ARTÍCULOS

La protesta social entre las crisis de la democracia argentina

 

Germán J. Pérez, Sebastián Pereyra

Universidad de Buenos Aires, Argentina
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
germanjav@yahoo.com.ar

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
Universidad Nacional de San Martín, Argentina
sebpereyra@gmail.com

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Palabras clave: Democracia; Crisis; Protesta; Piqueteros; Argentina.

Key words: Democracy; Crisis; Protest; Piqueteros; Argentina.

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Las ciencias sociales han prestado mucha atención al estudio de los movimientos sociales y la política contenciosa en las últimas décadas en Argentina. Desde los trabajos sobre el movimiento de derechos humanos en la transición a la democracia hasta los estudios actuales sobre las luchas socioambientales, pasando por los análisis sobre los movimientos de desocupados y la crisis de 2001¹. Esa importante literatura ha focalizado en la emergencia y dinámica de actores particulares o ha destacado la importancia de determinadas coyunturas o acontecimientos en la historia reciente de la movilización pero sin, por ello, ofrecer una visión global y de larga duración sobre la presencia y el impacto que ha tenido la protesta social en la política nacional. Precisamente, estas páginas intentan avanzar en la composición de ese mapa de las formas públicas de la acción colectiva como modos de construcción y expresión privilegiados de las demandas sociales. Para ello realizamos un relevamiento sistemático de las acciones de protesta registradas en la prensa gráfica nacional en el período 1984-2007.
Nuestro trabajo ha tomado como unidad de análisis la noción de protesta social, entendiendo una acción de protesta como un evento público de carácter contencioso producido por un actor social que implica un esfuerzo de movilización de recursos. El estudio específico de la protesta y la acción directa tienen, frente a los enfoques que se basan en la noción de movimiento social -centrados en las dimensiones identitaria u organizacional de estos fenómenos-, un carácter relegado y subsidiario. Nuestro interés desde el comienzo no fue el de confrontar ambos puntos de vista sino simplemente rescatar la importancia de la dimensión de la acción de protesta y ensayar un análisis específico sin desconocer, en definitiva, los procesos sociales que la hacen posible.
Lo que aquí consideramos acciones de protesta, al igual que otra variedad de acciones sociales, adquieren unidad en virtud del sentido que ellas portan. Es importante remarcar que las acciones de protesta se conciben, y fundamentalmente se realizan, con esta unidad de sentido²; por tal motivo consideramos que una acción de protesta no necesariamente coincide con una medida de acción directa aun cuando esto ocurra en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, para el caso de un paro nacional, si bien analíticamente encontramos una multiplicidad de medidas directas particulares (cantidad de paros por rama de actividad o por organismo público o por empresa, o por provincia o por localidad, etcétera) en tanto que todas estas medidas fueron coordinadas y llevadas adelante con un sentido de unidad, para nosotros representan una sola acción de protesta. En ese sentido, nuestro trabajo intenta aportar un análisis de la forma en que determinados acontecimientos políticos se inscriben en la política nacional. Su pertinencia y relevancia deben ser pensadas, entonces, no como un análisis de las organizaciones y movimientos que conforman el universo de la movilización social en el país sino como un análisis del registro público de la actividad de dichas organizaciones y movimientos³.
El período que cubre este trabajo (1984-2007) es particularmente significativo ya que refleja de modo sistemático la actividad de protesta en las tres últimas décadas del país que han estado simultáneamente enmarcadas por la estabilidad de las instituciones democráticas así como por fuertes convulsiones, transformaciones y vaivenes de orden socioeconómico y político.
Las fuertes crisis económicas y políticas afrontadas por la Argentina desde la recuperación de la democracia representan coyunturas ineludibles a la hora de pensar los procesos de movilización social en el país. En ese sentido, tanto la crisis hiperinflacionaria que se extendió entre 1989 y 1991 como aquella que se desencadenó en 2001 y 2002, representan momentos decisivos en los vaivenes políticos y económicos que siguió el país y que son fundamentales a la hora de pensar los procesos de movilización.
En la Argentina que emergió de la crisis hiperinflacionaria de 1989 se operó una profunda transformación en la relación del Estado con el mercado. Como consecuencia de una acelerada desregulación de la economía y del proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar nacional, los sindicatos perdieron notoriamente -al menos en su forma tradicional- su capacidad de intervenir en la determinación de las políticas públicas, en tanto se incrementó el poder de las corporaciones empresarias ligadas a los capitales transnacionales para influir en el rumbo de un régimen social de acumulación marcado por un carácter fuertemente regresivo en la distribución del ingreso y un fuerte deterioro del mercado de trabajo. La década de 1990 llevó el signo del neoliberalismo e implicó para el país un proceso que bien podría denominarse como modernización excluyente.
Esas configuraciones político-económicas y culturales orientadas por políticas promercado colapsaron y fueron alteradas por la crisis de 2001-2002 y por el tipo de reorientación de la política económica que acompañó la salida de la crisis y la conformación de la coalición kirchnerista que gobierna el país desde el año 2003 hasta la actualidad. Aun sin haber logrado una alteración significativa de algunos rasgos estructurales en términos productivos y socioeconómicos del país, el kirchnerismo ha motorizado un espíritu refundacional con respecto a los años '90 revitalizando el rol del Estado en la economía y una serie de políticas orientadas a favorecer el desarrollo del mercado interno, el sostenimiento de los niveles de empleo, la actualización salarial en el sector formal de la economía y una visión más universalista y activa de la política social.
Esta situación de drásticas reorientaciones político-económicas en el país se combinó durante estos años con un sistema político dominado por un proceso de fuerte personalización de la representación que ha permitido a los gobiernos concentrar recursos para la toma de decisiones, al mismo tiempo que ha limitado las posibilidades del subsistema de partidos para estructurar una representación política organizada con base en clivajes ideológicos y propuestas programáticas. Resulta legítimo preguntarse, al respecto, por el impacto que tuvieron este tipo de transformaciones estructurales en la constitución de sujetos de protesta.

Gráfico 1 Cantidad de protestas y distribución de las organizaciones de protesta (1984-2007)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva (IIGG-UBA) y Proyecto PIP-Conicet 0393.

El período considerado parece estar marcado por un proceso de fragmentación de la protesta social en lo que hace a los actores y las demandas de la protesta. Como tendremos ocasión de ver, el escenario general que se abre desde los años '90 no es otro que el de una crisis y transformación del repertorio sindical de confrontación que caracterizó la política argentina al menos desde los años '30. Con la mirada puesta en la protesta social puede apreciarse dicho declive y transformación en un proceso irregular pero constante de multiplicación y diversificación de los actores, las demandas y los formatos de la protesta social.
Sin perjuicio de una importante presencia de las organizaciones de derechos humanos, entre 1983 y 1989 la fisonomía de la protesta se adecua al patrón existente en la movilización previa a la instauración de la dictadura, con un predominio excluyente de las organizaciones sindicales con sus demandas -salariales, laborales- y sus formatos -paros, huelgas- típicos. Las principales transformaciones en la configuración de la protesta se registran en el período posterior a la crisis hiperinflacionaria de 1989, en el contexto de implementación acelerada de las reformas neoliberales por el gobierno justicialista de Carlos Menem. En ese primer lustro de la década del '90 el número de protestas decrece y se ubica por debajo del promedio de 400 por año si se considera el período 1989-2007. En 1997 se registra un notable incremento en el volumen de protestas (524 protestas en el año superando por 124 al promedio) en un marco de oportunidad política definido por la formación de la Alianza como oposición política con reales posibilidades electorales -de hecho el frente opositor triunfa en las elecciones legislativas de aquel año-, por un lado, y por el surgimiento de las protestas piqueteras en el interior del país como nuevo repertorio de confrontación centrado en el corte de ruta, por el otro. En ese marco se va conformando un espacio de resistencia a las consecuencias de las reformas de mercado que, combinado con la persistente crisis financiera del modelo de convertibilidad y los sucesivos ajustes fiscales, desemboca en la crisis de 2001-2002. A partir de la normalización política posterior a las elecciones de 2003 la protesta vuelve a experimentar una serie de mutaciones que se evidencian en la recuperación de la participación de los actores clásicos, pero en un marco transformado tanto por los efectos de las reformas así como por la persistencia del nuevo repertorio de movilización fraguado al calor de la resistencia a las reformas neoliberales. El dato fundamental resulta ser que la recomposición institucional posterior a la crisis no implicó una disminución de las acciones de protesta sino que, por el contrario, en el año 2005 se observa el pico de mayor cantidad de protestas de todo el período con 702 registros.
Es interesante observar que la protesta sindical fue predominante hasta la crisis de 2001; sin embargo, entre 1989 y 2003 disminuyó en términos absolutos y relativos. Si consideramos el rango de protestas sindicales, observamos que, en 1989, los sindicatos participaron del 74 por ciento de las protestas realizadas ese año mientras que en 2003 sólo del 16 por ciento. Durante el último semestre del gobierno de Alfonsín (enero-julio de 1989), los sindicatos participaron en 7 de cada 10 protestas. Esa proporción se redujo a la mitad durante el segundo mandato de Menem (36 por ciento). La diferencia entre los dos períodos se tradujo en un incremento relativo de las protestas con participación de organizaciones civiles, que pasaron de un 13 por ciento durante el último semestre de Alfonsín a un 40 por ciento de las protestas durante el segundo mandato de Menem. Denominamos aquí "organizaciones civiles" a un conjunto relativamente heterogéneo de actores que, a los fines de nuestro análisis, proponemos diferenciar de aquellos que participan de las mediaciones formales del régimen político de gobierno. Los actores más significativos dentro de esta categoría son, por ejemplo, "vecinos y pobladores", "organismos de derechos humanos", "familiares de víctimas", "estudiantes", etcétera. Sin embargo, esta categoría no incluye a las organizaciones de desocupados/piqueteros ya que su protagonismo en la protesta de buena parte del período bajo estudio nos condujo a tratarla de modo específico. Así, las protestas sociales protagonizadas por organizaciones piqueteras y de desocupados tienen en 1997 un primer punto de crecimiento y dos años más tarde comienzan una progresión sostenida hasta alcanzar, en el foco de la crisis, un 23 por ciento de las protestas.
El fin de la convertibilidad en 2002, junto con el crecimiento económico y el aumento de los niveles de inflación, recreó algunas de las condiciones bajo las cuales la acción sindical vuelve a cumplir un rol importante. Estos últimos años han estado marcados por el retorno de los reclamos orientados a la recomposición salarial y las demandas sectoriales -aspectos básicos de la pugna distributiva-. Entre 2003 y 2005 se duplica la participación de sindicatos en la protesta hasta alcanzar casi el 40 por ciento de participación en ese momento.
Si la tendencia al crecimiento en la participación de las organizaciones sindicales en el conflicto, y la retracción de la participación de las piqueteras (que pasó de representar casi el 30 por ciento de las protestas en 2003-2004 a menos de un 10 por ciento desde el 2006 en adelante), invierte, en buena medida, las tendencias del período precrisis (1997-2000), contrariamente las organizaciones civiles mantienen un nivel de participación notoriamente alto. Asimismo, en la postcrisis (2003-2007) se produce un incremento marcado en la participación de tres tipos de organización civil respecto del período precrisis. Las organizaciones de derechos humanos pasaron de una participación del 13 al 31 por ciento, las organizaciones civiles ambientalistas duplicaron su participación porcentual de un 5 a un 10 por ciento, mientras que los vecinos organizados incrementaron su porcentaje en apenas 1 punto porcentual (del 23 al 24 por ciento) pero, en términos absolutos, debido al crecimiento de la participación de organizaciones civiles en la postcrisis, pasaron de participar en 158 protestas en el período precrisis a 322 en la postcrisis. Estos datos nos permiten conjeturar que, si bien la protesta piquetera tiende a ceder en la postcrisis, la institucionalización del conflicto laboral no fue suficiente para reestructurar plenamente la relación entre régimen político de gobierno y la sociedad movilizada.
En lo relativo a las demandas de las protestas, la caída de las demandas salariales en el período 1989-1997 es aún más pronunciada que la retracción de la participación sindical en la protesta, pasando de un 55 por ciento al comienzo del período a menos de un 10 por ciento en 1997. Algo similar ocurre con la huelga como formato de la protesta que pasa de representar un 65 por ciento de los formatos en el año 1989 a sólo el 10 por ciento en 1997. Más allá de las oscilaciones posteriores, estos elementos son determinantes en la transformación del escenario de la protesta durante estos 30 años de vida democrática. Así, desde el período precrisis de 2001 en adelante, serán otras demandas -junto con aquellas más típicas del mundo del trabajo- las que informen la movilización: las demandas por seguridad social (educación, previsión y salud), política asistencial, derechos humanos y justicia y aquellas referidas al modelo económico y al funcionamiento de las instituciones representativas, entre las más importantes.
En ese marco, las crisis representaron coyunturas importantes porque marcaron puntos de inflexión en términos de las condiciones estructurales que enmarcan la protesta. Así, la crisis hiperinflacionaria dio lugar a una década de predominio de las reformas de mercado en el país cuyos efectos, principalmente en relación con el mundo del trabajo, son decisivos para entender la fuerte declinación de la actividad sindical durante los años '90. Una parte del sindicalismo, respetando su filiación peronista y su lealtad al gobierno nacional, siguió un importante proceso de desmovilización. Al mismo tiempo, eso coincide con la continuidad e incluso el incremento de la movilización de estatales, de sindicatos de la educación y la salud que fueron los más castigados por las reformas de mercado y los imperativos de la disciplina fiscal. En ese momento se registra una fuerte caída de las huelgas y la consolidación de la manifestación como principal formato de protesta. Allí surge también el corte de ruta, que progresivamente se vuelve un formato modular y se consolida como uno de los modos de confrontación que mayor poder disruptivo ha mostrado en los últimos quince años. En ese sentido, entre 1993 y 2001, el corte de ruta se consolida como formato de protesta pasando de un 5 a un 30 por ciento su incidencia en las formas de protestar. Cabe remarcar además que la utilización de este formato no ha sido exclusiva de las organizaciones piqueteras sino que, desde fines de los años '90, atravesó a distintas organizaciones de protesta, incluyendo actores sindicales, productores rurales, estudiantes, ambientalistas, etcétera.
Las crisis implicaron también una transformación significativa en los clivajes ideológicos fundamentales que organizaron el mapa político desde el fin de la última dictadura militar. Una progresiva indiferenciación de la oferta política acompañó también la emergencia de nuevos actores de la protesta situados a distancia e incluso en franca oposición a la política de partidos.
Como contracara de la retirada de algunos sectores sindicales y políticos del escenario de la protesta social, nuevos sujetos han adquirido una relevancia fundamental. Algunos de ellos tienen una larga historia vinculada a la movilización social, como es el caso de los vecinos, las organizaciones de derechos humanos y los estudiantes, pero otros tienen un carácter más novedoso como es el caso de los familiares de víctimas o el de los piqueteros.
El análisis de los datos comparando los períodos de la precrisis y la postcrisis de 2001 enriquecen esta perspectiva. Si bien se recupera notablemente la protesta sindical de la mano de un nuevo contexto de oportunidad política y con las variaciones en el régimen de acumulación más orientado al consumo y al mercado interno, las demandas vinculadas a la protección y promoción de derechos y los formatos orientados al espacio público como marchas y cortes no decrecen sino que también se incrementan justificando, de este modo, el pico de protestas del año 2005. Es decir, los datos muestran que la recuperación de los actores clásicos en la movilización tiende a sumarse y complementar un escenario de la protesta heterogéneo y diverso que muestra una capacidad de fuerte expresión de las coyunturas políticas y de los problemas de agenda pública.

Notas

¹ Véase Calderón y Jelin (1987), Jelin (1985, 2005), Farinetti (1999), Schuster y Pereyra (2001), Auyero (2002), Svampa y Pereyra (2003), Lobato y Suriano (2003), Massetti (2004), Delamata (2004, 2006, 2013), Merklen (2005), Schuster et al. (2005), Svampa (2005, 2008), Pereyra (2008), Pereyra et al. (2008), Palermo y Reboratti (2007), Svampa y Antonelli (2009), Pérez y Natalucci (2012).

² El criterio de unidad de sentido se refiere a los elementos que permiten responder a las preguntas por el quién, el cómo y el para qué o por qué de una acción. En las variables de nuestro trabajo se trata de la organización, el formato y la demanda, respectivamente.

³ Es por ello que se decidió realizar un relevamiento exhaustivo de protestas tomando como fuente la prensa gráfica de mayor circulación a nivel nacional durante el período.

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