Introducción

Luego de la emergencia de los estudios sobre las bondades y debilidades del presidencialismo en relación a la estabilidad del régimen democrático, acerca de las interacciones del Ejecutivo con otros poderes del Estado y en torno a la formación de coaliciones y el rol de los poderes en la promoción de políticas públicas, hacia inicios de la década pasada la atención se orientó hacia los factores institucionales y políticos que dieron surgimiento a lo que se denominó hiperpresidencialismo (^{Basabe-Serrano, 2017}; ^{Bolonha et al., 2015}). A la par, creció la investigación centrada en las dinámicas que están tras la conformación de los gabinetes ministeriales, la rotación de los ministros y el tipo de relación entre dichos asesores de gobierno y los presidentes (^{Camerlo y Martínez-Gallardo, 2018}). Sin embargo, otras dimensiones de estudio sobre presidencialismo han sido menos estudiadas en la región. El funcionamiento de los aparatos burocráticos de apoyo al presidente, sus dinámicas y la racionalidad de quienes asesoran directamente a los jefes de Estado, en muchas ocasiones sin ostentar cargo alguno, están en este grupo (^{Bonvecchi et al., 2018}).

En este último espacio de investigación, denominado centros de gobierno o centros presidenciales (en adelante CP), se inscribe la primera fase de nuestra investigación. En términos conceptuales, ^{Lanzaro (2016}) propone una definición de CP a partir de la noción de núcleos de apoyo al jefe de Estado. La idea principal es que el objetivo de estos núcleos es reforzar tanto la autoridad y liderazgo de los presidentes como su autonomía y uso estratégico de los recursos políticos. A diferencia de ^{Alessandro, Lafuente y Santiso (2013}), que estudian el componente formal de los CP, Lanzaro (2016) plantea expresamente que el concepto de CP engloba tanto a instituciones formales e informales como a los actores que son parte de unas y otras.

Nuestro aporte tiene una pretensión analítica y apunta a explorar la presencia de un tipo particular de núcleos de apoyo político que tienen los presidentes, el de los actores que sin ser parte del entramado burocrático de las casas de gobierno o de los gabinetes ministeriales, apoyan a los jefes de Estado a través de asesoría directa y sin mediación alguna. Así, tales actores se convierten en pieza clave tanto en la hechura de políticas públicas como en la toma de decisiones del Ejecutivo, sin que en la mayoría de los casos asuman responsabilidad alguna. Por tanto, hablamos de un fenómeno informal que en ocasiones podría llegar a generar tensiones respecto a quienes sí son parte de núcleos de apoyo establecidos en el esquema burocrático de los jefes de Estado. De hecho, los funcionarios que formalmente ocupan un cargo saben que, en caso de suscitarse conflictos con los asesores cercanos al jefe de Estado por vínculos de familiaridad o amistad, serán ellos los que deberán asumir los mayores costos.

Desde otra perspectiva, el análisis de quiénes son asesores informales de los CP es útil porque otorga algunas claves en torno a la comprensión de otras aristas de los estudios sobre presidencialismo. De un lado, en la medida que la relación entre dichos asesores y los presidentes sea más intensa y sobre mayores ámbitos de la política pública, la importancia de quienes forman parte de los gabinetes ministeriales entra en cuestionamiento, especialmente cuando provienen de coaliciones. De otro lado, conocer la injerencia de asesores informales sobre las decisiones de los presidentes puede constituir un referente empírico indirecto del grado de institucionalización de las agrupaciones partidistas. Al respecto, planteamos que los presidentes que recurren con mayor frecuencia a este tipo de asesores suelen carecer de actores confiables y capacitados dentro de sus partidos para el cumplimiento de dicho rol. Esta relación sería más notoria en el caso de presidentes outsiders, pues dicho rasgo haría pensar que, para el ejercicio del gobierno, estos jefes de Estado contarían con un número mayor de asesores informales.

Los estudios sobre centros presidenciales

La literatura que estudia los CP puede ser dividida en dos grupos. El primero, interesado en el análisis de la presidencia como estructura de gestión, coordinación y funcionamiento del Ejecutivo; y, el segundo, focalizado en el presidente como actor político. Si bien el interés de este artículo está en el segundo segmento, en esta parte presentamos brevemente los avances desde ambas dimensiones de análisis. En cuanto a los trabajos que observan la estructura formal de la casa de gobierno, los principales aportes vienen de aquellos que toman a Estados Unidos como caso de estudio. Allí se sitúan investigaciones en las que prioritariamente se analiza cómo diversas necesidades han llevado a la evolución y crecimiento de las principales agencias de la presidencia de ese país (^{Lyons, 1971}; ^{Meese, 1983}; ^{Ragsdale y Theis, 1997}; ^{Dickinson y Lebo, 2007}; ^{Rockman, 2018}).

Desde la perspectiva del uso estratégico de recursos políticos de cara a incrementar el control del Ejecutivo respecto a la burocracia, encontramos los trabajos de Lewis y Moe (2018) en Estados Unidos y de ^{Méndez (2007}) en México. En América Latina, los trabajos que observan las instituciones formales de los CP son menos numerosos y los principales estudian Brasil (^{Inácio y Llanos, 2015}; ^{Rennó, 2015}) y Argentina (^{Bonvecchi et al., 2018}; ^{Camerlo y Coutinho, 2018}). Aunque orientados hacia el análisis de la influencia de los CP sobre el diseño de políticas públicas, en este mismo segmento se encuentran los trabajos de Mejía y Botero (2018) y ^{Peralta (2018}) para los casos colombiano y peruano, respectivamente.

En cuanto a los trabajos que observan analíticamente al presidente y la influencia que ejercen sobre sus decisiones el círculo de colaboradores más cercanos, la literatura especializada es menos extensa. ^{Cohen, Hult y Walcott (2016}) analizan la evolución de los roles del jefe de gabinete en Estados Unidos y en la misma línea hallamos al trabajo de ^{Arana Araya (2012}) para América Latina. Claramente, la literatura especializada que estudia la estructura formal de los CP es la más profusa, en detrimento de la que analiza a aquellos asesores que en muchos de los casos carecen de cargos oficiales (^{Camerlo y Martínez-Gallardo, 2018}; ^{Lanzaro, 2016}). A partir de lo expuesto, este avance de investigación apunta precisamente a aportar en ese campo, respondiendo parcialmente la pregunta de investigación: ¿bajo qué condiciones se torna más probable que los jefes de Estado recurran prioritariamente a la asesoría directa de amigos, familiares o, en general, de actores no vinculados formalmente al CP?

Para contribuir a dar respuesta a esta pregunta de investigación, en el siguiente acápite ofrecemos un marco teórico en el que planteamos de forma preliminar que, aun por encima del tamaño de la bancada oficialista o de la presencia de coaliciones de gobierno, una variable que explica por qué los presidentes recurren a la asesoría directa de personas no vinculadas con la administración pública es la ausencia de “cuadros” al interior de sus propias agrupaciones políticas. Posteriormente, observamos este fenómeno en un estudio comparado de n pequeño en el que valoramos los gobiernos de los presidentes ecuatorianos Rafael Correa y Lenín Moreno. En la parte final de esta nota de investigación proponemos las principales conclusiones preliminares del análisis realizado, mientras se discute algunas implicaciones teóricas para los estudios futuros sobre presidencialismos en América Latina.

A falta de cuadros políticos, la salida está en los amigos y la familia

Tradicionalmente, una vez que un presidente llega al poder, sus principales fuentes de asesoría provienen de su propio partido o de la coalición de sectores políticos, económicos o sociales que empujaron su candidatura. Sin embargo, esto no siempre sucede así. En ocasiones, las necesarias coaliciones de gobierno que el Ejecutivo debe alcanzar con la legislatura conllevan a que muchos de los espacios ministeriales sean ocupados por actores que no pertenecen al partido oficialista. Como consecuencia de ello, los intereses de los ministros no siempre coinciden con los del presidente y eso podría reducir la confianza del jefe de Estado en la asesoría originada en dichos actores.

No obstante, aun en escenarios en los que los presidentes no forman coaliciones de gobierno con la legislatura, los gabinetes ministeriales no siempre actúan como la fuente directa de provisión de asesoría y apoyo al jefe de Estado. De hecho, en ocasiones los criterios para la asignación de los ministerios no están basados en destrezas y experticias, sino en acuerdos políticos orientados por otro tipo de lógicas. Algo similar ocurre con las oficinas adscritas al CP que, si bien pueden incrementar su tamaño cuando hay gobiernos de coalición, como lo plantean ^{Inácio y Llanos (2015}), aquello no implica necesariamente que allí se ubiquen a los actores que influyen directamente sobre las decisiones de los presidentes. En definitiva, lo que proponemos es que, si bien los rasgos institucionales de los CP ayudan a identificar a los actores con influencia real sobre las decisiones presidenciales, hay otras características propias de los partidos políticos a los que pertenecen los jefes de Estado que responden de mejor forma a la pregunta de investigación planteada.

En efecto, nuestro argumento es que la mayor o menor recurrencia de los jefes de Estado a asesores exógenos a las estructuras formales de los CP podría depender de cuán institucionalizado sea el partido político del presidente. Así, en la medida que una agrupación partidista goza de un mayor grado de institucionalización y, por tanto, puede producir “cuadros” capaces y confiables, la presencia de asesores exógenos tenderá a descender. Por tanto, no importaría tanto el tamaño de la bancada oficialista o su potencial electoral como la capacidad organizativa del partido para proveer actores políticos en los que el presidente pueda apoyarse para la toma de decisiones.

Desde el punto de vista teórico, recurrimos al concepto de institucionalización de los partidos políticos propuesto por ^{Randall y Svåsand (2002}). Dicha definición es útil, pues sintetiza de buena forma las ideas previamente propuestas por autores como ^{Panebianco (1988}) o ^{Levitsky (1998}). Si bien la referida definición toma en cuenta la dimensión interna y externa de la institucionalización de los partidos, por la naturaleza preliminar de este trabajo nos concentramos en la vinculación de los afiliados al partido con el posicionamiento ideológico propuesto en su plataforma electoral. En efecto, consideramos que en la medida que la relación entre actores y formación ideológica sea más tenue, una consecuencia lógica sería que la agrupación política carezca de suficientes “cuadros” que puedan asesorar adecuadamente a los afiliados al partido que alcanzan espacios de poder político. En definitiva, argumentamos que la variable que afecta prioritariamente a la mayor recurrencia de los presidentes a asesores informales, familiares o amigos, es el grado de institucionalización de su agrupación partidista.

A fin de observar inicialmente el comportamiento de la relación hipotética expuesta, en el siguiente acápite consideramos el caso ecuatoriano durante los gobiernos de los presidentes Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021). La comparación de estos períodos de gobierno es útil, pues en ambos casos los presidentes recurrieron prioritariamente a la asesoría de personas de confianza, como son los amigos y familiares, a pesar de que el desempeño de otras variables de naturaleza política fue distinto. En efecto, a diferencia de la presidencia de Rafael Correa, en la administración de Lenín Moreno el oficialismo recurrió a coaliciones de gobierno. Por otro lado, la bancada oficialista en el gobierno de Correa llegó a 70% de los espacios en la Asamblea Nacional, mientras que la que apoyaba a Moreno no alcanzaba el 30% de los asientos legislativos.

El centro presidencial ecuatoriano: un reflejo de la debilidad institucional de los partidos políticos

En esta parte analizamos cómo la ausencia de una agrupación partidista lo suficientemente institucionalizada podría contribuir a explicar por qué los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno recurrieron a amigos o familiares inmediatos como asesores con capacidad de decisión política¹. Dicha explicación adquiere sentido en la medida que ambos gobiernos se diferencian entre sí no solo por el tamaño de sus bancadas legislativas, sino también por la recurrencia o no a coaliciones de gobierno. Así, en términos metodológicos, proponemos un modelo de n pequeño (n=2) en el que se recurre a la comparación de casos más similares (^{Mill, 2011}). Por tanto, siguiendo la lógica de un modelo metodológico como el propuesto, ante resultados similares, las posibles explicaciones estarían dadas por variables con valores similares.

No solo estamos conscientes de que la ausencia de varianza en la variable dependiente podría generar explicaciones espurias, sino que además tenemos presente que ambos jefes de Estado pertenecieron en su momento al mismo partido político, Alianza País (en adelante AP). Desde luego, en un mundo ideal habría sido óptimo comparar dos presidentes que provengan de distintos partidos, aunque ambos con baja institucionalización, pero lamentablemente la realidad no es esa. Por lo expuesto, consideramos que al tratarse de una investigación exploratoria que más adelante deberá verificarse con otros casos y variables, es plausible la decisión metodológica de acudir a un estudio de casos más similares. La Tabla Nro. 1 da cuenta del modelo metodológico que proponemos.

Tabla 1 Modelo metodológico 

Fuente: Elaboración propia.

Por la naturaleza de la información relacionada con el círculo íntimo de los presidentes, la investigación empírica la concentramos prioritariamente en entrevistas en profundidad con actores cercanos a los jefes de Estado, asesores, miembros del partido político, periodistas y académicos. En general, los entrevistados pidieron guardar reserva de su identidad y la gran mayoría de ellos evitaron que las entrevistas sean grabadas². Adicionalmente, recurrimos a información de medios de comunicación pública y privada y en algunos casos a las propias declaraciones de los presidentes. A partir de las fuentes citadas, triangulamos la información para ofrecer narrativas que dan cuenta del argumento teórico que planteamos. Partimos de la descripción de la variable dependiente para posteriormente exponer las variables controladas, tamaño de la bancada legislativa oficialista y coaliciones de gobierno.

Concluimos este acápite discutiendo sobre el bajo nivel de institucionalización del partido oficialista AP, que asumimos en esta investigación preliminar como la variable clave para entender por qué ambos presidentes recurrieron prioritariamente a la asesoría de amigos y familiares.

Quienes prioritariamente “susurraban al oído”, tanto de Rafael Correa como de Lenín Moreno, no fueron gente vinculada al partido oficialista AP. En el primer caso, entre los asesores directos durante los primeros años de gobierno estuvieron Fabricio Correa y Pedro Delgado, hermano y primo, respectivamente. Si bien ambos actores fueron relegados del círculo íntimo del presidente con el paso del tiempo, la influencia familiar se mantuvo presente a lo largo de toda la década de gobierno de la llamada “Revolución Ciudadana”. En efecto, Pierina Correa, hermana del ex presidente, sin cumplir ningún cargo dentro del organigrama del CP y apartada del partido de gobierno tempranamente, fue una pieza clave en términos de cercanía, apoyo y consejo al jefe de Estado³.

Por otro lado, entre la gente que gozaba de confianza y podía jactarse de aconsejar directamente al presidente Correa se hallaban sus amigos de épocas juveniles, tanto en la Universidad Católica de Guayaquil como en los grupos pastorales⁴. Un ejemplo referencial de este tipo de asesores, ajenos por completo al oficialista AP, pero con mucha capacidad de influencia sobre el jefe de Estado, fue Alexis Mera. La relación de Correa con Mera data de la época universitaria y de la pertenencia a los grupos de intermediación católica liderados en ese momento por el ex presidente Noboa Bejarano. Si bien Mera ocupó un cargo en la estructura del CP, en calidad de secretario jurídico, el origen de su vínculo con el jefe de Estado da cuenta de que se trataba de un actor que era esencialmente un amigo más que de un “cuadro” partidista⁵.

En la misma línea, muchas de las amistades generadas por Rafael Correa en su paso por el “Grupo 17 - Cristóbal Colón” de los Scouts⁶, fueron luego actores cercanos a la toma de decisiones durante su gobierno. Una de ellas fue Pamela Martínez, secretaria particular del presidente y ajena por completo a la organización del movimiento AP. Martínez no sólo fue clave en la articulación de las decisiones del jefe de Estado respecto a otros actores, sino que fue también el punto de contacto de los aportes ilegales provenientes de diferentes sectores a las campañas presidenciales de AP en los procesos electorales de 2009 y 2013⁷. Posteriormente, Martínez fue designada para varios cargos clave, entre ellos la vicepresidencia de la Corte Constitucional. Otros amigos del presidente Correa, adquiridos durante la época colegial, también fueron actores cercanos, al punto de que su capacidad de influencia sobre las decisiones del jefe de Estado estuvo por encima de la ejercida por muchos de sus ministros.

En el caso del presidente Moreno, los orígenes de quienes han sido sus asesores más cercanos son similares a los de su antecesor. En efecto, tanto la familia como los amigos de juventud son los que prioritariamente influyeron sobre sus decisiones. La esposa del presidente Moreno, por ejemplo, no limitaba su participación en el gobierno a la conducción del área social, sino que su rango de influencia se amplió a otros temas⁸. En ese aspecto, tanto las designaciones en cargos importantes como las decisiones trascendentales en diferentes áreas solían estar tamizadas por su opinión. A pesar de que la cercanía de la cónyuge de un presidente a las decisiones clave de los gobiernos podría parecer una cuestión obvia, en realidad no lo es. Si se hace una revisión de los jefes de Estado ecuatorianos desde 1979, con la excepción de la esposa del ex Presidente Durán-Ballén, ninguna otra tuvo un nivel tan importante de acercamiento al jefe de Estado al punto de constituir un asesor de primera línea.

Los hermanos del jefe de Estado también tuvieron un papel relevante en lo que se refiere a la provisión de consejo y orientación directa para la toma de decisiones importantes. De hecho, Ivette, Edwin y, en menor medida, Gary Moreno, no solo influyeron sobre el contenido de buena parte de la agenda presidencial, sino también sobre decisiones importantes que nacieron en el Palacio de Carondelet. El apoyo al presidente de parte de sus hermanos varones no solo se reflejó en la asesoría, sino también en el respaldo político indirecto al gobierno a través de la creación de sendos movimientos políticos que, aunque no tuvieron una coalición formal con el oficialista AP, constituyeron espacios de contención ciudadana para movilizaciones y mítines⁹.

Junto a la familia, los amigos del presidente tuvieron también un papel destacado en el CP. Aunque la mayoría de ellos desempeñaron cargos de nivel ministerial, en el fondo su apoyo al jefe de Estado consistió en su papel de asesores cercanos, espacio al que muy pocos tienen acceso. Estos vínculos, al igual que los del presidente Correa, surgen en la educación secundaria y se han mantenido firmes luego de varias décadas¹⁰. En este grupo estuvieron Guillermo León, Jorge Burbano y Carlos Pérez¹¹. Con alguna diferencia en términos de cercanía, también sería parte de este segmento de asesores la señora Rosángela Adoum, quien adicionalmente fue la encargada de preparar los discursos y exposiciones públicas del jefe de Estado. Al igual que en el caso del entorno familiar del presidente, ninguno de los mencionados estuvo entre la dirigencia del partido oficialista¹².

En lo que respecta al tamaño de las bancadas legislativas, las diferencias entre Correa y Moreno son notables. En el primer caso, durante las dos conformaciones de la legislatura AP gozó de una bancada amplia. Así, en el período 2009-2013, el movimiento político del ex presidente Correa contó con una representación del 48% de los escaños en la Asamblea Nacional mientras que, en el segundo período 2013-2017, AP alcanzó el 73% de los asientos legislativos, escenario nunca antes observado en el caso ecuatoriano. En cuanto al ex presidente Moreno, a los pocos meses de iniciado su gobierno, la bancada oficialista, originalmente constituida por el 54% de los escaños, descendió a 31%. Dicha fractura fue el resultado de la postura asumida por los legisladores que se mantuvieron leales al ex Presidente Correa, luego del distanciamiento generado entre los dos ex jefes de Estado. Bajo dicho contexto, y a diferencia de su predecesor, el presidente Moreno se vio obligado a formar coaliciones de gobierno variopintas en términos ideológicos (Olivares y Medina, 2020).

Acorde al argumento teórico que proponemos, a continuación analizamos cómo el movimiento oficialista AP, a pesar de mantenerse en el gobierno por más de diez años, careció de un proceso de institucionalización entendido en términos de vinculación de los simpatizantes con la posición ideológica de la organización política (^{Randall y Svåsand, 2002}). En efecto, si bien el movimiento Alianza País alcanzó en 2006 la presidencia del Ecuador gracias a una agregación de fuerzas políticas que confluyeron en un discurso contrario al establishment de la época, el ideario político de la “Revolución Ciudadana” no consiguió unificar a las diferentes vertientes. Ni siquiera la convocatoria a una Asamblea Constituyente, orientada a reemplazar la estructura política del Estado, fue suficiente. De hecho, a pesar de que AP consiguió el 61% de las bancas para la Asamblea Constituyente, se impuso la gran diversidad de intereses y posiciones ideológicas, impidiendo procesar las diferencias de forma adecuada. Como consecuencia de ello, Alberto Acosta, uno de los puntales de la llegada del ex presidente Correa al poder, dimitió a su cargo como titular de la Asamblea Constituyente.

Culminado este período de transición y en la búsqueda de mejorar la institucionalidad de AP, en 2009 se convocó a elecciones primarias abiertas a nivel nacional. Si bien el entonces presidente Correa fue ratificado como candidato a la reelección, los nombres elegidos para elaborar las listas a la legislatura no siempre fueron respetados y, finalmente, fueron negociaciones internas las que determinaron quienes serían los postulantes. Así, y a pesar de haber alcanzado el 48% de los escaños y ser la primera fuerza en el legislativo, la vulneración a los resultados del proceso de democracia interna dio cuenta de las deficiencias en relación con la estructura institucional del movimiento de gobierno. Tan magro fue este intento de institucionalizar la organización política que AP nunca más convocó a elecciones primarias.

Por otro lado, en 2010 AP tuvo su primera convención nacional orientada a: 1. adoptar un programa ideológico; 2. elaborar una base legal de operación; y 3. decidir su reinscripción como movimiento político y no como partido¹³. En los estatutos se crearon órganos de dirección centralizados que tuvieron poco espacio efectivo de influencia y que, con el paso del tiempo, quedaron en mera descripción normativa. En el plano de la coordinación se dio funcionamiento temporalmente a una instancia de articulación de todas las facciones del movimiento con el ejecutivo; sin embargo, este espacio perdió importancia, en la medida que las decisiones se concentraron en el presidente y su círculo íntimo de asesores. Así, un segundo intento de institucionalizar los procesos decisionales de AP fue dejado de lado.

En cuanto a la generación de bases de apoyo, AP conformó los llamados Comités de la Revolución Ciudadana (CRC) que, aunque formalmente apuntaban a la formación de liderazgos y a la generación de espacios de diálogo, en la práctica sirvieron como dispositivos para la movilización de adherentes durante marchas y campañas electorales. Adicionalmente, dichas estructuras fueron utilizadas como nodos de conexión de las redes clientelares generadas alrededor del nuevo movimiento político (^{Herrera Llive, 2017}). Un rol similar cumplieron las organizaciones juveniles de AP. Si bien algunos de estos espacios pudieron presentar candidatos en elecciones locales o recibieron cargos en dependencias estatales, su radio de acción nunca alcanzó al CP.

En lo relativo a la formación política de su militancia, AP no se planteó un programa planificado y permanente, sino solamente acciones puntuales ante coyunturas críticas. Así, por ejemplo, uno de los primeros anuncios de la creación de una escuela de formación política de AP se realizó en junio de 2014, tras el retroceso electoral del movimiento político en las elecciones locales de ese año (“Alianza País presentó su escuela de formación”, El Comercio, 18/06/2014). Otro lanzamiento de una escuela de formación política nacional para AP se realizó en 2017, tras el triunfo de Lenín Moreno, antes de la ruptura entre el nuevo presidente y el ex jefe de Estado (“En tres entidades se forma militancia de Alianza PAIS”, El Universo, 17/10/2017). Ninguno de estos emprendimientos operó de forma consistente, por lo que la formación de cuadros a cargo del movimiento político fue prácticamente inexistente.

Conclusiones preliminares

En este escrito hemos argumentado que los deficitarios niveles de institucionalización de los partidos políticos conllevan a la ausencia relativa de cuadros que sirvan de apoyo a los actores en el gobierno y específicamente a los presidentes. Como consecuencia de ello, los jefes de Estado recurrirían a amigos y familiares como apoyo a su gestión al frente del CP. Para realizar una primera observación exploratoria de la hipótesis planteada, propusimos un análisis comparado de dos presidentes ecuatorianos, Rafael Correa y Lenín Moreno, quienes, a pesar de presentar diferencias en otros ámbitos, ambos recurrieron a la asesoría de personas pertenecientes a su núcleo familiar o a su entorno de amistades. De esta forma, a partir de un modelo inicial de investigación comparado de los “más similares”, atribuimos el comportamiento de los dos jefes de Estado a la ausencia de cuadros políticos lo suficientemente capacitados para cumplir las funciones de consejería.

Desde luego, recurrir a un modelo determinístico como el citado, de cara a estudiar la hipótesis del grado de institucionalización partidista como explicación de los asesores informales dentro de los CP, tiene limitaciones. De allí que los hallazgos empíricos presentados deban ser asumidos en su justa medida. Ampliar el estudio de este tema a otros casos y mejorar la varianza de la variable dependiente son los principales retos de la futura agenda de investigación. De otro lado, si la noción de ausencia relativa de institucionalización de los partidos políticos a la que hacemos referencia en este artículo puede ser verificada en varios países de la región, una implicación importante tendría que ver con la justa valoración del papel de los gabinetes ministeriales en los presidencialismos. Esta posible implicación no solo es importante en términos teóricos, sino también para la orientación que deberían asumir los estudios sobre ministros en formas de gobierno presidenciales.

Finalmente, los hallazgos iniciales que este avance de investigación ofrece pueden ser útiles también para enriquecer el futuro de los estudios sobre el CP. En efecto, si se parte del supuesto de que en buena parte de los países de América Latina son los amigos y familiares quienes tienen un rol clave en la toma de decisiones políticas de los presidentes, un espacio de investigación fértil está en la comparación de los efectos de la asesoría proveniente de este tipo de consejeros sobre la calidad de las políticas públicas. Dar este paso ayudaría a observar de forma más tangible no solo la importancia de estudiar el CP y sus distintas dimensiones, sino además a justipreciar los resultados que se derivan de la influencia de familiares y amigos sobre las decisiones de los jefes de Estado.