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Cuyo

versión On-line ISSN 1853-3175

Cuyo vol.28 no.1 Mendoza ene./jun. 2011

 

ARTÍCULOS

En el espejo del Bicentenario

On the Mirror of the Bicentenary

 

María Luisa Rubinelli1
UNJu

 


Resumen

Se analizan condiciones históricas de la conformación de la Región del Noroeste argentino, con sus particulares características, así como incidencias del proceso revolucionario de 1810 y algunas repercusiones del mismo en el futuro de la Región. Se acude para ello al aporte de estudios históricos, lingüísticos y antropológicos regionales, así como al testimonio de pensadores comprometidos con su realidad. La población descendiente de los pueblos originarios aparece sumergida en situaciones de desigualdad y explotación a lo largo del período recorrido, lo que se expresa a través de obras de luchadores como M. A. Tanco, J. L. Torres y el grupo Tarja. En la actualidad, y a pesar de los avances realizados a nivel de Acuerdos y Declaraciones de organismos internacionales, la demanda de su legítimo y efectivo reconocimiento es una deuda pendiente, lo que conlleva connotaciones éticas que cuestionan las bases de nuestro sistema democrático.

Palabras claves: Región NOA; Historia de las Ideas; Proceso revolucionario; Pueblos.

Abstract

The author analyzes the historical conditions of Argentina's Northwest during its conformation, and its particular characteristics through the revolutionary process of 1810 and some of its repercussions in the future. Historical, linguistic and regional anthropological studies are used in this analysis, as well as the testimony of the engaged humanists (thinkers, philosophers) of its time. The local native population appears in situations of inequality and exploitation during this long period, as seen through the works of leaders such as M. A. Tanco, J. L. Torres and the Tarja group. Currently, in spite of the progress achieved at the level of Agreements and Declarations by international organizations, their legitimate demand and actual recognition is a pending debt, which carries ethical connotations that question the basic principles of our democracy.

Keywords: NWA Region; History of Ideas; Revolutionary Process; Peoples.


 

Situándonos en la provincia de Jujuy, queremos reflexionar sobre el Bicentenario, celebrado el año pasado. Para nuestro propósito recurriremos a aportes de historiadores, antropólogos, lingüistas, sociólogos, poetas y luchadores sociales, acercándonos a la región, desde la aproximación a su conformación y a su historia.

En relación con esta última, Flora Guzmán recuerda:

[...] originariamente [sus] [...] habitantes fueron indios pobladores del Kollasuyu [...] del imperio incaico que, por el sur, se extendía hasta el NOA. De allí les quedó el hombre de collas que hoy resulta peyorativo [...]. [Aunque] en los últimos tiempos los movimientos indigenistas o indianistas [lo] rescatan [...] como afirmación de identidad (Guzmán, F. 1997, 120).

En la Puna y la Quebrada de Humahuaca, sin embargo, se desarrollaron culturas preexistentes al avance del incario hacia el sur del Cusco.

Dice Guzmán:

[...] pertenecemos a una región geográfica estructurada alrededor de dos ejes históricos: el [...] del Virreinato del Perú al que histórica y culturalmente pertenecemos y el otro eje cultural: el del Virreinato del Río de la Plata, más tardío y que vino a modificar la organización del país (Guzmán, F. 1997, 51).

Ana María Lorandi destaca -coincidiendo con Guillermo Madrazo- que

[...] los pueblos de indios [de la Puna y la Quebrada de Humahuaca] no perdieron su carácter comunitario ni su identidad hasta bien entrado el siglo XIX. Este proceso se vio retroalimentado desde el siglo XVIII por nuevos migrantes que llegan desde el altiplano reforzando el perfil indígena de este sector del noroeste [...] [que] se refleja en particular en la perduración de un folklore que tiene fuertes raíces andinas, y en la capacidad restaurada de reclamar por los derechos de las tierras comunales [...] a fines del siglo XIX (Lorandi, A. M. 1992, 153).

Sin embargo Madrazo aclara que "mediante subterfugios legales o directamente a espaldas de la ley" los indios de esta zona habían sido despojados de sus tierras más fértiles. La servidumbre "se manifestó [...] con mayor peso relativo a través del pago forzoso de deudas diversas con trabajo, un fenómeno que en las áreas rurales tuvo su expresión sobre todo en el endeudamiento del indio con el encomendero por tributos impagos" (Madrazo., G. 1982, 16-17). El "peonaje por deudas", sistema coercitivo que, aplicado a la población indígena, provoca su endeudamiento forzado, hace que "la deuda, siempre renovada, se [pague] con trabajo", generando enormes riquezas.

Por otra parte, cuando a mediados del siglo XVII la sublevación diaguita es dominada, "el cacicazgo fiel a la tradición étnica originaria [va a desaparecer] [...] para dar paso a una jefatura [...] orientada... [a] lograr la regulación de los pagos". Los caciques fueron obligados a asumir las deudas, y a presionar a los tributarios.

En el campo religioso [...] la relación se daba entre el sacerdote por parte de una de las estructuras y el curaca por la otra [...] [quienes actúan] [...] a) imponiendo a sus indios obediencia al encomendero y a las autoridades e instituciones coloniales; b) asumiendo la responsabilidad directa en lo relativo a la recaudación de los tributos; c) ejerciendo una participación activa en la búsqueda y reintegro de los indios originarios ausentes; d) [...] distrib[yendo] [...] los turnos de mita y [...] vigilan[do] [...] su cumplimiento; e) liderando acciones vinculadas con el culto (Madrazo, G. 1982, 101, 107, 109, 110).

De esta manera, la organización del sistema de autoridades políticas de las comunidades se va insertando en el esquema organizativo de la Colonia, ya que "a medida que aumentaba el control español del territorio, los indios se veían despojados de sus tierras que eran ocupadas con ganado, en tanto ellos eran trasladados a lugares menos aptos para la actividad agropecuaria". Mientras desde la legislación y la burocracia españolas se instala el rol del "protector de indios", desde la vida cotidiana se destacan como actores principales en la ejecución de las formas de sometimiento de las comunidades, el "encomendero o corregidor y a veces el sacerdote" (Madrazo, G. 1982, 89- 90).

Gabriela Sica sostiene que los "pueblos que habitaban el área circumpuneña (de la que la Quebrada de Humahuaca y la Puna forman parte) se caracterizaron por su movilidad y por las relaciones [...] anuda[das] entre sí. Dentro de ellas circulaban bienes, personas, información, ideas y préstamos lingüísticos" (Sica, G. 1997, 85). Lorandi agrega que

[...] en el siglo XIX [...] los recursos más importantes [de] la Puna eran el pastoreo y agricultura de subsistencia que se complementaba con una amplia red de intercambios que 'involucraban trueque complementarios con los valles y la articulación con el mercado' [...] [abarcando] hasta los valles orientales de Jujuy y de Tarija. Estos intercambios [...] habían permitido mantener activas sus relaciones con las poblaciones altiplánicas para sus propios fines de reproducción social. A tal punto que los mercados estacionales continúan vigentes en la actualidad (Lorandi, A. M. 1992, 153).

La región se plantea así como una realidad compleja y dinámica, surcada y tejida -como una red- por conflictos de poderes e intereses en que las actuales provincias argentinas del Noroeste aparecían integradas en un circuito de circulación de recursos y de personas que incluía tanto a parte del altiplano como de las serranías orientales bolivianas.

Pero, además, Judith Farberman sostiene que el "actual noroeste argentino [era] un eje articulador de los intercambios de bienes materiales y simbólicos [también] con las regiones vecinas situadas al occidente" (Farberman, J. 2005, 29).

Madrazo destaca la similitud, en toda la región andina, de los sistemas de producción:

[...] en el antiguo Tucumán [...] arraigaron [...] instituciones características del régimen colonial, en torno de las cuales se articuló la vida social y económica de la región. En el orden de la producción y el trabajo surgieron la estancia, la hacienda y la encomienda, en estrecha relación con el comercio con el Alto Perú (Madrazo, G. 1982, 23).

Según el historiador, similares objetivos desembocaron en la fundación de dos ciudades de gran importancia en la posterior consolidación del Marquesado del Tojo, con sede en Yavi. Tanto Tarija (fundada en 1574), como San Salvador de Jujuy (1593), resultaron integradas en una tarea estratégica, "defensiva y comercial, sobre la ruta que vinculaba al Tucumán con el Alto Perú" (Madrazo, G. 1982, 25).

Entre las formas de organización económica, la encomienda fue:

[una] concesión dada por la Corona [española] [...] que implicaba un grupo de nativos encabezados por algún jefe étnico [...] quienes debían pagar un tributo al beneficiario de tal merced, [teniendo] éste la obligación de contra prestarles seguridad frente a sus enemigos, adoctrinamiento en la fe católica, alimento y medicina en caso necesario, y cuidar de ellos como súbditos de la Corona [...] respecto [a la cual] debían prestar servicio militar y [pagar] tributos reales y eclesiásticos (Ferreiro, J. 1993, 190).

La encomienda permitía "percibir [...] los tributos de los indios [encomendados] [...] por su vida y la de un heredero [...]. Inicialmente los tributos consistieron en la prestación del trabajo personal [...] pero a partir del s. XVI fueron sustituidos por contribuciones monetarias o en especie" (Solórzano, cit. por Paz, G. et al. 1989, 198-199).

Para Juan P. Ferreiro "al [sistema de] encomienda -y por extensión a los feudatarios- les cupo un lugar central en la construcción de la temprana sociedad jujeña, ya que no hubieran sido posibles la posesión de la tierra, la cría y engorde de ganado o la existencia de los circuitos comerciales que vinculan la región con otras", sin la gran mayoría de los nativos sujetos a esas tareas (Ferreiro, J. 1993, 190). Refiriéndose a lo que denomina un "grupo nuclear de la elite" jujeña temprana (de fines del siglo XVI y comienzos del XVII), precisa sus rasgos identificatorios, de los cuales tomamos algunos de los que aparecen vigentes en la documentación consultada sobre denuncias acerca de procesos de acumulación de tierras y riquezas cada vez más concentradas entre miembros del sector social privilegiado que ejerció el sometimiento y explotación de campesinos de la Quebrada de Humahuaca y la Puna jujeña, y de obreros de los valles subtropicales, al menos hasta mediados del siglo XX. Si bien en el siglo XVI eran indivisibles, mencionamos sólo algunos requisitos, que han mantenido mayor vigencia, a pesar de haber ido transformándose la constitución del grupo favorecido: a) haber poseído

[...] una o varias mercedes de Encomienda [condición que luego se fue modificando, dejando lugar a la ampliación de propiedades]; [...] b) inserción en la red socioeconómica y política local y regional a través de [...] altos cargos [...] y de activa participación en el comercio, [primero] de ganado [luego de minerales, productos agrícolas y derivados industrializados]; c) establecimiento de vínculos familiares con otros miembros de la red; d) presencia de un patrón endogámico en relación a la reproducción del estamento dominante; e) utilización de signos [...] de ostentación [...]; f) uso de la coacción como medio de adquirir o mantener riqueza patrimonial; g) fundar un [...] linaje sobre la base de la riqueza patrimonial; h) lograr que su descendencia [...] detente puestos de privilegio en la sociedad; i) mantener y reproducir un estilo de vida señorial a través de principios corporativos (Ferreiro, J. 1996, 93).

En el aspecto lingüístico, Guzmán afirma que en el lenguaje de la región,

[...] el keshuwa [...] sigue empujando debajo del español. Los quechuismos que irrumpen en el discurso coloquial [...] vienen a afianzar la memoria colectiva y desmienten la versión oficial [de] que en Argentina no hubo culturas indígenas de importancia [...]. La lengua del noroeste [...] habla también de la historia del país [...] de un pasado más lejano, de los tiempos fundacionales y de construcción del país independiente. Y de lo que no se quiere hablar: de otra lengua, la indígena que si bien ya no es nuestra, lo es fragmentariamente en la medida que esos fragmentos existen como opción para el hablante y modifican el español de la región (Guzmán, F. 1997, 30-32).

En la lengua coloquial "pesa tanto la oralidad como el silencio, la sobrevivencia del sustrato kechuwa y el apego a una lengua más tradicional y conservadora" (Guzmán, F. 1997, 50).

Cuando el proyecto revolucionario cobró vida, varios de sus más entusiastas pensadores y protagonistas incluyeron en él reivindicaciones de los pueblos originarios. Monteagudo, Moreno, Castelli, San Martín, Belgrano, Güemes, los reconocían como precursores de la causa americana y revolucionaria. Sin embargo, según Hugo Chumbita, a pesar de que "el proyecto inicial del liberalismo revolucionario concebía la emancipación como una causa compartida por todos los criollos, los descendientes de españoles y de los pueblos originarios, cuyo horizonte necesario apuntaba a la unión de los países del continente y la ciudadanía plena de mestizos, indios y negros", esto se vio malogrado por los intereses de los sectores que, llegados al poder, respondieron a los requerimientos de los grandes capitales internacionales (Chumbita, H. 2007, 65).

En 1813, la Asamblea General Constituyente, fijando lineamientos fundacionales, sancionó la libertad de los indios y su igualdad de derechos (aunque limitándose a los guaraníes, quichuas y aymarás) con todos los demás ciudadanos que poblaban las Provincias; y el derecho electoral de los indios radicados en el Alto Perú, a elegir representantes de sus comunidades. La Constitución de 1819, que reconoció el carácter de ciudadanos plenos a los indígenas (Sección V, capítulo II, Artículo 128), no llegó a aplicarse (Eberle, A. e Iribarren, C. 2010, 2-3). La cuestión del reconocimiento del lugar en la historia nacional, y de los derechos de los pueblos indígenas, fue y es un tema conflictivo de largo tratamiento en nuestro país, abordado desde posicionamientos a veces antagónicos, a veces complementarios y de manera discontinua.

Domingo Baca, describiendo la vida en el Jujuy del siglo XVII, escribe en Tarja:

[...] las caravanas necesitan alimentos, el reposo de unos días, Jujuy es el trampolín para el gran salto de Humahuaca, la Puna y el desierto, hasta llegar a Tarija [...]. Se construyen a mediados del 1600 templos, el ayuntamiento, un hospital, un fuerte. [...]. En 1692 [...] la destruye parcialmente el sismo y hay que empezar de nuevo [...] 1800, el siglo de la libertad de América, la encuentra a sus comienzos en el momento más brillante de su vida económica [...]. Reina la paz, el comercio es activo. El hombre jujeño contempla su tierra: tiene agua [...]; la campiña de alrededores lo abastece; hay estabilidad [...], escala humana en la dimensión y proyección de la ciudad. [Pero] se concreta una sociedad sobre la desigualdad social. Aparecen las [...] residencias del dueño de la tierra. A su alrededor el caserío indígena [...]. Un magnífico orden sobre un absurdo desorden (Baca, D. 1956, 49).

En el Jujuy de comienzos del siglo XIX,

[...] las exportaciones de ganados, de excedentes productivos y el arrieraje eran la base de la economía de la jurisdicción [...] y conectaban a Jujuy con los circuitos mercantiles coloniales [...], los transportistas, arrieros conocedores de las rutas trascordilleranas, eran generalmente indígenas de los Valles Calchaquíes, quienes llevaban todo tipo de mercancías [...]. La riqueza agropecuaria de la región se basaba en la crianza de ganado vacuno en las estancias de los valles y el engorde de equinos y mulares procedentes de Santiago del Estero y provincias del sur [...]. En los Valles Calchaquíes y en la quebrada de Humahuaca se encontraban los mejores potreros de alfalfa, donde se llevaba a engordar al ganado antes de su exportación [...]. La relación de la economía [de la región] con la minería desarrollada en el sur de Bolivia incidió en la formación de un "grupo mercantil" que negociaba productos variados y [...] extendía sus actividades desde San Juan y puertos chilenos hasta Potosí, pasando por Salta y Jujuy (Conti, V. 1995, 98-99).

Pero, la vida tal como transcurría antes de la Revolución de mayo de 1810,

[...] se transformó totalmente [...], la presencia de tropas formadas por hombres forasteros, las exigencias de la guerra, los despojos, los saqueos [...] consumieron los bienes y las vidas, [...] interrumpieron las actividades económicas y [...] enfrentaron [a] familias, amigos y vecinos [...]. La población de Jujuy debió abandonar su tierra en tres éxodos (1812, 1814 y 1817); experimentó saqueos y pillajes en la ciudad y en los pueblos de la campaña, levas sobre su población joven, empréstitos, requisa de ganados, cosechas y de todo bien utilizable por los ejércitos. Se interrumpió el comercio con el Alto Perú cada vez que éste era ocupado por los contingentes realistas. La conjunción de [...] factores [tales como] las levas, los enganches voluntarios y compulsivos -como en el caso de los esclavos-, la muerte en el campo de batalla, los desplazamiento de personas, las emigraciones, los exilios, provocaron una fuerte caída en la demografía local, [...] verificándose en un descenso de población tal, como no sufrieron otras zonas del Río de La Plata.

Jujuy se transformó alternativamente en campamento de ambos ejércitos enfrentados.

Los éxodos de [su] población [...] hasta Tucumán, terminaron de aniquilar la poca producción existente. Otra modalidad de expoliación de la población fueron los empréstitos voluntarios y obligatorios. A [ello] se sumaba la imposibilidad de reproducción de bienes y la perturbación de los negocios por la coyuntura de guerra. La requisa [...] de mulas y animales de acarreo por los ejércitos hizo el resto (Conti V. y Lagos, M. 2010).

Posteriormente, entre 1870 y 1880, se desarticula el espacio mercantil andino, y los circuitos comerciales son reorientados hacia puertos del Atlántico.

Luego de transcurridos algo más de cien años de aquella revolución, nuevamente, Baca (refiriéndose al 1900) afirma:

Jujuy ha quedado muy lejos del puerto y es muy pobre para que lleguen a ella los técnicos en su desarrollo [...]. En 1900, a los cien años, apenas se ha pasado [de los 3.800 habitantes] [...] 1930: 20.000 habitantes [...]. En 1934 [...] la ciudad estalla en barrios, se alarga, sube a las colinas, cae en los huaicos [...]. Ya tenemos las Villas Miserias, ranchos miserables, casuchas sórdidas [...] que crecen con la desesperación de un hombre sin techo [...]. Viven en [Jujuy] cuarenta mil personas desperdigadas a lo largo de siete kilómetros [...]. Su centro es el de 1930, anquilosado por la miseria, la desidia [del Estado] [...]. Sus hombres recorren hasta cuatro kilómetros cuatro veces al día, hasta sus lugares de trabajo. Ya en su hogar, la promiscuidad de familias en una pieza, la miseria de los barrios sin luz, ni agua, ni calles. El jujeño aniquilado por la ciudad [...]. El paisaje roto por la monotonía del rancherío sin fin y sin esperanzas. El baldío, el pantano, la ciudad que ya no es capaz de satisfacer la necesidad [...] de sus hijos (Baca, D. 1956, 90-91).

La Revista Tarja2 -que hemos mencionado-, siendo una publicación cultural jujeña, que entre 1955 y 1961 editó 16 números, asumió un mandato ético-político: denunciar la desigualdad, la injusticia social, las variadas formas de discriminación, marginación y exclusión social, explicitándolo por momentos como deudas de la revolución fundacional de la Nación, y "siendo todos y cada uno de [...] [sus números] un manifiesto por la dignidad del hombre" (Bruce, B. 2010, 1). La dirección de la publicación fue ejercida por cuatro poetas: Mario Busignani, Jorge Calvetti, Andrés Fidalgo, Nestor Groppa, y un artista plástico: Medardo Pantoja. Sus páginas están pobladas de semblanzas críticas de la situación del jornalero de los cañaverales, del minero, del indígena de La Puna, la Quebrada y los Valles, del gaucho, del pastor y del agricultor, de la mujer de pueblo, del niño trabajador.

En la editorial del Nº 16 se propone la realización de un homenaje a la gesta revolucionaria de mayo, al cumplirse sus ciento cincuenta y seis años. Se plantea el desafiante ejercicio de una mirada retrospectiva que permitiera contrastar los ideales de aquel movimiento revolucionario con la actualidad de la situación social en el Jujuy de 1960. Así, en términos de imperativo ético, pregona la irrenunciable necesidad de democratización de todos los aspectos de la vida de la Nación: la industria, la educación, la propiedad, la distribución y retribución del trabajo. Señala la distancia que separa ese "deber ser" propuesto por aquel movimiento emancipador, de la facticidad efectivamente existente, en especial para quienes pueblan el interior del País. Sostiene que en Jujuy, luego de la Revolución en cuya gesta participó activamente la gente más humilde (entre quienes destaca a los gauchos), se perpetuaron formas injustas de privilegios para unos pocos, mientras la mayoría "languidecía en el desamparo y la ignorancia" por la "injusta distribución de la riqueza y el poder en el País". Y afirma: "hay que crear riqueza y hay que crearla de modo que su distribución sea democrática y justa, ya que únicamente así se conciliará el interés individual con el interés social y estarán fundadas las bases reales de una sociedad libre" (Tarja Nº 16, 1960, 390- 391).

Refiriéndose al campesinado, Juan Alfonso Carrizo escribe:

[...] en Jujuy y en la Puna salteña, el pastor debe pagar y a veces el rendimiento es escaso [...]. El pago del arriendo es el problema de los pueblos. Ellos alegan que les pertenece el dominio útil del campo que ocupan pero [...] ningún gobierno les reconoce el derecho y [...] el suelo de la Puna es de propiedad privada. Habría que comprarles sus derechos previamente a los terratenientes para después vendérselos a los puneños (cit. en Tarja Nº 13, 327).

Como lo hicieran los patriotas revolucionarios a lo largo de toda Nuestra América, pero en este caso luego del centenario de aquellas gestas, preconizan:

Sobreviene la violencia allí donde el privilegio y el poder representan el sometimiento y la explotación del hombre por el hombre y de un país por otro país; aquéllos como fuerza de trabajo, éstos como fuentes de riquezas. Y no es segura ni deseable la paz que sólo sirve para prolongar la servidumbre y la opresión. [...]. La guerra de la independencia de Sud América, fue un grande acto de justicia. [...]. [Pero] la paz exige acción. Quienes la reclaman y la apoyan deben contribuir, de algún modo, a que se den las condiciones económicas y sociales que la hacen posible (Tarja Nº 11-12, 256).

En números anteriores leemos: "Y la vida de este tiempo seguirá teniendo necesidad de la urgente improvisación emocionada del 'panfleto', hasta que se devuelva al hombre la fertilidad perdida" (Groppa, N. 1957, 250). El discurso de los llamados panfletos, apasionada expresión de las luchas por una mayor justicia para los sectores desfavorecidos, ha sido un estilo muy empleado en Jujuy.

Miguel A. Tanco fue uno de los luchadores que, en las primeras décadas del siglo XX, lo utilizó para denunciar incansablemente las condiciones indignas e inhumanas a que eran sometidos indígenas y obreros. En 1923, al promover la sanción de una ley destinada a subvencionar la adquisición de tierras en la Quebrada y Puna a ser luego repartidas entre sus ocupantes históricos (comuneros aborígenes), la financiación de obras de infraestructura para el fomento de la agricultura, la apertura de industrias, y la construcción de "casas higiénicas" destinadas a obreros, escribe:

¡Hoy los hijos del pueblo ya no deben arrastrar cadenas! A concurrir todos [...] para conocer personalmente y no confundir a los legisladores que no quieran sancionar [la Ley]; los cuales desde ese momento serán reos de alta traición a los intereses de los humildes. ¡Vivan los hijos del pueblo! ¡Vivan los liberados! [...] de su sanción depende el bienestar del proletariado" (Tanco. M. 1924a).

En otra publicación de características similares reivindica la reglamentación de una jornada diaria de ocho horas de trabajo, "un sueldo mínimo, la restitución de todas las libertades, el derecho de reunión, la creación de una Oficina del trabajo, la aplicación de la Ley nacional de accidentes de trabajo" (Tanco, M. 1924b).

En 1930 participó de las jornadas en que se logró la sanción de la ley de expropiación de los grandes latifundios de la Quebrada y Puna, y la prohibición del sometimiento de los arrendatarios a trabajos personales, así como la creación del Departamento del Trabajo, con incumbencia sobre los contratistas de peones. Pero la discontinuidad de los gobiernos radicales y su insuficiente poder no pudieron asegurar el cumplimiento de las leyes. Tanco denuncia: "En esta provincia ha desaparecido el régimen democrático de gobierno y [...] sus destinos han sido entregados a los designios de una Empresa Industrial, con asiento en el departamento de Ledesma".

La decisiva incidencia de los intereses de los grandes capitales de los ingenios azucareros sobre esos sectores de poder, nos remite a la pervivencia de lo ya señalado por Ferreiro en este sentido, con referencia a la época de la Colonia.

Los sectores oligárquicos de esta región, con acceso a cargos públicos y relacionados con terratenientes y comerciantes de Buenos Aires y financistas británicos, apoyaron la naciente industria azucarera en Tucumán, Salta y Jujuy. Esta última contaba con mano de obra más barata, y con un mayor rendimiento de la caña en su territorio. Los contratistas -que muchas veces eran caciques lugareños, intermediarios entre la empresa y el obrero- se quedaban con parte del salario de quienes eran reclutados como mano de obra para los ingenios en La Puna y la Quebrada de Humahuaca, y se beneficiaban con el sistema de vales para proveeduría (propiedad de la empresa), en que recibían los asalariados su paga. Así, los trabajadores siempre concluían su estancia en los ingenios endeudados y obligados a regresar para cancelar sus "deudas".

En 1943 se adoptan las primeras medidas tendientes a asegurar el cumplimiento de los derechos de los obreros, luego de los conflictos suscitados en los ingenios azucareros. Entre 1944 y 1945 en cada ingenio jujeño se organizó su sindicato (Kindgard, A. 2001, 109-118). En 1945, se atribuyó a "las Delegaciones Regionales [del Departamento Provincial del Trabajo] la contratación de braceros para la zafra" (Kindgard, A. 2001, 107).

Los escritos de Tanco abundan en críticas a la política de los conservadores y a los sectores del radicalismo más cercanos a ellos, a quienes denuncia por corrupción y abuso de: los aborígenes de La Puna y la Quebrada de Humahuaca, devenidos pequeños arredantarios de grandes latifundistas, o jornaleros temporarios de los ingenios azucareros ubicados en los valles bajos subtropicales; y de los trabajadores de las minas. La acumulación de riquezas por parte de una elite siempre se sustentó en el sometimiento y explotación de campesinos -despojados de sus tierras- y de obreros (Tanco, M. 1924c).

Concibiendo al Estado como garante de los reclamos de obreros y campesinos, sostiene que éste debe exigir a los latifundistas, supuestos "propietarios" de las tierras, la presentación de los títulos originales de propiedad, y mediante la aplicación del Código de Procedimiento Civil, devolver esas tierras a la comunidad.

En 1947, Tanco presentaba en el Senado su proyecto de "Expropiación de terrenos de la provincia de Jujuy que pertenecieron a aborígenes", proponiendo que las tierras expropiadas pasaran a las comunidades indígenas, no pudiendo venderse, gravarse o transferirse (cit. por Kindgard, A. 2001, 31).

Kindgard afirma que "Tanco había vislumbrado la compatibilidad de estas aspiraciones con un proyecto más amplio de desarrollo económico en la región, atento a las tradicionales técnicas productivas -de base comunitaria- de las sociedades andinas" (Kindgard, A. 2001, 28-29), reconociendo legitimidad a los sujetos comunitarios, lo que remite a una concepción del derecho al menos diferente y más adecuada a la realidad regional que las encarnadas por otras instituciones del Estado moderno. Con su posicionamiento cuestiona, además, la legitimidad del latifundio.

Sus demandas no sólo fundamentaban la legítima posesión de las tierras por parte de los pueblos indígenas, sino que aludían a su imposibilidad de acceder a: pastos para alimento de sus ganados, leña para cocinar, agua de riego. Visibiliza el pago de los arriendos para cultivo, la prestación, además, de servicios personales obligatorios, los abusos padecidos con relación a sus posesiones (Tanco, A. 1923a), las estafas cometidas por quienes les aseguraban que esforzándose en reunir cooperativamente grandes sumas de dinero requeridas para la supuesta compra de sus tierras, se beneficiarían con una dependencia directa del Estado (Tanco, M. 1923b), y los apremios de todo tipo a que eran sometidos en tiempos electorales, para asegurar votos a quienes representaban los intereses de los latifundistas, cuyos intermediarios eran los contratistas.

Alejandro Islas y J. Taylor consideran el imaginario de terror creado en torno a las prácticas represivas de las últimas dictaduras en el Noroeste argentino y, en tal sentido, exploran posibles relaciones con leyendas que la narrativa oral mantiene vigentes, como la del Familiar y del Perro o lobisón. Estas figuras legendarias, que devoran obreros ofrecidos en pago por el patrón de los ingenios para mantener y acrecentar su riqueza, "operarían como una metáfora de la succión de vidas obreras que ello demanda" (Islas, A. y Taylor, J. 1996). Su actual vigencia puede ser interpretada como una forma en que estas comunidades verbalizan sus resistencias, sea a través del héroe que logra vencer al Familiar y luego debe huir; o mediante la marca impuesta al personal jerárquico del ingenio o la mina, asociados a lo demoníaco.

La permanente militancia de Tanco, asumiéndose como vocero de obreros y campesinos aborígenes, contribuyó a que los mismos fueran reconocidos como actores con voz propia y comunitaria en la política provincial y nacional, aprovechando momentos de la historia del país, como el nacimiento del peronismo, que -al ser propicios a esos ideales- favorecieron su emergencia.

José Luis Torres, tucumano, autodidacta, periodista comprometido con la causa de los más débiles y desprotegidos, socialista por convicción, coincidió con los ideales del justicialismo, pero nunca se integró a ninguna estructura partidaria, consciente de que sólo su autonomía le permitiría ser consecuente con su lucha.

En 1923 se produjo el cuarto movimiento de protesta registrado de trabajadores de los ingenios azucareros en Jujuy, que luego será seguido por otros en 1924, 1926 y 1930 (Fleitas, S. 2005, 310-317). En el de 1923 los trabajadores reclamaban: a) jornadas laborables de 8 (ocho) horas diarias3 ; b) aumento de los salarios, tanto para los menores de edad como para los adultos; c) abolición de los trabajos por "tanto" (o trabajo diario cumplido), contrario a los intereses de los trabajadores; d) pago semanal de los salarios; e) derecho del trabajador a contar con casa para sí y su familia, con servicio médico y medicamentos gratuitos cuando el caso lo requiriera; f) pago de jornadas de doce horas de labor (por causa justificada), con un extra equivalente a medio día de trabajo; g) prohibición de despido de trabajadores sin justificación de las causas que lo motivaran; h) ausencia de represalia para con ningún trabajador del establecimiento por su participación en el movimiento.

Torres narra que en el Ingenio La Mendieta "se adelantaban en dinero efectivo, una vez a la semana, alrededor de cuarenta mil pesos, que salían por la mañana de la Caja del ingenio, y volvían a ingresar a ella en las últimas horas de la tarde, íntegramente, después de haber dejado en la proveeduría del mismo ingenio, una utilidad que sobrepasaba el cuarenta por ciento" (Torres, J. 1953, 57).

En sus conferencias y escritos desenmascaraba la corrupción y connivencia de un sistema de gobierno que simulaba no advertir que se asentaba sobre la exclusión de la mayoría de la población, apoyado por los sectores dominantes, favorecidos por las subvenciones que el Estado les otorgaba. Denunciaba:

El crimen en contra del pueblo, [...] los tribunales [...] puestos al servicio de la alta delincuencia financiera, [...] el crimen en contra de la verdad, pues reinaba la mentira consagrada en el fraude electoral abierto [...] el crimen en contra del Estado, [...] pues todo se hacía en perjuicio de la República y al servicio de la permanente codicia enardecida [...]. Se tiraban al canasto las reclamaciones de quienes tenían hambre y sed de justicia [...]. Y todo ante la impavidez de los congresos, [...] la mudez culpable de la prensa, [...] la ceguera de los jueces y los fiscales, con la complicidad activa de hombres importantes que después de robarse hasta la fama, invadían los atrios de la universidad, los ministerios públicos, los estrados de la justicia, las ramas todas de la administración pública, mientras en el interior del vasto territorio argentino legiones famélicas vivían la terrible angustia de su hambre sin aliento para la protesta, ni siquiera para el lamento ( Torres, J. 1947, 21-23).

Muchas veces se manifestó contrario al nivel de explotación del indio proveniente del Chaco, de la Puna jujeña y de Bolivia , que no sólo era objeto de maltrato, sino de acciones de exterminio concretadas en la falta de atención del paludismo (enfermedad ajena a su habitat de origen) contraído en los valles bajos de clima subtropical; y en el fomento del consumo de alcohol, promovido por las mismas empresas.

Se pregunta Torres: "¿No había quién se conmoviera ante el tristísimo y aberrante espectáculo de la miseria en campos de abundancia, del reino de la injusticia sobre un pueblo generoso, de la permanencia de la iniquidad sobre la tristeza sin remedio de los desamparados?" (Torres, J. 1953, 66). Aún en la actualidad, preguntas como éstas siguen sin ser respondidas.

Contradiciendo el planteo sarmientino, calificaba de bárbaras las prácticas de la oligarquía nativa asociada a los intereses de los capitales extranjeros.

Hay riqueza de civilización y riqueza de barbarie [...]. El capitalismo maléfico anda siempre del brazo, confundido con la barbarie, entre la humanidad estremecida por el horror, en campos encharcados de sangre por guerras tremendas, en los que se siguen haciendo maniobras para nuevas guerras, más terribles todavía (Torres, J. 1953, 15-16).

Relataba:

[...] yo he visto en esa tierra morirse de hambre al pueblo, y expandirse a un tiempo los bienes de los grandes oligarcas [...]. Los devoradores de tierras llegaron a destruir bajo el imperio de la oligarquía regional, en mi provincia, principios y reglas para la distribución de la riqueza común, que tienen hondas raíces en la historia (Torres, J. 1953, 41).

En sus escritos aparece como responsable de esto la sociedad civil en su conjunto, acusada de no oponerse a la injusticia de las prácticas patronales. Con ello Torres pregona la necesidad de revisar la concepción de ciudadanía, que considera no puede estar escindida de la práctica de la justicia social.

En 1925, en Jujuy denuncia cómo los ingenios se validaban ante la sociedad, recurriendo al argumento de que la creación de puestos de trabajo contribuiría al bienestar general. Se refería a empresas como: La Mendieta, entonces propiedad de capitales suizos; Ledesma Sugar States and Refining Co. Limited, de Enrique Wollmann; San Martín del Tabacal (Salta), de Robustiano Patrón Costa. Contraponía a ello su denuncia de las reales condiciones de vida de los trabajadores, sometidos a la violación de sus derechos de jubilación, libre comercio, y ejercicio de la libertad, y calificaba como "traficantes de seres humanos" a los "contratistas", de quienes Kindgard dice: "Era muy común que [...] fuera a la vez juez de paz, comisario o caudillo político de la zona y [...] desplegara [...] mecanismos coercitivos" (Kindgard, A. 2001, 38)

Tanto Torres como Tanco han favorecido el quiebre de "los universales ideológicos de la moralidad vigente" (Roig, A. 2002, 9), haciendo visible la desigualdad reinante, como también lo hicieron las sublevaciones y las huelgas, violentamente reprimidas. La relectura de sus escritos, entramados en las prácticas político-sociales de su época y en la constante denuncia de su perversidad, hace presente la necesidad de analizar la conflictividad de los procesos históricos de formación de identidades y de construcción de ideas en la región, así como también la falta de resolución de situaciones de injusticia que son ocultadas mientras se siguen generando otras formas de exclusión. Ello obliga aún hoy, a asumir nuestra responsabilidad con las terribles deudas del pasado y con su proyección hacia un futuro más justo. También nosotros debemos hacernos responsables de responder a las desgarradoras preguntas y a los reclamos presentes en los escritos de nuestros autores.

En el mundo actual, una consecuencia probablemente no esperada del proceso de globalización, es la fuerza con que se desarrollaron movimientos de reivindicación de identidades invisibilizadas hasta hace tres décadas. Si bien por la presencia de movimientos alternativos -que se oponen a la hegemonía de los capitales concentrados que basan su perduración y crecimiento en la desmesurada acumulación de riquezas y la destrucción de bienes indispensables para la vida de toda la humanidad-, se vienen produciendo avances importantes, tales como la firma de acuerdos internacionales que procuran la protección de cada vez mayor cantidad de derechos, pero la lucha por el reconocimiento de la dignidad humana es y será ardua.

Uno de los movimientos sociales identitarios que en Nuestra América cobró fuerza es el de los pueblos y organizaciones indígenas, que lograron el apoyo de organismos internacionales.

Es posible señalar la importancia de Acuerdos, Tratados y Resoluciones de organismos internacionales y de los Estados nacionales. Entre ellos: el Convenio 169 "Sobre pueblos indígenas y tribales" (OIT, 1989); la "Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos" (UNESCO, 1996), la sanción de la "Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales" (UNESCO, 2005), que destaca la importancia de los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos, su contribución al desarrollo sostenible, y la necesidad de garantizar su protección y promoción.

La UNASUR (en su documento fundacional de 2004) reconoce como sus antecedentes a los patriotas de la lucha por la independencia, así como a "los líderes indígenas que [...] hicieron de su rebelión un motivo de emancipación, libertad y dignidad de los pueblos oprimidos", y declara su compromiso con "la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades", asumiendo luego su obligación de asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, considerándolos indivisibles y bregando por la desaparición de todo tipo de desigualdad y de racismo (mayo de 2008, Art. 3).

En nuestro País se sancionó la Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades (1985), y luego la Constitución Nacional de 1994 en que se reconoce al país como multicultural, pluriétnico y multilingüe, aceptándose "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos" (Art. 75, Inc. 17.); la Ley 25.517 de Derecho de los Pueblos Indígenas y/o Comunidades de reclamar los restos mortales de sus antepasados (2001); la Ley 25.607 de difusión de los derechos de los pueblos indígenas (2002); la Ley de Educación 26.206 (2006), que establece una Modalidad de formación de docentes en Educación Intercultural Bilingüe y prevé la participación de los pueblos indígenas en las decisiones de política educativa, lo que recientemente (Res. 1119/2010) dio lugar al reconocimiento del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI). También se crearon organismos nacionales y sedes provinciales de atención de cuestiones referidas a los pueblos indígenas.

Si bien estos pueblos han logrado hacer visibles y dar voz a sus demandas, ello no suele ir acompañado del reconocimiento y tratamiento de las asimetrías en aspectos sociales, políticos y económicos, ni del análisis de los procesos históricos en que esas culturas y sus sujetos se han ido forjando. Por un lado se hace presente el riesgo de la no superación de planteos asistencialistas y asimilacionistas, y por otro de la legitimación de formas de representación que consoliden nuevas elites intermediarias funcionales a los poderes de turno, que podrían favorecer situaciones de mayor marginación y de fragmentación de culturas que necesitan desarrollar procesos de recuperación de sus memorias, y de investigación y reconstrucción de sus historias. 

Los informes de organismos internacionales -como CEPAL, UNICEF, ONU- muestran que la población indígena (10% de la población de América Latina), así como la afrodescendiente, en general viven en condiciones de precariedad.

La minorización ejercida sobre los indígenas y otros sectores desfavorecidos de las sociedades latinoamericanas oculta la necesidad de desarrollar políticas tendientes a la superación de las desigualdades existentes, sustentadas en el análisis de la complejidad y conflictividad presente en la vida cotidiana de estos pueblos, sin caer en cómodas simplificaciones, en falaces generalizaciones ni en estereotipos que legitimen las desigualdades.

La identidad y autovaloración de todo ser humano se construyen desde un sistema de códigos de origen histórico-social, desde instituciones, sistemas y modalidades organizativas socio-económicas y políticas, valores, prácticas y actitudes cotidianas, y por una decisión (no siempre consciente) de autoafirmación, que en muchos casos aparece vinculada a la posibilidad de emergencia de los reclamos de reconocimiento de la legitimidad de sus concepciones y a la convicción de la vigencia de derechos irrenunciables, relativos a la dignidad de la vida humana.

Las morales emergentes de que habla Roig, que implican la irrupción histórica de grupos humanos que demandan ser considerados como "fines" en sí mismos, hacen que la satisfacción de las necesidades cobre una dimensión ética, por lo que "la forma por excelencia de toda necesidad humana que da sentido e introduce un criterio para la evaluación del universo de necesidades y de los [...] modos que la humanidad ha generado para satisfacerlas" es la de la "dignidad plena", que siempre implica como presupuesto, la dignidad de toda la humanidad hombre (Roig, A. 2002, 115).

Entre otros aspectos, Florencia Tola y Carlos Salamanca destacan:

[...] los pueblos indígenas como sujetos políticos colectivos [...] invitan a superar la hegemonía implícita en un solo tipo de ciudadanía [...] así como a reconocer la heterogeneidad como base fundamental en la construcción de democracias plurales [...]. Reivindican el reconocimiento jurídico y real de su existencia junto a la validez de sus instituciones y sus sistemas de pensamiento, gobierno y administración de justicia (Tola, F. y Salamanca, C. 2008, 436-437).

Las dimensiones culturales de los grupos excluidos, desvalorizados, ignorados deben ser objeto de reconocimiento, y es éste uno de los reclamos no negociables para avanzar hacia una sociedad que haga posible el encuentro, en igualdad de condiciones, entre sus integrantes. Para ello es preciso que los sujetos que sostienen y viven cada cultura puedan entrar en diálogo. Pero es impensable e imposible un diálogo sin que previa o simultáneamente se concreten las formas de reconocimiento, a través de estrategias efectivas, que permitan corregir las crecientes desigualdades de acceso y disponibilidad de recursos. Asimetría que no sólo precariza las condiciones de vida en sentido biológico, sino que actúa mediante el desconocimiento y hasta la negación de sus sujetos en tanto "no [les] garantiza la capacidad de obrar, en su forma mínima de capacidad para sobrevivir [...]. Esta capacidad de ser y de obrar es inseparable de las libertades garantizadas por las instancias políticas y jurídicas [...] y se convierte en un 'criterio para evaluar la justicia social'" (Ricoeur, P. 2006, 181-186).  

Retomar la posta en la lucha por el reconocimiento mutuo se constituye en nuestra responsabilidad.

 

Notas

1- Docente e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. mrubinelli2004@yahoo.com.ar

2- El término "tarja" hace referencia a la marcación del trabajo diario cumplido, que es asentado en la libreta de jornales.

3- "La regla seguía siendo -en vísperas del golpe militar del '43- el trabajo "por tanto", con lo cual la salida y puesta del sol marcaban...la duración de la jornada laboral... las jornadas no laborables no eran retribuidas" (Kindgard, A. 2001, 41).

 

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