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Cuaderno urbano

On-line version ISSN 1853-3655

Cuad. urbano vol.15 no.15 Resistencia Dec. 2013

 

ARTÍCULOS ARBITRADOS

Tensiones y confilictos en torno al problema habitacional. El caso de las familias sin techo (Mar del Plata, 2008-2010)

 

Ana Núñez y Susana Brieva

Ana Núñez
Arquitecta; doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (filACSO). Actualmente es profesora-investigadora y directora del Centro de Estudios del Desarrollo Urbano, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), y profesora contratada en la Facultad de Humanidades de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Universitarios del Ministerio de Educación de la Nación, Categoría I. Correo electrónico: aenunez@mdp.edu.ar.

Susana Silvia Brieva
Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (filACSO). Actualmente es docente-investigadora y directora del Área de Posgrado en Economía y Desarrollo Territorial y del Grupo de Investigación en "Comercialización y Políticas Agrícolas" del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Es investigadora Categoría I del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores Universitarios del Ministerio de Educación de la Nación. Correo electrónico: susanabrieva@yahoo.com.ar.

 


Resumen

En Argentina, en general, el proceso de registro, selección y adjudicación de viviendas sociales a las familias en situación de emergencia habitacional es complejo y está signado por tensiones y confilictos entre los diferentes actores involucrados. Desde una perspectiva constructivista, el objetivo de este artículo es aportar nuevas herramientas de análisis, tanto al campo de estudio como a los procesos de diseño y formulación de políticas públicas, explorando los alcances y limitaciones de un conjunto de conceptos pertenecientes al análisis sociotécnico. Nos preguntamos ¿qué problemas identifican los actores?, ¿qué atribuciones de sentido otorgan al espacio y a la vivienda?, ¿quiénes ofrecen las soluciones?, ¿cuáles eran estas soluciones? y ¿quiénes lideraban los procesos? Empíricamente, refere al conficto en torno a un conjunto de viviendas sociales ubicado en un predio del Barrio El Martillo (Mar del Plata), que es abandonado sin terminar por la empresa constructora, y es tomado en 2008 y 2009 por las Familias Sin techo, inscriptas varios años antes en el registro de emergencia habitacional. A partir de información secundaria y primaria, se identifican las distintas configuraciones del proceso y se plantean algunas cuestiones para tener en cuenta en la agenda de políticas públicas de vivienda.

Palabras clave Vivienda; Política; Organización social; Tensiones; Controversias.

Abstract

In Argentina, in general, the process of registry, selection and allocation of social housing to the families in emergency housing situations , is complex, and is marked by tensions and conficts between the different actors involved. From a constructivist perspective, the objective of this article is to provide new analytical tools, both for the feld of study and the design and formulation of public policy processes, exploring the scope and limitations of a set of concepts pertaining to socio-technical. Analysis. We ask ourselves what problems identify the actors? What sentient powers are attributed to space and housing? Who offers solutions? What were these solutions? Who were leading the processes? Empirically, it refers to the confict arising from a social housing area of the Barrio El Martillo (Mar del Plata) when it is abandoned unfinished by the construction company, and is occupied, in 2008 and 2009, by the Familias Sin Techo (Families Without Roofs) group. Using primary and secondary information sources, different configurations of the process are identifed and some issues to bear in mind in the agenda of public housing policies are identifed.

Keywords Housing; Politic; Social organization; Controversy.


 

INTRODUCCIÓN

En Argentina, en general, la implementación de programas públicos habitacionales involucra un complejo proceso de registro, selección y adjudicación de las viviendas, y está signado por tensiones y confilictos entre los diferentes actores involucrados (Núñez, 2009, 2010). En ese marco, este artículo aborda el proceso de emergencia y desarrollo de un conficto por el acceso a viviendas sociales para sectores vulnerables, que se inicia en el año 2008 con una toma protagonizada por cien familias del Barrio Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina.

Desde una perspectiva constructivista, este trabajo persigue un doble objetivo. Por una parte, se propone reconstruir ese confictivo proceso desde la perspectiva sociotécnica. Por otra, se exploran los alcances y limitaciones de un conjunto de conceptos pertenecientes a dicha perspectiva, con el fin de aportar nuevas herramientas heurísticas, tanto al campo de estudio como a los procesos de diseño y formulación de políticas públicas.

A partir de información secundaria, entrevistas a los actores sociales y observación participante1, el artículo se organiza en los siguientes ejes interrelacionados: se examina críticamente cómo se ha problematizado la cuestión habitacional en la literatura académica; luego, se propone el enfoque sociotécnico como una vía alternativa para el abordaje de la problemática habitacional y el análisis de las políticas públicas asociadas a las demandas sociales y, en tercer lugar, se describe en forma estilizada el problema habitacional en la ciudad de Mar del Plata y se de-construye / reconstruye la trayectoria sociotécnica del conficto y toma de viviendas abandonadas en el Barrio El Martillo, por parte de algunos habitantes del Barrio Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata (Familias Sin Techo). Para ello, se identifican distintos momentos del proceso en función de las relaciones problema-solución, los actores involucrados y los recursos materiales y cognitivos que estos movilizan para la resolución del conficto. Por último, a modo de cierre, se presentan un conjunto de refexiones e interrogantes acerca de la problemática habitacional en la ciudad, los alcances y limitaciones del análisis sociotécnico, y respecto del problema de la relación vivienda e inclusión social.

REVISITANDO LA CONSTRUCCIÓN ACADÉMICA DEL PROBLEMA HABITA-CIONAL2

A mediados de la década del 70, concomitantemente con la crisis del modo de acumulación fordista a nivel internacional y el agotamiento del modelo de desarrollo interno en Argentina, se produjo una ruptura epistemológica en los estudios urbanos a partir de la aplicación de un análisis basado en diferentes enfoques del materialismo histórico, inscriptos en las distintas corrientes de la Escuela Francesa de Sociología. Asimismo, las refexiones acerca del poder que inauguran un conjunto de nuevos saberes sobre lo social (Foucault, 1992; MaríN, 1996, 2009) harán posible una nueva visión material del espacio (roze, 1995).3

A comienzos de la década del 80, a la luz de esta infuencia, los estudios urbanos latinoamericanos, en general, movilizaron mecanismos estructurales y de naturaleza económica para explicar la conformación de la ciudad y las políticas urbanas, ya sea asociándolas al modo de producción o al comportamiento económico de los agentes sociales (Marques y Bichir, 2002).

Sin embargo, en este marco, se identificaba acríticamente un patrón espacial decreciente centro-periferia en las condiciones sociales, urbanas y de la intervención del Estado en medios de consumo social, procesos que, junto con la autoproducción de viviendas, se subsumieron bajo la denominación naturalizada de urbanización de la pobreza4, tesis hegemónica que permanece hasta nuestros días.

Aun cuando a mediados de la década del 80 aquellas perspectivas fueron reemplazadas por otras de nivel micro, basadas especialmente en los actores y los movimientos sociales, persistió la legitimación de un circuito socialmente construido de pobre-localización informal-suelo sin servicios, barato-ausencia del Estado, articulando —a nuestro entender— diversos obstáculos epistemológicos, toda vez que esta ficción homogeneizante de sujetos desposeídos es la que habilita, justamente, la acción justificatoria de los aparatos del Estado (Núñez, 2009a).

Lo dicho precedentemente puede sintetizarse como una fractura del problema investigativo en políticas y necesidades5, que resulta inherente a los distintos temas y fragmentaciones disciplinares, y que ha mantenido como inobservables los procesos, acciones y relaciones sociales que lo inserten en el movimiento de lo social, adquiriendo una semántica mini-mista6 y promoviendo modelos acríticamente replicados de políticas desenraizadas de las prácticas sociales allí operantes (Núñez y roze, 2011).

Por ello, el conjunto de interrogantes que estructura este trabajo intenta suturar ese hiato, al aportar un análisis de distintos procesos y dimensiones no abordados en los clásicos trabajos centrados en la "política habitacional" (yujNovsky, 1984; cueNya, 1997; 2000; Girola, 2006; rodríGuez, et ál., 2007).7

Siendo que el proceso de registro, selección y adjudicación de las viviendas a los bene-ficiarios de los distintos programas públicos de vivienda es complejo y está signado por tensiones y confilictos entre los diferentes actores involucrados, ¿qué significados adquiere la vivienda en la configuración de relaciones sociales?; ¿qué problemas identifican los actores?; ¿qué atribuciones de sentido otorgan al espacio y a la vivienda?, ¿quiénes ofrecen las soluciones?, ¿cuáles eran estas soluciones?; ¿quiénes lideran los procesos? y ¿cómo se interrelacionan los sujetos involucrados y qué clivajes ideológicos se ponen en juego?

OBJETIVOS Y PERSPECTIVA ANALÍTICA DE ESTE TRABAJO

En el marco de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, en la reconstrucción analítica de los confilictos y tensiones asociados al acceso a la vivienda de sectores vulnerables en la ciudad de Mar del Plata, se parte del enfoque sociotécnico y la noción de Tecnologías para la Inclusión Social (TIS), definidas como una forma de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar tecnologías de producto, proceso y organización orientadas a resolver problemas sociales y ambientales, generando dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de desarrollo sustentable (thoMas, 2010).

El punto de partida para el análisis sociotécnico constructivista es la identificación de los grupos sociales relevantes (GSR). Los actores fundamentales de los procesos de desarrollo de Tecnologías Sociales en la región son los movimientos sociales, cooperativas populares, ONG, unidades públicas de I+D, divisiones gubernamentales y organismos descentralizados, empresas públicas (y, en menor medida, empresas privadas). Los GSR comparten un conjunto de significados y relaciones problema-solución, en este caso referidos al acceso a la vivienda, y definen si estas soluciones funcionan o no, según si responden a sus objetivos. La atribución de sentido de funcionamiento o no funcionamiento se encontraría, según nuestra hipótesis, mediada por intereses de clase.

Bijker (1995) sostiene que el "funcionamiento" es una contingencia que se construye social, tecnológica, política y culturalmente. Así, el "funcionamiento" o "no-funcionamiento" es una relación y es resultado de un proceso de construcción sociotécnica en el que intervienen elementos heterogéneos: sistemas, conocimientos, regulaciones, materiales, financiamien-to, prestaciones, ideología, etc. En síntesis, una interacción entre humanos y no-humanos; por ejemplo: ladrillos y ratas, cemento y huertas comunitarias. No se trata de una condición estable, ya que un proceso de construcción de funcionamiento/no funcionamiento es una secuencia: supone complejos procesos sucesivos de adecuación/inadecuación de soluciones tecnológicas a concretas y particulares articulaciones sociotécnicas, históricamente situadas. La continuidad o discontinuidad de la condición de funcionamiento se sustenta en la articulación de alianzas sociotécnicas estables (thoMas, 2008; Garrido, 2011). En síntesis, una alianza sociotécnica es, entonces, una coalición de elementos heterogéneos implicados en el proceso de funcionamiento-no funcionamiento de un artefacto o una tecnología, en este caso referidos o asociados al acceso a una vivienda social.

Para captar, por una parte, la temporalidad de los fenómenos en estudio y, por otra, las relaciones implícitas en él, en el análisis se incluyen e integran conceptualizaciones tanto en términos de dinámica como de relaciones, tales como dinámica sociotécnica y trayectoria sociotécnica. La primera es entendida como el conjunto de patrones de interacción de tecnologías, instituciones, políticas, racionalidades y formas de constitución ideológica de los actores. Este concepto sistémico permite insertar una forma determinada de cambio sociotécnico (por ejemplo, una serie de artefactos, una trayectoria sociotécnica, una forma de relaciones problema-solución) en un mapa de interacciones. Mientras, una trayectoria sociotécnica es un proceso de co-construcción de productos, procesos productivos y organizaciones, e instituciones, relaciones usuario-productor, procesos de aprendizaje, relaciones problema-solución, procesos de construcción de "funcionamiento" o "no-funcionamiento", racionalidades, políticas y estrategias de los actores (thoMas, 1999; 2008). Dinámicas y trayectorias son unidades de análisis complementarias pero no equivalentes. Las dinámicas sociotécnicas son más abarcativas que las trayectorias. Toda trayectoria sociotécnica se desenvuelve en el seno de una dinámica sociotécnica y resulta incomprensible fuera de ella.

Las Tecnologías Sociales no funcionan simplemente porque resuelven un problema puntual, sino porque consiguen insertarse como causas eficientes en la generación de procesos de cambio tecnológico y social. Es la adecuación sociotécnica de las tecnologías convencionales lo que permite que sean aceptadas, utilizadas, compatibilizadas y apropiadas por los usuarios. Las tecnologías sociales suponen un grado más en esta construcción de funcionamiento: son concebidas para participar activamente en procesos de cambio socio-político, socioeconómico y sociocultural. Constituyen una base material de afrmaciones y sanciones destinada a promover el desarrollo socioeconómico y sustentar procesos de democratización.

Son nuestras capacidades de diseño de viviendas, de regímenes de uso de los recursos naturales, de construcción de infraestructura, de producción y distribución de alimentos, de comunicación y acceso a bienes culturales las que determinan qué vidas son posibles y qué vidas no son viables en nuestras sociedades, las que designan quiénes son los incluidos y quiénes los excluidos (thoMas, 2008).

La participación de los usuarios y la sociedad en la resolución de los problemas sociales contribuye al ejercicio de ciudadanía sociotécnica, aspecto central de la vida democrática. Según thoMas (2010) las Tecnologías Sociales son, en este sentido, una de las expresiones más claras de este derecho ciudadano. Son, al mismo tiempo, la mejor vía para el ejercicio de ese derecho: la forma más democrática de diseñar, desarrollar, producir, implementar, gestionar y evaluar la matriz material de nuestro futuro.

La resolución de la problemática habitacional envuelve procesos de política en su resolución. La tecnología, definida como construcción social, es un hecho político. Como plantean seraFiM y diaz (2010) la política, a su vez, puede ser entendida como una tecnología de organización social y de intervención sobre la sociedad.

Empero, el concepto de política es complejo, ya que envuelve numerosas definiciones que refejan distintas posiciones. Esta diversidad, en parte, responde al objeto de estudio. Es posible considerar a la política como una "tela de decisiones y acciones" que implemen-tan valores. Los procesos de formulación e implementación de políticas públicas siempre envuelven a distintos grupos sociales y se constituyen en objeto de disputa entre los diferentes actores políticos, con algún grado de interés por las cuestiones que tienen el aparato del Estado como espacio privilegiado de expresión (thoMas, 1999). El análisis de política pública en términos de proceso posibilita la comprensión de cómo los actores definen los problemas y las agendas de política pública, cómo se formulan estas, cómo se toman las decisiones y cómo se validan las decisiones e implementan las acciones (ParsoNs, 2007, citado por seraFiM y diaz, 2010: 66).

Para definir el concepto se discernirá entre política y decisión. Una política es generada por una serie de interacciones entre decisiones más o menos conscientes de diversos actores sociales (y no solamente los tomadores de decisión). La distinción entre política y administración de política envuelve tanto conductas como intenciones, e implica tanto acciones como no acciones, que pueden determinar impactos no esperados. Asimismo, en el abordaje constructivista se hace referencia explícita a la dimensión política a través del concepto de poder. En el análisis, poder es un concepto relacional, que concierne a la capacidad de los actores de asegurar resultados cuando la realización de ellos depende del agenciamiento de otros (GiddeNs, 1979). El poder es ejercido, antes que poseído, y se encuentra presente en las relaciones e interacciones.

EL PROBLEMA HABITACIONAL MARPLATENSE

En el marco de un conficto interburgués, entre "costeros" y "serranos", en plena edad de oro del régimen oligárquico en Argentina, el pueblo Mar del Plata emerge como un loteo privado aprobado por excepción en 1874. Una ilegalidad fundante que instaura las condiciones jurídicas de existencia del suelo urbano como mercancía (Núñez, [2000] 2012).

A partir de la génesis de la ciudad como un momento de la lucha de clases, se conjugan dos procesos. Por un lado, la tierra pasa de ser un fin, a ser un medio. Se transforma el uso del suelo de rural a urbano, como fuente de renta. Por otro, la incipiente mirada al mar como un nuevo instrumento que transformaría el rol del pueblo en la división nacional del trabajo signará el predominio histórico de la lógica del capital comercial y la reproducción del excedente en los servicios, favoreciendo a su vez la especulación inmobiliaria (Núñez, 2012). Así, las fracciones sociales que se beneficiaban con la expansión económica a nivel nacional consolidaron la emergencia de prácticas veraniegas que rápidamente produjeron la apropiación/construcción de un nuevo territorio social.

Este proceso va a ser acompañado de la progresiva diversificación y estacionalidad del mercado de trabajo local, cuyo resultado será la recepción de fuertes contingentes migratorios de población en edad activa, de ultramar primero y de otras provincias argentinas posteriormente.

A comienzos del siglo XX es el momento cuando emerge también el problema de acceso a la vivienda. La normatización del mercado de suelo urbano, en la articulación del capital comercial y el capital inmobiliario, significó un instrumento de violencia legítima y simbólica en tanto dependió de unos pocos terratenientes qué, cómo, cuánto, dónde y para quién lotear, creando la periferización, inventando barrios en suelos rocosos, bajos, inundables, inexplotados por el capital, para espacializar y ordenar esa fuerza social de oposición, extranjerizante, dispersa... 8 de manera de ejercer el derecho de exclusión de este espacio urbano que se representaba hegemónicamente como objeto privado de una fracción de la burguesía nacional, pero que, a la vez, era concebido como fuente de renta. El desenvolvimiento de la urbanización fue el ejercicio de ese monopolio, operando sucesivos desplazamientos de aquella periferia, en la que se encontrarán las familias del Barrio Pueyrredón, protagonistas de nuestro estudio de caso.

En otras palabras, hubo un proceso de concentración y retención de la propiedad privada del suelo, su encarecimiento progresivo e incremento de la renta diferencial por distintas inversiones e intervenciones urbanas, coadyuvando ello a la expulsión de los sectores populares hacia zonas urbanas carentes de los más elementales servicios, sin equipamiento, con riesgo de inundabilidad, etc.

En los últimos períodos intercensales, Mar del Plata desacelera su ritmo de crecimiento poblacional; hay un incremento de hogares de tipo unipersonal; se mantienen sin variaciones el hacinamiento personal (22,5 %), la tenencia irregular del suelo (14 %), y un 10 % de viviendas precarias, mientras aumenta la construcción de viviendas, pero permaneciendo un 30-35 % del parque desocupado en zonas accesibles y bien servidas. Esta contradicción entre necesidades y viviendas vacantes se da en un contexto de ausencia de políticas públicas integrales y preventivas de la precariedad habitacional, acompañadas por una serie de mecanismos y procesos diversos, que promuevan y garanticen la integración socioespacial.

En efecto, a fines de 2002, el 45 % de la población de Mar del Plata se encontraba debajo de la línea de pobreza; el 20 % bajo la línea de indigencia y la tasa de crecimiento anual de la población que habitaba en espacios de extrema pobreza (denominados villas y asentamientos), entre 1991 y 2001, casi sextuplicaba la tasa de crecimiento anual de la población total (Núñez, 2004).

Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el primer trimestre del 2002, el índice de la actividad de la construcción (ISAC) en Argentina cae un 41.8 %, respecto del mismo trimestre del año anterior, y un 21.8 % respecto del trimestre anterior; y los puestos de trabajo con aportes, un 46.5 % y un 14.5 %, respectivamente.

En este contexto, a comienzos del año 2003, se implementaron en la ciudad distintos programas habitacionales. Por un lado, el registro de demanda9 habitacional que se abrió para posibles beneficiarios de alguna de las 2018 viviendas10 que se construirían dentro del Plan Federal; y, por otro, el Subprograma Bonaerense IX-Dignidad, destinado a "eliminar las viviendas insalubres y el hacinamiento,"11 con la modalidad de un convenio entre el Instituto Provincial de la Vivienda, la Municipalidad de Gral. Pueyrredón y una asociación intermedia, la ONG Trabajar, presidida por representantes de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) local.

En la ciudad de Mar del Plata, este último Programa IX-Dignidad derivó en la construcción de 500 viviendas12, que serían destinadas al proyecto, surgido en 1998, de erradicación de la población de una villa, una de cuyas particularidades refere a que ya había sido erradicada, también, en 1970. Sin embargo, la empresa constructora abandona en el año 2007 la construcción de las viviendas de El Martillo, que son tomadas en el año 2008, primero, y en enero de 2009 por segunda vez, por 54 familias del Barrio Pueyrredón, muchas de ellas inscriptas varios años antes en el registro de emergencia habitacional, quienes se autodenominaron Familias Sin Techo.

EL CONfilICTO: ACTORES, ARTEFACTOS Y ATRIBUCIONES DE SENTIDO

El derecho a la vivienda ha quedado consagrado en la Constitución Argentina desde 1853. A partir de la reforma de 1994 recepta, con jerarquía constitucional, todos los documentos internacionales que componen la Carta Internacional de Derechos Humanos, uno de los cuales es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), aprobado en 1966. El primer párrafo del artículo 11 de dicho pacto establece que los distintos Estados parte "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado (…) alimentación, vestido y vivienda adecuados," registrando, de este modo, que el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos, económicos, sociales y culturales, con un enfoque que refuerza la indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos.

Otro de los aspectos estipulados en el pacto DESC es que el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo que lo equipare al cobijo que resulta de tener "un tejado sobre la cabeza".

Paradójicamente, durante el conficto objeto de estudio, emergen distintos significados otorgados a la vivienda por parte de los grupos sociales relevantes involucrados, que entran en contradicción con los postulados en el Pacto DESC. Por una parte, para las familias, la vivienda representa "no andar de prestado"; "estar bajo techo", "Un techo para los hijos", "comparado a lo que tenía...", mientras para los funcionarios alcanza con "que no se llueva", "con poca guita le mejoramos la vida" y es un "rédito político".

Estos significados envuelven la génesis y desenvolvimiento de las acciones que tienen lugar desde el año 2008 por un grupo de familias del Barrio Pueyrredón para hacer frente a los problemas habitacionales, en las cuales es posible distinguir diferentes momentos en función de los actores que las protagonizan, los artefactos y recursos materiales y cogni-tivos que ponen en juego y las atribuciones de sentido otorgadas a dichos elementos. No obstante que muchas de las acciones se solapan en el tiempo y en el espacio (figura N.° 1), en el análisis es posible identificar cinco momentos que dan cuenta de las formas en que los diversos grupos sociales relevantes problematizan las situaciones, las respuestas que elaboran para enfrentar dichos problemas, los marcos ideológicos que dominan estas soluciones y los recursos cognitivos a los que apelan. Dichos momentos son:

1-primera toma y desalojo a principios de 2008;

2-toma de 2009, recuperación del predio y conficto intraclase;

3-confilictos inter e intraclase, mediación y rechazo de propuestas;

4-propuestas transitorias de resolución problemas;

5-desalojo y apertura de la Mesa de Diálogo.

1- Primera toma y desalojo, principios de 2008

El Barrio Pueyrredón se localiza a cuadro cuadras del conjunto de viviendas sociales del Programa Dignidad, que presentaban diferente nivel de ejecución en el año 2008: algunas a nivel cimiento, otras sin aberturas, otras sin techo y un conjunto de 36 en el mismo lugar, ya finalizadas, pero sin adjudicar por parte del municipio. La obra había sido abandonada por la empresa constructora13 en el año 2007, que aducía problemas presupuestarios y de costos.

Alrededor de doscientas familias del Barrio Pueyrredón, quienes cotidianamente pasaban por el lugar y eran testigos del abandono en que se encontraban las viviendas mientras sus históricos reclamos de vivienda no habían sido resueltos, deciden tomar el predio.

En línea con MaríN (2007: 53 y ss.), "la toma supone, como precondición, la existencia de un propietario al que se está desposeyendo y que responde con la fuerza de la ley; es la apropiación de un territorio ajeno, y aparece contra lo que se ha asumido como ley, se violenta el sistema institucional, a la vez que en este ataque se vulneraban las relaciones sociales que construían esa territorialidad social, más allá del espacio geográfico. Es un instrumento de lucha que posibilita el poder de acción para toda la clase, donde la solidaridad se confunde con el interés del conjunto de la clase".

Empero, la escasa organización de las familias al ocupar el predio, sumada a la visión que sostenían sobre esta acción directa, contribuye a que fuera reprimida rápidamente por las fuerzas policiales, que desalojan el predio ante la denuncia de usurpación. Sin embargo, a partir de ese momento, comienza a configurarse una alianza sociotécnica entre un grupo de esas familias y un conjunto de profesionales, estudiantes y organizaciones sociales —que más tarde conformarían la llamada Red de Apoyo— que se constituyen en asamblea para llevar adelante una segunda toma14, que se produce el 15 de enero de 2009.


Figura 1: Alianzas socio técnicas (1008-2010)

 

2- Nueva toma 2009, recuperación del predio y conficto interclase

Esta nueva toma se caracteriza ahora por el alto nivel de organización, logrado a lo largo de todo un año de trabajo en asamblea, en la que participan nuevos grupos sociales que contaban con experiencia previa en recuperación de espacios públicos abandonados (Centro Cultural América Libre, ex edificio de ANSES, recuperado en 2006).

En el desarrollo de las acciones se evidencian contradicciones en los sentidos de la acción que los actores llevan adelante. Existe un contrapunto entre la posición de las familias que se referen a la acción como recuperación y no como toma, cuestión que conceptualmente hubiera redireccionado axialmente la resolución del conficto. Efectivamente, este hiato conceptual motivaba controversias en el predio, develando intereses contrapuestos de los distintos grupos sociales relevantes, e incluso en el interior de las familias.

En esta toma, se ponen en juego aspectos institucionales enfrentados: por un lado, la denuncia del delito de usurpación que levanta la empresa constructora y, por otro, el amparo presentado por el abogado defensor de las familias. En este nuevo contrapunto se enfrentan, a su vez, dos posiciones: el derecho humano a una vivienda adecuada15 y la obligación de los Estados a reconocerlo (Art. 11.° del Pacto DESC) y la tan arraigada tradición civilista de la propiedad privada individual.

Reafrmando esta última posición, en el inicio de la toma de 2009, el predio estuvo dos días militarmente cercado por un cordón policial, que prohibía el ingreso de agua y comida, así como la entrada y salida de personas, hasta que el juez de garantías hace lugar al recurso de amparo y los efectivos deben retirarse. Sin embargo, la lucha se reifica hacia fuera, en el campo judicial, poniendo la acción en tensión, en una bipolaridad "usurpación" versus "derecho a la vivienda", que produjo el alineamiento de distintas fracciones sociales de uno y otro lado, obstaculizando el conocimiento político-social del conficto (MaríN, 1996).

3- confilictos inter e intraclase, mediación y rechazo de propuestas

En la profundización del conficto, la bipolaridad antes mencionada entre un derecho social y propiedad privada encuentra un nuevo punto de infexión en la participación de los funcionarios municipales y provinciales, quienes plantean, por un lado, que las familias deben atenerse al registro de emergencia habitacional y, por otro, que los "legítimos" beneficiarios de las viviendas son los habitantes de la Villa Paso, que hasta este momento no habían reclamado la continuidad de las obras durante el período en que permanecieron abandonadas, desde el año 2007. El argumento de los funcionarios promueve un enfrentamiento entre familias vulnerables con las mismas necesidades habitacionales, es decir, durante la convivencia en el pobres contra pobres, con iguales derechos en sus reclamos.

Otra dimensión que confunde y soterra los reclamos legítimos es el tratamiento dispar del conficto por parte de la prensa oficial y el blog de las Familias Sin Techo. En efecto, mientras la primera criminaliza la protesta y la participación política de la red de apoyo, en el segundo se hacen públicas la historia de lucha, distintas historias de vida y las adhesiones tanto locales, nacionales como internacionales, a las Familias Sin Techo.

Paralelamente, se abren las audiencias de mediación tendientes a solucionar el conficto, a condición de desalojar el predio y retornar al Pueyrredón, en las que se ofrecían distintas propuestas, con distintos plazos de ejecución, como desratización, limpieza del arroyo y la inscripción de las familias en planes habitacionales, las que son todas rechazadas por la asamblea.

4- Nuevas propuestas transitorias de resolución problemas

Las familias permanecieron en el predio durante tres meses, manteniendo la modalidad de asamblea para la resolución de los problemas de convivencia y discusión de las acciones que había que desarrollar para sostener el reclamo, con el lema "mucha gente sin casas, muchas casas sin gente".

Para mantener la visibilización del conficto, se desarrollaron distintas acciones e instancias de movilización y se comenzó a construir un proyecto de vida comunitaria y autogestivo, consistente en una huerta, talleres de alfabetización, apoyo escolar y diversas comisiones de trabajo.

Sin embargo, este proyecto no estuvo exento de tensiones y contradicciones, en tanto la información fuía verticalmente a través de una vocera que era el nexo del predio con el exterior, y en el interior se observaba cierta rigidez disciplinaria, como por ejemplo tomar asistencia y apelar a promociones y sanciones individuales, reproduciendo relaciones heterónomas y jerárquicas, contrapuestas a los conceptos de autogestión y comunidad tan reivindicados por la organización. Participar de la comunidad se transformaba de un deseo en una obligación, obturando las potencialidades de construcción de un espacio diferencial, y emergían formas de confictividad horizontales que opacaban la construcción de unidad tanto en el predio como en la articulación transversal con otros sectores sociales.16

El 5 de febrero de 2010, se dictó la sentencia de desalojo en aras de "velar por la propiedad privada", pero fue apelada y se intentó una presentación a Recurso de Casación, que fue acompañado por un informe sociohabitacional y socioambiental de las condiciones de vida y habitacionales de las familias en el Barrio Pueyrredón, de donde provenían las Familias Sin Techo. Estos informes,17 entre otros aspectos, daban cuenta de la situación de precariedad habitacional, laboral, de educación y salud que padecían dichas familias. Coincidían, temporalmente, con la investigación que realizaba la investigadora en torno a las irregularidades del Plan Dignidad.

Las instancias judiciales sobre la base del delito de usurpación no dieron lugar al recurso de casación y se dictó la fecha de desalojo, que abrió nuevas controversias e instancias de resolución del problema.

5- Desalojo y apertura de la Mesa de Diálogo

El 17 de abril de 2009 se efectiviza el desalojo, que además de violento fue ilegal, dado que no se cumplieron los puntos establecidos por el juez para llevarlo adelante, y las fuerzas del orden actuaron con caballería, gases, perros y balas 9 mm. Si bien se había previsto para las 10 de la mañana, recién a las 12 se iniciaron fuera del predio intentos de negociación para evitarlo.

Fracasados esos intentos, luego del desalojo algunas familias recurrieron a familiares y amigos para alojarse, pero otras pasaron dos meses habitando inhumanamente en el Centro Cultural América Libre. Sin embargo, su localización en el centro de la ciudad posibilitaba la movilización diaria hacia el municipio, no solo para mantener la visibilidad de la organización, sino para reclamar recursos.

Recién después de veinte días se abrió una Mesa de Diálogo en el municipio, con representantes del ejecutivo, del deliberativo, de las Familias Sin Techo, el abogado defensor y la investigadora de la Universidad, a los efectos de llegar a soluciones mediatas e inmediatas para las familias.

Entre los ofrecimientos por parte de las autoridades, surgió otorgarles terrenos dispersos en distintos lugares de la ciudad y un programa de autoconstrucción. Desde el punto de vista tecnológico, en las asambleas con las familias sin techo, los técnicos evaluaron sistemas alternativos a la construcción tradicional, de manera de acelerar los tiempos, de capacitación y ejecución de obra, lo que fue desestimado por los funcionarios en la Mesa de Diálogo.

Ante la presión que ejercieron las investigaciones de los distintos programas de viviendas en Mar del Plata, la corrupción que envolvió al Plan Dignidad y la existencia de un predio fscal vacante que estaba destinado a otro plan de viviendas sociales, contiguo a las viviendas que fueron tomadas, las autoridades desistieron en sus ofrecimientos y cedieron dicho predio. La movilización de distintas capacidades cognitivas y saberes populares y técnicos, codificados y tácitos por parte de las familias y organizaciones sociales que apoyaban el reclamo, ante la ausencia de políticas explícitas e integrales que enfrenten el problema habitacional por parte de los funcionarios en los distintos niveles de gobierno, logran dirigir la resolución del conficto a su favor.

Sin embargo, en torno a la adjudicación del predio, se abren nuevas controversias entre los actores. Para posibilitar la continuidad del proyecto autogestivo que las familias desarrollaban, la investigadora de la Universidad, quien trabajaba mancomunadamente con representantes de la Comisión Nacional de Tierras, propone la propiedad indivisa y colectiva de ese predio y llevar adelante una urbanización popular. Esta propuesta genera resistencia, paradójicamente, en las propias familias, quienes optan por aceptar la propuesta del municipio, basada en la propiedad privada individual para cada una de las familias. En otras palabras, se prefrió la obtención de 45 viviendas y no un predio, aun cuando ello significaba llevar a "fojas cero" tres meses de lucha. Nuevamente, el fetichismo de la mercancía y la propiedad privada hicieron perder el horizonte de lo nuevo que contenía la acción, reproduciendo procesos propios del sistema dominante. Al no conceptualizar desde el principio la toma como instrumento de lucha, la autogestión, como germen de transformación del orden vigente, fue un proyecto alternativo en el predio pero no en la conciencia de los protagonistas.

Finalmente, la resolución del conficto fue la construcción de las viviendas por diez cooperativas de distintas organizaciones sociales, lo que desencadenó nuevos y distintos confilictos asociados a las diferentes metodologías de lucha, que motivaron que, a la fecha, no se hayan concluido la totalidad de las viviendas.

En enero del año 2012 se produjo una nueva toma en la ciudad por parte de treinta familias provenientes de distintos barrios, en un predio contiguo a las viviendas de las Familias Sin Techo. Si bien se abrió una nueva Mesa de Diálogo en la que participaban dos representantes de la asamblea de este colectivo social, las negociaciones no prosperaban debido a problemas organizacionales, cognitivos y métodos de acción directa. En esta instancia, los funcionarios de gobierno llevaron adelante una posición disímil, logrando abortar las acciones. Si bien con posterioridad se llegó a un primer acuerdo, estos hechos ponen manifesto la aleatoriedad y contingencia para abordar las relaciones problema-solución, incurriendo en un círculo vicioso problema-solución-problema.

REfilEXIONES FINALES

Las refexiones finales que promueve este artículo pueden articularse a partir de aquellas que se desprenden del estudio de caso en torno al problema habitacional en la ciudad de Mar del Plata, los alcances y limitaciones del análisis sociotécnico para abordar dicha cuestión y sus potenciales triangulaciones. Sobre el primer punto, el estudio revela que, en la concepción de los distintos actores, existiría una controversia y menoscabo de lo que es una vivienda adecuada, haciendo mención "sólo al techo", contrapuesto a las recomendaciones de los expertos del Pacto DESC, para quienes "el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo con el cobijo que resulta del mero hecho de tener tejado sobre la cabeza". Precisamente, esta restricción en el concepto de vivienda profundiza la fragmentación intraclase y promueve la lucha individual, atentando contra la inclusión colectiva y el ejercicio de la ciudadanía sociotécnica.

En segundo lugar, si bien la clausura transitoria del conficto implicó la posesión individual de una vivienda, la construcción hegemónica del problema elude discutir la crisis habita-cional, la mala calidad de las viviendas, la represión y la corrupción, y enfatiza lo delictivo de la propuesta, la construcción de formas de violencia que disciplinen y la prevalencia de la propiedad privada individual.

Como hemos podido observar, a lo largo del conficto se configuran distintas e inestables alianzas sociotécnicas, que movilizan intereses y elementos heterogéneos y dan cuenta de la complejidad del problema, que es soslayada en los procesos de diseño, formulación e implementación de políticas públicas para resolver el problema habitacional de la ciudad, en pos de soluciones contingentes que reproducen viejos problemas y crean nuevos, profundizando la exclusión social, en el sentido de que incrementa la valorización del suelo, expulsa a los sectores populares y reproduce la desigualdad y la segregación so-cioespacial.

En ese sentido, frente a la falta de formulación de una política pública explícita e integral, que no reproduzca el círculo vicioso problema-solución-problema, cabe preguntarse acerca de los espacios de construcción colectiva de la política, las instancias de participación efectiva (intervención) y los momentos y elaboración de la agenda y decisiones cruciales que atañen al conjunto de la sociedad.

En el plano sociopolítico y académico se postula la necesidad de procesos botton – up que garanticen la democratización mediante la participación del conjunto de los actores en la definición de las relaciones problema-solución. Sin embargo, como queda demostrado en este trabajo, si no se introducen los confilictos de clase que den cuenta de la fragmentación y contradicciones de clase, esta posición solo será postulada como mera enunciación teórica. Por supuesto que, como dijimos, las familias lograron poder de negociación a partir de la experiencia de clase, y ganaron la propiedad de 45 viviendas, pero hacerlo sin saberlo, en términos de Marx (1965), produjo que, en cierta forma, se retrocediera en cuanto a unidad de clase.

En referencia a los aportes del enfoque sociotécnico, un aspecto relevante al análisis resulta la incorporación de las relaciones tecnología-sociedad. Así, la propuesta —aunque desestimada— de sistemas alternativos de construcción de las viviendas para las familias abre también una puerta al debate en el plano cognitivo y político. En efecto, la solución fue convocar a diez cooperativas conformadas por distintas organizaciones sociales para la construcción de las viviendas por sistema tradicional, lo que desencadenó nuevas tensiones y confilictos por distintos períodos de ejecución, diferentes niveles de capacitación laboral y heterogéneas metodologías de lucha, como así también en la adjudicación de aquellas.

Empero, la participación amplia en la resolución de los problemas sociales contribuye al ejercicio de ciudadanía sociotécnica, aspecto central de la vida democrática, pues las tecnologías para la inclusión social son la forma más democrática de diseñar, desarrollar, producir, implementar, gestionar y evaluar la matriz material de nuestro futuro.

Por ende, desde el punto de vista epistémico, abordar el análisis desde el enfoque socio-técnico, sin perder de vista la perspectiva de la lucha de clases, aporta a abrir el conficto y comprender las controversias y especificidades intraclase en las relaciones problemas-solución.

Por último, la deconstrucción del conficto en términos de controversia y diferentes atribuciones de sentido a un mismo artefacto —en este caso la vivienda— aporta a la estabilización y clausura de los significados, a la visualización de las múltiples problemáticas asociadas a la vivienda y a la necesidad de tener estos elementos en cuenta a la hora de pensar y elaborar las políticas públicas habitacionales. Así, la lucha continúa cabalgando, como dice thwaites rey (2004), sobre las contradicciones.

Notas

1- Es pertinente aclarar que una de las autoras participó en el conficto desde sus inicios, vivencias en el predio e integró la mesa de negociación para su "solución". Asimismo, este artículo recupera algunas refexiones del texto de Ana Núñez (2010) "Territorios (in) sumisos. (Des) obedeciendo el discurso fetichista de la vivienda Digna." Ponencia presentada al VI Congreso del CEISAL, Universite Le Mirail, Toulousse, Francia, junio-julio 2010.

2- Este acápite retoma re-fexiones planteadas en Núñez (2009; 2010, 2011), como así también en el proyecto PICT 2414, financiado por el FON-CyT, ANPCyT.

3- Ya a fines de la década de 1960, fue Henri Lefebvre quien postuló la necesidad de analizar la producción del espacio (y no la de cosas en él), toda vez que es en ese conocimiento en el que se halla implicado el derecho a la ciudad.

4- Esta naturalización y manera hegemónica de abordar el problema ha permanecido hasta la actualidad y es reali-mentada por los organismos y las agencias internacionales, de manera de legitimar la producción y reproducción de la desigualdad.

5- Hiato que se profundiza en la década del 90, con el término de gestión, vinculado con las reformas institucionales (Murillo, 2006) y con el surgimiento de la figura del experto como referente del pensamiento único (Vainer, 2000).

6- Con este término, Álvarez Leguizamón (2005) refiere a un sistema discursivo que naturaliza la pobreza y la desigualdad, sin cuestionar los mecanismos que las provocan y promoviendo una sociedad donde tiendan a un

7- En el contexto de las transformaciones de la década del 90, en cuanto a la formulación e implementación de políticas, y las nuevas que emergen a nivel nacional en 2003, surgen trabajos que abogan por una metodología de análisis que permita una visión comparativa de la implementación de la política habitacional argentina (Barreto, et. ál., 2009), a la vez que propugnan por su análisis integral y no sectorial (Barreto, 2009).

8- Cabe recordar que, entre 1895 y 1914, la tasa anual de crecimiento de la población extranjera en Mar del Plata fue superior al 72 0/00, mientras que la del país en su conjunto fue del 40 0/00.

9- Para un análisis del tránsito entre carencia material y la construcción normativa de lo que debe demandarse, ver Núñez (2007).

10- Es notable el desconocimiento que existe en la ciudad sobre la problemática habitacional, desde los organismos especializados, llegando a hablar, en pocos días, de 7000, 11000 y 20000 familias en situación de emergencia habitacional; además de cómo se compone en términos cualitativos.

11- Resolución N.º 2260, del Instituto Provincial de la Vivienda.

12- Distribuidas en tres barrios diferentes de la ciudad: El Martillo, Don Emilio y Las Heras.

13- La denominada empresa constructora se dedicaba a desagotes, sin haber incursionado antes en el rubro viviendas.

14- La acción se sostenía en términos de recuperación y no de toma, visión que va a impedir profundizar la experiencia de cogestión hacia nuevas formas de propiedad colectiva.

15- A mediados de la década del 80 se conformó el Comité de DESC, integrado por dieciocho expertos, que mo-nitorean permanentemente el cumplimiento del pacto, en los distintos países. En ese marco, la Comisión de Asentamientos Humanos definió una vivienda adecuada como "un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable", fijando siete variables de adecuación que deben respetarse en todos los países, desagregados en una serie de indicadores. En el año 2006, el Relator Especial Milaoon Kothari identificó catorce dimensiones que debían estar presentes en este derecho, toda vez que su enfoque reforzaba la indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos establecidas en la Conferencia de Viena, en 1993. Ver Consejo Económico y Social ONU (2006): "Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, Miloon Kothari". En www.observatoriopoliticasocial.org.

16- Entrevistas personales durante la convivencia en el predio.

17- Informe socioambiental y sociohabitacional elaborado por Ana Núñez, a pedido de los abogados defensores.

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