NIVEL Y DIFICULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ASPO

El acatamiento de la medida en los barrios populares fue “muy alto” o “parcial” en ambos relevamientos, en proporciones que van del 40 al 45 % en cada mención, según la fase del aislamiento. En ambos registros, aproximadamente el 15% informó un “bajo nivel de acatamiento”. Entre las respuestas de falta de acatamiento o acatamiento parcial, la mayoría de las menciones remite a dificultades de la población para la provisión de alimentos y medicamentos: i) las familias no disponen de ingresos acumulados como para hacer una compra al por mayor o para aprovisionarse para muchos días, lo que obliga a salir casi a diario, ii) los comercios de proximidad tienen precios más altos o bien tienen poca mercadería, lo que obliga a desplazarse a mayor distancia, iii) algunos miembros de las familias salen a diario a procurar asistencia alimentaria directa, ya sea por parte del Estado u otras instituciones, y iv) no hay cajeros automáticos en los barrios para retirar dinero en efectivo.

En segundo lugar, se apunta al tamaño reducido y las condiciones deficitarias de las viviendas, así como a la falta de provisión de agua potable dentro de ellas. En particular, en los asentamientos precarios los referentes evaluaron que no es posible sostener una cuarentena adentro de las casas, la cuadra se vive como una extensión de la vivienda y las familias entienden el aislamiento dentro del perímetro del barrio. Ligado a esto último, se encuentran factores que remiten a las formas culturales de uso del espacio. Al respecto, se señalan dificultades para el aislamiento de niños y niñas que juegan en la calle, y de los adolescentes, cuya sociabilidad se despliega en las esquinas.

Un tercer factor es la movilidad de los cuentapropistas que ven sus ingresos discontinuados, más evidente en el segundo relevamiento. Asimismo, en ese registro, las salidas por motivos laborales se ampliaron a partir de la habilitación de más actividades de producción y prestación de servicios, y se registró un movimiento creciente vinculado con el cobro de transferencias provenientes de los programas estatales implementados o reforzados en la coyuntura de emergencia.

En la primera etapa de la cuarentena, se reportó un cuarto factor referido a las representaciones sobre el carácter de clase o limitación socio-territorial del contagio (que el virus no llegaría a los barrios conurbanos) o de las medidas (que el aislamiento era para la clase media). Estas representaciones no emergieron luego. Asimismo, un conjunto menor de informantes enfatizó la dificultad de que la población joven asuma sus posibilidades ciertas de contagio.

Por último, se mencionan con menor frecuencia la presencia de personas violentas en el hogar, que obliga al resto a mantenerse fuera de la vivienda, y la dificultad para sostener el aislamiento por parte de personas con consumos problemáticos.

PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS SURGIDOS O AGRAVADOS EN EL AISLAMIENTO

En ambos relevamientos, los referentes coincidieron en la jerarquización espontánea de un conjunto bastante acotado de problemas emergentes o agravados. Dos problemas enlazados constituyen el nudo común de un conjunto significativo de entrevistas en ambos relevamientos.

El primero es la discontinuidad de ingresos laborales de los hogares, mencionada por cuatro de cada diez referentes en el segundo relevamiento.

Al inicio de la pandemia, el 52,2% de la fuerza de trabajo activa del conurbano estaba desocupada, era asalariada precaria o bien trabajaba por cuenta propia con calificaciones bajas o medias (EPH-INDEC, III trimestre 2019), posiciones todas que habían aumentado en los años inmediatamente anteriores²⁰,²¹. La heterogeneidad del conurbano supone además que, en los barrios periféricos, este porcentaje global se eleva entre 6 y 7 puntos (estimaciones propias en base a la Encuesta Nacional de Estructura Social. PISAC, 2014). En este marco, la discontinuidad de la actividad laboral de personas autónomas en general y de trabajadores por cuenta propia con ingresos de subsistencia en particular, a lo que se suma la suspensión del pago de salarios a personas no registradas en el sistema de seguridad social, deja a gran parte de los hogares de estos barrios sin ingresos laborales. Entre la población asalariada no registrada, tiene especial impacto la falta de pago a las trabajadoras en casas particulares. La medida de este impacto se corresponde con el hecho de que no menos del 13,4% de las mujeres ocupadas residentes en el conurbano bonaerense trabajan en casas particulares, de las cuales el 45,5% son jefas de hogar). En la primera semana del aislamiento, los informantes referían preocupación por la discontinuidad de ingresos en el trabajo informal, en comparación con una relativa estabilidad de las inserciones laborales y el pago de salarios en el segmento formal. Ese cuadro de situación comenzaría a trastocarse rápidamente la semana posterior al primer relevamiento. En el segundo relevamiento, se destaca que más de un tercio de los referentes dio cuenta de problemas surgidos para el segmento del trabajo formal en las zonas reportadas (despidos, suspensiones sin goce de sueldo y recortes o suspensión de salarios). Con excepción de referencias específicas, los referentes informan situaciones que se producen sin que deriven en acciones gremiales que los trabajadores y sindicatos logren vertebrar al respecto; es decir, sin constituirse en “conflictos” que puedan, con más resonancia, ser relevados por otros medios. Es pertinente reponer aquí que, entre las disposiciones del gobierno nacional, se encuentra la prohibición de despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor durante el ASPO. Por otra parte, la implementación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, entre otras medidas, otorga a los empleadores una transferencia compensatoria por parte del Estado igual al 50% del salario de sus trabajadores, además de otras medidas de exención tributaria²².

El segundo problema es la dificultad de acceso a alimentación básica y elementos de higiene. En el segundo relevamiento fue mencionado por tres de cada diez referentes, y se relaciona con la disminución de ingresos laborales que no logran ser sustituidos por el incremento de transferencias sociales por parte del Estado. En la primera etapa de la cuarentena también se señalaron problemas de desabastecimiento, que parecen resolverse en la nueva fase. Durante todo el período se advierte sobre aumentos de precios, con mención especial a frutas y verduras.

Además de este nudo común, se jerarquizan espontáneamente otras dos problemáticas en ambos relevamientos: las restricciones en el acceso a la prestación de los servicios de salud y la violencia de género al interior de los hogares. Estos dos tópicos se registraron con menos frecuencia que los mencionados antes.

Con respecto a las restricciones en el acceso a los servicios de salud, los informantes refirieron la suspensión de los servicios de rutina, del control de niños y niñas, de los embarazos y del acceso a medicación para las enfermedades o condiciones crónicas. Asimismo, aunque en los dichos no se conceptualice como problema de salud, aparece la inquietud por el aumento de consumos problemáticos en el aislamiento, así como por los efectos derivados de cuadros de abstinencia por no poder acceder a sustancias. Por último, con menor frecuencia, los referentes territoriales expresaron preocupaciones referidas a la salud mental²³ y el bienestar psíquico de la población en general²⁴, pero en particular de adolescentes y jóvenes²⁵.

Las restricciones informadas por los referentes territoriales encuentran su correlato en el diagnóstico que puede elaborarse a partir de los aportes de los referentes de salud. Estos señalaron que se suspendieron las acciones vinculadas a la prevención y promoción (con excepción de algunas intervenciones focalizadas en grupos considerados de riesgo), e identificaron que se vio afectada la calidad de la atención brindada en las distintas especialidades médicas, con la interrupción de los servicios de pediatría, clínica médica, ginecología, fonoaudiología, nutrición, odontología, radiología, laboratorio, psicología y salud mental en la mayoría de los municipios. El acceso a la atención en el primer nivel se vio así discontinuado de manera momentánea para su reorganización en relación con la COVID-19. Los referentes de salud expresaron que, frente a esta desvinculación, la población de los barrios debió recurrir al hospital más cercano o de referencia.

La atención hospitalaria se centró en las urgencias, los partos y las cesáreas programadas, con protocolos y flujogramas para la circulación de pacientes (se suspendieron controles en los consultorios, estudios y cirugías programadas). Por su parte, el primer nivel (representado por los centros de atención primaria de salud, CAPS) ha pasado de la atención primaria de salud ²⁶,²⁷ a la atención de la urgencia, en su mayoría médica. Aún en ese marco, algunos CAPS informaron la continuidad de las acciones en el territorio, así como el acompañamiento interdisciplinario por vía telefónica. Un papel destacable ha asumido el Sistema de Atención Médico de Emergencia (SAME), sobre todo en el desplazamiento de la población hacia los servicios de salud en el territorio²⁸.

Se produjo una reducción de los controles y las ecografías realizadas a las embarazadas, especialmente preocupante en el caso de los barrios más precarios, donde suelen ser menos frecuentes que lo recomendado, aunque en los embarazos de alto riesgo se garantizó la frecuencia necesaria. En el marco de estas restricciones, continúa la realización de procedimientos de interrupción legal del embarazo, con modificación del dispositivo para disminuir el número de consultas presenciales. Se redujeron los controles de salud en pediatría, y se focalizó la atención en el primer año y solo con turnos programados. Respecto de las enfermedades crónicas no transmisibles, se atendió la demanda espontánea de pacientes con diabetes o con hipertensión, sin programar turnos para controles. Los servicios involucrados en la atención de la población adulta mayor continuaron con la atención sólo de los cuadros agudos, las derivaciones correspondientes, y se suspendieron los controles programados.

La entrega de medicamentos y vacunas continuó bajo el programa Remediar y otros programas especiales²⁹, pero se expresaron falta de ciertos insumos y dificultades para obtener las prescripciones de las recetas médicas. Se registraron discontinuidades en la provisión de vacunas contra la gripe y el neumococo, en el marco de una demanda muy aumentada de vacuna antigripal.

Por su parte y como ya se adelantó, los referentes territoriales expresaron de manera espontánea la presencia de violencia de género ya en la primera fase del aislamiento, razón por la cual se incluyeron, en el segundo relevamiento, preguntas específicas que permiten dimensionar los contornos del problema y profundizar al respecto. Cuatro de cada diez informantes territoriales señalaron que conocían casos de violencia de género intrafamiliar durante el período y aproximadamente dos de cada diez entendían que era un problema presente en su barrio, aun cuando no conozcan casos durante la cuarentena. Los hechos conocidos por los informantes involucran daños de distinta intensidad que llegan al femicidio y tienen como víctimas a las mujeres y personas trans adultas, pero también a niños y niñas. En la mitad de los casos conocidos por los referentes, la actuación de las organizaciones sociales en general o feministas en particular es clave, tanto en la escucha y localización de situaciones como en su acompañamiento para viabilizar las denuncias. Un número menor señaló articulaciones con equipos de gestión a nivel local³⁰.

Por otro lado, en la primera fase aparecieron otros tópicos, también de forma espontánea, con menos menciones en el segundo relevamiento: i) las condiciones deficientes para la vida sociourbana (tanto de servicios básicos como el agua potable como de otros servicios, los cajeros automáticos entre ellos, ii) los problemas relacionados con el cuidado de los adultos mayores, y iii) la relación conflictiva con las fuerzas de seguridad. Este último tópico se investigó con mayor amplitud en el segundo relevamiento. Cuatro de cada diez referentes evaluaron que la relación fue buena y sin conflicto, la misma proporción consideró que no hubo conflicto, pero tampoco presencia policial, y dos de cada diez menciona hostigamiento de distinta intensidad. Las menciones a la falta de presencia policial se realizaron en términos generales y también en casos puntuales, en particular, inacción frente a denuncias de abuso infantil, desatención frente a denuncias de violencia de género y falta de intervención en asentamientos precarios. Respecto al hostigamiento, gran parte de las situaciones refieren a respuestas autoritarias o violencia verbal (en las filas, los retenes a las salidas de los barrios, la permanencia en lugares públicos, y el uso de barbijo) y se concentran en las zonas más transitadas. En menor medida, se refirieron detenciones arbitrarias, abusos, amenazas y ostentación de armas. Quienes sufren el hostigamiento suelen ser en mayor medida varones jóvenes. Según lo reportado por los informantes, entre la primera y la segunda etapa del aislamiento parece haber una disminución de la presencia policial en los barrios (con control en las salidas) y de los casos de hostigamiento.

Por último, hubo dos temas que aparecieron con mayor frecuencia en el segundo relevamiento con respecto al primero: los conflictos entre vecinos y vecinas, en su mayoría relacionados con el contexto de COVID-19. El otro, el aislamiento de niños y niñas, su necesidad de salir a jugar, su cuidado y entretenimiento, y los problemas derivados de la continuidad pedagógica, tanto el acceso a equipos y conectividad como las dificultades que conlleva el acompañamiento en las tareas para adultos.

ESTRATEGIAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS E INTERVENCIÓN ESTATAL FRENTE A LA DISCONTINUIDAD DE INGRESOS LABORALES

Las dos estrategias principales de supervivencia de los hogares de los barrios periféricos en contexto de discontinuidad de ingresos laborales dependen en gran medida de aportes del Estado, y muestran a su vez la centralidad de la acción comunitaria en su despliegue.

La primera refiere a la inscripción en programas de transferencias directas de ingresos sociales³¹ y fue mencionada por más de la cuarta parte de referentes barriales: entre las de mayor impacto se destacan la asignación universal por hijo (AUH), con un refuerzo monetario en este contexto; la tarjeta Alimentar, mencionada con mayor frecuencia en el segundo relevamiento, otorga un plus de $4000 o $6000 a las beneficiarias de la AUH con uno o más niños menores de seis años) y el ingreso familiar de emergencia (IFE), con un monto de $10 000)³².

En el primer relevamiento se observó que los grupos cuyo sustento ya dependía de transferencias estatales (lo que facilitaba su organización territorial) quedaban en lo inmediato relativamente más protegidos que quienes, antes de la pandemia, percibían ingresos laborales moderados provenientes de su actividad autónoma. El IFE, cuya primera etapa de implementación coincidió con el segundo relevamiento, se dirigió a este último grupo, e incorporó a personas que no recibían una transferencia directa de ingresos.

Casi siete de cada diez informantes evaluaron el impacto de estas medidas como positivo o muy positivo, mientras que dos de cada diez estimaron que el impacto de esta medida es acotado (en monto o en cobertura). Se mencionó con frecuencia la frustración de las personas que no pudieron acceder en primera instancia al beneficio y las expectativas respecto de la extensión de su cobertura y su continuidad. Más de la tercera parte de los informantes refirieron dificultades en su implementación debidas a: i) parte de la población objeto no cuenta con dispositivos electrónicos o acceso a internet para concretar la inscripción, la bancarización es limitada y hay escasez de cajeros cercanos (esto originó la aparición de “gestores” que cobraban por facilitar el trámite); instancias sorteadas por la mediación de las organizaciones sociales y los jóvenes de algunas agrupaciones, y por la solidaridad de vecinos que actúan; y ii) la consideración de la vivienda como unidad para el otorgamiento del beneficio es inadecuada, ya que hay distintos hogares en una vivienda, varias familias en un terreno, y parte de la población que tiene dirección en centros comunitarios o direcciones ficticias para facilitar trámites o evitar la estigmatización.

El IFE se usó, en su mayoría, para la compra de alimentos en comercios de proximidad, en supermercados y, en menor medida, en mayoristas (organizándose entre varios para lograr un mayor rendimiento). El segundo ítem, mencionado con mucha menor frecuencia, es el pago de alquileres. Su impacto se observó en mayor concurrencia a locales de compra de alimentos. Algunas familias que lo recibían en articulación con la tarjeta Alimentar deciden no concurrir a los comedores, cocinar en sus casas y bajar el riesgo de contagio.

La segunda estrategia familiar comentada fue la participación en diversos canales de asistencia alimentaria directa, presente en al menos la mitad de las entrevistas a referentes territoriales. Respecto de la provisión alimentaria, la mayoría de los informantes coincidió en que la asistencia estatal había aumentado y seguía creciendo, aunque la situación de restricción era tan grave que ese mayor aporte no llegaba a ser suficiente. Informantes compararon la pandemia con la crisis del 2001, y destacaron la capacidad del Estado de vertebrar respuestas que “hacen que la gente no se muera de hambre esta vez”.

Los informantes refirieron una alta valoración de la tarjeta Alimentar, en especial destacaron su contribución para sostener los hogares con única proveedora y varios niños a cargo, aunque advirtieron problemas y limitaciones en su implementación, como su aceptación condicionada a un recargo del 10% en muchos comercios de proximidad y la pertinencia de ampliar su cobertura a familias con hijos mayores de 6 años.

Se mencionaron múltiples canales y tipos de asistencia alimentaria directa: ollas y comedores, bolsones de alimentos y viandas escolares. Gran parte de estos se sostienen con fondos estatales, donaciones a organizaciones sociales, aportes de vecinos, de las iglesias, en algunos barrios organizados por el Ejército o cuentan con la solidaridad de jóvenes de otros sectores sociales. Se aumentaron los días de atención y la cantidad de familias atendidas en los distintos espacios, se abrieron nuevos y se multiplicó la cantidad de ollas (entre tres y seis veces). Aumentó el número de vecinos que concurren y cambió la composición de la población que asiste, con la presencia de personas que antes no requerían este tipo de asistencia. Las organizaciones sociales preparan y distribuyen los alimentos.

Se infiere que, cuando logran confluir, los instrumentos estatales y las acciones comunitarias constituyen un piso mínimo de asistencia y sostén para los hogares. Son varios los factores que permiten el despliegue de una asistencia eficaz a través de estas acciones. El primero, refiere a la magnitud relativa de los recursos volcados y la articulación entre los distintos niveles de la gestión estatal y fundamentalmente entre esta y las organizaciones sociales. Se destaca que, frente a las políticas de transferencia de ingresos sociales, implementadas desde una instancia central, la asistencia alimentaria directa depende en cambio de múltiples agentes y, por lo tanto, es más fragmentada. Los recursos aportados y su articulación varían entre los distintos municipios. Por otra parte, existe desigualdad de distribución al interior de cada partido. Las principales razones mencionadas se centran en problemas de logística, pero sobre todo al desconocimiento que algunos gobiernos locales tienen de la trama de organizaciones sociales activas en el territorio, que podrían operar viabilizando las acciones de asistencia. En los barrios en los que se reporta esta articulación, se considera con mayor frecuencia que la provisión mínima no está en riesgo, aun cuando en este contexto los recursos arbitrados siempre resulten inadecuados. En contraste, hay barrios ubicados en zonas periféricas del segundo cordón del conurbano, cuyos informantes reportan una alta demanda de alimentos a las organizaciones sociales por parte de la población y reciben escasas transferencias estatales.

Por último, como tercera estrategia menos extendida, se mencionó que en la nueva fase de la cuarentena se reanudó la estrategia de búsqueda de changas por parte de los trabajadores autónomos, sea dentro del barrio o con entrega a domicilio, junto con la activación de algunos rubros exceptuados de la interrupción en la segunda etapa de aislamiento, como los talleres mecánicos y de chapa y pintura del automotor.