ARTÍCULOS ARBITRADOS

El derecho a la ciudad como estructura de sentimiento : ¿nuevas formas pre-emergentes de significar la vivienda y el espacio urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

 

Joaquín Benitez

Licenciado en Sociología (UBA), magíster en Estudios Urbanos (UNGS) y candidato doctoral en el Programa en Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actualmente se desempeña como becario doctoral del CONICET con sede en el Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento, y dicta clase en el seminario “Vida urbana y producción social del espacio: usos y apropiaciones diferenciales de la ciudad” de la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires. joaquin.a.benitez@gmail.com.

http://dx.doi.org/10.30972/crn.25253510

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Resumen

En el presente artículo nos proponemos explorar los sentidos que se construyeron sobre el derecho a la ciudad entre las organizaciones y movimientos sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los años que van de 2007 a 2015. Con este fin hemos desarrollado una estrategia de investigación cualitativa y entrevistado a referentes políticos y territoriales de doce organizaciones movilizadas por el acceso a la vivienda y a la ciudad. Encontramos que, salvo algunas excepciones, no existe una reivindicación explícita y generalizada de este derecho. En su lugar hallamos una serie de reclamos que no terminan de articularse discursivamente y expresarse de forma coherente. Proponemos entonces el concepto de estructura del sentimiento de Raymond Williams para analizar la presencia del derecho a la ciudad como una formación cultural en estado pre-emergente que, a pesar de dicha falta de formalización, no deja de ejercer un efecto real en la práctica y la experiencia de estas organizaciones.

Palabras clave: Derecho a la ciudad; movimientos sociales urbanos; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; estructura de sentimiento.

 

Abstract

The right to the city as a structure of affection: new pre-emerging forms of signifying housing and urban space in the Autonomous City of Buenos Aires? In this paper, we explore how the right to the city was understood among social movements and organizations in the Auronomous City of Buenos Aires between 2007 and 2015. With this aim, we conducted both qualitative research and interviews of grassroots leaders of 12 organizations struggling for housing and rights to the city. We found that, apart from a few exceptions, there is no explicit and generalized claim for such rights. Instead, we discovered a series of grievances that were not narratively articulated and expressed in a coherent system of beliefs. We propose the use of the concept of structure of feelings as suggested by Raymond Williams as a tool to analyze the right to the city as a pre-emergent cultural entity that, in spite of its tack of articulation, had a real effect on the practices and experiences of these organizations.

Key words: Right to the city; urban social movements; Auronomous City of Buenos Aires, structure of feelings.

 

Recibido: 05-01-18.

Aprobado: 19-07-18

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INTRODUCCIÓN

Actualmente, las referencias por un derecho a la ciudad se multiplican por todas partes. Leemos artículos académicos y escuchamos a intelectuales y referentes citar esta consigna. Se menciona al pasar en alguna intervención pública, y los diarios y revistas publican editoriales o columnas de opinión en los que se invoca este derecho y se defiende su urgencia e importancia. Sin embargo, los contenidos de un derecho a la ciudad no son evidentes y no se pueden dar por descontados. Para Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad es un derecho a la centralidad urbana, a las redes de comunicación e intercambio que son constitutivas del espacio urbano (Lefebvre, 1976). Lo esencial de lo urbano es constituirse como punto de encuentro, circulación e intercambio entre elementos diferentes (Lefebvre, 1969), de forma que la ciudad hace posible que cosas diversas ejerzan mutua influencia. Sin embargo, en el capitalismo la producción de lo urbano adquiere una lógica abstracta, y el espacio es despojado de este sentido social para servir la acumulación y producción de riquezas, priorizando dichas funciones económicas (su valor de cambio) por sobre las necesidades y los usos reales de sus habitantes (su valor de uso). Este autor no entiende, entonces, el derecho a la ciudad como un derecho en términos jurídicos ni un derecho a las ciudades actualmente existentes, sino que lo comprende como un derecho “a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de encuentros y cambios, a los ritmos de la vida y empleos del tiempo que permiten el uso pleno y entero de estos momentos y lugares” (Lefebvre, 1969: 167, la cursiva es del autor). Aquí, el espacio urbano no es un mero contenedor de lo social, ni tampoco apenas una expresión de las condiciones de producción, sino que se trata de un factor de producción y un elemento constitutivo de las relaciones de clase. De forma que este será un ámbito clave de toda revolución social, ya que funciona como instancia mediadora y articuladora de lo cotidiano y lo histórico.

Toda revolución necesita también revolucionar la vida cotidiana, y la ciudad se vuelve un espacio estratégico para realizar esta tarea. En virtud, Lefebvre no propone el derecho a la ciudad como un programa de acción política, sino como un sistema general de pensamiento (Marcuse, 2012; Link, 2015), dentro del cual son los movimientos sociales implicados en luchas urbanas concretas los que deben aportarle contenidos específicos a esta noción. Más tarde algunos autores han recuperado esta perspectiva poniendo mayor énfasis en los aspectos participativos de la producción de ciudad (Harvey, 2013), en el espacio público (Mitchell, 2003; Borja, 2013), o vinculándolo con una nueva concepción de ciudadanía urbana (Donzelot, 2012).

En los últimos treinta años han surgido movimientos sociales transnacionales que sí buscan su adopción en cuerpos normativos y en el sistema internacional de derechos humanos (Ortiz, 2011; Tedeschi, 2013), mientras que movimientos a nivel nacional se han inspirado en el derecho a la ciudad para promover reformas legislativas con un alto impacto en la producción de ciudades, como la Constitución Nacional de 1988 y el Estatuto de las Ciudades en Brasil (Fernandes, 2010; Soares Gonçalves, 2016), o la Constitución de 2008 de Ecuador y sus consecuentes planes nacionales de desarrollo (Pinto Valencia, 2013; Novillo Rameix, 2015). El trabajo de estos movimientos terminó de tomar forma en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, firmada por organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2005, donde se entiende este derecho como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social” (HIC-AL, 2008: 189) y se lo especifica mediante tres principios y fundamentos estratégicos: a) ejercicio pleno de la ciudadanía, b) función social de la ciudad, de la tierra y la propiedad y c) gestión democrática de la ciudad (Tedeschi, 2013; Zárate, 2011).

En suma, las distintas definiciones del derecho a la ciudad parecen pendular entre una posición radical, ligada al marxismo y a profundas transformaciones sociales, y una posición moderada, con reivindicaciones pragmáticas y la búsqueda de su adopción en el sistema internacional de derechos humanos (Delgadillo Polanco, 2012; Ramírez Zaragoza, 2015). Sin embargo, muy poco se ha escrito sobre qué entienden por derecho a la ciudad los actores sociales que realmente se encuentran involucrados en su reivindicación (Mayer, 2012; Liss, 2012; Ramírez Zaragoza, 2015). Algunos trabajos han explorado y analizado su presencia en distintos conflictos urbanos y territoriales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (Cravino, 2014; L’Huillier y Ouviña, 2016; Thomasz, 2010, 2016; Pírez y Cosacov, 2016). Sin embargo, dichas investigaciones incorporaron el derecho a la ciudad como un concepto con el cual interpretar los conflictos e identificar aquello que se encuentra en disputa, fueran o no los términos en los que los actores expresan sus demandas.

En este trabajo nos proponemos, entonces, explorar los sentidos que se construyen sobre una idea de derecho a la ciudad en las organizaciones y movimientos sociales por el acceso a la vivienda en la CABA, durante los años que van de 2007 a 2015. Con este fin, formulamos una metodología de investigación cualitativa y entrevistamos a dirigentes políticos y sociales de doce organizaciones movilizadas. Dichas entrevistas fueron realizadas entre finales de 2015 y principios de 2017, a partir de una guía semiestructurada en la que se invitaba a los dirigentes a describir el origen de la organización y las distintas luchas que llevaron adelante durante el período 2007-2015. En todos los casos entrevistamos a dirigentes que forman parte de la estructura formal de la organización y que poseen un alto nivel de compromiso e involucramiento con el movimiento. En ocho de los casos pudimos entrevistar a su dirigente máximo. La muestra fue construida de forma intencional (Glaser y Strauss, 1967), intentando abarcar tanto la mayor variedad posible de problemáticas urbanas y habitacionales como también los diferentes formatos y estructuras institucionales con los que estos movimientos se organizan. Fue compuesta por una organización de personas en situación de calle (Proyecto 7), una organización de defensa de inquilinos formales (Inquilinos Agrupados), una organización que defiende a ocupantes de inmuebles e inquilinos informales ante desalojos (CIBA), dos organizaciones por la urbanización de villas y asentamientos de la CABA (El Hormiguero y Movimientos de Villas y Barrios Germán Abdala), una agrupación política con militancia en la Legislatura de la CABA (Colectivo por la Igualdad), dos organizaciones políticas y territoriales del barrio de La Boca (Organización Política y Social Los Pibes y La Boca Resiste y Propone), una organización política y territorial movilizada por problemáticas ambientales y espacios verdes en la CABA y el Gran Buenos Aires (Tierra para Vivir), una ONG que realiza litigio estratégico por derechos sociales en villas de la CABA (ACIJ) y dos organizaciones que nuclean cooperativas de vivienda (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y Movimiento Territorial de Liberación).

Durante nuestro período de estudio no existió de forma generalizada el derecho a la ciudad como una reivindicación explícita de los movimientos sociales. Excepto por cuatro casos específicos¹, no encontramos la presencia literal de esta noción en discursos, documentos, pancartas y volantes de las organizaciones sociales relevadas. Si bien encontramos algunas referencias dispersas y aisladas (particularmente en discursos e intervenciones de militantes y referentes durante encuentros a los que asistimos como observadores), esta noción no era recuperada de forma programática. Durante el trabajo de campo, la alusión al derecho a la ciudad tampoco era expresada de forma espontánea por la casi totalidad de los referentes entrevistados, aun cuando intentamos relevar percepciones y sentidos en torno a varias disputas y reivindicaciones que esperábamos se encontraran bajo su esfera. En su lugar hallamos otras consignadas más específicamente, como el “derecho a la vivienda”, “tierra, techo y trabajo” o “urbanización”. Esta apreciación es también compartida por varios de los referentes que entrevistamos, quienes sostenían que “en las organizaciones sociales no es un tema o un concepto que se utilice en demasía el derecho a la ciudad, en su discurso político” (Referente - CxI²).

Sin embargo, los sentidos del derecho a la ciudad no se agotan en su demanda explícita. Creemos que sostener que esta reivindicación no existe porque no se expresa bajo este término es caer en una forma de nominalismo ingenuo, ya que las organizaciones bien podrían estar construyendo la misma idea a partir de un lenguaje propio. En otras ciudades, algunas investigaciones encontraron reivindicaciones análogas, como “ciudad para todos”, “ciudades para la gente, no para los negocios” o “derecho a vivir en la ciudad”, por nombrar algunos ejemplos, y las analizaron como movilizaciones por el derecho a la ciudad (Vittu, 2016; Mayer, 2012). ¿Cómo podemos pensar entonces el derecho a la ciudad en las organizaciones que entrevistamos? Encontramos que existen elementos en los discursos y las acciones de dichas organizaciones movilizadas por la vivienda que podrían entenderse como vinculados con una idea de un derecho a la ciudad; sin embargo, muchos de estos elementos se encontraban en tensión con otros sentidos y experiencias. Los referentes parecen dar vueltas en torno a una idea del derecho a la ciudad, pero no terminan de expresar sus demandas con estas palabras. Proponemos a continuación recuperar el concepto de estructura de sentimiento de Raymond Williams (2009; 2011) para comprender esta contradicción.

Las estructuras de sentimiento como formaciones sociales pre-emergentes

Una estructura de sentimiento es un concepto propuesto por Raymond Williams como una “hipótesis cultural” que busca comprender aquellas formaciones sociales que se encuentran “en solución” y no “precipitadas”, ligadas a una experiencia social en proceso. Williams fue desarrollando esta idea, aplicándola al estudio de formaciones culturales en distintas disciplinas artísticas, como el teatro, el cine o la literatura durante las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, dado que fue poco explicitada metodológicamente a lo largo de su obra, en este trabajo nos apropiaremos de la versión precisada en Marxismo y literatura (Williams, 2009) y los comentarios críticos de Cevasco (2003), Cáceres Riquelme y Herrera Pardo (2014) y Filmer (2003).

Este concepto es, principalmente, un intento por desmarcarse de las lecturas marxistas que vinculaban de manera determinista una base económica con superestructuras legales, religiosas y culturales de la sociedad, con el fin de explorar las zonas excluidas –los márgenes– de aquellas “formas fijas” a decir de Williams, de los productos definidos, [que] operan como acto de exclusión para otras formas sociales fundamentales, como la experiencia y los sentimientos, las cuales el concepto williamsiano tiene por objetivo rescatar para el análisis social. (Cáceres Riquelme y Herrera Pardo, 2014: 176)

Se trata de estructuras porque poseen elementos con relaciones internas entrelazadas y en tensión, pero al mismo tiempo expresan aquello que no se encuentra aún formalizado o articulado en un discurso: por esto elige la palabra “sentimiento”, porque busca dar cuenta de cómo se viven y se sienten los significados y valores culturales y su relación con creencias sistemáticas y formales. No se trata del “sentimiento contra el pensamiento, sino del pensamiento tal como es sentido y el sentimiento tal como es pensado; una conciencia práctica de tipo presente dentro de una continuidad viviente e interrelacionada” (Williams, 2009: 175). Dado que son un intento por captar aquello menos formal e institucionalizado, la estructura de sentimiento es propuesta como una alternativa analítica a otros conceptos como “ideología” o “visión de mundo”. Sin embargo, aun cuando estas sean expresiones ideológicas no cristalizadas discursivamente, su eficacia sobre la experiencia y la acción es real: pues su carácter de emergente o pre-emergente no les impide presionar sobre los sujetos o establecer límites efectivos sobre estos.

Si bien Williams creía que en las formas artísticas podían encontrarse más fácilmente las transformaciones experienciales de las que buscan dar cuenta las estructuras de sentimiento (Cáceres Riquelme y Herrera Pardo, 2014), estas también han sido utilizadas para analizar otros fenómenos sociales por fuera de las artes y los objetos culturales, como por ejemplo historias de vida de trabajadores de distintas ramas de la industria (Kirk, 2012), cómo significan el hogar las personas en situación de calle (Bachiller, 2013), los modos de imaginar “lo científico” en la cultura intelectual porteña de fines del siglo XIX y principios del siglo XX (Quereilhac, 2016), los significados en torno al trabajo y la precarización en obreros metalúrgicos a fines de la década de 1990 (Manzano, 2002) o el análisis de la irrupción de una “nueva clase media” como formación cultural pre-emergente y en proceso en el Brasil actual (de Oliveira-Cruz y Ronsini, 2016).

Metodológicamente, la propuesta implica captar y rastrear la aparición de “figuras semánticas” porque son “índices de procesos formadores y formativos, por lo que constituyen elementos consustanciales del proceso social material” (Cáceres Riquelme y Herrera Pardo, 2014: 186). En ellos podemos encontrar cómo son experimentados y vividos ciertos momentos históricos a medida que se desarrollan, captando sus conflictos y contradicciones inherentes. En El campo y la ciudad (Williams, 2011), por ejemplo, el análisis se centra en “formas” sociales y cómo estas son el resultado de “presiones y líneas de fuerza provenientes de la dinámica entre lo dominante, lo emergente y lo residual” (Cáceres Riquelme y Herrera Pardo, 2014: 182), las cuales no son reducibles a un solo sistema social o ideológico. En nuestro caso, encontramos durante el trabajo de campo tres figuras semánticas que de alguna manera enuncian sentidos del derecho a la ciudad, y en las que se expresan formas dominantes, emergentes y residuales sobre el espacio urbano, la vivienda y un derecho a habitar. Estas tres formas son las siguientes: a) la vivienda y la ciudad expresadas en un lenguaje de derechos, b) los sentidos del barrio, la centralidad y la ciudad como objetos y escenarios de disputa y c) el valor de cambio y el valor de uso en las políticas urbanas del GCBA.

La vivienda y la ciudad expresadas en un lenguaje de derechos

Si bien muchas organizaciones no incluyen explícitamente el derecho a la ciudad en sus discursos, encontramos que reivindicaciones ligadas al acceso a la vivienda son pensadas por las organizaciones que las demandan como intrínsecamente vinculadas con otros aspectos de la producción de ciudad y de la reproducción de la vida cotidiana, como educación, salud o trabajo. En las distintas organizaciones la problemática puesta en términos “habitacionales” es considerada como una reivindicación transversal que afecta a amplios sectores de la población, sin importar las particularidades que adopte (villas, inquilinatos y pensiones, alquileres, desalojos, etc.), y trasciende los aspectos “físicos” o “edilicios” de la vivienda o la ciudad. La Boca Resiste y Propone³, por ejemplo, concibe la vivienda como “el pilar fundamental donde se apoyan todo el resto de los derechos” (entrevista con referente), y encuentra difícil que los niños se desarrollen plenamente en un contexto de hacinamiento habitacional. En el Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala⁴ consideran que la “urbanización es el todo, es el colegio, la educación, la salud, el trabajo” (entrevista con referente). Un dirigente de Proyecto 7⁵ nos describía la experiencia de un encuentro de organizaciones llamado Congreso por el Derecho a la Vivienda:

La vivienda en el congreso está tratada como una cuestión social. No como una cuestión edilicia. […] El concepto de vivienda con todo lo que hablábamos: salud, educación, trabajo. […] Y plantear la vivienda desde ese lugar. Que después no importa en qué situación estás vos. Si estas en una villa, si estas acá, si estas allá, si estas en una casa tomada. Lo importante es que teníamos la misma visión y peleábamos por las mismas cosas. Referente de Proyecto 7

Esto también se expresa en los conflictos en los que intervienen estas organizaciones, las cuales no se limitan a aspectos estrictamente habitacionales e incluyen muchas cuestiones que no se refieren a la vivienda. Varias de las organizaciones entrevistadas realizaron movilizaciones y entablaron disputas con el Estado por infraestructuras urbanas y servicios urbanos. Por ejemplo, los integrantes de Tierra para Vivir se movilizaron en contra del cercamiento de las plazas y parques de la ciudad; referentes del Movimiento de villas y Barrios Germán Abdala se involucraron en la lucha por la escuela de la Villa 31 llamada “La Banderita”, o La Boca Resiste y Propone organizó marchas que solicitaban un trabajo de mayor articulación por parte de los dispositivos de protección a la niñez del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA. Al mismo tiempo, muchas de estas organizaciones autogestionaron servicios sociales con la asistencia del Estado, como bachilleratos populares, cooperativas de trabajo o espacios culturales.

En nuestras entrevistas encontramos que estos aspectos ligados al acceso a la vivienda y a la ciudad se encuentran expresados en un lenguaje de derechos. Sin embargo, si la vivienda y la ciudad aparecen como derechos, nuestros entrevistados justificaban su posición a partir de cuerpos normativos o antecedentes jurídicos, más que de sentidos ligados a la ciudadanía, las necesidades colectivas y la participación de los habitantes en la producción de ciudad. Creemos que estos sentidos provienen de una larga historia de luchas y disputas, pero también de un ciclo reciente de judicialización de problemáticas urbanas, el cual se desarrolló en la CABA durante la segunda parte de la década de 2000 y principios de la década de 2010 (Delamata, 2014; Giurleo, 2017). Como sostiene Smulovitz (2008), el surgimiento y difusión del lenguaje de derechos sería producto de su descubrimiento como herramienta con la que legitimar y dar entidad pública a demandas. Cuando los movimientos son exitosos, logran “transformar los ‘deseos’ (wants) en ‘derechos’ (entitlements), consiguen que la demanda sea resuelta a través de procedimientos públicos y estandarizados, reduciendo el peso de las contingencias políticas en la resolución de los problemas, y logran que el resultado sea imperativo” (Smulovitz, 2008: s/n).

El siguiente fragmento de entrevista es bastante claro al respecto: Nosotros creemos que [para] la vivienda debería haber un uso social. No es que es algo que nosotros creemos de manera abstracta y utópica. El derecho de acceso a la vivienda está contemplado en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en la Ley 341 de acceso al crédito que afecta solamente a la Capital Federal, en la Ley 2240 que es una ley que tiene como único límite el barrio de La Boca, y hay más de doce convenios internacionales a los que la Argentina suscribe. No es una fantasía nuestra el que la vivienda adecuada es un derecho. Referente de La Boca Resiste y Propone.

Encontramos entonces una conciencia práctica en la que la vivienda y la ciudad son expresadas y vividas como mucho más que lo “físico” o “constructivo”. Aquí la vivienda no es simplemente una estructura que ofrece cobijo, sino que es una instancia clave en la inserción en un entramado social que facilita la reproducción ampliada y la satisfacción de otros derechos, como la educación, la salud o el trabajo. Parece existir una experiencia en la que la negación del acceso a esta instancia es vivida como una denegación de derechos; sin embargo, dado que esta experiencia se encuentra en formación y no precipitada, resulta inefable para estos referentes expresar la existencia de un derecho a habitar el espacio urbano. En su lugar, tienden a apelar a formas dominantes ya establecidas, como por ejemplo artículos de las constituciones nacional o local, o definiciones difundidas y aceptadas desde el sistema de derechos humanos, como “vivienda adecuada”. Este lenguaje de derechos, entonces, no implica aquellos aspectos radicales de las propuestas marxistas de Lefebvre, Harvey o Mitchell, y parece referir más a la exigibilidad jurídica y el pragmatismo político de las definiciones latinoamericanas del derecho a la ciudad.

Ahora, ¿cómo es vivida y pensada esta instancia que incluye pero que también trasciende a la vivienda en su sentido más restringido? ¿Es decir, como aparece “la ciudad” en las demandas y reivindicaciones de las organizaciones entrevistadas?.

Sentidos del barrio, la centralidad y la ciudad en disputa

En nuestras entrevistas y en los documentos de estas organizaciones encontramos que los sentidos con los que se articula la demanda no parecen expresarse con la forma de “la ciudad”, sino por el contrario, lo hacen mediante la forma del “barrio” o la “centralidad”. Por ejemplo, luego de haber completado la construcción de forma cooperativa de un complejo de viviendas llamado “Barrio Monteagudo”, el MTL se encontró enfrentándose a las dificultades de lo que ellos llamaban “construir barrio”. Con este fin, desarrollaron actividades culturales, como una radio comunitaria o cooperativas de trabajo. Según su propio testimonio, esto se habría revelado como particularmente difícil a partir de un retraimiento hacia el interior de los hogares que los referentes identificaban en las bases del MTL. Fuera de esta referencia a la voluntad de “construir barrio”, no encontramos en su relato un discurso de reivindicación urbana, aun cuando la mayor parte de las luchas enfrentadas en su historia revisten un carácter de este tipo: desde la conformación de la cooperativa Flor de Ceibo, hasta la resistencia a desalojos de viviendas ocupadas en los barrios de Almagro y El Abasto, el alquiler de casas colectivas o la construcción del barrio Monteagudo no fueron simplemente luchas por la vivienda, sino luchas por el acceso y permanencia en centralidades urbanas bien conectadas.

En el caso de la urbanización de villas, si bien los referentes tienen una conciencia del valor inmobiliario de la centralidad, la poca tierra vacante disponible en la ciudad y la existencia de un derecho al arraigo y la radicación, esta centralidad no necesariamente es preferida por las bases del movimiento. Algunos referentes nos relataban que existe gente que prefiere quedarse y gente que aceptaría del GCBA una oferta de dinero o facilidades para instalarse en otro lado a cambio de abandonar el barrio. Por un lado, estarían aquellos que prefieren permanecer porque allí encuentran redes de solidaridad y de vecinalidad particulares. Estos actores perciben que es común en las “villas esto de que vos estés con tus vecinos de al lado con la puerta abierta hasta las tres de la mañana, tomando mate o tomándose una cerveza. Entienden que eso en otro lugar no les va a pasar” (Referente de El Hormiguero). Pero, por otro lado, algunas personas priorizarían la comodidad de disponer de una vivienda más grande, o con un título de propiedad, a cambio de relocalizarse. Para el caso de la villa 31, las organizaciones que entrevistamos sostienen que existían mayores consensos sobre la radicación a mediados de la década de 2000, cuando se conformó la mesa de urbanización, pero que “hoy estamos media y media. Sería mentirte decirte sí, estamos todos por el arraigo” (Referente de Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala). Sin embargo, sí existe por parte de las organizaciones una reivindicación muy fuerte del derecho a permanecer en el barrio y una fuerte conciencia del alto valor inmobiliario de los terrenos en los que se localiza. La lucha por la reurbanización se inscribe en una larga historia de resistencias al desalojo y a la erradicación de este tipo de barrios.

Otras organizaciones identificaban el valor estratégico-político de residir en territorios centrales, porque CABA sería la vitrina, es el centro neurálgico del poder político, el poder económico, el poder financiero, el poder represivo […] Jugás, y a la vez sos genuino, no sos exportado. No es que venís de algún barrio periférico. La territorialidad que nosotros tenemos en este lugar [en el barrio de La Boca] es absolutamente genuina. Entonces eso teda una ventaja comparativa en una batalla asimétrica. Vos tendrás las patrullas, ¿Pero sabes qué? Yo estoy en el barrio. Referente de Organización Política y Social Los Pibes⁶

Habitar en la centralidad se convierte en un valor estratégico para dar distintas disputas políticas y sociales que implican o no aspectos urbanos, es decir, tanto para una lucha por el derecho a la ciudad, como de derechos a través de la ciudad (Nicholls y Vermeulen, 2012). Sin embargo, para algunas organizaciones entrevistadas, articular demandas por la ciudad en su conjunto aparece como una problemática difícil de salvar, tanto debido a cierta falta de proyección territorial sobre toda la CABA, como a las diversas formas que toma la cuestión habitacional y el carácter difuso y general que adquieren ciertas transformaciones urbanas. Esto es algo que se puede apreciar en el siguiente fragmento de entrevista: El llamamiento es general para laburar el tema de ciudad en conjunto. Donde vemos que por lo general se toma así como laburo en villas o algunos reclamos para el sector inquilinos y listo, todo muy escindido. Y bueno, la gran incógnita es cómo tomar la lucha en general. Cómo abordar la lucha general contra la gentrificación. […] O sea que cuando vacían un hospital, cuando cierran una escuela pública, eso también es lucha por la ciudad. […] incluso en el caso de Parque Patricios afectaba al derecho al trabajo de la gente de El Molino, [porque] para construir una torre iban a cerrar una fábrica. […] nosotros estamos acostumbrados a que interviene lo sindical, entonces hay un conflicto y va el sindical. […] Pero no se termina de atar que eso que está pasando es por la especulación. Referente de Tierra para Vivir⁷

Algunas organizaciones, entonces, no parecen encontrar de forma clara cómo vincular aspectos que hacen al acceso y la permanencia en la ciudad con problemáticas que no son estrictamente habitacionales, y construir sentidos sobre la ciudad como ámbito más amplio que reclamar. A pesar de estas dificultades, el barrio y la centralidad surgen como escenarios y objetos de reivindicación, ya que habitar estos espacios se vive como estratégico para la reproducción de la vida, el encuentro e intercambio cotidiano con vecinos o la disputa política. Estos sentidos son el resultado de una conciencia práctica verdaderamente vivida, de “un tipo de sentimiento y pensamiento efectivamente social y material, aunque cada uno de ellos en una fase embrionaria antes de convertirse en un intercambio plenamente articulado y establecido” (Williams, 2009: 173). A continuación, relevaremos cómo estas organizaciones viven y piensan los cambios experimentados en sus espacios barriales de reivindicación, especialmente vinculados con las políticas del GCBA y la intervención de los desarrolladores inmobiliarios.

Valor de cambio y valor de uso en las políticas urbanas del GCBA

Encontramos también que existe un consenso generalizado en torno a un diagnóstico (Snow y Benford, 1988) sobre las problemáticas urbanas. Estas serían el resultado de políticas neoliberales de liberalización del mercado inmobiliario y la existencia de entramados de intereses espurios vinculados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Las organizaciones desarrollan una sospecha sobre las acciones del gobierno local, y se preguntan constantemente quiénes son los beneficiarios reales de dichas intervenciones. Identifican que la ciudad es un ámbito en el que los privados pueden obtener grandes ganancias a través de la especulación inmobiliaria y la obra pública innecesaria, y que dicha ganancia se produce postergando las necesidades reales de los vecinos de los barrios. Este es el caso de las intervenciones ligadas a las políticas de distritos, por ejemplo, las cuales son percibidas como destinadas a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios y no a los habitantes del barrio. Esta cuestión fue aludida en el siguiente fragmento de entrevista, en el cual la referente se preguntaba por los beneficiarios reales del Distrito Tecnológico de Parque Patricios:

¿A ver, qué se hizo en la ciudad? ¿El subte? Yo no sé cuánto me sirvió el subte a mí. […] A mí, sí, me parece fantástico, pero yo creo que acá el subte no fue hecho pensando en mí, vecino de Parque Los Patricios. El subte está hecho y proyectado en una política propia que ellos han delineado para la ciudad. […] Yo puedo disfrutar de un subte, lo puedo utilizar en la medida en que el salario me lo permita. Puedo moverme en la ciudad si el salario me lo permite. Disfrutar del entretenimiento si el salario me lo permite, lo de fondo no está resuelto. Referente de Movimiento Territorial de Liberación (MTL)⁸

Esta priorización del valor de cambio del espacio urbano como causa de la problemática habitacional no solo se encuentra en los barrios en los que se implementaron las políticas de distritos, la hallamos también en las entrevistas en que las organizaciones ligadas a las villas de la ciudad perciben también la llegada de prácticas de especulación inmobiliaria a estos territorios, donde la aparición de un mercado de alquileres de habitaciones y de compra y venta de inmuebles estaría afectando las solidaridades barriales. Allí existen también fuertes sospechas sobre el GCBA, cuyo objetivo “en realidad es entregar un título de propiedad para después, […] una vez que los vecinos tengan su título, poder comprar esas tierras a precios que ellos le pongan” (Referente de El Hormiguero) y desplazar a los pobladores mediante mecanismos de mercado.

La idea de una mercantilización del espacio urbano describe una experiencia que tanto los referentes de las organizaciones como los vecinos de la ciudad enfrentan cotidianamente. Lo viven en las trasformaciones de sus barrios, en la aparición de servicios, productos e infraestructuras que no pueden solventar, y la ven en las familias que deben abandonar sus viviendas para desplazarse a lugares más alejados o a vivir en peores condiciones habitacionales. Sin embargo, al mismo tiempo se encuentran elementos que naturalizan la preeminencia del valor de cambio. Una dirigente de la villa 31 nos comentaba su enojo al discutir con una vecina de la villa 20 y de ciertas resistencias a la urbanización, porque esta implicaría una mayor carga económica para sus hogares: […] a mí me toco hablar con una [referente] de la villa 20, […] Ella está en la parte urbanizada, pero no pagan nada. Entonces yo le digo “si vos peleas quedarte en la ciudad, vos querés tener un derecho, tenés una obligación.” […] Porque si yo me quedo acá, yo sé que tengo un derecho, pero tengo [también] una obligación. Yo tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tenés que pagar todo. Entonces para mí no es el hecho de “vamos a organizar para no pagar nada”. Y si no se puede, hay subsidios para poder ayudar. Referente de Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala

La referente nos relataba su sorpresa ante el relato de que muchas personas en la villa 20 no querrían la urbanización porque esto les implicaría tener que afrontar el pago de servicios públicos e impuestos. Lo que queremos señalar aquí es la persistencia de formaciones culturales dominantes que hacen difícil el reconocimiento de aquellos emergentes que cuestionan la vivienda y la ciudad como reducidas a su valor de cambio. La propiedad, como institución hegemónica, produce una “efectiva autoidentificación […] de la que se espera que resulte positiva pero que, si ello no es posible, se apoye en un (resignado) reconocimiento de lo inevitable y lo necesario” (Williams, 2009: 158). Aun entre algunos referentes políticos y sociales, la propiedad como institución social sigue teniendo prioridad sobre las formas apropiación colectiva que se oponen a esta y que eran propuestas por Lefebvre (1969; 1976) o la función social de la propiedad (Tedeschi, 2013; Fernandes, 2010).

Conclusiones

Entender el derecho a la ciudad como una estructura del sentimiento en estas organizaciones nos ha permitido realizar una sociología de la cultura de estos movimientos sociales e identificar formas de pensar y sentir la vivienda y la ciudad opuestas a las formas dominantes. Las teorías de Raymond Williams nos permiten entender lo dominante y lo hegemónico como procesos activos, los cuales son “siempre una interconexión y una organización más o menos adecuada de lo que de otro modo se dan como significados, valores, y prácticas separadas e incluso dispares” (Williams, 2009: 152), que no agotan ni incluyen la totalidad de la experiencia humana y se encuentran atravesados por conflictos y tensiones no resueltas. En este marco, nuevas prácticas, nuevos significados y nuevas relaciones son creados constantemente, pero solo algunos son alternativos u opuestos a los valores dominantes. La aparición de estas formas emergentes no es el resultado de procesos aislados, sino que estos son siempre avances incompletos y desiguales.

El derecho a la ciudad en estas organizaciones y movimientos sociales, como nueva formación cultural pre-emergente, se encuentra especialmente inmerso en este proceso de creación y difusión desparejo, en que algunos de sus sentidos (como una experiencia del espacio urbano como instancia de inserción en una vida cotidiana y las políticas del GCBA como valor de cambio por sobre el valor de uso de la ciudad y la vivienda) son adoptados por actores sociales, mientras que otros (como el derecho como conquista política y colectiva de movimientos colectivos o la ciudad como ámbito ampliado de reivindicación y defensa) se encuentran negados.

Lo que intentamos captar es un cambio general, que quizás puede ser mejor pensado como un “cambio de presencia” o de “estilo”, en la forma de expresar y movilizar reclamos ligados a lo urbano, que a partir de la obra de Williams debemos entender no como el resultado de epifenómenos o modificaciones en las relaciones económicas y sociales institucionalizadas, sino como cambios en la experiencia social. Aun cuando se presenten como transformaciones personales o parezcan pequeñas, incidentales o superficiales, estos cambios ejercen una importante presión sobre las prácticas y las experiencias. En nuestro caso, las organizaciones sociales se movilizaron por disputas que trascienden las necesidades de vivienda con respecto al espacio urbano (se involucraron en conflictos por educación, salud, trabajo, etc.), disputaron el acceso y la permanencia en la centralidad urbana y desarrollaron discursos críticos a la mercantilización de la ciudad, aun cuando estos sentidos no se encontraban plenamente articulados en sus discursos y convivían en tensión con formaciones culturales dominantes.

Estos cambios dependen del descubrimiento de nuevas formas, y no son una consecuencia mecánica y necesaria de nuevas prácticas, es decir, no son reflejos superestructurales de una base material. De forma que sostener que el derecho a la ciudad es una estructura de sentimiento, una formación social pre-emergente, no implica que necesariamente esto devendrá a futuro en una articulación específica, como una perspectiva explicitada en los discursos de los referentes de estas organizaciones. Será una labor de los referentes políticos y sociales reunir estos sentidos dispersos de un derecho a la ciudad como pre-emergentes culturales, en un sistema de pensamiento contrahegemónico articulado, capaz de disputar a las formas dominantes la legitimidad con que se produce la Ciudad de Buenos Aires. Con este fin, deberán encontrar formas y sentidos nuevos del habitar, para lo que pueden apelar (o no) a la obra de Henri Lefebvre, experiencias latinoamericanas como las de México, Ecuador o Brasil, o a los largos debates académicos que se desarrollaron en torno a esta idea.

Metodológicamente, sostener la existencia del derecho a la ciudad como una estructura de sentimiento es proponer una “hipótesis cultural”: un intento de comprender cómo se relaciona una formación (en este caso, un tipo de reivindicación política) con su período. En cuanto tal, es necesario volver sobre ella, sobre la base de nuevas evidencias y de cambios que se registren en la experiencia vivida y en los valores culturales con los que se expresa.

 

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Notas

1. Entre las organizaciones entrevistadas, estas excepciones son ACIJ, Colectivo por la Igualdad, CIBA y MOI. Un análisis de los sentidos del derecho a la ciudad entre estas cuatro organizaciones puede consultarse en Benitez (2018).

2. El Colectivo por la Igualdad (CxI) es una agrupación política surgida en el año 2011, a partir de desacuerdos en el partido Afirmación por una República Igualitaria (ARI). En el momento de ser entrevistados realizaban militancia territorial en villas de la ciudad y forman parte del Partido Social.

3. La Boca Resiste y Propone es una organización social multisectorial de segundo grado que nuclea actores sociales con militancia barrial en La Boca. La Boca Resiste y Propone posee un reconocimiento territorial importante, logrado a partir de acciones culturales, movilizaciones ante desalojos y la resistencia a la privatización de unos terrenos originalmente destinados a vivienda social, pero vendidos a desarrolladores privados durante 2016.

4. El Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala es una organización política y territorial por la urbanización de las villas de la ciudad y presencia en la villa 31, mediante un comedor y cooperativas de trabajo en el barrio. Forma parte de la CTA.

5. Proyecto 7 es una organización integrada por personas en situación de calle, cuyas actividades incluyen tanto la asistencia y acompañamiento desde una perspectiva multidisciplinaria, integral y colectiva como el reconocimiento de los derechos de esta población. El repertorio de protesta y la articulación política de esta organización lo acerca más a un movimiento social que a las ONG de perspectiva caritativa que tradicionalmente atienden a esta población.

6. La Organización Política y Social Los Pibes es una organización territorial del barrio de La Boca. Surge a mediados de la década del 90 como un comedor para responder a la emergencia alimentaria en la zona. Actualmente es miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de La Boca Resiste y Propone y del Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca. Gestiona la radio FM Riachuelo y nuclea a múltiples cooperativas de trabajo, incluyendo una cooperativa de viviendas.

7. Tierra para Vivir es una organización que se caracteriza a sí misma como el brazo socioambiental del Frente de Organizaciones en Lucha, para la movilización específicamente en cuestiones ligadas a espacios verdes y problemáticas ambientales desde una perspectiva ecosocialista. En la CABA han tenido cierto protagonismo en la resistencia al cercamiento de plazas y parques de la ciudad.

8. El Movimiento Territorial de Liberación (MTL) es una organización piquetera con militancia en barrios y villas del sur de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Uno de los aspectos más visibles de esta organización es la construcción del barrio Monteagudo, un complejo de vivienda multifamiliar construido de forma cooperativa en el barrio de Parque Patricios..