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Cuyo

versión On-line ISSN 1853-3175

Cuyo vol.27  Mendoza ene./dic. 2010

 

ARTÍCULOS

Procesos políticos, crisis y tendencias regionales actuales en América Latina1

Political Processes, Crisis and Current Regional Trends in Latin America

Darío Salinas Figueredo2
Universidad Iberoamericana – CONACYT México

Resumen

América Latina es abordada como región y como parte de un sistema mundial cuyas expresiones se entroncan con nuevas dinámicas hemisféricas, las cuales tienen en la hegemonía norteamericana a uno de sus principales ejes de articulación. En este encuadre, se estudian las características de los procesos políticos actuales, desde el punto de vista de las principales tensiones internas y externas a la región. Al hacerlo, se privilegia la categoría de democracia, no sólo como régimen, sino como cambio político de la sociedad y el Estado. La línea argumental reconoce el contexto del neoliberalismo en su fase de cuestionamiento generalizado, especialmente por sus resultados y, a la vez, una tendencia que se orienta hacia proyectos alternativos de desarrollo e integración.

Palabras clave: América Latina; Estados Unidos; Crisis; Hegemonía; Desarrollo; Integración.

Abstract

Latin America is addressed as a region and as part of a global system, whose expressions are linked with new hemispherical dynamics, which have in the American hegemony one of its main axis of articulation. In this framework, the paper studies the characteristics of the current political processes from the point of view of the major internal and external tensions in the region. In doing so it favors the category of democracy, not only as a regime, but as a political change of society and state. The argumentative line recognizes the context of neo-liberalism, in the widespread questioning phase. The signals about crisis abound, particularly because the results of the current model, in its complex and contradictory context. Nonetheless it also recognizes trends that are oriented towards alternative development and integration projects.

Key words: Latin America; USA; Crisis; Hegemony; Development; Integration.

El punto de vista analítico

Después de la experiencia social que puso en tela de juicio las estructuras autoritarias o dictatoriales, encaradas desde la visión transitológica en sus diversas variantes, otras son las preguntas que han comenzado a pautar las tendencias políticas. En tal perspectiva, los problemas de la democratización actualmente no se limitan a un debate sobre cómo están operando los mecanismos de gobernabilidad destinados a absorber las tensiones y conflictos. Las señales derivadas de los procesos no pasan por evitar estallidos sociales modernizando viejos esquemas de control ni abriendo válvulas momentáneas de distensión, sino en preguntarse principalmente sobre los factores condicionantes de los procesos políticos en curso. El punto de intersección de la experiencia neoliberal, en sus resultados, con la otra línea, en cuyo trazo se pueden reconocer aquellos proyectos impulsados por expectativas democráticas y populares, instala un ángulo de visibilidad que ofrece otras perspectivas para la comprensión y el análisis.

Pero más allá de esto, también siguen vigentes o abiertas muchas preguntas, de naturaleza social, económica, política y cultural, todas ellas relevantes en la medida que involucran datos políticos que apuntan al reconocimiento de la continuidad de un modelo actualmente en crisis. Y estas preguntas van colindando con ciertas formas de análisis que, sin desprenderse del horizonte democrático liberal, buscan teorizar las recientes experiencias sin mayores proyecciones explicativas. Por eso es importante afinar el sentido de las preocupaciones para saber en qué estamos pensando cuando se habla de "consolidación de la democracia", la "calidad de la democracia", "rendimiento legislativo", "eficacia gubernamental", "rediseño institucional", etcétera. En gran medida la prosecución de estas áreas de referencia sobre la democracia y la democratización terminan muchas veces por reducir el ámbito de los conflictos y el debate mismo a la problemática de los medios o los procedimientos de la política con el consecuente oscurecimientos de los fines y los objetivos estratégicos en pugna.

Parece poco plausible cualquier respuesta a estas cuestiones si no se va trabajando hacia la construcción de una línea que oriente el foco de atención mucho más allá del supuesto de que la democracia es el campo de "incertidumbre", como si los intereses contrapuestos dispusieran de las mismas "oportunidades" y, consecuentemente, en teoría, la movilización de sus propuestas y sus luchas fueran a darse en igualdad de condiciones. Si la mirada crítica supiera eludir esta situación y si nos colocáramos ante las certezas de un modelo de sociedad, vigente, hegemónico, aunque con señales de crisis, los desafíos de la democratización nos colocarían delante de un conjunto de elementos vinculados a los soportes internos y externos de la dominación.

La sociedad como un gran mercado

Pensar América Latina y el Caribe sigue siendo tan vigente como el desafío de considerar a la región como un problema conceptual. La afirmación está lejos de ser trivial si consideramos esa suerte de hostigamiento que la lectura conservadora de la globalización produce frente a las luchas que se dan en los espacios nacionales, tanto que incluso su extensión parece poner en tela de juicio la misma idea de América Latina.

No es fácil omitir el hecho de que estamos viviendo un período muy agresivo de la globalización capitalista. Más allá de la polémica, aparentemente superada, las pretensiones que alimentaron el "fin de la historia" y el "pensamiento único" siguen siendo un referente de gravitación en el pensamiento contemporáneo. No sólo en su franja conservadora, hecho que resulta enteramente comprensible, sino también en el flujo del algunas ideas que se dinamizan en la perspectiva de alternativas, limitando en este caso la mirada sobre la transformación y produciendo, a su turno, una suerte de adormecimiento en el campo de las iniciativas políticas. Es lo que puede desprenderse, por ejemplo, de la obra de M. Hardt, y A. Negri (2000), que tras un acucioso estudio político y económico en la reconstrucción analítica del capitalismo, deja entre sus resultados el saldo de una noción de imperio infranqueable y prácticamente invencible. El arribo a puntos como éste corre el riesgo de situar a la región latinoamericana sin las herramientas para pensar en salidas alternativa. Sabemos que la falta de horizontes mucho tiene que ver con aquella apuesta irremediable de una inserción subordinada, para seguir "ofreciendo", en aras de un realismo político, al movimiento del capital sólo las "ventajas competitivas".

Con los resultados de la experiencia reciente, inscritos en la dinámica mundial que se desata a fines de la década de 1980, y se despliega portentosamente durante la década siguiente, recién hoy parece percibirse mejor que nunca aquella conocida percepción de Marx, según la cual el mundo entero sería un gran sistema interconectado de mercados. Una especie de "aldea global" donde los capitales, el trabajo y, en general, todas las mercancías, legales e ilegales, gozarían del espacio necesario y de las garantías suficientes, explícitas o implícitas, para circular con unas condiciones de libertad nunca antes vista (Martin, H. y Schumann, H. 2000; Ferrer, A. 1996).

Profundas y estructurales fueron las implicancias que acarrearon el desarrollo de esta fase del capitalismo. Por un lado, destaca aquel proceso agudo de desmontaje de la estructura previamente existente, y que en América Latina significó una fuerte arremetida intrasistémica en contra del llamado "Estado benefactor". Por otro, la imposición de la hegemonía del mercado en favor de nuevas formas de acumulación cuya dinámica, de ampliación de la esfera mercantil en detrimento de las garantías públicas, supuso la implementación de profundas reestructuraciones en el ámbito de las relaciones sociales.

La apertura regional hacia los mercados internacionales de estas economías periféricas, subdesarrolladas, modernas y tradicionales a la luz de su configuración histórica y estructural, ha planteado onerosas exigencias endógenas de competitividad que, en casi todas partes, se han visto enfrentadas a los requerimientos de un aumento de la tasa de explotación, precarización del trabajo, informalización del empleo y a muy diversas formas de exclusión y expropiación de los derechos sociales conquistados.

Junto con la globalización de los mercados, el nuevo modelo trajo aparejado tempranamente la exigencia imperativa, en nombre de la "libertad", de flexibilizar la estructura contractual e institucional de relaciones laborales, con el consiguiente debilitamiento de la capacidad de negociación y de representación de aquella ancha franja social donde se reconoce a quienes viven del trabajo. La dinámica mercadocéntrica y de competitividad se ha caracterizado por presentar difíciles conciliaciones con organizaciones políticas sustentadas en fórmulas que en la historia previa han significado algún esquema de participación ciudadana. Bajo el protagonismo del mercado, las sociedades latinoamericanas fueron desplazadas desde el mundo del trabajo para domiciliar a sus ciudadanos en el mundo del consumo (Lechner, N. 2002).

Alcance reflexivo que ofrece una caracterización importante, a condición de no olvidar que lo que encierra la organización de este modelo es un proceso profundo de mercantilización, que al afectar a todas las relaciones, desde la política hasta las más elementales prácticas económicas, reconfigura toda la sociedad desde la base hasta su cúspide. La otra cara del proceso de mercantilización social, como principio organizativo, es el fenómeno de la exclusión, afectando en grado no menos profundo el ámbito de los derechos sociales y el núcleo constitutivo de la ciudadanía (Osorio, J. 1997).

En la reproducción de la estructura económica sobre la cual descansa este modelo no ha sido fácil para los sistemas políticos desarrollar las condiciones mínimas de gobernabilidad democrática (Salinas, D. 2006, 2009). Cuando el modelo concentra y polariza difícilmente puede generar consensos sociales y políticos estables. Dinámica contradictoria, porque mientras el modelo desarrolla brutales exigencias de competitividad en los mercados, resiente a la vez las exigencias de estabilidad política al tiempo que produce un ahondamiento incomparable de las históricas desigualdades de clases, de regiones, culturales y étnicas. Tras el período que se inicia con la crisis de la deuda, en 1982, y la posterior aplicación de los criterios vinculados al Consenso de Washington, el panorama latinoamericano ha cambiado por completo. La región ha logrado exhibir mayores desigualdades y más execrables formas de exclusión que en toda la historia previa. Pero no sólo con respecto a su pasado. Es actualmente la porción del planeta con mayor desigualdad (Banco Mundial. 2004). Aquella tendencia no se ha alterado, toda vez que en un diagnóstico más reciente se afirma que esa característica socioeconómica sigue siendo "alta, persistente y se reproduce..." (PNUD. 2010, 1).

El voto de los mercados

Las políticas que se impulsaron para apuntalar el enraizamiento de este modelo con las llamadas reformas de "primera generación" que, como en el caso de Chile se aplicaron "sin anestesias" bajo dictadura militar, se orientaron al desmontaje de las empresas estatales, la privatización y la apertura al exterior, para vincular la organización de las economías al ciclo exportador, eliminando el funcionamiento de los controles reguladores sobre el mercado. Las siguientes reformas, las llamadas de "segunda generación", impulsadas en contextos de democracias electorales, buscaron introducir mecanismos y variantes de financiamientos en la capacidad institucional del Estado, con campos de afectación en la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social.

Más allá de las formulaciones y decisiones queda claro, en todo caso, que todas las reformas subsecuentes a las primeras, se hicieron manteniendo incólumes los fundamentos sistémicos de privatización y desregulación financiera. Los procesos políticos actuales han estado marcados por el predominio indiscutible de los grandes intereses articulados alrededor del capital financiero, atados a su vez al desenvolvimiento de la economía mundial. La circulación de los capitales sin controles ni restricciones constituye el motor del modelo. Dentro de esa dinámica los movimientos de capitales se han autonomizado en gran medida de las variables reales de la economía. Estos movimientos, que operan prácticamente fuera de la definición política y el control institucional por parte de las autoridades monetarias nacionales, formatean los ya de por sí estrechos márgenes de autonomía de las políticas de los países.        

Convertido este férreo marco en sistema, es al que las autoridades nacionales suelen referirse cuando expresan su incomodidad o preocupación sobre el "entorno difícil", como si se tratara de una variable virtualmente fuera de control y más allá de los espacios nacionales. No obstante la dosis de eufemismo, esta expresión política no es tan descabellada. Las sociedades de la periferia, como las nuestras, en efecto, no disponen totalmente de su capacidad estatal para ejercer de manera cabal el principio político de autodeterminación, ni siquiera para decidir integralmente sobre sus recursos fundamentales como tampoco sobre el modo en que se definen los contenidos u orientaciones principales de sus políticas.

Más allá del espejismo que secreta la dominación neoliberal, especialmente en el campo de la ciudadanía consumidora y las participaciones electorales, los criterios que fundamentan las decisiones políticas son predefinidos lejos del movimiento real de las necesidades del desarrollo de nuestros países. Sigue siendo muy ilustrativo a este respecto lo que en pleno apogeo de la hegemonía aperturista señalara el profesor Aldo Ferrer, en el sentido de que "el sistema es gobernado por las expectativas y decisiones de los operadores privados y no por el poder político. Periódicamente, en los sistemas democráticos los electores eligen a sus gobernantes, pero los mercados votan todos los días. Estos son, en definitiva, los que deciden" (Ferrer, A. 1996, 1368).

La incubación de la crisis

Desde cualquier perspectiva en que se efectúe balance del impacto de las reformas estructurales impulsadas desde finales de la del 80 en América Latina, se puede fehacientemente señalar que, si bien el Estado fue obligado a restringir su soberanía en lo financiero y comercial por la incidencia de actores intergubernamentales, como las instituciones financieras internacionales, y de actores no estatales como las corporaciones transnacionales, la globalización económica erosionó pero no eliminó su capacidad en tanto estructura de dominación. Más bien tendió a reforzar su papel en la defensa y, especialmente, en la seguridad regional, al tiempo que EEUU comenzaba a perder influencia en la región, en el sentido de definir la agenda hemisférica prácticamente sin contrapesos.

En este contexto general es necesario situar la coyuntura regional que se desarrolla a partir de finales de la década del 90 del siglo pasado y en la década actual, con el ascenso al poder gubernamental de plataformas programáticas que en diversos registros toman distancia del Consenso de Washington. Los procesos políticos vinculados a la emergencia de los gobiernos electoralmente triunfantes durante esta coyuntura regional, no han estado disociados de una voluntad proclive a la reafirmación de la recuperación de soberanía nacional, en una mezcla de reivindicaciones de cierto nacionalismo, en su concepción tradicional, y un cuestionamiento a la intervención e influencia hegemónica de actores extraregionales, particularmente de Estados Unidos. Esto último fue particularmente notorio en 2005 cuando en la región aparece severamente cuestionada la idea de libre comercio.

Estas tendencias políticas no son uniformes. Sin embargo, pueden inscribirse dentro un conjunto de dinámicas que involucra, en registros distintos, la búsqueda por imprimirle a la capacidad estatal un rol más eficiente, regulador y con mayor incidencia en lo internacional, así como en la dimensión endógena. Sus prolongaciones, que no son mecánicas, tienen que ver con planteamientos que buscan profundizar la democratización social y política. Su trasfondo parte del cuestionamiento y el rechazo a las reformas de corte neoliberal. Es en la senda de esta gran avenida en que ha comenzado a redimensionarse la discusión sobre las democracias restringidas, en la perspectiva de las aspiraciones de soberanía popular, reconstrucción de ciudadanía y participación.

Democratización y dominación: el nuevo mapa geopolítico regional

Más allá de las señales de crisis y de cuestionamientos al unilateralismo de la política norteamericana, ¿hasta qué punto puede resultar lícito trabajar la idea de que América Latina todavía se encuentra bajo la imposición de programas neoliberales? El orden que resulta de estas coordenadas exhibe resquebrajaduras cuyas expresiones están principalmente en la dinámica regional. Hay un proceso de declive del neoliberalismo, aunque su crisis, en el marco de una crisis sistémica mayor, todavía no ha tocado fondo. Puede advertirse en este sentido el despliegue de un proceso político transversal que, aunque de potencialidades y articulaciones heterogéneas, cruza a toda la región latino-caribeña. Entre sus variados ingredientes se encuentra la invocación a un referente emancipador. Venezuela, Bolivia y Ecuador son, a no dudarlo, los procesos gubernamentales y políticos más avanzados en esta perspectiva. Son proyectos gubernamentales que en su proceso de constitución registran en la movilización de masas, amplia, diversa y multiforme, su referente identitario fundamental. El Caracazo de 1989, que fue el resultado de la respuesta social forjada contra un paquete fondomonetarista, la llamada Guerra del agua y el gas en Bolivia, con un sentido social y político antiprivatizador, y el derrocamiento de gobiernos neoliberales por fuerzas populares movilizadas en Ecuador, especialmente en abril de 2005, son los antecedentes más notables en el desarrollo de este proceso.

Importantes revueltas populares, de signos ideológicos diversos y composiciones sociales muy amplias, las cuales llegaron en muchos casos hasta el derrocamiento de gobiernos de corte o inspiración neoliberal como en Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Argentina y Haití, son los ingredientes de este espacio analítico donde se constituye el actual mapa político de la región. Sin que sean idénticas estas experiencias de lucha social, el elemento común en ellas está dado por el contenido popular que en cada caso se articuló para bloquear o desmontar la aplicación de programas neoliberales o de incumplimientos de las promesas de campaña. Desde una mirada ortodoxa y esquemática es poco lo que se puede entender de lo que se ha venido cultivando en estas experiencias, incluso el hecho de forjar sendos referendos para la aprobación de lo que, en algunos casos, ha significado contar con una nueva carta constitucional en medio de fuertes resistencias de las estructuras políticas conservadoras. Más allá de discutir sus funciones, el replanteamiento del Estado ha ocurrido en un sentido refundacional. Estado y democracia construyeron en estas experiencias un importante canal de participación social, de cara a los asuntos del poder a través de asambleas constituyentes, afectando pilares fundamentales de la dominación. Los alcances conceptuales de este proceso tienen un buen asidero de discusión en un conocido trabajo del sociólogo de Coimbra, especialmente cuando en su empeño por visualizar los límites de la democratización aborda el tema relativo a la "crisis del contrato social" (De Sousa, B. 1999, 10). Es decir, una democracia más allá del ejercicio político cuyo horizonte llega apenas hasta la movilización de un esquema de alternancias. Sin perjuicio de la democratización en terreno de la lucha por la representatividad, los procesos más avanzados remiten a la necesaria lectura desde la dimensión estratégica que implica rearticular y reafirmar los contenidos materiales que refieren al poder político (Roitman, M. 2005). Otro ángulo conceptual, coherente con esta franja de preocupación, desde el cual se puede discutir las implicaciones geopolíticas de la democratización, se puede encontrar en L. Tapia (2009).

Es en la densidad de estas experiencias de lucha, de resistencia, de oposición y de estructuración de alternativas que se dinamiza en la historia reciente, el lugar analítico de donde surgen las referencias para entender el significado de los gobiernos electoralmente triunfantes. El arco temporal puede dibujarse desde las elecciones de Brasil en 2002 hasta las de El Salvador en 2009, que en su conjunto van dibujando un nuevo mapa político en la región. No es sino dentro de esta nueva situación política donde tiene cabida la explicación de por qué no han podido avanzar más las políticas de "libre mercado" y sus tratados comerciales. Cabe un señalamiento a este respecto, toda vez que, dentro del conjunto de países latinoamericanos, los que reportan un mayor porcentaje de comercio con Estados Unidos no son precisamente aquellos que tienen firmados tratados bilaterales de libre comercio. Estos son los casos de Brasil y Venezuela. No deja de llamar la atención que sean los gobiernos de estos países los que están entre los que se caracterizan por mantener una distancia crítica, en grados distintos, con respecto a la política regional que mantiene la marca registrada por Washington.

Frente a los valores de "libre mercado" y "competitividad" han surgido referentes distintos que requieren ser analizados como parte de los procesos políticos. Otros son los criterios e invocaciones ideológicas que emergen en su dinámica política. En esa misma perspectiva se discuten principios a favor del "comercio justo" o el del "intercambio solidario". También destaca la importancia de una agenda geopolítica para la autodeterminación y la soberanía. Allí están los gobiernos que han coincidido en el impulso de propuestas diferentes de integración, que ha dado en denominarse Alternativa Bolivariana para Nuestra América (ALBA), conformada entre 2004 y 2007, que fuera concebida básicamente para contrarrestar la hegemonía de EEUU. Como proyecto contrapuesto al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) constituida oficialmente en mayo de 2008. Tributarios de estos proyectos son los planes del Banco del Sur, el Consejo Sudamericano de Defensa que, junto con otros proyectos como Petrocaribe, son respuestas políticas que encuentran un eslabón importante de continuidad en la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, constituida en la Riviera Maya mexicana en febrero de 2010 (Rojas, F. 2010). Sin embargo, por arduos que hayan sido los esfuerzos multiformes de trazar esta ruta, de coincidencias en la diversidad, más allá del liderazgo norteamericano, su notable significado político y potencial democratizador tiende a empalidecer cuando se focalizan los desafíos internos y externos que deberán afrontarse.

Para la proyección de esta alternativa de desarrollo e integración no subordinada, resultaba crucial ganar las elecciones, llegar al gobierno y proyectar un "buen gobierno" para generar los espacios de concertación. Ese "buen gobierno", ya lo estamos viendo, conforme avanza en la implementación de su programa, se va enfrentando de manera inevitable con el sistema de dominación. He aquí un núcleo fundamental de discusión que tiene su punto neurálgico con lo que significa el mandato popular y el desarrollo de una nueva articulación política.

El reconocer en este juego de tendencias y contratendencias la parte benéfica que se viene configurando en el escenario político regional de América Latina, en favor de la democracia y la soberanía, no es para sacar cuentas alegres. Cada democracia contiene su propia antidemocracia. Colocada en perspectiva histórica, la democratización en su dimensión política arrastra fuertemente las restricciones estructurales, vinculadas al desarrollo del capitalismo y a sus intereses fundamentales (Cueva, A. 1988). La heterogénea oposición al neoliberalismo, como modelo de desarrollo, no implica en todos los casos, un cuestionamiento al sistema de dominación ni una amenaza a la vigencia de sus soportes internos y externos. Pero cuando la democratización avanza hasta el mismo umbral del sistema de poder, la reacción no se hace esperar. Históricamente esto tiene fuerza de ley. De allí que sea conveniente, desde cualquier perspectiva de análisis, considerar los severos desafíos a los que se enfrentan los procesos actuales de democratización que tienen en la autodeterminación su referente fundamental. Sin minimizar la importancia de la extendida práctica de desestabilización, allí está el didáctico expediente de los golpes e intentos golpistas: en 2002 fue Venezuela, en 2008 Bolivia, en 2009 Honduras y el 30 de septiembre de 2010 fue Ecuador, todos miembros de ALBA.

Entre el libre comercio y la seguridad

Los llamados factores externos o hemisféricos conforme se profundizan los procesos políticos endógenos de transformación son cada vez menos externos. En tal sentido, no resulta muy complicado apreciar que bajo el ropaje discursivo de la "lucha contra el terrorismo y el narcotráfico" se han venido articulando nuevas presiones hacia América Latina. En torno a estos referentes se construyen las invocaciones que sustituyen a aquellas que sirvieron para "justificar" la lucha "contra la subversión", enfrentar la "guerra interna" y la amenaza del "comunismo". La falta de independencia de muchos gobiernos latinoamericanos, para definir una postura con relación a la "lucha antiterrorista" inserta en la política norteamericana, favorece la intromisión y la pérdida de soberanía (Salinas, D. 2004).

La elasticidad de la conceptualización que subyace a la política hegemónica enunciada en términos de la lucha contra el terrorismo, hace que su accionar práctico colinde con las que desde una lectura conservadora pudiera justificar medidas policíacas en contra de la demanda social (Chomsky, N. 2002). Tributario del neoliberalismo, hay un denso sustrato socioeconómico que en América Latina y el Caribe puede potenciar los gérmenes de la conflictividad social y política. Entre la compresión democrática de este proceso y la caracterización conservadora de "desestabilización" vinculable a la "amenaza del terrorismo" puede haber sólo una frontera muy tenue. En este sentido, un riesgo que potencialmente amenaza el ejercicio de la política en América Latina es que esa lógica de seguridad, derivada de la política norteamericana, imponga un concepto de "seguridad regional", en virtud del cual el control militar y/o policíaco se haga cargo del conflicto social, lo que supondría un paso decisivo hacia la criminalización de la protesta social.

En cuanto a los criterios que están operando en la estrategia político-militar de "seguridad hemisférica", además de la realización de ejercicios militares conjuntos, cabe mencionar el Plan Colombia, la "Iniciativa Regional Andina", el fortalecimiento del Comando Norte y el desarrollo de la práctica política norteamericana para influir en los procesos de "certificación" sobre nuestros países tanto en materia de "democracia", como de "derechos humanos" y cooperación en "lucha contra el narcotráfico".

Tienen un peso específico dentro de estas coordenadas aquellos países que, como Colombia, Venezuela, México o Ecuador, son productores y proveedores importantes de petróleo. Los intentos norteamericanos de aumentar la producción petrolera en los yacimientos de estos países o abrir la exploración y explotación para el capital privado transnacional no cuentan con todas las condiciones requeridas, como en el pasado, para garantizar su viabilidad. Tal es el caso de Venezuela, cuya política energética se encuentra más próxima a la utilización de sus recursos para su desarrollo y la cooperación bajo criterios de independencia, además de la regulación estatal que rige para la participación extranjera. Es conveniente tener en consideración que para Estados Unidos las dificultades de acceder a los recursos energéticos foráneos constituye una amenaza para su seguridad. En este sentido la hipótesis según la cual la guerrilla colombiana es un potencial obstáculo para la política energética norteamericana no resulta demasiado descabellada. Si por medio del Plan Colombia se refuerza la colaboración con la policía y el ejército en su empeño por neutralizar o aniquilar al narcotráfico y las guerrillas de ese país, se estarían asegurando mejores condiciones para aumentar la producción de crudo. Los fundamentos de este razonamiento se vinculan con el Plan Nacional de Energía, según el cual se considera que el país Estados Unidos tendría que satisfacer con importaciones una proporción creciente de sus necesidades energéticas totales para asegurar el funcionamiento de sus empresas, industrias y el sostenimiento de su inmensa flota de automóviles, camiones y aviones, y dispositivo bélico. De ser precisa esta referencia es lógico considerar que sin un incremento de la oferta agregada de energía Estados Unidos podría enfrentar una amenaza a su seguridad. Estas razones parecen enteramente suficientes para pensar que el Plan Colombia se ha inscrito desde sus inicios en el centro de la problemática de la seguridad regional (Petro, G. 2005).

La otra referencia sobre la que reposa la política norteamericana es la estrategia que ha sido enunciada en términos de liberación comercial. Desde su formulación no ha existido foro o reunión en los que no se haya proclamado los beneficios potenciales para nuestras economías siempre -claro está- que los gobiernos hicieran suyas la creación de las condiciones institucionales necesarias para terminar de convertir a la región en el Área de Libre Comercio. El impulso de tal concepción, con la "Iniciativa para las Américas", arrancó aquel 27 de junio de 1990 bajo el mandato del entonces presidente Bush. Durante la presidencia de Clinton, en 1994, en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami, avanza la iniciativa con el formato de un Acuerdo de "Libre Comercio para las Américas", propuesta cuya expresión de mayor solvencia financiera y política tuvo su punto de concreción en 1998 con el llamado "Consenso de Washington". La proyección estratégica derivada hizo que el concepto de "libre comercio" haya ido ocupando una marcada centralidad en la articulación de los mecanismos económicos, comerciales y financieros. A pesar de que el esquema comercial promovido desde Washington hacia la región no pudo garantizar plenamente su continuidad en los términos establecidos, especialmente patente en el 2005 con el severo cuestionamiento del que ha sido objeto el ALCA, se ha impulsado una política paralela de acuerdos o tratados bilaterales o subregionales. En este sentido, se puede ratificar que el comercio, de acuerdo a los criterios predominantes en la política norteamericana constituye una pieza importante de su hegemonía. En la misma línea de esta consideración, A. Guerra-Borges, concluye que el carácter de tales acuerdos regionales y bilaterales

persiguen la preservación de espacios geográficos de influencia y la promoción de sus intereses en sectores específicos como los textiles y el vestuario, la biotecnología, los productos farmacéuticos, las telecomunicaciones y las finanzas, entre otros; como también objetivos estratégicos, como la seguridad de largo plazo del acceso a recursos energéticos y, en general, de materias primas" (2008, 281).

La alternativa: un nudo problemático para el pensamiento crítico

La política hemisférica que pesa hegemónicamente sobre América Latina y el Caribe proviene de un sistema económico en crisis. Más allá de toda retórica, no parece exagerado atribuirle a la crisis actual su dosis de incertidumbre en cuanto a la trayectoria que le depara. Sin embargo, hay un punto de discusión que resulta claro. Las clases dominantes van a realizar seguramente todo lo que sea posible para desplazar el impacto de la crisis hacia los que dependen del trabajo. La crisis financiera y la recesión económica trasladarán tarde o temprano sus "costos" sobre los presupuestos sociales y el empleo. El traspaso del dinero público para solventar la política del rescate tal vez sea el más inequívoco anuncio.

En cuanto a la crisis financiera, es probable que todavía no tengamos todos los elementos desplegados como para evaluar sus impactos. La crisis actual, que se desata en 2008, es en todo caso más que financiera (Caputo, O. 2010). Mientras tanto, dada la histórica relación de dependencia, especialmente de aquellas economías cuyo comercio tiene como punto de llegada principal el mercado norteamericano, seguramente sufrirán el mayor impacto negativo en lo inmediato.

Llegado a este punto no parece conveniente dejar de reparar en algo que resulta alarmante. Aunque el asunto aparezca apuntado con cierta liviandad, situado en la perspectiva del cambio es crucial. Desde hace mucho tiempo se sabe que es en la crisis cuando se nota la verdadera dimensión de los problemas. Aquí la retórica es más potente que las ideas. Porque no es muy complicado constatar la pobreza de las propuestas frente a la crisis. La referencia aquí apunta a las propuestas alternativas. En el pensamiento crítico todavía pesa esa especie de fardo de los modelos antisistémicos fallidos y las respuestas a la crisis actual revelan dramáticamente las consecuencias de esta pobreza conceptual que remite, en última instancia, a la pobreza de las ideas de izquierda. Por esta senda se puede encontrar, y con razón después de la larga dictadura del libre mercado, un torrente de preocupación por volver a la soberanía del Estado. ¿Para qué? Para exigirle su papel regulador. Regular la desregulación dirían en el FMI. O, para adoptar políticas anticíclicas, fiscales y monetarias. Cuando la situación previa ha sido tan catastrófica, es decir, cuando el umbral de comparación es tan bajo, cualquier iniciativa diferente siempre parece ser mejor. También en el análisis de la política rige el criterio estadístico. Pero en la perspectiva del cambio político frente a un sistema, que a pesar de su crisis sigue siendo notablemente articulado, este no es el problema. Si se concibe el problema de la crisis también como una oportunidad, esta crisis no ha recibido la respuesta suficiente. La mirada que prevalece sobre el Estado es apenas un índice de lo que aquí está planteado, porque el Estado -no está de más recordar- es mucho más que un conjunto de aparatos. Es a la vez una estructura de poder y un sistema de dominación. Cada vez que se produce un avance en aquellos procesos políticos que se empeñan por modificar el poder en que descansa la dominación, las respuestas son muy parecidas, en el sentido no sólo de la resistencia oligárquico-burguesa, sino de la amenaza de reversiones incluyendo el uso de los recursos desestabilizadores internos y externos. La conceptualización y las respuestas están por debajo de la envergadura del problema.

Más allá de este alcance, sobre la producción de conocimientos sobre nuestra región, lo que interesa subrayar aquí es que no hay que descartar la posibilidad de una salida conservadora a la crisis, que de ser así podría ser todavía aún más excluyente que la experiencia previa. Esta probabilidad se incrementa si se tiene en cuenta a aquellos países más desregulados, marcadamente primario exportadores y que tienen suscritos acuerdos o tratados de libre comercio con Estados Unidos. En cambio, para aquellas economías con un comportamiento comercial relativamente más diversificado y más directamente comprometidas en la búsqueda de políticas alternativas de integración, como las que se encuentran involucradas en el proyecto ALBA, el escenario será seguramente complicado, pero con la salvedad de que disponen de una perspectiva en la que podrían colocar nuevos empeños en sus criterios y políticas de cooperación, en la medida que tienen algunos trazos para forjar una perspectiva, uno de cuyos ingredientes germinales se puede advertir en el posicionamiento antineoliberal. Es precisamente en articulación con este posicionamiento de donde surgen líneas que se proyectan hacia el campo de la integración. Aquí se ha reabierto un debate de larga data, pero que en las actuales circunstancias, se complejiza en referencia a los objetivos manifiestos de aquellos principios emancipadores y, por otro lado, a los requerimientos concretos en la coincidencia regional que supone hacer depender la política concreta de los planes gubernamentales, las prioridades y los sujetos involucrados (Katz, C. 2006, 11).

Gobierno demócrata estadounidense y América Latina

El referente que hace al resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha sido recibido, en general, con justificada expectación si nos atenemos a la pesada herencia que se desprende de los aciagos años que fueron los de la administración de George W. Bush. El mismo resultado electoral ya constituyó un importante hecho político. Además, por las características de esa coyuntura y el estilo de su campaña, también incidieron en que se alimentara la idea en favor de un cambio positivo que modificara las formas de relación de Washington con nuestra región, así como para el tratamiento político de los problemas y las diferencias que prevalecen en el Hemisferio.  Sin embargo, situados en una perspectiva de mayor alcance, a partir del beneficio que muy pronto nos brindó el tiempo transcurrido, no parece razonable alimentar ninguna expectativa de transformaciones significativas. Obama, de no haber anticipado las garantías estratégicas, de acuerdo con las características centrales que define el sistema político y electoral norteamericano, no habría alcanzado a convertirse ni siquiera en precandidato. Tampoco está de más recordar que los contenidos fundamentales de su campaña no se definieron en oposición a los intereses constitutivos de la estructura de poder. La distancia adoptada con respecto a los republicanos era electoralmente necesaria y requerimiento de la clase dominante; más allá de republicanos y demócratas, necesitaba recomponer algunas aristas simbólicas de su imagen, siempre en aras de sus intereses globales.

El reconocimiento externado por el presidente de que la práctica de la tortura erosiona no sólo los valores sino la credibilidad de Estados Unidos, es tan importante como la vigencia de su misión en materia de seguridad en el mundo, cuyos fundamentos siguen intactos como los soportes de la estructura estatal norteamericana, entre ellos la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que están más aptos para otorgar impunidad que favorecer un proceso genuino de cambio en contra de la tortura y de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Una valoración ponderada como ésta puede servir para tratar de avanzar en la ruta de un proceso comprensivo impostergable.

Para infortunio nuestro no hay en el registro de los análisis latinoamericanos ninguna evidencia sustantiva que sugiera fehacientemente un cambio que favorezca nuevas formas de relación. La administración demócrata no ha formulado mejores propuestas para superar sus dificultades derivadas de la mantención política y militarmente deficitarias de las guerras en Irak y Afganistán. Tampoco ha podido hasta ahora recomponer el arco de sus alianzas ni ofrecer mejores formas de relación con sus adversarios, al tiempo que en el escenario del capitalismo mundial se encuentra permeada por una profunda crisis económica. Sin embargo, la inomitible erosión política que este cuadro acarrea en la política norteamericana no abona argumentos suficientes para dejar de considerar en un lugar de alta prioridad analítica la capacidad de recomposición de su hegemonía en el mundo. Tres hechos aparentemente aislados sirven para apoyar esta apreciación. Después de acusar de falta de transparencia y cooperación sobre su programa nuclear, logra sin mayores esfuerzos el "consenso activo" del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de un punto de acuerdo que sanciona a Irán; todo lo cual ocurre a contracorriente de la legalidad internacional que no le impide a este país que continúe su programa en esa materia. Esa misma capacidad no es ajena a su decisión de mantener la IV Flota en aguas territoriales del Atlántico y el Caribe (Borón, A. 2009). Con las piezas anteriores se articula el mantenimiento del bloqueo contra Cuba, no obstante las reiteradas decisiones en contra, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con relación a este último punto, la pregunta formulada por R. Hernández, (2008, 49) adquiere hoy, según nuestra opinión, una notable proyección: "¿qué pasaría si Estados Unidos les preguntara por Cuba hoy, de nuevo, a los gobiernos latinoamericanos?"

Si todos estos referentes son plausibles en una reflexión formulada a partir de la problemática de la democratización y sus aristas geopolíticas, queda el saldo de una larga línea de tareas pendientes en cuya perspectiva hay referencias promisorias, como el proceso de constitución de gobiernos electoralmente triunfantes en una franja importante de la geografía política latinoamericana, habida cuenta de sus propuestas endógenas en materia de cooperación regional y recuperación de la soberanía. Pero subsisten a la vez desafíos complejos, y por momentos inciertos, uno de los cuales estriba en la necesidad de modificar los términos de la relación entre Estados Unidos y esta porción latino-caribeña de naciones para impulsar un esquema político y diplomático de relación cualitativamente diferente. Esta necesidad no es antojadiza, porque puede ser muy larga la lista en el expediente de acciones desestabilizadoras o conspirativas, encubiertas o abiertas, si se trata estudiar las injerencias norteamericanas a través de cualquiera de sus agencias gubernamentales.

En esta misma línea de consideración, el golpe de Estado en Honduras, del 28 de junio de 2009, también arroja interrogantes importantes que las podríamos resumir en una pregunta: ¿si el Pentágono estuvo detrás del golpe de Estado, por qué la Casa Blanca, que reprobó inicialmente esa forma de acción política, no hizo todo lo necesario para evitarlo o remediarlo?

Quisiera detenerme brevemente en la conducta norteamericana durante la crisis hondureña. Es preciso reconocer que si bien la superpotencia se enfrenta a un proceso de erosión de su dispositivo hegemónico, disminución de su capacidad de dominación y control sobre el sistema internacional, así como su gravitación económica global, no es menos cierto que esta tendencia no se traslada mecánicamente a América Latina y el Caribe. No sería exagerado, entonces, afirmar que ante un debilitamiento relativo del imperio en la arena mundial, Estados Unidos propenderá a aferrarse con más fuerza a "su patio trasero" y su estratégico entorno inmediato de seguridad territorial. De ahí que su declinación global no necesariamente signifique un deterioro equivalente de su capacidad para controlar su tradicional "zona de influencia". Es indudable que el predominio que Estados Unidos tenía antes en la región hoy no es el mismo, si consideramos la existencia de importantes contrapesos. Pero sería un gravísimo error creer que ha desaparecido. Las autoridades norteamericanas ciertamente no reconocieron al gobierno que se instaló tras el golpe de Estado en Honduras. Sin embargo, a diferencia del posicionamiento mayoritario de la comunidad latinoamericana y caribeña, tampoco hubo una condena hacia los golpistas. El método utilizado para destituir al gobierno legítimo de Zelaya tampoco fue cuestionado. Por sobre las expresiones de la Casa Blanca ante el golpe de Estado, se impuso finalmente la decisión de contribuir a la "normalización" del país, que para efectos políticos significó el apoyo a la generación de condiciones que más tarde se concretaron en la realización de las elecciones, en una especie de "borrón y cuenta nueva", así como los pasos dados hacia la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos.

Otra expresión no menos contundente que refuta aquella afirmación que alimenta la creencia de que América Latina ha perdido importancia en la agenda norteamericana es el tema de las bases militares. La base aérea de Manta, estratégicamente instalada a orillas del Océano Pacífico en territorio ecuatoriano y que brindó durante casi diez años a Estados Unidos un puesto operativo de avanzada, dejó de existir el 18 de septiembre de 2009. A la decisión del gobierno ecuatoriano de poner término a aquel convenio que le diera vida a esa base, le sucede otro convenio de cooperación militar con Colombia que permitirá a la política norteamericana hacer uso de siete bases militares en ese territorio, con todo lo que ello implica para la agenda de seguridad y defensa en el continente. La expresión incipiente de contrahegemonía, instalada en la voluntad política de UNASUR, no ha sido suficiente para impedir la cooperación sobre bases militares, ni siquiera para lograr que al menos se transparentaran los términos reales del convenio, que de haber podido ocurrir habría significado un hecho diplomático importante. No es este el lugar para un análisis pormenorizado, pero para los efectos de esta reflexión basta con señalar que el sólo planteamiento sobre bases militares son un acelerador para la carrera armamentista, además de constituirse en un índice de la misma. Lejos también se encuentra esa decisión para avalar una conducta demócrata que se aleje de la historia en su regularidad injerencista o intervencionista. A este respecto no sobra la suposición de que, por ejemplo, si se instalara el Comando Sur en la base de Palanquero podría llegar a los territorios de países de América del Sur o del Caribe para la ejecución de cualquier operación. He ahí la misma voluntad estratégica y anticipación articulada de medios, que en nombre de la "ayuda humanitaria" despliega fuerzas de ocupación en territorio haitiano con posterioridad al terremoto ocurrido en febrero de 2010 en el país caribeño.

No nos hagamos ilusiones. Más allá de la Casa Blanca, más allá del gobierno de Obama y de la distinción, necesaria por supuesto, entre demócratas y republicanos, el punto central que metodológicamente se necesita jerarquizar es el análisis del modus operandi de la clase dominante norteamericana y su articulación con el complejo militar-industrial-petrolero-financiero. Tales intereses son los que mantienen la capacidad de convalidar al golpismo en América Latina, que puede coadyuvar procesos de desestabilización contra gobiernos legítimamente constituidos cuando sus políticas no coinciden con sus predicados, que puede mantener la base de Guantánamo sin que la correlación hemisférica se lo pueda impedir, que puede contribuir o convalidar la atroz operación militar invasiva que ha perpetrado en Sucumbíos el primero de marzo de 2008 por tropas del ejército colombiano. Hechos referenciales todos y que constituyen, a no dudarlo, señales preocupantes, porque son una advertencia para aquellos gobiernos progresistas y para aquellas nucleos diversos de fuerzas sociales dispuestas, desde abajo, a encaminar el contenido de la democracia en nuestras sociedades. En un contexto de crisis del neoliberalismo, aunado a un severo cuestionamiento del sistema de dominación, la disputa por la hegemonía de los procesos políticos se encuentra abierta. Esa disputa pasa por la disyuntiva entre la profundización de las transformaciones democráticas con autodeterminación o las tendencias de recomposición conservadora con sus objetivos de infringir derrotas políticas al campo progresista y las expresiones de izquierda. No hay que desmerecer que la franja conservadora vinculada a los intereses estratégicos norteamericanos tiene bastiones importantes en el continente, incluyendo también gobiernos electoralmente triunfantes. Conocer mejor la naturaleza de estas tendencias y fuerzas que ocupan el escenario estatal de la política y sus contradictorios vínculos con la geopolítica hemisférica constituye, a no dudarlo, uno de los desafíos más importantes para el pensamiento crítico latinoamericano.

Notas

1- Texto actualizado de la conferencia ofrecida en el IV Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, X Seminario Argentino–Chileno y IV Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales, bajo el tema general "La travesía de la libertad ante el Bicentenario", organizado por el Instituto de Filosofía Argentina y Americana–IFAA y el Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos–CETyL, de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, 10 al 12 de marzo de 2010. El autor agradece el apoyo académico que Adán Baltazar García Fajardo le ha brindado para este trabajo en su calidad de asistente de investigación.

2- Sociólogo, profesor–investigador del Programa de Postgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Coordina el Seminario Permanente de "Gobernabilidad e Instituciones Políticas en América Latina". <dario.salinas@uia.mx>.

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