ARTÍCULO CIENTÍFICO

Agua y tierras secas. Lecturas críticas sobre la escasez hídrica en el departamento de Lavalle (Mendoza, Argentina)

Water and drylands. Critical readings on water scarcity in the department of Lavalle (Mendoza, Argentina)

María Virginia Grosso Cepparo^(*)

* Doctora en Geografía. Becaria postdoctoral del CONICET. Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Aridas (IADIZA-CONICET). Casilla de Correo 07 (CP 5500) Ciudad de Mendoza, Argentina, grossovirginia@gmail.com

Recibido: 25 de abril 2017
Aprobado: 7 de agosto 2017

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Resumen

La escasez de agua constituye un problema de Estado en las tierras secas de la provincia de Mendoza, Argentina. Sin embargo, mientras el gobierno local naturaliza y difunde la escasez como un problema "de todos", los contrastes en el acceso al agua plantean interrogantes respecto de su universalidad. Por ello, este trabajo busca repensar la escasez hídrica desde una perspectiva multidimensional que amplíe el abordaje biofísico. Específicamente, se busca analizar la mirada oficial respecto de esta problemática para, a partir de allí, comprender la manera en la que esta concepción refuerza y legitima desigualdades hídricas y territoriales en Mendoza. Se recurre a la producción de datos primarios a través de la realización de entrevistas en profundidad a funcionarios y pobladores, al análisis de documentos oficiales y de artículos periodísticos locales.

Palabras clave: Agua; Escasez hídrica; Dique Potrerillos; Mendoza

Abstract

Water scarcity is a state problem in the drylands of the province of Mendoza, Argentina. Nevertheless, while the local Government makes water scarcity look as only natural, and as "everybody's problem", the different possibilities of access to water strike as a contrast that raises questions about the universality of the problem. This paper intends to rethink water scarcity from a multidimensional perspective that widens the biophysical approach. Specifically, we seek to analyze the official view regarding this issue, and from there to understand how this concept reinforces and legitimizes water and territorial inequalities in Mendoza. We resort to theoretical criticism tools regarding the hegemonic approach on the subject, as well as to the production of primary data by conducting in-depth interviews to public servants and residents, and through the analysis of official documents and local newspaper articles.

Key words: Water; Water scarcity; Potrerillos dam; Mendoza

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Introducción

Numerosos organismos internacionales señalan a la escasez de agua como uno de los principales problemas y desafíos del siglo XXI al que ya se enfrentan todos los continentes (ONU, 2006). Dan cuenta de una problemática que amenaza el desarrollo de la vida y la producción del 40 % de la población mundial ubicada, mayormente, en regiones áridas y semiáridas (FAO, 2013; 2015).

Mendoza, provincia de tierras secas⁽¹⁾ del centro oeste de la República Argentina e integrante de la "diagonal árida sudamericana", no se encuentra ajena a esta problemática (DGI, 1999; FAO, 2004; Gobierno de Mendoza, 2010). En los últimos tiempos, la frecuencia e intensidad de períodos de déficit hídricos, han generado la declaración por parte del gobierno provincial de estados de "emergencia hídrica" con sus respectivas políticas para paliar el problema; además de la implementación de diversas estrategias por parte de la población con el fin de afrontar la falta de agua.

La necesidad de una pronta solución a esta problemática hídrica se explica por el papel esencial del agua en la construcción de los territorios en contextos de tierras secas. Si el agua comporta un rol activo en la dinámica de ciudades y espacios rurales a escala global, en tierras secas, su disponibilidad y gestión constituyen aspectos aún más vertebrales que repercuten directamente en la vida y organización de su territorio. Precisamente, mientras su disponibilidad y acceso funda ciudades y campos cultivados -construye los denominados "oasis"-, su ausencia, erige territorios no irrigados, comúnmente llamados "desiertos". En Mendoza, la presencia u omisión de agua conforma un territorio en disputa, fragmentado y contrastante en el cual los oasis⁽²⁾ ocupan una ínfima superficie, pero computan como áreas pujantes de la mano de la vitivinicultura y la dinámica urbana. Los territorios no irrigados, por su parte, encarnan vastas tierras rurales desterradas del derecho al agua y de las políticas públicas. En términos generales, las configuraciones territoriales en las tierras secas de Mendoza no pueden entenderse sin comprender la apropiación y gestión del agua, ya que el agua no puede disociarse del territorio y viceversa.

Una primera aproximación a la problemática evidencia que la escasez hídrica constituye un problema de Estado en Mendoza, aunque planteada bajo criterios que se condicen con la línea teórica dominante en la materia. Así, los diagnósticos oficiales de escasez hídrica, mientras enfatizan sus causas naturales -como la merma en las precipitaciones níveas-, omiten otras dimensiones que también explican la ausencia del agua. Por otro lado, estos dictámenes suelen presentarla como una problemática universal y homogénea de todo el territorio sin contemplar la posibilidad de una escasez diferencial según los distintos usos del agua, los actores sociales partícipes en la apropiación y el manejo del agua, entre otras consideraciones. Dicho de otro modo, mientras se naturaliza y difunde la escasez hídrica como un problema "de todos", los contrastes en el acceso al agua plantean interrogantes respecto de la universalidad de esta problemática.

Nos preguntamos entonces, ¿qué papel ha jugado la idea institucional de escasez hídrica en la construcción territorial diferencial de las tierras secas de Mendoza? ¿A riesgo de quiénes, la escasez hídrica se instala como un dispositivo de saber/poder en la gestión del agua provincial? Específicamente, ¿para qué actores sociales, para qué territorios y para qué usos el agua es escasa? ¿Quiénes son los destinatarios de las políticas que instrumenta el gobierno en aras de resolver el problema? En el marco de estos interrogantes surge el objetivo de repensar la escasez hídrica desde una perspectiva que amplíe el abordaje biofísico e incorpore así, otras dimensiones de análisis y actores sociales que también explican la carencia de agua. Concretamente, nos proponemos analizar la mirada oficial respecto de esta problemática para, a partir de allí, comprender la manera en la que esta concepción refuerza y legitima desigualdades hídricas y territoriales en la provincia. En otras palabras, buscamos entender la distribución diferencial del agua a través del análisis crítico de la problemática de la escasez hídrica.

Para ello, este trabajo se ordena en dos grandes apartados en los que se abordan distintas dimensiones de análisis, las que se resuelven en disímiles escalas geográficas. Por un lado, las dimensiones simbólicas de la problemática, en particular lo que el Estado local define como escasez hídrica para la provincia de Mendoza y, por el otro, las dimensiones materiales de la política oficial de escasez, en especial los impactos territoriales a escala del departamento de Lavalle⁽³⁾.

Respecto del primer apartado, se analizan las dimensiones simbólicas a partir de un interrogante guía: ¿qué se dice cuando se dice que el agua es escasa en la provincia de Mendoza? Con este fin, se analiza el concepto oficial de escasez de agua, la forma en que se calcula y, sobre todo, la miríada de actores, territorios y actividades productivas que se consideran parte de la problemática. Se estudian además, las respuestas implementadas por el Estado en aras de resolver la escasez hídrica durante los dos últimos períodos de escurrimientos hidrológicos inferiores a la media —”de 1995 a 2000 y de 2010 a la actualidad—”, poniendo particular atención a las medidas que pautan lineamientos sobre el uso y aprovechamiento del agua a escala provincial.

En el segundo apartado se analizan las dimensiones materiales de la obra multipropósito dique Potrerillos la cual, a partir del año 2001, embalsa y regula los caudales de uno de los ríos más importantes de la provincia, el Mendoza⁽⁴⁾. Particularmente, se estudian sus impactos sociales y espaciales actuales a la luz de los territorios ubicados en el tramo inferior de la cuenca, concretamente, en el departamento de Lavalle. El desafío aquí, radica en revelar el entramado de dimensiones y actores que construyen la escasez hídrica de esta zona, más allá de su aparente y extrema aridez.

En ambos apartados se generaron datos primarios a través de la realización de entrevistas en profundidad y del análisis de documentos oficiales —”decretos, leyes, planes hídricos—”, como también de artículos periodísticos locales. Específicamente, las entrevistas en profundidad se efectuaron durante cinco años de investigación (2010-2015), en los cuales se relevaron y analizaron las voces de los pobladores de Lavalle, como así también de los funcionarios públicos vinculados al gobierno municipal y a la gestión del agua a escala provincial. Por otra parte, y más allá de analizar de qué forman dialogan las tierras de Lavalle con la política oficial de escasez hídrica, la decisión metodológica de adoptar un enfoque de cuenca hidrográfica permitió reconocer los procesos de apropiación, gestión y las disputas por el agua desde un análisis multiescalar y multitemporal; superando de este modo las limitaciones que puede presentar un estudio confinado por límites político-administrativos. Con el mismo criterio y a fin de reconocer las múltiples dimensiones que explican la escasez de agua, el trabajo analiza la problemática tanto en las tierras irrigadas como no irrigadas del departamento de Lavalle, al igual que en lo atinente al agua tanto para consumo humano como para fines agrícolas.

De la ecuación agua-población a la relación agua-poder. Algunas claves teóricas para repensar la escasez hídrica

Las cifras que se expresan en mayor medida en la bibliografía especializada, representan la escasez hídrica como una relación entre los recursos hídricos disponibles y la población de un área geográfica para un momento de tiempo determinado (Rijsberman, 2006). En el marco de esta ecuación agua-población, la herramienta más utilizada es el indicador de Falkenmark o el índice de estrés hídrico⁽⁵⁾; sin embargo, por sí sola no ayuda a explicar la verdadera naturaleza de la escasez (Rijsberman, 2006), puesto que su abordaje se concentra solo en dos aspectos: 1) en las causas biofísicas que determinan la disponibilidad y oferta de agua. Así, la escasez hídrica se identifica como un problema de origen natural que solo pueden resolver los ciclos de la naturaleza o la implementación de un andamiaje hidráulico que amplíe la oferta hídrica; 2) en el comportamiento demográfico, en la demanda del bien escaso. Vargas Velásquez incluye este modo de abordar la escasez hídrica dentro de lo que denomina el "paradigma malthusiano puro o moderado de la demografía", en el cual se analiza la relación agua-sociedad como una presión de la población sobre los bienes escasos (Vargas Velásquez, 1998, p. 180). Así, la relación población-recursos-ambiente se ve reducida a una relación unidimensional, situación que justifica un enfoque técnico en la gestión hídrica.

En contraposición a esta mirada, el presente trabajo se apoya en los desarrollos teóricos de tres autores que intentan ir más allá de la ecuación agua-población, y que consideran al agua un elemento natural al mismo tiempo que social —”un híbrido socio-natural—”, y ponen especial atención en las relaciones de poder que intervienen en los procesos de apropiación, gestión y uso de los bienes hídricos. Al interior de este universo teórico, al que se puede identificar como crítico, Lyla Mehta y Erik Swyngedouw (2005; 2004) nutridos por los campos disciplinares de la Ecología Política y la Geografía, revelan la naturaleza multidimensional de la escasez.

Lyla Mehta propone un análisis multidimensional que exponga la complejidad de la escasez —”o, dicho de otra manera, de las "escaseces"—” considerando para ello cuatro dimensiones: biofísicas y ecológicas; temporales y cíclicas; socio-políticas; y antropogénicas. Según la autora, esta última dimensión, que suele omitirse, refiere a los factores que tienden a exacerbar las condiciones de restricción hídrica como los institucionales e hidráulicos y, además, revela la construcción social y política de la escasez de agua. Por otro lado, advierte que la problemática es tanto "real" como "construida" o "fabricada". El primer término alude al plano material y tangible, a la falta de agua, a la instancia de sed. Así, esta escasez es provocada por dimensiones biofísicas —”propias del ciclo hidrológico—”, pero también sociales vinculadas con la desigual apropiación y distribución del agua. Asimismo, advierte que esta complejidad se ve oscurecida por una escasez fabricada, una construcción discursiva que justifica controvertidas obras hidráulicas, las cuales seguirán legitimando el acceso desigual al agua. Por lo tanto, invita a reconocer entre lo "real" y lo "fabricado", es decir, analizar la escasez tanto en su plano material como discursivo (Mehta, 2005).

En la misma línea argumental, Erik Swyngedouw (2004), identifica una escasez absoluta ligada a la disponibilidad "natural" de agua; una escasez relativa surgida por una desigual distribución del agua y menciona como escasez fabricada a la que, originándose por una distribución diferencial del agua, es catalogada como residente en la naturaleza. Swyngedouw —”al igual que Mehta—” advierte que la escasez fabricada proporciona un excelente dispositivo para legitimar las políticas impulsadas por el mercado, sirve a un poder social y económico particular y desvía la atención de la naturaleza política de la escasez como social y políticamente producida, y se centra más bien en la disposición de soluciones tecnológicas. Vinculado a esto, el autor suma otra perspectiva clave para (re)pensar la escasez de agua: la idea de ciclo "hidrosocial" construido en oposición al uso convencional del ciclo hidrológico que se sostiene indefinidamente con o sin actividad humana. Además de examinar cómo el agua fluye dentro del ambiente físico, el ciclo hidrosocial también considera de qué forma la circulación del agua es manipulada por los agentes sociales y las instituciones, analizando para ello la infraestructura hidráulica, los marcos legales, las prácticas culturales y los significados simbólicos, entre otros (Swyngedouw, 2004; 2009) .

Otro autor, ajeno al estudio sobre las problemáticas por el agua pero sumamente interesante para reflexionar sobre la escasez hídrica, es Michel Foucault. Su actitud crítica invita a revisar y cuestionar suelos conceptuales inmunes a su relectura; por ello, su perspectiva permite problematizar el diagnóstico oficial de escasez hídrica, dictamen apenas cuestionado y, a la vez, eje vertebral de la gestión del agua en Mendoza. Sus desarrollos sobre la relación entre sujeto y juegos de verdad constituyen aportes para comprender el carácter funcional y performativo de este diagnóstico en las formas de vida de quienes enfrentan la escasez cotidianamente, como por sobre la constitución de sus territorios (Foucault, 1999b). Este autor se pregunta de qué forma los sujetos se constituyen en relación unos con otros, cómo hemos llegado a ser lo que somos y de qué modo algunos determinan la conducta de otros. En el marco de esta perspectiva, bien podemos preguntarnos, ¿qué papel ha jugado la idea institucional de escasez hídrica en la construcción diferencial de los territorios de Mendoza? ¿A riesgo de qué y quiénes, se instala la verdad de la escasez en la gestión del agua en la provincia? Dicho de otro modo, ¿cómo funciona la verdad de la escasez?, considerando que "...ya no se trata de saber cuál es el camino más seguro de la verdad, sino cuál ha sido el camino temerario de la verdad?" (Foucault, 1999a, p. 319). Además, advierte que múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan y constituyen el cuerpo social. No pueden disociarse, ni funcionar sin una producción o una circulación del discurso verdadero:

—¦el poder nos obliga a producir la verdad, dado que la exige y la necesita para funcionar (—¦) por otro lado, estamos igualmente sometidos a la verdad, en el sentido de que ésta es ley; el que decide, al menos en parte, es el discurso verdadero; él mismo propulsa efectos de poder. Después de todo, somos condenados, clasificados (...) destinados a cierta manera de vivir o morir, en función de discursos verdaderos que llevan consigo efectos específicos de poder (Foucault, 2008, p. 34).

En el marco de estas premisas, ¿estamos condenados u obligados a cierta manera de vivir —”con o sin agua—” en función de un discurso verdadero de escasez hídrica? Si fuera así, ¿de qué formas nos supeditamos al mismo? Foucault sostiene que la producción de una verdad no puede disociarse del poder y sus mecanismos porque estos últimos hacen posible esa verdad y, a la vez, porque esta misma tiene efectos de poder que nos sujetan. De este modo, pone en relevancia el tema del poder planteado como un campo de relaciones en el que es preciso analizar sus mecanismos y dispositivos, el cómo del poder. (Foucault, 2008).

Su método consiste en analizar las tecnologías de poder, centrándose en las técnicas y tácticas de dominación, los operadores materiales, las conexiones y utilizaciones de los sistemas locales de ese sometimiento y, por último, en los dispositivos de saber. Como este autor advierte:

...si quieren comprender los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar únicamente al análisis de los aparatos de Estado (—¦) en su ejercicio el poder va mucho más lejos, pasa por canales mucho más finos, es mucho más ambiguo, porque en el fondo cada uno es titular de un determinado poder y, en cierta medida, vehicula el poder (Foucault, 1999a, p. 321).

De allí que Foucault plantee un análisis ascendente del poder, partir de los mecanismos infinitesimales que tienen su propia historia, su propia técnica y táctica y, ver después, cómo esos mecanismos de poder que tienen su propia tecnología, fueron y aún son colonizados, utilizados y transformados por unos mecanismos cada vez más generales y unas formas de dominación global. Agrega además, que el poder debe analizarse como algo que circula o, mejor, como algo que solo funciona en cadena. De esta forma, el poder se ejerce en red y, en ella, los individuos no solo circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo (Foucault, 2008).

La circulación del agua en mares de arena, en cauces de poder

El clima árido y semiárido de Mendoza ejerce importantes efectos sobre la vida y economía de sus tierras (Abraham et al, 2014). Las insuficientes precipitaciones pluviales —”200 milímetros al año—”, sumadas a la variabilidad de las precipitaciones níveas que repercuten en el comportamiento de los caudales hidrográficos⁽⁶⁾, han hecho necesaria la regulación y sistematización de sus ríos cordilleranos desde tiempos pretéritos, la extracción de agua subterránea y, en menor medida, el uso de aguas residuales para riego agrícola.

En este contexto de aridez, la apropiación, sistematización y distribución del agua producen un territorio fragmentado y desigual en el que las tierras secas irrigadas —”los oasis—” ocupan solo el 4,8—‰% de la superficie provincial (APOT, 2013) y albergan al 95—‰% de un total de 1.741.610 habitantes que viven en Mendoza (INDEC, 2010). En estos pequeños vergeles se concentran importantes áreas urbanas y núcleos agroindustriales de gran dinamismo y consumo hídrico. El resto del territorio —”tierras secas no irrigadas—”, se compone de planicies y cordones montañosos donde habita el 5—‰% de la población de perfil netamente rural (Mapa 1).

Mapa 1. Mendoza, sus oasis de riego y sus tierras no irrigadas
Fuente: SIG Desert-Ladyot-IADIZA

La dualidad oasis-"desierto" encuentra su punto neurálgico en la sanción de la Ley de Aguas de 1884, la que aún hoy estructura el sistema hídrico provincial. Se considera el acto fundacional de la actual organización hídrica en Mendoza y la plataforma jurídico-institucional que permitió la reconversión de su economía —”con pivote en la vitivinicultura—” de fines del siglo XIX y principios del XX. No obstante, existen otras lecturas de este proceso que permiten reconocer las raíces de actuales disputas por el agua. Particularmente, Escolar y Saldi (2013) explican que la Ley de Aguas estableció derechos de agua⁽⁷⁾ vinculados a la propiedad privada de las tierras que dieron por resultado la concentración de caudales para los principales terratenientes y la distribución del resto a colonos —”generalmente europeos—” favorecidos por el Estado provincial. Esto propició aún más la intensificación de los oasis en detrimento de las áreas sin derechos de agua, así, la cada vez mayor captación del recurso que dejaba sin caudales a las partes más bajas de las cuencas, fue promovida apelando a la idea de que el uso para la vid era más racional en términos económicos que su pérdida en el "desierto". En pocas palabras, la Ley de Aguas delimitó las áreas irrigadas de las no irrigadas y las poblaciones con derecho al agua de las que no; es decir, transformó un bien público como es el agua, en un bien accesible solo para algunos.

Esta misma ley creó el Departamento General de Irrigación (DGI), órgano encargado de la administración general de las aguas y responsable de su preservación, distribución y regulación. Dicho organismo prevé que su gobierno se realice de forma democrática, para lo cual —”en teoría—” garantiza la participación de los usuarios a través de las denominadas Inspecciones de Cauce (IC); agrupaciones de usuarios del agua organizadas por cuenca, en las que se discute la distribución del caudal y el presupuesto anual, entre otros temas. Sin embargo, el DGI asigna derecho al voto a quienes antes revisten la condición de "regantes", es decir, a los propietarios de tierras que tienen asignados derechos de riego. Quienes por el contrario, se localizan dentro de la cuenca y son potenciales usuarios pero no revisten esta condición, quedan apartados de la gestión institucionalizada del agua y carecen del reconocimiento formal para disputar caudales. Este es el caso de los puesteros⁽⁸⁾ y las comunidades huarpes⁽⁹⁾ de las tierras secas no irrigadas de Lavalle, situadas en la parte distal de la cuenca del río Mendoza.

Producto de la lógica impuesta por la Ley de Aguas, el patrón provincial de fragmentación territorial se reproduce a escala departamental, inclusive con valores muy similares (Torres, 2010) (Mapa 2). De los 10.224 km² del territorio de Lavalle, solo el 3,3—‰% se halla bajo riego y concentra el 90—‰% de la población. El restante 96,7—‰% congrega al 10—‰% de la población, alrededor de 4.500 habitantes ubicados en unos 600 puestos organizados según un patrón de asentamiento disperso (Saldi, 2011). Esta condición define dos áreas geográficas bien contrastantes: por un lado, el área característica de Lavalle, tierras no irrigadas en las cuales se desarrolla una economía pastoril centrada en la producción de ganado caprino, con características que sitúan a los productores en la categoría de campesinos (Torres, 2010) (Fotografía 1); y por otro lado, ese pequeño oasis ubicado al suroeste del departamento, íntimamente ligado al Oasis Norte de la provincia, pero en una situación marginal debido, principalmente, a la escasez hídrica y a la salinización de sus suelos (Álvarez et al, 1997) (Fotografía 2).

Mapa 2. Departamento de Lavalle
Fuente: elaborado por Tec. Virgillito sobre la base del Instituto Geográfico Nacional (IGN), 2016

 

Fotografía 1. Tierras no irrigadas de Lavalle
Fuente: Archivo fotográfico de la autora, 2010

 

Fotografía 2. Tierras de oasis de Lavalle
Fuente: Archivo fotográfico de la autora, 2008

Damos cuenta entonces de una escasez hídrica originada por las insuficientes precipitaciones pluviales y la variabilidad de sus ríos nivo-glaciales. Al igual que Mehta, consideramos que estos atributos conforman lo que se señala como la dimensión biofísica de la escasez hídrica; es decir, factores que explican la escasa disponibilidad de agua, pero que no se constituye en su única razón. Frente a una "ceguera de las tierras secas" (Mehta, 2005) que define la escasez hídrica como una fatalidad de la naturaleza, se prefiere hablar de una "escasez biofísica de base" que, en mayor o menor medida, impregna el territorio provincial (Grosso, 2015, p. 9). Se considera además, que a esta escasez biofísica de base, se le acopla una "escasez relativa", producto de una historia de injusticias en la apropiación de las aguas del río Mendoza, sustentada por una plataforma jurídico-institucional productivista e inequitativa que posee sus cimientos en la Ley de Aguas (Swyngedouw, 2004).

Ahora bien, a más de cien años de la sanción de esta ley que pautó quiénes acceden al agua y quiénes deben convivir con la sed, nos preguntamos, ¿qué mecanismos posibilitaron que la idea de orden y normalidad se hiciera presente aún dentro de un contexto de desigualdad hídrica? ¿Qué dispositivos se emplean para seguir reproduciendo y legitimando estos contrastes entre oasis y "desierto"? ¿Qué mecánica legitima que haya agua para ciertas personas y "escasee" para otras? A raíz de estos interrogantes, planteamos como hipótesis que sobre la base de una restricción hídrica propia de un ambiente árido como Mendoza, se acopla una noción oficial de escasez hídrica que profundiza y legitima el modelo inequitativo de distribución del agua en la cuenca del río Mendoza. Así, la escasez hídrica actúa como un dispositivo de poder que perpetúa las asimetrías en torno al agua y, por consiguiente, refuerza los contrastes entre los territorios irrigados y los no irrigados.

Comenzar a trabajar en este supuesto, implica revisar conceptos que se han naturalizado al momento de explicar la situación hídrica de Mendoza. Uno de ellos es la escasez.

La escasez hídrica, un problema de Estado

Los datos obtenidos a partir del análisis de las entrevistas en profundidad a funcionarios del DGI, revelan que la escasez hídrica en Mendoza se define a partir de la ecuación agua/población —”o bien, oferta/demanda—”. En el marco de esta fórmula, la tarea de medir la oferta de agua superficial, constituye una actividad con altos estándares de tecnificación. Cuando a consecuencia de las escasas nevadacs estivales, los ríos de Mendoza transportan volúmenes de agua que no superan la media histórica, el DGI dictamina que se está en situación de "emergencia hídrica" (DGI, 2013). Tan es así, que el pronóstico de escurrimientos de agua superficial octubre 2016/septiembre 2017⁽¹⁰⁾ prevé, por séptimo año consecutivo, que la "emergencia hídrica" continúe en todas la cuencas provinciales (DGI, 2016).

Por otra parte, la medición de la demanda asume particularidades que ciñen la ecuación inicial: con respecto al uso agrícola, el DGI considera como usuarios del agua solo a los propietarios que poseen derechos de riego y, dentro de este universo, a los que están al día con el pago del agua. Con respecto al uso para consumo humano, el organismo contempla solo a los ciudadanos que están conectados a la red de distribución de agua potable. En otras palabras, la ecuación que, en teoría, debería formularse como el cociente entre los recursos hídricos disponibles y la población total de Mendoza —”para el caso, 1.741.610 habitantes—” se restringe. Por ende, quedan excluidos de la definición oficial de escasez hídrica, los ciudadanos que no poseen derechos de riego, los que no pueden pagar por el agua de riego y los que se abastecen de agua para uso doméstico a través de perforaciones propias o públicas. De este modo, la problemática que se identifica desde los organismos del Estado, lejos está de afectar por igual a todo el territorio provincial y a todos sus ciudadanos, más bien, refiere a una escasez planteada en términos diferenciales.

Ahora bien, ¿qué acciones implementan los organismos para resolver la escasez hídrica? ¿Quiénes son los destinatarios de las políticas del gobierno para minimizar el problema? A grandes rasgos, se puede distinguir respuestas que personifican dispositivos de control y gobierno, como la redacción de planes hídricos, decretos y prerrogativas y respuestas que bien pueden plantearse en términos de dispositivos tecnológicos, los cuales buscan ampliar y mejorar la oferta hídrica a través de la construcción y puesta en marcha de diques y pozos de extracción de agua subterránea, entre otros.

Específicamente y aludiendo a las primeras respuestas, se encuentra como acción más significativa, la redacción de decretos provinciales de "emergencia hídrica"⁽¹¹⁾ y su correspondiente difusión hacia la población y los distintos estamentos del Estado. En dicho documento se propone "Que los efectos nocivos de este fenómeno natural pueden ser mitigados merced a la eficiente y austera administración del Recurso Hídrico". Por ello, plantea "instruir al DGI para que disponga las medidas necesarias para distribuir el agua ajustadamente a la oferta, a la demanda, a los usos empadronados y a las prioridades legales" (Decreto Nº 2—Š379, 2010).

Por su parte, el DGI entiende que estar en "emergencia hídrica" implica un esfuerzo conjunto de todas las instituciones públicas, privadas y población en general. De esta forma, "cada uno debe colaborar activamente en el cuidado del recurso hídrico, evitando el derroche y la contaminación del mismo, a fin de que el agua disponible sea suficiente para satisfacer todas las necesidades de la provincia" (DGI, 2013). En el marco de estos lineamientos, el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), asume su rol como organismo de control e implementa sus propias respuestas que van desde la generación de conciencia entre los usuarios del agua potable, la restricción en los horarios y usos específicos del agua y la aplicación de multas, hasta la del "escrache" que consiste en pegar calcomanías —”repartidas por el organismo—” en la puerta de la vivienda del vecino que malgasta el agua.

A raíz de las declaraciones de "emergencia hídrica" se observa que, si bien el DGI no integra a todos los ciudadanos de Mendoza como damnificados de la escasez hídrica, ciertas medidas institucionales, lejos de resolverles la ausencia o merma del agua, terminan limitando aún más sus consumos en aras de restringir la demanda de agua. Pareciera entonces que, frente a una reducción en la oferta hídrica, la mejor solución es mermar el otro componente de la ecuación —”la demanda—”, a partir de un claro mecanismo disciplinador. Ahora bien, ¿a qué sectores sociales se dirige? ¿La vara de la restricción al consumo alcanza tanto a quienes colman sus piscinas como a quienes surten su sed? Por otra parte, mientras estas respuestas en clave disciplinadora pretenden impartirse de forma global y uniforme, incorporando incluso a quienes están por fuera de la definición institucional de escasez, las medidas que tienen que ver con actos de distribución y entrega de caudales en épocas de déficit vuelven a ceñir sus contornos en torno a los usos empadronados y a las prioridades legales; estos últimos originados con la sanción de la Ley de Aguas.

Con respecto a la gama de dispositivos tecnológicos que instrumenta el gobierno local, este trabajo centra su análisis en la obra multipropósito dique Potrerillos, una construcción hito al interior del sistema hidráulico de Mendoza, de trascendencia por su propósito de embalse, sistematización y "aprovechamiento integral" del único río no regulado de la provincia, el Mendoza. A más de 10 años de su inauguración y frente a la escasez de bibliografía especializada, se busca reconocer tanto los discursos oficiales y hegemónicos que legitimaron la realización de la obra, como las actuales disputas por el agua entre los distintos territorios de la cuenca, poniendo particular atención a sus tierras distales, a los "aguas abajo".

Entre-dichos y hechos del dique Potrerillos

El análisis de documentos oficiales, fuentes periodísticas y bibliografía especializada sobre la etapa de planificación del dique, permiten reconocer una gama de discursos que justifican el embalse y regulación de las aguas del río Mendoza. En palabras de un importante referente del riego en Mendoza:

—¦sus aguas todavía ofrecen muchas posibilidades, pero es necesario, antes que nada, que se las embalse a fin de regularlas como corresponde. Actualmente se pierden en verano, y cuando llueve, volúmenes enormes que bien podrían ser retenidos en algún pantano, para disponerlos en primavera, que es cuando escasea el agua en su zona de influencia (Vitali, 2005, p. 161).

En primer lugar, Vitali expone las razones agronómicas del embalse, puesto que los mayores caudales por deshielo se presentan en diciembre y enero, mientras los menores ocurren en primavera, época con mayor requerimiento hídrico por parte de los cultivos. De esta forma, la presa Potrerillos se presentaba como solución a estos desfasajes, disponiendo en años normales, de la dotación necesaria para cubrir el déficit estacional de primavera. El mismo autor apela, además, a dos argumentos fuertemente enlazados que, a nuestro entender, han pautado el curso de la política hídrica provincial: de un lado, la noción naturalizada de escasez hídrica y, del otro, la idea de "agua perdida". Con respecto al primer aspecto y frente a la aridez climática de Mendoza, se recurre a la noción de escasez como motor y justificación de las distintas respuestas hídricas (Vitali, 2005). Este argumento puede advertirse tanto en las palabras de Vitali, como en las de un actual funcionario del DGI:

—¦Yo diría que a partir del año 96, esa escasez, que fue una de las más grandes que ha habido⁽¹²⁾, motivó la construcción del dique Potrerillos porque era el único río no regulado". (Entrevista a funcionario de la Secretaría de Gestión Hídrica del DGI, 2013).

Por otra parte, la idea de "agua perdida" no hace más que exponer los criterios de eficiencia que priman en la administración de un bien escaso. De allí, que exista un claro consenso en evitar que los caudales circulen por el cauce aguas abajo, intempestivos a las fuerzas de poder que buscan almacenarlo y sumamente imprescindibles para la vida de las poblaciones y los ecosistemas ubicados en los tramos distales del río. En función a los datos obtenidos a partir del trabajo de campo, se constató que la idea de "agua perdida" se reproduce por fuera del ámbito del AMM y a lo largo de la cuenca, inclusive en territorios considerados marginales en función a un oasis mayor como el del Gran Mendoza (Álvarez et al, 1997). Un ejemplo de esta situación constituye el artículo periodístico escrito por los regantes de Lavalle, en el que se solicita la construcción del dique Potrerillos para que de esa forma el agua "no se pierda en el desierto", territorio en el que, como ellos manifiestan, "el agua no se ocupa":

El pueblo de Lavalle, pionero en la cultura agrícola, ha ido perdiendo con el transcurso del tiempo esta identidad, por culpa del hombre mismo al no cuidar principalmente el agua que la naturaleza brinda a través de la cuenca del río Mendoza (—¦) De continuar esta situación, de no regular el río, los oasis productivos también irán perdiendo su identidad (—¦) Como dato ilustrativo de la situación, se recuerda que desde siempre, todos los años, a partir de diciembre y hasta agosto, la mayor parte del agua del río se pierde en el desierto de Lavalle, y desde setiembre a diciembre el agua para riego, en el área cultivada de la cuenca, falta (—¦) esta realidad es fundamento irrebatible que justifica la regulación, un dique que almacene el agua en los meses que no se ocupa, para volcarla durante la primavera. (Los Andes, 1997, p. 14).

En principio, estas palabras suenan contradictorias debido a que dichos agricultores de igual forma se ven perjudicados por una historia de injusticia hídrica, ya que sus propiedades se encuentran aguas abajo de las del oasis del Gran Mendoza. Sin embargo, cobran sentido cuando se insertan en un paradigma hídrico productivista que entiende al agua como un recurso económico escaso, como un factor de producción que debe merecerse (Aguilera Klink, 1998). Parafraseando a Foucault (1999a), el poder en torno a la apropiación y control del agua funciona en cadena, se ejerce en red y, en ella, los individuos están siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo. Bajo esta lógica, mientras las cadenas de dominación se erigen y legitiman a lo largo de la cuenca del río Mendoza, van pautando una determinada circulación del agua, fijando un ciclo hidrosocial que irá construyendo territorios diferenciales en términos del acceso al agua (Swyngedouw, 2004).

El tratamiento de fuentes oficiales y periodísticas previas a la inauguración del dique, permite reconocer además, narrativas que apelan al "desarrollo y progreso" de la cuenca en función a un listado de beneficios a obtener con su construcción (Raffani, 2016). No obstante, el análisis de la Síntesis de la Manifestación General de Impacto Ambiental (SMGIA) de la presa⁽¹³⁾, permite cuestionar esa cartera de beneficios. En primer lugar, su análisis revela las palabras de Radovich quien sostiene que el anuncio de un "paquete de objetivos" constituye una práctica común en los estudios de factibilidad de este tipo de proyectos "multipropósito" puesto que los mismos buscan lograr consenso sobre su necesidad y justificar así, la gran inversión de capital que demandan y los costos sociales, ambientales y culturales de controvertidas obras (Radovich, 2005, p. 98).

Por otra parte, la SMGIA no deja de manifestar el fortalecimiento de la lógica oasis-céntrica imperante en la administración del agua al no contemplar, entre sus propósitos, transformar la realidad de las tierras no irrigadas de la cuenca; de hecho, ni siquiera las menciona. Particularmente, el proyecto no contempla la ampliación del área irrigada en beneficio de más usuarios, sino más bien, garantiza los caudales a los productores que ya poseen derecho a riego, reafirmando así el universo de regantes pautado por la Ley de Aguas. Igualmente, no alude a la ampliación y mejora del servicio de provisión de agua potable a los ciudadanos que se ubican por fuera del Oasis Norte, si no que se circunscribe al Gran Mendoza y su zona de influencia. Menos aún se refiere a la ganadería —”actividad emblemática de las tierras no irrigadas—” como destinataria de los caudales, mientras que sí incorpora en sus objetivos, mejoras en el desarrollo de la actividad agrícola, energética y turística. En pocas palabras, los territorios no irrigados quedan excluidos del pretendido desarrollo de la obra, reforzando de este modo las inequidades hídricas de la cuenca y su correspondiente fragmentación territorial (Grosso y Raffani, 2013). Entonces, ¿las respuestas oficiales a quién(es) le resuelven la escasez? Mientras se defiende el agua de algunos ¿a qué otros se les disciplina la sed?

Si bien los discursos con mayor eco apelan a la gesta de quienes realizaron la postergada y necesaria obra, existen otras voces que matizan y cuestionan sus resultados. A diez años del llenado completo del dique⁽¹⁴⁾, los datos construidos a lo largo de la investigación permiten postular que el DGI posee una opinión favorable sobre los alcances de la obra en lo atinente al agua para riego: a partir del dique se cuenta con caudales regulados y estabilizados que garantizan la disponibilidad de agua de riego a lo largo de todo el ciclo agrícola (Salomón et al, 2008). Aun así, el organismo señala que estos valores siguen sin ser óptimos, en especial por las bajas eficiencias del sistema de distribución⁽¹⁵⁾ y, en segundo lugar, por el bajo volumen de regulación de la presa⁽¹⁶⁾. Por su parte, desde la Asociación de Inspecciones de Cauce (AIC) en Lavalle, afirman que el dique no aumentó los caudales, ni las hectáreas cultivadas sino más bien, hizo oportuna la entrega para los cultivos. No obstante, este organismo que nuclea a los regantes de Lavalle, manifestó que los verdaderos beneficios del dique aún no son visibles del todo a causa del incumplimiento en la impermeabilización de los canales que eviten las infiltraciones y minimicen el efecto de las aguas claras⁽¹⁷⁾. Omisión en las obras que repercute y, en buena parte, explica la ausencia del agua en estos tramos distales:

Nosotros sufrimos por estar en el confín del sistema (...) Al disminuir el caudal, el agua tarda más en llegar, tenemos mayores infiltraciones al no tener cauces impermeabilizados (—¦) Nosotros estamos muy atrasados con las obras. Al no haber obras, al venir menor caudal, aguas claras (—¦) son litros de agua que perdemos. Entonces esa es una problemática seria de la escasez. (Entrevista a funcionario de la AIC, 2013).

Dicho mandatario relaciona su idea de confín con la falta de obras hídricas y, por ende, con la merma de caudales por infiltración. Es más, considera la ausencia de infraestructura hidráulica como un factor clave en la explicación de la escasez; aspecto remarcado también por los regantes, los cuales catalogan a Potrerillos como una "obra inconclusa". En términos generales, los entrevistados señalan las limitaciones del dique Potrerillos, no obstante también, apuntan como una causa importante de la escasez de agua de sus tierras, la situación de confín en la cuenca. Consideramos que esta idea de confín excede las explicaciones de tinte deterministas dadas por la posición geográfica, como si el simple hecho de ubicarse en la parte distal de la cuenca fuera razón suficiente para entender la escasez de esos territorios. Más bien, se vincula a la ausencia de obras hídricas que eviten las pérdidas de los caudales a lo largo del recorrido por los canales y, de esa forma, reviertan la problemática. Así las cosas, los entrevistados manifiestan la impronta de la voluntad política en la implementación de dispositivos tecnológicos que resuelvan sus problemas, acusan una naturaleza política de la escasez que no es tenida en cuenta y, por medio de la cual, se refuerza la escasez biofísica de base propia de estos territorios (Swyngedouw, 2004).

Por otra parte, entre los asuntos inconclusos vinculados al dique Potrerillos, algunos regantes manifestaron la promesa de convertir los derechos de riego eventuales a definitivos una vez que estuviera en funcionamiento la obra, todo esto en el marco de lo manifiesto en la Ley provincial N° 7—‰444 del año 2005 (SIAJ, 2016). De este modo, tanto la ausencia de obras complementarias al dique, como las dilaciones en la conversión de los derechos de agua, obstaculizan el pleno funcionamiento de la presa e impiden minimizar la escasez hídrica. A este panorama inconcluso se suma la preocupación a causa de la potencial competencia por los caudales del río con el uso turístico e inmobiliario que se proyecta otorgar a las tierras del perilago del dique Potrerillos⁽¹⁸⁾.

Este panorama hídrico es aún más crítico para los ciudadanos que no poseen derechos de riego. Una problemática que emergió en las entrevistas realizadas a funcionarios y pobladores de las tierras no irrigadas de Lavalle, fue la extinción de los caudales del río Mendoza a partir de la construcción del dique Potrerillos:

—” Hemos hecho mil reclamos al DGI por la evaluación ambiental del dique que habían unos pulsos [caudales] que tenían que llegar (—¦) Cuando terminan las evaluaciones ambientales se hace una declaración de impacto ambiental que dice que anualmente tenían que venir dos pulsos de agua (...) Dos caudales, no está determinado el valor, que llegaran dos veces por año agua (...) eso era lo que había quedado escrito

—” ¿Y nunca llegó agua?

—” Después del dique hubo una o dos veces que llegó, pero nada programado. Siempre nos trae problemas, cuando sobra agua la liberan y tenemos aislados, inundados (—¦) Porque sobra, pero ahora como está el dique es imposible que manden nada

—” Claro, más en este contexto de crisis hídrica

—” Claro, de escasez. Y bueno también ha entrado a jugar todo un olfato turístico, que bajarle la cota al río es tocar algunos intereses, así que menos van a decidir mandar agua para acá. (Entrevista a funcionario de la Municipalidad de Lavalle, 2010).

Estas palabras señalan las lógicas de una escasez diferencial, la cual mientras garantiza caudales hacia algunos territorios, los omite para con otros. Es que en el marco de un paradigma hídrico productivista, las actividades turísticas, agrícolas y energéticas del oasis constituyen ejemplos de reproducción del capital, no así las que pueden proponer las tierras no irrigadas o las que se vinculan con la necesidad de un caudal ecológico. Por otra parte, el funcionario expone un aspecto poco explorado, la idea de "sobrante". Refiere de ese modo a los caudales que llegan a esas latitudes por el solo hecho de "sobrar" aguas arriba, de no utilizarse en el oasis; no así por planificación y, mucho menos, por resarcimiento histórico. Podemos argumentar entonces, que los habitantes de las tierras no irrigadas de Lavalle, antes de la implementación del dique, vivían de la ineficiencia del sistema hídrico y de los sobrantes de agua. En otras palabras, cuando los caudales no eran utilizados en su totalidad aguas arriba, se "escapaban" y así podían llegar aguas abajo. A partir del embalse y regulación del río Mendoza, es decir, cuando aguas arriba se volvieron más eficientes e intencionados en el manejo hídrico, los habitantes de la cuenca inferior se vieron perjudicados en el marco de esas lógicas hídricas productivistas:

—” En el 2002 fueron las últimas crecidas del río porque ya después hicieron el dique y después ya no—¦ Decían ya vamos a hacer el dique así controlamos el agua y mandamos. Nunca más mandaron agua.

—” Entonces, ¿el dique Potrerillos los perjudicó?

—” Sí. A ver, yo comparto el tema de lo que por ahí dice el Estado, que ellos en aquel momento cuando se planteaba el dique era como una reserva de agua para la ciudad. Sí comparto la reserva, pero no comparto el tema de apropiarse de eso. Es decir, ellos, hoy hacen todo para el turismo y nosotros acá, aguándonos en tierra, nuestros animales muriéndose, lo que termina perjudicando a toda la gente del norte de Lavalle. Lo que nos termina perjudicando es la falta de compromiso de los políticos porque yo no estoy en desacuerdo en hacer un reservorio de agua, pero si ellos, realmente, hubieran hecho lo que tenían que hacer, es decir, mandar ese cupo de agua, estaríamos nosotros también, con agua. (Entrevista a integrante de la comunidad huarpe de Asunción, 2013).

Tal como refiere este poblador, la ausencia de caudales afecta su vida productiva, al igual que lo atinente a saciar su sed. Mientras las palabras de ciertos funcionarios vinculados con el servicio de agua potable del Gran Mendoza, sostienen que el dique Potrerillos influyó positivamente en la disponibilidad de agua para potabilizar; los pobladores por fuera del Gran Mendoza no fueron siquiera pensados dentro del paquete de beneficios de esta obra, tal el caso de la totalidad de los habitantes de Lavalle. Allí, la provisión de agua potable se satisface exclusivamente con aguas subterráneas⁽¹⁹⁾. Este hecho resulta llamativo si se considera que Lavalle se emplaza al interior de la cuenca del río Mendoza y que las demandas de agua potable resultan prioritarias según la Ley de Aguas. De igual forma, resulta un hecho alarmante si se contempla que las aguas subterráneas del departamento poseen valores de arsénico⁽²⁰⁾ que rozan o sobrepasan la normativa vigente; situación que expone a sus consumidores a serios problemas de salud.

En suma, la contaminación natural de la única fuente de agua —”la subterránea—” sumada a la deficiente cobertura del servicio de agua potable —”un 63,4—‰% en Lavalle frente al 88,9—‰% de la población provincial (Gobierno de Mendoza, 2010)—”, reflejan la asignatura pendiente en materia de agua para Lavalle, la cual se profundiza al analizar la situación en las tierras no irrigadas:

—” ¿Cuál es el principal problema de la comunidad huarpe de Asunción?

—” El tema del agua. En este momento, está por encima de lo que es el tema de la tierra. Los otros días en un encuentro de educación intercultural, la gente de educación nos preguntó qué cosas se deberían mejorar en el sistema educativo, entonces planteamos el tema del agua. Y los de educación nos decían: "no, pero dediquémonos a hablar únicamente de educación". Lo que pasa es que el tema del agua no es algo que no tiene que ver con el tema de educación, o sea, para que pueda estudiar un chico tiene que tener buena salud y para que pueda tener buena salud, tiene que tener agua (—¦) La gente no puede pensar qué educación quiere para su hijo si lo que está pensando es cómo darles agua. Y estoy hablando del agua para consumo humano y también del agua del río que es la comida de los animales (...) la gente prioriza, ¿cuál es el principal problema? El agua, desde el agua partimos. (Entrevista a integrante de la comunidad huarpe de Asunción, 2013).

Reflexiones finales

A partir de este trabajo de investigación, comprobamos que la concepción oficial de escasez de agua se condice con el abordaje hegemónico en la materia. Desde esta perspectiva, la problemática pivota en torno a la naturalización de las causas o al comportamiento demográfico que "amenaza" los caudales; no así, en torno a la gama de dimensiones que la definen como un problema socio-ecológico, como una problemática por el agua. En el marco de esta ecuación, observamos que se excluyen de la definición oficial de escasez hídrica, específicamente en el segmento de la demanda, a los habitantes que no poseen derechos de riego —”las tierras no irrigadas—”, a los productores que no pueden pagar por el agua y a los pobladores que se abastecen de agua para uso doméstico a través de perforaciones propias o públicas. Refutamos entonces, la idea de una escasez universal ya que, en lo concreto, no todos los ciudadanos son tenidos en cuenta como parte integrante de este problema.

Frente a una escasez hídrica selectiva, planteábamos como anticipación de sentido, respuestas institucionales igualmente diferenciales. Analizamos entonces el "cómo del poder", ese conjunto de dispositivos, tanto tecnológicos como de control y gobierno, que "canalizan" y disciplinan las aguas dando origen a territorios fragmentados y desiguales en contextos de tierras secas (Foucault, 2008). En función a estos últimos y considerando en particular, los decretos provinciales de "emergencia hídrica", se observa que mientras apelan a la colaboración y esfuerzo conjunto en pos de la austeridad y el cuidado del recurso hídrico escaso, restringen y direccionan los caudales hacia las denominadas prioridades, es decir, los usuarios con derechos de riego y el uso para consumo humano, siempre y cuando los ciudadanos se ubiquen en la zona de prestación denominada "Gran Mendoza". Dicho de otro modo, mientras las respuestas institucionales en clave disciplinadoras —”personificadas en restricciones a los consumos, en implementación de multas y en escraches a los malgastadores del agua—” pretenden impartirse de forma global y uniforme, incorporando incluso a quienes el mismo Estado deja por fuera de la definición del problema de la escasez en Mendoza; las medidas que tienen que ver con actos de distribución de caudales en épocas de déficit hídrico vuelven a ceñir sus contornos en torno a los usos empadronados y a las prioridades legales.

Con respecto a los dispositivos tecnológicos y analizando en particular la presa Potrerillos, constatamos que más allá de los múltiples objetivos planteados en aras del desarrollo de la cuenca y la lucha contra la escasez hídrica, el dique refuerza las lógicas en la distribución del agua, pautadas inicialmente por la Ley de Aguas. En otras palabras, fortifica los límites de ese universo de regantes, de ese "club del agua" en el cual los territorios distales de la cuenca del río Mendoza no están contemplados como objetivos de la obra, ni siquiera son vistos en el mapa de la escasez hídrica. La profundización de las inequidades entre tierras irrigadas y no irrigadas cobra su ejemplo más notorio en el hecho de que mientras el dique garantiza la entrega de caudales a los regantes, perpetúa la exclusión hídrica de los territorios no irrigados caracterizados por una "escasez real" (Mehta, 2005). Si bien antes del funcionamiento del dique, estas tierras se valían de los caudales que el oasis no lograba consumir en su totalidad, luego de su funcionamiento ya no hubo "sobrantes" que aprovechar. Sostenemos entonces, que la implementación de esta respuesta constituye el último capítulo de injusticias hídricas hacia las tierras no irrigadas de Lavalle.

Observar la realidad hídrica de Lavalle a la luz del marco teórico elegido, permitió constatar que los flujos de agua son manipulados por la actividad humana y, que de ese modo, el agua circula dentro de un ciclo "hidrosocial" en el cual no solo intervienen las condiciones meteorológicas, sino también el andamiaje jurídico, institucional y técnico que direcciona los flujos hacia un destino predeterminado (Swyngedouw, 2004, 2009). De igual forma, queremos remarcar la fertilidad de la mirada y los conceptos foucaulteanos para el abordaje de la cuestión hídrica en general y de los discursos que funcionan como dispositivos de poder/saber, en particular. Preguntarse sobre la funcionalidad de un discurso permite pensar en otras nociones superadoras, en otras respuestas en aras de paliar el problema y, principalmente, en la posibilidad de instalar la crítica y, por qué no, la resistencia. En función a ello, el objetivo devino en reconocer los efectos de verdad que el discurso oficial de escasez hídrica posee en la organización hídrica y territorial, específicamente, en la construcción territorial diferencial de las tierras secas de Mendoza.

A manera de cierre, el diagnóstico oficial de escasez hídrica constituye una de las narrativas vertebrales de la política hídrica provincial, un discurso de verdad. Los ciclos de escasez de nevadas en cordillera y, por consiguiente, escasez de caudales, han actuado como argumento legítimo en la implementación de obras hídricas que se presentan como soluciones neutrales y apolíticas, dadoras de una pretendida justicia hídrica. Sin embargo, la consideración oficial del agua como un bien económico escaso, fomenta respuestas que buscan su uso eficiente, resolviendo así los problemas de escasez solo de algunos actores sociales; en concreto, de los que pertenecen al universo de usuarios pautado por la Ley de Aguas. Así, tanto los dispositivos tecnológicos como los de control y gobierno que intentan ampliar la oferta hídrica, restringir la demanda y minimizar la escasez hídrica, terminan resignificando las reglas de juego, es decir, el paradigma hídrico productivista dominante en la gestión del agua en Mendoza, por medio del cual, quien amerite su destino, se constituirá en poseedor de los caudales. Sostenemos entonces, que el discurso de escasez hídrica actúa como un dispositivo de poder que perpetúa la vida y —”en algunos casos—” la "muerte" hídrica de los territorios.

Notas

(1) La definición abarca todas las tierras donde el clima se clasifica como seco: desde el hiperárido, árido y semiárido al subhúmedo seco. Esta clasificación se basa en los valores del índice de aridez, que es la relación media anual entre la precipitación de un área y su evapotranspiración potencial (Abraham et al, 2014).

(2) Mendoza posee tres oasis irrigados de importancia económica en relación con la población y la superficie que comprenden: el Oasis Norte, formado por los ríos Mendoza y Tunuyán inferior; el Oasis Centro, constituido por el río Tunuyán superior y el Oasis Sur, integrado por los ríos Diamante y Atuel.

(3) La provincia de Mendoza se divide en 18 departamentos, los cuales se subdividen en distritos. Por razones administrativas, el gobierno provincial agrupa los departamentos en zonas: Centro o Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras, Luján); Este (Junín, Rivadavia, San Martín); Noreste (Lavalle, Santa Rosa, La Paz); Centro-oeste (Tunuyán, Tupungato, San Carlos) y Sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear).

(4) El río Mendoza constituye la cuenca más importante de la provincia ya que alimenta al Oasis Norte y al mayor aglomerado urbano y primera metrópolis regional del oeste argentino, denominado Área Metropolitana de Mendoza (AMM). Alberga los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y, parcialmente, San Martín. Concentra el 65% del total de la población mendocina, importantes núcleos agroindustriales, comerciales y de servicios de gran dinamismo y consumo hídrico. Paralelamente, acoge poblaciones que no poseen derechos de uso sobre las aguas del río, entre ellas se encuentran la de los territorios no irrigados de Lavalle.

(5) Según este criterio, un país o región experimenta "estrés hídrico" cuando su suministro anual de agua desciende por debajo de los 1.700 m3 por persona; y sufre "escasez de agua" cuando la oferta disminuye por debajo de 1.000 m3 (Rijsberman, 2006). Acorde a esta medición, un territorio tiene problemas de agua si su disponibilidad se halla entre los 1.000 y 2.000 m3 anuales por persona, situación que experimentan regiones como el norte de la provincia de Mendoza, en la cual se ubica el departamento de Lavalle (Abihaggle y Day, 2004).

(6) Las escasas precipitaciones pluviales poco tienen que ver con la disponibilidad de agua en Mendoza, ya que los caudales de los ríos cordilleranos provienen mayormente de la fusión de la nieve depositada durante el invierno y, en los años con escasa acumulación nívea, de la fusión de los glaciares. Este comportamiento define un régimen nivo-glacial para los ríos mendocinos con máximos volúmenes de agua entre los meses de noviembre a enero (primavera-verano) y mínimos de abril y julio.

(7) La Ley de Aguas postula dos tipos de concesiones: una perpetua, titulada "Derecho definitivo" y otra temporal, denominada "Derecho eventual". El primero implica que un terreno tiene un derecho de riego sin que éste caduque en el tiempo, teniendo la prioridad en cuanto a la disponibilidad del agua. Estos derechos se otorgaron, hasta la primera década del siglo XX, a propietarios con cultivos ya pautados, sin volver a actualizarlos hasta el día de hoy. Los eventuales, por su parte, fueron otorgados hasta mediados del siglo XX a los propietarios instalados en las áreas periféricas a los oasis centrales, siempre y cuando acreditaran la propiedad, fueran tierras con laboreo y hubiera sobrantes de caudal en el río, después de cubiertos completamente los derechos definitivos (Escolar y Saldi, 2013).

(8) El término alude al hombre que vive en un puesto; este último entendido como categoría nativa que refiere a las unidades domésticas de producción y alojamiento familiar sobre las que pivotan los procesos de reproducción social (Torres, 2010).

(9) Pobladores originarios de estas tierras. A partir de la reforma constitucional de 1994 se inscribió el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Argentina dándole rango constitucional (Saldi, 2011). En 1998 se conformaron once comunidades huarpe Milcallac en el departamento de Lavalle.

(10) El DGI define el "año hidrológico" de sus ríos de julio a julio. Específicamente, de julio a setiembre se procesa la información nívea obtenida a partir de las estaciones nivométricas y, la primera semana del mes de octubre (al finalizar el período invernal), se difunde el pronóstico definitivo de caudales por medio del cual se informa lo que sucedió y lo que va suceder en lo que resta del año hidrológico.

(11) El Decreto 2—Š379, con fecha 1 de octubre de 2010, constituye el caso más significativo por su constancia en el tiempo y su carácter normativo. El mismo declara la "emergencia hídrica" en todo el territorio provincial y establece distintas medidas a fin de afrontar las consecuencias perjudiciales que pudieran derivarse de la escasez de agua superficial para el ciclo hidrológico 2010/2011.

(12) El funcionario alude al período de déficit hídrico comprendido entre los años 1995 a 2000.

(13) En cumplimiento de la Ley General del Ambiente Nº 5—‰961 y su Decreto reglamentario Nº 2—‰109/94, los cuales apuntan a establecer un sistema de información pública sobre estos procesos, el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas del gobierno de Mendoza difundió la SMGIA de la obra Potrerillos en el diario Los Andes, el 13 de diciembre de 1998.

(14) El 26 de abril de 1999, luego de 90 años de postergaciones, se descubrió la placa en donde se dejaban inauguradas oficialmente las obras en oportunidad de que se habilitara el túnel de desviación del río, acontecimiento que se materializó en junio de 2000. Al año siguiente, el inicio de llenado de la presa constituyó otro acto importante, razón por la cual concurrió la alta plana gubernamental y empresarial. Como último gran hito, en el año 2006 se logró el llenado total del dique.

(15) Mendoza presenta un bajo nivel de eficiencia en el uso agrícola: a) en el tramo externo a la finca (de la cabecera del sistema a la bocatoma de la propiedad) se producen pérdidas de agua del 54—‰% por una inadecuada impermeabilización de los canales; b) en el tramo interno, las pérdidas del 41—‰% se generan fundamentalmente por la utilización de sistemas de riego considerados poco eficientes: surcos o melgas. Así, las pérdidas de agua externas e internas determinan un total del 73—‰% en la zona del río Mendoza (Therburg et al, p. 2004).

(16) El proyecto elegido y construido, ubica al dique Potrerillos en el tramo superior del río Mendoza, a 1.270 m s.n.m. y a 40 km al suroeste de la aglomeración del AMM. Su altura de coronamiento es de 116 metros y posee una capacidad de embalse de 420 hm3 (Salomón et al, p. 2008). Este último punto genera numerosas críticas. En palabras de un ingeniero en Recursos Hídricos, Potrerillos es "un embalse chico que en realidad no soluciona nada porque no tiene capacidad para regular de un año a otro, por ejemplo, un exceso de agua. Si tuviéramos exceso habría que dejar correr el agua porque solo puede almacenar en parte" (Entrevista personal, CONICET, 2016).

(17) Este término se utiliza para denominar a las aguas que no contienen sólidos en suspensión. El río Mendoza al descender de la montaña, arrastra sedimentos que cumplen una doble función: producen una impermeabilización natural de los canales de riego que disminuyen la infiltración y, además, arrastran nutrientes beneficiosos para las tierras productivas. Con el endicamiento del agua, esos sedimentos quedan depositados en el fondo del embalse, generando así la problemática ambiental de "aguas claras". La infiltración de estas aguas provoca, paralelamente, el ascenso de las napas freáticas por mayor infiltración lo que afecta la productividad en sitios con problemas de drenaje y salinización de agua, afectando así, el rendimiento de cientos de hectáreas productivas.

(18) Uno de los aspectos en torno al dique que más discusiones ha generado, es el proyecto de explotación de las tierras del perilago y la creación de un Ente de Administración del Perilago. Este organismo ha sido pensado para que administre las 1.700 hectáreas de tierras fiscales que circundan el dique, además de un piso de 100 millones de pesos por la venta de parte de esos predios para emprendimientos inmobiliarios. Estaría manejado por un directorio integrado por los municipios de Las Heras y Luján, el Poder Ejecutivo, el DGI y los regantes del río Mendoza. Si se aprueba la ley, el organismo podrá vender y licitar terrenos, entregar la prefactibilidad de emprendimientos y administrar los recursos económicos que genere el perilago (Boggia e Icardi, 2007).

(19) En función a las lógicas de abastecimiento del mayor prestador de agua potable y saneamiento de la provincia —”Aysam—”, existen dos grandes áreas de prestación en la cuenca del río Mendoza, por un lado, la zona denominada "Gran Mendoza" que comprende los departamentos de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y fragmentos de Luján y Maipú. La misma es abastecida, principalmente, con caudales del río Mendoza a través de las redes de agua de 5 plantas potabilizadoras. Por otro lado, la denominada "zona interior" en la cual se ubica el departamento de Lavalle. Esta área no se abastece de las aguas superficiales del río Mendoza y la fuente hídrica solo se limita a la extracción de agua subterránea.

(20) Los niveles de arsénico observados responden al aporte proveniente de cenizas volcánicas (Therburg et al, 2004). Estos materiales aportan arsénico a las aguas subterráneas que circulan por el subsuelo y como consecuencia, todo el departamento de Lavalle —”en menor o mayor medida—” debe enfrentar esta problemática.

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