Introducción

Aunque el crimen organizado parece ser un fenómeno reciente, es en realidad un tema que ha ganado relevancia en las agendas de seguridad de los estados en los últimos años, pero dista mucho de ser nuevo. En este sentido, vale aclarar que el crimen organizado es una forma de cometer delitos, más que un delito en sí mismo. Tal como destacan De la Corte Ibáñez y Giménez- Salinas Framis (2015, p.19) una organización criminal es toda aquella

creada con el propósito expreso de obtener y acumular beneficios económicos a través de su implicación continuada en actividades predominantemente ilícitas (y) que asegure su supervivencia, fun cionamiento y protección mediante el recurso a la violencia y la corrupción o la confusión con empresas legales.

Para ello, las organizaciones criminales se diversifican, es decir que desa rrollan actividades múltiples, se transnacionalizan, desdibujando las fronteras estatales y expandiéndose incluso más allá de sus límites continentales, y se conectan con otras organizaciones formando amplias redes globales, absolu tamente descentralizadas, que se complementan con el fin último de obtener beneficios económicos (Sampó, 2017). Como destaca Garzón (2013, p. 1) “las facciones criminales han logrado expandir su presencia más allá de sus países de origen, buscando nuevos refugios, abriendo corredores que suplen la de manda de toda clase de productos ilegales”. Vale decir que las organizaciones criminales dan respuesta a una demanda de bienes ilícitos, generada desde la sociedad civil y posibilitada por los cambios en las legislaciones vigentes. Tal como muestran Troncoso y Garay (2017), los negocios de las organizaciones criminales han mutado significativamente en el último siglo.

De acuerdo con Sullivan y Bunker (2002) las organizaciones criminales erosionan a la sociedad civil, al sistema político y afectan severamente la soberanía del Estado, al naturalizar la violencia, legitimar la corrupción y distorsionar los mecanismos de mercado. En los últimos años, es claro que esta ha sido la tendencia en América Latina. Basta con chequear los índices de homicidios cada 100 mil habitantes, que no sólo han crecido, sino que han hecho de nuestra región, libre de guerras, la más violenta del mundo.

En Latinoamérica, el tráfico de drogas es uno de los negocios más ren tables en los que se manifiesta el crimen organizado y, sin duda, es una actividad que tracciona a otras. Es decir, las organizaciones que tienen como principal ingreso la venta de drogas ilícitas (especialmente cocaína, dado que en la región se ubican los tres productores mundiales de esta sustancia: Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden de importancia), desarrollan accesoriamente actividades vinculadas con el tráfico de armas, la trata y el tráfico de personas, el contrabando de mercancías y la explotación ilegal de recursos naturales. Sin olvidar que el lavado de activos es transversal a todas las manifestaciones, ya que es la única forma de insertar el dinero generado de forma ilícita, en el mercado legal.

En Argentina, el crimen organizado adopta una forma particular, muy distinta de la que se ha popularizado con la existencia de grandes cárteles de drogas en la Colombia de los años noventa o en el México de principios de este siglo, porque no existen, ni han existido grandes organizaciones y la vio lencia no ha alcanzado niveles alarmantes, aunque ha crecido (algo que lo diferencia de casi todo el continente). Es por eso que el objetivo del presente trabajo es analizar la forma que ha adoptado el crimen organizado en Argen tina, haciendo principal hincapié en las estructuras criminales existentes y en las actividades que desarrollan. Para ello, este artículo se dividirá en cuatro secciones. En la primera, analizaremos teóricamente las estructuras crimina les conocidas y su forma de actuar. Durante la segunda sección, nos centrare mos en Argentina y buscaremos entender quiénes encaman al crimen organi zado, cómo están distribuidos territorialmente y en qué manifestaciones se concentran. En tercer lugar, partiendo de la premisa de que el crimen organi zado no puede ser combatido unilateralmente, llevaremos adelante un breve análisis de las iniciativas de cooperación encaradas por el Estado argentino a fin de combatirlo. Finalmente, en las conclusiones buscaremos dar cuenta del avance del crimen organizado en nuestro país y de la especificidad del fenó meno, tal como se ha presentado en este espacio territorial.

Estructuras criminales: entre clanes y cárteles, la experiencia latinoamericana

Las organizaciones criminales, sostienen Sullivan y Bunker (2002), con forman redes y muchas veces cooperan para maximizar beneficios o reducir costos relacionados con evadir la intervención policial, de las agencias gu bernamentales y de los gobiernos, gracias a acuerdos con grupos locales que les permiten explotar al máximo las condiciones para el correcto desarrollo de los negocios ilícitos. Mientras las redes criminales se expanden e inte gran, sostiene Garzón (2013), los estados encuentran grandes dificultades a la hora de cooperar, más allá de lo discursivo, lo que termina potenciando las capacidades de las organizaciones criminales. En este sentido, esas redes permiten una expansión de la capacidad criminal individual de cada orga nización, reduciendo la competencia y el potencial conflicto. Sin embargo, cabe resaltar que no todas las organizaciones criminales tienen el mismo alcance o el mismo accionar.

De acuerdo con un informe del año 2002 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el crimen (UNODC, por sus siglas en inglés), exis ten 10 variables que pueden ser identificadas para analizar distintos tipos de organizaciones criminales. En primer lugar, debe tenerse en cuenta el tipo de estructura que la organización detenta. Esta puede ser una jerar quía: a) rígida, que cuenta con un jefe y se divide en distintas células que reportan al centro y se valen de un sistema de disciplina rígida al interior; b) jerarquía desarrollada, es decir que cuenta con una estructura jerárquica y una línea de mando, pero también aglutina otras estructuras con su propio liderazgo, con autonomía de acción en el día a día; o c) grupos criminales centrales, de rangos muy disímiles, que van desde grupos muy laxos hasta grupos relativamente cohesivos que se consideran parte de una misma or ganización. Son horizontales.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta el tamaño de las orga nizaciones. Las hay pequeñas -de 1 a 20 miembros- un poco más gran des -de 20 a 50- medianas -de 50 a 100- y grandes -de más de 100 miembros, considerando no sólo a los miembros directos sino también a individuos asociados con ellos-. Tercero, es necesario considerar las activi dades desarrolladas: si se concentran en una sola y utilizan otro tipo para mantener a la primera, si tienen 2 o 3 actividades principales o si desarrollan actividades múltiples. En cuarto lugar, es necesario considerar el nivel de operaciones transfronterizas desarrolladas. En ese sentido se tienen en cuenta organizaciones limitadas -de 1 a 2 países-, si son medianas -de 3 a 4 países- o extensivas -5 o más países-. En quinto lugar, se debe tener en cuenta la identidad de la organización, si no está anclada ni socialmente ni por etnia, si está basada en vínculos sociales o intereses sociales comunes o si su relación se ancla en lazos familiares o étnicos con membresía estricta entre los componentes del grupo (UNODC, 2002).

Luego, se debe analizar el nivel de violencia y corrupción que utilizan las organizaciones. Pára ambas variables, las organizaciones pueden utilizar estas herramientas poco o nada, de forma ocasional o bien como algo esen cial para el desarrollo de las actividades criminales. Además, es importante considerar el alcance de la influencia política de las organizaciones crimina les, que fluctúa entre ninguna, la de nivel local o regional, la nacional -en el país donde actúa- y la transnacional. Adicionalmente, se analiza el grado de penetración de la economía legal en estas organizaciones que puede ir de ninguna o limitada, al desarrollo de algunas inversiones con el dinero gene rado en las actividades ilegales y los cruces extremos entre actividades lega les e ilegales. Finalmente, se considera el nivel de cooperación con otros grupos criminales, que puede ser nula, desarrollarse dentro del país de base, tener lugar en el exterior o cooperar con organizaciones dentro del territo rio principal y con empresas criminales fuera del país (UNODC, 2002).

Vale destacar que las características más comunes de las organizaciones criminales de acuerdo con el informe de UNODC (2002) son: que la mayoría de las organizaciones mantienen estructuras jerárquicas y cuentan con entre 20 y 50 participantes, que la violencia es utilizada esencialmente para garanti zar el correcto desarrollo del negocio ilícito (en general se concentran en una actividad), la mayoría de los miembros de estas organizaciones no tienen lazos sociales o étnicos, casi todos hacen uso de la corrupción para poder llevar adelante sus actividades, algunos han logrado penetrar la economía ilegal y dicen tener influencia política y, finalmente, la mayor parte de los grupos cooperan con otras empresas criminales complementándose. Sin embargo, en estos últimos años, algunas de las tendencias parecen haber cambiado. En especial en aquello referente a la organización jerárquica, ya que la mayor parte de las estructuras se han vuelto mucho más horizontales. Sin embargo, el uso de la violencia y de la corrupción como herramientas que les permite desarrollar sus negocios ilícitos, siguen siendo elementos centrales.

De allí que sea necesario distinguir las diversas estructuras criminales que hemos logrado detectar en nuestra región, más allá de la creciente ten dencia a la fragmentación que ha tenido lugar en los últimos años en luga res estratégicos para el desarrollo del crimen organizado como pueden ser Colombia, México e incluso Brasil.

Los cárteles

Los cárteles son grandes organizaciones criminales dedicadas especial, aunque no únicamente, al narcotráfico. Están concentrados territorialmente y se caracterizan por el uso de la violencia, que tiene como fin conquistar y luego administrar las actividades ilícitas que desarrollan. Como destaca Cieza (2009) los carteles son organizaciones piramidales, que detentan avanzados sistemas de producción, transporte, logística y seguridad, que constituyen una suerte de poder paralelo al del Estado. En ese sentido, es importante destacar que, al momento de conquistar un territorio, ejercen violencia direc ta y despliegan todo su arsenal, a fin de amedrentar a quienes pudieran resis tirse. Una vez conquistada la zona, la violencia prácticamente desaparece, aunque está latente (violencia indirecta); la coerción, está siempre presente, como también lo están los incentivos para mantener la lealtad generada.

En este sentido, los carteles suelen ocupar lugares que el Estado ha dejado vacantes y que han sido objeto de reclamo por parte de la sociedad civil. De manera tal que proveen bienes públicos, tales como la Seguridad, que el Estado es incapaz de proveer. Los carteles son jerárquicos y suelen reconocer una sola cabeza, pero hacia abajo se vuelven horizontales. Se ba san en relaciones de lealtad y estrictos códigos de silencio. Suelen subcontratar a organizaciones criminales más pequeñas para exportar o importar sus mercancías (que funcionan como facilitadores ), pero esas redes son laxas y de ninguna forma implican ni la sesión de poder por parte del Cartel, ni son una muestra de debilidad. Por el contrario, las redes son utilizadas a fin de mejorar la productividad en los negocios llevados adelante. Vale decir que un Cártel funciona como una empresa transnacional y tiene como obje tivo primordial, la obtención de beneficios materiales.

De acuerdo con Sullivan y Bunker (2002) existen distintos modelos de cárteles. El primero, el del “competidor agresivo” es propenso a la violencia, de naturaleza intransigente y con voluntad de desafiar la autoridad estatal. Es una organización con muy pocos vínculos transnacionales e incluso reti cente a cooperar con otros, dentro del país en el que se asienta. Este tipo de cártel estaba manejado por una cúpula pequeña de líderes, mostrando una clara jerarquía hacia su interior. Según Sullivan y Bunker (2002), el ejemplo más claro es el cártel de Medellín de los años 1980. A pesar de lo novedoso de su organización, su alcance era limitado, producía para un sector concre to que buscaba consumir cocaína, de manera tal que casi se los consideraba “emprendedores”.

El cártel de segunda fase o el “cooptador sutil”, como lo denominan Sullivan y Bunker (2002), toma como paradigma al cartel de Cali, que sur gió tímidamente a principios de 1980. Es una organización más propensa a generar redes e intenta eludir las jerarquías, presentándose como más hori zontal en su organización. Cuenta con líderes a nivel de clusters, que dificul tan la persecución y erradicación del cartel como un todo. Funciona gracias a la existencia de células que sólo se conectan con una instancia superior pero que no tienen contacto entre ellas. Desde sus inicios, las actividades desarrolladas han sido enmascaradas y dispersas, lo que les da una capaci dad operacional más amplia que la de los carteles de la fase anterior. Por eso mismo, y porque se vale de la corrupción de funcionarios públicos, es una organización menos proclive al uso de la violencia directa. Muchas de las organizaciones mexicanas adoptaron este formato de cartel en sus inicios pero, en vistas a cómo habían afectado las capturas de algunos líderes cen trales al desarrollo del cartel de Cali, lo perfeccionaron dando lugar al cartel de tercera fase.

Siguiendo a Sullivan y Bunker (2002), el “sucesor criminal del Estado”, o cartel de tercera fase, tiene la capacidad de desafiar al Estado nacional, gracias a la corrupción de funcionarios públicos y la cooptación de institu ciones estatales. Aunque en el año de publicación del trabajo de Sullivan y Bunker aparecían tímidamente, el ascenso de los carteles mexicanos dio cuenta de su existencia. Vale decir que no es que las organizaciones crimina les quieran hacerse del poder político, sino que buscan el control territorial para manejar sus negocios cómodamente y se nutren del Estado para desa rrollar sus actividades ilegales y “blanquear” sus ganancias, introduciendo el dinero conseguido espuriamente en el mercado legal. Es decir que ejer cen el control político a través de la cooptación de funcionarios públicos. Sin embargo, también es necesario destacar que ese control territorial los dota de poder político, ya que son capaces de influenciar las decisiones de miles de ciudadanos. En este sentido, las organizaciones criminales se con vierten en valiosos aliados del poder político.

¿El fin de los carteles?

Lejos de la lógica de los carteles antes descriptos, en los últimos años las organizaciones criminales han pasado por profundos procesos de fragmen tación y dispersión. Según Garzón (2013) esa fragmentación ha sido resul tado de las nuevas generaciones de delincuentes, jóvenes y predispuestos a romper con la disciplina que se mantenía dentro de las estructuras tradicio nales. Audaces líderes que encontraron el negocio en funcionamiento y optaron por intentar maximizar aún más sus ganancias, rompiendo con las estructuras tradicionales -con resultados diversos- dando cuenta de un cambio no sólo generacional, sino también actitudinal. Se han convertido entonces en organizaciones más horizontales y más dispersas que respon den al modelo “pulverizado” (Valverde, 2013). Ese modelo refleja un con junto de pequeños dominios fluctuantes, unidos por el flujo de los produc tos. Es decir, una “territorialidad discontinua” que refleja la fragmentación de las estructuras criminales en países como México y Colombia. Esta frag mentación, se traduce en un esfúerzo constante por garantizar la provisión al mercado de consumo de bienes ilícitos, especialmente de drogas. Este sistema, se apoya en la informalidad y en el conocimiento y control del espa cio en que se desempeñan.

Este modelo, ha dado lugar a la proliferación de organizaciones de ta maño intermedio que ganan relevancia gracias a las redes que logran tejer con sus pares en otros espacios territoriales. Se trata de organizaciones que contratan facilitadores que contribuyen en el transporte de su mercancía y que no se plantean como una potencial amenaza al control que tienen sobre el mercado ilegal. Se trata de verdaderas empresas criminales trasnacionales, que hacen primar sus beneficios económicos.

Por otra parte, existen países donde predominan las estructuras crimi nales más pequeñas que abarcan áreas geográficas reducidas, como los clanes. Suelen ser organizaciones mucho más horizontales en términos jerárqui cos, aunque siempre reconocen a uno o algunos líderes. Se conforman en tomo familias dedicadas a los negocios ilícitos -muchas veces provenien tes de alguno de los países productores de drogas- y hacen de la lealtad familiar una barrera difícil de quebrar. Según Bartolomé (2018) estas estruc turas exhiben altos niveles de organización y encuentran en la confianza y lealtad provista por los lazos sanguíneos, su principal ventaja. Utilizan la violencia indirecta -la coerción- mucho más asiduamente que la violen cia directa, expresada en homicidios, secuestros y ajustes de cuentas cons tantes. Se ganan el respeto de la comunidad, porque son parte de ella y buscan mejorar su calidad de vida proveyendo bienes básicos que muchas veces el Estado es incapaz de proporcionar. Los miembros de los clanes no ostentan sus ganancias -como solían hacer los narcos de generaciones pre vias- y suelen permanecer en el lugar que los vio nacer.

Este tipo de organizaciones es la que predomina en Argentina, donde los negocios del crimen organizado están manejados por distintos clanes familiares que se vinculan de diversas formas: desde el odio irreconciliable, hasta a partir de alianzas que son, por definición, temporales. Eugenio Burzaco (2015), actual Secretario de Seguridad, sostiene que en Argentina el narcotráfico ha evolucionado transformando a las bandas locales crimi nales en organizaciones más complejas, capaces de corromper, transportar y comerciar sus mercancías, valiéndose de la violencia -en distintas esca las- de ser necesario. Esas bandas han proliferado y se han expandido más allá de su zona de influencia original, demostrando cierta capacidad de adaptación, a pesar del descabezamiento resultante del encarcelamiento de muchos de sus líderes. Sin embargo, más allá de su avance, estas estructuras criminales no logran controlar ciudades o provincias enteras, sino que se concentran en enclaves concretos dentro de grandes urbes -que suelen ser pobres y marginales- como las villas .

Las estructuras criminales en Argentina, el predominio de los clanes

La proliferación de clanes en Argentina parecería responder a dos ten dencias. La primera, de carácter regional, caracterizada por la formación de pequeñas organizaciones de redes de micro y macro tráfico estructuradas sobre una base familiar; y la segunda, global, tendiente a la fragmentación, la diversificación de los mercados de drogas (UNODC, 2017) y la adopción de estructuras criminales más informales, menos jerárquicas y poco centra lizadas, que vienen a suplir a los tradicionales cárteles que marcaron los años 1980 y 1990 en América Latina.

Como bien destaca Bartolomé (2018), la criminalidad organizada en América del Sur ha registrado un cambio en el perfil de las organizaciones vinculadas al cultivo, el procesamiento, el tráfico y la comercialización de drogas ilícitas; razón por la cual, países como Bolivia y Perú, ya son testigos del incremento de este tipo de estructuras - clanes- a nivel nacional3.

En el caso argentino, si bien el avance del crimen organizado es multicausal (Sampó, 2017), el crecimiento de la demanda interna de estu pefacientes generó el caldo de cultivo apropiado para el surgimiento de clanes y/o bandas que operan en diferentes provincias argentinas, ampara dos por la complicidad del poder político local, la connivencia policial y el endeble entramado institucional del país. En este sentido, estas nuevas for mas de agrupación criminal que comenzaron a surgir hace pocos años en Argentina, suelen caracterizarse por ser grupos pequeños e informales que pueden conformarse a partir de un vínculo familiar, y que dominan los mercados regionales de la droga a través de un fuerte control territorial.

Los clanes son considerados estructuras autóctonas (Bartolomé, 2018), con una fuerte base local y distintos grados de complejidad y logística, que se forman con el objetivo de llevar a cabo delitos mediante “la partici pación conjunta y coordinada de varios individuos” (Corte Ibáñez y Sali nas Framis, 2015, p.19). Si bien no todos los clanes tienen el mismo alcan ce, tamaño y organización, algunos podrían formarse alrededor de uno o más líderes que aportan el capital, y de dos niveles más que se encargarían de importar la materia prima, camuflarla, procesarla, transportarla, distri buirla por distintos puntos del país y venderla. En este contexto, éste bien podría ser el caso de los tres clanes que actúan desde 2011 en la ciudad correntina de Itatí, que se constituyen en uno de los principales distribui dores de marihuana del país, al abastecer a siete provincias argentinas y contar con una logística casi inmejorable (La Nación, 2017). La particula ridad de estos clanes correntinos radica en su forma de trabajar, dado que lo hacen de forma coordinada y sin competir entre sí, y con ciertas ramifi caciones extra provinciales que los han llevado a comercializar autos de alta gama en la provincia de Santa Fe. Por otro lado, su accionar delictivo abarca la asociación con bandas locales de Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y dentro de la misma Corrientes, lo que sería indicativo de una complejidad interna mayor.

La connivencia con la Policía provincial y Federal (Barroca, 2017) y con dirigentes políticos locales, es otra característica que describe a los tres clanes

En lo que respecta a Bolivia, ya en 2014 se aseguraba que el negocio de la droga estaba manejado en su totalidad por clanes familiares locales, cuyos miembros se frecuentaban con emisarios e inversores de bandas internacionales. Sin embargo, existen registros e informes de la DEA que indican que la formación de estas estructuras autóctonas en territorio boliviano, sumado a la presencia de carteles mexicanos y colombianos ope rando in situ, es anterior.

correntinos y a las bandas del crimen organizado en general, dado que como sostiene Alda Mejías (2014, p. 81) “esta vinculación y complicidad con re presentantes del Estado precisamente persigue protegerse eficazmente frente a la actuación del mismo y de otros agentes externos potencialmente noci vos para la continuidad y la expansión de sus actividades”. En este sentido, esa complicidad entre actores estatales y el crimen organizado, ha suscitado un fuerte debate en tomo a cómo la debilidad del Estado es un factor deter minante de la implantación del fenómeno en el país y la posibilidad del establecimiento de un “Estado paralelo”. Al respecto, algunos autores han comenzado a desmitificar esta creencia, al considerar que en lugar de que los grupos del crimen organizado, la economía legal y las instituciones polí ticas establezcan una relación paralela, más bien constituyen una conexión simbiótica (Rodrigues, 2018).

Estos procesos de transformación en la morfología y la dinámica de los grupos criminales locales han demostrado estar en consonancia con un cambio de época causado por el desarrollo de la tecnología y la explotación de las formas de organización en red, lo cual ha obligado a las organizacio nes delictivas tradicionales y por venir, a ser las primeras en adaptarse al nuevo contexto que resultó de dicho cambio (Sullivan y Bunker, 2002). Esto dio como resultado la emergencia de estructuras criminales mucho más informales, que dejan atrás los formatos tradicionales de organizaciones je rárquicas, para darle paso a grupos más independientes, dinámicos y adaptables, que generalmente establecen lo que Linares (2008) denomina “redes sociales” del crimen organizado. Estas redes son mucho más fluidas y flexibles de lo que eran los carteles, se basan en las relaciones humanas, lo que les permite construir vínculos entre personas y grupos de distinta proveniencia. Además, surgen a nivel local y “establecen lazos de coopera ción con otras redes criminales en otras regiones del mundo” (Linares, 2008, p. 376).

En Argentina, el crecimiento del narcotráfico estuvo inmediatamente relacionado con el surgimiento y afianzamiento de un mercado local, lo cual no solo coadyuvó a que “familias enteras se consolidaran alrededor del ne gocio de la droga” (Gallo, 2014, s/p), sino que además le dio forma al mode lo narco local, caracterizado por los clanes familiares.

En términos generales, estos clanes, así como las redes de tráfico que operan en Argentina, se inician con la venta de droga y/o cigarrillos a peque ña escala, para luego ampliar sus actividades ilícitas incorporando el lavado de activos, el contrabando de mercaderías, el tráfico de armas y la trata y tráfico de personas. A medida que el negocio crece, los clanes comienzan a construir “alianzas” con fuerzas policiales y judiciales para asegurarse la impunidad, pero también tejen redes con el poder político local (por ejem- pío, intendentes ), lo que les otorga protección y complicidad en el negocio ilegal, además de ganancias mutuas. De allí proviene la importancia de la lógica territorial -y provincial- que profesan los clanes en el interior del país, dado que se valen del conocimiento de su zona de influencia y de los actores que en ella operan para realizar sus actividades y comprar lealtades.

Por otra parte, y “como resultado de la profimdización de los procesos de globalización, los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y la cada vez más alta movilidad transffonteriza de personas y bienes” (Linares, 2018, p.5), el crimen organizado en general y el de Argentina en particular, ha adquirido un carácter transnacional inédito. De esto deriva el incremen to cada vez más evidente de bandas transnacionales en buena parte del territorio argentino, como por ejemplo el dan Meza en Misiones, compues to por ciudadanos argentinos y extranjeros y con ramificaciones que pasan por provincias como Corrientes y llegan hasta el conurbano bonaerense.

La transnacionalidad también tiene consecuencias en la economía ile gal de los danés. Dado que las bandas y grupos que operan en la región del noreste y nordeste se benefidan aún más de las actividades ilícitas gracias a su posición fronteriza, especialmente de cara al tráfico y la trata de perso nas. Al respecto, se cree que Argentina importa una buena cantidad de mujeres paraguayas y dominicanas que terminan “empleadas” en prostíbu los. Mientras que en provincias como Salta -una de las más permeables junto con Misiones-, bandas como las del “Pátrón del mal del Norte” tra ficaban dudadanos chinos, haciéndolos ingresar -previo pago de sobor no- de forma ilegal por el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, para luego trasladarlos al barrio porteño de Once.

En el mismo contexto de la trata, el clan Ale se hizo celebre en Tucumán por el caso “Marita Verón”. Mientras que, en la provincia de Córdoba, una nueva modalidad de trata temporal -conocida como trata exprés - denota vinculación directa con el narcotráfico al captar mujeres adictas para ser utilizadas con fines de explotación sexual (Gordillo, 2018).

Consecuentemente, si bien el país carece de los altos niveles de violen cia urbana y societal como la que detentan países como Brasil, México o

Colombia, la estructura criminal argentina se ha vuelto mucho más sofisticada y compleja. Esto explica, en parte, las infiltraciones de grandes organizacio nes bolivianas, colombianas, mexicanas y peruanas entre los “bagayeros” que cruzan a diario la frontera por Salta (Sierra, 2014) y la sospecha de la penetración en territorio argentino del Primeiro Comando da Capital (PCC), principal empresa criminal brasilera, o del propio clan Barakat, al cual se le atribuyen vínculos con Hezbollah.

En los últimos años, la figura del clan se ha ido consolidando en el mapa de la criminalidad organizada en Argentina, a punto tal, que su ex pansión se ha dado a lo largo y ancho del país. En este sentido, la distribu ción de estas estructuras puede rastrearse desde las provincias que lindan con la llamada Triple Frontera -frontera que comparten Argentina, Para guay y Brasil-, hasta la Patagonia. Aunque en el caso del Sur, se sostiene que no existe una problemática tan acuciante en materia de laboratorios y bandas organizadas (Federico, 2016) como sí se observa en el resto del país, donde el incremento de centros de procesamiento de drogas tradicionales y sintéticas, junto con el desmantelamiento de “cocinas”, dio cuenta de la complej izarían que adquirió el crimen organizado local. Incluso, de acuer do con fuentes policiales, en algunas de las provincias del norte se está pro duciendo cocaína a partir de hoja de coca proveniente de Bolivia.

El crecimiento exponencial de clanes dedicados mayoritaria, aunque no exclusivamente al narcotráfico, ha dado lugar a estructuras muy diversas, que van desde aquellas más informales como las que encontramos en el noreste argentino, a las que comienzan a imitar tácticas de grupos regionales ya esta blecidos, como el sicariato (Cawley, 2014). Dos ejemplos de esto último lo encontramos en la localidad mendocina de Godoy Cruz, con los denominados “angelitos de laYaqui” , y en la provincia de Córdoba, con la denominada “ban da de la Gringa”, la cual utilizaba una red de adolescentes como soldaditos.

En la región de Cuyo y Centro, las organizaciones que operan van de mayor a menor complejidad. La provincia de Mendoza alberga una amplia variedad de estructuras criminales dedicadas al comercio ilegal de marihua na y cocaína, negocio que de acuerdo a la fuente consultada, recae general mente en manos de clanes familiares. Por otro lado, las familias más humil des se dedican a llevar adelante el narcomenudeo a través de los denomina dos “quioscos” , lo cual representa para muchas de ellas un medio de sub sistencia, teniendo en cuenta la situación de precariedad que enfrentan. De allí que sea tan difícil erradicarlos en su totalidad y que, al poco tiempo de ser desarticulados por las fuerzas de seguridad provinciales, vuelvan a re surgir en la misma zona o en áreas aledañas.

En el caso de Santa Fe, las bandas dedicadas al crimen organizado tam bién se basan en vínculos familiares. En este sentido, si bien la provincia es mayoritariamente reconocida por el clan Cantero (los Monos) de Rosario - hoy en decadencia- existen otras agrupaciones familiares dedicadas al narcomenudeo y a la asociación ilícita, como son las familias Bassi, Ungaro y Funes, en el sur de la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con fuentes consul tadas, estos clanes se iniciaron en la criminalidad a través de robos, a los que luego añadieron la amenaza a los barrios, la venta y comercialización de estupefacientes y la tenencia y portación de armas (Infobae, 2018).

La estructura de clanes también alcanza a la provincia de Córdoba, aun que coexisten por otra parte, microorganizaciones dedicadas al crimen or ganizado y bandas encargadas de “narcosecuestros” (Federico, 2016), no siempre unidas por un vínculo familiar. En este sentido y como resultado de la transformación de la provincia en un centro clave del tráfico y transporte de estupefacientes en Argentina, Córdoba ha incrementado los niveles de violencia urbana y la presencia de búnkeres para comercializar la droga en los barrios.

En las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco la compo sición de los clanes responde a su cercanía con Paraguay y Brasil, de forma tal que es cada vez más común hablar del carácter transnacional de estas bandas, dedicadas fuertemente al narcotráfico y al tráfico y trata de perso nas.

Con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el mapa de la criminalidad organizada se diversifica. Si bien existen grupos de fami lias dedicadas a la venta de drogas (clan Corvalán), y bandas transnacionales de paraguayos, peruanos y colombianos que controlan el negocio de la ma rihuana, la cocaína y el paco en las villas 1-11-14 y en la 31, lo cierto es que CABA se caracteriza por una multiplicidad de delitos y formas criminales que no se agota en el crimen organizado. En este sentido, los robos, hurtos y homicidios están entre los principales delitos, junto con el comercio o tenencia para comercializar, almacenar y transportar estupefacientes, cuyas causas iniciadas en el periodo 2011/2016 representaron el 41 por ciento según datos de Procunar.

Como se mencionó, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conviven diferentes tipos de bandas y grupos criminales pequeños , que se concen tran generalmente en villas, desde donde manejan el negocio de la venta de drogas. De acuerdo con fuentes consultadas, las mismas funcionan como verdaderos feudos en donde reina la violencia y los constantes enfrentamientos entre bandas rivales por el dominio del territorio.

La trama del crimen organizado en Argentina ha ido mutando en los últimos años como consecuencia de una multiplicidad de factores, entre los cuales contamos: la porosidad de sus fronteras tanto terrestres como fluvia les, la transformación del país de ruta de tránsito a territorio de tránsito y consumo, la consecuente penetración de miembros de carteles colombia nos y mexicanos al territorio nacional, la corrupción de funcionarios públi cos y la creciente demanda de drogas para consumo interno. De acuerdo con fuentes periodísticas y académicas, este último factor ha resultado clave para el desarrollo de clanes familiares autóctonos que vieron en la alta de manda de drogas, la fuente de su economía.

Considerado un fenómeno poco conocido, pero ampliamente estable cido en Argentina y en la región, los clanes familiares son una tendencia que puede transformar la manera en que se comercia dentro de los mercados de ilícitos latinoamericanos y la forma en la que se relacionan las estructuras criminales, cuyo conocimiento es necesario para entender más a fondo la trama del crimen organizado en el país.

Los costos del crimen y la cooperación entre los países de la latinoamericana

El crimen genera costos muchas veces intangibles, pero que presionan fuertemente a las economías de la región generando distorsiones. En ese sentido, es necesario tenerlos en cuenta de forma tal que se analice correcta mente la inversión llevada adelante tanto en políticas de combate a la crimi nalidad, como en costos directos e indirectos resultantes de la existencia del crimen, ya que muchas veces se desestima el desvío de fondos generado

Como destacan Jaitman y Torre (2017) en América Latina, se gasta el equivalente al 3,5 por ciento del producto bruto interno (PBI) de la región en políticas de combate y contención del crimen. Este costo está compuesto por tres grandes categorías: 1) costos sociales del crimen, que refieren a la pérdida de calidad de vida debido al impacto de los delitos violentos y a los ingresos que no se generan a partir del encarcelamiento de una proporción de la población económicamente activa; 2) costos incurridos por el sector privado, que considera los gastos de las empresas y los hogares en preven ción de delito; y 3) costos incurridos por el gobierno, que contemplan el gasto público dirigido al sistema judicial, a la prestación de servicios policiales y a la administración de prisiones.

Según datos del año 2014, en América Latina se gasta poco más de 0,6 por ciento del PBI en costos sociales, mientras que se destina el 1,4 por ciento a costos privados y el 1,5 por ciento corresponde a gastos guberna mentales (Jaitman y Torre, 2017, pp. 24, 26 y 28). Vale decir que, aunque Argentina se ubica levemente por debajo del gasto de America Latina, utili za cerca del 3 por ciento de su PBI para afrontar los costos del crimen. Este porcentaje, es similar al que se invierte anualmente en infraestructura. Es decir, que su utilización tiene un impacto muy importante para la economía del país.

Cabe destacar que, como se ha mencionado al principio del trabajo, las características del crimen organizado en la actualidad hacen imposible pen sar que un país sólo pueda combatir de forma eficiente su accionar. La transnacionalidad del fenómeno hace que sea necesario cooperar con otros estados, no sólo con los vecinos, sino también con aquellos que inician y/o continúan la cadena que permite el desarrollo de las manifestaciones del crimen organizado. En este sentido, las redes criminales que se conforman con el objetivo de generar mayores ganancias a partir de las actividades realizadas hacen que sea indispensable que los estados trabajen en red. De lo contrario, cuando se sientan acorralados en un espacio territorial irán a buscar refugio en aquel que los persiga o controle menos. Es el llamado “efecto cucaracha”, tal como lo denomina Bagley (2012). Cuando se empu ja desde una zona, brota un nuevo efecto en alguna de las zonas aledañas, ya sea en el cultivo, procesamiento o tráfico de drogas. En cambio, si existe una iniciativa regional de combate al crimen organizado, los costos de sub sistencia de las organizaciones suben considerablemente y la relocalización no es una alternativa viable. De hecho, es más riesgoso intentar mover la estructura criminal hacia otro Estado, que tomar más recaudos a la hora de realizar las transacciones ilícitas. Por otra parte, si los países cooperan a nivel regional e incluso interregional, pero además se enfocan en el dinero gene rado por las actividades ilegales persiguiendo la pista del dinero e incluso congelando o confiscando cuentas, la razón de ser de la organización crimi nal deja de existir.

Desde ya, las redes de corrupción son las que facilitan y posibilitan el accionar de las organizaciones criminales. Tal como sostiene Alda (2015), estas organizaciones establecen relaciones clientelares con funcionarios del Estado, corrompiéndolos de manera tal que su existencia quede asegurada. Es por eso que es necesario combatir la corrupción, al mismo tiempo que se combate el crimen organizado. Ese combate, puede ser a través de la ruta del dinero, evitando que los sobornos se puedan cobrar o bien que las orga nizaciones ilícitas tengan acceso al dinero que han conseguido “blanquear”. Tanto en esas iniciativas, como en la persecución a las organizaciones crimi nales, es necesario que los países cooperen y compartan información. En ese sentido, América Latina ha dado pasos tendientes a mejorar la relación los estados que conforman la región.

Durante julio del 2017, Argentina y Bolivia firmaron un convenio para luchar contra el crimen organizado. La idea central del acuerdo es reforzar los controles en zonas fronterizas con el fin de impedir el desarrollo de las actividades criminales “regulares”. En la misma dirección, durante el mes de septiembre, Argentina firmó un acuerdo con México a fin de reforzar la cooperación (ya se había firmado un acuerdo durante la década de 1990) en tomo al intercambio de información y experiencias en el ámbito de la inves tigación policial, la profesionalización de las fuerzas y la participación en actividades operacionales y de investigación, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. En agosto de ese mismo año tuvo lugar la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina, que convocó a 12 países de la región y sumó a Canadá y a España gracias a los medios tecnológicos disponibles. El objetivo de la reunión fue impulsar y mejorar las estrategias de combate al crimen organizado, sin perder de vista el rol que la violencia y la corrupción tienen en el despliegue de las organizacio nes criminales.

En paralelo, durante febrero de 2018, Argentina ha comenzado a nego ciar con Estados Unidos una mayor presencia de la Agencia Antidrogas (DEA, siglas en ingles), con el fin de reforzar la lucha contra el narcotráfico y más colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, siglas en ingles). Vale decir que de los acuerdos formaron parte no sólo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino también el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, en lo que muchos consideran una señal clara sobre la intención de incorporar a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

En abril de 2018, se lanzó el Europa-Latinoamérica Programa de Asis tencia contra el Crimen Transnacional (EL Paccto), una iniciativa de coope ración entre la Unión Europea (UE) y 18 países latinoamericanos. Ese pro grama, financiado por la UE (con 19 millones de Euros para los primeros 5 años) busca promover la seguridad ciudadana y reforzar el estado de dere cho en Latinoamérica, al tiempo que fortalece la cooperación policial y la cooperación entre sistemas de justicia y sistemas penitenciarios. Además del intercambio de información sensible, el Faceto prevé la capacitación de fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia de todos los países intervinientes. De acuerdo con Xavier Cousquer (codirector general del pro grama por parte de la UE) “la cooperación judicial, de inteligencia y de finanzas (nos) servirá para atacar a las redes del crimen organizado que hoy realizan movimientos financieros en todo el mundo” (Dinatale, 2018). Vale destacar que es la primera vez que se trabaja holísticamente en el fortaleci miento de la cooperación policial, judicial y de sistemas penitenciarios. Ade más, se lo hace en tomo a 5 ejes: el cibercrimen, la corrupción, los derechos humanos, las políticas de género y el lavado de dinero.

Finalmente, el logro más importante se alcanzó a fines de julio de 2018, cuando los ministros de seguridad pública de Brasil, Raúl Jungmann, y de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, firmaron un acuerdo para fortale cer la cooperación y mejorar el intercambio de información sobre criminali dad organizada transnacional -que prevé mayor celeridad, seguridad y precisión en el otorgamiento de datos, incluyendo antecedentes penales e impresiones digitales, entre otros-, además de la participación binacional en investigaciones y operaciones conjuntas. De acuerdo con el mandatario brasilero, la integración de información generada a partir del acuerdo es básica para que se pueda combatir al crimen organizado en el espacio co mún. Por su parte, Bullrich sostuvo que, así como el delito transnacional va cambiando sus formas de actuar, los países deben modificar la forma en la que cooperan buscando que la comunicación sea inmediata, sin escollos burocráticos.

Reflexiones finales

La constante transformación de las organizaciones criminales es una muestra de su capacidad de adaptación como estrategia de supervivencia. En consonancia con esa transformación, las estructuras criminales en Amé rica Latina han mutado significativamente en los últimos años, flexibilizándose y adoptando formatos más laxos, que han permitido la co operación entre distintas organizaciones con el fin de maximizar sus ganan cias. Asimismo, las organizaciones se han vuelto más pequeñas, con estruc turas horizontales. Como resultado, han desaparecido los carteles que so lían caracterizar al narcotráfico en Latinoamérica. En su lugar, han surgido redes criminales capaces de hacer el mismo trabajo que antes llevaba ade lante su cartel. Una de las principales ventajas de esta transformación está relacionada con el conocimiento del terreno de las organizaciones y con la capacidad de penetrar a las estructuras gubernamentales valiéndose de la corrupción y de la coerción, basada en la información proveniente de los facilitadores. Es decir, que la transformación de sus estructuras les ha per mitido a los criminales reducir los riesgos con los que operan en los territo rios en los que desempeñan. Un incentivo primordial para seguir operando en esos mercados ilegales.

A pesar de no escapar a la tendencia global, especialmente en lo que refiere a la exportación de bienes ilícitos en manos de grandes organizaciones, Argentina reconoce un modelo interno de estructuras criminales sustancialmente distinto al de la mayor parte de los países de la región (con excepción de Bolivia y Perú, probablemente), basado en el manejo de peque ñas porciones territoriales en manos de clanes familiares. Esa distribución del control de los mercados ilegales ha impedido que se disparen los indicadores de violencia como sí ha ocurrido en otros países de la región. Brasil, sin ir más lejos, ha visto cómo el enfrentamiento de las organizaciones criminales que dominan su territorio resultó en un marcado incremento de los niveles de violencia. Si se toman como referencia los homicidios dolosos, en la actuali dad, Brasil detenta 30 cada 100 mil habitantes con zonas de hasta 70/100 mil (IPEA, 2018). Argentina, en cambio, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, se sigue manteniendo cerca de la media mundial, en 6,6 homi cidios cada 100 mil habitantes (Segundo Enfoque, 2017).

Sin embargo, existen enfrentamientos directos entre algunos de los clanes más conocidos, como los que han tenido lugar en los últimos años en la ciudad de Rosario que han dado como resultado la decadencia de los “Mo nos” y el ascenso de sus rivales. A pesar de ello, la violencia parece estar contenida alrededor de las organizaciones criminales y sus teatros de opera ciones.

Vale decir que el status de Argentina ha cambiado. Por un lado, ha deja do de ser un país de tránsito para ser uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo. Pero, además, de acuerdo con el último informe de Naciones Unidas (2018) ha comenzado a ser señalado como uno de los países que envía las drogas que son incautadas en puertos africanos, euro peos o incluso asiáticos. Esta modificación en los patrones de conducta de las organizaciones criminales responde sin duda a dos variables: primero, el incremento de la producción de cocaína que ha subido incansablemente desde el año 2013, especialmente en Colombia y que debe ser colocada en nuevos mercados y, en segundo lugar, a la modificación en los patrones de consumo del país que se ha convertido en uno de los que más alta prevalen cia. En este contexto, no es difícil pensar que -teniendo en cuenta las con diciones geográficas y las fronteras compartidas con Bolivia- Argentina de ha convertido en un incipiente productor de cocaína, de acuerdo con fuen tes policiales.

En este sentido, es necesario destacar la importancia de la cooperación en el combate a la criminalidad. Tal como postulamos en el apartado ante rior, si no existen iniciativas conjuntas, las organizaciones criminales mue ven sus estructuras a aquellos lugares donde el riesgo sea menor. En cam bio, si los estados cooperan y acorralan a las organizaciones criminales, los costos de mantener los negocios ilícitos son cada vez más altos y la tarea se vuelve cada vez más difícil. De allí la importancia de generar iniciativas de cooperación, no sólo con los vecinos sino también con aquellos que deman dan los bienes producidos por los mercados ilegales, no sólo la droga. En este sentido, El Páccto, merece un voto de confianza en la profundización del intercambio de información entre Europa y América Latina -entre pro ductores y consumidores- así como también en las iniciativas de capacita ción que contempla.

Sin duda, la iniciativa de cooperación firmada entre Argentina y Brasil es un gran paso de cara al combate conjunto al crimen organizado, porque da cuenta del reconocimiento por parte de los gobiernos de la región de que la seguridad pública ya no depende de cada Estado, sino que está directamente relacionada con lo que ocurre en otros países de la región. En resumen, la seguridad ya no puede ser pensada como “seguridad interna” sino que debe ser entendida más allá de las fronteras de los estados, a partir de los espacios comunes de los que las organizaciones criminales muchas veces sacan partido.