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Estudios Socioterritoriales

versión On-line ISSN 1853-4392

Estudios Socioterritoriales vol.22  Tandil dic. 2017

 

ARTÍCULO CIENTÍFICO

Política de vivienda como determinante de la segregación residencial en la ciudad de Ibagué, Colombia

Housing policy as a determinant of residential segregation in the city of Ibagué, Colombia

Alexandra López Martínez(*)

* Economista. Doctoranda en Estudios Territoriales (DET) de la Universidad de Caldas, Colombia. Oficina del Proyecto Talento Humano, Universidad del Tolima. Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Territorio "Yuma íma" de la Universidad del Tolima. Barrio Santa Elena parte alta (Código Postal Nro 730006299), Ibagué, Tolima, Colombia, alexandra.2511516637@ucaldas.edu.co; alexanlm87@gmail.com

Recibido: 7 de marzo 2017
Aprobado: 10 de noviembre 2017


Resumen

El fenómeno de la segregación es inherente al sistema de producción capitalista, en donde los procesos económicos (sector privado), políticos (el Estado) e ideológicos, son los que determinan cómo se ocupa el espacio urbano. En este sentido el objetivo de este trabajo es indagar sobre las determinaciones económicas, políticas e ideológicas que han influenciado en el surgimiento de este fenómeno en Ibagué, para ello se hace un análisis por fases desde comienzos del siglo XX hasta el año 2017, teniendo como referencia lo acontecido a manera general en Colombia y que haya tenido influencia o no en el municipio en mención.

Palabras clave: Segregación residencial; Vivienda; Política pública

Abstract

The phenomenon of segregation is inherent in the capitalist system of production, where the economic processes (private sector), political (the State) and ideological processes determine how the urban space is occupied. In this sense, the objective of this work is to investigate the economic, political and ideological determinations that have influenced the appearance of this phenomenon in Ibagué, for it is made a phased analysis from the beginning of the 20th century to 2017 with reference What happened generally in Colombia and that hasinfluenced or not in the municipality in mention.

Key words: Residential segregation; Housing; Public politics


Introducción

A partir del estudio de la segregación residencial es posible constatar que la población tiende a localizarse en la ciudad según su condición socioeconómica, lo que implica una reducción en su interacción, esto a causa de una redistribución regresiva en el ingreso de la población como consecuencia de un desequilibrio diferencial de la distribución espacial del ingreso, lo que explica por qué una persona con altos ingresos localizada en una zona urbana de calidad, obtiene beneficios (oportunidades de empleo, equipamiento colectivo, entre otros) y la persona de bajos ingresos con movilidad restringida por sus salarios, no accede con facilidad a fuentes de trabajo mejores, vivienda digna, redes de transporte, entre otros.

La anterior situación es una de las posibles causas, además de la especulación del valor del suelo, de la segregación residencial en Ibagué. Es así como el fenómeno a indagar en el presente estudio es la segregación residencial en esta ciudad intermedia colombiana, la cual ha tenido un crecimiento acelerado de su población, relacionado con fenómenos sociales de orden nacional y regional, tales como la alta migración a mediados del siglo XX por la violencia rural, la avalancha de Armero(1) y el conflicto armado, entre otros. Estas situaciones han generado un proceso de urbanización segregado y fragmentado producto, por una parte, de la configuración creciente de asentamientos humanos informales y espontáneos (áreas de invasión), y por otra, de conjuntos residenciales cerrados para estratos socio-económicos medio-altos, fenómeno que ha contribuido a la agudización de la desigualdad social en el territorio municipal. En este sentido, considerando las características propias de la segregación residencial en este municipio, es menester avanzar en su análisis territorial.

El objetivo de este trabajo es analizar desde los determinantes económicos, políticos e ideológicos, cómo el fenómeno segregativo se ha gestado y consolidado en el tiempo en lugar de mitigarse. Por lo tanto, será una contribución teórica y práctica orientada a la toma de decisiones desde las políticas públicas y la planeación participativa. Es así como es relevante explicar cómo a partir de la producción del espacio urbano formado por los agentes tanto públicos como privados, se genera la segregación residencial, con el fin de estudiar sus causas y efectos a partir de un estudio de caso que permita dejar las bases para la etapa próxima de la investigación, que es la empírica, sobre la dimensión subjetiva de la segregación residencial que consiste en identificar las representaciones sociales que existen sobre este.

Breve revisión conceptual sobre segregación residencial

El concepto de segregación debe ser contextualizado al ser ambiguo y no unívoco por su carga semántica, de ahí que encontramos perspectivas como la etimológica que entiende al verbo segregar como separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales según el Diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, desde el punto de vista de la Sociología y de la Geografía, el concepto se interpreta como la ausencia de la interacción entre grupos sociales y desigualdad de los grupos sociales en un espacio físico respectivamente (White, 1983). Sin embargo, la presencia de una no significa la presencia de la otra. También, se le ha relacionado con el concepto de ghetto en donde la segregación como proceso es la ubicación espacial definida de manera involuntaria de un grupo social (Marcuse, 2001).

El concepto segregación se debe abordar de acuerdo a la perspectiva teórica desde la que se quieran explicar las relaciones sociales en el territorio. El término segregación es acuñado a Robert Ezra Park y Ernest Burgees desde la corriente Ecología Social Clásica de la Escuela de Chicago a principios del siglo XX, concepto que se utilizó para estudiar la "concentración natural" de la población urbana, por lo que la segregación no se estudió como fenómeno ni proceso urbano, y lo abordan más como un tema de la Ecología urbana tratándolo como un concepto neutral al analizar la diferenciación espacial de las ciudades (Salas, 2008), la cual se da por el dominio de un grupo sobre otro es decir, "este dominio es el responsable de la configuración social del espacio urbano (—¦) que en las comunidades humanas se basa en el poder económico de los grupos poblacionales y el valor del suelo" (Buzai, 2003, p. 38).

Para la década de 1950 surge una corriente denominada Ecología Social Moderna en el marco de la revolución cuantitativa en el que se abordó el estudio de la estructura social urbana y de la segregación socioespacial principalmente. Estudiar deductivamente las áreas sociales homogéneas en el medio urbano fueron trabajos realizados por Shevky y Wiliams (1949) y Shevky y Bell (1955), en los que se categoriza a la población por rango social (situación económica), urbanización (situación familiar) y segregación (grupos étnicos) (Buzai, 2003, p. 43). Con el análisis de estos factores se estudia la diferenciación y estratificación social de un grupo social específico a través de técnicas multivariadas.

A partir de la década de 1970 cambia la forma de abordar el fenómeno de la segregación desde el punto de vista teórico, metodológico e ideológico. La segregación residencial para los teóricos clásicos (Lefebvre, Lojkine y Castells) coinciden en que ésta es un estilo de organización del espacio en sociedades capitalistas (como lo toman Sabatini y Rodríguez), éste concepto adopta una diferente interpretación desde la perspectiva del Filósofo Lefebvre (1976, 1978a, 1978b) a la del Sociólogo Lojkine (1979), porque para este autor dicho concepto es el que orienta un trabajo investigativo mientras que para Lefebvre no lo era, solo consistía en una categoría implícita en la producción y apropiación del espacio.

Por su parte, Castells (2008) define de manera más completa la segregación urbana a partir de dos dimensiones, de condición y proceso, como condición porque la población se organiza en el espacio en grupos que internamente son homogéneos que tienen disparidad social entre otros grupos y como proceso porque, esas disparidades tienden a ser permanentes en el tiempo pues involucra una distribución desigual de oportunidades y de beneficios en la población (López, 2016). Cabe aclarar, que el urbanista Jacques Aprile-Gniset y la Arquitecta Gilma Mosquera en su libro Clases, Segregación y Barrio (1984), explican cómo los factores económicos, políticos, ideológicos y luchas de clases, determinan la segregación a través del tiempo, de ahí la importancia de comprender las dos dimensiones de este fenómeno.

Sin embargo, la segregación residencial no es un fenómeno solo de las sociedades capitalistas es decir, este fenómeno ha tenido diferentes expresiones en las ciudades de acuerdo a la época, lo que explica los cambios en su patrón tradicional el cual parte de un modelo de diferenciación residencial concéntrico de finales del siglo XIX que se caracteriza por la localización de la clase alta en el centro histórico con ubicación de los grupos sociales de bajos ingresos cercanos a éste. Posteriormente pasa a un modelo orientado a un crecimiento lineal del centro en la primera mitad del siglo XX que se caracteriza por presencia de zonas industriales y con grupos sociales internamente homogéneos por sus bajos ingresos cada vez más ubicados a la periferia de la ciudad, mientras que la población de clase alta crecía de manera lineal desde el centro, esto en forma de cono (Espinosa, 1992).

En otras palabras, en la producción del espacio urbano se presenta una acumulación capitalista convirtiéndose esta producción en una mercancía, en el cual se imponen un estilo de vida de acuerdo al uso (valor de cambio) que se le da al mismo, así, la población accederá a una vivienda en la ciudad de acuerdo a sus ingresos generando una diferenciación tanto social como del espacio. De ahí que la definición de segregación es compuesta, dado que puede generar tanto efectos positivos como negativos, el primero dará indicios de cómo la concentración espacial de un grupo social podría llegar a encaminar políticas públicas eficientes y los efectos negativos conllevan a la separación de grupos socialmente homogéneos internamente y que además se estigmatizan. De esta manera, la población se segrega y se convierte éste en un fenómeno más negativo que positivo en la vida urbana (Alessandri, 2013), es decir, "el espacio de la ciudad capitalista es fuertemente dividido en áreas residenciales "segregadas", reflejando la compleja estructura social en clases" (Corrêa, 1989, p. 8) [traducción del autor].

Agentes sociales y políticas de vivienda como determinantes de la segregación residencial

La vivienda es una necesidad básica del ser humano la cual tiene una demanda de carácter social, que tien como contraparte una oferta por parte de la intervención del Estado en el mercado (Velasquez, 2011), sin embargo esta necesidad pasó a ser un problema desde el momento en que se le convirtió en un problema económico y de mercado (Aprile & Mosquera, 1984, p. 5).

Esto quiere decir que la producción de la vivienda ha cambiado principalmente con la entrada en vigor del neoliberalismo en la década de 1990 y está dada en gran parte desde las lógicas del mercado, y las características de la misma se determinan de acuerdo a la condición social de quien la compre y de su producción (Aprile & Mosquera, 1984). Dicho esto, el acceso a la vivienda "sigue las leyes generales de la distribución de los productos y, por tanto, produce reagrupaciones en función de la capacidad social de los sujetos, o sea, en el sistema capitalista" (Castells, 2008, p. 203), por lo que son las determinaciones económicas, políticas e ideológicas las que redefinen el espacio en este sistema con el objeto de fortalecerlo bajo la noción de usuario-cliente-consumidor (Aprile & Mosquera, 1984; Torres et al., 2009). A continuación se indica cómo estos determinantes se han ido presentando en Colombia a través de cinco fases entre los que se distinguen tres hitos en la construcción de la vivienda en Colombia.

Fase higienista 1918-1942

La Ley Nº 46 de 1918 en la que se consideró la debida construcción de viviendas higiénicas para las familias de clase baja, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General de la Higiene, situación que estuvo a cargo de los municipios. Esta ley se creó con el propósito de mitigar los problemas de salubridad en las ciudades causadas por las migraciones rurales, quienes demandaban viviendas, servicios públicos, entre otros, necesidades que los municipios no tenían planificado que debían solventar y que tuvieron que afrontar (Ceballos et al., 2008). Esta misma ley se modificó con la pretensión de fortalecer que del presupuesto municipal se destinaran recursos para la construcción de vivienda de bajo costo, con destino a obreros y empleados, además se determinó que la vivienda era inembargable y que sería solo heredada por la esposa o por los hijos (Ceballos et al., 2008; Instituto Nacional de la Reforma Urbana, 1995). También se crearon otras leyes a partir de 1934 mediante las cuales se darían las disposiciones para construcciones de vivienda a través del Banco Central Hipotecario (BCH), el otorgamiento de subsidios por parte de los municipios, la creación de vivienda rural a través del Instituto de crédito Territorial (ICT) (creado en 1939) teniendo como favorecimiento un subsidio sobre la tasa de interés y otros beneficios. A partir de 1942 el ICT también asumió la función del BCH otorgando créditos para la construcción de vivienda urbana. Con la Ley Nº 53 de 1942 se amplió la posibilidad de nuevos créditos de vivienda a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de otorgar estos créditos para la construcción de barrios populares modelos (con los equipamientos y establecimientos necesarios para el deporte y la seguridad, entre otros), teniendo como plausibles beneficiarios a empleados de empresas (específicas), del estado y las demás personas que no se encontraran en las dos situaciones anteriores(Instituto Nacional de la Reforma Urbana, 1995). De esta manera se dieron las pautas iniciales para la construcción de la vivienda social en Colombia.

Fase institucional 1943-1965

En esta fase se distinguen las funciones referidas a la construcción de vivienda de acuerdo a las instituciones que fueron creadas, es decir, el ICT pasó a ser el encargado de construcciones de vivienda urbana y la vivienda rural a manos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. El ICT para este periodo estableció un monto máximo de patrimonio y de valor de la vivienda a comprar como requisitos para la solicitud de crédito, además se dio la potestad a este instituto de prestar hasta un 20—‰% de sus ingresos a las cooperativas de vivienda urbana y se creó la Caja de Vivienda Militar, la cual era la encargada de proveer viviendas al gremio. Por otra parte, "con la ley 41 de 1948 autorizó a los consejos municipales a disponer de los terrenos ejidos para resolver el problema de la vivienda popular de las ciudades" (Instituto Nacional de la Reforma Urbana, 1995, p. 15).

Finalizando la década de 1950 se crea el Plan de Fomento liderado por Lauchlin Currie(2) con el respaldo del Banco Mundial, que determina la situación económica del país, sirviendo este Plan de base al planteamiento de políticas públicas cuya preocupación fuera la reducción del déficit habitacional del momento (Fique, 2006).

Aún en la década de 1950 se persiste en las condiciones higiénicas que deben de tener las viviendas, también se creó el subsidio familiar de vivienda otorgado por el Estado bajo el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla (Instituto Nacional de la Reforma Urbana, 1995).

Posteriormente, bajo el Plan General de Desarrollo Económico y Social del gobierno Lleras Camargo (1966-1970) se explica qué el déficit habitacional tiene su primordial causa en el subdesarrollo del país, situación explicada por el contraste de una alta demanda de vivienda frente a una baja oferta de la misma, afectando principalmente a la población de estratos bajos, así como

el alto costo de la tierra en las ciudades y la localización de los planes institucionales de vivienda en la periferia, (—¦) generaba altos costos por la extensión de redes de servicios públicos, (—¦) el financiamiento estaba restringido debido a la baja rentabilidad que ofrecía la producción de la vivienda, (—¦) la improvisación de las ciudades para asumir la complejidad del fenómeno de la urbanización con la consecuente proliferación de tugurios. (Ceballos et al., 2008, p. 93).

Bajo el mismo gobierno, el Estudio sobre las Condiciones del Desarrollo en Colombia de la misión Lebret(3), se constituyó un primer hito para Colombia, dado que objetivamente se determinó una intervención del Estado a través de una planificación moderna del sector de la vivienda (Fique, 2006). En esta misión se dio énfasis a la vivienda sugiriendo mitigar el déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo de la época a través de la consolidación del ICT y el Instituto de Fomento Municipal, entre las recomendaciones está "establecer normas mínimas sobre superficie habitable de casas y su división en piezas, (—¦) normatividad para los barrios populares y de la habitación popular en la ciudad", para la población rural y urbana respectivamente (Ceballos et al., 2008, p. 98). Cabe aclarar que hubo la necesidad de crear una Ley mediante la cual se diera solución a los beneficiarios de viviendas por parte del ICT, viviendas con problemas de calidad.

Al finalizar este periodo se construyeron 19 proyectos de vivienda a nivel nacional (Instituto Nacional de la Reforma Urbana, 1995) a la par de la mejoría de la red de servicios públicos. Esta fase se caracterizó por recibir asesoría económica de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, entre otros, mediante el Plan Decenal, por lo que se puede decir que Colombia a través de los organismos internacionales empieza a tener ejercicios de planificación (Ceballos et al., 2008).

Fase de transición 1966-1972

Es una fase de transición ya que se comienzan a proponer políticas de vivienda en los Planes de Desarrollo Nacional, las cuales fueron sugeridas por entes internacionales, al tener ausencia de la participación del sector privado en este tema.

De acuerdo a los lineamientos de la Misión Currie, en los planes de desarrollo se le dio más importancia a las políticas encaminadas al desarrollo urbano y de vivienda. En 1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) a través del cual se captaban las cesantías a empleados públicos con el objetivo de ser utilizadas en la adquisición de vivienda. Para el periodo de 1970-1974 se estableció que la construcción de vivienda hiciera parte del desarrollo económico social del país. Además se crearon las corporaciones privadas de ahorro y vivienda en 1972, "con el objetivo de promover el ahorro privado y canalizarlo hacia la industria de la construcción. La operación se llevaría a cabo dentro del sistema (—¦) de "unidades de poder adquisitivo constante", conocidas usualmente como UPAC" (Instituto Nacional de la Reforma Urbana, 1995, p. 18). Por lo tanto se puede decir que este es un segundo hito del sector de la vivienda en Colombia (Fique, 2006). Es así como el sector privado empieza a tomar posicionamiento en la construcción de vivienda, con el propósito que apalancara dicho sector como líder de la economía del país mediante la generación de empleo (en especial mano de obra barata), apalancamiento de las empresas locales productoras de material para la construcción, efecto social y promoción del ahorro (Ceballos et al., 2008, p. 127—“128) y "el enfoque de la vivienda se desprendió definitivamente de su dimensión social y cultural y se encuadró en la perspectiva del desarrollo de la economía" (Fique, 2006, p. 22).

Fase de las corporaciones de ahorro y vivienda 1973-1991

Bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) se manifestó que era necesario crear una política que procurara la integración territorial, ya que en el país se venía presentado concentración demográfica en ciudades principales, propiciada entre otras razones por desequilibrios regionales, desigualdad social e intereses del sector privado en invertir en grandes ciudades más que en otras (Ceballos et al., 2008). Esta preocupación nace con el objeto de mitigar la presión que se estaba presentando en las grandes ciudades a causa de un crecimiento urbano que cada vez más exigía terrenos para la construcción de viviendas y servicios públicos propicios para estos, situación que al ser escaza y por ende costosa (la poca que había) fue presentando segregación socioeconómica y paralelamente se iba gestando la construcción informal. Por consiguiente, con la Política de Desarrollo Regional Urbano se propuso especialmente hacer atractivas a las ciudades intermedias a través de su desarrollo económico, reducción de costos de construcción, entre otros (Ceballos et al., 2008). De esta manera junto al ICT se establecieron planes que propendieron la integración del desarrollo urbano, promoviendo la mitigación del déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo.

Se crearon las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y el sistema financiero comenzó a ser parte de la dinámica para contrarrestar el déficit habitacional. El BCH creó un producto con el cual se podía ahorrar y otorgar crédito para la compra de vivienda. Por su parte la vivienda rural en 1976 con la Ley Nº 20, bajo el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI). Posteriormente, con la Ley Nº 9 de 1989 de Reforma Urbana manifiesta que todas las entidades que estén dedicadas al desarrollo de planes y programas de vivienda deben acogerse a los parámetros establecidos en los Planes de Desarrollo en donde vayan a funcionar, además que será obligatorio que la vivienda social que se obtenga sea de patrimonio familiar y que si serán embargables solo por las entidades que han otorgado créditos para su compra, situación que cambia con respecto a la Ley Nº 46 de 1918 y tampoco los créditos se podían seguir otorgando a través de sistema UPAC según el Decreto Nº 0163 de 1990 (Instituto Nacional de la Reforma Urbana, 1995).

Bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) al igual que el de Virgilio Barco (1986-1990), se sigue con la pretensión de impulsar el crecimiento económico teniendo como primordial promotor el sector de la construcción, con el que se buscó la creación de empleos, especialmente en la construcción de viviendas buscando afrontar además la desigualdad social.

También se dieron algunas pautas de descentralización con la intención de dar autonomía a los municipios de los recursos transferidos para promover la iniciativa local en soluciones habitacionales (Ceballos et al., 2008). Finalizando la década de 1980 nos encontramos con que a causa de la división entre partidos políticos, la violencia y el terrorismo aumentaron (el terrorismo lo hizo más ligado al narcotráfico); de tal manera que la prioridad del gobierno de Virgilio Barco fue fortalecer las Fuerzas Militares y la inversión social en la población más deprimida. Sin embargo, debido a la crisis económica no fue posible que su acción en lo social fuera tan efectiva, porque las inversiones fueron destinadas en otros sectores de la economía (Ceballos et al., 2008). En cuanto a afrontar el déficit habitacional, se promovió la calidad de la construcción de viviendas, tomando como antecedente la baja calidad de las viviendas de la población más vulnerable.

Fase del sistema nacional de vivienda de interés social 1990-2017

Para la década de 1990 se presentan novedades como la descentralización de los recursos, teniendo municipios autónomos en la ejecución de sus recursos y privatización de todo el proceso de construcción de vivienda, siendo éste un cambio estructural justificado en la débil intervención del Estado para afrontar el déficit habitacional de la población colombiana de escasos recursos; sumada la poca participación del sector privado en esta problemática. A partir de la década de 1990 el Estado solo juega el papel de incentivador desde la demanda de vivienda, y la oferta queda en manos de las empresas constructoras privadas (Ceballos et al., 2008, p. 181—“182), por lo tanto este es el tercer hito del sector de la vivienda en donde se elimina al Estado como productor (Fique, 2006).

Estos cambios se dieron principalmente como consecuencia de la ineficiencia del ICT en la solución del déficit habitacional por su falta de planificación, mal direccionamiento de los subsidios y la no exigencia de un ahorro programado que en definitiva, a lo que condujo, fue a una crisis del instituto porque, lo que en realidad se estaba haciendo era otorgar créditos sin su evaluación respectiva. Es así como los préstamos se entregaban a personas que en realidad no contaban con una solvencia económica para pagar su deuda y muy por el contrario, se estaba ejecutando una falacia de política habitacional, no solo en esta institución sino también las demás públicas (Ceballos et al., 2008). Dadas estas causas, se plantea que a través del discurso de la ineficiencia estatal se reduce la acción del Estado y entra la acción privada a un mercado sin regulación, es así como "estos discursos constituyen una ideología que soporta la toma de decisiones en vivienda, y la configuran sin duda, como política de acumulación- que atiende a pretensiones económicas- y como instrumento de legitimación del Estado —“ que alivia tensiones sociales-." (Fique, 2006, p. 53).

Se instauró el Plan de Vivienda Social en el periodo comprendido entre 1990 y 1994, allí se estableció "subsidiar la demanda de vivienda de los hogares con ingresos inferiores a los 4 salarios mínimos, involucrar al sector privado en la provisión de vivienda para esos hogares y descentralizar la construcción y financiación de la vivienda social" (Instituto Nacional de la Reforma Urbana, 1995, p. 26), con el fin de focalizar la construcción de vivienda a las personas con bajos ingresos. Con la Ley Nº 003 de 1991 el ICT pasó a ser el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana.

Finalizando el siglo llega la crisis inmobiliaria y con ella la crisis financiera, que condujo a la liquidación de entidades como el BCH, las Corporaciones de Ahorro y Vivienda son absorbidas por la banca comercial, a la creación de la Ley Nº 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial y de la figura de ahorro programado. En los próximos dos periodos bajo el mandato de Álvaro Uribe (2002-2006) se liquida el INURBE, y con este procedimiento se consolida el papel del Estado como mediador y vigilante de los programas de construcción de vivienda social por parte de las empresas constructoras privadas, se promueve el modelo de ciudad compacta y sostenible y en su segundo mandato con el de Ciudades Amables la cual abarcaría un modelo más integral que mitigue la pobreza y reduzca el desempleo. Sin embargo, este plan tuvo sus falencias ya que en lugar de quitar barreras al acceso del subsidio familiar de vivienda y al crédito hipotecario, lo que hizo fue mantenerlas, de tal manera, la población objetivo, como era de ingresos bajos, no fue la más beneficiada, por el contrario el diseño del programa dio para que los subsidios y todo lo que a ello concierne se focalizara en demandas efectivas, es decir, de aquel grupo poblacional que contara con los ingresos disponibles que le permitieran participar en ese tipo de política de vivienda (Ceballos et al., 2008).

En el gobierno de Juan Manuel Santos (2010 a la actualidad) se presenta una continuidad de la política de vivienda bajo el modelo neoliberal, teniendo una situación adicional que es el programa de viviendas gratis, el cual es un medio que pretende reactivar la economía, por lo tanto, los primeros 15 años del siglo XXI lo que muestran es que:

los actores dominantes han sido el Estado y los gremios (—¦) puede decirse que el gremio financiero, el representante del capital (—¦) en alianza con los propietarios del suelo y los de los medios de producción, ha sido el que mayor injerencia ha tenido en la toma de decisiones, imponiendo condiciones que garantizan su reproducción. (Fique, 2006, p. 57).

Determinantes para el caso Ibagué, Colombia

El fenómeno de la segregación residencial en Ibagué hace parte de la dinámica contemporánea del crecimiento urbano en Latinoamérica al advertir que está relacionada a factores estructurales de orden continental como son la migración del campo por la crisis agraria y la instauración de procesos extractivos mineros, la reprimarización de la economía en territorios rurales, etc, y en Colombia, además de lo anterior, por el conflicto armado que ha promovido el desplazamiento poblacional rural a la ciudad. Junto a lo anterior se puede decir que en Ibagué, el fenómeno en mención se ha acentuado en gran medida por determinantes que han incidido en el proceso de su crecimiento urbano, como lo son la puesta en marcha de obras públicas que la interconectan regional y nacionalmente, el desarrollo de la agroindustria, la violencia política de mitad del siglo XX, la erupción del Volcán Nevado del Ruiz en 1985 y el manejo político que la clase social alta le ha dado a la ciudad(4).

La fase higienista 1914-1942 del Municipio de Ibagué estuvo influenciada por las políticas españolas sobre el tema para el siglo XIX (González, 2006), sin embargo es para comienzos del siglo XX que se implementan soluciones higiénicas para aumentar la salubridad en la ciudad. Para los habitantes del municipio y sus dirigentes políticos, la salubridad estaba encaminada a mitigar la amenaza que representaban los animales callejeros como principales difusores de enfermedades a causa del cementerio insalubre, basuras y aguas negras y de aminorar la presencia de prostitutas y vagos que representaban para la época enfermedades sociales (González, 2006, p. 218—“223).

Es por ello que fue creada en 1914 la Oficina Departamental de Higiene con el objeto de controlar las enfermedades virales de la época, vigilancia en el aseo de la ciudad, entre otros; pero al no ser eficiente en su función se adoptaron otras medidas como la compra de vehículos para la recolección de la basura, construcción de la Plaza de mercado con los respectivos pabellones complementarios para el expendio de carne. Pero lo que contribuyó en mayor medida a la salubridad de Ibagué fue la pavimentación de las calles y el mejoramiento de los servicios públicos (González, 2006, pp. 97—“104).

Por otro lado, la fase institucional 1943-1965 estuvo marcada por sucesos determinantes de la expansión urbana del municipio de Ibagué. Así mismo a mediados del siglo XX, el país se caracterizó por el alto desplazamiento de la población rural a la ciudad y su descenso sucedió en la década de 1970. El proceso de concentración urbana para la época se originó especialmente por el surgimiento de una industrialización incipiente y los conflictos de redistribución territorial (Fique, 2006). Posteriormente el desplazamiento se dio por la crisis agraria y el conflicto armado, generando una migración intrarregional a nivel nacional. Justamente, a partir de mediados del siglo XX en la configuración socio-espacial de Ibagué fue más determinante el éxodo rural por la violencia, que la conversión de excedentes agrícolas en capital industrial e inversiones en la urbanización. Es así como el efecto demográfico en la ciudad es significativo pasando de una población urbana de 54.448 a 125.233 entre 1951 y 1964 respectivamente, lo que significó un crecimiento anual del 10—‰%, siendo el más alto en la historia de la ciudad (Espinosa, 1992).

Como corolario, la zona urbana de Ibagué fue dejando su forma compacta para ser un área de expansión dispersa; no obstante, al interior de la ciudad se dejaron lotes vacíos entre barrios de desarrollo formal, los cuales se fueron llenando paulatinamente por espacios de invasión (Figura 1). Esta situación acompañada del clientelismo político y la falta de planificación estatal para atender la demanda de vivienda social, derivaron en movimientos intraurbanos de desplazados, los cuales al invadir terrenos planos de la ciudad con los que se pudiera especular sobre su precio, eran desalojados a la fuerza y sin tener otra opción, lograban ubicarse en zonas de riesgo y de la periferia de Ibagué. Esta situación evidencia una segregación residencial y se encuentra relacionada con problemáticas que son sociales a nivel regional, pero que la afectan localmente, debido a la violencia que se presentaba de manera importante en la zona rural del Departamento del Tolima, aunado al déficit habitacional intensificado por el desplazamiento forzado fue un factor que ayudó a la especulación del precio del suelo (Espinosa, 1992).


Figura 1. Expansión urbana de Ibagué 1942-1972
Fuente: Espinosa, 1992, p. 116, 130

Por otro lado, para reforzar la actividad económica deteriorada en el campo a raíz de la violencia, se requería invertir en la red de servicios públicos, irrigación y vías de comunicación. Sin embargo, la administración pública de orden regional y local no realizó eficientemente dichas inversiones, por lo tanto la ciudad no logró entrar en la dinámica de los procesos productivos y con ello aumentó su dependencia económica de Bogotá especialmente. Incluso el sector secundario no se fortaleció, dando paso así a una economía local predominante en el sector terciario, a su vez este sector no se desarrolló de manera paralela con el industrial y las ganancias de los empresarios de la ciudad no se reinvertían en negocios ubicados en ella, al contrario, sus ganancias iban a parar a la bolsa de valores de Bogotá. Es así como la ciudad de Ibagué presentaba una situación particular en la expansión urbana ya que no iba de la mano con un crecimiento de las actividades comerciales e industriales hasta la época institucional.

Como parte de esta fase, para la solución al déficit habitacional que se presentaba en el país se creó la Ley Nº 41 de 1948 la cual "autorizó a los consejos municipales a disponer de los terrenos ejidos para resolver el problema de la vivienda popular de las ciudades" (Instituto Nacional de la Reforma Urbana, 1995, p. 15). A esta Ley se acogió el Consejo Municipal de Ibagué con el fin de mitigar el problema de la vivienda en la ciudad a causa de los desplazamientos forzados. Apesar de ser una iniciativa del Consejo en años anteriores, ésta no había surtido efecto debido a que vender los terrenos no era fácil debido a que en Ibagué no hay muchas familias con el poder adquisitivo suficiente para comprarlas o porque algunos arrendatarios ya tenían un arraigo hacia los terrenos o porque no tenían dinero para comprarlos (González, 2006, p. 256—“257), haciendo parte esta Ley del proceso institucional de la vivienda que vivió Ibagué para la época además de la participación del ICT.

Este Instituto para el caso de Ibagué en el periodo institucional 1943-1965 pasó su accionar de la población rural a la población urbana principalmente a causa de la constante invasión de lotes ejidos y privados en la ciudad como consecuencia de la violencia política de la época (González, 2006, p. 261) de ahí que entre los años 1951-1964 el ICT haya desarrollado 3664 soluciones habitacionales en 13 barrios (Espinosa, 1992, p. 111—“112). Cabe anotar, que la construcción de viviendas en la ciudad tuvo modificaciones de acuerdo al Plan de Fomento liderado por Lauchlin Currie, por lo que las construcciones se dieron por categoría social donde el área construida de la vivienda estaba relacionada a la categoría social en la que estaba la población -campesino, agricultor, trabajador urbano, entre otros- (González, 2003).

Luego, desde el año de 1964 hasta 1973, como parte de la fase de la inmigración permanente(5), la inmigración no se generó precisamente por la violencia sino por el estancamiento de la producción rural; aunado al fortaleciendo las vías, los servicios públicos y la infraestructura pública en general, situación que se dio de manera especial para la población de clase media—“alta, generando así una valorización del suelo urbano de los lugares ocupados por ellos. En efecto, la inversión vial en este periodo (a diferencia de anteriores) y las vías importantes de la ciudad constituyeron una característica primordial para la expansión urbana que se dio luego (Figura 2).

A partir de la década de 1970 hasta 1989, en la fase de las corporaciones de ahorro y vivienda 1973-1991, se puede decir que la población que predominaba como habitantes en el municipio era inmigrante, jugando un papel substancial en la construcción urbana y su expansión. A su vez, la ciudad, a pesar de que en su población urbana predominaba la inmigrante de años pasados, a comienzos de esta fase ya no era receptora de flujos poblaciones importantes, pero, la población que la habitaba generaba un proceso de expansión urbana, es así como se determinan usos del suelo en ella (residencial, comercial, mixto e industrial).

Finalizando esta fase se consolida la industrialización tomando importancia en la forma urbana de la ciudad, en especial por la exención de impuestos a los empresarios para activar la economía de la ciudad como consecuencia de la avalancha de Armero que generó desplazamientos de damnificados hacia ella (Espinosa, 1992; González, 2006). Las soluciones habitacionales de estos se dieron en la zona nor-oriental de Ibagué, manteniendo la tendencia de la expansión urbana desde 1985 hasta la década de 1990 (Espinosa, 1992) (Figura 2); además, paralelamente fueron surgiendo viviendas autoconstruidas alrededor del Río Chipalo, Salado, Ambalá y Picaleña, entre otros.

En otras palabras, la reestructuración del desarrollo en el municipio de Ibagué a partir de la década de 1970 transformó la configuración del espacio caracterizado por el uso heterogéneo del suelo, en donde la población se fue ubicando de manera dispersa en la ciudad de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas en conjuntos residenciales cerrados y en barrios de estratos sociales bajos, fenómeno asociado con la dispersión tanto de las zonas industriales como comerciales. Así mismo, este periodo es el producto de la implementación de modelos como el de la industrialización vía sustitución de importaciones.

En la década de 1990 se pasa a la fase del sistema nacional de vivienda de interés social 1991-2017, adoptando el modelo neoliberal mediante el cual se transforma la economía a través de la globalización, cabe esclarecer que a nivel social, con su advenimiento se dio paso a cambios en los estilos de vida y formas de consumo, lo que tiene una incidencia directa en la definición del lugar de residencia. Entonces, se puede decir que con la aparición del neoliberalismo y las medidas de privatización (asociados al desarrollo urbano: inmobiliario, construcción, etc.), se acentuaron los barrios de estratos bajos (estratos 1 y 2), aumentó la presencia y la calidad de conjuntos cerrados (acrecentando la brecha social) y el incremento de la expansión del espacio urbano.

En el caso de Ibagué la zona de expansión a partir de la década de 1990 se fue desarrollando en el suroriente y nororiente de la ciudad y tienden específicamente hacia la vía que conduce a Honda (carrera quinta) y la vía que conduce a Bogotá (carrera cuarta) en los sectores del Salado y Picaleña, respectivamente (Figura 3), zonas que se encuentran apartadas del centro histórico de la ciudad al extremo noroccidental.


Figura 2. Expansión urbana de Ibagué 1972-1989
Fuente: Espinosa, 1992, p. 145, 169

 


Figura 3. Nuevas áreas urbanizadas entre 1993 y 2004, Ibagué
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué (2011)

Las comunas que tuvieron nuevas áreas urbanizadas corresponden a las 5, 6, 7, 8 y 9, sin embargo las licencias de construcción otorgadas para el periodo entre 1997 y 2007 no se ubicaron de manera homogénea (Clavijo, 2009) en estas comunas ya que, hacia la comuna 7 se orientaron las soluciones para Vivienda de Interés Social (VIS) y hacia las comunas 5 y 6 se ubicaron las que no son viviendas de interés Social (NO VIS), cabe tener en cuenta que los estratos predominantes en estas comunas son el 1 y 2 para la primera y del 3 al 5 para las otras dos (Figura 4) (Tabla 1).


Figura 4. Contexto nacional, departamental y municipal del municipio de Ibagué
Fuente: DANE y Secretaría de Planeación Municipal, (2012)

 

Tabla 1. Proporción de barrios por estratos en cada Comuna, Municipio de Ibagué
Fuente: elaboración personal a partir del Programa Ibagué Como Vamos, (2010)

 

En contraste con el periodo entre 1997 y 2007, la dinámica del urbanismo para VIS en el periodo 2007 y 2017 no fue predominante como para el primero es decir, las licencias de construcción son sobresalientes para las NO VIS a excepción del año 2013, de lo que se concluye que por cada metro cuadrado que se aprobó para VIS se aprobaron 2,7 metros cuadrados para NO VIS (Tabla 2), situación que contrasta con el periodo comprendido entre 1997 y 2007 en el que la tendencia a la construcción de vivienda NO VIS fue predominante entre los años 1997 y 2002. Sin embargo lo que se aprobó por cada metro cuadrado para VIS fue de un poco más de 3 veces más para vivienda NO VIS (Clavijo, 2009).

La tendencia en la construcción de la vivienda en Ibagué como se muestra en el Gráfico 1, es de apartamentos a partir del año 2010 principalmente, momento en el que la construcción de vivienda tipo casa disminuye en años posteriores, situación que contrasta con la dinámica de años anteriores en la que la construcción en altura no era una tendencia (Secretaría de Planeación, 2011).

De acuerdo a la estratificación socioeconómica de las áreas de construcción aprobadas, se puede deducir que para los estratos 2 y 3 predomina la construcción de VIS y entre los estratos 3 al 5 se construyen las NO VIS, por lo que la tendencia en la construcción de vivienda en la ciudad es de estrato medio (Gráfico 2), situación que contrasta con la localización de construcción de vivienda en Ibagué (Figura 5) ubicada en la zona intermedia de la ciudad y en la que se encuentran las comunas 5 y 6, donde cerca del 60% de sus barrios pertenecen a estratos medios altos. Por su parte la construcción de vivienda en menor escala se ha desarrollado en la zona nororiental y suroriental en donde la tendencia es la construcción de viviendas tipo VIS y VIP, con la excepción por ejemplo de barrios hacia el suroriente como Las Victorias el cual está ubicado en la zona de expansión de la ciudad y que por sus acabados, área de construcción, entre otras características, se convierten con el tiempo en barrios estratos 6, cabe aclarar que es con el tiempo ya que actualmente no se ha realizado la actualización catastral correspondiente que incluya una valoración en correspondencia con lo que allí se construye.

Tabla 2 Licencias de construcción por área 2007-2017, Municipio de Ibagué*Metros cuadrados
Fuente: elaboración personal a partir de datos de Estadísticas de Licencias de Construcción, (DANE, 2017)

 

 


Gráfico 1. Unidades de vivienda VIS, NO VIS, VIP en Ibagué (2007 y 2017)
Fuente: elaboración personal a partir de datos de Estadísticas de Licencias de Construcción, (DANE, 2017)

 


Gráfico 2. Licencias de construcción por área, tipo de vivienda y estrato socioeconómico 2007-2017, Municipio de Ibagué
Fuente: elaboración personal a partir de datos de Estadísticas de Licencias de Construcción,(DANE, 2017)

 

 


Figura 5. Localización de construcciones de viviendas nuevas, Ibagué
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué (2011)

A partir del proceso de expansión urbana, los nuevos desarrollos inmobiliarios y su localización por tipo de vivienda (VIS y NO VIS), evidencia una distribución socioespacial de los grupos poblacionales, distribución que está relacionada con la condición social de las personas que la habitan. Tal como indican algunos autores (Vivas, 2012) el nivel educativo del jefe del hogar es un determinante de segmentación fuerte, lo que significa que el capital humano que presenten los grupos poblacionales así mismo se ubicarán espacialmente, lo que tenderá a segregarlos. Para el caso de Ibagué se evidencia que en donde se encuentran ubicados los jefes de hogar con nivel educativo superior completo, la presencia de jefes de hogar sin nivel educativo son menores (Figura 6), de lo que se puede deducir que esta relación inversa muestra que el nivel educativo es un determinante de la posición socioespacial de este grupo poblacional en la ciudad.


Figura 6. Jefe de hogar con nivel educativo superior completo en Ibagué, 2005
Fuente: Cartografía DANE, datos censales del DANE de 1993 y 2005; elaboración personal

Conclusiones

En este documento se ha explicado cómo a partir de la producción del espacio urbano formado por los agentes tanto públicos como privados, se genera el fenómeno de la segregación residencial. En este documento se desarrolló a partir de 3 dimensiones (económica, política e ideológica) el proceso que condujo a la diferenciación social del espacio a grandes rasgo en Colombia y que de alguna manera afectó localmente a Ibagué a comienzo del siglo XX. Se describe para el caso de este municipio cómo se ha ido acentuando el proceso de segregación en ella, en el cual se concluye que entre los principales determinantes de este fenómeno, encontramos la falta de planeación de las entidades públicas en la construcción de la vivienda (en ocasiones propiciado por el ICT), el clientelismo y la especulación del uso del suelo.

Lo que se puede concluir desde el Estado colombiano es que durante más de cinco décadas ha sido ineficiente en la solución habitacional para su población (independiente de si jugaba un rol fundamental en esta problemática o no). Lo que ha logrado es desvirtuar a través de la creación de leyes, decretos y normas su acción en el mercado de la vivienda, tras no tener claridad en llevar una política que sea integral y constante en el tiempo, con ello lo que el Estado ha mostrado es ser inestable.

Se puede decir que desde la década de 1990, al adoptar el modelo neoliberal mediante el cual se transforma la economía a través de la globalización, va a traer consigo un nuevo estilo de vida, un mercado libre del suelo y desregulación de la política habitacional. Sucesos que se han materializado en una segregación residencial.

De esta manera con el paso del tiempo los usos de los espacios van cambiando y las políticas de ordenamiento urbano se apoyan en criterios tanto políticos como económicos a tal punto que al tener el espacio una valoración distinta, se va diferenciando la población de acuerdo al tipo de residencia que tiene. Es así como esta distinción social cambia las dinámicas sociales porque, la ciudad se va a presentar diversa en aspectos como su arquitectura, los materiales con los que se construyen las viviendas, los espacios en los que se edifica, entre otros; de tal manera que el mercado inmobiliario (entidades públicas y privadas) por ejemplo, consiguen promover la división social del espacio al ofrecer la vivienda como un producto diferenciado (Corrêa, 1989; Sabatini, 2003; Sabatini et al., 2001).

Estos accesos diferenciados a la ciudad, se generan desde que el mercado ha convertido al suelo en una mercancía, suceso que se da en un modelo de producción capitalista, en el cual el Estado pasa de tener el rol de benefactor a uno de regulador (a través de normas y leyes) del mercado que interviene en el desarrollo urbano (Janoshcka, 2002; Sabatini et al., 2001; Torres et al., 2009; Valdés, 2007). Dicho esto, el acceso a la vivienda "sigue las leyes generales de la distribución de los productos y, por tanto, produce reagrupaciones en función de la capacidad social de los sujetos, o sea, en el sistema capitalista" (Castells, 2008, p. 203), por lo que son las determinaciones económicas, políticas e ideológicas las que redefinen el espacio en este sistema con el fin de fortalecerlo bajo la noción de usuario-cliente-consumidor (Aprile y Mosquera, 1984; Torres et al., 2009).

Notas

(1) Catástrofe natural que se dio en el año de 1985 y que generó la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, teniendo como consecuencia la desaparición del municipio de Armero (Espinosa, 1992).

(2) El economista Lauchlin Currie fue el representante del Banco Mundial que llegó a Colombia en 1949 para evaluar la posibilidad de otorgar créditos al país para proyectos de infraestructura, salud, educación, entre otros.

(3) Misión liderada por Louis Joseph Lebret, la cual tuvo como objetivo la caracterización del nivel de vida, educativo de la población y las potencialidades físicas y financieras del país.

(4) Clase social que se gestó a mediados del siglo XX cuando la "oligarquía provincial, abrió sus puertas a los expulsados por la violencia y estos, indefensos y amedrentados, aceptaron en suerte cualquier ubicación que les fue impuesta, (—¦) en este momento en que surge (—¦) la base social de la élite clientelista" (Espinosa, 1992, p. 16).

(5) Para el caso de Ibagué no se coincidió con la fase de transición a nivel nacional, lo que explica que para el caso del municipio en mención el sector de la construcción no jugó un papel importante en la dinámica económica de este, como se planteó que debía ocurrir bajo el periodo presidencial 1970-1974, con la estrategia de desarrollo urbano de Misael Pastrana. En Ibagué la actividad del ICT disminuyó considerablemente (Espinosa, 1992, p. 127). Es por esto que a esta fase se le denominó fase de la inmigración permanente, ya que fue el suceso predominante a nivel local, contrario a lo que sucedió a nivel nacional (como ya se hizo referencia).

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