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El estudio de los sindicatos en la Ciencia Política argentina

Unions's studies in Argentinean Political Science

 

Julieta Haidar

Julieta Haidar es Licenciada en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario) y profesora de las carreras de Relaciones del Trabajo, de la Universidad de Buenos Aires y de Ciencia Política, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. E-mail: julietahaidar@yahoo.com.ar

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resumen

Los sindicatos no constituyen un objeto privilegiado de estudio de la Ciencia Política argentina, y cuando se los estudia es con relación a sus vínculos con el Estado. Esta definición epistemológica hace que los enfoques hegemónicos sobre el sindicalismo sean el pluralismo y el corporativismo.
En este trabajo proponemos revisar críticamente las investigaciones realizadas en Argentina desde tales enfoques. Para ello en primer lugar vamos a reseñar las interpretaciones acerca del sindicalismo argentino en tres momentos (postguerra, década del '90, postcrisis de 2001), para finalmente hacer un balance de las mismas, señalado sus aportes y debilidades.
Entre los aportes destacamos el desarrollo teórico y empírico de las categorías del corporativismo para abordar la relación entre Estado y sindicatos en Argentina. Como debilidades advertimos que subvalúan el eje capital-trabajo en una determinada formación social, lo cual impide captar en su complejidad y especificidad las estrategias sindicales.

palabras clave: Sindicalismo; Ciencia Política; Corporativismo; Estado; Capital-trabajo

summary

Unions are not a privileged object of study in Political Science in Argentina , and when they have been studied it was in relation to the State. Because of this epistemological definition, hegemonic approaches on trade unionism are pluralism and corporatism.
We propose to review critically the research conducted in Argentina from such approaches. To do this we will first review the interpretations of Argentine trade unionism in three stages (post-war, '90s, post-crisis of 2001), to finally evaluate them, note their contributions and weaknesses.
Among the contributions highlight the theoretical development of the categories of corporatism and its use to address empirically the relationship between State and trade unions. As weaknesses we note that sub-valued capital-labor axis in a social formation, prevents capture in their complexity and specificity union strategies.

keywords: Trade unionism; Political Science; Corporatism; State; Capital-labor

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1. Introducción

A pesar de la centralidad que revisten dentro de la vida política argentina, los sindicatos no son un objeto privilegiado de estudio de la Ciencia Política local. Lejos de eso, se trata de una materia que ha preocupado a historiadores, en menor medida a sociólogos del trabajo y últimamente a los profesionales de las relaciones del trabajo, pero sólo de modo tangencial a los politólogos.
Decimos tangencial porque cuando se estudia a los sindicatos es mayormente en relación con el objeto privilegiado de la disciplina, el Estado.
Consideramos que es esta definición epistemológica la que lleva a que los abordajes hegemónicos acerca del sindicalismo sean, bajo distintas coyunturas históricas, una combinación de los enfoques pluralista y corporativista.
En este marco, el objetivo de este trabajo es efectuar una revisión crítica de estos abordajes. Para ello proponemos reseñar brevemente el análisis hegemónico realizado desde la Ciencia Política local sobre el sindicalismo en Argentina, en tres momentos históricos del derrotero corporativista: desde la configuración corporativista del sindicalismo en la postguerra bajo un Estado Benefactor, hasta el quiebre de dicha configuración en los '90, durante las reformas de mercado implementadas con la conformación de un Estado neoliberal, en que se produce un quiebre del corporativismo y en el nuevo contexto inaugurado tras la crisis de 2001 bajo un Estado postneoliberal, cuando el sindicalismo se reconfigura bajo la forma de neocorporativismo.
Finalmente, vamos a realizar un balance de estas interpretaciones, señalando sus principales aportes teóricos y empíricos a la disciplina, así como algunas de sus limitaciones.

2. El sindicalismo en la postguerra: corporativismo estatal y restricciones a la autonomía

Desde mediados del siglo XX la Ciencia Política había utilizado el enfoque teórico del pluralismo para explicar las relaciones Estado-sociedad en el funcionamiento del llamado Estado de Bienestar en Europa. En términos generales, el pluralismo sostenía que la sociedad se organiza en distintos grupos de interés que tratan de influir sobre el sistema de toma de decisiones del gobierno, y que todo gobierno democrático es un actor imparcial que diseña políticas, las cuales son resultado de la presión ejercida por los diversos grupos de la sociedad en libre competencia. Bajo estos supuestos el Estado se concibe como una arena que neutraliza el conflicto entre diferentes intereses sociales (Ortega Riquelme, 2000). Se trata de una teoría de equilibrios en la que el poder político está compartido o distribuido, tal como sugiere el concepto de poliarquía de Dahl.
Ahora bien, en Argentina este esquema más que un enfoque destinado a describir los vínculos entre Estado y sociedad, ha sido utilizado con cierto sentido prescriptivo, es decir, ha funcionado como modelo ideal para referir cómo debiera ser esa relación a fin de tener un régimen democrático fuerte y para lamentarse ante una realidad histórica que iba en otro sentido.
Es desde ese lugar que se problematizan las capacidades y el nivel de autonomía (más o menos relativa) del Estado con respecto a las organizaciones de interés de la sociedad civil, que más que funcionar armónicamente en competencia por obtener un arbitraje estatal favorable a sus intereses, se disputan el dominio de ese Estado.
Así, sin perder de vista el ideal pluralista, los estudios sobre sindicalismo desde la Ciencia Política acudieron al enfoque del corporativismo para resolver las limitaciones analíticas de un enfoque que -si bien deseable- no se ajustaba a la situación de postguerra, al peronismo, que representaría un caso típico de modelo Estado-céntrico o de corporativismo estatal, acorde a la clasificación schmitteana.
En este sentido, es necesario aclarar que corporativismo es un concepto que refiere tanto a un conjunto de rasgos que describen un sistema, como a un enfoque, teoría o perspectiva de análisis (corporativista) que tiene como referencia a aquel conjunto de rasgos.
De acuerdo al politólogo Schmitter, el corporativismo sería -como tipo ideal- un sistema de representación de intereses en el que las unidades constituyentes están organizadas en un número limitado de categorías únicas, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente organizadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas por el Estado y a las que se les otorga un monopolio representacional, dentro de sus respectivas categorías, a cambio de la observación de ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos (Schmitter, 1992).
El corporativismo estatal se diferenciaría del corporativismo societal o neocorporativismo (propio de los países del norte de Europa) en que la estructuración de intereses está determinada por el Estado y no por los procesos de la sociedad civil, o en otros términos, el sistema de intermediación de intereses está subordinado al Estado o directamente creado por éste (Collier, 1995). En ambos casos el corporativismo implica un proceso de definición de políticas económicas o sociales en el cual los grupos de interés ejercen influencia.
Sobre las bases del ideal pluralista y del corporativismo, nos encontramos con interpretaciones acerca del devenir histórico de la relación Estado-grupos de interés en Argentina que visualizan un esquema de representación de intereses e intercambios políticos en que, por un lado, el Estado pierde autonomía ante la puja entre los grupos de interés o -lo que sería lo mismo en el esquema corporativista- las corporaciones que, por otro lado y al mismo tiempo, están atravesadas por la intervención del Estado, lo cual implica también un problema de autonomía para estas organizaciones, principalmente los sindicatos, tal como veremos más adelante.
En este marco, gran parte de las lecturas realizadas acerca de los "dilemas" irresueltos en la historia argentina (Pucciarelli, 1999) -incluyendo a algunas investigaciones más críticas, que ven relaciones de fuerza entre fracciones de clases que se alían o confrontan de acuerdo al devenir histórico de la formación social argentina (Portantiero, 1987; O'Donnell, 1977)-, señalan como gran problema (para la democracia, la gobernabilidad, etc.) la falta de autonomía de un Estado que en lugar de ser árbitro se convierte en arena de disputa inter-corporativa.
De acuerdo a esta perspectiva el inicio de dichas prácticas se ubicaría a partir de un proyecto desarrollista, encarnado en el peronismo, que busca articular las producciones agropecuaria (tecnificada y capaz de generar divisas) e industrial (emergente por la necesidad de sustituir importaciones ante la crisis mundial, con bajo nivel de tecnificación y acumulación, pero con capacidad de absorber mano de obra); sanar la estructura productiva desequilibrada; contener la conflictividad social y la pugna distributiva que de ella se derivan.
Aparece entonces un conflicto entre grupos de presión que demandan sobre el Estado, mientras que éste trata de obtener cuotas alternativas de consenso por parte de los sectores involucrados en la puja distributiva (Portantiero, 1987).
Las corporaciones quedan en el centro de la conflictividad social como actores capaces de llevar adelante el enfrentamiento, pero lo hacen desde sus visiones e intereses particulares. Por su parte, los partidos, que son los sujetos políticos que podrían limitar los reclamos sectoriales y encausarlos en función de intereses sociales generales, van siendo superados en la escena política por las corporaciones (Pucciarelli, 1999). Así planteada la situación, las corporaciones se disputan porciones del proceso de toma de decisiones, primero como un pacto corporativo contra los partidos, pero luego como puja inter-corporativa sobre el mismo Estado (Portantiero, 1987).
En esta dirección, O'Donnell (1977) explica que los momentos de victoria política y reversión del ciclo económico hacia los propios intereses son aquellos en que los actores asaltan al Estado, buscando fortalecer allí posiciones institucionales. Cuando las pendulaciones se repliegan, se llevan "pedazos" del Estado.
Por ello el proceso de subordinación a los intereses sectoriales restaría al Estado capacidad y autonomía relativa, y esto ocurriría en momentos en que "la imposibilidad del sistema político de procesar adecuadamente los conflictos sociales lo debía llevar a colocarse por encima de las determinaciones inmediatas de la pugna política y generar nuevas alternativas de crecimiento" (Pucciarelli, 2004: 104).
Desde esta perspectiva nos encontramos entonces ante un círculo vicioso, en tanto que la pérdida de autonomía relativa del Estado es causa y consecuencia del fortalecimiento de las corporaciones. En otros términos, el Estado al funcionar prebendísticamente produce su propia debilidad: fortalece a las corporaciones que reciben la prebenda, debilitando el peso de los partidos como canales de intermediación de intereses y perdiendo capacidad de gobierno.
Ahora bien, el conjunto de estas lecturas vuelve observable la puja entre corporaciones empresarias en sus múltiples fracciones (industrial y agraria, nacional y extranjera), pero el estudio de las organizaciones sindicales queda diluido en la reflexión acerca de su participación en las alianzas construidas a lo largo de la historia.
Por su parte, quienes analizaron más detenidamente las acciones del sindicalismo en el esquema corporativista de postguerra, han puesto el acento en su relación con el Estado y en la pérdida de autonomía que sufren tanto sindicatos como Estado en esa relación.
Éste es el caso de las investigaciones de uno de los politólogos más prolíficos y que más aportes realizó al estudio de los sindicatos desde la disciplina, Arturo Fernández. Para él hacia 1945 se estableció una relación fluida entre el Estado nacionalista y popular y los sindicatos, aunque fuese en desmedro de la tradicional autonomía del movimiento obrero organizado. Advierte que: "Gracias a ellas esos sindicatos crecieron numéricamente y desarrollaron el poder económico y político que les permitió convertirse en actores de acuerdos sociales al igual que sus homólogos de los países desarrollados; ello implicó cierto grado de manipulación por parte del Estado que, en el corto plazo, alentó la nueva inserción del sindicalismo como protagonista de las negociaciones colectivas y de las conquistas sociales" (Fernández, 1988: 14-15).
Ahora bien, es esa misma intervención del Estado sobre la participación socio-política de las organizaciones sindicales la que -sostiene Fernández- ha llevado a que los sindicatos ejerzan tareas de grupos de presión, particularmente a partir del momento en que el Estado actúa como garante y tercer sujeto del diálogo social.
Este sindicalismo, nacido al calor del Estado de Bienestar en su versión latinoamericana, habría cumplido un rol sustentado en una fuerte relación con el Estado y en una presencia importante en la discusión y presión en materia de políticas económicas (Novick, 2001).
En este marco, el término sindicalismo corporativo alude a una estructuración corporativista de los sindicatos que en Argentina es caracterizada por una serie de rasgos que, según Novick, conformarían la identidad del modelo de organización sindical: institución del sindicato como agencia social prestadora de servicios sociales a sus representados; convenio colectivo centralizado; discusión de salarios y condiciones de trabajo pero no de proceso de trabajo; estructura organizativa por niveles, figura del sindicato único por rama de actividad y de la confederación.
Teniendo en cuenta esta caracterización y la noción de corporativismo estatal, el sindicato sería una corporación o grupo de intermediación de los intereses de los trabajadores que está subordinado al Estado, en tanto es éste el que actúa como la autoridad que reconoce el monopolio de la representación en instancias como la negociación colectiva y la administración de las obras sociales, bases del funcionamiento del modelo sindical argentino. A su vez, dentro de la lógica de intercambio político que supone el corporativismo, el sindicato daría la contención del conflicto social y eventualmente el apoyo electoral a la fuerza política que garantice el vínculo de intercambio.
Si bien esta definición de corporación sindical podría ser utilizada de modo ascético para describir una organización del esquema corporativista tal como lo teorizó Schmitter, la noción de sindicalismo corporativo en Argentina reviste una connotación negativa al menos desde dos ópticas.
Por una parte, simplificadamente, desde ciertas posiciones marxistas¹ y de un sindicalismo que se define a sí mismo como clasista, esto es, un sindicalismo con conciencia de clase, para el cual la acción sindical debe orientarse a una estrategia revolucionaria que termine con las relaciones sociales capitalistas, en lugar de colaborar a sostener la estabilidad del sistema como lo haría un sindicalismo corporativo. Éste se caracterizaría por la preponderancia de una conciencia corporativa que hace que su objetivo principal no sea subvertir el orden vigente, sino adecuarse al mismo y obtener un mejor precio en la venta de la mercancía fuerza de trabajo (mejores salarios), lo cual se expresa institucionalmente en la negociación colectiva.
De manera concomitante, el sindicalismo corporativo es criticado no sólo por ser per-se funcional al capitalismo, sino por las prácticas que de ello se derivan en ciertos momentos históricos. En Argentina se trata de la crítica forjada en los años '60 desde los sindicatos que se identificaban con el clasismo (como los cordobeses Luz y Fuerza y SMATA).
Refiere a que tras la resistencia peronista, la represión y el avance sobre las condiciones de trabajo, los sindicatos peronistas se habían integrado al sistema político e institucional -a través de la negociación, el pragmatismo y la aceptación de la realpolitik- para forjarse un espacio como agentes de poder independientemente de la conducción de Perón, fenómeno que tiene como expresión máxima al vandorismo (James, 1999). Esto habría tenido como corolarios la burocratización y el aumento del empleo de los métodos autocráticos para regular la vida interna de los gremios, lo cual les valió el mote de burocráticos desde aquellos sindicatos que se definían próximos al clasismo.
Por otra parte, desde el ideal del modelo pluralista, este esquema de sindicalismo corporativo en que los sindicatos se constituyen y funcionan como grupos de interés o corporaciones pragmáticas, tendría rasgos negativos en tanto obstruiría el desempeño de un rol más autónomo por parte del Estado.
En esta línea, para los politólogos locales el sindicalismo corporativo y burocrático sería el tipo considerado tradicional en Argentina, forjado en la postguerra bajo un Estado que sufre de escasa autonomía relativa debido a que es objeto de disputa de distintas corporaciones, fundamentalmente de corporaciones empresarias para algunos autores, pero también de la corporación sindical que lo presiona y obstruye para otros. Sin oponerse a ello, a su vez el sindicalismo se conformaría como un actor dependiente de ese mismo Estado, que lo controla y le facilita espacios institucionales para resolver más favorablemente el conflicto industrial, en vez de depender de la movilización obrera y las condiciones del mercado laboral.
 En esta dirección, Andrés Malamud ofrece una síntesis del problema de la doble falta de autonomía, del Estado y de los sindicatos: "Uno de los déficits históricos de Argentina es que el Estado no tuvo poder suficiente como para tomar decisiones e implementarlas contra la resistencia de los mayores actores sociales, fueran éstos sindicatos, empresarios, Fuerzas Armadas o la Iglesia católica. Esta debilidad no pudo ser superada siquiera durante las dictaduras militares, y por lo tanto el Estado nunca alcanzó altos niveles de autonomía. Por el contrario, la inestabilidad endémica de Argentina puede leerse como el intento infructuoso de diversos actores sociales por crear un aparato estatal capaz de intervenir en la sociedad para imponer una lógica de interacción que los beneficiara. A pesar de los muchos esfuerzos realizados por cada actor cuando la oportunidad lo permitió, el desarrollo continuo de dos juegos diferentes en dos niveles distintos -sea pluralista, cosmopolita y universalista en las clases medias y altas o corporativo, nacionalista y tradicionalista en las clases bajas- dio origen a un escenario en el cual cada contendiente careció de autonomía vis á vis el Estado (y viceversa), aunque todos apelaron a él en búsqueda de apoyo" (Malamud, 2001: 183-184).²
De acuerdo a estas interpretaciones sobre la relación entre Estado y sindicatos, el esquema corporativista de intercambio basado en la presión y la dependencia, si bien comenzaría a debilitarse a partir de la dictadura militar (1976-1983); resistiría en el período de transición a la democracia (1983-1989) siendo el sindicalismo la principal fuerza que obstaculizó la concertación, en épocas en que el Estado no tenía las capacidades para dar respuesta al conjunto de demandas sociales; y recién entraría en crisis en los años '90 de la mano de un gobierno que implementó reformas de mercado de corte neoliberal que implicaron un desplazamiento del Estado sobre ciertas áreas, para cederlas al capital privado.

3. El sindicalismo ante las reformas de mercado: quiebre del corporativismo estatal

Sobre la base de estas interpretaciones, existe consenso entre los analistas políticos en señalar que en los años '90, durante las presidencias de Menem, el gobierno o el Estado (de acuerdo al caso, según veremos) recobró autonomía frente a los grupos de interés, entre ellos los sindicatos. Sin embargo, no hay coincidencia acerca de cuál fue la vía para lograr esa autonomía y solucionar el problema de un gobierno con escaso margen de maniobra para diseñar e implementar políticas públicas ante la presión de los intereses sectoriales.
Para un grupo de investigadores la solución se dio por el lado del decisionismo o neodecisionismo.
Entre ellos, Malamud señala que luego de la desestructuración social producida por la crisis y la hiperinflación, se produjo una reconstrucción lenta del balance de poder de un modo novedoso: "Por primera vez en décadas, el Estado cortó la mayoría de los tentáculos de los grupos de interés que habían colonizado su aparato y actuado parasitariamente sobre un cuerpo cada vez más débil. La matriz resultante aparece como la victoria de una tendencia no corporativa de intermediación de intereses, dando lugar a un nuevo animal: decisionismo ejecutivo indisputado, si bien claramente sesgado hacia el lado del capital (O'Donnell, 1992; Ferreira Rubio y Goretti, 1993)" (Malamud, 2001: 185). Para este autor lo que se impone con el menemismo es un sistema informal de intermediación de intereses, el lobbying propio de la esfera privada que caracteriza al modelo norteamericano, sesgado hacia el capital y centrado en un poder ejecutivo que desecha la negociación entre pares y con lo partidos.
En la misma dirección, existe consenso en la Ciencia Política local en que tras el colapso hiperinflacionario y la crisis política del gobierno de Alfonsín, se configura lo que Palermo y Novaro (1996) llaman una "fuga hacia adelante", es decir, se instala la necesidad de salir desde un lugar indeseado sin tener un horizonte claro de llegada, lo cual crearía las condiciones óptimas para que el nuevo gobierno resuelva los problemas con un amplio margen de discrecionalidad.
En este marco, según la tesis difundida por Pucciarelli, Menem adopta como modelo de intervención política al neodecisionismo, es decir, opera una concentración del poder de decisión política en su persona, justificado en el estado de emergencia o de excepción para desmontar el Estado regulador y fundamentar la lógica neoliberal de mercado.
De acuerdo a Bosoer y Leiras (1999), el neodecisionismo no sería sólo una estrategia para el gobierno en tiempos difíciles sino también una matriz ideológica, un principio de legitimación para imponer una nueva estructuración del sistema político, y un núcleo central de la doctrina filosófico-jurídica que fundamenta un modelo estatal que se corresponde con la llamada democracia delegativa, la cual -según explicara O'Donnell- implica el uso de facultades discrecionales de la instancia superior de decisión, surgida electoralmente con consenso difuso o apatía ciudadana.
En esta situación de emergencia no impera el pacto entre actores sino la decisión política, y lo novedoso de este proceso "neo" decisionista sería su carácter gubernativo y antiestatalista, en tanto el menemismo apelaría a la decisión política para realizar reformas estructurales (liberalización, desregulación, privatización) tendientes a liberar las fuerzas del mercado, desmontar el aparato estatal regulador, constituir un Estado neoliberal y controlar las posibles resistencias a ese nuevo orden (Bosoer y Leiras, 1999).
Por la propia lógica del neoliberalismo -sostiene Sidicaro (1995) - se desarticulan y debilitan las corporaciones, y entre los actores que el menemismo lograría controlar y anular, se encuentran los sindicatos. De ahí que, aludiendo a la caída de la negociación colectiva, la tasa de afiliación y el conflicto laboral, gran parte de la literatura de relaciones del trabajo haya declarado la crisis del sindicalismo.
Por otra parte, existe otra corriente que entiende en cambio que el fortalecimiento del gobierno menemista significó un fortalecimiento del Estado y sobre todo, que esto no se dio por medio de la discrecionalidad del ejecutivo y la exclusión de los grupos de interés, entre ellos los sindicatos, sino por medio de su participación en instancias novedosas de concertación.
En esta dirección Etchmendy y Palermo (1998) señalan que en la reforma laboral del primer gobierno de Menem hubo un patrón de interacción entre asociaciones de interés (sindicales y empresariales) y gobierno diferente al de la etapa corporativa o Estado-céntrica de postguerra. Mientras que entonces la formulación de políticas no era concertada entre el Estado y los grupos de interés en una mesa, a partir de la gestión de Caro Figueroa en la cartera laboral y del Acuerdo Marco³> que el mismo impulsa, habría nuevas modalidades de formulación de la legislación laboral: reformas negociadas directamente entre actores sociales y gobierno y un Estado que muestra cierto nivel de autonomía al organizar el espacio de concertación entre los grupos de interés.
La autonomía estatal y la concertación serían los rasgos novedosos, donde concertación no es sinónimo de corporativismo, ya que mientras éste refiere a una estructuración corporativista general de las organizaciones de interés, a la organización monopólica, jerárquica, de los grupos; la concertación se define -de acuerdo a Schmitter y a Collier- como un método para elaborar políticas públicas donde prevalecen organizaciones de interés sobre el sistema de representación territorial y los partidos, es decir, hay un acceso privilegiado de los intereses funcionales en la deliberación legislativa y la toma de decisiones.
Siguiendo esta línea, Etchemendy (2001) avanza en la idea de que el Estado no llevó a cabo las reformas de mercado unilateralmente sino que desarrolló un proceso de construcción de coaliciones sustentado en la implementación de una política de compensaciones hacia los ganadores (ciertos productores y trabajadores) frente a los costos de las reformas. Esas compensaciones serían de dos tipos: desregulación parcial y asignación directa de renta.
Así, frente a los costos que suponen aumentos salariales atados a la productividad, desocupación, acuerdos colectivos más flexibles en las empresas privatizadas, los sindicatos obtuvieron por una parte una desregulación parcial que supuso preservar el monopolio sindical y la negociación centralizada; mantener la ultraactividad de los viejos convenios; limitar la flexibilización en contratos individuales a ciertas categorías de trabajadores; lograr la desregulación parcial de obras sociales, y por otra parte una asignación directa de rentas que implicó participación en la jubilación privada y en las ART; administración del 10% de las acciones en las empresas privatizadas a través del programa de propiedad participada (PPP); activos del Estado (generadores de electricidad, líneas de ferrocarriles, etc.).
Acercándose a una explicación de la noción de compensaciones selectivas, Etchemendy argumenta que los ganadores fueron los actores que habían incrementado su poder en términos económicos y organizacionales en los años previos a la reforma, y que por ello representaban una amenaza mayor a la sustentabilidad política del proceso. En el caso de los sindicatos, están entre los ganadores aquellos que al momento de producirse las reformas tenían un liderazgo centralizado y una estructura financiera consolidada, frente a otros menos poderosos económicamente y más fragmentados organizativamente (por ejemplo, UPCN y SMATA frente a ATE y UOM respectivamente).
En esta misma dirección, Murillo (1997, 2000) -siguiendo la literatura sobre teoría de los recursos de poder (Korpi y Moe), cercana al pluralismo- también parte del supuesto de que a partir del peronismo la regulación laboral en Argentina fue corporativista, lo cual habría contribuido a controlar la organización sindical desde el Estado y a facilitar que los sindicatos invirtieran en la creación de instituciones (recursos políticos) para resolver más favorablemente el conflicto industrial en vez de depender de la movilización obrera y las condiciones del mercado laboral (recursos industriales).
Para esta investigadora las reformas de los '90 vinieron a golpear ese esquema en el que se desenvolvían los sindicatos en tanto se produjo una disminución del número de afiliados, una pérdida de la capacidad de movilizar a las bases, un cambio en las instituciones laborales que restringieron el ámbito de acción del sindicalismo, y una pérdida de influencia en el Partido Justicialista, fenómeno que Levitsky (2005) denomina la "desindicalización del PJ" que precedió al giro neoliberal del partido y que significó una pérdida de recursos políticos para los sindicatos.
Frente a esto, las organizaciones de trabajadores reaccionaron adoptando diferentes estrategias: "resistencia", "subordinación" y "supervivencia organizativa".
Tales diferencias se canalizarían en la división de los sindicatos en centrales con concepciones políticas y rasgos estructurales diferentes: CGT, MTA, CTA, CCC, lo cual habría alterado el modelo de unidad de organización sindical propio del esquema corporativista (Novick, 2001).
Una lectura lineal sobre estos agrupamientos interpreta que los sindicatos que permanecieron en la conducción de la CGT y que encarnarían el modelo tradicional tuvieron una respuesta "conservadora adaptativa" frente a las reformas, reaccionaron en forma corporativa e intentaron preservar el poder y la identidad a través de viejos mecanismos como el diálogo, la negociación y el pragmatismo. Esta central vendría a representar la convergencia de las otrora tendencias "participacionista" y "vandorista o negociadora" (Fernández, 2002) que optó -siguiendo la tradición de pragmatismo institucional- por la adaptación pragmática a los nuevos tiempos para aprovechar las oportunidades que el sistema estaba dispuesto a ofrecer.⁴
Esta interpretación enfatiza asimismo que la tendencia a la burocratización, que era una dimensión fuerte de la acción sindical tradicional, desembocó en los '90 en la cristalización de las estructuras burocráticas, con un control férreo de las dirigencias sobre las comisiones de delegados, a través tanto del disciplinamiento, vía acción patoteril, como de la cooptación, vía ofrecimiento de cargos y nuevos servicios que conformarían la modalidad de sindicalismo empresarial (Martuccelli y Svampa, 1997). Este último término alude a la estrategia por la cual algunos sindicatos participaron en negocios habilitados por las reformas de mercado: formaron administradoras de fondos de jubilados y pensionados, aseguradoras de riesgos de trabajo, compraron acciones de empresas privatizadas, entre otros emprendimientos.
Otra lectura que se detiene en señalar no las continuidades, sino las particularidades de la acción sindical en épocas de reforma de mercado, como la que propone Murillo, entiende en cambio que el sindicalismo empresarial no constituyó una automática adaptación de tipo conservadora de sindicatos corporativos y burocráticos, sino una estrategia innovadora que buscó disminuir la histórica dependencia del Estado como fuente de recursos organizativos y reemplazarla por mecanismos de mercado promovidos por las reformas. Así, por ejemplo, la caída del número de afiliados en los sindicatos y sus obras sociales, causada por la desocupación y la tercerización, sería compensada por el aumento de la clientela de servicios y bienes que pasan a proveer los sindicatos.
No todos los sindicatos habrían adoptado esta opción innovadora, sino que frente a las mismas reformas habrían seguido estrategias disímiles. Mientras que en el trabajo de Etchemendy se destaca que las organizaciones involucradas en el sindicalismo empresarial fueron aquellas más fuertes que tenían poder económico y organizacional, Murillo señala que fueron distintas combinaciones de legados institucionales y recursos organizativos (ya que los industriales y políticos habían mermado) las que proveyeron las condiciones necesarias para que optaran por diferentes estrategias.
En el caso de las organizaciones que adoptaron la estrategia de "supervivencia organizativa", los legados institucionales refieren a la alianza histórica con el peronismo en combinación con la tradición de pragmatismo institucional, y los recursos organizativos a la gestión sindical de obras sociales y otras prestaciones acordes a la imagen del sindicato como agente de servicios.
Esta estrategia habría significado una "adaptación estratégica que redujo para los sindicatos involucrados su dependencia directa de un estado en retirada mediante la participación sindical en actividades mercantiles que fueron revitalizadas por las mismas reformas de mercado" (Murillo, 1997: 431).
En suma, podemos reconocer diferentes lecturas acerca del Estado y de su relación con los sindicatos en la implementación de las reformas de mercado en los años '90. Mientras que para las interpretaciones basadas en el decisionismo gubernamental se produjo un crecimiento del poder ejecutivo y una anulación de las organizaciones sindicales; para otras lecturas, las reformas de mercado no se llevaron a cabo de manera unilateral excluyendo sindicatos, sino por medio de concertación, compensaciones o concesiones.
Ahora bien, dentro de esta última interpretación, para un grupo de autores -que ven continuidad en la acción sindical corporativa a lo largo de la historia-, la negociación sería una adaptación de sindicatos corporativos ante la nueva coyuntura; y para otro grupo, se trataría de un nuevo sistema de intercambios más equilibrado con un sindicalismo innovador.
En todos los casos, el común denominador es que en estos años se produjo un quiebre del esquema de corporativismo estatal basado en la doble limitación de autonomía, del Estado y de los sindicatos.

4. Los sindicatos tras la crisis de 2001: revitalización y neocorporativismo

Ahora bien, existe consenso en señalar que si los años '90 se caracterizaron por una crisis del sindicalismo, tras la crisis de diciembre de 2001 y con mayor fuerza desde la gestión de gobierno iniciada en 2003, en un contexto de terminación del consenso neoliberal, intervención y regulación de un Estado post-neoliberal, reactivación de la producción, recuperación progresiva de la protección laboral y caída sostenida del nivel de desempleo, se produce un renovado protagonismo de las organizaciones sindicales, fenómeno que se da en llamar revitalización sindical.
Este término tal como fue formulado originalmente en la literatura internacional no está exento de debates. Sintéticamente, según una definición restringida, revitalización refiere a estrategias innovadoras tales como las adoptadas por el movimiento obrero en Estados Unidos y Gran Bretaña (que incluyen la afiliación de nuevos miembros; el impulso de estructuras sindicales horizontales; la realización de manifestaciones populares y la construcción de coaliciones con otras organizaciones de la sociedad civil), al estilo de lo que el americano Kim Moody denominó "sindicalismo de movimiento social".
Para una definición más amplia, revitalización sería un aumento multiforme del activismo sindical que se expresa a través de diferentes estrategias (la construcción de coaliciones sería sólo una entre otras, que incluyen también el más tradicional pacto social), adoptadas de acuerdo a la disponibilidad de recursos políticos-institucionales de las organizaciones (si tienen más recursos de este tipo los sindicatos no tendrían incentivos para recurrir a estrategias innovadoras, mientras que si carecen de los mismos se verían obligados a buscar nuevos mecanismos para alcanzar sus objetivos) (Senén González y Haidar, 2009).
En la literatura argentina la utilización del concepto de revitalización alude a tres indicadores (afiliación, negociación colectiva y conflicto) que en el nuevo contexto habrían virado de un polo negativo a otro positivo.
En la década del '90 los niveles de afiliación sindical cayeron como consecuencia directa del desempleo y la desprotección laboral de los trabajadores; la negociación colectiva mermó tanto cuantitativa como cualitativamente, puesto que las instancias de negociación estaban congeladas y cuando se negociaba era hacia la baja; y los sindicatos habían perdido la calle frente a nuevas expresiones como las organizaciones piqueteras o las cooperativas formadas para operar las fábricas recuperadas por sus trabajadores. En síntesis, los sindicatos estaban en una posición defensiva frente a las reformas de mercado.
Por el contrario, existe amplio consenso en la literatura local en señalar que tras la crisis de 2001 en un nuevo contexto caracterizado por el fin del consenso neoliberal, el crecimiento de las tasas de producción y empleo, motorizado por condiciones internacionales favorables para la economía argentina, la recuperación progresiva de la regulación laboral a favor de los trabajadores y el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, de la mano de un gobierno que propone recuperar la intervención del Estado, aquellos indicadores de crisis del sindicalismo se revierten.
Mientras que aumenta el empleo y la protección laboral, aumentan los niveles de afiliación sindical; crece tanto la cantidad como la calidad de la negociación colectiva, recuperándose progresivamente los niveles salariales y las condiciones laborales previas a las reformas de los '90; al tiempo que el conflicto laboral retoma su lugar protagónico en el conjunto del conflicto social.
A la luz de este nuevo escenario, dentro de la Ciencia Política y las Relaciones del Trabajo comienzan a plantearse algunas interpretaciones acerca de los alcances de la revitalización y de las relaciones entre el Estado postneoliberal y los sindicatos.
En este marco y -una vez más- bajo el paraguas del enfoque corporativista, Etchemendy y Collier (2007) apuntan que luego de un período en el cual el sindicalismo estuvo a la defensiva, resurge como una fuerza importante representando a la clase obrera en el sector formal, lo que se manifiesta en la reanudación de las huelgas y las negociaciones colectivas.
Como señalamos antes, dicho resurgimiento descansaría en lo inmediato en la recuperación económica y el crecimiento del empleo y en un gobierno que a partir de 2003 buscó el apoyo de las organizaciones de los trabajadores. En el más largo plazo, entre los factores que coadyuvarían a la revitalización, se apunta a la acumulación de recursos institucionales que los sindicatos utilizan en el nuevo contexto.
En esta dirección se recupera la idea de que en el curso de las reformas de los años '90 el sindicalismo fue capaz de lograr importantes concesiones que contribuyeron a conservar su poder asociacional (un marco para las negociaciones salariales centralizadas, el monopolio a nivel de planta y la administración de las obras sociales). Portador de estos recursos, el principal protagonista del resurgimiento del trabajo en la Argentina post-ajuste sería el sindicalismo peronista tradicional de la CGT, que es caracterizado como muy jerárquico, escasamente pluralista y basado en monopolios sectoriales.
Para estos autores el resurgimiento sindical experimentado en la Argentina contemporánea toma entonces la forma de un neocorporativismo segmentado, entendido como un nuevo patrón de negociaciones tripartitas a nivel cupular en las cuales sindicatos que detentan el monopolio de la representación, asociaciones empresariales y el gobierno, pactan salarios sectoriales acordes a metas de inflación y un salario mínimo general, lo cual se aplica a una minoría sustancial de la fuerza de trabajo.
Este neocorporativismo se distanciaría del corporativismo estatal predominante en la Argentina previa al neoliberalismo, un corporativismo que -como señalamos antes- fue el resultado de la iniciativa estatal, lo que significó importantes niveles de regulación y control, así como la concesión de ciertos beneficios a los sindicatos. Por el contrario, para estos autores, en los últimos años el sindicalismo es en su mayoría relativamente autónomo del Estado, ejerce presión sobre los salarios y alienta la movilización sin la aprobación del gobierno.
Además, el neocorporativismo segmentado se distinguiría de las formas de intermediación neocorporativistas en los países europeos por dos razones.
Por un lado, por su carácter "segmentado", que está dado por el hecho de que las negociaciones tripartitas afectan solamente a los trabajadores del sector formal de la economía, dejando por fuera a los no registrados (que constituyen en 2012 el 32% del mercado laboral, según estadísticas del INDEC) y agudizando las diferencias con los mismos.
Por otro lado, porque al neocorporativismo segmentado le falta el componente de "política social" del caso europeo que había reducido las desigualdades en el interior de la clase obrera. En su lugar, dicen los autores, las organizaciones sindicales administran la puja distributiva en el contexto de un gobierno favorable a sus demandas, ganando aumentos salariales compatibles con las metas inflacionarias y beneficios organizacionales y particularistas dirigidos hacia los sindicatos más grandes.
Este neocorporativismo segmentado sería entonces un esquema que tiene como protagonistas a los sindicatos tradicionales nucleados en la CGT, que -en un contexto de reactivación económica y con un gobierno afín a la tradición peronista sindical- disponen de mayores recursos organizacionales, por lo que orientan sus esfuerzos a acrecentar su influencia en el mercado laboral, y tienen menos incentivos para organizar nuevos afiliados o construir coaliciones con otros grupos sociales como la noción de sindicalismo de movimiento social propone.
De esta manera desde el enfoque corporativista se lee el fenómeno contemporáneo de revitalización sindical en diálogo con el desarrollo de ese esquema a lo largo de la historia argentina. Si durante los años '90 en un contexto de reformas de mercado se rompe el corporativismo estatal tal como funcionaba en la postguerra, y tanto el Estado como los sindicatos alcanzan mayor autonomía y niveles de concertación social, en el nuevo contexto que comienza a gestarse tras la crisis de 2001, se configuraría un esquema neocorporativista en el que se dan negociaciones tripartitas cupulares con mayores niveles de autonomía que en el esquema Estado-céntrico de postguerra. 

5. Un balance de estas interpretaciones

Según hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, las investigaciones realizadas sobre el sindicalismo en Argentina desde la Ciencia Política local han estado hegemonizadas por los enfoques pluralista y corporativista; en ellas el punto principal de análisis es la relación entre los sindicatos como grupos de interés de la sociedad civil y el Estado.
Sintetizando estas interpretaciones encontramos que para las mismas en el período llamado Estado-céntrico de postguerra, los sindicatos y el Estado Benefactor o nacionalista y popular (según las distintas denominaciones) se relacionaron dentro de un esquema de corporativismo estatal, en el que los primeros presionaban al segundo para obtener por vía política sus demandas (en vez de hacerlo por la vía industrial) y eran a su vez controlados por ese mismo Estado, en un proceso de mutua dependencia o restricción de autonomía.
Siguiendo esas lecturas, dicho esquema se mantuvo a través de la negociación y el pragmatismo sindical durante diferentes regímenes, democráticos o autoritarios, y si bien fue atacado durante la dictadura militar inaugurada en el '76 a través de la represión a los trabajadores y sus organizaciones, se reconstruyó en el proceso de transición a la democracia con un sindicalismo que continuó presionando y obstruyendo las posibilidades de concertación, sobre un Estado debilitado que no podía atender todas las demandas.
Va a ser recién en la década de los '90, con un gobierno que implementó reformas de mercado desregulatorias, que aquel esquema de corporativismo estatal basado en la mutua dependencia y recorte de autonomía entre Estado y sindicatos va a quebrarse, para dar lugar a un proceso de concertación más próximo al ideal pluralista de equilibrio entre actores sociales. Es entonces cuando ambos actores, el Estado neoliberal y los sindicatos que se vieron golpeados y por tal motivo reorganizados para subsistir (como sugiere el concepto de "supervivencia organizativa"), van logrando una mayor autonomía.
Luego, esa construcción de autonomía será la base para configurar un esquema de neocorporativismo en un contexto en el que el neoliberalismo como ideología pierde consenso, el Estado postneoliberal recobra un lugar interventor y los sindicatos se revitalizan.   
Ahora bien, hacer un balance de estas investigaciones sobre el sindicalismo argentino desde la Ciencia Política local, exige señalar en primer lugar que las mismas contienen aportes muy valiosos para la disciplina, tanto teórica como empíricamente.
A nivel teórico, estas lecturas han logrado desarrollar un "test" (como se denomina en la tradición anglosajona) de la teoría del corporativismo de Schmitter, poniendo en funcionamiento categorías tipo que trascienden la descripción para aportar gran valor heurístico al caso argentino, como son los términos "representación de intereses", "corporativismo estatal", "corporativismo societal o neocorporativismo".
A su vez, de la mano del análisis empírico, permiten abordar la problemática de la relación Estado-sindicatos en el largo plazo y periodizar dicha relación, con el soporte del herramental teórico referido antes.
Y, en definitiva, son estas interpretaciones las que plantean una problematización acerca de la intervención de los sindicatos en la arena política, lo cual está ausente en los análisis realizados desde otros campos disciplinarios.
Ahora bien, sin desdeñar estos aportes y entendiendo que dada la centralidad que revisten los sindicatos en la vida política argentina, es imperioso efectuar un análisis politológico sobre el tema, es preciso señalar algunas de sus debilidades para poder contribuir en la tarea.
En esta dirección, consideramos pertinente observar que uno de sus méritos, el de acercarse al entendimiento de la relación entre sindicatos y Estado, se convierte en una limitación cuando se concibe a los sindicatos como un grupo de interés más entre otros, con mayor o menor dependencia del Estado (de Bienestar, neoliberal o postneoliberal), y por esta vía se resta a los mismos su especificidad como organización de clase que va transformando sus estrategias al compás de las reestructuraciones capitalistas.
Consideramos entonces que el primer problema que presentan los enfoques pluralista y corporativista al analizar a las organizaciones sindicales como grupos de interés, corporaciones y/o estructuras burocráticas, es que tienden a ocultar su carácter de clase.
Sobre este aspecto, a mediados de los años '80 Offe y Wiesenthal (1985), desde la teoría de la acción colectiva, evidenciaron teóricamente que el concepto de grupo de interés, entendido como el producto natural de alguna lógica de acción colectiva no específica de clase y una forma neutral que puede ser igualmente llenada por intereses heterogéneos, al ser aplicado a los sindicatos cumple la función de igualar lo desigual y oscurecer la categoría de clase social, prácticamente desechada en los estudios politológicos sobre sindicalismo en Argentina.
A su vez, la omisión de que el sindicato es una organización de la clase obrera inserta en una formación social capitalista, lleva a los enfoques que privilegian dimensiones político-institucionales a subvaluar determinaciones estructurales y a minimizar la incidencia de las reestructuraciones capitalistas en la acción sindical a lo largo de la historia. Como señala Hyman, "tratar a los sindicatos como si fueran 'organizaciones formales' arrancadas de su contexto social, es ignorar el impacto del entorno institucional de poder con el que los sindicatos interactúan constantemente" (Hyman, 1981: 84).
En otros términos, adoptar la definición de las organizaciones sindicales como corporaciones/grupos de interés lleva a efectuar lecturas de la acción sindical en términos de una lógica de intercambio político-institucional con el Estado en el que la dimensión de lucha con el capital está ausente, y a ponderar en cambio las opciones estratégicas de los actores en función de los recursos políticos-institucionales que detentan, ya que desde estos análisis el principal recurso de poder de los sindicatos radica en su relación con el Estado para obtener ventajas en el plano industrial. Esto si bien es cierto en Argentina desde la conformación del sindicalismo de postguerra, no puede considerarse como una invariante histórica, ya que es producto de la relación de fuerzas y de las características que asume la formación social capitalista en cierto momento histórico, y deja de serlo durante la dictadura militar del '76 primero y en la década de los '90 después.
Sin renunciar a los aportes que brindan las teorías que analizan el intercambio político-institucional entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, consideramos que para poder captar la especificidad de los sindicatos y entender las estrategias adoptadas por ellos en distintos momentos históricos, es preciso recuperar algunas nociones básicas de la grilla marxista de análisis. En principio partir de la noción del sindicato como una organización de clase, que está limitada por restricciones externas que resultan de relaciones sociales capitalistas que se van reformulando históricamente. 
En primer lugar, es preciso identificar que entre trabajo y capital existe una relación asimétrica de poder, frente a lo cual los trabajadores que no pueden fusionarse se asocian en sindicatos para compensar parcialmente la ventaja de poder que posee el capital. En este sentido, el sindicato puede ser definido como la organización que rompe la competencia entre los trabajadores y los une para defender en la lucha sus intereses frente al capital.
Es sobre esta base que Offe y Wiesenthal han desarrollado largamente la tesis de que las diferencias estructurales entre trabajo y capital llevan a diferencias en el poder y en las lógicas de acción colectiva de las respectivas organizaciones de clase, que no pueden ser tratadas como indistintos grupos de interés.
En segundo lugar, reconocer el carácter clasista del sindicato obliga a considerar el impacto del entorno de poder con el que la organización interactúa.
En otros términos, entender a los sindicatos como organizaciones obreras en un sistema dinámico de relaciones sociales capitalistas, exige abordar históricamente la incidencia de las reestructuraciones capitalistas sobre las estrategias sindicales en determinadas formaciones sociales, asumiendo que existe una relación dialéctica entre sindicalismo y reestructuración capitalista y que las organizaciones sindicales son sujetos activos dentro de esta relación (Silver, 2005).
Consideramos entonces que es central jerarquizar la dimensión histórica en esa clave dialéctica para analizar las distintas estrategias adoptadas por los sindicatos en diferentes coyunturas de movilización o contra-movilización del capital.
Vale destacar que una propuesta en esta dirección, se encuentra en algunos trabajos de Arturo Fernández (1988), para quien la vida sindical está determinada por la relación dialéctica entre tres planos: la situación general de la economía y su influencia sobre la población económicamente activa; las condiciones socio-políticas de las que se derivan las estructuras de poder global, en particular a nivel del Estado y los partidos políticos; los parámetros de la sindicalización y demás caracteres de la vida interna de los gremios.
Entendemos que si no se pondera suficientemente el eje capital-trabajo en una determinada formación social, cada estrategia sindical será interpretada de modo invariante en términos de presión o adaptación político-institucional según las características del Estado; como expresión de continuidad del carácter corporativo y burocrático de los sindicatos y de su objetivo de mantener o conseguir ventajas corporativas, todo lo cual impide captar la especificidad de cada estrategia.
En esta dirección, resulta problemático entender en profundidad un fenómeno tan particular y que tuvo poca atención en los estudios del trabajo, como es el llamado sindicalismo empresarial, esto es -como mencionamos antes- la estrategia acuñada por algunos sindicatos (como Luz y Fuerza, sanidad, construcción) en los '90 que consistió en aprovechar las oportunidades de negocios brindadas por las reformas de mercado: compraron acciones de empresas privatizadas, formaron administradoras de fondos previsionales (AFJP) o aseguradoras de riesgos laborales (ART), emitieron tickets de alimentos, entre otras iniciativas sindicales de carácter empresarial.
Es la investigación de la politóloga Victoria Murillo (1997), la que -aún dentro de una perspectiva político-institucional- señala con énfasis el carácter innovador de dicha estrategia e interpreta que el objetivo de los sindicatos que la adoptaron fue preservar la institución sindical, a través de nuevas fuentes de recursos organizativos que le permitieran disminuir su dependencia respecto del Estado.
Si bien esta lectura es valiosa, en tanto permite captar una particularidad de la estrategia, nuestra objeción es que para captar el fenómeno en toda su complejidad, necesariamente hay que completarla con una revisión histórica que permita identificar las especificidades del sindicalismo empresarial teniendo en cuenta no sólo la relación con el Estado, sino también la relación capital-trabajo y cómo la ofensiva del primero afecta a los sindicatos tanto funcional como materialmente.
En esta dirección, podría decirse en un acercamiento exploratorio, que mientras que en la postguerra, bajo un proyecto de expansión de la acumulación basado en una estrategia distribucionista, la lucha salarial era el centro del enfrentamiento entre capital y trabajo y los sindicatos se integraban funcionalmente a ese esquema como organizaciones encargadas de pelear por mejores salarios y condiciones de trabajo, y de satisfacer -a través de estructuras creadas a tal fin (obras sociales y cooperativas)- necesidades determinadas históricamente (salud, vivienda, esparcimiento y recreación) que le permitían reproducir materialmente la fuerza de trabajo y la propia organización; bajo la reconversión capitalista iniciada a mediados de los '70 y profundizada con el menemismo, la recomposición de la rentabilidad del capital imponía cortar con ese esquema de otorgamiento de ventajas económico-corporativas, expulsar y precarizar mano de obra, por lo cual los sindicatos ven amenazados -junto con su base de afiliación y espacio de acción- sus mecanismos de reproducción material.
En otras palabras, el desempleo y la precarización laboral ocasionadas por las reformas de mercado (como las privatizaciones), implicaron una caída del número de afiliados y de aportes patronales a los sindicatos. Este proceso afectó de manera directa a la organización sindical en términos de representación (ya que pierde su base de sustentación), pero también en términos económicos y funcionales, puesto que si hasta entonces podían actuar como agentes de servicios gracias a esa fuente de recursos, con la caída de los mismos les resulta difícil poder cumplir esas funciones e incluso sostener el patrimonio acumulado.
En esta dirección una hipótesis de trabajo a explorar es que el sindicalismo empresarial constituye una estrategia seguida por sindicatos con estructuras fuertes de provisión de servicios que, como consecuencia de los impactos de las reformas sobre el mercado de trabajo, ven comprometido y desfinanciado su patrimonio y estructuras de funcionamiento, y pasan a reemplazar entonces sus históricas fuentes de recursos (cuotas de afiliación, aportes patronales) por otras nuevas: los emprendimientos empresariales.
Va a ser luego, a partir de la coyuntura inaugurada tras la crisis de 2001, con la reactivación del empleo y la negociación colectiva, que los sindicatos que en los '90 siguieron esta estrategia, van a desprenderse de las unidades de negocios y a recuperar tanto las fuentes de recursos como las funciones tradicionales que asumieron históricamente en Argentina.
Consideramos entonces que el sindicalismo empresarial no significa asignación de rentas en un esquema de concertación articulado por el Estado, como propone Etchemendy, ni una continuidad de la función sindical de proveer servicios sociales a sus afiliados, sino que como sugiere Ghigliani (2009) el sindicato pasa a asumir un rol como agente económico que busca ganancia. Esto expresa una diferencia no de grado sino cualitativa respecto a las modalidades de sindicalismo de servicios, las que se orientaron históricamente a obtener derechos sobre el usufructo de rentas pero rara vez asumieron directamente la personificación de capital.
Esto sería lo novedoso de esta particular estrategia y lo que no puede se suficientemente captado bajo los enfoques hegemónicos de la Ciencia Política.
Por ello consideramos que para completar los análisis que ponen el foco en las relaciones político-institucionales entre Estado y sindicatos y encontrar la particularidad de las estrategias sindicales en diferentes coyunturas, sean pasadas o presente, es preciso resituarlas en la formación social capitalista argentina y en la dimensión de lucha entre capital y trabajo.

Referencias

¹ En el texto de Hyman (1975) se desarrollan con claridad las distintas visiones del marxismo (optimista y pesimista) sobre el potencial revolucionario del sindicalismo.

² Malamud señala, retomando a Schmitter, que no es el sistema sino que son ciertos actores sociales los que están organizados de modo corporativo (detentan la representación monopólica). Concretamente se refiere a los sindicatos agrupados en la CGT, frente a organizaciones patronales que serían pluralistas por no tener una sola central que los agrupe.

³ En virtud del "Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social" firmado el 25 de Julio de 1995 por el gobierno, el Grupo de los Ocho (agrupación que nuclea a las grandes cámaras empresarias) y la CGT, se acuerda redactar conjuntamente los proyectos de ley de reforma laboral, lo que marca para estos autores una nueva política de concertación del gobierno con los actores sociales.

⁴ Distintas producciones caracterizan estos alineamientos en términos más o menos similares. En la Confederación General del Trabajo (CGT) se encontraría el grupo de sindicatos que opta por la adaptación pragmática a los nuevos tiempos, la convergencia de las tendencias "participacionista" y "vandorista" de los '60-'70. Quienes se nuclean en el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) tendrían la expectativa de recuperar las tradiciones orientadas hacia el Estado, típicas del sindicalismo peronista aunque con posiciones próximas a las de un sindicalismo autónomo de los partidos. Representarían la corriente "confrontacionista" que pugna por revivir el modelo sindical asociado a una política sustitutiva de importaciones y un Estado proteccionista. Los sindicatos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) plantearían desarrollar una nueva central en términos de un sindicalismo autónomo, independiente del Estado, de los partidos políticos y de las empresas. Representarían la corriente "renovadora" donde junto con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) confluirían las tendencias "confrontacionista" y "combativa" o "clasista" de la matriz comprensiva de las divisiones del movimiento obrero entre 1960 y 1970 (Novick, 2001; Fernández, 2002).

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Recibido: 11/03/2013.
Aceptado: 25/06/2013.