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Partidos, sindicatos y movimientos sociales en Argentina y Brasil (2003-2011): la compleja relación con gobiernos afines

Parties, unions and social movements in Argentina and Brazil (2003-2011): the complex relation with related governments

 

Gabriela Benetti y Esteban Iglesias

Gabriela Benetti es docente de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. E-mail: gbenetti62@hotmail.com

Esteban Iglesias es Investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. E-mail: estebantatiglesias@yahoo.com.ar

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resumen

El presente artículo analiza los vínculos entre partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales en perspectiva comparada en Brasil y Argentina en el lapso 2003/2011. Para el caso de Brasil, el período abarca los dos mandatos presidenciales de Inácio Lula Da Silva; en Argentina la presidencia de Néstor Kirchner (2003/2007) y el primer período de gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2007/2011). En ambos casos, se trata de experiencias de gobierno que se inscriben en un escenario regional de quiebre del consenso neoliberal y que tienen por protagonistas a partidos políticos –el PT brasileño y el peronismo en Argentina– con un fuerte vínculo con los sindicatos y movimientos sociales que se referencian en ellos y que, por tanto, los identifican como “sus” gobiernos. Analizamos el siempre complejo juego de las lealtades e identidades políticas que operan como límite tanto para el diseño de políticas como para las respuestas que se generan desde abajo.

palabras clave: Partidos políticos; Estado; Sindicatos; Movimientos sociales.

summary

The following article analyzes the links between the political parties, the trade unions and the social movements taking into account the comparative perspective of Brazil and Argentina in the period 2003/2011. In the case of Brazil, the period encompassing the two presidential mandates of Inacio Lula Da Silva, in Argentina Néstor Kirchner's presidency (2003/2007) and the first period of Cristina Fernandez de Kirchner (2007/2011). In both cases, there are government experiences that are part of a regional scenario where the neoliberal consensus is broken and where the main characters of political parties –the Brazilian PT and Peronism in Argentina have a strong link with the trade unions and social movements which feel represented by them, and hence identify them as “their” governments. We analyze thoroughly the complex set of loyalties and political identities that act as a boundary for the policy design and the responses generated from the inner levels.

keywords: Political parties; State; Unions; Social movements.

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El objetivo de este artículo es analizar los vínculos entre partidos, sindicatos y movimientos sociales¹ en perspectiva comparada en Brasil y Argentina en el lapso 2003/2011. Para el caso de Brasil, el período abarca los dos mandatos presidenciales de Inácio Lula Da Silva. En Argentina la presidencia de Néstor Kirchner y el primer período de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En la comparación, hay dos procesos que nos interesa analizar.
En primer lugar, cómo se construyó el vínculo entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Peronista y los sindicatos y movimientos sociales que se referencian en ellos. Allí analizamos cómo, en el caso argentino los gobiernos kirchneristas han restablecido algunos de los elementos del "modelo histórico" que pautó el vínculo entre sindicalismo y peronismo que remonta sus orígenes a la década del ´40 y donde la unicidad sindical es la clave, a diferencia de Brasil en que el modelo relacional tiende a consolidar la presencia de una pluralidad de actores sindicales.
En segundo lugar, cómo juegan las identidades y las lealtades políticas en las respuestas de estos actores sociales frente a las políticas públicas que implementan "sus" gobiernos que genéricamente comparten la convicción por la presencia estatal en aspectos claves de la dirección económica, la vocación por mayores niveles de integración y justicia social y que difieren en sus estrategias de construcción de poder, en las coaliciones políticas y parlamentarias que construyen en pos de sostener su programa de gobierno y en el respeto a la institucionalidad democrática.
Hugo Del Campo (1983) describió como un "vínculo perdurable" a aquel que se estableció entre sindicalismo y peronismo desde mediados de los cuarenta. Ese vínculo sobrevivió a los altibajos del régimen político, a las alternativas de los modelos de desarrollo económico y a las redefiniciones identitarias del propio peronismo. En Brasil, las identidades políticas surgidas durante los primeros años de la década del ochenta –el PT y la CUT– en el marco de la democratización y de la política electoral, construyeron un vínculo que puede ser definido en similares términos.

Brasil y Argentina: el complejo y siempre inacabado proceso de construcción identitaria

En pleno proceso de democratización, en Brasil,se crearon parte de los actores socio-políticos que durante el tercer milenio se erigieron como los pilares de la organización política de la sociedad brasileña en la arena partidaria, la sindical y la del movimiento social. En el plano sindical surge la Central Única de los Trabajadores (CUT²), en el plano partidario el Partido de los Trabajadores (PT³) y en el plano de los movimientos sociales el Movimiento de los Sin Tierra (MST⁴).Uno de los aspectos relevantes del proceso de democratización fue el de exponer a los actores políticos a una vigorosa política electoral (Meneguello, 2002), más allá del espacio en que desarrollaran su accionar político.⁵ Este proceso impactó fuertemente en la cultura política brasileña marcada por más de veinte años (1964-1985) de dictadura militar e influyó en el escenario político y en la ciudadanía. En este marco se desarrolló el vínculo entre el PT y la CUT.
El PT registra como marca distintiva el haberse forjado al calor de las luchas sociales, en particular, de la clase trabajadora. De ahí, su nombre. A diferencia de los otros partidos no se originó exclusivamente a partir de la dinámica interna y de las diferencias surgidas al interior de la clase política. Más bien, se define como un partido de masas, forjado al calor de la organización política de la sociedad civil con el objeto de garantizar la participación política de los trabajadores como "clase social" (Jakobsen, 2011). La CUT se funda, al igual que el PT, con una impronta clasista y enarbolando el principio del socialismo entre sus principales banderas. Sin embargo, durante la década del ochenta del siglo XX, en su etapa formativa, la CUT tendrá un tipo de accionar político que remite más a la lógica del movimiento social que a la de un agrupamiento sindical.⁶
La creación del PT y la CUT conmovió el mapa partidario-sindical de Brasil. Como se destacó, ambas organizaciones suponen, de alguna manera, rasgos novedosos. La CUT nace bajo la inspiración de un "nuevo sindicalismo", el que se corresponde con un costado clasista en su ideario político y, al mismo tiempo, implica un cuestionamiento profundo a la estructura sindical que se había erigido durante los gobiernos de Getulio Vargas. Esta estructura sindical tenía dos características centrales, por un lado, la de la representación de intereses a través de la "unicidade sindical" y, por otro lado, la fuente de financiamiento, el "imposto sindical".⁷
Cabe destacar que, en este período, el vínculo entre el PT, CUT⁸ y movimientos sociales puede caracterizarse en términos de "relación orgánica" ya que los movimientos sociales participaban de la definición de la orientación política del programa electoral, de las alianzas, de las coaliciones electorales y de los modos de construcción política.
Las elecciones presidenciales de 1989 fueron las primeras elecciones directas en Brasil, luego de la dictadura militar y producto de la reforma constitucional de 1988. Las mismas se desarrollaron en un contexto social signado por la crisis económica que encontraba en la inflación su expresión paradigmática. El triunfo fue de Fernando Collor De Mello, quien lideraba el Partido de la Reconstrucción Nacional.⁹ El segundo lugar lo obtuvo el PT, que escogió una estrategia política organizada en torno a "coaliciones partidarias". En este sentido, se destaca que la candidatura de Lula Da Silva al cargo de Presidente en 1989 se hizo bajo la fórmula política "Frente Brasil Popular", donde el PT formó una coalición política sustentada por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Socialista de Brasil (PSB). Cabe destacar que si bien esta estrategia coalicional se mantendrá a lo largo del tiempo, en esta oportunidad, asumió una fuerte connotación de izquierda en la que los movimientos sociales ocuparon un lugar central en la orientación de la organización partidaria. Asimismo, también fue significativo el apoyo de movimientos sociales, entre los que se puede mencionar al MST, las pastorales sociales, los intelectuales de izquierda, los estudiantes secundarios agrupados en la Unión Nacional de Estudiantes, etc. Lo cierto fue que el PT concluyó una etapa muy interesante de construcción política ya que en esta coyuntura electoral puso fin a un período en lo que respecta a la relación partido-movimientos sociales, la del vínculo orgánico.
Collor de Mello fue quien dio el puntapié inicial para la implementación de políticas inspiradas en el neoliberalismo. Sin embargo, lo que no pudo hacer fue detener ni bajar los niveles de inflación, hasta ese momento el gran flagelo de los países del Cono Sur. Fue Fernando Henrique Cardoso (FHC), entonces Ministro de Hacienda de Itamar Franco, quien realizó esta tarea mediante la aplicación del Plan Real. El desempeño de FHC en el Ministerio de Hacienda constituyó el principal recurso político para su candidatura en las elecciones presidenciales de 1994, en las cuales salió victorioso. El PT salió nuevamente  vencido. Y, a pesar del crecimiento de la popularidad de FHC, el PT se estaba perfilando como "opción partidaria" para acceder al gobierno. Su presencia política se incrementó en la Cámara de Diputados y la de Senadores y obtuvo, por primera vez, dos gobernaciones. 
Las políticas de "ajuste económico", iniciadas por Collor de Mello, se profundizaron durante los gobiernos de FHC, lo que produjo un cambio copernicano en las condiciones políticas en que se desarrolló la acción sindical y la de los movimientos sociales. En efecto, las políticas inspiradas en el denominado "Consenso de Washington" se orientaron a desarmar el tipo de Estado que se había construido con el varguismo, momento en el cual se estructuró el modelo sindical brasilero.¹⁰ La CUT no estuvo ajena a estos procesos socio-políticos que incidieron en el registro de la pertenencia de la ciudadanía a la comunidad política. Sus líderes produjeron un viraje importante en su matriz identitaria inaugurando lo que se denominó el período del "sindicalismo ciudadano" en Brasil. Durante esta década, el sujeto obrero fue reemplazado por el de "ciudadano", lo que implicó cambios en la dimensión del discurso político y en el de la práctica política. Cabe destacar que esto fue políticamente productivo porque no sólo evitó que decreciera el número de miembros de la CUT sino que experimentó un incremento importante en un contexto desfavorable, signado por una embestida del Estado hacia la forma en que la sociedad se organizaba políticamente. Esto fue posible gracias a que las líneas de acción política se orientaron a los problemas de la ciudadanía: pérdida de las fuentes laborales, caída del salario, vivienda, jubilación, etc.
Las condiciones en que se desarrolló la acción sindical y la de los movimientos sociales influyeron en el tipo de relación que habían establecido con el PT. En este período el vínculo remite no a una relación orgánica sino a una que se organiza en torno a cuestiones puntuales. En este sentido, la agregación partidaria-sindical comenzaba a estructurarse frente a la defensa del salario, la defensa de la pérdida de las fuentes laborales, la vivienda, etc. Lo cierto fue que la CUT había virado hacia lo que se denominó "sindicalismo ciudadano" quedando así expuesta a la defensa de derechos universales, lo que implicaba una constante re-elaboración del esquema de apoyos políticos y dejando de lado la participación de los movimientos sociales en la definición de las orientaciones políticas al interior del PT.¹¹
Las nuevas condiciones en que se desarrolló la política opositora, tanto en lo partidario como en lo social, lo demostró la constitución del "Foro Nacional de Luchas por la Tierra, el Trabajo y la Ciudadanía".¹² Este espacio político se creó en 1997 y congregaba a partidos políticos, agrupamientos sindicales y movimientos sociales. Sin lugar a dudas fue el espacio político desde donde se articularon las principales acciones políticas opositoras hacia el gobierno que lideraba Fernando Henrique Cardoso. En efecto, la de mayor magnitud fue la iniciativa cuyo slogan era "Fora FHC", que incluyó los últimos años manifestaciones públicas, caminatas y actos en el espacio público y huelgas.
Cabe destacar que el PT, como organización, también mostró signos tendientes a su transformación, cuyo principal cambio residió en la ampliación de su base electoral. El componente clasista fue reubicado. Ahora, la preocupación pasaba por gobernar de una "forma diferente", al momento de acceder al poder político. Durante este período el PT tuvo la oportunidad de acceder a la intendencia de ciudades importantes de Brasil y las tensiones entre el proyecto y la gestión comenzaron a golpear no sólo en sus propias filas sino, también, en el apoyo de la ciudadanía, así como también se constatan políticas públicas relevantes como el Presupuesto Participativo de Porto Alegre o la "Bolsa Escola" implementadas en el gobierno del Distrito Federal.
En el caso argentino, como dijimos, el vínculo entre sindicalismo y peronismo se remonta al el primer peronismo (1946/1955) en que se configuró un modelo societal asentado sobre una matriz Estado-céntrica y mercado internista.¹³ En ese período cristalizó también el "modelo histórico" que dio forma a una estructura sindical piramidal, con tres niveles orgánicos que confluyen en la conducción centralizada de la CGT, con base en la organización por ramas de la actividad laboral, personería gremial, descuento por planilla de la cuota sindical y negociación colectiva. Los sindicalistas –entre los que ya era bastante generalizada la renuencia a la aceptación de consignas de cuestionamiento de la propiedad privada de los medios de producción‒ aceptaron el rol regulador del Estado en el marco de un nuevo arreglo institucional¹⁴ ventajoso para sus intereses, fundamentalmente porque, a través de ese arreglo, el Estado prácticamente gestionaba los intereses de clase del sindicalismo a través de sus políticas. En este período se asentó un estilo de gestión de las organizaciones sindicales definido como "sindicalismo de servicios" en la medida que buena parte de las políticas de bienestar del gobierno destinadas a la clase trabajadora eran implementadas por el actor sindical. Pero lo que es más significativo es que, a través de este vínculo que se fue anudando entre sindicalismo y peronismo, los trabajadores se incorporaron a la vida política como fuerza social organizada y, en su gran mayoría, cristalizó en una identidad persistente y duradera.
Esta estructura omnipresente del Estado social tuvo, sin embargo, efectos adversos para el desarrollo posterior de los trabajadores y sus organizaciones ya que limitó el desarrollo de capacidades para desenvolverse en el marco del sistema de relaciones laborales y, se hizo más palpable, en el escenario político que se va configurando a partir de 1955 con el derrocamiento del peronismo. Sin embargo, es justamente en ese escenario de proscripción en que el sindicalismo recupera y acrecienta su rol político y se convierte en la "columna vertebral" del movimiento peronista, subsumiendo la representación corporativa y política que perduraría incuestionada hasta los años ochenta.
Con la vuelta de la democracia, en 1983, dos sucesos políticos fueron relevantes en lo que respecta a la relación entre el Partido Justicialista (PJ) y el sindicalismo peronista. En primer término, el sindicalismo peronista cargó con la primera derrota electoral del PJ. Así, la corriente de la "renovación" del peronismo marginó de la esfera partidaria a los dirigentes sindicales, señalándolos como los "mariscales de la derrota". Este proceso derivó en una transformación relevante en lo que respecta a la relación entre el PJ y el sindicalismo peronista. La modificación de la carta orgánica del partido en 1987, realizada por Antonio Cafiero, dio consistencia a este proceso, perdiéndose la relación orgánica entre organización partidaria y organización sindical (Falcón, 1993; Levitsky, 2004; Torre, 2012). En segundo término, la orientación de las iniciativas estatales de los gobiernos de Carlos Saúl Menem (1989/1999) que, con la adopción de un modelo de apertura y desregulación económica, la transformación del papel y el tamaño del Estado y su descompromiso con la integración social, desmontó aquella matriz. Para decirlo más claramente fue un gobierno peronista, ahora en clave neoliberal, quien llevó adelante la transformación más profunda de la economía y la sociedad argentina desde los años cuarenta. "Menem lo hizo" rezaba el slogan y fue literalmente así.
Los costos no fueron menores. La clase obrera se achicó en número y concentración. La desestructuración del mundo del trabajo fue brutal: la precariedad laboral, el desempleo y la pobreza fueron procesos que cambiaron su fisonomía e impactaron en las subjetividades, redefiniéndolas o abriendo paso al surgimiento de nuevas identidades y nuevas formas de lucha y resistencia que forjaron nóveles movimientos sociales. Para la estructura sindical el balance no fue tan malo, la dirigencia cegetista logró preservar su espacio institucional-corporativo, su estructura organizacional y las fuentes de su poder económico.¹⁵
La clave para entender esta aparente paradoja está en los contenidos fundamentales de la identidad peronista. Si Menem tuvo éxito en llevar adelante la reforma estructural fue precisamente porque detentaba la misma identidad y contaba con los recursos políticos que el propio legado peronista deposita en la figura del líder. La centralidad del líder en su matriz identitaria lo convierte en gran elector entre las definiciones posibles. Es él quien interpreta "la realidad", es su clarividencia la que le permite inteligir el camino más adecuado a seguir, es su capacidad la que encuentra las estrategias de adaptación a todas las coyunturas. Es esta gran versatilidad la que le permite al peronismo reinventarse frente a los distintos desafíos que la historia le plantea y dar tributo con el "ismo" de turno a la centralidad del líder.
El peronismo ha distado siempre de ser la invención de uno y sus múltiples definiciones han dependido de los protagonistas de sus diferentes batallas históricas. Por eso, aún en vida de Perón, frente a la pregunta ¿qué significa ser peronista? no hubo nunca respuestas unívocas. Quizás el denominador común de todas sus versiones esté en la vocación de poder y en la voluntad de conservar lo que lo define. Hay una máxima que rige la construcción de poder en  el peronismo: "El que gana gobierna y el que pierde acompaña". Por ello, no sorprende que fueran nuevamente los gobiernos peronistas de la década K (Néstor Kirchner ‒2003/2007‒ y Cristina Fernández de Kirchner ‒2007/2011‒) los que desandarán el camino neoliberal de los 90 restableciendo algunos elementos fundamentales del "modelo histórico" en las coordenadas de una economía globalizada.

El PT en el gobierno nacional

La asunción al gobierno nacional del PT y, también de parte de la dirigencia de la CUT¹⁶ constituyó un cambio significativo en el escenario político brasilero así como también las prácticas políticas de estas organizaciones. Esta situación produjo un movimiento relevante en lo que respecta al lugar político en el que debían desarrollar su accionar. Así, en el PT se observa el pasaje de la competencia electoral a la responsabilidad de gobernar, en el ámbito nacional. Y, en la CUT el hecho de que parte de sus miembros ocupen cargos gubernamentales generaba tensiones ya que sus dirigentes solicitaban al PT que se implementara "rápidamente" el conjunto de políticas por las que tanto habían luchado. La dirigencia del PT en el gobierno argumentaba que debían representar a la ciudadanía en su totalidad y no a una parte de ella, es decir, los miembros de la CUT.
¿En qué situación asume Lula Da Silva la presidencia de la nación? Principalmente, con un esquema de alianzas políticas que, en el marco de la política electoral se fue ampliando y ganando heterogeneidad. El esquema coalicional del PT se convirtió, con el transcurso del tiempo, en una marca identitaria.¹⁷ Sin embargo, y visto en perspectiva hay que destacar que la composición de su coalición se modificó. En efecto, a diferencia de las anteriores elecciones presidenciales el PT muestra dos puntos sobresalientes. En primer lugar, la incorporación a su esquema de alianzas de representantes de la derecha partidaria brasileña en la fórmula presidencial, en el cargo de vicepresidente, al empresario José Alencar, del Partido Liberal. En segundo lugar, el apoyo del MST, en esta ocasión estuvo más cercano a un apoyo táctico que a un apoyo sustentado en las afinidades políticas. El MST hizo su declaración pública de apoyo político al PT recién en la segunda vuelta electoral.
Las tensiones políticas mencionadas estarán presentes, con variaciones, en los dos períodos gubernamentales de Lula Da Silva. Todo esto en el marco de la política brasileña y un estilo político de Lula Da Silva signado por la cultura del diálogo político y apoyado electoralmente en una coalición electoral heterogénea. Finalmente, se destaca la impronta que Lula imprimió a sus gobiernos, consagrada en la fórmula de gobierno de "continuidad con cambio". Así, la línea de continuidad se expresó claramente en la orientación de la política macroeconómica y, en particular, en la clara señal al mercado financiero, en la voluntad y el pago efectivo de la deuda externa que Brasil había contraído, mientras que el matiz del cambio se observó en las características de las políticas sociales, particularmente en los programas "Bolsa Familia" y "Bolsa Escola".

Primer gobierno: el camino de la institucionalización del diálogo político
La principal política hacia la diversidad de actores en la sociedad civil se vinculó con las tentativas de institucionalizar, desde el gobierno nacional, el "diálogo político". Estas iniciativas se vieron consagradas en los Consejos Nacionales, dependientes de cada uno de los Ministerios y en los Foros o Conferencias Nacionales.¹⁸ Estas instancias, propiciadas por el Estado, tenían el propósito de convocar a actores socio-políticos –cámaras empresariales, movimientos sociales, agrupamientos sindicales, organizaciones sociales, etc.– con el objeto de debatir iniciativas gubernamentales para que posteriormente tuvieran aprobación legislativa. Cabe destacar que esta idea de conciliación política estuvo fuertemente cruzada por intereses económicos y limitaciones políticas y culturales.
El primer ensayo político lo constituyó el Fórum de la Previdência Social que planteó modificaciones en el régimen previsional de los empleados públicos. En este caso el gobierno nacional optó por enviar un proyecto sin consulta previa a los actores de la sociedad civil, en particular, a los actores sindicales y a la CUT. La razón de ello fue que el proyecto contenía rigideces"…en los criterios para la jubilación de los empleados públicos, el aumento de la edad para la concesión del beneficio, la ampliación del tiempo de contribución y el establecimiento de un valor máximo en las jubilaciones" (Radermacher y Melleiro, 2007: 132). Tanto la unilateralidad del gobierno nacional en su presentación del proyecto como su contenido ocasionaron un costo político para la CUT y para el partido en el gobierno. Así, en 2004 se efectivizó el primer desprendimiento de la CUT, formándose la Coordinación Nacional de Luchas (CONLUTAS) constituida, principalmente, por miembros del trostkismo, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU). Para Dary Beck Filho, dirigente encumbrado de la CUT, fue la primera puesta a prueba del vínculo entre PT y CUT y según sus palabras constituyó "…el momento de mayor tensión…"¹⁹ entre las fuerzas políticas.
Luego de este ensayo político, el gobierno nacional optó por otra estrategia, más ligada al armado de consensos políticos para la convocatoria del diálogo social en espacios institucionalizados. El Foro Nacional del Trabajo tuvo esta impronta. Sin embargo, las fuentes de tensiones políticas provinieron desde otros lugares. Este Foro comienza en 2004 y termina recién en 2008, en el inicio del segundo período gubernamental de Lula Da Silva. En este extenso proceso se sucedieron modificaciones políticas, de las que describiremos las más importantes.
En primer lugar cabe preguntarse cómo fue concebido el Foro Nacional del Trabajo. Para el partido en el gobierno (PT) era la oportunidad de formar una "gran mesa del consenso nacional" de la que participarían representantes empresariales y representantes de los trabajadores de acuerdo a una composición "tripartita" y "paritaria"²⁰ con el objeto de discutir una "nueva" legislación sindical y del trabajo, según el entonces ministro de Trabajo, Jaques Wagner mediante "… el consenso y no la imposición" (Folha De São Paulo, 29/6/03). Los objetivos iniciales del Foro Nacional del Trabajo fueron, básicamente, democratizar las relaciones laborales con el objeto de virar hacia un modelo sindical organizado en torno a la autonomía y la libertad.²¹
En este marco tanto el PT como la CUT se encontraban ante la disyuntiva de la postura a asumir y el espacio político que debían ocupar. Por su parte, el PT estaba tironeado por el camino forjado junto a la CUT y los apoyos políticos con los que había llegado al gobierno. Por otra parte, la CUT vacilaba entre apoyar el proyecto presentado por el gobierno, postura expresada públicamente por el entonces Secretario General de la CUT, Jõao Felicio²², y arribar a un acuerdo con agrupamientos sindicales que disputaban su mismo espacio político. Finalmente, los representantes empresariales proponían mayor "flexibilización" de las relaciones laborales debido a que los "costos" del trabajo eran elevados.
En esta instancia institucional de diálogo político fue donde se observó nítidamente las tensiones originarias en el vínculo entre PT y CUT, una remite a los problemas de representación política y, otra al espacio político que debía ocupar la CUT. A esta situación conviene agregar un elemento más: la falta de cultura política de diálogo entre los agrupamientos sindicales. En este sentido, se destaca que en la mesa de diálogo "Os empresários todos bonitinhos, sentadinhos, empresários da indústria, do comercio, da agricultura, das finanças, como se não tivessem problemas entre eles, mas todos se comportando unitariamente e nós brigando na mesa" (Entrevista en profundidad a Arthur Henrique, presidente de la CUT).
Lo cierto fue que en 2005 se dieron a conocer a la opinión pública los hechos de corrupción política por parte de dirigentes del PT. El "mensalão"²³ constituyó una oportunidad inédita para la oposición político-partidaria del PT. Tanto los partidos políticos opositores como los medios masivos de comunicación más importantes impulsaban la renuncia de Lula Da Silva a la presidencia. Para contrarrestar esta iniciativa política, el PT apeló a sus alianzas políticas que, más allá de sus diferencias, accionó bajo el paraguas de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS). El apoyo que provino desde este espacio político, principalmente, fue hacia el régimen democrático y, secundariamente, a Lula Da Silva y se expresó en una serie de marchas, caminatas y actos públicos con el objeto de denunciar lo que a su juicio constituía la desestabilización de un gobierno elegido democráticamente. En efecto, durante el año 2005 se organizó una campaña en apoyo al proyecto político que encarnaba Lula Da Silva. Esta se expresó mediante la elaboración del documento "Carta al pueblo brasilero"²⁴ y, el 16 de agosto de ese año, en Brasilia, se realizó una movilización política, de alcance nacional, a la cual asistieron veinte mil personas. Esta campaña culminó con la recepción por parte del presidente Lula Da Silva, en el Palacio de Gobierno, de los principales referentes políticos de la Coordinador de Movimientos Sociales.

Segundo mandato: consolidación del vínculo perdurable y desgranamiento por izquierda
Reelegido Lula Da Silva en 2007 se re-activa el Foro Nacional del Trabajo y sus resultados políticos conformaron a las partes interesadas sin provocar una colisión de intereses. Sin embargo, poco existió de lo que se esperaba del planteo político original, es decir, de "diálogo político". Así fue que se llegó al reconocimiento por parte de la autoridad estatal de los principales agrupamientos sindicales: CUT, Fuerza Sindical (FS), Unión General de Trabajadores (UGT) y Nueva Central Sindical de los Trabajadores (NCST).²⁵ Este reconocimiento fue producto de una negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agrupamientos sindicales de criterios que deberían cumplir estas organizaciones. Así, se llegó a lo siguiente: el Estado solicita una representación mínima de 100 sindicatos y la comprobación de una representación del 5% de los trabajadores afiliados en el país. Con ello, los agrupamientos reconocidos accedían a la fuente de financiamiento consistente en la percepción de un 10% del total de la Contribución Sindical (Carneiro Araujo y De Oliveira, 2011). Esta forma de financiamiento contenía un costo político para la CUT ya que sus principios identitarios remitían a la anulación del "imposto sindical". En efecto, la persistencia del "imposto sindical" constituye un campo de problemas a resolver por parte de la CUT.
Más allá de esto, cabe destacar que se sucedió un cambio en el escenario económico, modificando así las posibilidades políticas de la acción sindical y la de los movimientos sociales. Durante el primer mandato gubernamental de Lula Da Silva el PBI de Brasil promediaba el 2%, mientras que en el segundo el contexto económico mejoró notablemente. El Programa de Aceleración del Crecimiento aplicado por la entonces ministra de Economía, Dilma Rousseff, capitalizó esta situación económica favorable y, también, se sumaron los efectos positivos de las políticas sociales. Finalmente, se destaca la mejoría en el funcionamiento del mercado de trabajo, el que creó oportunidades laborales, creó puestos de trabajo y mejoró la calidad de los puestos existentes.²⁶
La mejoría en los principales indicadores macroeconómicos permitió un mayor margen de acción política y un re-acomodamiento de los agrupamientos sindicales y los movimientos sociales. La importancia de esto puede observarse en perspectiva, retrotrayendo al momento en que el PT accede al poder político. Como se planteó, la oposición política y social al gobierno de FHC se agrupó en el "Foro Nacional de Luchas por la Tierra, el Trabajo y la Ciudadanía". Esta experiencia política, que aglutinaba partidos, sindicatos y movimientos sociales, tuvo sentido hasta la situación en la que el PT accedió al poder político. Luego se organizó la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales, en la que la representación partidaria quedó excluida. Esto implicó una primera transformación en la articulación política de sindicatos y movimientos, que, tuvo efectividad durante el primer gobierno de Lula Da Silva y particular relevancia durante 2005 en la coyuntura políticamente crítica del "mensalao" y hasta el momento eleccionario de 2006. Con posterioridad perdió relevancia ya que el gobierno de Lula Da Silva mostraba un carácter de "colaboración de clases" que chocaba con los intereses políticos de los principales apoyos de la CMS. Así fue como en el segundo mandato los re-alineamientos mostraron gran dinamismo y dibujaron nuevos contornos. Las posturas iban desde el "apoyo crítico" hasta la "crítica frontal"²⁷, inclusive en este último ya se puede observar una falta de apoyo al PT. En lo que respecta a la relación de "apoyo crítico" se puede consignar a la CUT, UNE, Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) y parte de organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos. En el tipo de vínculo "crítica frontal" es posible registrar al MST, pastorales sociales, Mujeres en Lucha, etc.
El primer tipo de relación combinó la acción política en espacios institucionales de diálogo originados por el gobierno nacional ‒Foros y Consejos Nacionales‒ con la expresión de su fuerza de presión en el espacio público. Los principales reclamos y la presión ejercida sobre el partido en el gobierno remitían a las condiciones laborales, especialmente, a la reducción de cantidad de horas laborales semanales y, también, por un aumento en el salario mínimo. Ambos requerimientos se concretaron. La cantidad de horas semanales para el trabajo pasó de 44 a 42 hs. Cabe destacar que el logro más relevante fue el aumento del salario mínimo, iniciativa emprendida por la CUT a sabiendas que si bien no constituía una demanda novedosa en el segundo mandato gubernamental tenía mayor factibilidad que en el primero. En efecto, ahora se trataba de un partido en el gobierno que mostraba fortaleza, que había sido re-electo y, sobre todo, que había salido airoso de la embestida política de la oposición en la coyuntura abierta por los sucesos de corrupción. De este modo, el aumento del salario mínimo, que tarde o temprano termina impactando en los trabajadores registrados, constituyó una de las principales líneas de acción política de los agrupamientos que plantearon una relación de "apoyo crítico". Este espacio político pudo ser explotado a sabiendas que la presión ejercida hacia el partido en el gobierno no derivaba en falta de apoyo, sino, más bien, en intentar imprimir igualitarismo en el esquema político coalicional que lideraba el PT.
El segundo tipo de relación, basado en la "crítica frontal", terminó de estructurarse cuando los principales dirigentes del MST, las pastorales sociales y organizaciones sociales observaron las limitaciones políticas que el mismo Lula Da Silva le imprimió a sus iniciativas estatales. Como se señaló, la idea principal de los gobiernos de Lula se organizó en torno a ser un gobierno de "continuidad con cambio", lo que constituía una clara señal al ala derecha de sus apoyos políticos.
Así, el MST fue uno de los primeros en advertir esto. Este agrupamiento asistió a las instancias de participación institucional, es decir, a los Consejos Nacionales y las Conferencias. Sin embargo, lo pactado con el gobierno nacional consistente en la recuperación de 800 mil tierras en el período de los dos mandatos gubernamentales nunca se cumplió, ni se acercó a esa cantidad. La recuperación de 100 mil tierras por año se efectivizó no en un año sino en ocho. En efecto, el pedido así como la oportunidad histórica de "reforma agraria", cuyo diseño se hizo en el marco del Consejo Nacional perteneciente al Ministerio de Agricultura. Esto no sucedió. La falta de implementación de esta política tuvo su contracara en los beneficiados por el agro-negocio, los latifundistas que se dedican a la exportación. Continuar sosteniendo estos intereses por parte del PT le ha valido la creación de un nuevo espacio de articulación política de confrontación hacia el gobierno, la Asamblea Popular. Además, el MST comenzó a realizar nuevas alianzas, en especial con el agrupamiento sindical Fuerza Sindical, histórico rival de la CUT. Estas situaciones suponen dos cosas, por un lado, un desgranamiento por izquierda de los apoyos históricos del PT y el vínculo entre MST y FS un nuevo campo de tensiones políticas que no se sabe a ciencia cierta dónde puede terminar.

El peronismo kirchnerista en el gobierno nacional

La presidencia de Néstor Kirchner: ampliando las bases sociales del proyecto nacional
Néstor Kirchner asume en mayo de 2003 sobre las cenizas de la profunda crisis política, social y económica de 2001. La oferta electoral para las elecciones presidenciales cristalizaba dramáticamente el fraccionamiento del sistema de partidos. El Partido Justicialista habilitó tres candidaturas presidenciales bajo diferentes etiquetas frentistas: Carlos Menem (Frente de la Lealtad), Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) y Adolfo Rodríguez Saá (Frente del Movimiento Popular). Menem fue el candidato más votado con el 24% de los votos y Kirchner lo siguió con el 22%. La decisión del primero de no competir en la segunda vuelta, convirtió al segundo automáticamente en el Presidente electo.
La elección de Néstor Kirchner fue totalmente legal pero el bajo porcentaje de votos con que se vio obligada a asumir la fórmula Kirchner-Scioli hablaba de cierto déficit de legitimidad. Kirchner dedicó un enorme esfuerzo político para saldar este déficit y, desde el momento de su asunción, ubicó a su gobierno como piedra basal de una etapa refundacional que tomaba distancia no sólo de la década menemista sino también del primer gobierno de la transición democrática, el de Raúl Alfonsín, a quienes asimilaba en una común experiencia de continuidad y profundización de las políticas neoliberales implementadas por la dictadura militar iniciada en marzo de 1976. Para ello, el gobierno de Kirchner fue articulando un relato en términos de una Argentina Nueva, en ruptura con el pasado.
En materia económica, ello se traducía no sólo en la necesidad de superar la crisis sino, principalmente, en sustituir el modelo económico neoliberal excluyente por uno nuevo basado en la intervención del Estado y la inclusión social. En términos políticos, implicaba no sólo restablecer el colapsado sistema de partidos sino dar cabida institucional a un mundo social con escasos nexos con las arenas de decisión política.
En ese mundo social se reconocían un heterogéneo conjunto de organizaciones que cubrían una variada agenda de resistencias frente a las distintas arbitrariedades del poder político y económico. Las organizaciones más antiguas, eran las vinculadas al movimiento por los derechos humanos, nacidas en la confrontación contra el autoritarismo. Otras, surgieron en los ´90, en el escenario de fragmentación y desintegración social producto de las políticas neoliberales, y encausaron la lucha colectiva en forma de organizaciones ambientalistas, territoriales, de pueblos originarios, de trabajadores desocupados y piqueteras. La brutal desestructuración del mundo del trabajo –con su secuela de desocupados, jubilados anticipados, precarizados e inempleables‒ sumado al retiro del Estado de sus funciones de proveedor y garante de determinados bienes sociales, amplió el concepto de vulnerabilidad.
El conflicto social traspasó así los límites del ámbito laboral, no sólo porque muchos de sus miembros ya no eran "trabajadores" ‒formalmente hablando‒ sino porque la lucha había virado de la defensa de las condiciones de trabajo a la defensa de las condiciones de subsistencia de amplios sectores sociales. El conflicto social sufrió así un doble descentramiento: de la fábrica al territorio y de los conglomerados urbanos a los espacios regionales del interior del país.²⁸ Como lo señalaba el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Luis D’Elía, "nosotros creemos que hubo un desplazamiento organizacional de la clase obrera, ya no es la fábrica el ámbito de organización de la clase sino que es el territorio, por eso los movimientos de desocupados y las organizaciones territoriales tienen mucha más vitalidad que el movimiento obrero organizado" (D’Elía, 2002).
El peronismo, desde sus orígenes, sostuvo un vínculo relacional diferenciado con los trabajadores organizados y con ese conjunto de límites más difusos conformado por los "humildes" o los "cabecita negra". Con el movimiento obrero organizado estructuró un arreglo institucional a través de la ley de Asociaciones Profesionales que definía los márgenes de la relación Estado-Sindicatos. Con los "humildes" conformados por los sectores sociales pobres que quedaban por fuera de las protecciones vinculadas a la condición salarial (mujeres solas, ancianos, niñez desprotegida, etc.), quienes originalmente fueron objeto de las políticas llevadas adelante por la Fundación Eva Perón. Más tarde, con la caída del peronismo en 1955 y la disolución de esa institución, los gobiernos que se sucedieron no implementaron políticas sistemáticas para esos sectores sociales. Con la ampliación de los sectores vulnerables como consecuencia de las políticas económicas de la última dictadura militar (1976/1983), los gobiernos democráticos que se sucedieron a partir de 1983 implementaron distintos programas. Entre ellos, nos interesa resaltar aquí que, a pesar de la impronta neoliberal del gobierno peronista de Carlos Menem (1989/1999) y del descompromiso del Estado respecto a mínimos de cohesión e integración social, ese gobierno mantuvo niveles elevados de gasto social en el marco de un nuevo paradigma focalizado de políticas sociales. El peronismo, en sus diferentes momentos históricos, no propició protecciones universalistas vinculadas a la condición de ciudadanía. Optó por esquemas de protección orientados a poblaciones específicas y mediados en su implementación por sus dirigentes territoriales, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Eso dio lugar al desarrollo de una "política de los pobres" como la nominara Javier Auyero (2001).
Por ello, el frente piquetero, representaba para Néstor Kirchner un desafío complejo. Por un lado, el gobierno necesitaba desactivar con urgencia el "frente piquetero" que no dejaba de movilizarse desde fines de los noventa. Ya no se trataba de sectores pobres atomizados sino de organizaciones con presencia territorial, alto grado de organización y gran capacidad de movilización. Por otro lado, la señal política que se intentaba dar era en términos de ruptura con el pasado reciente, por tanto las políticas a impulsar debían comunicar el cambio de paradigma focalizado a uno de integración.
La recuperación del nivel de actividad económica generaba un escenario más favorable a la acción reivindicativa y si durante el interregno de Duhalde las movilizaciones piqueteras se habían dado en un contexto de retracción de la movilización sindical, ahora, se temía que ambos actores sociales convergieran en una movilización conjunta a la que podían sumarse las "cacerolas" de la clase media.
De allí que, una primera señal que dio el gobierno fue reubicar los planes sociales para los desempleados (Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social oficiaría de auxiliar técnico para transformarlos en empleo genuino, marcando así una clara distinción entre política social y política de empleo. En esa lógica, el gobierno dejó de crear planes PJyJHD y se orientó a la creación de subsidios para micro-emprendimientos productivos y de servicios.  Los planes llegaban a 2 millones de personas, preveían una contraprestación laboral y eran manejados por los tres niveles de gobierno que tenían muy baja capacidad de control sobre los desocupados y el efectivo cumplimiento de las contraprestaciones laborales. Fue a través de la gestión coordinada que el se acercó a las organizaciones de desocupados más cooperativas (la Federación Tierra y Vivienda liderada por Luis D´Elía y la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete), al tiempo que apuntó a aislar a los movimientos piqueteros más duros(el Polo Obrero de Pitrola y el Movimiento de Jubilados y Desocupados de Castells), instalando el discurso de que eran esas organizaciones las que aspiraban a reeditar sucesos como los de 2001.²⁹ Pero ‒como línea general‒ la política del gobierno fue no criminalizar la protesta social, manteniendo controlada y limitada la represión estatal.
Respecto del movimiento obrero, el kirchnerismo se acercó a las dos grandes centrales sindicales, la CGT y la CTA e impulsó la aprobación de una nueva ley de ordenamiento laboral que reemplazara a la cuestionada "ley Banelco".³⁰ La CGT oficial ‒comprometida con el escándalo de las "coimas"‒ no tenía demasiado margen para la crítica y la CTA, pese a que el proyecto no modificaba los pilares de la estructura sindical que la nueva Central reclamaba ‒en especial el monopolio de representación que la CGT ostentaba en el tercer nivel‒, decidió acompañar el nuevo proyecto que ponía cierto coto a las iniciativas flexibilizadoras.
A poco de asumir el gobierno, los dirigentes de la CTA  llevaron al presidente Kirchner un estudio que demostraba que iba a terminar su primer año de gobierno con la menor participación del salario en la distribución del ingreso que registraba la historia argentina (23% del ingreso total). El Presidente advirtió a los empresarios que si no aumentaban, el gobierno lo haría por decreto. Fuera de este puntapié inicial, la política del nuevo gobierno en materia de salarios fue fijada en base a dos límites: no habría aumentos por productividad como reclamaba la Unión Industrial Argentina (UIA) pero tampoco habría aumentos por decreto como reclamaba la CGT. 
Tras la cesación de pagos de la deuda pública, la salida de la Convertibilidad y la devaluación de principios de 2002, Kirchner arrancó su gestión con el imperativo de dinamizar el consumo interno para no interrumpir la recuperación de la producción iniciada en la parte final del gobierno de Duhalde. El desafío era incrementar la capacidad de compra de los asalariados, sin arriesgar el incremento en la competitividad logrado con la devaluación.  Las líneas de acción apuntaron a la recuperación del trabajo: revalorizar el sistema laboral a través de la negociación colectiva, administrar los conflictos con el rol mediador del Estado, reformar el Sistema de Seguridad Social, combatir al trabajo en negro, revertir las políticas flexibilizadoras, recuperar derechos de los trabajadores y mejorar la distribución del ingreso.
Por ese camino, el gobierno se encaminaba a establecer relaciones de cooperación con los sindicatos, ya que estas medidas apuntaban a restablecer algunos de los pilares del modelo histórico de relación con el sindicalismo. La dificultad radicaba en las transformaciones estructurales del mercado de trabajo. Las paritarias involucraban  a los más de tres millones de trabajadores privados en blanco (el 20% de la PEA) pero no alcanzaba a los cinco millones y medio de trabajadores en negro, ni a los cuatro millones de desempleados abiertos o encubiertos, ni a los más de dos millones de trabajadores del sector público (que si bien no eran los peor pagos, sí los más atrasados). Esta segmentación del mercado de trabajo ‒heredera de las políticas de los noventa‒ se traducía en una multiplicidad de actores e interlocutores y explican buena parte de las dificultades de la recomposición del vínculo agrupamientos sindicales-gobierno peronista.
La política laboral del gobierno apuntó a devolverle homogeneidad a la retribución salarial a través de la negociación colectiva articulada por sectores, ramas y empresas.³¹ Cada sector, en el marco de paritarias, negociaría según sus posibilidades y condiciones. El gobierno se alineó del lado de las demandas de los trabajadores e incluso, para hacer viables los reclamos de gremios afines, impulsó un sistema de subsidios entre sectores manejado por acuerdo entre las carteras ministeriales. La evolución de la negociación colectiva fue positiva desde 2003 en adelante, alcanzando un pico en 2008. Los cambios no sólo se verificaron a nivel de la cantidad de convenios homologados sino también en los contenidos de la negociación, siendo el salario el ítem predominante. También fue positiva la relación entre el salario de convenio y el salario efectivo, que se situó alrededor del 90%. Eso quiere decir que la negociación colectiva fue recuperando su relevancia como instancia de determinación colectiva de salarios, revirtiendo la tendencia instalada en los ´90 en que los empresarios abonaban salarios más altos que los de convenio como herramienta para "individualizar" la relación salarial con el claro objetivo de fracturar la solidaridad del colectivo laboral.
Si bien en un principio se auguraba un acercamiento más afín con la CTA –incluso se especulaba que se le otorgara la personería gremial‒, Kirchner se mantuvo equidistante entre las dos centrales sindicales, conciliando apoyos de ambas. Por el lado sindical la actitud también fue de colaboración. En ambas centrales la mayoría de los dirigentes comparten la identidad peronista y ello no es un dato menor. El gobierno tomó iniciativas en aspectos sensibles para los sindicalistas como el sistema previsional  y las obras sociales. En materia previsional, impulsó una ley de reforma ‒que se aprobó en tiempo récord‒ que apuntaba a fortalecer el sistema de reparto en detrimento del de capitalización (administrado por las AFJP). La iniciativa contó con el apoyo de los grandes agrupamientos sindicales –CGT y CTA‒ y con la crítica de partidos de oposición por la "celeridad" que el gobierno imponía a la cuestión y que no habilitaba el debate político y técnico profundo. Si bien las Obras Sociales se mantuvieron en el esquema desregulador diseñado por el menemismo, el nuevo gobierno tomó varias de las demandas sindicales orientadas a evitar el traspaso masivo de afiliados de una obra social a otra, favoreciendo la permanencia en la obra social de origen (la que le corresponde al empleado según su rubro de actividad). La recuperación del mercado de trabajo formal contribuyó también al fortalecimiento de las obras sociales al recomponer sus bases de representación y, por ende, de recaudación. Esto, naturalmente, permitió restablecer vínculos entre gobierno y sindicatos y, progresivamente, el sindicalismo retomó protagonismo en el papel de "ganar la calle" cuando la administración kirchnerista así lo demandaba.
La construcción discursiva del oficialismo en términos de "ruptura con los ´90" que el gobierno instaló en éste y otros temas, le permitió construir un consenso amplio que contribuyó a su legitimación. En este sentido, el movimiento de derechos humanos fue otro de los objetivos del gobierno en su afán por ampliar las bases sociales de su coalición.³² Consolidado en la década del ´80 en la lucha contra la dictadura, se conformaba por un conjunto de organizaciones reconocidas y diferenciadas en su accionar y reclamos: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Madres de Plaza de Mayo (con sus líneas internas), las Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre los más significativos. El gobierno llevó adelante una serie de iniciativas políticas, de fuerte contenido institucional, como la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos acaecidas durante  la última dictadura militar y otras, de alto contenido simbólico como la creación del Museo de la Memoria en el edificio de la ESMA o el retiro de los retratos de Videla y de Bignone de la galería del Colegio Militar.
En el relato oficial el tema de los derechos humanos tomó centralidad y fue conjugando palabras, representaciones, símbolos y sentidos que reconocían una doble vertiente: el movimiento de derechos humanos y el mundo militante. El relato conjugaba en primera persona, la experiencia de la generación setentista, militante y combativa, de la cual la pareja presidencial se sentía parte. El tono épico del relato combinaba alternativamente las figuras de la víctima martirizada con la del guerrillero heroico, interviniendo en la batalla discursiva, y obviamente de sentidos, sobre la violencia política de los 70.³³ Las Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y una parte de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora se encolumnaron junto al gobierno. El resto de los organismos conservó una postura de mayor autonomía.
Es importante hacer mención en el análisis de esta etapa, la relación del gobierno de Kirchner con los medios de comunicación porque la escena mediática fue un espacio decisivo para la estrategia de acumulación del kirchnerismo. Los noventa habían instalado la farandulización de la política. La pantalla chica se convirtió en el ámbito de satanización, ridiculización y exaltación de los más variados personajes políticos. Los sanos límites del decoro institucional se esfumaron y se instaló una forma de comunicación entre clase política y ciudadanía totalmente mediada por las reglas de juego de la televisión: la economía de palabras frente a la imagen, la imposibilidad de contra-réplica, la selección cuidada de lo visible. La opinión pública se construyó cotidianamente según las necesidades del rating. En la génesis de la crisis de 2001 está el aporte de los medios masivos de comunicación, la tinellización de lo político tributó en forma directa al "que se vayan todos". Néstor Kirchner tenía muy presente cómo ese poder se había acrecentado con el proceso de concentración de los medios tras las políticas neoliberales.
Kirchner proveniente de una provincia distante, no tenía ni una imagen atractiva ni era un gran orador político (condiciones éstas que sí reúne su esposa). Por ello, instaló un dispositivo de comunicación unilateral, aprovechando las oportunidades institucionales para enviar su mensaje político y evitó otorgar entrevistas o dar conferencias de prensa que permitieran la repregunta. Según Marcos Novaro "durante toda la presidencia de Néstor Kirchner su estrategia comunicacional fue tan centralizada y unidireccional como dependiente de medios privados, en particular del que había concentrado la mayor porción del mercado en los años anteriores, el Grupo Clarín (Novaro, 2012: 133). Cristina Fernández, en cambio, centraría su estrategia comunicacional en el canal oficial.
Días antes de traspasar el poder a su esposa, el gobierno aprobó la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal, concediendo al grupo Clarín una posición dominante en el negocio de televisión por cable. Al mismo tiempo, permitía el acceso a licencias a organizaciones sin fines de lucro y se creaba la señal educativa del Canal Encuentro.
En términos de balance, el gobierno de Néstor Kirchner se vinculó al conjunto de los movimientos sociales a través de una política de no criminalización de la protesta social y, con el movimiento obrero en particular, a través de la reedición –en el nuevo escenario‒ de los mecanismos probados históricamente por el peronismo en su vinculación con el actor sindical.

La estrategia partidaria de Néstor Kirchner
La elección de 2003 y el triunfo de Kirchner fue resultado del armado de Duhalde y, como dijimos, el peronismo presentó tres candidatos distintos. Una vez resuelta la sucesión presidencial, el peronismo se realineó bajo el liderazgo de Néstor Kirchner. En las elecciones a legisladores nacionales de mediados de 2003, sólo en tres provincias hubo más de una lista peronista. El PJ obtuvo el 35% de los votos para diputados a nivel nacional, lejos del 60% obtenido por los tres candidatos presidenciales del PJ en abril de 2003, pero suficientes para garantizar al gobierno una mayoría legislativa peronista (Zelaznik, 2012: 99).
En el peronismo nunca conviven dos Príncipes. La tensión entre Kirchner y Duhalde fue creciente e incluía a sus respectivas esposas. Por ello, controlar la estructura del PJ se convirtió en el objetivo estratégico del Presidente. La "transversalidad" tenía más de retórica que de rédito político. Si bien le permitía a Kirchner atraer a un electorado de centro-izquierda no resolvía la disputa al interior del PJ. El FPV sería la herramienta política para esa disputa, consolidando su liderazgo al interior del Partido Justicialista (PJ). En las elecciones legislativas de 2005, sólo en seis distritos se presentaron listas peronistas alternativas, aunque entre ellas estaba la Provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner se impuso a la encabezada por Hilda González de Duhalde.
Para las elecciones de 2007 en que se jugaba la renovación presidencial y de legisladores nacionales, Kirchner ideó una coalición destinada a captar el reticente voto de las clases medias progresistas, huérfanas políticamente desde la debacle de la Alianza en 2001. La "Concertación Plural" como se denominó a la alianza entre los Radicales-K y el FPV se expresaría en la fórmula Cristina Fernández de Kirchner (FPV)-Julio Cobos (Radical-K, ex gobernador de Mendoza), que obtuvo el 45% de los votos, ganando en 21 de los 24 distritos y casi duplicando el caudal electoral del segundo candidato, Elisa Carrió de la Coalición Cívica, que obtuvo el 23%. Ello le permitió al FPV retener la presidencia sin necesidad de segunda vuelta electoral y consolidar una mayoría legislativa en ambas cámaras (Zelaznik, 2012:100).
A pesar del cómodo triunfo electoral, la estrategia de atraer a las filas del kirchnerismo a los sectores medios urbanos vía la cooptación de algunos de los dirigentes más encumbrados del radicalismo no resultó eficaz. Cristina obtuvo el 58% de los votos de las 19 provincias del interior, pero sólo el 40% en los cinco distritos más grandes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe), siendo la votación aún menor en las cuatro capitales de esas provincias sumadas a la ciudad de Buenos Aires (25% de los votos). Ello fue más aguda para el caso de las elecciones legislativas: el FPV obtuvo el 38% de los votos para diputados nacionales, el 41% en el interior, 36% en los cinco distritos más grandes y sólo el 17% en la CABA, sumada a las capitales de las cuatro provincias más grandes (Zelaznik, 2012:100).
Cuando Néstor Kirchner dejó la presidencia en manos de su esposa, a fines de 2007, se fijó un objetivo: "Voy a trabajar en la construcción de una herramienta institucional que debe ser plural y que incluya al PJ" (Perfil, 4/11/2007). Estaba a mitad de camino en un periplo que lo llevaría de regreso desde la aspirada transversalidad al deplorado "pejotismo". El círculo se cerró cuando, en mayo de 2008, aceptó presidir el aparato burocratizado que tanto había criticado. La "herramienta institucional" que quiso construir, la Concertación Plural, ya había cumplido su función: garantizar la victoria electoral de Cristina Fernández. El experimento se extinguiría poco después, a medida que los radicales aliados al gobierno volvían a las filas opositoras (Malamud, 2012: 105).

La primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007/2011)
A poco de asumir, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso por decreto un nuevo régimen de retenciones a las exportaciones de soja y girasol que abrió el conflicto más grave de la era K. La medida aglutinó a un conjunto heterogéneo de entidades agropecuarias que coordinó sus acciones a través de la llamada "Mesa de Enlace": Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y las cooperativas de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, que convocaron al cese de la comercialización de productos agropecuarios y al corte de rutas. La respuesta del gobierno fue ratificar la medida y polarizar el conflicto en la antinomia: Campo-Gobierno.
Durante los cuatro meses que duró el conflicto la batalla mediática entre el gobierno y el grupo Clarín, especialmente, abrió un segundo frente de conflicto. "La Presidenta expresó repetidamente el malestar con los medios por "azuzar" el conflicto con los ruralistas, por "desinformar", ocultar hechos, por sesgos impropios o, finalmente, por desestabilizar al propio gobierno".(…) "La ruptura se inscribió en una puja entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín por el control de Telecom, convertido en ambición estratégica en función del proceso de convergencia entre medios y telecomunicaciones. La cobertura adversa al gobierno, leída como un "apriete" corporativo, decidió el paso de la estrategia de convivencia a una de confrontación total" (Kitzberger, 2012:183).
Finalmente, el gobierno envío un proyecto de ley al Congreso Nacional con la intención de legitimar las retenciones. Una vez aprobado en la Cámara de Diputados (con notorias deserciones en el bloque oficialista), el tema pasó a la Cámara Alta donde la votación resultó empatada y el vicepresidente Cobos, a cargo de la presidencia del Senado, zanjó la cuestión con su voto "no positivo".
Para el gobierno, la derrota significó un quiebre en muchos sentidos: la evaporación de buena parte de su base electoral, el fracaso de su estrategia de alianza con los radicales-K, la posibilidad de aumentar los ingresos públicos vía  las retenciones y el inicio de una de las batallas más duras con las empresas del grupo Clarín que tuvo un punto de inflexión con la aprobación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios.³⁴
Los estilos políticos disímiles de Néstor y Cristina Kirchner cambiaron la dinámica de los conflictos sociales y políticos. Néstor navegó en la heterogeneidad de los movimientos sociales, en la imposibilidad de los mismos de articular una respuesta unificada para posicionar sus demandas que hizo viable su política de cooptación selectiva de los dirigentes más cooperativos. Cristina hizo de la confrontación un estilo de gobierno apoyándose cada vez más en la CGT, por falta de una fuerza política "propia" para afrontar los conflictos en el espacio público y, a diferencia de su esposo, le tocó enfrentarse con intereses corporativos consolidados. En el caso de las entidades representativas del campo, su estrategia de confrontación contribuyó a unificar el frente de las organizaciones agropecuarias que estaba lejos de ser homogéneo. Con el grupo Clarín convirtió en enemigo a un ex aliado, en un momento en que se consolidaba la transición de unos medios tradicionales a una arena comunicacional con nuevos escenarios y protagonistas, en la que las redes sociales insinuaban su potencialidad como una particular esfera pública.
La inesperada muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, le brindó al kirchnerismo, en tanto fuerza política, la persistencia del mito. Su fallecimiento alteró profundamente el tablero político, no sólo cambiando quién sería el próximo candidato oficialista (dado que estaba previsto que fuera Néstor Kirchner), sino también el lugar ocupado por la Presidenta en el mismo. Lo cierto es que la muerte de su esposo, facilitó la reelección de Cristina Fernández, subiendo la intención de voto en las encuestas de opinión pública y generó una corriente de empatía entre la Presidenta y una amplia franja de la sociedad que hasta ese momento no había demostrado apoyo hacia el oficialismo, especialmente entre los sectores medios y los jóvenes.
Asimismo, desde el fallecimiento de Néstor Kirchner la fuerte alianza entre el kirchnerismo y la CGT liderada por Hugo Moyano comenzó a resquebrajarse. El creciente enfrentamiento se manifestó a través de cruces públicos y amenazas latentes. A pesar de ser un interlocutor obligado, el sindicalismo cegetista ha ido perdiendo peso político y ha visto restringido su lugar institucional corporativo. Tampoco para la CTA su acercamiento al kirchnerismo ha rendido los frutos esperados ya que no logró obtener el reconocimiento estatal prometido.
La pérdida de viejos aliados, fue reemplazada por la búsqueda de nuevos apoyos en sectores sociales a los que se movilizó en pos de iniciativas puntuales: las distintas vertientes del movimiento por la libertad sexual en defensa de la ley de Matrimonio Igualitario y, especialmente, los jóvenes a quienes desde el gobierno se los interpeló como custodios del legado de Néstor Kirchner.
El marcado crecimiento económico se tradujo en un proceso de recuperación del empleo, renegociación de los salarios por encima de la inflación y consumo que cambiaron el humor político de los argentinos. El apoyo hacia la gestión gubernamental y la figura presidencial creció mes a mes a lo largo de 2011, hasta converger en la reelección de octubre con el 63% de imagen positiva y sólo el 16% de imagen negativa. La denuncia de algunos casos de corrupción y los altos niveles de inflación no tuvieron mayor impacto ni en la opinión pública, ni en el comportamiento electoral.
Carlos Menem no trató de hacer un nuevo peronismo, se limitó a cambiar el sentido de las políticas públicas tratando de encajar lo nuevo en lo viejo. El kirchnerismo sí se lo propuso, con la transversalidad primero, con el desplazamiento de la liga de gobernadores y de la rama sindical, con la preeminencia de los movimientos sociales y de la juventud de "La Cámpora". Sin embargo, es difícil leer al kirchnerismo como una suerte de posperonismo. La historia reciente nos demuestra que frente a la ausencia de una oposición sólida es el propio peronismo el que genera su propia alternancia y, para hacerlo, recurre a la alquimia de todos sus elementos constitutivos porque, en definitiva, para su lógica de construcción política para un peronista no hay nada mejor que otro peronista.

Conclusiones
Las vinculaciones entre partidos, sindicatos y movimientos sociales por definición siempre se hallan en tensión. El presente artículo se propuso analizar el conjunto de relaciones mantenidas entre partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales en Brasil y en Argentina durante el período 2003/2011, momento en que el Partido de los Trabajadores y el Frente para la Victoria –peronismo– acceden al gobierno nacional.
Sin embargo es preciso señalar que los procesos políticos que explican estas interacciones provienen de dos décadas atrás. En efecto, a mediados de los ochenta del siglo XX será posible capturar las notables diferencias entre ambos países. Así, en perspectiva es posible observar que mientras en Brasil se estaban forjando los lazos entre partidos, sindicatos y movimientos sociales en Argentina éstos se estaban desarmando. En ese período, en aquel país se forjó un "vínculo perdurable" y de similar consistencia entre partidos, sindicatos y movimientos sociales al que se construyó en éste con el primer peronismo. A diferencia de Brasil, en Argentina el vínculo amalgamado durante la década del cuarenta del siglo XX, comenzó a desarticularse, de tal manera que, en la actualidad, esta desarticulación ha asumido un carácter "histórico".  
Estas diferencias en los vínculos entre partidos, sindicatos y movimientos sociales en Argentina y Brasil impactaron severamente en la gravitación política de los actores socio-políticos –sindicatos y movimientos sociales– en el régimen político y en la sociedad civil.
En Argentina, la derrota del peronismo en las elecciones de 1983 traccionó a la desarticulación del vínculo histórico entre partido y organizaciones sindicales peronistas. Hoy la lógica de construcción política del peronismo no tiene al actor sindical como relevante y la vuelta al "modelo histórico" de relación entre Estado-sindicatos ha preservado su gravitación institucional pero en los espacios políticos que habilita el gobierno nacional (negociación colectiva y Consejo del Salario Mínimo). De este modo, la proyección política del sindicalismo peronista se redujo notablemente debido a su pérdida de poder en el interior de la esfera partidaria. En este sentido y debido a los cambios en el vínculo, los apoyos y lealtades del sindicalismo peronista al partido peronista son muy cambiantes, definiéndose por sobre todas las cosas por la posibilidad de obtener demandas particulares de las asociaciones gremiales. De todos modos, el sindicalismo sigue siendo actor privilegiado al momento de  garantizar "la calle" si el gobierno lo demanda, por lo que éste mantiene canales de diálogo abiertos en forma permanente.
En Brasil se asiste al reverso de este proceso en un similar contexto político, signado por la democratización. En efecto, los vínculos entre partidos, sindicatos y movimientos sociales se forjaron y aceitaron en el mismo momento que en Argentina se estaban desanudando. A pesar de las transformaciones ocurridas en este conjunto de relaciones, el PT llega al gobierno nacional con una coalición político-partidaria apoyada por la CUT y el MST, entre los principales actores sociales. 
Las tentativas de institucionalizar el diálogo político por  parte  del  PT  en el gobierno –Conferencias o Foros Nacionales– se explican, en términos generales, por la cultura política brasilera y, en particular, por la trayectoria política sostenida con el principal agrupamiento sindical –la CUT– y por el apoyo de los movimientos sociales, el MST. El resultado de mayor relevancia de estos intentos de institucionalización, con el Foro del Trabajo, fue la modificación parcial del modelo sindical heredado de la época del varguismo.  La novedad provino del reconocimiento estatal hacia los agrupamientos sindicales, constituyendo un verdadero modelo de pluralismo sindical.  
En lo que respecta a la relación PT-CUT se destaca que su gravitación política no sólo se circunscribe al ámbito institucional sino que además dibuja un recorrido que involucra cargos gubernamentales, la esfera partidaria y la llegada a la sociedad civil desde la misma organización.
Con los restantes movimientos sociales se destaca el vínculo con el MST, el que ha perdido consistencia. En el segundo mandato de Lula quedó claro el descontento de los líderes del MST por la ineficacia de las instancias de diálogo político organizadas por el gobierno nacional así como también la política de reforma agraria encarada por el PT. El MST comenzó a realizar acciones políticas conjuntas con Fuerza Sindical.

Referencias

¹ La reflexión se apoya en la perspectiva identitaria de la acción colectiva, anclada en las perspectivas de Touraine y Melucci. Para las ventajas conceptuales de este enfoque puede consultarse Iglesias (2008).

² La CUT se funda en 1983 en San Bernardo Del Campo, San Pablo, Brasil. Se crea luego de haberse producido el primer Congreso de la Clase Trabajadora en Brasil (CONCLAT), en 1981. Los miembros fundadores de la CUT y los grupos sociales en que se apoyó posteriormente pertenecieron al Partido de los Trabajadores. Lo cierto es que la CUT se nutrió de diversos grupos, los que a finales de la década del setenta del siglo XX participaron en un sinnúmero de huelgas que terminaron paralizando la región industrial del ABC paulista y a sus principales empresas automotrices y metalúrgicas. Cabe destacar que estas huelgas se realizaron en plena dictadura militar, y, eran actos y manifestaciones públicas que no estaban permitidos.

³ Se fundó en 1984, impulsado por diversos grupos sindicales, intelectuales, sectores de clase media y trabajadores así como también contó con la importante presencia de movimientos sociales, como las pastorales sociales, los estudiantes secundarios, etc.

⁴ Se fundó en 1984, registrando la presencia de, además de trabajadores rurales, intelectuales, grupos eclesiales ligados a la teología de la liberación y grupos sindicales de izquierda.

⁵ En el regreso a la democracia los primeros quince años se realizaron actos eleccionarios todos los años, desde 1985 hasta 1998 (Meneguello, 2002).

⁶ Por ello, Moody (1997) acuñó el término "sindicalismo de movimiento social", que alude a la confluencia de dos lógicas de acción política –la sindical y la de movimiento social– en una misma identidad política. Las experiencias que analiza son la CUT de Brasil, el COSATU (Congress of South African) de Sudáfrica y la KTUC (KoreanTradeUnionsCongress) de Corea del Sur.

⁷ El primer principio remite al reconocimiento de la autoridad estatal hacia la organización sindical, que en este caso, es una por municipio. El segundo principio consiste en descontar un día de su salario anual que se aplica a todo trabajador esté o no afiliado, monto que es retenido por el Estado y luego es dirigido a la organización sindical.

⁸ Entre la bibliografía sobre la relación entre el PT y la CUT encontramos estudios que abordan la génesis compartida ‒Canepa (1982), Meneguello (1989), Keck (1991)‒, las trayectorias y estrategias político-sindicales llevadas a cabo por cada uno durante la década del ochenta del siglo XX para resaltar el cambio con la propuesta original, la burocratización de la CUT y el PT en estas décadas, la morfología singular que adquiere el entendimiento entre ambas organizaciones en los noventa ‒Escobar De Oliveira (2008), Soares (2005), Oliveira (2004), Riethof (2004)‒, la vinculación dirigencial e ideológica entre petistas y cutistas –Martins Rodrigues (2004 y 2002)‒, hasta los que observan la relación entre ambas organizaciones una vez que Lula Da Silva obtuvo la presidencia en 2002: Galvao (2004 y 2007) y Radermachery  Melleiro (2007), entre otros.

⁹ El PRN y el PT derrotaron a organizaciones partidarias importantes: el Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), el Partido Democrático Social (PDS) y el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT). El primero liderado por Ulyses Guimaraes, el segundo por Paulo Maluf, ex gobernador de San Pablo, y el tercero por Leonel Brizola.

¹⁰ Pochmann (2005) describe el impacto de los procesos de reforma del Estado, privatización del sector productivo estatal –energía eléctrica, telecomunicaciones, siderurgia, etc.– y liberalización comercialen la ciudadanía.

¹¹ También se lo ha llamado "sindicalismo propositivo", indicando"…la derrota de Lula ante Collor de Mello en las elecciones de 1989, las alteraciones de estatutos promovidas por el III Congreso Nacional de la CUT (1988), que le otorga mayor importancia a las directivas en detrimento de las bases y oposiciones sindicales; el surgimiento de Fuerza Sindical, que se presenta como una alternativa… " (Galvão, 2004: 220).

¹² El dirigente sindical que lideraba este espacio de oposición era Antonio Spis, histórico dirigente petrolero, miembro fundador de la CUT y del PT.

¹³ Categoría analítica acuñada por Cavarozzi (1996).

¹⁴ Doyón (2006) y James (1990) describen el modelo corporativista de organización de intereses de la clase trabajadora que se estructuró con el peronismo.

¹⁵ Senén González y Bosoer (1999: 10-11) arriesgan una hipótesis interesante al afirmar si efectivamente el gobierno de Carlos Menem significó la superación definitiva del modelo del sindicalismo peronista tradicional o más bien su salvataje tras el agotamiento del modelo social y económico que le había dado origen. Esto último explicaría la exitosa estrategia de cooptación del grueso de la dirigencia sindical peronista durante el primer gobierno de Menem.

¹⁶ Carneiro Araujo y De Oliveira (2011: 97) mencionan que "En el primer gobierno de Lula, de los 64 ministros nominados (o secretarios con status de ministros) 17 eran vinculados al sindicalismo y de esos, 14 de centrales sindicales. En el segundo mandato, de los 38 ministros nominados, 6 eran oriundos del sindicalismo y 4 de centrales sindicales".

¹⁷ Dilma Rousseff lleva este sistema a su máxima expresión, ganando así la elección presidencial de 2012 con una coalición de nueve partidos.

¹⁸ El gobierno de Lula realizó Conferencias nacionales sobre Derechos Humanos, los medios de comunicación, el trabajo, la previsión social, etc.

¹⁹ Entrevista en profundidad realizada a Dary Beck Filho.

²⁰ Para una descripción de cómo se ha conformado el Foro Nacional del Trabajo se puede consultar Carneiro Araujo y De Oliveira (2001).

²¹ El modelo sindical brasileño imitó al de Italia, inspirado en la Carta Nacional del Trabajo, elaborada por Mussolini. Un modelo corporativista y de monopolio de la representación de los intereses de los trabajadores.  

²² Resolución de la Dirección Nacional de la CUT del 13 de abril de 2004.

²³ Pago de sobornos por parte del gobierno nacional a Diputados y Senadores con el propósito de obtener apoyo a los proyectos elevados por el Poder Ejecutivo.

²⁴ En este documento se planteaba respetar los principios del régimen democrático y del gobierno liderado por Lula Da Silva.

²⁵ A septiembre de 2011 las centrales sindicales aglutinaban la siguiente cantidad de sindicatos: la CUT 2.137 organizaciones sindicales, un 30,67% de los sindicatos; FS 1.707, un 24,5%; UGT 1.016 sindicatos, un 14,58%; NCST 917 sindicatos, un 13,6%; CTB 528 sindicatos, un 7,58%; y, CGTB 388 sindicatos, un 5,57%. Cabe destacar que los dos últimos agrupamientos no fueron reconocidos como centrales sindicales por la autoridad gubernamental de Brasil. Extraído de: www3.mte.gov.nr/sistemas/cnes/relatorios/painel/GraficofliliadosCS.asp. Consultado el 30/09/2011.

²⁶ André Singer (2013) demuestra que durante los gobiernos de Lula Da Silva se crearon 17 millones de puestos de trabajo registrados, lo que explicaría la existencia de un nuevo proletariado organizado en torno al empleo formal y diferenciado del surgido durante la década del cuarenta del siglo XX. También señala la persistencia de un subproletariado, es decir, de un conjunto de trabajadores ocupados en el sector servicios, con bajos salarios, precarizados en las condiciones laborales y con buen nivel de instrucción, nivel medio terminado.

²⁷ Para ampliar esta dimensión se puede consultar Iglesias (2011).

²⁸ La desestructuración de las llamadas "economías de enclave" de las áreas petroleras del sur y norte del país fueron escenario del surgimiento de los "fogoneros" y "piqueteros" que apelaron al "corte de ruta" como estrategia de lucha contra el proceso de privatización impulsado por el gobierno menemista. Los "cortes" dieron visibilidad mediática a la protesta y si bien no eran una novedad en el repertorio de la protesta colectiva en la Argentina demostraron su efectividad frente a un modelo en que interrumpir la "circulación" era más viable que interrumpir la "producción" (Benetti, 2013).

²⁹ Entre los efectos disolventes de la crisis de 2001 no hay que subestimar el clima de ingobernabilidad que se  vivió y, por ende, el común reclamo de restablecimiento del orden del grueso de la sociedad argentina. Como tampoco olvidar el hecho que, más allá del "que se vayan todos" fueron los políticos "tradicionales" quienes superaron la crisis, sin entrar en juicios de valor que ameritarían otro artículo.

³⁰ Se trata de la reforma laboral aprobada durante la gestión aliancista de Fernando De la Rúa cuyo proceso de aprobación en el Senado fue objeto de denuncias contra el gobierno, acusado de "comprar" los votos necesarios. El nombre hace alusión a la red de cajeros automáticos.

³¹ En los ´90 la  flexibilidad laboral de facto propició la discusión por establecimiento y les otorgó a las firmas más dinámicas mayor capacidad para cooptar a los trabajadores de sus plantas con un tratamiento fuertemente diferenciado. Al situarse la discusión salarial a nivel de los establecimientos, por medio de acuerdos parciales o bien definiendo marcos excesivamente globales para su rediscusión al interior de cada empresa, la dispersión contribuyó a la individuación y a la diferenciación salarial erosionando las bases de solidaridad en pos de demandas colectivas.

³² Aquí la ruptura con el pasado asumió rasgos de grosera omisión, en la medida que el kirchnerismo en su afán refundacional se subía a la historia de lucha por la Verdad y la Justicia desconociendo lo actuado en la materia por el gobierno de Raúl Alfonsín. En particular, olvidaba el histórico Juicio a las Juntas Militares desarrollado en el complejo escenario de la transición, cuando el poder militar estaba muy lejos de ser un poder derrotado y comprometido con la democracia. Los levantamientos "carapintada" que sufrió ese primer gobierno democrático constituyen dato manifiesto en ese sentido.

³³ Batalla que tuvo un primer momento con la "teoría de la guerra sucia" –que aparece públicamente por primera vez en 1983 en el Documento Final de la Junta Militar‒ en que los militares quisieron legitimar su papel autoimpuesto de salvadores de la Patria. Con la transición democrática tomó cuerpo una interpretación del pasado que hablaba de dos violencias enfrentadas –de extrema derecha y de extrema izquierda‒ y en el medio una sociedad que permanecía ajena a los conflictos que precedieron esa guerra, a su dinámica y a sus consecuencias. Esta teoría fue impugnada por el movimiento de derechos humanos por la equiparación política –en términos de balance político, ético, militar–, entre las fuerzas paraestatales y la violencia insurgente y revolucionaria. Consistentemente, la mayoría de los organismos hablaban de terrorismo de Estado.

³⁴ El proyecto de ley se basaba en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática elaborados en 2004 que fue debatido en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país. Sufrió muchas modificaciones en las Cámaras hasta ser finalmente aprobado.

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Recibido: 21/07/2014.
Aceptado: 17/12/2014.