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Temas y Debates

versión On-line ISSN 1853-984X

Temas debates (En línea)  no.29 Rosario jun. 2015

 

COMUNICACIONES

Impacto de las nuevas normativas electorales en Argentina. Discusión y análisis de la ley de Reforma Política 26.571

Impact of the new electoral regulations in Argentina. Discussion and analysis of the law of Reform Policy 26.571

 

Adriana Gallo

Adriana Gallo es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. E-mail: doctoraag75@hotmail.com


resumen

En el presente trabajo se analiza la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, sancionada a fines de 2009 en nuestro país; poniendo particular énfasis en la normativa de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), iniciativa inspirada en el modelo de Uruguay, donde se aplica una regla que obliga a todos los partidos registrados oficialmente a celebrar internas abiertas simultáneas, reguladas por el or-ganismo electoral del país.
Aquí consideramos que el principal inconveniente de la reciente reforma radica en que se quiere ordenar al sistema utilizando el criterio partidario como elemento organizador, pero partiendo de principios contradictorios, sustentados sobre visiones antagónicas respecto de los partidos políticos; lo cual dificulta una consideración apropiada de los mismos, tanto en lo referente a su estructura interna como a su posición y comportamiento en el marco general de las instituciones democráticas. En este contexto, se verá que cuando se pauta un tipo de com-petencia despartidizada, sectorial y personalizada, y se recurre a la totalidad de la ciudadanía para que se expida en ella, se termina promoviendo la fragmentación, la inconsistencia interna y la pérdida de relevancia de los partidos políticos en la escena electoral.

palabras clave: Internas abiertas y simultáneas; Regulación oficial; Comparación Argentina y Uruguay.

summary

In the present work we analyze the new law of Democratization of Political Representation, Transparency and Electoral Equity, enacted at the end of 2009 in our country. We will focus particularly on the compulsory, simultaneous open primary election law (PASO), an initiative inspired by the Uruguayan model. In Uruguay the rule as applied demands that all officially registered parties hold simultaneous open primary elections, regulated by the electoral organism of the country.
Here we examine that the main drawback of the latest reform lies in the fact that it attempts to force the system to use party support as an organizing criterion, but starting from contradictory principles based on antagonistic points of view about political parties, which only hinders a rightful appraisal of them, both in terms of their internal structure as well as their position and behaviour within the general overview of democratic institutions. Thus we shall see that whenever a kind of competition exists that is not party-ruled, personalized or divided into sectors, and the entire citizenry is allowed to participate, the results only promote fragmentation, internal inconsistencies, and loss of relevance of the political parties within the electoral scene.

keywords: Simultaneous open primaries; Official regulation; Comparison between Argentina and Uruguay.


Introducción

El 14 de agosto de 2011 se puso en práctica, por primera vez en la Argentina, el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), incorporado formalmente en la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Nro. 26.571), sancionada en diciembre del año 2009. De acuerdo con lo estipulado reglamentariamente, las primarias poseen carácter obligatorio y vinculante para todos los partidos políticos con status definitivo, son compulsivas para la totalidad de los ciudadanos registrados en el padrón nacional y están reguladas y supervisadas por la principal entidad electoral del país (Art. 19, Cap. I).
Este instrumento de ingeniería política ‒incorporado formalmente un año y medio antes de su concreta aplicación1‒ había sido establecido, junto a otras disposiciones complementarias, con el propósito de alcanzar, básicamente, tres finalidades substanciales (Tullio, 2010):

1. Seleccionar candidatos: las PASO se instauraron so pretexto de homologar y, por extensión, relegitimar el origen de las candidaturas políticas (Straface y Page, 2009; Tullio, 2011). Se argumentaba que la selección de los candidatos ya no dependería de la capacidad movilizadora de los aparatos partidarios (Straface y Page, 2009), sino que se originaría en la voluntad inapelable del conjunto de la ciudadanía nacional, la cual se transformaba en la entidad selectora -o selectorate (Rahat y Hazan, 2001)- y fiscalizadora dentro de los partidos políticos (Abal Medina, 2009); los cuales perfeccionarían su rol de órganos canalizadores de la opinión pública (Tullio, 2011).
2. Ordenar y racionalizar el sistema de partidos y tornar más representativos a sus componentes: la regulación de los requisitos para la formación y continuidad de las organizaciones partidarias y el establecimiento de pisos para acceder a la elección general tenía como finalidad teórica ordenar la oferta política, reduciendo el número de agrupaciones que entraban en la competencia (Escolar, 2011). Se argumentaba que esto promovería la unidad entre partidos similares, a través de la agregación de demandas e intereses comunes (Abal Medina, 2009; Astarita, 2009), facilitando la presencia de organizaciones fuertes, duraderas y con significativo anclaje social (Tullio, 2010).
3. Empoderar al ciudadano: con la incorporación del voto obligatorio en la competencia interna se buscaba generar incentivos directos a la participación, estimulando la politización de los ciudadanos independientes (Escolar, 2011). Se adujo que el método de primarias abiertas, por un lado, ofrecía a los ciudadanos un mayor protagonismo y más oportunidades para la expresión de su voluntad política y, a la vez, constituía en sí mismo un proceso informacional que contribuía a trazar un mapa de la distribución de la representación real (Tullio, 2011). El elector participante podría emitir primero un voto sincero, preseleccionando al postulante de su preferencia en las PASO, y ejercer luego un voto estratégico, una vez obtenida una radiografía del rendimiento, la viabilidad y las posibilidades reales de los competidores de los comicios generales (Escolar, 2011).

Ahora bien, aquí nos proponemos realizar una lectura crítica de esta Ley de Reforma Política, en general, y de las PASO en particular, tanto desde la óptica teórico-normativa, como desde el punto de vista de su aplicación práctica. Así, primero, orientaremos el foco en los fundamentos abstractos que guiaron el objetivo reformador (resumidos en los tres aspectos mencionados), procurando poner de relieve las contradicciones implicadas en la argumentación central que respalda las nuevas reglas. Para ello, tendremos en cuenta las consecuencias documentadas respecto del empleo de mecanismos similares en otras partes del continente (tomando como parámetro comparativo al Uruguay, cuya normativa sirvió de inspiración para la reforma electoral local2 y que incluye la existencia de primarias abiertas simultáneas y obligatorias, como parte integral de la legislación nacional3).
Luego, indagaremos acerca del impacto de las PASO en su primera utilización fáctica en nuestro país, en agosto de 2011 (centrándonos solamente en el nivel presidencial), contemplando el grado de satisfacción obtenido respecto de aquella triple meta esbozada teóricamente por los reformadores.

Antecedentes y consideraciones

Hasta ahora diversas producciones académicas han indagado acerca de las consecuencias de la aplicación de internas/primarias abiertas partidarias, generalmente establecidas de modo autónomo y unilateral, y con participación opcional para los ciudadanos. Ante la ausencia de precedentes directamente comparables respecto del alcance de la utilización de un sistema de primarias abiertas doblemente compulsivas ‒para los partidos y para los votantes‒ (Pomares, 2011), revisitaremos el debate teórico y compendiaremos los resultados del análisis de los casos concretos en los que se adoptó este mecanismo para elecciones presidenciales, tanto de forma autónoma y unilateral4, como de forma regulada.5
A partir de allí, contemplaremos las posibles consecuencias generales que las primarias abiertas (evaluadas como una técnica de nominación de candidaturas y, simultáneamente, como una  norma electoral en sí misma) pueden acarrear; contrastando los tres grandes objetivos trazados por sus patrocinadores con los efectos de la implementación observados en la práctica:

1. Selección de candidatos partidarios:
En todo tipo de primaria abierta -ya sea celebrada de modo autónomo por un partido determinado o como parte de un sistema regulado oficialmente- hay que tener en cuenta dos cuestiones: a) quiénes   han de ser  seleccionados y  b) quiénes son  los que seleccionan (selectorate).
a) En una interna presidencial se debe seleccionar a un (1) candidato a presidente6 que competirá en las elecciones generales posteriores (es decir, como hay un solo cargo en juego, M es igual a 1).7 En un sistema de primarias simultáneas y reguladas, se establece un M partidario por cada fuerza política que supere el piso en los comicios primarios, y un M total, que equivale a la suma de M partidarios (la cantidad total de candidatos que han de quedar consagrados tras la interna para un determinado cargo). A la vez, hay dentro de cada partido, un K partidario (la cifra de precandidatos internos postulados que compiten entre sí por consagrarse como el candidato único de la fuerza)8; y también existe un K total (la suma de todos los K partidarios; o sea, el conjunto de contendientes que se alisten en las primarias).
b) Uno de los propósitos del sistema de primarias estriba en que la selección de los candidatos sea efectuada por un cuerpo mayoritario de individuos, en lugar de recaer en el líder o en un sector minoritario, como sucede con la utilización de métodos orgánicos partidistas (Tullio, 2011). Sin embargo, el cumplimiento de este objetivo está condicionado por el grado de politización de la ciudadanía y por los incentivos existentes en el evento selectivo. En Uruguay9, donde el voto en las internas abiertas es opcional, el selectorate se nutre principalmente de los electores más activos que concurren voluntariamente a pronunciarse por su candidato predilecto dentro de su partido predilecto10; mientras que los votantes sin preferencias partidarias cuentan con la posibilidad de abstenerse en esa fase, lo cual les permite reafirmar políticamente su identidad como independientes (Brecha, 2009). En Argentina, en cambio, el cuerpo selector se compone de un conjunto de ciudadanos que, en su mayoría, son poco politizados y carecen de preferencias partidarias consolidadas (Payne et al., 2003; Payne et al., 2007); y la función específica que éstos deben cumplir en el proceso de selección de los candidatos a puestos públicos está garantizada por la obligatoriedad del voto interno. Sin embargo, hay que decir que la asistencia compulsiva sólo produce una elevación de los costos individuales de abstenerse (dada por la amenaza de sanción, real o simbólica, que esto implica), sin originar beneficios adicionales relativos al contenido de las alternativas entre las cuales deben pronunciarse (Gallo, 2010).
Además, para que la selección de los candidatos recaiga efectivamente sobre el selectorate estipulado en las primarias (independientemente de cómo se componga), tiene que existir competencia entre los contendientes (y en lo posible también competitividad11) que es lo que garantiza la necesaria incertidumbre en los resultados (Mozaffar y Schedler, 2002) y permite que la resolución interna emerja de la voluntad del cuerpo selector. Esto implica que cada uno de los partidos debe postular, al menos, dos precandidatos competitivos diferenciados (K partidario>M partidario), con un cercano nivel de aceptación en la opinión pública.
Pero a la vez, la competitividad interna no debería ser excesiva, ya que -tal como ha sido testeado en los estudios sobre primarias norteamericanas- esto podría ocasionar corolarios perjudiciales, como ser el agravamiento de la conflictividad intrapartidaria (Key, 1949; King, 2001), el surgimiento de dificultades para una rápida y expeditiva resolución ex post (McClosky, 1964; Kirkpatrick, 1976; Stone y Abramowitz, 1983; Miller y Jennings, 1986; Bibby, 1996) y/o la deslegitimación del ganador final (Fiorina 1999; Poole y Rosenthal, 2001).
La experiencia uruguaya da cuenta de lo difícil que es que en un sistema de primarias regulado haya un grado de competitividad semejante en las compulsas de todos los partidos registrados12 (Buquet y Piñeiro, 2011), lo cual tiene un impacto diferencial en el nivel de convocatoria de cada una de ellas.13 Según la casuística, es posible que emerjan inconvenientes tanto en fuerzas con conflictos internos (porque los exacerba y exterioriza14), como en aquellas que, por falta de competitividad, no concitan la concurrencia electoral deseada (Canzani, 2010; Caetano, 2010). Esto, a su vez, puede acarrear trasvasamiento de votantes extrapartidarios y/o distorsiones en la lectura global de los resultados15, desdibujando el rol que la voluntad del selectorate debería tener en esta instancia (Gallo, 2011).
La intervención de electores ajenos a la organización partidaria en un evento relativo a sus competencias internas, es incompatible con la naturaleza voluntaria de los partidos, los cuales por principio se orientan a un sector específico de ciudadanos, cuya adscripción no puede conseguirse por medios coercitivos (Weber, 1922). Más aún, este tipo de coerción -es decir, aquella ejercida por organismos estatales- entra en contradicción con los preceptos sobre los que se asienta conceptualmente la democracia interna partidaria, que supone que la organización y el funcionamiento partidista permanezcan libres de interferencias de los órganos del poder público (Orozco, 2003: 8).

2. Ordenamiento de oferta política y representatividad partidaria:
Con la incorporación formal del dispositivo de primarias, bajo la regla de la simultaneidad y con la exigencia de un piso o cuota, se aspiraba a conformar una matriz partidaria de pocas fuerzas políticas, relativamente sólidas, internamente homogéneas y consistentes en lo ideológico y/o programático (Tullio, 2011; Astarita, 2009).
Con respecto al tema de los pisos, la nueva legislación argentina establece que cada partido, primero, debe reunir una cantidad de afiliados para obtener y conservar su personería jurídica16; y, luego tiene que alcanzar el 1,5% de los votos válidamente emitidos en las PASO, para poder competir en las elecciones generales (Art. 45, Cap. VII).
17 Esta coexistencia de dos criterios de validez discordantes contrasta con el caso de Uruguay, donde se aplica el mismo umbral numérico para que un partido pueda registrarse, organizarse y subsistir en el tiempo, del que se requiere para superar las internas abiertas18 (Gross Espiell, 2009). Así, en nuestro país se excluye de la competencia nacional a los partidos que aún cumpliendo con el primer criterio, no logren el segundo; es decir, se permite que un agrupamiento sea denominado ‘partido político' y que, sin embargo, esté imposibilitado jurídicamente de cumplir el rol constitutivo mínimo de un partido (que lo diferencia de otras asociaciones colectivas) que es competir electoralmente, procurando colocar a sus candidatos en cargos de representación popular (Weber, 1922; Downs, 1973; Sartori, 1986).  
Por otro lado, la nueva legislación exige que las alianzas se forjen con antelación a las PASO (Art. 6), sin que se permitan reagrupamientos posteriores, ni alteración en la composición ni el orden en la fórmula presidencial originaria (Art. 44, Cap. VII)19, lo cual desincentiva la competencia interna, en tanto que no genera elementos compensatorios ni provee de beneficios secundarios para los que resulten derrotados en ellas (Pomares, 2009; Gallo, 2011). En Uruguay, por el contrario, sí hay posibilidad de incluir a los perdedores de las primarias en la fórmula presidencial. Ello estimula la competitividad (Buquet y Piñeiro, 2011), acrecienta los incentivos para establecer compromisos intrapartidarios20 e incluso puede neutralizar algunos de los efectos perjudiciales de una interna excesivamente competida21 (Atkeson, 1998; Buquet y Piñeiro, 2011: 86).
En Argentina, la contienda interna se plantea como una lucha de suma cero, sin margen para una política de alianzas (Serrafero, 1997). Además, la exigencia compulsiva de alcanzar ese piso restrictivo no colabora con el objetivo reformista de lograr la unidad entre fuerzas políticas minoritarias con intereses afines. Es decir, para las agrupaciones consolidadas y con un peso equivalente, por más que compartan un mismo espacio político, la mejor remuneración estará en competir por separado sin formar una alianza, y sólo los partidos que tengan bajas chances de superar por sí mismos el piso impuesto buscarán coaligarse, lo cual puede promover la formación de frentes pragmáticos y estrictamente electoralistas (Gallo, 2011).
Por otro lado, para que se cumpliera con el propósito de la representatividad en los partidos, en cada uno de ellos debería seleccionarse a un candidato que, por un lado, ostentara una posición acorde y congruente con la de su agrupamiento (Gimpel, Hoffman y Kaufmann, 2000) y que, a la vez, tuviera más chances de imponerse en las elecciones generales que los principales competidores internos (Bromhead, 1970: 88). No obstante, es difícil lograr la consagración de un postulante que conjugue ambos aspectos, ya que esto requeriría del apoyo de actores internos y externos, cuyas preferencias no siempre son congruentes.22 Con las primarias abiertas, la resolución de las candidaturas ‒asunto concerniente a la órbita interna de la organización, donde debería imperar la voluntad de los miembros partidarios‒ se despliega y resuelve en el ámbito de actuación externa de la misma y queda al arbitrio de un selectorate externo y difícil de caracterizar, ya que no siempre la selección de un candidato satisface aquel doble requerimiento de representatividad.
En efecto, los estudios empíricos sobre primarias, tanto norteamericanas (Key, 1949; Ranney, 1968; Polsby, 1983; Crotty y Jackson, 1985; Lengle, 1981, entre otros) como latinoamericanas (Colomer, 2000; Siavelis and Morgenstern, 2008) corroboran que los postulantes consagrados en ellas no suelen ser ni los más representativos de la posición orgánica del partido ni tampoco los más aceptados por la opinión pública. En las primarias abiertas reguladas, esta tendencia se acentúa al trasladarse a todas las fuerzas que compiten, derivando muchas veces en una oferta post interna polarizada en torno a dos bloques diferenciados (Buquet y Piñeiro, 2011: 66); dejando a un gran sector del electorado desprovisto de candidatos representativos (Ansolabehere, Snyder y Stewart, 1999).
Esto se refuerza si la normativa de primarias abiertas se combina con la doble vuelta electoral (como ocurre en Argentina y en Uruguay). Sucede que, por más que se les otorgue a los ciudadanos más instancias de pronunciamiento, en las elecciones presidenciales sigue habiendo un solo premio significativo en juego. Como se sabe, cuando se escoge un único ganador, no hay ningún sistema electoral que pueda garantizar el señalamiento de la alternativa preferida por la mayoría (Niemi y Riker, 1976; Riker, 1982). Pero además, cuando la elección presidencial aparece desdoblada en dos o tres fases sucesivas y eliminatorias ‒en las que las preferencias no suelen ordenarse de un modo unilineal‒ se incrementan las chances de consagrar a un postulante extremo y/o con un bajo nivel de aceptación popular.23
 
3. Empoderamiento ciudadano:
En un sistema de primarias abiertas simultáneas se presupone que la principal variable que los ciudadanos consideran a la hora de configurar sus preferencias y de fundamentar su voto es el criterio partidario24, en tanto y en cuanto cada precandidato pugna por consagrarse como el candidato único y oficial de su partido (o coalición de partidos). En otras palabras, la lógica misma del procedimiento establece la existencia de una serie de K partidarios que compiten por ocupar el M partidario. Por eso, las primarias están ideadas para que el individuo señale ‒dentro del partido al cual piensa votar en las elecciones generales (o de alguno entre los cuales esté indeciso)‒ al candidato más próximo a su preferencia (en términos ideológicos, de adhesión a algún issue, de confianza individual, etc.).25 No obstante, esto supone la existencia de un selectorate compuesto por electores con preferencias consolidadas hacia alguno de los partidos que compiten26 y cierto conocimiento político para discernir qué criterio han de priorizar en cada una de las sucesivas instancias de votación.
He aquí el razonamiento falaz que sustenta este objetivo de reforma: se sostiene que este sistema promueve la politización de los ciudadanos, pero para que funcione conforme a lo previsto debería existir un importante sector de la ciudadanía que ya estuviera politizada y que adhiriera a fuerzas partidarias constituidas. Esta contradicción puede observarse en el hecho de que las primarias, por su propio desarrollo procedimental, se presentan, no como internas partidarias establecidas en forma sincrónica (Tullio, 2010), sino como un momento de selección simultánea del partido y del candidato (Bottinelli, 2009). Ello promueve que los votantes no consideren al conjunto de los precandidatos de alguna fuerza definida (o sea, al K partidario de su preferencia), sino al universo total de los competidores habilitados (al K total).
Ahora bien, si esta distorsión se produce en Uruguay, donde los partidos ‒pese a ser fraccionalizados‒ son concebidos en última instancia como actores unificados a la hora de confrontar con los adversarios externos (Yaffé, 2005), es esperable que se profundice más en el caso argentino, en el cual el sello partidario carece prácticamente de valor como guía táctica y, como se expuso recién, la unidad real de competencia política plausiblemente sea un Frente conformado ad hoc. Además, en Argentina, los independientes pueden competir en calidad de precandidatos partidarios27 (Tullio, 2010), lo cual incentiva la búsqueda de apoyo personal en la opinión pública, secundarizando al partido por medio del cual vehiculiza la entrada en la lid electoral.28 Por consiguiente, en lugar de otorgarle al votante una oportunidad más para decidir, incorporando alguna variable adicional (además de la identificación hacia un partido), se minimiza el rol de la variable partidaria en la configuración de preferencias, con lo cual se reducen las pistas fiables respecto de la viabilidad de los candidatos, y se dificulta el trazado de una adecuada topografía de la representación de los apoyos electorales.
Para finalizar, en la mayor parte de los estudios teóricos favorables a la utilización de primarias abiertas como método de nominación de candidaturas, se asocia la idea de empoderamiento o empowerment ciudadano a la potestad que se le otorga a los electores para asignar responsabilidades selectivas respecto de las diversas alternativas que se les presentan (Bartolini, 1996). En ellos, se aduce que esta herramienta permitiría al votante premiar al partido que decidiera por voluntad propia renunciar a las prácticas endogámicas y utilizar un mecanismo electivo y democrático. Sin embargo, con primarias abiertas obligatorias reguladas se echa por tierra este presunto beneficio ‒denominado primary bonus (Carey y Polga-Hecimovich, 2007)‒ en tanto que, al homologarse los métodos selectivos de todos los partidos, no se establecen distinciones entre las organizaciones partidarias cerradas y centralizadas, y sus congéneres democráticamente estructuradas, privando a estas últimas de la posibilidad de cosechar un activo electoral fundamental.29

Análisis de la reforma electoral en la Argentina

En este apartado realizaremos un análisis empírico de la aplicación de las PASO, pasando revista por los acontecimientos históricos que se sucedieron desde la sanción de la ley hasta su aplicación efectiva y evaluaremos si se cumplieron o no los tres objetivos propuestos teóricamente. Consideraremos aquellas tres finalidades reformistas que, pese a tener distinto nivel de abstracción, operarán aquí como variables. Para indagar acerca del comportamiento de las mismas tendremos en cuenta los resultados de un trabajo de campo elaborado para la ocasión30; que ha sido complementado con datos y conclusiones extraídos de investigaciones de consultoras profesionales y analistas políticos.31
Veremos cuál es el impacto de la aplicación de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para la elección presidencial, teniendo en cuenta las tres metas impulsadas por los reformadores, antes mencionadas, a saber: 1. Selección: la conversión de los precandidatos más viables y representativos en candidatos partidistas, tras el sometimiento al escrutinio popular; 2. Ordenamiento y representatividad: la configuración de un sistema partidario ordenado, con fuerzas que representen las principales combinaciones de preferencias del electorado; y 3. Empoderamiento: la ampliación de las opciones de los votantes, al proporcionarles claves para calcular las expectativas del probable resultado de la elección, sobre la base de un mapa de apoyos definido.
A partir de todo el análisis de la primera aplicación del sistema de PASO en nuestro país, se establecerán ciertas conclusiones de alcance limitado. En investigaciones posteriores se procurará continuar con el estudio de las elecciones sucesivas y la evolución en la utilización de este sistema de selección.

Desde la sanción de la ley hasta la primera aplicación de las PASO:
En las elecciones legislativas de medio término que tuvieron lugar en el año 2009 en nuestro país, el oficialismo resultó derrotado. Si bien en ese momento el partido de gobierno concitaba por sí mismo más adhesiones que cualquier otra fuerza organizada, se hallaba disperso y debilitado internamente, luego del desgranamiento de sectores peronistas, tras el conflicto con las entidades agrarias (Gallo y Bartoletti, 2012). A su vez, el ex presidente Néstor Kirchner ‒hasta entonces, el candidato oficialista previsto para las presidenciales de 2011 (Catterberg y Palanza, 2012)‒ se había convertido en una de las figuras más resistidas de la política vernácula y no contaba siquiera con la aceptación de ciertas corrientes del PJ que otrora lo apoyaban y ahora se habían pasado al campo opositor.32 La oposición, mientras tanto, si bien continuaba fragmentada a nivel político-organizativo, había encontrado en la polarización en torno a la figura de Kirchner elementos que le proporcionaban cierta unidad y cohesión (Serrafero, 2011: 13).
En los meses subsiguientes, el oficialismo resolvió proponer una enmienda en la legislación electoral, que permitiera contener la crisis partidaria y que favoreciera las chances del ex primer mandatario de cara a la elección nacional de 2011 (Fraga, 2009). De este modo, las PASO -una de las piezas centrales del engranaje reformista- habrían sido establecidas por el kirchnerismo como una vía para atraer -y luego neutralizar- a los sectores peronistas escindidos33 (Gallo y Bartoletti, 2012: 52). Con ello se buscaba maximizar su posición mayoritaria dentro de un presunto armado justicialista lo más integrado y vertebrado posible34 (Rouvier, 2009). Empero, la perspectiva de tener que medirse en primarias con otros potenciales candidatos, constituía para Kirchner una opción a todo o nada (Novaro, 2011), consistente con los márgenes de maniobra que ofrece un partido como el PJ35 y con la lógica de suma cero originada con la nueva legislación que, como vimos, no genera disposiciones consensuales ni crea espacios para las minorías internas.
Ahora bien, en el año 2010, comenzó a percibirse un repunte en la aceptación pública gubernamental (Poliarquía Consultores, 2011), luego de una marcada recuperación económica, posterior al período de recesión del 2009 (BCRA, 2012; Catterberg y Palanza, 2012). Esto, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario que se conmemoraba ese año, permitió la revitalización del relato oficialista originario, mediante el cual se consideraba al proceso iniciado en 2003 como un punto de inflexión y de refundación histórica, acorde y coincidente con el llamado ‘giro a la izquierda' a nivel regional36 (Gallo y Bartoletti, 2013).
En octubre de 2010, tuvo lugar un acontecimiento que generó un enorme impacto sobre el escenario político preelectoral: el fallecimiento de Kirchner. Este hecho trágico y fortuito, por un lado, quitó involuntariamente del camino al postulante oficialista más polarizador y resistido por la opinión pública (provocando una desarticulación de la oposición, que perdió el eje en torno al cual se erigía su cohesión y que tampoco había impuesto su agenda en el Congreso) (Novaro, 2011); y, por otro, resolvió el problema de la sucesión presidencial, transformando a la primera mandataria, Cristina Kirchner, en la candidata natural e indiscutida del partido de gobierno, quien llegaría a las primarias con un importante capital político atesorado, gozando de las ventajas institucionales de un presidente que aspira a la reelección37 (Serrafero, 1997).
A propósito, aquí es fundamental señalar otro aspecto con crucial incidencia sobre los efectos de la aplicación de primarias abiertas presidenciales, no señalado anteriormente ‒la existencia de reelección presidencial inmediata38‒ que distingue al caso argentino del uruguayo y que incide directamente sobre las variables estudiadas.
En lo que sigue, se desarrollarán cada uno de los tres objetivos reformistas mencionados (selección de candidatos, ordenamiento de la oferta y representatividad, y empoderamiento ciudadano), teniendo en consideración los elementos expuestos en este apartado, que modificaron sustancialmente el escenario electoral de 2011.

1. Selección popular de los candidatos partidistas
En primer lugar, hay que señalar que la existencia de reelección presidencial inmediata posee un efecto compresor sobre el número de competidores (Jones, 1999). En efecto, en sistemas que contemplan la reelección, el incumbent es, salvo excepciones, el candidato natural del partido de gobierno. Esto, a su vez, permite mantener en caja potenciales liderazgos internos alternativos y quita a la oposición la posibilidad de beneficiarse automáticamente con las luchas por la sucesión en el partido gubernamental (Paramio, 1999).
En el caso de las elecciones estudiadas, la introducción imprevista de la variable incumbent originó, ya desde la fase de las PASO, una contracción en la competencia interna y, al mismo tiempo, generó un escenario polarizado, sumamente desventajoso para los candidatos desafiantes, disminuyendo notoriamente los incentivos de entrada para alistarse en la competencia electoral (Novaro, 2011).
Por esa razón, luego de que el partido gobernante confirmara la oficialización de la candidatura única de la Presidenta39, todas las fuerzas de la oposición -tanto los partidos tradicionales40 como las pequeñas agrupaciones personalistas territorializadas41- optaron por resolver sus desavenencias en la arena interna y terminaron presentando una sola fórmula presidencial, acordada puertas adentro. Así, en los diez partidos oficialmente registrados, la conversión del precandidato presidencial en candidato partidario se produjo de facto en el partido y de jure con las PASO.
Los defensores de la actual legislación responsabilizaron a los precandidatos opositores por esa falencia, aduciendo que éstos no habían advertido los incentivos provistos por las primarias abiertas y que, al haber eludido la competencia, desaprovecharon la chance de acrecentar el caudal electoral de su fuerza (Escolar, 2011). Sin embargo, esta visión centrada en la faz exterior del partido soslaya que, como expusimos, la definición de las candidaturas atañe básicamente al ámbito interno partidario, donde se alojan actores con estrategias y aspiraciones divergentes (Kitschelt, 1989: 47). Por eso, es comprensible que los dirigentes menos viables de los partidos opositores optaran racionalmente por un retiro prudente (Cox, 1997: 196), ante una perspectiva poco promisoria, en la que el presunto beneficio de obtener un magro incremento en el nivel de apoyo global al partido en las PASO no ameritaba ni el costo personal de montar una campaña sin chances ni el costo político de disgregar el voto partidario en varias listas subpartidistas.42
Así, respecto al punto referido a quiénes fueron seleccionados en la primera aplicación real de la ley, vemos que como ninguna de las fuerzas inscriptas presentó competencia interna a nivel presidencial, se incumplió con el principio de K partidario>M partidario.43 A su vez, sin competencia intrapartidaria en ninguna de las agrupaciones presentadas, las primarias abiertas quedaron planteadas, lisa y llanamente, como una instancia de competencia interpartidaria, en la que había dos cuestiones por establecer: por un lado, el nivel de apoyo concreto que recibiría cada K partidario y, por otro, la cantidad de partidos que superarían el piso impuesto de 1,5% (es decir, el valor que adquiriría el M total).
Con respecto al selectorate, en este caso se trataba del conjunto de los ciudadanos empadronados a nivel nacional, quienes en su mayoría carecían de interés en la política. Por eso mismo, dadas las circunstancias descriptas, cuando se lanzó la campaña para las PASO, muchos de los miembros de este cuerpo selector no llegaban a comprender cuál era la razón de ser de esta instancia compulsiva en la que no había nada que resolver.44 En consecuencia, emergieron dos interpretaciones divergentes respecto del sentido y utilidad de las PASO: por un lado, desde el gobierno se las presentó ante el selectorate como una suerte de primera vuelta anticipada (Randazzo, 2011) que, no obstante, carecía de la coerción propia de los comicios definitorios. Por eso, dada la indiscutible ventaja de la incumbent en las encuestas45, se incitaba a que los electores emitieran un sufragio sincero en las PASO, procurando que se preservara el trazado de apoyos espontáneos existente. Para ello, se las exhibía como un acto eleccionario general y no como un evento de selección interna, y se apelaba a la responsabilidad o deber cívico46 de los ciudadanos, otorgándole un sentido emotivo a su participación en la vida democrática.47 Se aspiraba así a que el respaldo a la primera mandataria resultara magnificado para las elecciones generales definitorias, en las que además podría captar a los votantes de las fuerzas partidarias que no alcanzaran el 1,5% en las PASO.48
Por otro lado, emergió una interpretación alternativa respecto de las PASO, difundida principalmente por los medios opositores49 que hacía aparecer a este evento como la ‘gran primaria de la oposición' (o sea, la primaria de un presunto frente opositor, que nunca había llegado a concretarse en los hechos), introduciendo simbólicamente la idea de que existía un M opositor (=1), al cual los candidatos opositores (los 9 K opositores) aspirarían a lograr. Esta visión partía de dos axiomas básicos (que, a su vez, fueron reforzados durante la campaña): por un lado, presuponía que la distribución de las preferencias ciudadanas era unimodal, y que la divisoria gobierno-oposiciónera el eje de preferencias ‒o, en todo caso, el eje de metapreferencias (Paramio, 1999)‒ en función del cual se efectuaría la polarización y la reasignación de apoyos de cara a la primera vuelta.50 Por otro lado, suponía que el favor por la Presidenta (tanto sincero como sofisticado) era numéricamente inferior al porcentaje requerido en las elecciones generales para ganar sin necesidad de medirse en un balotaje.51 Por ello, se cifró a la primaria como una instancia en la que, por un lado, quedaría expuesto el techo electoral de la candidata del gobierno y, a la vez, se resolvería cuál de los aspirantes plausibles de la oposición era el más viable de esa área de preferencias, recepcionando luego el voto útil antikirchnerista.52
Veamos ahora los resultados de la primera implementación del sistema de PASO en nuestro país, celebrada el 14 de agosto de 2011, en la que concurrió el 81,41% de los empadronados del territorio nacional:

Tabla 1
Resultados de las PASO


La línea punteada separa a la candidata del espacio gubernamental de los candidatos opositores. El 8°, 9° y 10° no superaron el piso del 1,5% y quedaron invalidados para competir en los comicios nacionales.
Fuente: Cámara Nacional Electoral.

2. Ordenamiento y racionalización del sistema partidario, con reducción de sus componentes e incremento de su fortaleza y representatividad
Teóricamente, para que se cumpliera esta segunda meta reformista, debería existir una adecuada coordinación electoral de los actores, dando lugar a una reducción del número de competidores (Duverger, 1954) y a la selección de las alternativas más viables (en lo que se denomina equilibrio duvergeriano53) (Cox, 1997), en un contexto en el cual el criterio partidario fuera el elemento organizador fundamental en la configuración de preferencias de los votantes.
Veamos ahora lo arrojado por nuestro análisis de campo, en el que se midió la ubicación de los votantes en cada eje (identificación partidaria54, ubicación ideológica55, gobierno-oposición56;personalista57;existencia de algún issue o temas de debate electoral relevantes58, etc.) y los elementos que éstos tenían en cuenta en la configuración de sus preferencias electorales.59

Tabla 2
Correlación de Pearson de las variables que influyeron en el voto en las PASO


**>0,25
*>0,15
Filas 1, 2 y 3: Factores de largo plazo. Filas 4 y 5: Factores de corto plazo. Filas 6, 7, 8 y 9: Elementos del
voto en general. Filas 10 y 11: Elementos del voto relativos a las PASO.
Ficha: Caracterización de la muestra: 324 ciudadanos (pertenecientes a Capital Federal y 7 provincias). Muestra probabilística, determinada al azar. Fecha de realización: julio/agosto 2011.
Se trató de una encuesta de 8 preguntas, en el que se pedía que ordenaran transitivamente a los precandidatos en función de sus preferencias, que se ubicaran ideológicamente (izquierda; centroizquierda; centro; centroderecha; derecha), partidariamente (afín/simpatizante PJ; neutral respecto de PJ, pero lo prefiere antes que UCR; indistintamente neutral/lejano hacia ambos; neutral respecto de UCR, pero lo prefiere antes que PJ; afín/simpatizante UCR) y en función de su cercanía o lejanía al gobierno actual (oficialista, más cercano al gobierno que a la oposición; ni oficialista ni opositor; más cercano a la oposición que al gobierno, opositor), que mencionaran el eje principal que valoraban para estructurar sus opciones (partidario; ideológico; gobierno -oposición; personalista, otro); al tiempo que se midió el nivel de conocimiento ciudadano respecto de la nueva normativa (con las tres preguntas mencionadas) y la conformidad con la existencia de la misma. Las correlaciones se establecen a partir del coeficiente de regresión logística de Pearson.

Según nuestro análisis, el eje con mayor preponderancia en el sufragio interno no habría sido la identificación partidaria (como se presuponía teóricamente con este sistema), sino otros dos criterios vinculados entre sí: el eje gobierno-oposición(con ponderación del primer término del par) y el factor personalista60, que son los que suelen predominar en caso de reelección presidencial inmediata.
El eje gobierno-oposición estaba pautado a partir de una lógica asimétrica -con una oposición compuesta por varias fuerzas diferenciadas y un gobierno unitario y personalizado (Tonelli, 2011)- que claramente beneficiaba a la incumbent. A la vez, como ese eje está asociado a los aspectos económicos de la gestión (Kramer, 1971; Goodin y Klingemann, 1996), en momentos de bonanza económica como el de entonces, se profundiza la asimetría entre los polos que componen aquella línea demarcatoria. En este caso, paradójicamente, ciertos sectores antikirchneristas promovieron la  utilización del  eje gobierno-oposición  como  criterio     ordenador -apuntando a que los electores no kirchneristas ejercieran un voto útil- lo cual, contrariamente a sus expectativas, habría favorecido a la titular del cargo ejecutivo nacional.61
De todos modos, los candidatos de la oposición tampoco lograron ser asociados con el polo privilegiado de alguno de los ejes con incidencia secundaria en la decisión del sufragio ciudadano. Con respecto al criterio partidario, cabe decir que los dos contendientes opositores mejor posicionados provenían de sendos partidos históricos: Eduardo Duhalde, del peronismo y Ricardo Alfonsín, del radicalismo. Sin embargo, en nuestro análisis, el sufragio a Duhalde muestra una correspondencia negativa con la identificación hacia el PJ (el polo más favorecido dentro de la variable partidaria), y la preferencia por Alfonsín presenta una correlación positiva con respecto a la adscripción a la UCR, pero negativa en relación con la localización ideológica en la centro-izquierda, en la que este partido se ubica.62
Duhalde enfrentó el problema de tener que disputar la preferencia del electorado fiel peronista con la Presidenta en funciones, quien contaba con un fuerte apoyo partidario y popular. Así, este candidato procuró diferenciarse de la incumbent, desarrollando un perfil opuesto en términos ideológicos63, lo cual, dadas las características de esta clase de partido64, no le resultaría políticamente redituable (Gallo, 2011).
Por su lado, Ricardo Alfonsín, luego de un intento inicial por captar al voto proclive a la UCR (que mantenía presencia territorial, a nivel provincial y comunal), emprendió un giro en orden a polarizar la elección primaria. Para ello, resolvió ampliar su espacio, estableciendo un heterodoxo y cuestionado pacto con Francisco De Narváez (de filiación peronista, exponente de la derecha y de la elite tradicional).65 Así, entendemos que el postulante radical, habría sido apoyado por los activistas radicales, pero no así por los simpatizantes del partido66, muchos de los cuales se habrían volcado, alternativamente, por el candidato socialista Hermes Binner.67
Vemos, muy esquemáticamente, que los principales postulantes opositores fueron adoptando estratégicamente posiciones más cercanas a la derecha, tras la hegemonización por parte del kirchnerismo del espacio de la centroizquierda, durante la última década (Svampa, 2014). Empero, es comprensible que esos candidatos no hayan congregado un voto ideológico fuerte, en la medida en que los electores que se basan en el continuum izquierda-derecha para configurar sus preferencias, como regla general, son los que se sitúan en el primer campo de este eje68; mientras que el segundo polo suele constituir la opción ideológica más refractaria por gran parte de la ciudadanía (Gallo, 2011).
En suma, tanto Duhalde como Alfonsín habrían efectuado un cálculo erróneo respecto de cómo votarían los ciudadanos no alineados automáticamente con el Gobierno69, que los llevó a adaptarse al pragmatismo electoralista impuesto por las PASO y a apostar por la polarización en torno a dos opciones dicotómicas irreconciliables (gobierno vs. oposición), en una lógica binaria propia de las segundas vueltas (Martínez M., 2006) y no de las instancias no dilucidatorias como las primarias. Por un lado, la paridad de estos postulantes en la opinión pública dividió simétricamente el voto de los antikirchneristas duros (es decir, de aquellos votantes que supeditaban las demás cuestiones al objetivo de oponerse al Gobierno a la hora de votar), dificultando que alguno de ellos se erigiera en el candidato opositor por antonomasia. Esto dio lugar a la configuración de un equilibrio no duvergeriano casi perfecto70; o esa, aquella situación que tiene lugar cuando los votantes no saben a quien descartar entre los que están cerca del segundo puesto (Palfrey, 1989). Pero a la vez, como ni el uno ni el otro lograron hacerse de una reputación de viabilidad en alguno de los nichos más salientes en el electorado, ninguno de ellos consiguió ser vislumbrado por los electores antikirchneristas blandos, como una opción superadora frente a la Presidenta.71
En suma, con respecto a esta segunda finalidad reformista, observamos que la constricción más significativa en el número de actores participantes se había producido antes de la instancia preliminar, a partir de la presentación de la mandataria en funciones como precandidata oficialista. Así, el abandono estratégico de contendientes tuvo lugar antes de las PASO, generando que el K partidario quedara reducido a su mínima expresión72; lo cual derivó en el escenario descripto en el que prevaleció un partido oficialista sumamente fortalecido y unificado y una oposición dispersa y debilitada (Fidanza, 2011; Zuleta Puceiro, 2011; López, 2011).
Por eso, tras la aplicación de las PASO, la reducción fue poco relevante y no respondió a un criterio de unificación consistente. En efecto, en esta ocasión, no habría predominado el sufragio identitario ni el ideológico, sino un voto útil, proclive a recompensar electoralmente al partido oficialista por los resultados (especialmente, económicos) de la gestión73; sin que se cumpliera con el objetivo de configurar una oferta política con fuerzas vertebradas por identidades partidarias consolidadas.

3. Empowerment ciudadano
El tercer propósito aducido por los reformadores era lograr un mayor protagonismo de los ciudadanos, a partir de su politización, incrementando sus opciones y estrategias, sobre la base de un mapa de apoyos definido luego de las PASO. En la medida en que no se cumplieron las dos finalidades anteriores, entendemos que son discutibles los presuntos corolarios positivos de esta meta.
En primer lugar, la satisfacción de este objetivo depende de que exista una diferencia entre la oferta PASO y la oferta post PASO (estipulada a partir de la relación entre K partidario y M partidarioy entre K total y M total), que es aquello que garantiza un margen de acción preferencial para el ciudadano de ahí en adelante. En tanto que la oferta de las primarias de agosto fue (casi) idéntica74 a la de los comicios generales de octubre, se terminó privando a los ciudadanos del elemento de fiscalización selectiva que presuntamente se les otorgaba en la primera fase y se les ofreció un mapa de la distribución de los apoyos electorales desprovisto de utilidad práctica para la toma de decisiones estratégicas intermedias. Inclusive, en este caso, luego de la incontestabilidad e irreversibilidad de lo obtenido en las PASO, las elecciones nacionales perdieron todo interés político (D'Alessandro, 2011) y se convirtieron en las más intrascendentes de la historia del país, careciendo de la imprescindible incertidumbre en los resultados finales (Mozaffar y Schedler, 2000) que el sistema como un todo debería garantizar.
Empero, los impulsores de la ley esgrimieron nuevamente que esta situación excepcional era producto de que la normativa se implementaba por vez primera, pero que con su uso continuo no habrían de repetirse esas circunstancias específicas; y subrayaron que el saldo global había sido satisfactorio (Tullio, 2011; Randazzo, 2011; Corcuera, 2011). A la vez, como el juicio que se emite sobre la eficiencia de una regla electoral suele quedar supeditado al desempeño de los actores políticos, es comprensible que el gobierno haya salido fortalecido, no sólo por  la cantidad de votos recibidos ‒lo cual le otorgó un aura triunfadora que le permitió luego ampliar su caudal en la elección nacional75 (Fidanza, 2011)‒, sino también porque logró rebatir las críticas que habían surgido precedentemente respecto de la aplicación de las PASO -que sostenían que la presentación de listas únicas reduciría motivación para el elector (Saya, 2011), originándole desinterés y confusión (Pomares, 2011)‒ en tanto que las primarias concitaron una alta concurrencia ciudadana76 y arrojaron un resultado diáfano, contundente e indiscutido.
No obstante, recurriendo a la literatura especializada sobre comportamiento electoral y opinión pública, se arriba a una conclusión cuasi opuesta: en un ambiente de sobresaturación comunicacional, el ciudadano tiende a neutralizar los mensajes complejos y a simplificar sus razonamientos (Goodin y Klingemann, 1996; Montecinos, 2007), volcándose por la interpretación más familiar, basándose y reforzando lo que ya está en su mapa cognitivo previo (Klapper, 1960). Efectivamente, en este contexto, era más fácil inclinarse por la versión oficialista, entendiendo a las primarias abiertas como una elección más (con competidores discernibles, en la que prevalecería el postulante que concitara mayores preferencias), que concebirlas como una gran primaria de un sector opositor que ni siquiera podía ser ontológicamente identificable, con componentes repartidos en diversas ubicaciones espaciales discordantes. En efecto, la interpretación antikirchnerista -que postulaba a las PASO como un momento de esclarecimiento del escenario futuro, y estimulaba que los electores opositores sufragaran en ellas de modo tal de generar el equilibrio de coordinación más optimista para las instancias subsiguientes‒ requería de ciudadanos con un nivel de sofisticación y una capacidad para procesar la información política y para elaborar cadenas de razonamiento, no acordes con los cánones del país; mucho más, considerando que era un evento eleccionario inédito y de gran complejidad (Corcuera, 2011).
Otro de los elementos ‒aunque secundario‒ que emergió como capaz de proveer de ciertas pistas a los votantes fue la incorporación de boletas con la imagen de los candidatos (similares a las utilizadas en Uruguay). No obstante, si se tiene en cuenta la influencia del formato y la estructura de la papeleta (ballot structure) sobre los resultados electorales (Cox, 1997: 120), hay que decir que ese tipo de boletas favorece a los ya posicionados y a los que tienen un mayor grado de exposición pública (especialmente a los incumbents). Ello estimula la personalización de las alternativas políticas y el desdibujamiento de las identificaciones más abstractas. Es factible que estos factores hayan contribuido al predominio del criterio personalista y del eje gobierno-oposición en la configuración del voto en las PASO de 2011.
Los resultados del trabajo de campo aquí realizado indican que la mayoría de los encuestados (particularmente, aquellos que se inclinaban por la Presidenta77) no conocía cuáles eran las funciones específicas de las PASO78 ni distinguía entre esta instancia y cualquier elección estándar (lo que ayuda a explicar la alta tasa de presentismo registrada en una ocasión no definitoria como ésta). Por su lado, de todos los consultados, los que mostraban una noción más acabada respecto de los objetivos de las PASO eran los votantes del Frente de Izquierda, quienes discrepaban teórica y axiológicamente con este mecanismo y exhibían un alto grado de refinamiento en la estructuración del voto.79 En efecto, esa coalición fue la única que centró su campaña en torno a este tema, combinando la crítica por izquierda al gobierno kirchnerista, con cuestiones relativas al cercenamiento de derechos democráticos que la nueva normativa implicaba. Además, la conformación de este frente, forjado para afrontar las constricciones impuestas por la ley, le otorgó a la izquierda una mayor visibilidad e impulso para interpelar a sectores (en particular, de trabajadores y de la juventud) que se habían politizado durante el último período, interviniendo en los movimientos de lucha.80
En suma, la ley no estimuló la politización ciudadana a través de la obligatoriedad del voto interno ni proveyó a los votantes de mayores recursos ni aptitudes de discernimiento. Es decir, los electores no se habrían vuelto más concientes ni politizados tras la implementación de las PASO; por el contrario, muchos de los ciudadanos que de por sí eran más concientes y politizados que la media poblacional se habrían volcado por la única opción que cuestionaba férreamente a esta normativa.

Conclusiones

Aquí hemos analizado la cláusula de las PASO ‒elemento central de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral‒ solamente a nivel presidencial. Para ello, hemos tenido en cuenta primero la discusión teórica respecto de la conveniencia de su incorporación y, luego, hemos evaluado los efectos concretos de su utilización fáctica; poniendo permanentemente el acento en los tres objetivos reformadores. A su vez, hemos aludido continuamente al caso de Uruguay, con el propósito de remarcar diferencias y similitudes entre ambas legislaciones. Al respecto, cuestionamos las cláusulas de la ley vernácula que difieren de aquella implementada en el país vecino -por ejemplo obligatoriedad de la participación ciudadana, imposibilidad de incorporar perdedores a la fórmula, existencia de un ‘doble estándar' respecto los pisos, etc.‒ tanto desde el punto de vista teórico como del juicio concreto de su aplicación.
A lo largo de este trabajo, hemos cuestionado el espíritu de esta ley de reforma, en su aspecto reglamentario y en su diseño institucional, lo cual también ha tenido un impacto en su implementación práctica. Comenzamos el análisis empírico destacando que el estreno de las PASO fue precedido por ciertos acontecimientos súbitos e imprevistos en el momento de su sanción, que modificaron sustantivamente la arena de la competencia electoral: por empezar, cuando la enmienda fue aprobada se presagiaba que en las primarias se dirimiría la candidatura presidencial de un oficialismo en declive, sin la presencia de la mandataria en ejercicio, en un contexto económico crítico. Empero, muy por el contrario, las PASO se instauraron como la fase inaugural de un ciclo eleccionario en un escenario de reelección presidencial en un momento de repunte de la actividad económica y del apoyo gubernamental. A su vez, la incorporación de la variable incumbent afectó las estrategias de todos los actores con perspectivas de suceder al kirchnerismo en el poder. En ese contexto, las agrupaciones opositoras evitaron presentar precandidatos en la instancia preliminar, lo que hubiera implicado entrar en una competencia completamente desigual con la candidata única del partido oficialista, multiplicando su división interna. En suma, a partir de este cambio repentino de escenario se generó un efecto dominó que derivó en el incumplimiento de la primera meta reformista (la de seleccionar a los candidatos).
En cuanto al segundo objetivo de la ley -mediante el cual se procuraba ordenar la oferta política, fomentando la restructuración de las identidades partidarias‒ al abordar los resultados de la primera utilización del sistema de las PASO, pudimos observar que existió una agregación en el campo oficialista y una disgregación en el sector opositor; y, a la inversa de lo implicado en las premisas teóricas del sistema, la variable partidista no habría operado como elemento demarcador. Por el contrario, y en consonancia con la existencia de reelección inmediata, terminó cobrando mayor relevancia el eje gobierno-oposición y el criterio personalista. De ahí que los competidores ubicados en el sector menos favorecido del primer binomio adoptaran una desacertada interpretación aritmética de los apoyos electorales, que incentivó el oportunismo electoralista, la conformación de alianzas lábiles e incongruentes y la apelación al cálculo especulativo de los votantes. De hecho, las circunstancias antes mencionadas favorecieron la recomposición del Frente para la Victoria/Partido Justicialista como partido del statu quo, el que logró mostrarse ante los ciudadanos como un agente al cual asignar responsabilidades públicas.
Como consecuencia, y a despecho del tercer objetivo de la reforma ‒que apuntaba a lograr un efecto amplificador de las opciones de los ciudadanos‒ advertimos que se terminó generando una sobreoferta de competidores opositores, que no reflejaba una pluralidad programática de fondo, ni respondía a la diversidad de preferencias entre los electores que no se identificaban automáticamente con el kirchnerismo. La oferta compacta, reducida y unitaria del oficialismo fue la que más adhesión concitó en los ciudadanos; no obstante lo cual, como se extrae de nuestro análisis, entre ellos predominaron aquellos con escaso conocimiento sobre la mecánica electoral y sobre el impacto concreto de su voto en la nueva instancia en la que se los hacía partícipes.
Por último, en cuanto a los efectos que este mecanismo podría acarrear de aquí en adelante, no entraremos en detalle sobre posibles escenarios futuros, ya que este trabajo se terminó de escribir meses después de los comicios estudiados, en un contexto de permanentes cambios e incertidumbre.81 Sin embargo, se puede preveer que en las próximas primarias abiertas presidenciales difícilmente prevalezcan los mismos ejes (gobierno-oposición y personalista) que en su debut en 2011, realizadas en un momento de apoyo gubernamental, dada la merma en la aceptación pública experimentada por el partido de gobierno desde entonces82 y la imposibilidad legal de reelección de la presidenta.83
No obstante, se puede mencionar que las características específicas que rodearon a esta elección inaugural tienen, de un modo o de otro, conexión con los rasgos del sistema partidario en general (en el que el eje partidista no prevalece como la principal línea de demarcación electoral) y con los elementos constitutivos del peronismo, en particular (un partido dependiente de un liderazgo presidencial exitoso, popular e internamente aceptado). Por eso, entendemos que las desavenencias derivadas de estas normas pueden ir manifestándose de modos diversos dependiendo de las circunstancias del contexto de la competencia electoral.
En efecto, las falencias registradas en la ocasión estudiada no son sólo atribuibles a las características propias de la aplicación primeriza de las PASO, sino que tienen anclaje en el hecho de que la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, ya desde el plano filosófico-abstracto, entra en contradicción con las premisas básicas de la democratización partidaria, que supone que las fuerzas políticas generen su propia normativa interna y se sometan a ella, independientemente de la conveniencia y de la voluntad del líder; de la representación política, que favorezca que cada partido mantenga un sustrato ideológico común que imprima una lógica compartida a todos sus sectores; y de la equidad electoral, que responde al principio de igualdad no discriminatoria y carente de pisos proscriptivos en el punto de partida para todas las fuerzas partidarias que componen el arco político nacional.

Referencias

1 De todos modos, ya había provincias en las cuales funcionaba un sistema similar (Vg. Santa Fe).

2 Véase discurso de la Presidenta en la conferencia de prensa del 15/08/2011.

3 Allí, las internas abiertas, al igual que aquí, están reguladas oficialmente, se celebran de modo simultáneo y son obligatorias para todas las fuerzas políticas existentes (pero con asistencia voluntaria para los ciudadanos). Este procedimiento fue adoptado formalmente en la reforma constitucional de 1996 y fue utilizado en tres oportunidades sucesivas (1999, 2004 y 2009).

4 Tanto en EE.UU., donde tuvieron su origen, como en otros países de América latina, donde hubo partidos o frentes que decidieron implementarlas para seleccionar a sus candidatos presidenciales en diversas circunstancias.

5  Para ello, consideraremos los hallazgos extraídos de la -hasta ahora escasa- experiencia del Uruguay.

6 Esto puede presentar variantes: al candidato puede elegírselo dentro de una fórmula partidaria completa e inamovible, como en Argentina (Art. 44, Cap. VII) o individualmente como en Uruguay.

7 M habitualmente se utiliza para connotar la magnitud; es decir, la cantidad de escaños en juego (Cox, 1997).

8 El K partidario debería ser consistente con la cantidad de líneas o sectores internos relevantes en que cada partido se divida. Aunque también puede reflejar candidaturas sostenidas en criterios personalistas. 

9 Para los estudios que abordan en particular la participación en las internas uruguayas, léase Buquet y Chasquetti, 2008; Buquet y Piñeiro, 2011; Canzani, 2010; Caetano, 2010; Gallo, 2010, entre otros.

10 Algo similar sucede en las primarias norteamericanas, que también son optativas (Campbell, 1960; Geer, 1988).

11 Éste es un factor fundamental para explicar la participación ciudadana (Denver y Hands, 1985).

12 En la primera experiencia en el uso de este método (1999), los tres partidos principales presentaron competencia, pero sólo el PC y el PN tuvieron competitividad real. En 2004, el FA no presentó competencia interna y el PC careció de competitividad. Sólo en 2009, los tres partidos presentaron competencia. Y en los dos mejor posicionados hubo competitividad (Buquet y Piñeiro, 2011; Banco de Datos FCS-Udelar).

13 Esto puede provocar la impresión de que las fuerzas políticas participantes poseen un posicionamiento y una aceptación ciudadana divergentes a los reales. Como el FA en 2009, al haber sacado menos votos que el PN en las internas (y el candidato José Mujica, individualmente, también obtuvo menor adhesión que L.A. Lacalle, candidato blanco) apareció como uno de los derrotados de las internas (Bottinelli, 2009; Gallo, 2010).

14 Como el Partido Nacional en 1999 (Gallo, 2010). E incluso también el Frente Amplio ese año (Esquibel, 1999).

15 En 1999, habría habido un crossing over de simpatizantes frenteamplistas en la interna colorada (la más competida) (El Observador, 26/04/1999, p.17; Marius, 1999). En 2004 y 2009, la convocatoria del FA fue menor a la esperada (Bottinelli, 2009).

16 Se requiere de una cifra equivalente al 4‰ de los inscriptos en el distrito de actuación (Art. 2 y Art.7). Anteriormente, alcanzaba con esa cantidad de adherentes.

17 El objetivo habría sido dejar fuera de juego principalmente a los partidos ubicados a la izquierda del gobierno, ya que ninguno de ellos había logrado ese porcentaje de votos válidos en las últimas elecciones en las que habían competido (Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de Argentina).

18 De todos modos, si bien la exigencia es baja, de tan sólo 500 votos, la Corte Electoral no provee de suficientes papeletas a todas las fuerzas que compiten (Fernández, 2014), lo cual también implica una coerción hacia los partidos pequeños que cuentan con recursos mucho más limitados.

19 Esta cláusula habría sido incorporada a raíz del fracaso del pacto entre kirchneristas y radicales K de 2007, con el objeto de evitar que los miembros del binomio presidencial tuvieran un color político distinto (Gallo, 2012).

20 De hecho, los casos de internas resueltas de modo más satisfactorio fueron las que incluyeron el segundo como vice (Buquet y Piñeiro, 2011), la interna del PC en 1999, la del PN y el FA en 2009.

21 Además, en Argentina el tiempo previsto entre las primarias y los comicios generales es la mitad que en Uruguay ‒de sólo 10 semanas‒; con lo cual, en caso de que efectivamente se implementaran las primarias, no sería fácil la recomposición de las desavenencias intestinas que se hubieran generado previamente (Pomares, 2011; Gallo, 2011).

22 El partido político posee un carácter dual y se divide en dos esferas ‒interna y externa‒ (Sjömblom, 1968: 52). A nivel interno actúa como un escenario integrado por actores que compiten entre sí (Kitschelt, 1989: 47) y al mismo tiempo, interviene en el ámbito externo de la competencia electoral, buscando maximizar su votación (Alcántara Sáez y Freidenberg, 2003:15).

23 El ejemplo de la elección presidencial uruguaya de 2009 es sumamente ilustrativo al respecto. En los dos partidos mejor posicionados (FA y PN), los candidatos más moderados ideológicamente (Astori y Larrañaga respectivamente) fueron derrotados en las internas (Buquet, y Piñeiro, 2011). En el balotaje se enfrentaron las dos opciones más extremas de cada uno (Mujica y Lacalle) (Gallo, 2010).

24 Los individuos utilizan algún eje políticamente relevante para determinar su voto: partidario, ideológico, gobierno-oposición, personalista, etc. Los dos primeros son tenidos en cuenta, mayormente, por los miembros activos del electorado (militantes y simpatizantes); y los dos últimos suelen ser ponderados por el sector pasivo.

25 Desde sus orígenes, se argumentó que las primarias constituían una fuente de legitimidad dual (Rahat y Hazan, 2001: 313): por un lado, hacia el partido más votado, y, por otro, hacia los candidatos consagrados.

26 Paradójicamente, la casuística en América latina corrobora que las primarias abiertas han coexistido con la merma de la militancia activa y la decadencia de las identidades partidarias (Siavelis and Morgenstern, 2008).

27 Siempre y cuando consigan el aval necesario, que es de un número de adherentes correspondiente al 1‰ de los empadronados a nivel nacional (Art. 21).

28 Esto se asemeja más a las primarias norteamericanas en los cuales los postulantes son, en rigor, candidatos independientes, con su propio financiamiento, sus propios equipos de campaña y sin ligazón con el partido (Hopkin, 1999). En Uruguay, en cambio, todo aspirante presidencial debe contar con la anuencia de algún sector interno orgánicamente constituido, cuyo sello pretenda utilizar en la primaria (Entrevista personal con Luis Hierro, ex vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, 30 de marzo de 2006, Montevideo; Gallo, 2010).

29 Aquí se quiere mostrar la contradicción argumental. No obstante aclaramos que no se coincide tampoco con esta hipótesis. Por ejemplo, el caso del PRI mexicano en 1999 resulta muy ilustrativo al respecto: el partido utilizó primarias abiertas después de 71 años, periodo durante el cual se emplearon mecanismos sumamente restrictivos, centró su campaña interna en torno a este issue, y, pese a ello, resultó derrotado por primera vez en su historia (Colomer, 2002; Gallo, 2011).

30 Véanse Tablas y Ficha del estudio en este mismo trabajo.

31 Las otras fuentes aparecen citadas oportunamente.

32 El Peronismo Federal se constituyó como bloque independiente del oficialismo, tras el conflicto con el sector agropecuario.

33 Al haber tornado más exigente el requisito para que un partido político obtuviera la personería jurídica, la norma dificultaba que los peronistas disidentes lanzaran sus candidaturas por afuera del partido.

34 El ex presidente, quien conservaba la mayor cuota de poder pese a la disidencia de muchas de sus figuras, procuraba ganar tiempo para conquistar la lealtad de los gobernadores provinciales (dependientes de los fondos del Estado nacional) y revertir su imagen negativa en el electorado (Terra, 2009).

35 En este tipo de partido, verticalista y caudillista, hay espacio para un solo portavoz partidario legítimo (Gallo, 2011). Recordemos que Kirchner era el presidente formal del partido desde 2007.

36 El kirchnerismo adoptó ese perfil ideológico como parte de la estrategia de adaptación a las nuevas circunstancias. Asumió en una coyuntura excepcional, luego del colapso del neoliberalismo y de la crisis de 2001-2002. Esto facilitó la implementación de un modelo consistente básicamente en la expansión del consumo combinada con medidas asistenciales (Gallo y Bartoletti, 2013).

37 Las denominadas "ventajas del incumbente saliente" se refiere a las ventajas que tiene un presidente que compite para la reelección en relación a otros posibles candidatos alternativos. Estas son reconocimiento público, experiencia ejecutiva, pertenencia al partido oficial, control de la economía, etc. (Serrafero, 1997: 254).

38 En Argentina rige un sistema de reelección presidencial inmediata (Art. 90 CN Argentina), mientras que en Uruguay, el presidente incumbent tiene que dejar pasar un período completo en el medio para repostularse (Art. 152, CN ROU).

39 Cabe mencionar que en Estados Unidos, país en el que las primarias abiertas tuvieron su origen, en donde también rige la reelección, históricamente los mandatarios que buscaron reelegirse, en la gran mayoría de los casos, no compitieron en primarias; al igual que casi todos sus congéneres de América latina (Gallo, 2011).

40 Tanto la UCR como el Peronismo Federal, tras experiencias fallidas de pre-internas (lo que, a su vez, contradecía lo prescripto en la ley), llegaron a las primarias con las candidaturas presidenciales asignadas.

41 Sus líderes desistieron de entrar en la competencia nacional. Vg. Mauricio Macri y Pino Solanas contendieron por la jefatura de gobierno capitalina, dejando prácticamente descabezadas a sus fuerzas de origen.

42 Según los estudios referidos a la temática, las primarias divisivas (aquellas en las que la diferencia entre el ganador y su inmediato competidor es inferior a 20 puntos porcentuales) acarrean efectos negativos de cara a las elecciones generales, en las que muchas veces se reduce el porcentaje obtenido previamente (Lengle, 1980; Lengle, 1981; Kenney y Rice, 1984; Carello, 2009). Esto se acentúa en primarias divisivas de partidos opositores compitiendo con el/la incumbent (Lengle, Owen y Sonner, 1995).

43 Hubo una homologación entre el K partidarios y el M partidario (léase, en todas ellas=1).

44 Poco tiempo antes de las PASO, cuando se sondeaban las perspectivas para las elecciones generales, la mayoría de los encuestados desconocía que en el ínterin debía participar obligatoriamente en las primarias (Consultora Equis, 2010; Ibarómetro, 2010; Poliarquía, 2011). Esto se condice con lo obtenido en nuestro estudio.

45 Según la mayoría de las encuestas de los meses previos, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) oscilaba entre el 33% y el 44%. Los múltiples candidatos de la oposición, por su lado, estaban muy alejados de la presidenta (OPSM; Zuleta Puceiro; Analogías; Management & Fit; Consultora Equis; Ibarómetro; Graciela Römer & Asoc.; Opinión Autenticada, entre otras).

46 Algunos autores agregan a la fórmula básica del Rational Choice (pB>C) el elemento D, considerando que los individuos también están motivados por un sentido de responsabilidad o deber cívico como ciudadanos (D) (o sea, participan si pB+D>C) (Riker y Ordeshook, 1968).

47 El slogan de propaganda del gobierno era "En democracia, siempre más es mejor" (http://www.elecciones.gov.ar). En el spot publicitario se hacía un racconto histórico de alto contenido nostálgico (http://www.youtube.com/watch?v=tcRqpPPA0l4).

48 A raíz de lo mencionado sobre los propósitos de la ley, inferimos que básicamente se buscaba captar a las fuerzas de izquierda, logrando monopolizar el área ideológica izquierdista/centroizquierdista.

49 Léase notas de Blanck; Majul; Morales Solá; Castro; Grondona, entre otros citados en la bibliografía final. De los candidatos opositores, Eduardo Duhalde exhortó a "apoyar al que esté mejor ubicado en las primarias del 14 de agosto" (http://www.lanacion.com.ar/1389412-duhalde-propuso-a-la-oposicion-que-apoye-a-un-unico-candidato).

50 No obstante, muchas encuestadoras preveían que en una segunda vuelta ganaría CFK (Rouvier, 2011; Seoane, 2011).

51 Esa inferencia tenía anclaje, en parte, en las sucesivas derrotas del oficialismo nacional en elecciones locales. A la vez, para la mayor parte de las encuestadoras mencionadas, el apoyo a la Presidenta no superaba la mayoría calificada establecida para ganar en primera vuelta.

52 Considerando la Ley de Duverger, según la cual la viabilidad se establece en función de M+1, aquí tendríamos K opositor=2 viables, en tanto M opositor=1.

53 El equilibrio duvergeriano es aquel que deja un número de candidatos viables equivalente a la cifra de escaños en juego más uno (M +1), mientras que con el equilibrio no duvergeriano se obtiene una cantidad de postulantes viables superior a M + 1 (Palfrey, 1989; Cox, 1997: 49).

54 Esta variable será considerada en función de la adscripción a alguna de las fuerzas políticas históricamente más relevantes de nuestro país (PJ y UCR). Más allá de que haya adscripción identitaria con otros partidos, a los fines que aquí interesan, buscamos indagar acerca de las identidades tradicionales gestadas a lo largo de la historia, como elementos condicionantes del voto ciudadano.

55 En orden a la localización en el continuum izquierda-derecha. Si bien no suele ser un indicador fundamental para la política argentina, se trata del eje que se tiene en cuenta en el modelo espacial simple.

56 Cuando hay reelección, el presidente de turno, al asegurarse la exclusividad del favor de quienes resaltan el primer término de ese binomio (Serrafero, 1997), cuenta con una ventaja clave para cualquier candidato, que es el monopolio del respaldo de un segmento de opinión específico (Cox, 1997: 206).

57 Se refiere a la percepción que se tiene de las características individuales de los candidatos (Hoskin, Masías y Galvis, 2002).

58 Los asuntos institucionales y republicanos habían encabezado la agenda opositora hasta pocos meses antes. Sin embargo, según una encuesta cercana a las PASO, sólo al 15% de los encuestados le preocupaban esos temas (Poliarquía, 2011).

59 Aclaramos que aquí se consideran las razones que los electores dan como fundamento para respaldar su voto individual y no los intereses genuinos que representan las opciones que ellos escogen.

60 En el caso analizado, la centralidad de la figura individual de la Presidenta se incrementó por los acontecimientos referidos a su reciente viudez, que tuvieron un alto impacto en la opinión pública, haciéndola crecer entre 10 y 20 puntos en las encuestas (Rouvier; CEOP; Poliarquía; Ibarómetro; Julio Aurelio).

61 Nuestra encuesta arroja que Cristina Kirchner habría sido electa por muchos individuos ubicados en el campo no oficialista. En coincidencia con ello, los análisis de los consultores de opinión (Fara; Rouvier; M&T; Poliarquía, etc.), marcan que fue votada por electores que no la habían votado antes, quienes estaban relativamente conformes con el curso de la política nacional.

62 Esta es la ubicación espacial de este partido: 4.48 y 3.9 en una escala ideológica del 1 al 10 (PPAL, 1997/2006).

63 Esbozó un discurso claramente de derecha, centrado en torno a cuestiones como el orden, el abandono de la política de derechos humanos vigente, etc.

64 El PJ, por su proyecto y naturaleza, es categorizado como de tipo "oficial", que otorga primacía al mantenimiento del statu quo: sus proyectos van acomodándose a las diversas situaciones que les toca enfrentar con el objetivo de preservar las porciones de poder adquiridas, presentándose revestido de la ideología que mejor se adecua a las necesidades de la coyuntura política (Ramos Jiménez, 2001: 111-117).

65 Este dirigente había derrotado a Kirchner en las elecciones legislativas de 2009.

66 Los simpatizantes radicales cuestionaron ese acuerdo (http://www.bahiateve.com.ar; http:// www.areacapital.net). Los electores fieles radicales (a diferencia de sus pares peronistas, que ponderan el criterio partidario y son más pragmáticos) priorizan los aspectos ideológico-doctrinarios (Gallo, 2011).

67 Originariamente, dirigentes radicales habían propuesto una interna entre Alfonsín y Binner (Infobae, 26-05-2011). Sin embargo, la restricción impuesta por la ley habría conducido a que ninguno de los dos quisiera correr el riesgo de ser derrotado en las primarias abiertas. La correlación entre el voto a Binner y la identificación con la UCR no es excesivamente significativa, pero positiva en términos de dirección.

68 El voto ideológico fuerte tiende a concentrarse en la izquierda clásica (Fidanza, 2003). En este caso también se produjo de ese modo. La influencia del criterio ideológico en el voto sólo fue predominante entre quienes señalaron a Jorge Altamira, que fue quien calificó con menor porcentaje de todos los que superaron las PASO. De los encuestados que votaban al FIT, en su cuasi totalidad se ubicaban entre la centro-izquierda y la izquierda y utilizaban el criterio ideológico para determinar su voto.

69 De los votantes de Duhalde, el 64% eran peronistas que preferían a CFK antes que a un candidato no justicialista (algo semejante ocurría con los votantes de Rodríguez Saá). De los electores de tradición radical y/o progresista (repartidos entre Binner y Alfonsín) y los de izquierda (Altamira o Argumedo), el 64% colocaba en último lugar a Duhalde, después de la Presidenta.

70 Así se considere a las PASO como una elección en sí misma o como una primaria opositora, se obtiene un equilibrio no duvergeriano, con un resultado de 0,993 y 0,84, respectivamente (cálculos propios sobre cifras oficiales). Para medir el tipo de equilibrio generado se calcula la razón SP entre el porcentaje obtenido por segundo competidor y aquel logrado por el tercero. Bajo equilibrios duvergerianos el SP será más cercano a cero, y bajo equilibrios no duvergerianos, más próximo a uno (Cox, 1997: 114). En el primer caso se tomó a Alfonsín como segundo y Duhalde como tercero. Y en el segundo a Duhalde como segundo y Binner como tercero.

71 Muchos electores progresistas, que no adherían al oficialismo, concibieron no obstante, a estas alternativas como un retroceso en relación con lo que ellos consideraban ciertos logros del gobierno kirchnerista (en particular, DD.HH. y gestión macroeconómica) (Borón, 2012).

72 Tan solo 10 precandidatos sobre 10 partidos registrados oficialmente. De esos 10, 7 se convirtieron en candidatos, en tanto que sus respectivas fuerzas pasaron el piso del 1,5%. No obstante, meses antes de las primarias había varios presidenciables que no llegaron ni a inscribirse como precandidatos presidenciales.

73 Muchos independientes no kirchneristas habrían votado al FPV motivados por las condiciones favorables en materia económica (Fidanza, 2011; Del Franco, 2011; Zuleta Puceiro, 2011; Rouvier, 2011). Este voto prospectivo favoreció a la Presidenta sobre otras alternativas, inclusive entre quienes no habían votado al kirchnerismo ni en 2003 ni en 2007.

74 Como se dijo aquí tuvimos un K partidario= M partidario=1, el K totalfuecasi igual al M total. Y los 7 contendientes elegidos habían recibido el señalamiento del 99,8% de los votantes.

75 Inclusive, triunfó por un margen bastante superior al esperado. En prácticamente todas las encuestas previas (Catterberg&Asoc.; M&F; Analogías; Aresco, etc.) la intención de voto al FPV rondaba el 45% (Gallo, 2012).

76 Superior incluso a la elección general de octubre que fue de 78,89% (http://www.elecciones2011.gob.ar).

77 El voto a CFK tuvo una correlación positiva con el desconocimiento de los objetivos del sistema de PASO, pero también con la aceptación de este instrumento.

78 Se les preguntó cuáles eran las tres funciones básicas de las PASO y su orden de importancia. Sólo el 6,41% de los respondientes pudo enumerar las tres y el 41,49% pudo acercarse a alguno de los cometidos centrales.

79 Del total de respondientes que conocían las tres funciones básicas de las PASO, el 48,98% votaban a Altamira. Si bien muchos de ellos afirmaban que acompañarían al Frente de Izquierda para que alcanzara el piso del 1,5%, lo cierto es que en las elecciones de octubre el FIT logró conservar el 94,28% del caudal obtenido en agosto, a nivel presidencial; e incluso lo incrementó en el orden legislativo, en las provincias en las que se pudo presentar.

80 La izquierda logró, por un lado, el desarrollo orgánico y la conquista de posiciones en organizaciones de vanguardia y de masas del movimiento obrero. Y al mismo tiempo, la construcción de un movimiento estudiantil militante, ganando centros de estudiantes, conquistado federaciones universitarias y creciendo en la juventud secundaria (Altamira, 2012: 136).

81 En el que incluso las PASO también deberían utilizarse en los comicios de medio término de 2013 (http://argentina.politicaenelmundo.com).

82 A causa del empeoramiento de la situación económica y de la pérdida del apoyo de actores corporativos fundamentales (Vg. CGT) ni del alineamiento -otrora, incondicional- de ciertos subsectores locales y distritales.

83 En ese momento emergió el tema de la reforma constitucional, para permitir la reelección ilimitada de la primera mandataria (http://www.cartaabierta.org.ar/nueva/index.php/documentos10/62-movimiento-por-una-constitucion-emancipadora-y-un-nuevo-estado). Empero, el progresivo declive del kirchnerismo fue provocando una merma de los incentivos para erigirse en continuador del modelo, trasladando la carrera de la disputa sucesoria hacia fuera de los límites del área de atracción gubernamental.

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Recibido: 10/12/2013.
Aceptado: 28/12/2014.

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