incidencia -más prudente que en el caso del país vecino- en los procesos que desembocaron en el derrocamiento de Illia (Rapoport y Laufer, 2000).

IV. Los avatares de la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas en el contexto de la doctrina de seguridad nacional

Durante la presidencia de Guido (1962-1963) se había producido un acercamiento significativo entre Argentina y Estados Unidos desde el punto de vista militar, ya que el gobierno local colaboró con el bloqueo naval y aéreo de Cuba, en oportunidad de la crisis de los misiles soviéticos (Morgenfeld, 2012b). Esto provocó un importante giro en una relación bilateral marcada por las tensiones del fin del gobierno de Frondizi. Por lo tanto, la cuestión de la Guerra Fría como elemento definitorio en la política interna de seguridad ya estaba presente en las cúpulas militares desde 1963. Así lo ratifica una alocución del contraalmirante Mario Lanzarini, director de la Escuela Nacional de Guerra en el mes de abril de ese año, donde afirmó que "la guerra ha sido declarada por la ideología comunista a fin de imponerla en todo el mundo, utilizando para ello cualquier camino", y que por lo tanto, el "neutralismo" no tenía ya lugar en un mundo donde "los que no se oponen o son comunistas o ignorantes o interesados". Pero más interesante aún es su referencia al plano interno y la vinculación con el peronismo. Su diagnóstico describe a un país que "desde hace 20 años se encuentra parado y en algunos aspectos ha retrocedido", y las causas de ellos serían tres elementos negativos:

El comunismo, que ha aprovechado toda circunstancia favorable para poder realizar su acción destructiva. El peronismo, con su intolerancia política y religiosa, su totalitarismo partidario y sindical y sus intentos de destrucción de la familia y de la Iglesia, a la par que una equivocada política internacional. El tercer factor negativo es la mentalidad estatista de aquellos que, basados en un falso nacionalismo, han logrado amplia intervención estatal en sindicatos, grandes empresas y desarrollo industrial (Mario Lanzarini, alocución del 1/04/1963, en Altamirano, 2001: 300-301).

La relación entre Illia y las FF.AA. hegemonizadas por los azules fue compleja desde el inicio, y se vio deteriorada por varios elementos, entre los que podemos destacar: la relación del gobierno con los colorados; la anulación de los contratos petroleros y el consecuente enfrentamiento con las empresas estadounidenses involucradas; las dificultades para concretar acuerdos para compra de armamento; la posición respecto de lo que se consideraba "infiltración marxista" y al movimiento popular en general; y las diferencias respecto del envío de tropas a Santo Domingo.
Pero uno de los primeros temas de conflicto que se presentaron entre las FF.AA. y el gobierno fue la negativa de este último a aprobar una legislación que involucrase directamente al Ejército en la lucha anticomunista. El antecedente de la participación de los militares en la represión política había sido el Plan Conintes, elaborado por Juan Domingo Perón durante su segunda presidencia (1952-1955) y puesto en funcionamiento por primera vez por Frondizi entre marzo de 1960 y agosto de 1961. Este plan permitía al presidente declarar el "estado Conintes", restringir la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, y habilitar la militarización de la sociedad. Ello incluía declarar zonas militarizadas a los principales centros o ciudades industriales, y habilitar a las Fuerzas Armadas en allanamientos y detenciones salteando por fuera de las normas constitucionales. En 1962 se había declarado nuevamente el "estado Conintes". Ya en 1963, ante el avance de la nueva concepción de la seguridad nacional formulada por Estados Unidos, los militares buscaban directamente la aprobación de una nueva legislación que permitiera su accionar en la represión política de toda actividad que pudiera ser considerada como "infiltración marxista".
En mayo de 1964, el gobierno dio un paso fundamental en el acercamiento y convalidación de la política estadounidense en la región. Argentina, representada por su canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, firmó con el embajador Mc Clintock un convenio de cooperación militar con el país del norte, que se basaba en la aceptación del nuevo concepto de la seguridad continental, reemplazando la doctrina de la amenaza externa por la interna, es decir, la ideológica. Específicamente se trataba de un memorándum de entendimiento respecto de un Programa de Asistencia Militar (Military Assistance Program, MAP), que refrendaba la cooperación en el marco de la amenaza castrista-comunista al interior de cada uno de los países latinoamericanos. Implicaba realmente un hito importante en la estrategia de seguridad estadounidense en la región, ya que se reemplazaba la hipótesis de una agresión extracontinental por una doctrina en que el peligro de subversión castro-comunista se ubicaba dentro de cada uno de los países América Latina, por lo que el accionar del continente debía ser conjunto y en forma aliada con los Estados Unidos (Castello, 1986). Era un modo de acoplarse al proyecto estadounidense de creación de una Fuerza Interamericana de Paz para fortalecer el accionar de la OEA en función de sus propios intereses.
Pero en cuanto al intercambio de armamento, algo que las FF.AA. consideraban muy importante, la firma del MAP no era más que el inicio de una serie de negociaciones para la compra del material bélico. En consecuencia los militares azules buscaban un cada vez mayor acercamiento a Estados Unidos, y todas las acciones del gobierno que provocaran tensiones en la relación bilateral fueron señaladas, como el caso de la anulación de los contratos petroleros⁷.
Fue justamente mientras se iniciaban las negociaciones en el marco del MAP que el Ejército descubrió el funcionamiento de una supuesta célula guerrillera en la provincia de Salta, más específicamente en Orán. Fue Julio Alsogaray, Jefe de Gendarmería Nacional y el hermano de Álvaro -que se desempeñó en varias oportunidades como ministro de economía, aplicando reiterados ajustes acordados con el Fondo Monetario Internacional y que se erigió como interlocutor en la embajada norteamericana impulsando el golpe de Estado de 1966⁸-, el encargado del operativo que desbarató la organización. Más allá de los debates sobre el caso en particular, luego del caso de Orán, Alsogaray, al igual que muchos de los generales de las FF.AA., comenzaron a presionar al gobierno no sólo para ratificar los decretos represivos de la época de Guido, sino para crear un comando militar conjunto para la reprimir los "brotes insurreccionales".
En una entrevista publicada por el semanario Primera Plana, el jefe de Gendarmería se pronunció a favor "de una ley de seguridad nacional que prevea todo este tipo de guerrillas, conmoción interior (...)", y agregaba, a pesar de lo que demostrarían los sucesos posteriores, que era probable que existieran otras organizaciones similares a la de Salta en Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe"⁹. Pero más significativo aún es que Alsogaray hizo explícita referencia en la misma entrevista a falta de equipos para la Gendarmería, responsabilizando a la crítica situación económica del país. Aprovechó también para apuntar contra la posición "nacionalista" de los defensores de la anulación de los contratos petroleros, y así, se iba mezclando la crítica al comunismo con la crítica a la defensa de los intereses nacionales. Por último, denunció la inoperancia del presidente Illia¹⁰.
En julio de 1964, también al mismo tiempo que estaban en consideración del parlamento las denominadas leyes represivas y la modificación del Código Penal, una explosión en un edificio en la calle Posadas 1168 llevó a que la policía encontrara en unos de los departamentos armas, bombas de fabricación casera, y planos de zonas del norte argentino. El secretario de guerra, general Ávalos, afirmó que se trataba de "un brote de agresión castro-comunista, del terrorismo y de ideologías ateas y foráneas" (Castello, 1986: 113). De allí en más, la estrategia de la cúpula de las FF.AA. fue magnificar todo acto terrorista y utilizarlo para desprestigiar al gobierno. Así sucedió también con un supuesto atentado contra Frondizi en el mes de agosto y así continuó Alsogaray, pretendiendo mostrar el caso de Orán como una amenaza con posibilidad de extender su impacto a nivel nacional¹¹. El jefe de la policía de Buenos Aires Juan José López Aguirre -balbinista- afirmó y repitió en varias oportunidades "el origen peronista de quienes integraban las células subversivas de la Capital y el Gran Buenos Aires, células cuyas conexiones con los guerrilleros de Orán parecen evidentes"¹². ¿Anticomunistas o antiperonistas?
En forma paralela, el año 64 fue escenario de una altísima movilización popular y sindical plasmada en el Plan de Lucha de la CGT anunciado desde enero, y que entre mayo y septiembre implicó la toma de 11000 fábricas. A ello se sumaría finalmente el famoso operativo retorno, operación para que Perón regresara de su exilio en Madrid¹³, cuyo anuncio se hizo en septiembre y su intento frustrado en diciembre. Ambos sucesos fueron un fuerte golpe para las cúpulas castrenses, y en particular para el bando colorado, que aprovechó la oportunidad para pedirle al presidente la remoción de algunos oficiales del arma.
En el mes de agosto, se llevó adelante una operación de acción cívico-militar, los comandantes en jefe de los ejércitos de los países americanos participaron de la Quinta Conferencia de Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos Americanos en la Academia Militar de West Point. Allí Onganía, haciendo eco de la nueva doctrina norteamericana de la "seguridad nacional", condicionó el rol apolítico de las Fuerzas Armadas y su defensa del gobierno constitucional a determinados "límites". Advirtió allí que

...el deber de obediencia al gobierno surgido de la soberanía popular habrá dejado de tener vigencia absoluta si se produce al amparo de ideologías exóticas, un desborde de autoridad que signifique la conculcación de los principios básicos del sistema republicano de gobierno, o un violento trastrocamiento en el equilibrio e independencia de los poderes. En emergencias de esta índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución no podrán, ciertamente mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertirían en instrumentos de una autoridad no legítima (Onganía, en Cavarozzi, 1997: 214-215).

En este sentido, se mostró promotor de la integración del Ejército Argentino en el esquema interamericano que el Pentágono proponía, asumiendo un nuevo rol para las Fuerzas Armadas, orientadas ahora al combate del enemigo interno (Potash, 1994).
La crítica a la posición del gobierno frente al peronismo y al comunismo encontró unidos a azules y colorados. Mientras el gobierno buscaba acercar posiciones con líderes peronistas como Augusto Vandor y Andrés Framini, un gran amplio espectro opositor observaba temeroso la cuestión. La revista Primera Plana, describía de este modo la situación para el mes de agosto de 1964:

...los sacudones más decisivos, ciertamente, se jugaron en el plano castrense. Como muchos observadores habían previsto, las noticias sobre contactos entre el peronismo y el gobierno, y el paralelo crecimiento de la amenaza de subversión castrocomunista, sirvieron para hacer olvidar, momentáneamente, muchas de las diferencias de criterio que en otros órdenes separan a los jefes militares que en setiembre de 1962 y abril de 1963 se enfrentaron en bandos distintos¹⁴.

Para los sectores liberales, asociados al poder de los terratenientes exportadores -cuyos aliados militares eran los colorados-, el peronismo era su enemigo por definición, y asociarlo directamente con el comunismo, como una especie de paso previo en un esquema de "colectivización", le era sencillo y afín. Pero a partir de 1964, tanto coloradoscomo azules irían paulatinamente recrudeciendo su crítica hacia el gobierno, al que caracterizarían como "blando" respecto de la "penetración de ideologías foráneas". Para el caso de las corrientes desarrollistas (azules) de las Fuerzas Armadas, la cuestión era un poco más compleja que para los liberales: su tarea era sumar a un sector del peronismo en función de una estrategia de alianzas que permitiera iniciar un proceso de crecimiento industrial sobre la base de capital extranjero y sustentado en políticas de un liberalismo heterodoxo. Por lo tanto, mientras dialogaría con los empresarios industriales atemorizándolos con la avanzada del comunismo y del peronismo combativo, buscaría canales de comunicación prebendarios con el sindicalismo de Agusto Timoteo Vandor, dirigente metalúrgico de las 62 Organizaciones.
Es decir que desde 1964 en adelante podemos observar cómo se realinean las fuerzas teniendo en cuenta los clivajes señalados en el comienzo de este artículo. El "integracionismo" de los azules consistía en constituir alianzas con un sector del sindicalismo que, en el contexto de la derrota de la resistencia peronista durante la década anterior y de la proscripción, se sintiera interpelado por la "invocación al orden, la unidad, verticalismo, el anticomunismo y la tutela estatal" (Cavarozzi, 1987: 34). Las versiones radicalizadas del movimiento peronista constituían una amenaza que requería ser combatida. Y en ello, coincidía con el "gorilismo" de los colorados.
A fines del mes de agosto, los ministros Juan S. Palmero (interior), Leopoldo Suárez (defensa) y Zavala Ortíz (relaciones exteriores) debieron concurrir al parlamento para exponer el punto de vista oficial sobre los sucesos de Orán y otras supuestas actividades de guerrilleros en las provincias, y el atentado sufrido por Arturo Frondizi a mediados del mes. La actitud del gobierno fue enmarcar tanto el caso de Salta como el atentado como sucesos policiales.
Hasta 1965, el propio Onganía, comandante en jefe del Ejército, parecía estar dispuesto a preservar la institucionalidad, y quienes se mostraban más proclives a dar por terminado el gobierno de Illia eran los propios colorados, que se consideraban desplazados de las fuerzas, y no coincidían con el rumbo de la economía y de la política. Pero el argumento de la ineficiencia del gobierno frente a la avanzada comunista continuaba. Y paradójicamente, en 1965, cuando la frecuencia de esos actos de violencia decreció, y fuentes políticas, policiales y militares concordaban en que los grupos guerrilleros surgidos en 1964 estaban desarticulados, las denuncias de la prensa continuaron, trasladándose al campo cultural y a la política exterior del gobierno (Smulovitz, 1993: 409).
Quizás el fantasma del comunismo era la carta para combatir al enemigo más cercano y fuerte: el peronismo combativo. Recordemos que el movimiento peronista también estaba sufriendo una serie de divisiones y transformaciones en función de la compleja dinámica política interna y también de los sucesos políticos mundiales. Luego de la normalización de la CGT durante la autodenominada "Revolución Libertadora" en 1957, el sindicalismo vivió en forma paralela un proceso de radicalización ideológica -expresada en los Programas de La Falda y de Huerta Grande- y por otro lado, el surgimiento de una línea más dispuesta a la negociación e integración en las estructuras de los gobiernos "semidemocráticos". El programa de La Falda constituyó uno de los hitos fundamentales de la profundización de la lucha obrera durante el período de proscripción. Esa profundización se producía en un contexto particular. Recordemos que inmediatamente después de concluida la Segunda Guerra Mundial comenzó el proceso de rebelión de las colonias afroasiáticas. El viejo esquema de la división internacional del trabajo se modificaba necesariamente a la luz de la nueva conformación de naciones. La descolonización del Cercano Oriente, África y Asia, constituyó un grito fundamental de desafío a los poderes imperiales de las grandes potencias. La afirmación de la identidad nacional se combinó, en algunos casos, con la revolución social. La conciencia de la existencia de una parte del mundo explotada por el imperialismo de las potencias hegemónicas fue articulándose en una lucha contra la dependencia y el sometimiento económico y político. Asimismo, es inevitable hacer referencia a la Revolución Cubana. Este proceso se iba a convertir en referente para todas las luchas de América Latina, puesto que se trataba de una revolución nacional, antiimperialista y una revolución socialista pero en el continente americano. En esta etapa y cada vez con más énfasis, parte de la lucha sindical trascendió la reivindicación laboral y fue adoptando un objetivo antiimperialista. El Programa de Huerta Grande representó una profundización de los contenidos antioligárquicos y antiimperialistas del peronismo, de acuerdo con el "giro a la izquierda" alentado por el General Perón desde Madrid (Baschetti, 1997).
Por otro lado, la línea del sindicalismo vandorista también fue adquiriendo poder y el propio Perón organizó el frustrado "operativo retorno" en diciembre de 1964, también en función de evitar que el proyecto de "peronismo sin Perón" alentado por los "integracionistas" prosperara.
Las elecciones legislativas provinciales y nacionales de marzo de 1965 fueron un tema crucial. En enero del nuevo año, parecía que el peronismo podría presentarse en las elecciones, ya que el juez electoral Leopoldo Isaurralde, había concedido la personería jurídica al Partido Justicialista en el ámbito de la Capital Federal. Pero a sólo un día de esa concesión, el Procurador Fiscal la apeló y a fines de febrero la Cámara Nacional Electoral denegó la personería, obligando al peronismo a presentarse a nivel nacional a través de la Unión Popular.
Los resultados de las elecciones fueron contundentes. En conjunto, los diversos partidos provinciales identificados con el peronismo que se presentaron (sin utilizar ninguna referencia directa a dicha adscripción ideológica) obtuvieron el 30 por ciento de los votos estableciéndose por encima de la UCRP que obtuvo el 26 por ciento (Castello, 1986). Eso permitió que el "neoperonismo"¹⁵ se constituyera en la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados con 52 bancas, frente a las 70 de la UCRP. Las elecciones despertaron la reacción antiperonista en las clases dirigentes y particularmente en las FF.AA., que también venían criticando la orientación económica del Poder Ejecutivo. Ello modificó el panorama para el amplio espectro antiperonista y creaba expectativas complejas para las elecciones a gobernadores provinciales de 1967. Plan de lucha, operativo retorno y finalmente triunfo electoral del peronismo, distanciaban del gobierno a las cúpulas castrenses.
Efectivamente, a partir de estos sucesos el argumento de la amenaza comunista sería utilizado para justificar la proscripción del peronismo y, por lo tanto, el golpe de Estado. Ello no quiere decir que la doctrina de la seguridad nacional y su apropiación por gran parte de los militares argentinos no tuviera un componente claramente anticomunista, sino que, además de ello, en el plano interno, sirvió para combatir y perseguir al movimiento popular en sentido amplio y a las fracciones más radicalizadas del peronismo, e incluso como bastión antiestatista. El discurso variaba de acuerdo a su alocutor.
Pero en la marco de la nueva estrategia de seguridad estadounidense, la cuestión que terminaría por alejar a los militares azules fue el debate sobre el envío de tropas a Santo Domingo. Las diversas posiciones internas alrededor de la cuestión dividieron aguas incluso dentro del gobierno. El canciller Zavala Ortiz fue quien apoyó la moción estadounidense de la conformación de una Fuerza Interamericana de Paz (FIP), alegando que para garantizar las condiciones pacíficas era mejor "multilateralizar" la intervención, en lugar de que continuara siendo "unilateral" (Congreso Nacional, 1965: 156-172). Por lo tanto, el voto argentino favorable se asentó en esa posición, y es factible que Illia estuviera al tanto de esa decisión¹⁶.
Sin embargo, las repercusiones del caso dominicano desembocaron en conflictos políticos internos incluyendo, debates, fracturas, renuncias, y disputas entre los funcionarios del gobierno, las Fuerzas Armadas, la oposición parlamentaria (UCRI, MID, socialismo) y extraparlamentaria (el peronismo proscripto, movimiento estudiantil, partidos de izquierda, sindicatos). Luego de la conformación de la FIP comandada por Brasil, el debate se organizó en función de la posible participación con efectivos de las fuerzas armadas argentinas en la coalición militar internacional recientemente conformada. Allí es donde se pusieron en juego los argumentos de la doctrina de seguridad nacional, sobre todo por parte de los militares que se mostraban interesados en participar de la operación. Más tarde, esos argumentos cobrarían un nuevo alcance, ya que los sectores más conservadores lo utilizarían también para justificar la proscripción del peronismo.
A pesar de la presión de las Fuerzas Armadas, de algunas fuerzas políticas y de los Estados Unidos (que incluyó una misión breve de Averel Harriman), el Ejecutivo nunca envió al Congreso el pedido para aportar tropas a la FIP. El malestar de militares azules y de los colorados ante la no participación argentina se transformó en crítica contundente. El 1º de junio un brigadier afirmaba: "Santo Domingo ya no nos interesa como hecho concreto, sino como antecedente. Mañana puede ser Bolivia, Colombia o Uruguay, y entonces no tendremos tiempo de esperar a que el presidente Illia se informe. La respuesta de las Fuerzas Armadas debe ser inmediata"¹⁷.
Las ambigüedades gubernamentales frente a la invasión a Santo Domingo constituyeron "el telón de fondo" que desembocó en el alejamiento del general Onganía de la comandancia en jefe del Ejército a fines de 1965 (Rapoport y Laufer, 2000: 36). Fue reemplazado por Pascual Pistarini, lo que implicaba una continuidad a rasgos generales. Retirado de la fuerza, el general de los azules realizó una gira por Europa que fue elogiosamente tratada en múltiples artículos. Dicha gira se extendió durante julio y agosto, e incluyó una visita a la España franquista, Italia, Alemania Occidental e Inglaterra. Finalizó en su regreso con una estancia en Brasil. Especialmente, en oportunidad del discurso ofrecido en agosto de 1965 en Río de Janeiro -recordemos que ya había planteado su posición en el famoso discurso de West Point-, Onganía expuso su tesis de las fronteras ideológicas nuevamente en consonancia con la doctrina de seguridad nacional, y propuso la conformación de una alianza argentino-brasileña contra el comunismo.
El propio presidente Illia respondió rápidamente en un discurso pronunciado en la Fiesta del Agricultor, en el pueblo Esperanza, provincia de Santa Fe. Allí dijo:

El comunismo ha sido superado en todo el mundo; nosotros todos, dentro de nuestros propios alineamientos filosóficos y en la estructura interna del país, tenemos todos en la mano para superar aquél régimen que ya se ha quedado atrás. Nadie debe subestimar la Guerra Fría ni la lucha ideológica en el mundo; pero tampoco debemos sobreestimarlas perdiendo el rumbo y el camino (Massa, 1965: 59).

Por su parte, en Brasil también hubo respuestas negativas, en particular del ministro de Guerra Arthur Costa e Silva (Castello, 1986). Onganía reiteró su posición en una carta dirigida al inspector general del Ejército uruguayo, general Gilberto Pereyra. Finalmente, las declaraciones derivaron en una respuesta del ministro del Interior, Juan Palmero, quien en línea con las palabras de Illia, sostuvo que lo importante era sostener "los conceptos democráticos de las naciones y unirlas cada vez más entorno a esos principios", más que establecer "barreras ideológicas" (Massa, 1965: 59).
El Día de la Gendarmería, 28 de julio de 1965, Alsogaray afirmó en defensa de la posición de Onganía que era necesario "mejorar la aptitud de la gendarmería para realizar operaciones de contraguerrilla", allí donde "la policía local resulta insuficiente", para "eliminar drásticamente este peligro que ha empezado a corroer las entrañas de nuestras instituciones, las mentes de nuestros estudiantes y profesionales, el corazón de nuestros obreros; que sutil y arteramente se infiltra aún en algunas esferas oficiales" (diario Clarín, 26/07/1965, en Sánchez, 1983: 108).
Los estudiantes y las universidades fueron foco de crítica y serían, ya durante el gobierno de facto, blanco de represión. El diario ABC de Madrid reproducía a fines de septiembre las palabras de Alsogaray para alimentar la hipótesis de la gravedad de la cuestión política en el país del cono sur, y la negación e "inoperancia" del gobierno radical:

En la Argentina, la guerra revolucionaria está en funcionamiento en todos los ámbitos del quehacer nacional: en las universidades, sindicatos, empresas, Gobiernos, e inclusive en la Iglesia. Según documentos hallados, hubo un plan la invasión de Argentina desde Bolivia, que incluía la acción de dos columnas de 500 a 600 guerrilleros que habían de actuar en la zona fronteriza. El plan era avanzar rápidamente sobre Orán e incautarse todos los elementos posibles para su subsistencia; destruir las vías de comunicación y reclutar adeptos entre los ingenuos, especialmente de San Martín del Tabacal y tal vez de Ledesma, y reunirse por el norte con la otra columna para crear una "zona liberada" (Massa, 1965: 59).

Mientras que la oposición afirmaba la existencia y la presencia cada vez mayor de un enemigo fuerte y tenaz, con estrategias variadas de penetración, el gobierno sostuvo que la mejor manera de combatir al comunismo era la de crear las mejores condiciones para salir de la pobreza (Sánchez, 1983), y utilizando las armas de la ley, "a través de la justicia" (Palermo, 1965: 2361).
Por otra parte, el peronismo sufriría fuertes luchas internas, que se evidenciaron en la fractura abierta del movimiento sindical hacia 1966. La fractura dentro del sindicalismo que se provocó luego del fracaso del "operativo retorno" definió la fractura de todo un sector liderado por Vandor, dispuesto a llevar adelante una nueva estrategia de "peronismo pero sin Perón", distanciándose del líder¹⁸. Ello, como dijimos, sería un suelo propicio para los militares azules que buscaban obtener el apoyo de cierto sector. Por otra parte, la división entre vandorismo y peronismo también se pondría en escena en las elecciones a gobernador en la provincia de Mendoza en abril de 1966. Vandor apoyó a un candidato neoperonista, Serú García, mientras que Perón dio su apoyo a Corvalán Nanclares, que hizo campaña a través de la participación de Isabel Perón. El amplio triunfo de este último frente al vandorismo y frente al radicalismo dejó varias lecciones: el vandorismo enfrentado a Perón y derrotado, que lo colocaba en una situación de mayor disponibilidad aun respecto de las intenciones de los militares azules; los antiperonistas en su conjunto ya no podían dudar de que el peronismo continuaba siendo la fuerza política mayoritaria; los opositores a Illia consideraron que la aceptación de las elecciones de Mendoza eran signo de la debilidad del gobierno y del avance del peronismo, y con él del comunismo¹⁹.
Para junio de 1966 el sector azul lograría afianzar los vínculos ya existentes con las corporaciones empresarias, desprestigiar al gobierno criticando el "desorden" y el "caos" político resultante de la inoperancia de Illia frente a los reclamos de los sindicatos utilizando importantes medios de comunicación y, por otro lado, tejer relaciones con el sector vandorista dispuesto a negociar. Además, la ambigüedad de los planteos en materia económica y la heterogeneidad del sector azul posibilitarían que las líneas políticas liberales y antiperonistas se sumaran a las consignas de Onganía.
Los generales Alsogaray, Alejandro Agustín Lanusse, Osiris Villegas, Cándido López, Von Stecher, Pascual Pistarini y López Aufranc conformaron mientras tanto un grupo de trabajo para diseñar políticas a llevar adelante en un posible futuro gobierno de facto. Ese mismo grupo daba cuenta de la heterogeneidad del grupo golpista de los azules. Coexistían allí al menos dos grandes corrientes: un sector nacionalista católico con perfiles de corporativismo antiliberal, modernizador e industrialista, alineado con las posiciones internacionales de los Estados Unidos (el propio Onganía); y otro liberal, vinculado al núcleo de los terratenientes más tradicionales, que priorizaba la diversificación del espectro de las relaciones internacionales, entre los que se destacan Lanusse y López Aufranc (Rapoport y Laufer, 2000). Andrés Cisneros y Carlos Escudé (2000) analizan la coexistencia de cuatro corrientes dentro del gobierno de facto de Onganía, cuyos afluentes pueden rastrearse en el período anterior: la "liberal", la"nacionalista ortodoxa", la"nacionalista desarrollista"y la de los"nacionalistas heterodoxos" o "nacionalistas liberales" donde ubican al propio Onganía. Si bien la clasificación es útil para diferenciar sectores que efectivamente sostienen posiciones distintas respecto de cuestiones políticas, económicas y del orden de las relaciones internacionales, la calificación de "nacionalista" se confunde en algunos casos con la defensa de la intervención del Estado en la promoción de determinada política económica. En todo caso, coexistieron liberales, estatistas defensores de la protección al capital nacional (en muy menor medida), desarrollistas -defensores de la intervención del Estado pero promotores del desarrollo con amplia participación del capital extranjero- y toda una nueva corriente de liberalismo heterodoxo donde se destacó el ministro de economía Adalbert Krieger Vasena, que utilizó también la participación del Estado pero en función de la concentración y desnacionalización de la estructura productiva.
Volviendo a las cuestiones más estrictamente políticas, la amenaza latente de las elecciones provinciales de 1967 -teniendo en cuenta ya el triunfo de las fuerzas neoperonistas en 1965- era la espada de Damocles del gobierno de los radicales del pueblo. Anticomunismo y antiperonismo se entrelazaban en el discurso de las clases dirigentes que promovían el golpe. En el propio radicalismo, algunos alentaron de algún modo el derrocamiento del presidente. Prueba de ello es un informe posterior a los comicios de marzo de 1965, donde dos senadores analizaban la inestabilidad política, concluyendo con una polémica aseveración: "Para el radicalismo es preferible perder el Gobierno por un golpe de Estado que por comicios libres presididos por él"²⁰.
En mayo de 1966, el general Pistarini dio un famoso discurso en el Día del Ejército, dirigiéndose en forma directa al presidente Illia, cuestionando su autoridad, e impugnando su "ineficacia" (diario La Nación, 30/05/1966).
Era ya un tiempo de cuenta regresiva.

V. Las posiciones de los sectores económicos predominantes: anticomunismo, antiestatismo, antiperonismo

Las principales corporaciones representativas de los intereses de los sectores dominantes se enfrentaron al gobierno de Illia. La UIA y la SRA, ambas pertenecientes a Aciel, fueron las principales opositoras, y en particular, a través de Faustino Fano, presidente de la SRA y Jorge Oría, titular de Aciel, que asistirían en primera fila a la asunción de Onganía luego del golpe de junio de 1966. Varias eran las razones para que las políticas del gobierno no fueran apoyadas por las distintas fracciones de las clases dirigentes. Por un lado, la consolidación y hegemonía del capital extranjero radicado en la industria durante la presidencia de Frondizi había redefinido las relaciones económicas y sociales de los distintos sectores. Algunas políticas concretas implementadas por Illia representaban al menos una traba para el predominio y despliegue de algunos grandes monopolios industriales instalados en el período anterior, por ejemplo, la anulación de los contratos petroleros, la Ley "Oñativia" de medicamentos, el control de divisas y de cambio, la oposición frente a algunas exigencias del FMI y la implementación del salario mínimo vital y móvil. Estas últimas medidas constituían un problema para esos sectores, para los grupos económicos de capital local dedicados a la industria y para los sectores agroexportadores, mientras que el avance del peronismo en las elecciones representaba una amenaza aún más clara y concreta en este mismo sentido.
En particular, los terratenientes nucleados en la SRA se vieron afectados por los controles aplicados en el mercado cambiario y por una política agrícola que se proponía implementar una reforma tributaria y que había prorrogado los arrendamientos durante los primeros meses de su gestión, en beneficio de pequeños y medianos productores. Por otra parte, todos los sectores económicos predominantes coincidieron en impugnar la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil del 15 de junio de 1964, en medio del Plan de Lucha, y responsabilizaron al gobierno por no frenar el proceso inflacionario con políticas de ajuste ortodoxo.
Además, temían el avance y la movilización de los sectores populares en sus diversas formas, principalmente peronistas no dispuestos a negociar y susceptibles de radicalizar sus propuestas y estrategias, y corrientes de izquierda que crecían en el sindicalismo y entre los estudiantes. El Plan de Lucha de la CGT fue caracterizado como acción subversiva. Así, en las memorias de 1964 la SRA lo calificó como una "expresión indiscutible de subversión". Continuaba diciendo:

Los dirigentes sindicales han obrado al margen de la ley y el respeto, creando un clima de angustia y amenaza impropio de un país civilizado; a lo que agregaba la crítica al gobierno, sosteniendo que "el procedimiento de la conciliación debilita el principio de autoridad, cuya crisis es la causa de los graves males que sufrimos" (Sociedad Rural Argentina, en De Palomino, 1988: 126- 127).

Hacia 1965, empezaron a utilizar en su crítica a la política económica una acusación al gobierno que pretendía asociar el contenido de sus políticas con ciertas prácticas "colectivistas" o que atentaban contra la propiedad privada. Era de algún modo la utilización de la amenaza marxista para criticar la intervención del Estado en la economía. La SRA consideró que la prórroga de los contratos de arrendamientos consistía un ataque a la propiedad privada, al igual que el decreto que limitó las exportaciones de carne y fijó precios máximos para el mercado interno y la aplicación de retenciones a la exportación, que eran consideradas como intromisiones inadmisibles del Estado. Ello la llevó a enfrentarse a la Federación Agraria Argentina, a la que acusó de apoyar "ideologías extremistas en el agro" (Sociedad Rural Argentina, en De Palomino, 1988: 126).
 La UIA, por su parte, entendió que la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil era un gesto populista que abonaba el camino al comunismo (Tcach, 1999) y consideró que era la causa del proceso inflacionario (Unión Industrial Argentina, 1964). Los partidos políticos conservadores, especialmente Udelpa, directamente sostenían que el gobierno era "duro" con la empresa privada y "blando" con el sindicalismo peronista y la izquierda marxista. Esperaban que el gobierno aplicara una política represiva, y la actitud adoptada frente al Plan de Lucha durante todo 1964 fue considerada incluso como tolerante con la "penetración comunista"²¹.
Los desarrollistas promotores de la "modernización autoritaria", incluyendo sectores azules de las FF.AA. y empresarios vinculados al capital extranjero, se expresaron fundamentalmente a través del semanario Primera Plana. A partir de junio de 1964, Mariano Grondona fue el columnista político principal. Grondona había iniciado su militancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en las filas del movimiento católico y antiperonista. Luego fue un joven profesor de la Escuela Superior de Guerra, y hacia 1962, apoyó el levantamiento azul siendo redactor del comunicado-proclama 150²², lo que da cuenta de su inserción en los círculos militares. Era, además, el disertante favorito del Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos Argentinos (IDEA), que cumplía un rol importante en la formación de los empresarios pertenecientes a la UIA (Tcach y Rodríguez, 2006).
En las páginas de la revista, y en especial en las citadas columnas, se dejaba entrever que en la Argentina, el problema fundamental era el avance del peronismo, ya que los radicales se habían comprometido a levantar su proscripción. Ese tópico se iría profundizando a partir de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de marzo de 1965. Desacreditar al gobierno, alentar el temor al peronismo y promover el golpe de Estado, eran tres elementos que se articulaban en forma cada vez más lineal y directa en el discurso de la revista. Y la nueva doctrina de seguridad fue utilizada a esos fines²³.
En enero de 1965, la SRA envió una nota al presidente Illia indicando que a su juicio y de "toda la opinión sana del país" debía modificarse la orientación económica "rotundamente, sin titubeos, sin vacilaciones, para ganar la confianza del exterior y reconfortar el espíritu del trabajo nacional"²⁴. Faustino Fano, presidente de la corporación, fue uno de los primeros en pronunciarse contra la política económica del gobierno, especialmente contra el impuesto a la producción, el tipo de cambio y la supresión de las desgravaciones que hasta ese momento habían beneficiado a las inversiones en maquinaria, pasturas y tambos. En febrero, la asamblea de Aciel también impugnaba la política del gobierno, afirmando que si no se modificaba "se producirá un caos que provocará una alteración profunda de la paz social, y como resultado la crisis de la estabilidad política"²⁵.
En el caso de los azulesy sus aliados desarrollistas, la línea política adquirió un rumbo definitivo a partir del conflicto de República Dominicana. Fue justamente Grondona el encargado de la interpretación de la actitud norteamericana en el continente, desde su columna editorial. Allí criticó la defensa del principio de no intervención, porque no debía funcionar para escudar la "agresión comunista" (Grondona, 1965b: 5). La negativa a la participación en la FIP había intensificado la oposición al gobierno, reforzando especialmente el caudal político del peronismo, quien había quedado nuevamente del lado de la defensa de los principios de no intervención y de autodeterminación. Así, Grondona llamaba la atención respecto del aumento de poder del peronismo, gran temor de las clases dirigentes:

El caso de Santo Domingo sirvió para demostrar la debilidad de la estrategia oficialista. El radicalismo del pueblo ensayó aquí, manifiestamente, su tímido "dualismo": el canciller rindió tributo a la realidad, pero el partido y los diputados siguieron fieles a la posición antiimperialista. Y este frente, quebrado, no pudo impedir que el peronismo ganara el control de la campaña antinorteamericana, que redujera a la mayoría de los partidos opositores a la condición de satélites (...) salvo que las tendencias profundas de los sectores populares hayan cambiado, el peronismo avanza rápidamente hacia el completo dominio de nuestro panorama electoral (Grondona, 1965a: 5).

En esa tónica continuaría unas semanas después: "El factor esencial del nuevo desasosiego no es el estrangulamiento financiero ni el fracaso diplomático, sino la aparente impotencia del gobierno para moderar o detener el avance peronista" (Grondona, 1965c: 5). En forma creciente, la revista utilizaba la amenaza de la "infiltración marxista" y del ascenso peronismo para desacreditar al gobierno y promover el golpe. Sobredimensionar el accionar comunista en la Argentina y en la región era el argumento utilizado para unificar a los distintos sectores de las Fuerzas Armadas detrás de la figura de Onganía.
No es casual que en el mes de septiembre de 1965, a pocos meses de la crisis dominicana, Primera Plana comenzaba a instalar y "fogonear" la idea de penetración guerrillera en Tucumán. La provincia se encontraba en medio de una importante crisis económica y política provocada el cierre de ingenios azucareros y la consecuente desocupación²⁶. Los trabajadores movilizados principalmente a través de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia) reclamaban el pago de sueldos adeudados, inspección de los libros de las empresas, incautación de las fábricas que no cumplían con sus obligaciones, expropiación de las que se dispusieran a cerrar y un plan de lucha provincial (Castello, 1986). Pero el objetivo de quienes escribían en la revista era sembrar temor al comunismo y al peronismo, para desacreditar aún más al gobierno radical. A partir de agosto de 1965, la revista Primera Plana presentó a Onganía como aquel que podría resolver todos los dilemas que Illia dejaba pendientes. Los medios de comunicación como Primera Plana y Confirmado fueron fundamentales porque se constituyeron en una herramienta central donde dialogaron los sectores golpistas, instalaron la imagen inoperante de Illia y la del fracaso de su política económica.
El 15 de junio de 1965, el general Aramburu, líder de Udelpa, declaraba en el diario La Prensa que la inquietud en aumento podía derivar en un golpe de Estado, y puntualizaba cuatro causas: la infiltración comunista en los sindicatos, la anulación de los contratos petroleros, el crecimiento del peronismo y la negativa a la participación en la fuerza militar en República Dominicana. Su propuesta era entonces la conformación de un gabinete de coalición para dar al gobierno "representación nacional". Las declaraciones fueron reproducidas la semana siguiente para United Press International, donde tuvieron aún más repercusión²⁷. Anticomunismo, antiperonismo, antiestatismo.
En ese mismo mes, y al poco tiempo de aquellas significativas palabras de Onganía en Río de Janeiro, Oneto Gaona, presidente de la Unión Industrial Argentina también se refirió a la "infiltración marxista". En un discurso pronunciado frente al presidente Illia dijo que los empresarios no podían "desoír el llamado de alarma que muchas voces autorizadas han lanzado recientemente sobre la acción concertada que un movimiento ideológico de poderío mundial está realizando en nuestra patria para destruir sus instituciones y negar los principios que les dieron origen" (Juan Martín Oneto Gaona, discurso en el Día de la Industria de 1965, en Altamirano, 2001: 302).
 Al año siguiente, en enero de 1966, Aciel directamente declaró inconstitucional y fuera de la ley a la intervención del Estado en la vida económica²⁸. Y en el mes de marzo, a pocos meses del golpe, ante un conflicto ocurrido en establecimientos rurales de la provincia de Santa Fe, la SRA se dirigió al Ministro del Interior del siguiente modo:

Se solicita la intervención de la fuerza pública a raíz de los delitos cometidos por obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Rurales para obtener salarios exorbitantes (...) Esta situación se suma a la ola de paros, huelgas y delitos que afectan a todos el país y comenzaron con el Plan de Lucha de la CGT con el objeto extragremial de lograr un 'cambio de las estructuras'. Se ha quebrado el principio de autoridad. Este estado de cosas es el resultado de un plan subversivo que pretende imponernos un régimen extremista. El gobierno radical tiene la obligación de establecer la normalidad (Sociedad Rural Argentina, Memoria 1966, en De Palomino, 1988: 127).

Era el discurso cada vez más arraigado del peligro de "infiltración comunista", que en el caso de las corporaciones de los sectores dominantes, servía para mostrar debilidad del gobierno frente a las movilizaciones populares y el peronismo, y especialmente para criticar el estatismo y todo lo que consideraran una afrenta contra la "libre empresa".

VI. Conclusiones

Desde 1964 en adelante, las expresiones anticomunistas por parte de las clases dirigentes argentinas fueron en aumento. Los diferentes sectores utilizaban el argumento de la infiltración marxista en función de defender intereses diversos. El semanario Primera Plana notaba esa heterogeneidad y encontraba que la nueva doctrina se filtraba en las voces de parlamentarios, de dirigentes de las corporaciones como Aciel, y en políticos de distinta filiación como el caso del propio Balbín. Los parlamentarios de la UCRP en general, y en abierta oposición al gobierno, insistían con que era el peronismo el responsable y hasta incluso el orientador de la "acción terrorista" para el caso del arsenal encontrado en el departamento de la calle Posadas²⁹. La discusión sobre el terrorismo en 1964 se utilizó como telón de fondo para evitar la reforma del estatuto de los partidos políticos que le diera al justicialismo posibilidades electorales para marzo del año siguiente, y trabar el acercamiento entre el gobierno y el peronismo.
No es casual que días después de la concesión de la personería jurídica al peronismo (Partido Justicialista) que el juez electoral otorgara en enero de 1965 (y que sería rápidamente apelada y luego rechazada), el diputado nacional Roberto Garófalo de la UCRP presentara un proyecto para "erradicar el terrorismo", en cuyo artículo 1º figuraba la aplicación de pena de muerte "por todo acto conexo con el terrorismo"³⁰. Frenar el avance del peronismo y discurso anticomunista se entrelazaban. Pero quizás lo más interesante es la explicación que la revista da a esta coincidencia, citando una supuesta declaración de un anónimo "dirigente nacionalista" que afirmaba una verdad contundente: "el golpe será contra el peronismo, pero se dará como excusa la presencia comunista"³¹. Era la nacionalización, es decir la aplicación "en clave argentina" de la doctrina de seguridad nacional.
Un modo de comprender las razones de las clases dominantes argentinas para promover, apoyar o participar del golpe de Estado contra Illia es analizar no solamente aquellas políticas por las que se veían perjudicados, sino las implementadas por el gobierno de facto surgido de la autodenominada "Revolución Argentina". El golpe del 28 de junio de 1966, que había sido una especie de "crónica de una muerte anunciada", abrió el paso a un proceso de desnacionalización de la economía, concentración, represión de la protesta social, imposición del libre mercado y anulación de las instituciones representativas establecidas por la Constitución. El Acta de la Revolución Argentina, como se autodenominaría el nuevo gobierno ilegítimo, luego de enumerar la lista de males que aquejaban a la Argentina -"pésima conducción de los negocios públicos", "ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino", "quiebre del principio de autoridad", "ausencia de orden y disciplina", etcétera- fundaba el golpe en el hecho de que todos estos males habían "creado las condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional, y suscitando un clima que es favorable a los desbordes extremistas y que pone a la nación en peligro de caer ante el avance del totalitarismo colectivista" (Acta de la Revolución Argentina, 1966, disponible en: es.wikisource.org/wiki/Acta_de_la_Revoluci%C3%B3n_Argentina).
El hecho de que los azules, para llegar a ocupar el poder y llevar adelante su proyecto, necesitaran de la alianza con un importante sector del sindicalismo peronista, no elude que el verdadero temor fuera la radicalización del peronismo y que nuevos sectores del sindicalismo clasista se aliaran con los peronistas. Ese temor era compartido por las distintas fracciones del poder económico, y también por los Estados Unidos. Un informe del Departamento de Estado del mes de junio de 1965 da cuenta de ello cuando se afirma que:

Si los militares concluyen que el peronismo y sus líderes extremistas tienen posibilidades de imponerse en las elecciones de 1967, en primer lugar instará al gobierno sobre la necesidad de restringir la participación del peronismo en las elecciones. Si no se satisface ese reclamo, es muy probable que intervengan para imponer esa condición, o para prevenir o anular las elecciones (...). El Partido Comunista Argentino es el más grande del hemisferio occidental (60.000-65.000 miembros) pero no es una fuerza política influyente. Los comunistas y los castristas no tienen un potencial subversivo en la Argentina, excepto en el caso en que se sumen a una acción masiva encabezada por el peronismo (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 1965b: s/p).

En efecto, en la Argentina, el "giro a la izquierda" que se produjo durante la década de 1960 fue protagonizado por corrientes vinculadas de modos heterogéneos con el peronismo. Se trató de la incorporación a este movimiento nacional y antimperialista, de elementos de carácter clasista. El Partido Comunista, si bien creció en número de afiliados, reclutaba militantes únicamente entre los sectores medios, lo que conjuntamente con su tradición férreamente antiperonista lo transformó paulatinamente en una fuerza predominantemente no trabajadora (Adamosky, 2012). La enorme movilización política abierta desde fines de los sesenta fue, en gran parte, el resultado de ese complejo sincretismo entre clasismo y resistencia peronista.
Hacia fines del gobierno de Arturo Illia, la doctrina de seguridad nacional no fue solamente asumida por importantes fracciones hegemónicas de las Fuerzas Armadas, sino que operó como argumento trasvasando hacia las clases dirigentes y a través de los medios como Primera Plana, a los empresarios y sectores medios. Algunos la utilizarían en función de alertar sobre el avance del estatismo y de las políticas económicas que pretendían poner límites al funcionamiento del libre mercado. Otros, para demonizar todo rasgo de autonomía en el escenario mundial y generar temor respecto de los costos que provocaría en la relación con los Estados Unidos. Finalmente, sería el argumento más fuerte para impedir toda participación política de los sectores populares a través de la proscripción y la represión.
Tal como afirmara John William Cooke, líder de la resistencia peronista e ideólogo de las líneas más radicalizadas del movimiento, a ese golpe "lo deseaban intereses políticos y económicos, que esperaban salir beneficiados con el cambio, pero no por el libre juego de las renovaciones electorales, sino porque menos todavía querían un avance peronista hacia el poder" (Selser, 1986: 12-13).

Notas

¹ Una versión preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia en las III Jornadas de Relaciones Internacionales, Flacso, Buenos Aires, septiembre de 2012. La investigación es parte del plan de trabajo desarrollado en el Idehesi-UBA-Conicet.

² Para un estudio sobre doctrina de seguridad nacional y militarismo ver Velázquez Rivera (2002).

³ Para un análisis de la intervención de los Estados Unidos en la región ver Brands (2010) y Rabe (2012).

⁴ Para las relaciones entre Frondizi y los Estados Unidos ver Morgenfeld (2012a) y Míguez (2011).

⁵ Para los resultados de los comicios ver Sánchez (1983).

⁶ La Ley 16462, llamada ley Oñativia en homenaje al ministro de Salud Arturo Oñativia, fue sancionada el 28 de agosto de 1964 y establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos, y fijando topes a los gastos de publicidad de los laboratorios. Un punto importante fue que se incluyó un decreto que obligaba a las empresas a presentar formalmente una declaración jurada de los costos y de los contratos de regalías. La ley fue muy criticada por los grandes laboratorios, particularmente los extranjeros.

⁷ Para un análisis de la anulación de los contratos petroleros y sus repercusiones ver Morgenfeld y Míguez (2012).

⁸ Para ver los documentos que lo involucran en ese rol, ver Tcach y Rodríguez (2006).

⁹ "Los problemas de la seguridad nacional", en Primera Plana, Nº 78, 5/05/1964, pp. 8-10.

¹⁰ "Los problemas de la seguridad nacional", en Primera Plana, Nº 78, 5/05/1964, pp. 8-10.

¹¹ Si bien en 1964 se registraron varios hechos de violencia con impacto (el descubrimiento en Salta de un campamento del Ejército Guerrillero del Pueblo, el asalto al Policlínico Bancario por parte de un desprendimiento de Tacuara, la explosión de la calle Posadas y la fundación del Movimiento Revolucionario Peronista, la frecuencia de la violencia no fue mayor durante el gobierno de Illia que respecto de niveles históricos. Ver Smulovitz (1993).

¹² "El forcejeo y los guerrilleros", en Primera Plana, Nº 94, 25/08/1964, p. 7.

¹³ Durante 1964, los principales dirigentes de la CGT, Augusto Vandor, José Alonso, Andrés Framini y Amado Olmos organizaron una operación para que Perón regresara al país desde Madrid, donde se encontraba exiliado. El 2 de diciembre el avión que salió del aeropuerto de Barajas transportando al general fue detenido por las autoridades de Brasil en Río de Janeiro y debió regresar a España. Si bien actuaron en forma conjunta durante el Plan de Lucha, existían grandes diferencias entre estos dirigentes. Tan así que el plan de Olmos era en verdad que Perón se dirigiera a la Cuba revolucionaria para dirigir desde allí el movimiento. Ello se alejaba mucho de la posiciones de Vandor y Alonso, que colaborarían con el golpe de Onganía.

¹⁴ "Todo lo posible tiene un límite", en Primera Plana, Nº 93, 18/08/1964, p. 6.

¹⁵ La denominación de neoperonismo hace referencia a toda una corriente que durante el gobierno de Illia se fue abocando a construir poder de un modo más relativamente independiente del líder proscripto, y por lo tanto diferenciada de la resistencia peronista, ala más radicalizada del movimiento.

¹⁶ Para un análisis sobre el envío de tropas a Santo Domingo ver Míguez (2012a).

¹⁷ Primera Plana, 1/06/1965, p. 9.

¹⁸ Para un análisis del sindicalismo peronista y sus líneas internas ver James (2010).

¹⁹ Para un análisis de los comicios de Mendoza ver Smulovitz (1993).

²⁰"Militares inquietos por 23 carillas", en Primera Plana, Nº 136, 15/06/1965, p. 9.

²¹ Así lo declaró el comité nacional de la juventud de la Federación de Partidos de Centro (Tcach y Rodríguez, 2006).

²² El texto del comunicado del sector azul de septiembre de 1962 decía: "Quiera el pueblo argentino vivir libre y pacíficamente la democracia, que el Ejército se constituirá a partir de hoy en sostén de sus derechos y en custodio de sus libertades. Estamos absolutamente convencidos de que no habrá solución económica ni social de los graves problemas que nos aquejan, sin la estabilidad política ni la paz interior. Las Fuerzas Armadas deben tomar su parte de responsabilidad en el caos que vive la República y enderezar el rumbo de los acontecimientos hacia el inmediato restablecimiento de estos valores. Una vez cumplida esta urgente tarea, podrán retornar a sus funciones específicas con la certeza de haber cumplido un deber y de haber pagado una deuda. Confiamos en el poder civil, creemos en nuestro pueblo. A sus representantes dejamos la solución de los problemas argentinos" (diario La Nación, 24/09/1962).

²³ No solamente Primera Plana tuvo ese rol, expresando las posiciones de importantes sectores de las clases dirigentes argentinas y descalificando el confuso accionar del gobierno. Justamente en mayo de 1965 comenzó a publicarse una nueva revista también dirigida por Timerman, con el nombre Confirmado.

²⁴ "Los viejos aprovechadores", en Primera Plana, 26/01/1965, p. 6.

²⁵ "La cosecha de los vientos sembrados", en Primera Plana, 9/02/1965, p. 6.

²⁶ En Tucumán había 27 ingenios azucareros y superproducción de azúcar, caída de la ganancia de las empresas, falta de pago de salarios, manifestaciones en contra y represión policial. La intervención del Estado llevó al cierre de empresas y generó desocupación. La importante movilización de los obreros de los ingenios azucareros en Tucumán se vincula también con el accionar del Frente Revolucionario Indoamericano Popular, una fuerza heterogénea, cercana al peronismo, compuesta por trabajadores del noroeste argentino, estudiantes e intelectuales de sectores medios, al que perteneció Mario Roberto Santucho. Ideológicamente afirmaba una posición nacionalista antiimperialista y más adelante guevarista, que fue mutando hasta su fusión con Palabra Obrera -de extracción trotskista- en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1965.

²⁷ "La segunda clase del general Aramburu", en Primera Plana Nº 141, 20/07/1965, p. 15.

²⁸ "Ante un nuevo año", en La Nación, 2/01/1966.

²⁹ "El forcejeo y los guerrilleros", en Primera Plana, Nº 94, 25/08/1965, p. 7.

³⁰ "Un defensor de la ley del Talión", en Primera Plana, 19/01/1965, p. 9.

³¹"Una semana cargada de presagios", en Primera Plana, Nº 138, 29/06/1965, p. 8.

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