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"Nueva izquierda" regional y nuevas reglas electorales. Análisis de la regulación oficial de las candidaturas en fuerzas gobernantes de América del Sur

 

Adriana Gallo
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
doctoraag75@hotmail.com

 

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Abstract
In this paper we will study three political parties (AP in Ecuador; FA in Uruguay and FPV in Argentina) which demonstrate the so-called "turn to the left" in Latin America and have emerged as a viable alternative to the neoliberal paradigm of the '90s. These were affected by certain institutional amendments which aimed precisely at recovering the central role of the State, which took upon itself the responsibility for political and partisan life, and to re-establish itself as a representative agent, designating some democratic decision-making principles in its internal organization. Despite their differences, in the three selected cases, the new electoral regulations had theoretically similar aims. Nevertheless, here we consider that the change in rules and the consequent establishment of this nominative mechanism has not produced positive results in any of the analyzed political parties.

Palabras clave
regulación oficial sobre mecanismos partidarios – giro a la izquierda – América del Sur – reforma política – internas abiertas

Key words
official regulation on nomination mechanisms – turn to the left – South America – political reform – open primary elections

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En este trabajo nos focalizaremos en el estudio de tres partidos que constituyeron la expresión del llamado "giro a la izquierda" en América Latina (AP de Ecuador, FA de Uruguay y FPV de Argentina), emergidos como una alternativa viable a la cosmovisión neoliberal de los '90. Las tres organizaciones se vieron afectadas por ciertas enmiendas institucionales que apuntaban precisamente a recuperar la centralidad del Estado, que asumía para sí la responsabilidad en la vida político-partidaria, y a restablecer el rol del partido como agente de representación, estipulando algún principio democrático de decisión en su organización interna. A pesar de sus diferencias, en los tres casos escogidos, las nuevas disposiciones electorales tenían objetivos teóricamente semejantes. No obstante, aquí consideraremos que el cambio de reglas formales y el consiguiente establecimiento de este mecanismo de selección de candidaturas partidarias no han producido los efectos teóricamente esbozados en ninguno de los casos analizados.

 

Introducción

En la primera década del siglo XXI, una gran cantidad de producciones académicas de nuestra disciplina ha estado abocada al análisis del denominado "giro a la izquierda" en Latinoamérica, dando lugar a una multiplicidad de abordajes diferenciados. En algunas de las investigaciones pioneras, se ha postulado la existencia de dos izquierdas claramente discernibles, agrupando -de modo reduccionista- a los partidos y movimientos que llegaron al poder durante este período en dos modelos alternativos de reestructuración política1 (Castañeda, 2004; Petkoff, 2005; Vilas, 2005; Paramio, 2003; Weyland, 2007, entre otros); mientras que, desde otra perspectiva, se los ha concebido como parte de un fenómeno mucho más complejo y heterogéneo, cuyas especificidades exceden ampliamente el contenido de aquellos esquemas (Ramírez Gallegos, 2007; Chávez et al., 2008; Pousadela, 2010). Empero, más allá del modo en que se haya abordado el variopinto universo de experiencias regionales, se ha concordado en que, en la mayoría de los casos, las fuerzas políticas emergentes debieron afrontar el doble desafío de, por un lado, revertir el proceso de deterioro de las capacidades del Estado, generado con las reformas neoliberales de los '90 (Murillo, 2005; Moreira, 2007; Borón, 2008; Lanzaro, 2008; Alegre, 2010) y, al mismo tiempo, mitigar la crisis integral de las instituciones formales de representación, democratizando a las propias estructuras partidarias (Chávez et al., 2008).
Sin incursionar en el extendido debate sobre la/s izquierda/s en América Latina, en este escrito nos focalizaremos en el estudio de tres agrupaciones partidistas que constituyeron la expresión de aquel giro epocal y que corresponderían -de acuerdo con la tesis binaria- a subtipos diferenciados; las cuales se vieron afectadas por ciertas enmiendas institucionales que apuntaban precisamente a recuperar la centralidad del Estado, que asumía para sí la responsabilidad en la vida político-partidaria (Tullio, 2011), y a restablecer el rol del partido como agente de representación, estipulando algún principio democrático de decisión en su organización interna (Chávez et al., 2008: 63). Así, esta pesquisa se circunscribirá al análisis de tres fuerzas partidarias autoproclamadas de izquierda/centroizquierda, que procederían de distintos modelos de recomposición política (los que, simplificadamente y respondiendo a un mero esfuerzo taxonomizador, serán denominados "rupturista" e "institucionalista"2), en cuyos países de origen se adoptó -ya sea, antes de su llegada al gobierno o durante su mandato- una nueva legislación en materia electoral, que establecía la regulación oficial sobre los mecanismos para nominar a los candidatos partidarios, mediante la celebración obligatoria de primarias/internas abiertas para la selección de los aspirantes presidenciales para todas las fuerzas políticas habilitadas para competir en los comicios generales. Los casos a analizar serán los siguientes: Alianza País (AP) de Ecuador (ubicado teóricamente dentro del modelo rupturista); Frente Amplio (FA) de Uruguay (asociado al arquetipo institucionalista) y Frente para la Victoria/Partido Justicialista (FPV/PJ) de Argentina (concebido como un caso intermedio, ambiguo u oscilante).
A su vez, se trata de los únicos tres países de todo el subcontinente en los que -al menos al momento en que comenzó la presente investigación- se ha incluido aquella metodología de nominación de candidaturas en la propia legislación electoral nacional: en Ecuador fue adoptada dos años después del arribo de AP al gobierno,de cara a las elecciones presidenciales de 2009, como producto de una decisión unilateral del oficialismo; en Uruguay, fue incorporada antes de la llegada del FA al poder, en el marco de la Reforma Constitucional de 1996 (pactada originariamente por los partidos tradicionales para excluir a ese frente del juego político); y en Argentina tuvo lugar a fines de 2009, dos años antes de concluir el segundo período de gobierno del FPV/PJ. En este último caso -a diferencia de los otros dos- se estableció también el voto compulsivo para todos los ciudadanos enrolados en el padrón nacional.
En lo que sigue, efectuaremos un análisis comparativo de estas tres experiencias, en las que se pautó una normativa técnica y funcionalmente similar -las primarias presidenciales abiertas, simultáneas y obligatorias para los partidos; con carácter vinculante y eliminatorio; certificadas y verificadas por órganos públicos; a realizarse en fecha fija y en los mismos recintos que los comicios regulares- cuyos propósitos manifiestos han sido, por lo general, semejantes, coincidiendo también con el sentido global de las reformas políticas de la región, que apuntaban teóricamente a incrementar la representatividad partidaria, fomentando la participación activa de la ciudadanía, armonizando las disidencias intrapartidarias y seleccionando a los gobernantes más idóneos y competitivos (Gallo, 2011).

 

Objetivos y estructura del artículo

Aquí evaluaremos el impacto que tuvo la implementación formal del sistema de primarias abiertas (estudiado como una norma electoral en sí misma y, simultáneamente, como una metodología selectiva pautada por los partidos) para nominar a los postulantes presidenciales, en tres agrupamientos partidarios sudamericanos, disímiles en su estructura, que llegaron al gobierno durante una misma etapa de cambios a escala regional. Para ello, consideraremos, por un lado, los objetivos esbozados teóricamente por los propulsores de aquel instrumento de selección de candidaturas (surgidos de la vasta literatura sobre esta temática, tanto en Estados Unidos como en América Latina) y, al mismo tiempo, los elementos del modelo de restructuración del que provendrían las fuerzas políticas que lo acogen (los cuales serán tomados muy esquemáticamente, a los meros fines de posibilitar la comparación3).
Con respecto a esto último, los teóricos de las dos izquierdas consideran que el partido político correspondiente al arquetipo denominado institucionalista se autoubica en la centroizquierda, posee una estructura institucionalizada, está sujeto a reglas democráticas (Petkoff, 2005; Lynch, 2007) y es capaz de concitar el apoyo de un conjunto de ciudadanos que perciben del mismo incentivos colectivos ideológicos -de izquierda/centroizquierda- (Gallo y Bartoletti, 2012), y que lo vislumbran como una alternativa política más frente a los demás partidos existentes (Hawkins, 2008: 133).
Por su lado, desde esta misma perspectiva teórica, las agrupaciones del modelo llamado aquí rupturista, emergidas de una situación de desintegración social y quiebre en las relaciones Estado-sociedad, se inscriben dentro de una lógica antagónica a los partidos (Lanzaro, 2008) y buscan diferenciarse radicalmente del marco institucional representativo vigente (Peruzzotti, 2008), en un esquema dicotómico de amigo-enemigo (Avritzer, 2009). Estas fuerzas carecen de reglas formales estatuidas, poseen bajos niveles de institucionalización y se organizan en torno a un líder plebiscitario (Cheresky, 2007). Efectivamente, en el rupturismo, el partido suele ser -junto a los aparatos corporativos y las redes clientelares (Lanzaro, 2008: 19)- un instrumento creado a los fines de permitirle a aquel líder actuar en la esfera pública.
Empero, pese a su permanente impugnación a la forma "partido" como tipo de mediación y organización (Garretón, 2001), las fuerzas rupturistas han debido asumir muchas de las tareas sustanciales de un partido político clásico. Sucede que en toda sociedad en la que la autoridad no se identifique inmediatamente con el cuerpo social, existirá mediación institucional (Garretón, 2001); y, en una democracia electoral-representativa, la estructura encargada de ejercer esa mediación es el partido político (Muñoz, 2003) a través del desempeño de funciones sociales(vg. canalización de la opinión pública; agregación de preferencias ciudadanas; integración de esos intereses y preferencias a un proyecto partidista; movilización de miembros al partido; transformación de las demandas societales en alternativas políticas, etcétera), como organización intermediaria entre la sociedad civil y el Estado, einstitucionales (vg. reclutamiento de líderes; nombramiento y designación del personal que ocupa cargos públicos, etcétera), como organización pública, formando parte de la estructura gubernamental (Sartori, 1976; Alcántara Sáez, 2002).
En efecto, todos los agrupamientos que aquí estudiaremos -llamándose o no partidos- accedieron al poder a través de los mismos métodos (la competencia electoral), ejercieron la representación en esquemas de democracia formal y, posteriormente, tuvieron que sujetarse a determinadas reglas (las primarias abiertas partidarias) teóricamente destinadas a tornarlos más democráticos y representativos (Gallo, 2011).
Dada la finalidad planteada en este trabajo, procederemos a dividir los argumentos teóricos favorables a las primarias/internas abiertas en dos grupos: 1) aquellos que señalan que con la implementación de este mecanismo pueden optimizarse los roles sociales del partido político, mejorando su funcionamiento como organización de la sociedad civil, y 2) aquellos que los interpelan como entidades públicas y se relacionan con la consecución de los cometidos institucionales de reclutamiento y nominación.
El primer conjunto de argumentaciones apunta, básicamente, al logro de los siguientes objetivos: mayor inclusión de actores en la vida partidaria (Spota, 1990; Alcántara Sáez, 2002; Haro, 2002); sustitución de prácticas oligárquicas y procedimientos orgánicos minoritarios y restrictivos (Alcántara Sáez y Freidenberg, 2003); democratización de las estructuras internas (Zovatto, 2001; Freidenberg, 2003); mayor circulación de incentivos para la participación de los ciudadanos (Billie, 2001; Blanco Valdés, 2001); mayor transparencia, rendición de cuentas y asignación de responsabilidades (Bartolini, 1996; Navia, 2009); procesamiento de disidencias intrapartidarias y atenuación de la conflictividad que acarrea la competencia interna (Straface y Page, 2010), etcétera.
Por su parte, las justificaciones del segundo tipo pueden resumirse de este modo: relegitimación del origen de las candidaturas a cargos de representación popular (Tullio, 2011); refinamiento del control de calidad por el que se debe pasar un postulante (Von Baer, 2006); consagración del candidato más moderado y/o aceptado por la opinión pública (Bromhead, 1970; Osborne, 1995; Abal Medina, 2009); mayor legitimidad popular y partidaria para el líder señalado (Ware, 1996; Rahat y Hazan, 2001), etcétera.
Desde ya que hay una interconexión entre los supuestos beneficios de un tipo y del otro; al tiempo que existe una suerte de metajustificación, según la cual la mera aplicación de primarias abiertas permitiría la obtención de una ventaja comparativa -un bonus(Carey y Polga-Hecimovich, 2007)- frente a los demás contendientes, operando como un activo político relevante.
Hasta ahora, la mayor parte de la discusión académica sobre los pros y los contras de este mecanismo ha estado centrada en el análisis de primarias celebradas de modo autónomo y unilateral, con participación opcional para los ciudadanos. Aunque, últimamente, se fue incorporando al debate la justificación del establecimiento formal y regulación oficial de las mismas (Abal Medina, 2009; Tullio, 2011) que presupondría la presencia de una correlación positiva entre el empleo de este método selectivo y el cumplimiento de aquellos cometidos -tanto en la órbita interna como en la externa del partido- pero, a la vez, estaría sustentado sobre un corpus argumental sujeto primordialmente a consideraciones jurídicas (Haro, 2002; Tullio, 2011; Escolar, 2011).
De cualquier modo, la estipulación oficial de esta herramienta ha respondido, habitualmente, a motivaciones políticas específicas de los partidos de gobierno (distintas a los beneficios fijados normativamente), tendentes, por lo general, a excluir antagonistas potenciales, a disciplinar y/o neutralizar actores internos y, en definitiva, a buscar salir fortalecidos -en popularidad y/o imagen- ante la opinión pública nacional (Gallo, 2012). No obstante, entendemos que, si con el uso de primarias abiertas se obtienen corolarios notoriamente discrepantes respecto de aquellos propósitos teóricos, difícilmente la agrupación gobernante pueda resultar fortalecida, alcanzando sus finalidades particulares luego del evento selectivo.
Dicho esto, hay que subrayar que aquí adscribimos a una posición crítica4 respecto del sistema de primarias abiertas como tal y consideramos que con su implementación no se suelen conseguir los objetivos antes expuestos (ni en el plano social ni en el institucional). A la vez, sostenemos que la regulación oficial sobre las mismas agrega un inconveniente adicional, en la medida en que ésta implica una intromisión exógena sobre los partidos, a los cuales es menester reconocerles un ámbito endógeno libre de interferencias de los órganos públicos (Orozco, 2003).
Así, en este trabajo intentaremos mostrar -sin pretender extraer de aquí generalizaciones concluyentes- que en ninguno de los tres casos analizados se lograron los propósitos esgrimidos teóricamente con el uso de internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Como se verá, algunas de las consecuencias han sido comunes entre los casos observados -y coincidentes con lo arrojado por la casuística en la temática- y otras divergentes -relativas a la capacidad previa del partido para cumplir con los cometidos en el ejercicio de la representación-; al tiempo que ha producido un efecto simbólico (que llamaremos bonus si es beneficioso y handicap si es perjudicial5) diferente sobre la fuerza gubernamental en cada caso, dado el particular escenario en el que se desenvolvió la aplicación de esta metodología de nominación.
A la vez, procuraremos hallar especificidades entre ellos en función del carácter institucionalista o rupturista de los partidos gobernantes que las emplearon, considerando ciertos elementos diferenciales, como ser: el grado de formalidad de su estructura (que sienta las bases para el acogimiento de nuevas reglas y su perspectiva de temporalidad); el sector en torno al cual se organiza y orienta su acción (factor clave para establecer la correlación de fuerzas internas); su vocación de poder (que influirá respecto de que se seleccione a un candidato elegible o uno representativo de los principios partidarios); el peso del liderazgo (que repercutirá en que prevalezca la búsqueda de la plebiscitación del ganador o una competencia pluralista interna), etcétera.
Las fuerzas políticas con rasgos rupturistas (desprovistas de reglas internas formalizadas, con características organizativas débiles y sustentadas en la mediación directa entre líder popular y base societal), dada su propia naturaleza constitutiva, presentan mayores dificultades para alcanzar los objetivos propuestos con este procedimiento selectivo y poseen menores anticuerpos para afrontar los efectos no deseados suscitados ante un posible incumplimiento de los mismos. En estos agrupamientos, las internas abiertas generalmente se establecen como una vía para mantener los términos del contrato político entre líder y seguidores, a través de la plebiscitación del respaldo popular hacia aquél; compeliéndolo, no obstante, a exhibir un contundente éxito electoral en ellas. Si se logra que la nueva herramienta de nominación opere en la dirección de reforzar esa mediación sustitutiva, sin que se visibilicen las consecuencias indeseadas potenciales, puede ser factible que el mecanismo de primarias provea de un bonusal partido que se somete a ellas. Empero, aun cuando la fuerza gobernante obtenga ocasionalmente un impulso positivo en un evento eleccionario específico, si no se consiguen los propósitos ligados a la mejora de la representatividad, las falencias originarias podrían evidenciarse a mediano o largo plazo.
Alternativamente, si el partido presenta una fisonomía institucionalista, es decir si tiene solidez, consistencia programática e ideológica, una estructura inclusiva y formalizada, y un líder apto para traducir el ideario partidario en prácticas institucionales concretas; entonces no hay necesidad de que los organismos públicos se entrometan en una tarea para la cual los partidos, en su órbita privada, demuestran estar suficientemente capacitados. Pero, precisamente por eso, es más improbable que las primarias abiertas se transformen en un bonusen agrupamientos de gobierno institucionalistas que en los rupturistas (las cuales también tienen más incentivos para incorporarlas). Igualmente, dado el caso que la utilización de internas abiertas devenga un handicap, las fuerzas gobernantes de tipo institucionalista suelen contar con más recursos que sus congéneres para capear esa situación.

Ahora bien, una vez planteada la hipótesis, seleccionamos determinadas unidades de análisis con el objeto de iluminarla, elegidas en forma correspondiente al esquema inicial (AP, FA y FPV/PJ), para evaluar la relación entre aplicación de primarias abiertas e incremento de la representatividad partidaria6.

Advertimos que los argumentos a favor de las primarias abiertas giran -en mayor o menor medida- en torno a la pretensión de incrementar la representatividad partidaria7, acercándose a los valores relacionados con el cumplimiento de los roles sociales8 e institucionales9 mencionados. Por ello, a partir de una sucinta y simplificada compilación de los supuestos beneficios anteriormente descriptos (traducidos en indicadores conmensurables), hemos elaborado esta sintética matriz:

Dimensión del partido	Beneficios de las primarias abiertas	Indicadores
Interna (como organización social)	Formalización de reglas claras y explícitas de funcionamiento partidario	-Aplicación continua y consistente de la nueva normativa. -Sustitución de método no democrático de designación de candidaturas (por parte de un órgano de conducción ejecutiva o colegiado).
	Ampliación del sector al cual el partido dirige su acción	-Ampliación de atribuciones del sector sobre el cual recae la selección de candidatos. -Participación genuina (a cambio de incentivos colectivos).
	Proyección de imagen positiva (de unidad, transparencia y convocatoria), ante ciudadanos	-Contienda sin conflictividad, con rápida resolución de disidencias ex post. -Carácter libre y voluntario de la concurrencia interna. -Proceso electoral interno transparente y no cuestionado.
Externa (como organización pública)	Selección de aspirante a puesto de poder, efectuada por sector mayoritario	-Alta concurrencia interna (para contrarrestar el peso de los sectores activos). -Prevalencia del sector convocado en la determinación de candidaturas.
	Postulación del mejor candidato (que sea lo suficientemente competitivo y representativo)	-Existencia de opciones internas diferenciadas para los votantes. -Competitividad (que genere oportunidades para desafiantes). -Ventaja indiscutida del ganador sobre oponentes internos.
	Legitimación ante electorado amplio	-Mejora (o, al menos, mantenimiento) en la performance electoral posterior. -Mejor posicionamiento ante adversarios.

Nota: las pretensiones ligadas a cierto "deber ser" en las funciones de los partidos se establecieron a los fines de evaluar la correlación entre ciertos objetivos esbozados en teoría y su consecución práctica.
Fuente: elaboración propia, sobre la base de las producciones académicas mencionadas y otros trabajos propios.

En lo que sigue, analizaremos aquellos tres casos de primarias abiertas, a través de la evaluación de los indicadores que figuran en la tabla, con el objeto de constatar si se logran o no los propósitos trazados teóricamente. Así, procuraremos mostrar que la aplicación de este instrumento no suele generar los beneficios deseados; en especial en partidos desprovistos originariamente de elementos relativos a la representatividad (por lo general, asociados al paradigma rupturista) y, aunque ocasionalmente pueda suscitar la apariencia de un avance (si la agrupación gobernante sale fortalecida en este proceso), esto no implica que este método contribuya a fortalecer la relación representativa en un marco institucional más inclusivo que el imperante en las décadas pasadas.

 

Análisis de los casos

Como se expuso, aquí inquiriremos acerca de la puesta en práctica del mecanismo de primarias abiertas presidenciales en tres partidos sudamericanos que alcanzaron el poder en los últimos años. Aclaramos, de todos modos, que no nos proponemos incursionar en la densa trama de acontecimientos internos que rodearon a cada evento selectivo (algo casi imposible de emprender dada la carencia de datos en el caso ecuatoriano10), ni realizar un análisis de las internas en clave electoral (ya que estudiamos un número muy limitado de casos, en dos de los cuales, esta técnica se estrenaba y en el restante fue implementada sólo en tres oportunidades), ni tampoco extraer conclusiones generales extrapolables automáticamente a experiencias similares en la región (ya que aquí, por lo recién mencionado, no estamos en condiciones de aislar las múltiples variables contextuales que pudieron haber incidido en los resultados circunstanciales).

Alternativamente, procuraremos analizar, en perspectiva comparada, las vicisitudes de la utilización de este método de nominación, estableciendo globalmente elementos coincidentes (que tendrían que ver con las características inherentes al instrumento de primarias abiertas) y diferenciales (que se vincularían a la especificidad de los partidos gobernantes y al modelo de restructuración política del que proceden) en los tres casos citados, en función de las dimensiones e indicadores que a su vez, explicarían la variable más abstracta representatividad partidaria.

Dejaremos planteado el interés de continuar, en investigaciones futuras, con el análisis en los términos propuestos, incorporando elementos que vayan surgiendo en la coyuntura, enriqueciendo la base empírica, tras la continuidad y propagación del uso de este procedimiento de selección de candidaturas, en estas latitudes.

Los casos

Veamos muy sucintamente los casos a analizar.
En el caso de Ecuador -que ejemplifica al modelo rupturista- Alianza País es un movimiento que no se reconoce como partido (art. 1, Estatuto Orgánico AP), se funde con la figura del líder y se entremezcla con la estructura de gobierno (Constantino, 2012). Esto ha ido de la mano de una interpretación plebiscitaria de la democracia y de una lógica binaria de amigo-enemigo (De la Torre, 2008: 28), mediante la cual se buscaba aparecer como lo antagónico al esquema de poder hegemónico vigente durante la "larga noche neoliberal" (discurso de Rafael Correa, 2006), constituido por la vieja "partidocracia"11, aliada a los intereses económicos. Por eso, cuando Rafael Correa asumió la presidencia en 2007, se inició un proceso de reforma política y despartidización de las instituciones estatales, plasmado en la convocatoria a la Asamblea Constituyente y, posteriormente, se procuró construir un instrumento político al que adhirieran los múltiples actores surgidos desde abajo12, y que estaban predestinados a fusionarse, fortaleciendo al oficialismo en militancia y estructura (Mora, 2010).
Empero, en lugar de desplegar una política de alianzas con estos grupos activos, desde el gobierno, se los intentó cooptar y dividir en su interior (Unda, 2008), sustentándose, alternativamente, en la enorme aprobación ciudadana a las medidas gubernamentales13 que -traducida en un masivo apoyo en las urnas- constituiría su principal soporte (Pachano, 2010). Así, se estableció un vínculo plebiscitario entre líder y seguidores, rubricado en cada acontecimiento electoral; al tiempo que, con la obtención de contundentes triunfos en cada uno de ellos, se fue consolidando un rediseño institucional que le facilitaba a esta fuerza el control del Estado (López y Cubillos, 2009).
De este modo, AP se configuró como una agrupación catch all, con un gran carácter condensador, conformada por múltiples movimientos amorfos y poco estructurados (entrevista con Antonio Jaramillo, 2009), muchos de ellos, dependientes del aparato estatal14. En síntesis, dada su naturaleza rupturista y movimentista, este agrupamiento carece de una organización territorial nuclear (Mora, 2010), posee débiles niveles de institucionalización (Freidenberg y Levitsky, 2007), se erige en torno a la figura del presidente de la República -quien además es el "gran elector" en el seno del partido (Constantino, 2012)- y se sustenta fundamentalmente en la actuación de una masa de maniobra proselitista, instrumentalizada para cada elección, buscando mantener el apoyo plebiscitario de aquel electorado amplio y difuso (Ospina, 2009).
El caso argentino es aquí abordado como situación intermedia, que combina lo confrontativo del momento crítico de ruptura en el que el FPV15 irrumpió en la escena política, con el aspecto más institucionalista del PJ clásico (Rinesi, 2004). El Partido Peronista o Justicialista (PJ) ha tenido, desde sus orígenes, una clara vocación mayoritaria, constituyéndose como un partido populista, de tipo oficial, que le otorga primacía a la conservación de las posiciones de poder adquiridas (Ramos Jiménez, 2001). Con el tiempo, el PJ se fue convirtiendo en una poderosa organización, con una extensa estructura informalmente organizada por redes de patronazgo (Freidenberg y Levitsky, 2007), ostentando una enorme flexibilidad (Levitsky, 2003) y una gran capacidad adaptativa, que le permitiría reconducir su proyecto sobre diversas líneas de clivaje, adecuando su ideología a las necesidades de la coyuntura política16 (Ramos Jiménez, 2001).
En la elección presidencial de 2003, Néstor Kirchner logró imponerse sobre el ex mandatario Carlos Menem (ambos de origen peronista), al haberse presentado como la mejor opción antimenemista (simbolizando la oposición al modelo neoliberal de los '90) y, simultáneamente, como una alternativa a la política tradicional (Borón, 2004). Pese al escaso respaldo con el que llegó al poder, Kirchner pudo, posteriormente, suscitar el apoyo de los ciudadanos independientes que aprobaban su aptitud para la gestión pública (Quevedo, 2004; Cheresky, 2007) y le reconocían el mérito de haber recompuesto el funcionamiento institucional.
A la vez, continuando la línea del peronismo clásico, donde el presidente es, generalmente, quién dirige el partido (Romero, 2004), Kirchner se configuró en el líder natural del mismo y, al mantener desactivada a la estructura orgánica partidaria, evitó la proliferación de cuadros alternos. A medida que fue confirmando su posición predominante en el sistema político, el FPV fue adoptando un perfil más acorde con el prototipo partidario del PJ. Así, se reestableció la relación preferencial con el movimiento sindical tradicional (Alegre, 2010) y se consiguió disciplinar a los actores provinciales y municipales, sustentándose en la fornida red clientelar dependiente de los recursos del Estado de los cuales el PJ había sido históricamente tributario (Levitsky, 2003; Botana, 2005), contando con los resortes propios de un partido de masas, con una formidable densidad organizativa17 y un gran arraigo electoral (Alegre, 2010). A partir de entonces, si bien Kirchner continuó con la retórica discursiva antineoliberal (Borón, 2004), en sintonía con la "nueva izquierda" regional, su base electoral pasó a estar conformada principalmente por un tipo de voto ajeno tanto a la renovación como a la izquierda18.
El Frente Amplio uruguayo -ejemplo del patrón institucionalista- logró, a lo largo de su existencia, constituirse en una entidad política consistente por sí misma, capaz de superar el peso de los partidos y sectores originarios, adquiriendo una estructura sistematizada, con normas de funcionamiento y reglas de decisión rutinizadas (Yaffé, 2005). Desde su creación, la militancia activa tuvo una crucial incidencia. En efecto, desde las bases militantes se conformó progresivamente un movimiento más amplio, originando una configuración frentista genérica (Martínez Barahona, 2003), sustentada en una identidad suprapartidista, compatible y complementaria de las identidades sectoriales.
Una vez constituido el "partido frenteamplista" como estructura organizativa (Yaffé, 2005), éste fue creciendo, al punto de empatar a blancos y colorados en un escenario electoral tripartito. Así, el FA consiguió erigirse en una opción viable de centroizquierda, opositora a los partidos tradicionales -los cuales, a su vez, se coaligarían luego para paliar su posición minoritaria, convergiendo ideológicamente hacia la derecha (Altman, 2002)-.
En este contexto, se produjo la modificación de las reglas constitucionales aquí estudiada19, que incidió en la performance posterior del Frente Amplio. Paradójicamente, tras una reforma institucional pactada para frenar su avance (Lanzaro, 2004), esta fuerza encontraba su chance de competir en pie de igualdad con los partidos históricos20; para lo cual debió, no obstante, morigerar su ideología, desplazándose hacia el centro del espectro espacial (Garcé y Yaffé, 2005).
Si bien la opción por la electoralización de la acción política supuso ciertas fricciones dentro de la agrupación, esto no implicó un desdibujamiento cabal de su perfil ideológico ni conllevó una desafección de la militancia partidaria. Por cierto, en tanto que el FA no es un elemento totalmente ajeno al sistema precedente (sino que es heredero de la histórica matriz batllista) (Guerra, 1999), logró captar adscripciones de antiguos adeptos de los partidos tradicionales -especialmente, de los que adherían a sus facciones reformistas (Chávez et al., 2008: 151)-, desencantados con las políticas de los últimos años.
En efecto, esta coalición, al flexibilizar su perfil, volviéndose más institucionalista, pudo encontrar un equilibro entre la conservación de su base social nuclear y la expansión electoral; apareciendo como una alternativa de centroizquierda (Gallo y Bartoletti, 2012: 17), a tono con el proceso de cambio continental, pero manteniéndose en el marco institucional anteriormente vigente (Gallo, 2010).

 

Análisis de las primarias abiertas: desarrollo y comparación

En lo que sigue, veremos las alternativas de la puesta en práctica de la nueva legislación en cada uno de los países analizados, detallando qué consecuencias tuvieron las primarias abiertas presidenciales en cada uno de los partidos gobernantes.

Ecuador

De cara a las elecciones presidenciales de 2009, Alianza País no tenía oponentes externos que pudieran poner en riesgo su continuidad en el poder, al tiempo que tampoco había, dentro de la agrupación, competidores ni lejanamente en condiciones de disputar el liderazgo interno de Rafael Correa (entrevista con Simón Pachano, 2012). A despecho de esta favorable situación de partida, desde el gobierno se determinó -sin debate ni discusión teórica previa (El Comercio, 06/01/09: B2 y B3)- el cambio de reglas formales en materia electoral (Art. 108, CN), implementando primarias abiertas para la resolución de las candidaturas partidarias21, so pretexto de darle a los partidos una estructura política y una vida orgánica más estable y funcional, proporcionando una selección democrática y transparente (Ramírez Gallegos, 2007; Discurso de Rafael Correa, 2009).
El único agrupamiento que participó de las primarias abiertas fue Alianza País que, a su vez, presentó un único binomio presidencial (Rafael Correa-Lenin Moreno); de modo tal que la interna para el cargo principal quedó estipulada como una mera plebiscitación hacia el candidato nato. En los niveles inferiores del sistema, el oficialismo decidió desafiar a los caudillos regionales, titulares de gobiernos provinciales -algunos de ellos, ex miembros de partidos ya extinguidos (Maldonado, 2009)-, postulando a figuras provenientes de movimientos sociales organizados, o de grupos progresistas, quienes contaban internamente con el respaldo de los militantes de AP (Ospina, 2009: 18), pero a nivel del electorado general, dependían inevitablemente de la popularidad del líder (Orellana, 2009; Serrano, 2011).
Finalmente, en los comicios internos, hubo una concurrencia aproximada de 350000 votantes en todo el país (Ospina, 2009: 17; Paredes, en Harnecker, 2011) (3,6 por ciento de los habilitados), una cifra muy inferior a las expectativas del movimiento, que aspiraba a que sufragara voluntariamente un millón de personas (Ramírez Gallegos, 2007). Además, según las informaciones de prensa, las primarias se realizaron en medio de un clima crispado y conflictivo (Orellana, 2009), con graves denuncias de fraude, irregularidades, intercambios clientelares para la obtención de votos e irrespeto de resultados . A la vez, los nuevos actores progresistas no lograron imponerse claramente sobre la "vieja partidocracia" (Maldonado, 2009) y, desde ese entonces, muchos de ellos entablaron una relación tensa con el gobierno nacional, que conduciría a su posterior alejamiento del oficialismo (Orellana, 2009; Serrano, 2011). En efecto, en una fuerza política con una organización de base informal, en la que las subunidades no son integradas en la burocracia partidaria, es factible que una situación facilitadora del conflicto y del internismo fratricida (como las primarias abiertas), promueva tendencias expulsivas por parte de las facciones con mayor nivel de organización y autonomía (Gallo, 2011).
Luego de la cuestionada primaria, al pronunciar su discurso público, Correa mantuvo la tónica de la polaridad entre amigos y enemigos, con la particularidad de que ahora consideraba que sus rivales más lesivos eran el izquierdismo infantil, el ecologismo y el indigenismo (los adversarios internos), sustituyendo a la "partidocracia" ancestral y los grupos de poder (sus enemigos originarios) (Ospina, 2009: 12). Sucede que la división del campo político en dos sectores antagónicos e irreconciliables (De la Torre, 2008: 29) que el rupturismo promueve, donde se concibe que todo aquello que se oponga, de un modo u otro, al proyecto gubernamental pasa a integrar una categoría apartada, carente de legitimidad (Hawkins, 2008), conlleva que no se le reconozca a la oposición interna partidaria un ámbito de incumbencia y actuación propio; lo cual entra en contradicción con la esencia del mecanismo de primarias abiertas, cuya finalidad inherente es institucionalizar y procesar consensualmente las divergencias internas (Gallo, 2011).
Resumiendo, el cambio de reglas no produjo las transformaciones deseadas, ya que AP no logró contener a todas sus corrientes, ni conciliar intereses entre el liderazgo nacional y los sectores locales y, además -dada la escasa participación registrada, el cuestionamiento generalizado y el descenso en el apoyo electoral posterior (Pachano, 2010: 306)- tampoco consiguió hacerse del halo de legitimidad pretendido para emerger fortalecida luego de la celebración de las primarias. Inclusive, pese a que éstas están incorporadas en la Carta Magna, actualmente no hay indicios de que vayan a aplicarse para los comicios presidenciales de 2013 (Arroyo, 2012; entrevista con Simón Pachano, 2012); lo cual se contradice con el objetivo teórico de propiciar la formalización de reglas internas partidarias explícitas y duraderas.

• Argentina

 

Al finalizar el año 2009, se sancionó la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (N° 26571) -en la que se incluye la normativa que impone la celebración de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a todos los agrupamientos con estatus definitivo- impulsada desde el gobierno, con el argumento de fortalecer a los partidos, incrementando su capacidad de representación (Abal Medina, 2009).
En ese entonces, el oficialismo se encontraba en un proceso de marcado descenso de popularidad (después de la derrota legislativa de ese año), había sufrido la escisión de sectores del PJ (que terminaron pasándose a la oposición) y carecía de un candidato convocante indiscutido (tras la pérdida de poder interno de Kirchner) (Ferreira Rubio, 2009). En este contexto, el kirchnerismo habría pautado aquella cláusula electoral como una vía para cooptar -y posteriormente neutralizar- a esos peronistas disidentes, maximizando su posición mayoritaria dentro de un armado justicialista más amplio, y para dejar fuera de juego a opositores ubicados a su izquierda , apelando luego al "voto útil" antiderechista (Dal Maso, 2011), dado el consenso generalizado refractario a esta orientación ideológica. Todo esto, en un excluyente esquema de suma cero , que incitaba a la construcción de coaliciones estrictamente electoralistas (Gallo, 2012).
Sin embargo, a menos de un año de sancionada la ley, se produjo un hecho que modificó sustancialmente el panorama político preelectoral: la muerte de Néstor Kirchner (por entonces, el presidenciable más firme dentro del oficialismo), con la consiguiente conversión automática de su viuda y mandataria, Cristina Kirchner, en la candidata natural del partido de gobierno, quien, a partir de allí, creció súbitamente en popularidad y convocatoria , logrando que el FPV/PJ se unificara y se recentralizara en torno a su incuestionado liderazgo (Gallo, 2012).
El fallecimiento del ex primer magistrado generó un efecto dominó en el escenario electoral argentino, provocando una decantación de candidaturas presidenciales (Novaro, 2011), tanto dentro de la fuerza de gobierno como fuera de ella; lo cual promovió indeliberadamente una situación semejante a la que en Ecuador se había planteado voluntariamente desde el inicio, con un solo candidato presidencial viable (el mandatario incumbente), muy alejado de cualquier antagonista interno o externo.
La postulación de la incumbent, por un lado, conllevó que los potenciales precandidatos peronistas -con los que Kirchner aspiraba competir en vida- optaran por participar por fuera del partido en las PASO; y, por otro, tuvo un impacto reductor de la competencia externa, haciendo que todas las fuerzas opositoras también presentaran una fórmula única (evitando así el efecto multiplicador de su división que hubiera implicado fragmentarse) (Tonelli, 2011). De este modo, todos los partidos llegaron a las primarias abiertas con un solo postulante presidencial; lo cual desnaturalizó el objetivo originario de este método, que era que el conjunto de los ciudadanos obrara de cuerpo selector de las candidaturas partidarias.

Finalmente, en la primera implementación de las PASO participó el 81,41 por ciento de los empadronados en todo el territorio nacional (www.elecciones2011.gob.ar), una cifra más elevada de la esperada (Pomares, 2011). Pese al propagado escepticismo y a la poca información brindada a los votantes (D'Alessandro, 2011), se generó la sensación de que había habido una gran movilización de electores independientes y de adherentes afines a los partidos presentados (Gallo, 2012). Esto, sumado a la rápida resolución del escrutinio, dio la pauta de que esta regla electoral había, efectivamente, "pasado el examen" (El Estadista, 2011). Además, el oficialismo se benefició por la contundencia de los resultados (mucho más abultados que lo previsto ), logrando también la finalidad inicial de polarizar con la derecha , captando la simpatía de quienes seguían adscribiendo a la ideología progresista desplegada retóricamente por el FPV (Gallo y Bartoletti, 2012).
Todos estos hechos condujeron a que el partido gobernante, impulsor de esta reforma, saliera fortalecido, haciéndose de un bonus de cara a las elecciones nacionales; las cuales, no obstante, terminaron convirtiéndose en las más intrascendentes de la historia democrática del país.

Uruguay

Desde que la reforma constitucional de 1996 fue aprobada, el Frente Amplio se sujeta a dos normativas simultáneamente: por un lado, a la legislación electoral nacional y, por otro, a sus estatutos internos, en los que se asienta que la fórmula presidencial es formalmente nominada por el Congreso Nacional Partidario (Garcé y Yaffé, 2005). En las dos primeras elecciones se postuló al líder indiscutido Tabaré Vázquez: en 1999, junto a la candidatura testimonial del hoy día vicepresidente, Danilo Astori; y en 2004, como único candidato, pero apoyado por diferentes listas internas que, a su vez, competían entre sí.
En 2009, en la primera interna del FA como partido gobernante, se planteó la necesidad de resolver la disputa por la sucesión presidencial, al tener al líder partidario con mandato cumplido, en un país que, a diferencia de los otros dos aquí analizados, no hay reelección inmediata. Esta vez, el Congreso del FA señaló como candidato presidencial al actual mandatario José Mujica, derrotando por amplio margen a Astori, predilecto del presidente Vázquez (Garcé, 2010).
De todos modos, ambos postulantes, junto a un tercer precandidato sin chances , debieron medirse en las internas abiertas oficiales. La disputa se desarrolló de una manera tensa y conflictiva (Cardarello y Yaffe, 2011: 29-32), con duros ataques y cuestionamientos de Astori -que buscaba aparecer como más "presidenciable" y como el candidato del votante mediano - hacia su contrincante, a quien muchos le atribuían una imagen radicalizada de ex Tupamaro (Latinobarómetro, 2009) y era más rechazado por el electorado no frenteamplista (Gallo, 2010). Pese a todo, Mujica se impuso en la interna, ratificando el dictamen de los seguidores de esta fuerza, la cual había demostrado capacidad para fijar reglas de nominación y someterse a ellas, eligiendo democráticamente a sus postulantes, más allá de la voluntad individual del líder partidario.
En cuanto a los resultados generales de las primarias abiertas (en las que, recordemos, participaron todos los partidos registrados), contra la mayoría de los pronósticos , el Frente Amplio obtuvo menor porcentaje que el Partido Nacional, y Mujica resultó menos votado individualmente que Lacalle . Por consiguiente, la coalición de centroizquierda y su postulante emergieron públicamente como los grandes derrotados de la jornada (Gallo, 2010); lo cual fue incrementado por la prolongada indefinición de la fórmula presidencial -forjada tras un arduo y tenso proceso de negociaciones (Cardarello y Yaffe, 2011)- que contrastó con la rápida concreción del binomio blanco (Canzani, 2011).
Así, el sometimiento a este mecanismo selectivo le generó al FA un handicap en lugar de un bonus (que, en este caso, hubiera estado ligado sólo a su performance y posicionamiento en relación a los demás y no al impacto del método per se, como en los otros dos ejemplos ), que, igualmente, logró sortear, consagrándose triunfador en la contienda nacional. Efectivamente, en el FA todo lo importante (la determinación de la candidatura presidencial) se había resuelto puertas adentro; con lo cual, de no haber existido la fase eleccionaria dispuesta por la legislación actual, factiblemente, se hubiera podido evitar la desgastante disputa pública entre los contendientes y el estiramiento innecesario de la concreción de la dupla presidencial.
Además, en la primera oportunidad en la que este frente dirimía la candidatura presidencial, abriendo la dinámica confrontacional a todo el electorado, hubo una alta abstención de simpatizantes (Caetano, 2009: 37), contrariando también el objetivo teórico de ampliar el cuerpo selector de aspirantes a cargos públicos. Sucede que muchos adherentes del FA no se sienten estimulados por los escenarios de primarias competidas y consideran que la gran batalla son las elecciones nacionales , momento en el que hacen prevalecer su identidad colectiva suprapartidaria frenteamplista por sobre la identidad subpartidaria sectorial, presentándose unidos ante los demás (Gallo, 2010).
Vemos que en una fuerza como el FA que -a diferencia de las otras dos aquí estudiadas- posee una configuración frentista altamente cohesiva, con una organización plural, que se potencia a través de sus matices (Canzani, 2009: 32), la introducción de una fase que exacerba la competición interna, no sólo no propicia la participación voluntaria de los simpatizantes, sino que, incluso, puede afectar su unidad de acción ante el electorado más amplio.

Comparación entre los casos

En lo que sigue, expondremos sintéticamente, a través de ciertos indicadores puntuales, cuál podría haber sido la influencia de la celebración de primarias abiertas sobre el mejoramiento de la capacidad representativa (en los dos ámbitos vistos) de las tres fuerzas gobernantes analizadas, atendiendo también a sus motivaciones políticas específicas.

PARTIDO		AP	FPV/PJ	FA
ÁMBITO INTERNO
Variables	Indicadores	Valores obtenidos
Formalización de reglas	Regularidad en aplicación de reglas	1 vez (2009, solamente AP; 2013: incierto aun )	1vez (2011)	3 veces (1999, 2004 y 2009)
	Mecanismos de nominación previo	Selección cupular (designativo)	Selección cupular (designativo), ocasionalmente internas	Congreso partidario (electivo)
Incorporación de sector	Atribuciones del sector selector	Impreciso	Sólo voto en primarias abiertas	Hasta 2012, sólo voto en internas abiertas
	Incentivos predominantes recibidos por sector selector (probable)	Selectivos	Colectivos identitarios/selectivos	Colectivos subpartidarios
Proyección de imagen positiva	Concurrencia interna	Aparentemente irregular	Inducida por obligatoriedad	Aparentemente libre y voluntaria
	Transparencia del proceso	Cuestionada	Media	No cuestionada
	Conflictividad de la contienda	Inexistente (pero alta a nivel local)	Inexistente	Considerablemente alta
	Resolución ex post (a nivel presidencial)	Nula (sin competencia)	Nula (sin competencia)	Tensa y poco expeditiva

ÁMBITO EXTERNO
Variables	Indicadores		Valores obtenidos
Selección amplia de candidato	Participación de amplio sector selector*		10% (muy baja)	93,11% (alta, promovida por obligatoriedad)	39,6% (media baja)
	Prevalencia de amplio sector selector**		No	No	Si (pero, ratificó resultado interno)
Elección del mejor candidato	Competitividad	Nro. de candidatos presidenciales	1 (incumbent)	1 (incumbent)	3 totales (no incumbents);  2 competitivos
	Ventaja del ganador interno (1° - 2°)***		100%	100%	12,65% (relativamente ajustada )
	Imagen del ganador en electorado amplio (en comparación con rival interno)		-	-	Más rechazado/menos moderado
Legitimación pública	Resultado en elección primaria		Nula	50,24% (superior a la esperada)	41,3% (inferior a la esperada)
	Performance en elección general		Triunfo (en 1ra vuelta)	Triunfo (en 1ra vuelta)	Triunfo (en balotaje)
	Diferencia con última elección nacional		-11,93%	7,67%	-2,29%

EFECTO SOBRE PARTIDO GOBERNANTE

Handicap****

Bonus

Handicap****

* porcentaje de electores que habían votado en la interna sobre los votantes del partido en elección general.
** Esto implicaría que la ciudadanía independiente es el sector predominante en la determinación del candidato electo.
*** Nos referimos a los precandidatos de un mismo partido. Tomamos el criterio de Buquet y Piñeiro (2011), estableciendo el corte en los 15 puntos entre los dos primeros.
**** Aunque no les impidió triunfar ni seguir apareciendo como referente de la nueva izquierda regional. En el caso uruguayo tampoco causó efectos a largo plazo.
Nota: en el caso, del FA, sólo tomamos el caso de 2009, la única interna como partido de gobierno.
Fuente: elaboración propia sobre la base de lo expuesto, de leyes electorales y registros oficiales de votación y obras antes citadas.

 

A partir de lo exhibido, y considerando los objetivos teóricos delineados con estas normativas, podemos extraer ciertas conclusiones preliminares. En cuanto a la perspectiva de temporalidad esperable con las nuevas reglas, si bien no pueden efectuarse generalizaciones de ningún tipo, recalcamos que, al menos en los dos ejemplos primerizos, se han abierto dudas y objeciones respecto de la continuidad de la aplicación de este método. A su vez, en ninguno de los tres partidos se produjo la sustitución de prácticas no democráticas, en tanto que en los dos primeros, la candidatura se resolvió previamente de modo designativo y en el tercero operó en combinación con un mecanismo interno partidario.
Por otro lado, con estas reglas tampoco se ha cumplido con el propósito de incorporar al electorado común a la vida partidista, en tanto que en Ecuador y en Argentina, éstas no han ido acompañadas por otras medidas internas inclusivas adicionales. En Uruguay, por su parte, el Frente Amplio estableció la modalidad de apertura a la ciudadanía independiente también para las elecciones para elegir presidentes de la coalición y Plenario Nacional, realizadas tres años después de los comicios generales, en las cuales hubo una participación tres veces menor que en las primarias abiertas de 2009 .
Paralelamente, en dos de los tres casos, se faculta (o compele) a los electores a dirimir las candidaturas, pero no se los incluye en el entramado de juegos organizativos intestinos previos en los que se van configurando aquellas opciones a elegir ni se les da la oportunidad de nominar a aquellos encargados de la tarea de preselección (Gallo, 2011). En el tercero, en cambio, los votantes tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a elegir las autoridades internas, no obstante lo cual, fueron los militantes y adherentes quienes habrían predominado en la selección.
A su vez, consideramos que la formalización de estas normativas no promueve, por sí misma, una propensión participativa del electorado no cautivo , ni genera incentivos para acercar nuevos miembros al partido. En los casos de primarias competidas (como fue la del FA), suelen prevalecer los seguidores motivados por incentivos subpartidarios (y no por incentivos partidarios) en el marco de una innecesaria instancia de confrontación pública para las corrientes internas. En los casos en los que no existe competencia real, porque el partido cuenta con un candidato nato (como AP y FPV/PJ), el amplio sector convocado deja de cumplir su cometido seleccionador, y es posible que, en ellos, se termine arrastrando inútilmente una disputa presidencial ya resuelta a algún nivel subsidiario -plausiblemente, más conflictivo e indefinido- del sistema político, con consecuencias corrosivas para la cohesión interna.
Tanto en Ecuador en 2009 como en Argentina en 2011 , la interna más relevante quedó convertida en una instancia simbólica, no dilucidadora; con lo cual, este mecanismo se transformó en un mero instrumento de ratificación pública y de legitimación del presidente de turno. A la vez, en ambos casos se obligó a las demás formaciones partidarias a medir fuerzas con el agrupamiento pivotal (y con el titular del principal cargo del sistema institucional nacional), en una contienda visiblemente inequitativa y desigual (Gallo, 2012).
Subrayamos que en partidos gobernantes con elementos rupturistas, las primarias abiertas suelen quedar supeditadas a una idea populista de soberanía popular y a una lógica de suma cero, estableciendo ganadores y perdedores absolutos. Pero, precisamente, como en estas organizaciones, el líder carismático es el partido para un gran número de votantes (Le Duc, 2001), si éste no obtiene el nivel de respaldo esperado ni la pretendida legitimación hacia su liderazgo, se corre el riesgo de que sea el partido en su conjunto el que resulte públicamente derrotado.
Estos dos ejemplos ilustran una situación paradójica: en Ecuador se optó deliberadamente por acudir a la búsqueda de un bonus (innecesario como estrategia, aunque congruente con el carácter rupturista de la fuerza) con la aplicación de primarias, pero se obtuvo un handicap;mientras queen Argentina se buscó superar un handicap ya existente y, por razones no previstas, se adquirió un bonus tras su utilización, logrando un impulso legitimante y dejando una buena sensación en la opinión pública.
El aspecto diferencial entre ambos casos está dado por el carácter intermedio o mixto de esta última agrupación, que combina rasgos fuertemente carismáticos y un discurso fundacional, con una estructura de partido de masas, sustentado en una poderosa organización. En el PJ, históricamente, había predominado el uso de mecanismos selectivos sesgados y minoritarios, y cuando excepcionalmente se implementó un método electivo, esto no respondió a pretensiones plebiscitatorias en momentos de auge (como en AP en 2009) sino que, por el contrario, se pautó como modalidad de selección competitiva en circunstancias críticas (por ejemplo, en 1988, en 2003 y también en 2009). Por eso, cuando, meses más tarde de este último hecho, el partido se unificó y centralizó en la líder indiscutida, el empleo de ese mecanismo electivo y mayoritario careció de sentido y razón de ser. En este contexto, las primarias abiertas sin competencia y con voto ciudadano obligatorio (elemento que distingue a este caso de los otros dos) beneficiaron al oficialismo, en la medida en que adelantaron simbólicamente la verdadera elección nacional (Tonelli, 2011), manteniendo el trazado de apoyos espontáneos preexistente, favorable a la primera mandataria y al partido gobernante (Gallo, 2012), intensificando la fortaleza del oficialismo dentro de un contexto partidario sumamente frágil (Alegre, 2010).
Pudimos advertir también que, en configuraciones partidarias institucionalistas, la aplicación de reglas de nominación organizadas desde el poder estatal tampoco garantiza la pretendida legitimación (en estos casos, asociada a la idea de resolución precedida por competencia pluralista y no de plebiscitación, como en el otro modelo) del candidato electo. Es decir, en partidos relativamente sólidos, con bases militantes suficientemente participativas (motivadas por incentivos colectivos ideológicos), en los que haya posibilidades de recambio dirigencial y reglas fiables para solventar las desavenencias (como el FA), se torna superflua la apelación a la ciudadanía independiente para legitimar al candidato partidario (ya que estos están en condiciones de determinar endógenamente quién es el postulante más viable y representativo entre los diversos contendientes competitivos existentes en sus filas). Además, en ellos, la utilización de mecanismos de esta índole podría desvirtuar las atribuciones entre miembros y no miembros del partido en cuestión, subrogando sus funciones y derechos organizacionales (Gallo, 2012).
Por eso, no es casual que el caso uruguayo haya sido el único de los tres estudiados aquí en el cual la incorporación legal del método de primarias abiertas no surgió de la voluntad del partido gobernante en aras de lograr un bonus con su aplicación. En efecto, con la celebración de internas abiertas, en el FA no se alcanzaron los objetivos pretendidos teóricamente por los defensores de este instrumento. Es decir, los caracteres institucionalistas recién citados no evitaron el impacto negativo que conlleva una interna conflictiva, con rivalidades expuestas, concurrencia ciudadana decreciente, indefiniciones posteriores y la consagración final de la alternativa menos moderada; pero sí contribuyeron a la ulterior neutralización de estas falencias y a la reconstrucción de la unidad partidaria .

Conclusiones

En este trabajo nos propusimos evaluar una cláusula establecida formalmente en las legislaciones electorales (la implementación oficial de primarias o internas abiertas presidenciales, con injerencia de los órganos de poder público para certificar su desenvolvimiento), atendiendo al impacto que ha tenido sobre el funcionamiento de ciertas fuerzas políticas que se inscriben en la denominada "nueva oleada progresista" latinoamericana, que llegaron al gobierno tras el extendido reclamo popular de recuperar la capacidad reguladora del Estado en la vida política y de mejorar las instituciones existentes. Para ello, hemos escogido a tres partidos/movimientos (AP, de Ecuador, FPV/PJ, de Argentina y FA, de Uruguay), ejemplificando cada uno de los supuestos paradigmas de recomposición política emergentes, en los que, desde determinada perspectiva, se ha dividido a este proceso.

Si bien no aspiramos a generalizar las conclusiones extraídas de tan sólo tres casos de análisis, consideramos, no obstante, que los hallazgos provisorios aquí obtenidos pueden sentar las bases para indagaciones futuras. Así, subrayamos que, con sus diferencias estructurales y particularidades coyunturales, ninguno de los partidos ha alcanzado, tras el uso de primarias, los valores pretendidos por los propulsores del sistema, ni como organización social ni como entidad pública gubernamental. Estimamos también que los corolarios indeseados que a menudo provoca la inobservancia de aquellas expectativas teóricas podrían ser más fácilmente atenuados o compensados en partidos que ostentan un carácter institucionalista, ya que éstos exhiben originariamente niveles de representatividad más altos (tanto en la dimensión interna como en la externa). Igualmente, si determinada fuerza política (sea institucionalista o rupturista) presenta, tras las primarias, consecuencias que no sean manifiestamente discordantes con las pretensiones normativas y si, además, obtiene un efecto legitimador con ellas, es posible que adquiera un bonus con el empleo de este método. Sin embargo, la consecución de tal bonus -en especial, en organizaciones rupturistas, en las que éste generalmente se liga a la plebiscitación del apoyo presidencial- puede implicar un éxito en su adaptación a la lógica electoralista de las primarias, pero al precio de promover un modo de vinculación política semejante al de la era neoliberal (que suponía la reducción de los partidos a meras agencias electorales, subordinadas a la dinámica proselitista y a la promoción de candidaturas individuales). A propósito, varios autores consideran -con diferentes valoraciones al respecto- que las agrupaciones rupturistas se adecuan mejor al modelo partidario propio de la izquierda clásica, es decir al modelo leninista (Petkoff, 2005), o que son más fieles al ideal socialista (Pousadela, 2010: 10), contrastando con la claudicación principista que le atribuyen a sus pares institucionalistas (Gallo y Bartoletti, 2012: 18). Sin embargo, lo cierto es que la debilidad de las estructuras organizativas y la sujeción del partido a la voluntad de un líder, constituyen una negación de lo que ha sido históricamente la izquierda: primero organización, programa, estrategia y fuerzas propias (Trujillo, 2011: 162).
En el caso uruguayo, para el FA, la reelaboración del programa partidario le permitió presentarse ante la sociedad, sincerando sus aspiraciones frente los electores anteriormente cautivos y frente aquellos que lo vislumbraban como una factible alternativa a las opciones existentes. A la vez, cuando el FA desarrolló atributos institucionalistas, moderando su ideología y adoptando un perfil partidario más orgánico, pudo adaptarse a las restrictivas normas constitucionales fijadas por los sectores derechistas (en las que se incluían las primarias abiertas), logrando posteriormente conquistar el poder en dos períodos consecutivos. Sin embargo, en las primeras internas abiertas reales, con competencia efectiva, el FA no alcanzó los objetivos trazados en teoría y obtuvo un handicapde cara a la elección nacional (que, no obstante, pudo ser mitigado, factiblemente, gracias a sus características institucionalistas preexistentes). En efecto, los elementos internos que le habrían permitido a esta coalición sobreponerse al subproducto perjudicial de las primarias son los mismos que la habían conducido, desde un principio, a prescindir de la utilización de este mecanismo selector externo.
En los casos de Ecuador y de Argentina, la motivación real que había llevado a los partidos de gobierno a instaurar esta normativa estuvo ligada básicamente a la necesidad de contener y disciplinar a los actores faccionales internos. Empero, su aplicación tuvo un impacto divergente en ellos, en virtud de la idiosincrasia de cada partido y de las circunstancias políticas sucedidas desde que la iniciativa fue tomada hasta que realmente se implementó.
En el primer caso, AP se encontraba en el pináculo de popularidad cuando resolvió adoptar nuevas reglas electorales que presuntamente generarían efectos renovadores y democratizadores en los partidos. No obstante, esta medida ocasionó un alto costo político para la fuerza gubernamental (Ospina, 2009), que terminó quedando públicamente asociada con prácticas antidemocráticas y elementos del esquema de poder que pretendía sustituir. Si bien en la elección posterior, AP obtuvo un holgado triunfo (aunque inferior que los anteriores), esto posiblemente se haya relacionado -al igual que en el caso argentino- con la enorme asimetría existente en el campo de la competencia electoral. Efectivamente, Correa debió confrontar con múltiples oponentes poco convocantes, en su mayoría provenientes del viejo régimen y localizados espacialmente en la derecha (Ospina, 2009); lo cual también le permitió mantener la polarización originaria, apareciendo en el imaginario colectivo como la única y legítima expresión de la presunta izquierda regional en auge.
El FPV/PJ, por su parte, salió fortalecido, primero, porque pudo superar coyunturalmente las circunstancias que lo habían llevado a necesitar dirimir sus disputas internas en una contienda pública y nacionalizada (tras lo cual, no obstante, volvió a adquirir una morfología verticalista, desprovista de opciones competitivas), y después porque logró hacer ver que la nueva situación (emergida de un acontecimiento externo y accidental) era fruto de las flamantes reglas, que habían generado incentivos destinados a la recomposición del nexo representativo. Empero, más allá de las características específicas de esta peculiar elección primeriza, lo cierto es que el impacto que este mecanismo producirá de aquí en adelante en el FPV/PJ tiene conexión directa con sus rasgos constitutivos, en particular con su naturaleza populista y oficial, dependiente de un liderazgo presidencial exitoso, popular e internamente incuestionado.
Así, mientras esta fuerza política se mantenga en el poder -con sus subsectores alineados, conservando su piso histórico de aceptación pública-, sobre todo si el incumbent está habilitado para la reelección , para cualquier desafiante interno la opción más conveniente va a seguir siendo competir por fuera del partido -plausiblemente, cultivando un perfil ideológico diferenciado del oficial- en un escenario similar al de 2011 . A la inversa, en caso de producirse una contienda real, lo más verosímil es que ésta provenga de una situación de debilidad o conflictividad previa, difícil de paliar mediante los resortes internos, promoviendo casi inevitablemente primarias disputadas y divisivas (agravadas por el acotado tiempo intereleccionario existente , que no favorece la recomposición de las disidencias intestinas); con efectos indeseados para la integridad partidaria.
Como reflexión final, entendemos que la modificación de las normativas electorales referidas a la mecánica interna partidista -incluida en la abarcativa agenda reformista regional- puede entrar en contradicción con elementos del modelo recipiente, en particular, si la fuerza política gobernante (llamada o no partido) carece de una estructura sólida, estable y organizada.
Efectivamente, sostenemos que las reglas electorales son emergentes del entramado institucional en el que se construye la política mediatizada, y no modelos proclives a prefigurar la conducta de los actores (ya sea, internos o externos); al tiempo que son los partidos, a través del satisfactorio cumplimiento de sus funciones consustanciales, los que recrean la institucionalidad democrática, conectando a los actores societales con la esfera del poder. Curiosamente, cuando se subvierte ese orden causal, se pronuncian los inconvenientes que se pretendía resolver. Es decir, cuanto más sólida sea la institucionalidad vigente, más coherentes y representativos serán los partidos y más adecuados sus mecanismos de funcionamiento interno. Y viceversa. Cuando la institucionalidad es precaria, los partidos presentan falencias y las reglas partidarias están supeditadas a las decisiones del líder, la aplicación de normas electorales internas tiende a ser funcional a la mera voluntad de aquél; consiguientemente, con el paso del tiempo (y en ausencia del líder), tales normativas subsistirían como estructuras vacías de fuerza transformadora y de contenido, encorsetando el accionar de los nuevos actores participantes.
Así, concluimos que la intervención de los órganos del Estado en la vida interna de los partidos políticos no suele ser acorde ni con el ideario izquierdista ni con las premisas de la democratización partidaria y la renovación institucional; al tiempo que, paradójicamente, con su uso continuo y prolongado se pueden terminar reavivando las tendencias conservadoras y regresivas que en su momento habían originado el retiro de la política institucionalizada y el menoscabo del partido como auténtico instrumento de lucha popular y agente motorizador de la transformación social.

Notas

1. Uno, concebido como movimientista y radicalizado, denominado alternativamente "rupturista" "populista", "vieja izquierda", "izquierda borbónica", etcétera (vg. Venezuela, Bolivia y Ecuador), y otro, visto como moderado y pragmático llamado "institucionalista", "izquierda pragmática", "reformista", "nueva izquierda" (vg. Chile, Uruguay y Brasil). El caso argentino es considerado como un caso intermedio o mixto, e incluso es ubicado en distintos modelos según el autor (Novaro, 2006; Mocca, 2006).
2. Sin abrir juicio sobre la pertinencia analítica de aquella categorización, tomamos arbitrariamente estas denominaciones, en tanto son las que mejor se ajustan para describir las variables referidas a las fuerzas partidarias. Aquí utilizaremos esta simplificación tan sólo para analizar a los partidos y no a las políticas gubernamentales concretas desarrolladas en su gestión.
3. Aclaramos que los autores citados a continuación utilizan diferentes denominaciones para referirse a estos modelos.
4. Ver Key (1964), Ranney (1968), Polsby (1983), Boix (1998), Nelson (1999), Mustapic (2000), Colomer (2000), Gimpel, Hoffman y Kaufmann (2000), Buquet y Chasquetti (2004), Siavelis (2005), Ferreira Rubio (2009), Gallo (2011) y Buquet y Piñeiro (2011), entre otros.
5. Aquí no tomamos las definiciones exactas de Carey y Polga-Hecimovich (2007), sino que las utilizamos orientativamente.
6. La variable "representatividad partidaria" puede definirse constitutivamente como la capacidad del partido para ejercer la representación, desempeñando funciones sociales e institucionales. Sus indicadores serían los valores relacionados con el cumplimiento de dichos roles.
7. Tomando aquella definición de representatividad partidaria (tanto en su faz interna como externa), notamos -y sin efectuar una evaluación axiológica al respecto- que es más plausible que las agrupaciones del modelo institucionalista ostenten niveles más adecuados que sus pares rupturistas.
8. Estos serían sucintamente: programa partidario integrador; reglas internas formalizadas; membresía asentada en registros confiables y actualizados; selección de dirigentes y candidatos a través de mecanismo democrático; participación de bases en la toma de decisiones del partido (a cambio de incentivos colectivos); integración vertical; divisiones internas procesadas internamente.
9. En este caso sería: equilibrio entre pretensiones y congruencia interna; elección de candidato representativo de la postura del partido, idóneo y popular; captación de electorado amplio; estructura de apoyos estable (aun estando en el poder).
10. Pese al exhaustivo trabajo de campo realizado, se encontró escasísima información, lo que también se debe a las circunstancias confusas e irregulares que se expondrán a continuación. No hay constancia de actas de ningún tipo, ni siquiera información provisoria aportada a medios o a analistas políticos. Incluso, los responsables de este evento fueron posteriormente relevados de sus cargos.
11. Esta comprendía a la oligarquía derechista (pivoteada por el PSC) y a la izquierdista (ID y DP).
12. Se trataba de fuerzas progresistas y de movimientos sociales (indigenistas, ecologistas y feministas), que habían asumido el rol de vanguardia de la "revolución ciudadana" (De la Torre, 2008: 34).
13. Paradójicamente, esas mismas medidas generaron gran resistencia en varios de aquellos movimientos originarios (Ecuador Debate, N° 73, 2008).
14. Hay que tener en cuenta el impacto de las políticas sociales clientelistas desplegadas por el gobierno (Acosta, en Harnecker, 2011: 180).
15. Frente para la Victoria fue la denominación adoptada en 2003 por razones operativas, por uno de los neolemas del PJ (el que respaldaba a Kirchner), el cual se había presentado dividido ante la imposibilidad de que sus fracciones utilizaran el nombre partidario oficial.
16. Esto le permitió simbolizar retóricamente a la izquierda latinoamericana, pese a haber sido el partido que llevó a cabo las reformas neoliberales más drásticas del continente, en décadas previas.
17. Una de las mayores de América Latina, con más de tres millones de miembros (Freidenberg y Levitsky, 2007).
18. Ver Murillo et al. (2010).
19. El sistema de internas abiertas constituyó la primera instancia de un dispositivo de tres fases eliminatorias, en el cual, los partidos tradicionales estaban más capacitados para salir airosos (Gallo, 2010).
20. Con la legislación anterior sólo participan los lemas con representación parlamentaria, algo que el FA no tenía (Buquet y Chasquetti, 2004).
21. Para presidente y vicepresidente, gobiernos locales y asambleístas provinciales (Acosta, 2011).
22. Hubo denuncias de fraude, mala impresión de papeletas, personas que votaron varias veces, suspensión de elecciones, demoras en la proclamación oficial de ganadores, amenazas de quitar el bono de desarrollo a quienes no acudieran a votar, etcétera (Ospina, 2009; El Comercio, 25/01/09; www.etvtelerama.com/index.php; www.pcmle.org; www.explored.com.ec; www.eldiario.com.ec; www.vistazo.com; www.hoy.com.ec; entre otras).
23. Pese a que el Código Nacional Electoral establece carácter vinculante de esta etapa, en muchos casos eligió el buró nacional de AP (Larrea, 2009).
24. Vg. Norman Wray, M. Paula Romo, Betty Amores, entre otros.
25. Por ejemplo, en Chimborazo el conflicto ocasionó la ruptura con el movimiento indigenista Pachakutik (Ospina, 2009: 19).
26. En la elección general, AP obtuvo el 52 por ciento de los votos a nivel presidencial, 43,5 por ciento a nivel legislativo, y 39,1 por ciento a nivel de prefecturas, decayendo respecto de la Constituyente, cuando había sacado 81,72 por ciento en 2007 y 63,93 por ciento en 2008 (http://app.tse.gov.ec).
    El elevado piso para que los partidos pasen a la elección general perjudicaba básicamente a las fuerzas izquierdistas. Este es de 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos (Art. 45, Cap. VII), contrastante con el caso uruguayo en el que la exigencia es de sólo 500 votos o el ecuatoriano donde no se impone un umbral mínimo legal (Estatutos AP).
27. Por ejemplo, en las PASO compiten fórmulas partidarias completas (Art. 44, Cap. VII) y las alianzas se forjan con antelación (Art. 6); lo cual desincentiva la competencia interna. Estos aspectos se diferencian de la legislación uruguaya (Gallo, 2012).
28. A partir de allí, creció entre 10 y 20 puntos en las encuestas (Rouvier, CEOP, Poliarquía, Ibarómetro, Julio Aurelio).
29. La fórmula oficialista sacó el 50,24 por ciento de los votos, aventajando al segundo binomio por 38,04 puntos, la diferencia más amplia de la historia (www.elecciones2011.gob.ar).
30. En las encuestas previas (Catterberg & Asoc.; M&F; Analogías; Aresco, etc.) rondaba el 45 por ciento (Gallo, 2012).
31. El segundo y tercer lugar fueron para el radical Ricardo Alfonsín, aliado con sectores derechistas, y el peronista Eduardo Duhalde, ubicado claramente a la derecha (Gallo, 2012).
32. Marcos Carámbula, intendente de Canelones.
33. Astori se ubicaba espacialmente (2,3), más cercana del votante mediano uruguayo (3,1) que Mujica (2,1) (Garcé, 2010: 511; http://www.equipos.com.uy/noticia/izquierda-y-derecha-los-candidatos).
    Si bien no había gran diferencia, los datos dan cuenta que puestos a competir cada uno de ellos con sus pares blancos, se imponía Astori (www.montevideo.com.uy /notnoticias_74224_1.html).
34. En todas las mediciones de intención de voto, el FA superaba al PN (Equipos Mori; Cifra, Factum; Ipsos-Mora y Araujo; junio 2009).
35. El FA sacó 432944 votos internos y el PN, 481295. Respecto de los candidatos, Mujica obtuvo 225294 sufragios y Lacalle, 274959 (http://elecciones.corteelectoral.gub.uy).
36. Aquí, ni era la primera vez que se aplicaba, ni las primarias habían sido propuestas por la fuerza gobernante.
37. Particularmente entre quienes preferían a Mujica (Zuásnabar, 2009; Garcé, 2010: 512).
38. Los propios sectores mujiquistas, aun sabiendo que su candidato aventajaba abultadamente a Astori, preferían evitar la interna y establecer una fórmula conjunta "para que el FA gane en octubre" (El País, 20/05/09).
39. Esta investigación se terminó antes de las elecciones presidenciales de 2013.
40. Incluso, hasta poco tiempo antes hubo riesgo de que se suspendieran las PASO porescasez de fondos y falta de información (http://www.politicargentina.com/2011/08/el-particular-debut-de-las-primarias/). Aún no se sabe qué pasará con la ley a futuro.
41. Se afirma genéricamente que "Los partidos (...) Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias" , CN).
42. En fuerzas con una base electoralista y clientelar, el bajo porcentaje de votantes internos sobre el conjunto de seguidores, es un indicador de que posiblemente el partido se haya regido por sus incentivos habituales para la captación del electorado más cautivo (Gallo, 2011).
43. Al tratarse de elecciones obligatorias y sin competencia, se habría mantenido la misma estructura de incentivos que liga a los votantes con el partido.
44. Habrían predominado los "core voters" de los sectores internos más relevantes (Espacio 609 y Asamblea Uruguay) de Mujica y Astori respectivamente.
45. Si bien luego de las PASO existieron denuncias de fraude, constatación de errores, adulteración de actas y telegramas, en el escrutinio final (http://www.argentinaelecciones.com/noticia-errores-elecciones-primarias-1155.html), éstas no tuvieron la magnitud y trascendencia del caso ecuatoriano (Gallo, 2012).
46. Muchas de las pugnas interfaccionales en los niveles inferiores se evitaron tras la nominación digitada por la presidenta de varias candidaturas (vg. jefatura de gobierno porteño) (http://www.lanacion.com.ar/); lo que, paralelamente implicó un contrasentido respecto de las metas de inclusividad e incorporación pretendidas con las primarias.
47. Aunque en algunos informes figura que Correa ganó por el 85 por ciento, ya que el 15 por ciento de las listas no lo apoyaban (http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/41314-NN/correa-recibe-respaldo-de-85-por-ciento-en-primarias-de-ecuador/), aquí consideramos que no hubo ventaja alguna, porque no hubo un competidor para aquel cargo.
48. Esa ajustada diferencia no refleja la ventaja de más de 20 puntos que Mujica tenía sobre Astori según las encuestas (Zuásnabar, 2009; Garcé, 2010). Incluso, según la ley electoral, si Mujica hubiera sacado sólo 3 puntos menos, no se hubiese consagrado ganador y el candidato habría debido elegirse posteriormente por la Convención Nacional del Partido.
49. No cuenta aquí, porque la primaria no obró en los hechos como una elección preliminar, como en los otros dos.
50. En las elecciones internas del 27 de mayo de 2012 que el FA estipuló para elegir a sus máximas autoridades, votaron 170483 electores (Noticias EFE, 10/06/12).
51. En Uruguay, el único país donde se repitió el uso del método selectivo, la participación general en las internas fue mermando: 1999: 55 por ciento de los habilitados; 2004: 43,1 por ciento y 2009: 42,68 por ciento (http://www.fcs.edu.uy/pri).
52. Paradójicamente el escenario electoral que se vislumbraba cuando la ley fue aprobada, se ubicaba exactamente en el extremo opuesto (Gallo, 2012).
53. La incorporación de Astori como vicepresidente (aunque demoró en efectivizarse) pulió las discrepancias y permitió recuperar el perfil moderado que había facilitado la llegada del partido al poder (Latinobarómetro, 2009).
54. No casualmente, luego de las elecciones se reflotó el tema de la reforma constitucional.
55. Aquí, el hecho de que Duhalde haya procurado diferenciarse ideológicamente de Cristina Fernández potenció la visualización -desacertada- del FPV como un partido centroizquierdista.
56. Es de poco más de dos meses, la mitad que en Uruguay que es de cuatro (léase, ambas legislaciones).

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