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Las disputas por el desarrollo: narrativas y posicionamientos de los empresarios de la Unión Industrial Argentina en las coyunturas políticas de 2008

Disputes over development: narratives and positions of entrepreneurs of Argentina Industrial Union in the political situation of 2008

 

Gabriela Wyczykier

Gabriela Wyczykier es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. E-mail: gwyczykier@yahoo.com

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resumen

En el presente artículo se analizan algunas dimensiones ligadas a la problemática del desarrollo que se han reactualizado en la Argentina en el último lustro. En lo particular se distinguen los posicionamientos y narrativas adoptadas por sectores de la burguesía urbana representados en la Unión Industrial Argentina (UIA), considerando la fertilidad que contiene pensar la relación entre modelo de acumulación, perspectivas y procesos de desarrollo, matriz política nacional-popular en el milenio actual. En este marco no solamente se han vitalizado y revitalizado los sectores sindicales y del trabajo sino conjuntamente, se han incorporado en la interpelación discursiva y de práctica política del gobierno los actores empresarios.
Los posicionamientos y retóricas propiciados desde UIA son estudiados a partir de dos coyunturas políticas específicas, con fuertes relaciones entre sí: la crisis y conflicto entre los sectores rurales y el gobierno nacional en 2008, la crisis internacional que afectó a la Argentina en ese mismo año. Ambas coyunturas nos permiten ilustrar la manera en que este agrupamiento invocado e integrado por el gobierno en su visión productivista del desarrollo, se fue posicionado ante el actor estatal y en sus relaciones intraburguesas respecto de problemáticas claves que reenvían a cuestiones ligadas con la temática del desarrollo.

palabras clave: Desarrollo; Actividades urbano industriales; Burguesía; Unión Industrial Argentina.

summary

This article discusses some dimensions related to development issues has been redefined in Argentina in the last ten years. In particular we distinguish the positions and narratives adopted by sections of the bourgeoisie represented at Union Industrial Argentina (UIA), considering fertility containing think the relationship between accumulation model, perspectives and development processes, national-popular political matrix in the current millennium. In this framework not only have revitalized and energized union sectors and work together but have been incorporated into the government's discursive interpellation business actors.
The positioning and rhetoric favored from UIA are studied from two specific political situations, strong relationships with each other: the crisis and conflict between the rural and the national government in 2008, the international crisis that hit Argentina in the same year. Both situations allow us to illustrate the way in which this grouping invoked and composed of government productivist vision of development, was positioned to the state actor and its bourgeois intra regarding key issues forwarded to issues related to the theme of development.

keywords: Development; Urban industrial activities; Bourgeoisie; Unión Industrial Argentina.

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Introducción¹

En la Argentina y  en otros países de la región, la cuestión del desarrollo recuperó protagonismo en la agenda del Estado y los distintos actores sociales con el cambio de orientación política experimentado, especialmente, en el último lustro. Como temática referenciada  tanto en los ámbitos académicos como políticos, el desarrollo se proclamó como problemática distintiva en las ciencias sociales latinoamericanas desde los años cincuenta en adelante, atravesando diferentes etapas interpretativas y propositivas. Organismos de cooperación internacional y regional, círculos de intelectuales y de militancia política, integrantes de asociaciones gremiales y corporativas, funcionarios públicos y gobiernos nacionales, encarnaron  los debates y las acciones públicas en los distintos momentos histórico-políticos que fueron experimentando las sociedades latinoamericanas. Indiscutiblemente, las dimensiones que atraviesan las perspectivas sobre el desarrollo en cada momento se encuentran signadas por disputas que en última instancia se sitúan en el plano político ideológico y traducen diferencias y antagonismos en la manera de concebirlo y encararlo por parte de estos actores corporativos y de clase.
En la Argentina del actual milenio, se asiste a una reemergencia de trabajos académicos, debates y posicionamientos de actores estatales, políticos y gremiales que reorientaron  sus narrativas en torno a la cuestión del desarrollo. Dichas narrativas y posicionamientos se han ido reorganizando y configurando en las distintas coyunturas políticas y económicas que fueron sucediendo   en el último decenio, y traducen imaginarios societales que reenvían a procesos históricos precedentes.
En comparación con otras  etapas históricas, la última década en la Argentina ha sido observada como un período  distintivo en algunas de sus dimensiones sociales, económicas y políticas, en particular con referencia al modelo de acumulación neoliberal que configuró una nueva trama societal desde los años 70 en adelante. Las transformaciones y  continuidades con referencia a procesos societales precedentes pueden analizarse y contextualizarse  mediante la observación de  la dinámica que fue adoptando el modelo de desarrollo en la Argentina de la última década.² Pensar  el desarrollo en términos de modelo, supone precisar  la articulación y combinación de un conjunto de dimensiones que resultan pertinentes para abordar dicha problemática, considerando  variables tanto económicas como políticas, sociales y simbólicas. En este sentido, reviste interés analítico caracterizar las principales tendencias que  moldean el régimen de acumulación en determinado momento histórico, las propiedades que asume la distribución y/ó redistribución del excedente, el rol del Estado como promotor y administrador de los recursos públicos, la organización corporativa y sectorial de distintos actores sociales y políticos que pueden adquirir diverso protagonismo en la orientación y dinámica que adoptan las tendencias presentes en la lógica del desarrollo, las alianzas y conflictos inter e intra clase, las visiones y posiciones ideológicas y políticas que promueven estos actores con vistas a legitimar aquellas orientaciones.
Como bien destaca Svampa (2011b), en la Argentina actual  es posible advertir desde el punto de vista simbólico y cultural la configuración de tres modelos de desarrollo, cuya envergadura y alcance resultan de todos modos de una  intensidad diferente: el modelo de desarrollo agrario, el industrial y el extractivo exportador. El primero  opera  como narrativa social fundamental y horizonte de expectativas de una parte de la sociedad argentina,  en lo que respecta a la relevancia que adopta el "campo" como un espacio económico de prosperidad y productividad. El modelo industrial  está ligado por otro lado al imaginario productivista y a la importancia del mercado interno en distintos momentos históricos de la Argentina. El modelo extractivo exportador, ligado a la actividad trasnacionalizada  de la megaminería a cielo abierto  carece de un imaginario y de un conjunto de significados socio culturales de los cuales proveerse históricamente en el país, hallándose  los actores involucrados en su dinámica disputando y operando sobre aquella producción simbólica e ideológica.
En el  presente escrito nos proponemos analizar en particular algunos aspectos del modelo de desarrollo vinculado a las actividades urbano-industriales que se ha ido reconfigurando en el período señalado.  Ello lo encaramos reflexionando sobre  la fertilidad que a nuestro juicio contiene pensar la relación entre modelo de acumulación, perspectivas y procesos de desarrollo, y la reemergencia de una matriz política nacional-popular. En efecto, la dinámica que adopta el desarrollo en la última década se ha combinado con la recomposición de esta matriz política  enaltecida retóricamente y confirmada a través de un conjunto de  medidas públicas  alentadas por los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner.³ En este contexto, no solamente se han vitalizado y revitalizado los sectores sindicales y del trabajo sino conjuntamente, se han incorporado en la interpelación discursiva y en la práctica política  los actores empresarios, en particular aquellos  ligados al empresariado local y nacional,  y a las actividades urbano  industriales.⁴
En esta dirección, algunos análisis destacan  la  transformación del patrón dominante del modelo de acumulación que tuvo lugar a principios del milenio actual, respecto del  que se había instaurado  en la Argentina a partir de 1976 y consolidado  hasta su interrupción con la crisis sistémica de 2001.  En esta clave, Basualdo (2011) distingue  el agotamiento del patrón de acumulación sostenido  en la valorización financiera,  dando inicio a una etapa de recomposición productiva  en detrimento de la lógica de acumulación ligada exclusivamente a los comportamientos económicos y empresarios observados  en  las décadas precedentes.⁵ De todos modos, las fracciones dominantes del capital  traducen el impacto en su reconfiguración de las distintas fases que caracterizaron aquel  modelo de acumulación. Así, al culminar la etapa de la valorización financiera,  el capital extranjero predominaba en forma inédita en la estructura productiva nacional. 
En este marco,  se han ido recomponiendo y reorganizando distintas alianzas entre los diversos  actores sociales, políticos  y económicos a lo largo de la última década,  optando  las distintas fracciones que componen al empresariado local por un acercamiento cooperativo o distanciamiento conflictivo en las distintas coyunturas políticas que caracterizaron  a los gobiernos kirchneristas. 
En este artículo   indagaremos sobre  los posicionamientos propiciados por los sectores del empresariado urbano industrial agremiados en la Unión Industrial Argentina (UIA) en dos  coyunturas específicas, con fuertes relaciones entre sí: la crisis y conflicto entre los sectores rurales y el gobierno nacional en el año 2008 y  la crisis internacional que afectó a la Argentina en ese mismo año.⁶ Ambas  coyunturas, que de ningún modo agotan aquellas que resultan de interés con el análisis propuesto, nos permiten ilustrar la manera en que la UIA, actor invocado e integrado de modo privilegiado por el Gobierno  en su visión productivista del desarrollo, se fue  posicionado ante el actor estatal y  en sus relaciones intra  burguesas en el marco de renovadas alianzas políticas que buscaron entretejerse a lo largo del presente milenio.  Estas  coyunturas nos permiten observar algunos de los aspectos relacionados vitalmente con la cuestión del desarrollo, como resultan la  generación y distribución del excedente y las relaciones entre actores sociales y políticos.
La orientación metodológica que primó en la recolección de la información presentada en este trabajo tuvo en consideración dos cuestiones fundamentales.⁷ En primer lugar, el desarrollo como proceso socio histórico es el resultado dinámico  de disputas políticas por su definición y proposición. En este sentido, la cuestión del desarrollo y el excedente  no es   abordada intelectivamente a partir de  la definición que realizan los actores respecto de estos términos, sino que ambas categorías analíticas reenvían al estudio de distintas dimensiones económicas y políticas  que pueden traducirse y expresarse  en posicionamientos respecto de políticas impositivas, la negociación salarial,  la legislación laboral, la distribución del ingreso, el tipo de cambio, entre otras.  Por otra parte, los datos considerados para el análisis surgen centralmente de la lectura  de testimonios, discursos e intervenciones de los actores sociales referenciados,  recogidos en medios gráficos de difusión masiva, y algunos documentos institucionales.⁸

La burguesía como actor central del desarrollo: los avatares de la UIA y su resurrección política  en la matriz  nacional-popular

La Unión Industrial Argentina es una agrupación empresaria que ha tenido diverso protagonismo en las relaciones con los distintos gobiernos nacionales y otras organizaciones gremiales, sociales y económicas  en la historia argentina desde su fundación, hace más de un siglo. Con un carácter "federativo y sectorial", en su propia presentación institucional proclama la representación de la industria argentina "con la finalidad de promover el desarrollo del país en sus dimensiones económico-social y territoriales, a través de la generación de propuestas que mejoren consistentemente la competitividad del sector, el desarrollo tecnológico y de valor agregado, el fortalecimiento del mercado interno y la inserción internacional de la industria".
Como bien argumentan Gaggero y Wainer (2004), si bien la UIA expresa primeramente los intereses de sus miembros –y en particular de sus dirigentes– esta entidad es la más representativa del sector y permite comprender el comportamiento político de la clase dominante en lo que refiere fundamentalmente a  los sectores empresarios vinculados a la actividad industrial.⁹  Este agrupamiento  ocupa  según Schvarzer (1991) un lugar de particular relevancia en el conjunto de las instituciones que llevan la palabra en nombre de los empresarios argentinos. Sus posiciones históricas con respecto a las políticas económicas,  sus actitudes públicas, su método de trabajo, ilustran las formas y condiciones de funcionamiento corporativo del empresariado local en las pujas societales.
A lo largo de su historia esta entidad atravesó distintas etapas organizativas en un contexto de cambios con relación al peso de la actividad industrial en el desarrollo productivo del país. Entre mediados de los años 50 y 70  la UIA fue adquiriendo un rol protagónico, junto  a la Confederación General Económica (CGE), en la representación de intereses del empresariado industrial.  Este período estuvo  signado por una expansión continua e intensa de la actividad industrial que triplicó su valor agregado, y por la  creciente incidencia de los capitales trasnacionales en estas actividades económicas. Para el gremialismo empresario esta veintena de años implicó una expansión de cámaras sectoriales y regionales, muchas de las cuales se afiliaron a la UIA y otras tantas a la CGE, entidad rival de la primera en lo que refiere a los sectores empresarios representados y que fue ganando relevancia en los años 60 al buscar incorporar a  los pequeños y medianos empresarios.¹⁰ Con el advenimiento del tercer gobierno peronista, y el nombramiento de José Ber Gelbard, un dirigente de la CGE, en el Ministerio de Economía, se plantearon distintos problemas  en el interior de las entidades empresarias, optando muchas cámaras por la doble afiliación: la UIA y la CGE.  En el año 74, dirigentes de la UIA se integraron a la dirección de la CGE como parte del sector industrial, dando vida a la Confederación Industrial Argentina (CINA),  dejando por tanto de existir la UIA  como entidad independiente  (Schvarzer, 1991).¹¹
Al comienzo del gobierno militar las asociaciones empresarias fueron disueltas o intervenidas, con el objetivo de disciplinar a estos sectores.  La  UIA fue intervenida aunque logró la restitución de su personería, cosa que no obtuvo la CGE.  En un contexto de reestructuración del tejido industrial, de sus sectores dinámicos, y del comienzo de un significativo proceso de desindustrialización cuyas consecuencias se advierten hasta el presente, la UIA resurgió  hacia principios de los años  80 con un formato organizativo y de práctica dirigencial distinto al de las décadas precedentes,  con una representatividad mayor de la que detentaba  hasta los inicios de los años 70, por haber  incorporado intereses regionales y de las PyMES luego del cambio de estatuto promovido por la intervención militar (Acuña, 1990).
Los distintos planes económicos impulsados  por el gobierno de Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989 en un contexto de aumento significativo de la inflación y de puja de las distintas fracciones sociales por reposicionarse política y económicamente,  mostraron a la UIA como un actor corporativo dominante  en la representación de los sectores industriales. Los intentos del Gobierno por reeditar pactos sociales entre empresarios, trabajadores y el Estado, con el objeto de estabilizar la economía tuvieron  a esta entidad como   un  protagonista en  las mesas de negociación y acuerdos sectoriales. Como analiza Acuña (1990), a diferencia de otros períodos anteriores, la combinación de los cambios estructurales que habían afectado significativamente  a la industria, junto a  las transformaciones  organizacionales de la UIA, modificó  fuertemente la relación entre asociaciones empresariales del sector de la industria en esta etapa. Así, el tema de la representación que había sido clave hasta 1976, pasaría a un segundo plano y la UIA se tornaría en un actor clave en la elaboración de estrategias socio-económicas.
En los años 90, Dossi (2009) distingue centralmente dos períodos fundamentales para analizar la acción política de la UIA en relación con los propios posicionamientos y disputas internas de sus asociados. Un primer período se encuentra demarcado  para la autora entre los años 1989 y 1999, en el cual la acción política de esta organización empresaria resultó reactiva o adaptativa con respecto a los cambios económicos acontecidos en el país, debilitándose sustantivamente el accionar político de la misma.  Fruto  de esta disminución en su capacidad de acción, en parte por las diversas confrontaciones sectoriales internas en el contexto de medidas que afectaron sustancialmente el tejido productivo nacional, las dos corrientes políticas internas que se disputaban la conducción de esta organización (MIA y MIN¹²) acordaron en el año 1993 presentar una sola lista a elecciones acordando un pacto de alternancia que establecía la elección del presidente una vez para cada lista.
Efectivamente  y como  advierte Beltrán (2011), en los años 90 las organizaciones tradicionales de representación de intereses empresarios, como la UIA, sufrieron un desplazamiento como interlocutores privilegiados del Gobierno, aspecto que trastocó el protagonismo detentado por  estos agrupamientos en la década anterior. Ello estuvo vinculado, entre otros factores, con   la estrategia de negociación personalista llevada adelante por el entonces presidente Menem que dio lugar a comportamientos lobistas y atomizados por parte de grandes empresarios. Con ello  se  combinó  la fragmentación y la heterogeneización de los intereses y las demandas de los empresarios locales producto del impacto de las reformas estructurales sobre su composición, y una crisis pronunciada de la dirigencia de la UIA para encausar la representación de sus sectores agremiados. 
En los últimos años de la década de los 90,  la UIA retornó, sin embargo, al protagonismo en la vida política del país.  En  un contexto marcado  por la devaluación de la moneda brasilera con fuerte impacto en la economía doméstica, los discursos en torno a la devaluación del peso argentino o a la persistencia de la dolarización de la economía comenzaron a enaltecerse  como opuestos estratégicos, generando ello diferencias en el interior de los sectores económicos dominantes. Así, en el último quinquenio de los años 90,   se constituyeron dos proyectos distintos en el interior de estos sectores  con relación a cómo concebir el curso de la economía. Uno de ellos promovía la dolarización de la economía, y era impulsado por el sector financiero e inversores extranjeros. El otro grupo estaba ligado a empresarios locales y algunos conglomerados extranjeros, y proponía la devaluación de la moneda  con el fin de obtener mayores ganancias (Basualdo, 2011).
 La propuesta devaluacionista fue estimulada  entonces por las corporaciones empresarias interesadas en modificar la paridad cambiaria.¹³ Bajo la presidencia de Rial –empresario metalúrgico vinculado al sector de las PyMES– la UIA buscó fortalecer a la organización y posicionar a esta entidad como interlocutora privilegiada  con el Gobierno, conformando el Grupo Productivo (integrado por la UIA, la Cámara de la Construcción, la Unión de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina), el cual fue impulsado desde el interior de la asociación industrial  por el grupo empresario Techint con el objeto de  aunar posiciones entre sectores productivos afectados por la recesión económica existente. La creación del Grupo Productivo habría significado además, argumenta Beltrán (2011), la ruptura del consenso empresario con respecto a las reformas neoliberales promovidas durante los primeros años de la década. 
En el año 2001 asumió  la presidencia de la entidad De Mendiguren, advirtiéndose la profundización de  los reclamos hacia el Gobierno y  la necesidad de reformular el rumbo económico. Durante su gestión,  la UIA tejió lazos con otros sectores empresarios, sindicales y sociales opuestos al Gobierno.¹⁴
Si bien en este período la UIA adquirió  mayor protagonismo político y adoptó demandas que trascendieron  el propio reclamo de medidas sectoriales, la definición de una política industrial y económica nacional quedó relegada, continuando  además las diferencias internas entre el MIA y el MIN una vez que la devaluación de la moneda local fue implementada (Dossi, 2009). Las fuertes coincidencias entre el proyecto duhaldista y los reclamos de esta entidad favorecieron  una alianza estratégica que se consolidó con la asunción del entonces presidente de la UIA, De Mendiguren, como titular del flamante Ministerio de la Producción. Frente al proceso de extranjerización de la economía que sucedió en los años 90, desde la cúpula de la UIA se manifestaba el interés por reconstruir una burguesía nacional (Gaggero y Wainer, 2004).¹⁵
Conflictos internos en la UIA  condujeron a la ruptura del pacto de alternancia sostenido hasta ese momento, en parte por las diferencias con respecto al tipo de cambio pero además, por cuestiones políticas relacionadas con las modalidades  de representación llevadas  adelante por la anterior conducción de la UIA (inclusión o no de las PyMES del interior, formas de acercamiento de los representantes empresarios con funcionarios de gobierno, entre otras diferencias publicitadas).¹⁶ En abril de 2003 se impuso como ganador en las elecciones internas una figura cercana al menemismo: Alberto Álvarez Gaiani, integrante del MIA.¹⁷
Los enfrentamientos internos en la UIA se agudizaron en aquel año, amenazando con la fractura de la entidad por las disputas de poder de los principales referentes de los dos agrupamientos empresarios que dividen a la entidad (Grupo Techint, De Mendiguren, Gaiani, Massuh) y por sus diferencias  con respecto al papel que debía  asumir  la central industrial ante  el nuevo gobierno de Néstor Kirchner. Para el MIN era necesario un mayor acercamiento con el fin de lograr mejores beneficios para el sector en el nuevo contexto político y económico.  Del lado del Gobierno, por otra parte, se observaron gestos políticos tendientes a evitar la fractura de la entidad al considerarla como un  actor clave en el modelo industrialista.¹⁸
Las divisiones y tensiones electorales internas fueron superadas para las elecciones del 2005 al ser consagrado Héctor Méndez (del sector plásticos y vinculado al MIA) como nuevo presidente de la entidad y líder de una lista consensuada entre las dos históricas de la UIA.¹⁹ Entre  la Celeste y Blanca integrada por Méndez y los integrantes de Industriales se repartieron los cargos directivos en partes iguales, habiendo resultado significativa la intervención del Gobierno, que reclamaba  la unidad de los empresarios para arribar al  acuerdo y superar formalmente las diferencias internas que limitaron en los últimos años la capacidad de acción de la entidad. Con un discurso de cierta empatía con el Gobierno, entre los lineamientos políticos de la UIA se destacaba en la persona de Méndez al comienzo de su gestión el consenso con respecto al tipo de cambio (en torno a los 3 pesos por dólar conveniente para sectores importadores y exportadores), pero apuntando a un control de los salarios que favoreciera, a criterio del nucleamiento,  la competitividad de las empresas (Página 12, 4/12/2004; 26/04/2005).
A mediados de 2007 las elecciones en la UIA llevaron a la presidencia a Juan Carlos Lascurain²⁰, con el consenso de las dos listas internas de la entidad, implicando ello una mayor representación de los medianos empresarios y  una fuerte presencia de empresarios nacionales.   En la  nueva conducción interna, grupos económicos como Techint, Ledesma y Arcor tuvieron  una mayor incidencia estratégica quedando solamente un cargo de los doce principales en poder de un grupo multinacional.²¹ El sucesor de Lascurain en la UIA fue nuevamente el dirigente plástico Héctor Méndez de la  Celeste y Blanca (MIA), quien asumió  en el año 2009 la presidencia de esta entidad  en el marco del pacto de alternancia entre las dos listas internas. Méndez dirigió la UIA en un contexto económico diferente al de su antecesor,  marcado por la desaceleración productiva y un nuevo mapa político nacional ligado a la crisis del Gobierno con las agrupaciones agropecuarias que estalló en el año 2008. 
Con la conducción de Méndez se produjeron cambios en la cúpula de la UIA. Se preanunciaba un giro de la entidad hacia demandas de  medidas económicas  de tinte  ortodoxo  y con cierta hostilidad hacia el Gobierno. El sector agro-fabril de la COPAL²² había obtenido cuatro de los seis lugares en la conducción de la entidad, mientras De Mendiguren, ligado al sector desarrollista de la UIA,  ocupaba la secretaría  (Clarín, 10/04/2009). En este período la entidad mantuvo una relación de distancia y cierta tensión con el Gobierno  el cual,   por primera vez desde el regreso de la democracia,   no participó en el año 2010 de ninguno de los actos realizados por la  entidad empresaria para conmemorar el Día de la Industria.  Por cuestiones políticas internas de la entidad, Héctor Méndez renunció anticipadamente a la presidencia de la UIA  asumiendo De Mendiguren  en marzo de 2011  en representación de la lista Industriales.  De Mendiguren rectificaba desde la presidencia de la entidad  su voluntad de diálogo con el Gobierno y de búsqueda de consensos. La cúpula empresarial quedó nuevamente conformada por una mayoría de empresarios nacionales en su conducción.²³
Para analizar el proceso político inaugurado con la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003, Svampa (2011c: 18)enfatiza algunos rasgos que caracterizan lo nacional popular "como una matriz político-ideológica que se inserta en la memoria mediana (las experiencias populistas de los años 30, 40 y 50) y tiende a sostenerse sobre el triple eje de la afirmación de la nación, el Estado redistributivo y conciliador, y el liderazgo carismático junto con las masas organizadas –el pueblo".²⁴
La Argentina se inserta en este sentido en una tendencia más amplia que afloró en diversos  países de la región en la  última década. Así,  el resurgimiento de lo nacional-popular en el último decenio se ha cristalizado en la búsqueda de convergencias entre actores sociales y políticos que articulan la movilización popular y regímenes democráticos, distinguiéndose el retorno  a la revalorización del Estado como organizador de la pluralidad social, y como actor que debe proveer el bienestar social  colectivo acentuando la intervención en la economía y la revisión del proceso privatizador neoliberal.  El enaltecimiento de lo nacional busca replantear y redefinir, por otra parte, el carácter globalizante que caracterizó las relaciones políticas de los países de la región en décadas precedentes (Vilas, 2005).
En la última década, como ya advertimos, los gobiernos kirchneristas tendieron a focalizar su proyecto político en términos retóricos en dos actores fundamentales: los trabajadores organizados representados en la CGT oficialista (unificada entre los años 2004 y 2012)  y los industriales agrupados en la UIA. Ambos actores resultaron invocados con suma frecuencia –no sin fricciones ni conflictos entre éstos y el Gobierno– ante distintas coyunturas y problemáticas económicas y sociales que  fueron configurando la implementación de medidas y políticas públicas en el período. En la predisposición estratégica del Gobierno para promover el mercado interno y  favorecer la inclusión asalariada de los sectores medios y populares, el estímulo de la actividad industrial se invistió de un favoritismo marcado en los discursos presidenciales, si bien la dependencia de los recursos generados por las actividades primarias resultó durante gran parte del período  de una significación sustantiva para obtener divisas extranjeras y mantener importantes reservas en el Banco Central.
En períodos históricos en los que los gobiernos democráticos eran reemplazados por dictaduras que obtenían su legitimidad del apoyo de fracciones de la burguesía urbana y pampeana, se advertían confluencias, alianzas y rupturas entre los sectores populares, el Estado y fundamentalmente las fracciones no oligopólicas de la burguesía urbana. Así, como bien destaca O´Donnell (1976),  ante la expansión de la trasnacionalización del capital y la ocurrencia de  los ciclos económicos recesivos, se originaban en forma esporádica pero recurrente  alianzas  entre la burguesía urbana y los sectores populares y urbanos (representados mayormente en la CGE y la CGT, y las conducciones nacionales de los principales sindicatos), en contraposición a los intereses de la burguesía pampeana. La alianza revestía un carácter defensivo porque surgía contra las ofensivas de las fracciones superiores de la burguesía, acentuando una vía "nacionalista" y "socialmente justa" de desarrollo. Al reactivarse el ciclo económico, la alianza se diluía por las pujas de intereses contradictorios y antagónicos de los sectores que la sostenían. El clivaje de esta alianza fue policlasista porque incluía a los sectores populares ligados al trabajo formal y a  una fracción de la burguesía.
En la última década  la recomposición significativa de la presencia del Estado  en la organización económica y política  se sustenta enérgicamente en la invocación e integración socio laboral de los sectores populares a las actividades urbano industriales, y en la exhortación e interpelación del empresariado local y la burguesía nacional  como integrante valioso en las alianzas que sostienen los pilares del modelo económico actual. La UIA reapareció en este escenario como un actor representativo de los intereses de la burguesía urbano industrial, pero en un contexto de persistente trasnacionalización del aparato productivo. De este modo, su invocación  y protagonismo en las narrativas y posicionamientos en las diferentes coyunturas políticas no es coincidente necesariamente con las acciones emprendidas por los empresarios que operan en la economía local, y pueden actuar a través de las cámaras que los representan, o bien de su capacidad de orientar prácticas en beneficio de su tasa de ganancia en contraposición a los objetivos productivos del Gobierno (ejemplos de ello se observan en el sector automotriz, en la falta de inversión productiva de diferentes sectores económicos, en la presión inflacionaria o en la fuga de capitales registrada especialmente hasta el año 2011).²⁵
A diferencia sin embargo de décadas anteriores, y como bien destaca Acuña (1990), la burguesía industrial representada en sectores como la UIA, se reposiciona atendiendo a las  reglas de juego democráticas. Ello se registra  ante un Estado  que,  como advierte   O´Donnell (2008b), es garante de la relación social que permite el desarrollo de la acumulación capitalista. Lo estatal o propiamente político  es de este modo, para el autor, simultáneamente  garantía de las relaciones capitalistas de producción, de la articulación de clases de dicha sociedad, de la diferenciación de acceso a recursos de poder, y de la generación y reproducción del propio capital. Estas dimensiones se dinamizan, desde 2003 en adelante, enalteciendo idearios y prácticas que reenvían desde el Gobierno  a una matriz política  nacional-popular.
La UIA, de este modo,  se fue posicionando en el último lustro como un agrupamiento empresario que adquirió  nuevos bríos protagónicos en la escena pública a través de un  conjunto de demandas hacia el Estado en representación de la burguesía local.²⁶

Alineamientos de clase en torno al conflicto del campo en el 2008: La UIA y las disputas por el excedente en la etapa actual del desarrollo

Al situar  analíticamente los posicionamientos y narrativas de la UIA en los conflictos por la renta y el excedente desatados en el año 2008, intentamos contribuir a la indagación sobre la perspectiva del desarrollo, en particular de algunas de sus dimensiones constitutivas.  Como bien destaca  Acuña (1990), resulta significativo introducirse en el mapa cognitivo  que los empresarios poseen sobre las relaciones sociales, dado que las distintas opciones estratégicas que adoptan estos actores dependen de la lectura que los mismos realizan con relación a sus propios intereses.²⁷
El concepto de "marcos interpretativos" introducido en  la bibliografía  para el estudio de la acción colectiva permite conjuntamente y en esta dirección analizar y  describir representaciones simbólicas e indicaciones  que los actores utilizan para interpretar eventos y conductas y sugerir alterativas de acción, dando cuenta de una dimensión ideal-valorativa de los comportamientos sociales.  Los marcos se establecen en base a las definiciones que los actores realizan sobre las relaciones sociales, los derechos y las responsabilidades (Mc Adam et al., 1999). En esta misma dirección, Beltrán (2012) destaca  la relevancia de observar las ideas y las visiones  que los empresarios emplean para decidir y definir distintas prácticas de acción, pudiendo éstas no solamente potenciar sino también limitar opciones de práctica política. Por tanto, que una situación determinada resulte advertida como un problema visible, se liga con  la perspectiva de los marcos interpretativos dominantes (Beltrán, 2011).
El conflicto con los actores del sector agropecuario comenzó a manifestarse con intensidad a partir del mes de marzo de 2008, con la publicación de la Resolución 125 en el Boletín Oficial, configurándose como un punto de inflexión en la política argentina de la última década. Esta coyuntura tuvo, sin duda, algunos efectos sobre el crecimiento de la economía local en el corto plazo pero, sobre todo, se cristalizó una fuerte puja por la apropiación de la renta y el excedente entre actores sociales en una etapa de elevados precios de los commodities, de aumento del PBI nacional y de una reorientación del papel redistributivo del Estado. 
Efectivamente, el 12 de marzo el Ministerio de Economía y Producción de la Nación  decidió modificar el sistema de retenciones fijas a las exportaciones de ciertos  productos agropecuarios por un sistema de retenciones móviles, particularmente en el caso de la soja, el trigo, el maíz y el girasol, con el objeto de obtener un beneficio fiscal mayor en contextos de aumento de precios internacionales. La resolución publicada²⁸ observa   la legitimidad de esta medida por  el aumento significativo de los precios internacionales en los últimos años "con una elevada volatilidad de sus tasas de variación interanual", que podrían afectar negativamente a la economía por la elevación de los precios en el mercado interno, generar inequidad distributiva y ocasionar incertidumbre en lo que refiere a las acciones de inversión en el sector agropecuario. Visto ello, la aplicación de un esquema de retenciones móviles sobre un conjunto de cereales y oleaginosas se distingue como un instrumento público destinado a contrarrestar estas situaciones perniciosas para el conjunto de la población.
Si bien las relaciones entre el Gobierno y los sectores del campo habían desmejorado en los años anteriores a que se desatara este conflicto, ambos percibían al otro como un antagonista que buscaba apropiarse del beneficio obtenido por la mejora progresiva y sustantiva de los precios internacionales de los productos agropecuarios. Los sectores del campo habían intentado en este sentido instalar la discusión sobre una rebaja de las retenciones a las exportaciones, sin encontrar legitimidad pública a sus demandas. En cambio, la promoción de la Resolución 125 permitió instalar aquellas demandas, generando nuevos basamentos legítimos (Nardaccione y Taraborrelli, 2010). 
El conflicto duró cuatro meses²⁹, durante los cuales se fueron definiendo y redefiniendo solidaridades y confrontaciones  alrededor del Gobierno y de los protagonistas de las demandas del campo. En torno a ello, el arco de alianzas sociales y políticas de unos y otros se fue reorganizando al calor de los acontecimientos. La UIA no atravesó ni salió  indemne y neutral de este conflicto, habiendo sido invocada  tanto por el Gobierno como por los sectores de la burguesía agraria para  tomar una posición política en solidaridad con unos o con los otros.
La extensión  temporal y geográfica del conflicto (provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, Entre Ríos, entre otras)  incluyó cortes de ruta, lockout patronales, cacerolazos, procesos de autoorganización de medianos y pequeños productores para demandar y realizar actos y acciones de protesta contra el Gobierno al costado de las rutas. En este marco se  organizó  la Mesa de Enlace³⁰ que agrupó a las cuatro principales entidades del campo y  lanzó el  12 de marzo el primer paro contra el Gobierno.
En un primer momento, La UIA conducida por Lascurain –dirigente que adoptó una posición de acercamiento y apoyo a las políticas del gobierno– se mostró en actitud solidaria con la medida propiciada  por el Ministerio de Economía, mientras aquella no alterara fundamentalmente el tipo de cambio como herramienta competitiva para la actividad industrial, promesa concedida por aquel funcionario. Ante esta entidad, el Ministro de Economía destacó los argumentos que otorgaban legitimidad a una medida propuesta  para la satisfacción del conjunto del país, en detrimento de los intereses y aspiraciones particulares de un sector de la economía que por otra parte no dejaba de obtener una rentabilidad considerable, por un lado,  y como mecanismo idóneo para sostener el tipo de cambio competitivo para la industria, por el otro.
"Me preocupa que un sector en particular, que es rentable, y como producto de un interés muy específico, tome una medida casi de corte patronal y afecte directamente, por lo menos durante el tiempo que dure, el consumo de un montón de gente. En primer lugar, lo que hacen (las retenciones) es desacoplar los precios internos de los internacionales. Si sólo hiciéramos un producto, porque es hiperrentable, no sólo tendríamos monocultivo, sino que además no tendríamos industria. Si entraran al mercado todos esos dólares de exportaciones, el dólar se desplomaría y queremos mantener la competitividad de nuestra industria". 
 (Declaraciones de  Lousteau tras almorzar con los directivos de la Unión Industrial Argentina, Ámbito Financiero, 18/03/2008).
Ante la prolongación de la primera jornada de protesta, la UIA alentaba  en sintonía con  el Gobierno la búsqueda del diálogo  para culminar con la medida de fuerza encarada por los sectores del agro, a los cuales reclamaba se atengan a la resolución pública establecida por el Poder Ejecutivo. Ello reflejaba, por un lado, la posición dialoguista que la  entidad buscó respaldar durante la última década y su relación no conflictiva con el Gobierno pero además, quedaba de manifiesto una preocupación respecto de los efectos que estas medidas de protesta comenzaron a ocasionar a la propia actividad de los sectores industriales del interior del país y los principales centros urbanos.
Las palabras de Lascurain resonaban en esta dirección: "Es el momento del diálogo en la Argentina, hay que calmarse, reflexionar y tender a ese diálogo. Seguramente el Gobierno tomó medidas que cree que son razonables. Y aquellos que no creen eso, se tienen que sentar y explicar por qué no lo creen así" (Ámbito Financiero, 18/03/2008).
El conflicto que se pronunciaba con los sectores rurales, y que comenzaba a generar nuevas alianzas y antagonismos entre distintos sectores sociales, encontró de este modo a la UIA en los primeros tiempos manifestando su apoyo al proyecto económico del Gobierno que en definitiva favorecía, para este actor, a todos los sectores productivos ligados tanto al  campo como a  las actividades urbano industriales.
"Considero que es muy importante que todos los sectores respeten la ley, el campo, los industriales, los trabajadores cuando paralizan las entregas en las fábricas por los conflictos entre los diferentes gremios, en fin, que todos respetemos la ley, había que sentarse a dialogar porque éste es un momento muy especial; estamos en vísperas de un Bicentenario, hay que tranquilizarse y pensar qué país soñamos; la Presidenta, como candidata, llamó al Acuerdo Económico y Social y me parece que es un buen momento para pensar en eso. Creemos que este modelo permite generar valor agregado para los sectores productivos, mejor precio a los productos nacionales que vendamos al mundo y salarios más altos. Eso es para todos los sectores. Sigue habiendo sectores que no están de acuerdo con este modelo; pero la Unión Industrial Argentina lo apoya, como lo dijimos en reiteradas oportunidades.  El campo y la industria están  en una misma vereda: la de mayor valor agregado" (Lascurain, Ámbito Financiero, 13/04/2008).³¹
A lo largo del conflicto, el Gobierno nacional fue acentuando  un discurso confrontativo con los sectores agropecuarios movilizados contra la resolución que  habilitaba las retenciones móviles. En este sentido, y como bien destacan Nardaccione y Taraborrelli (2010), en  la retórica productivista del Gobierno el desarrollo, el empleo y la incorporación de mano de obra estaban ligados al estímulo del sector industrial y fiscal, describiendo así al campo como un sector tendencialmente improductivo que sostenía una actitud especulativa en referencia a los precios internacionales y a la elevada concentración de la propiedad. En su estrategia general de desarrollo, el campo no aparecía entonces como un aliado estratégico.
En una disputa que adquirió un giro no solamente político y económico sino además, y sobre todo, cultural y simbólico³², la UIA se mostró  en colaboración con el Gobierno pero sin marcar una posición de antagonismo o confrontación con los sectores de la burguesía agropecuaria. En suma, aunque el discurso productivista del Gobierno era coincidente con los intereses de los empresarios urbano-industriales, la entidad buscó sortear la disputa referenciada públicamente en términos de opuestos históricamente presentes en otras coyunturas  políticas de la Argentina, por una apreciación del conflicto en términos de diferencias que no afectaban  estructuralmente los beneficios de ninguna fracción o clase social en el país en el actual contexto del desarrollo. Empresarios del agro y de las actividades urbano industriales, grandes, pequeños y medianos, y la clase trabajadora, habían resultado en este mapa interpretativo  favorecidos por el esquema macroeconómico y las medidas de política pública adoptadas por el Gobierno en el último quinquenio.
El Gobierno en su disputa con los sectores agropecuarios buscó, sin embargo, encausar solidaridades y compromisos que adoptaran una posición claramente contrapuesta  entre los sectores del campo y la ciudad,  resultando la UIA uno de los agrupamientos invocados en esta batalla de recursos económicos pero también  de sentidos e imaginarios políticos.
A  mediados de mayo la presidenta Cristina Kirchner convocó a una reunión de urgencia a la UIA. La entidad se presentó  con un conjunto de demandas pero, sobre todo, apoyando y alentando la conformación del acuerdo económico y social que reuniera tanto a los representantes de la industria como de los sectores agropecuarios y del trabajo  en el marco de los festejos del Bicentenario en la Argentina. Si bien resultaba cierto que las medidas de protesta adoptadas por los sectores del agro contra la Resolución 125 afectaban también ciertas actividades industriales por la falta de insumos y la incertidumbre que comenzó a notarse en la economía en general, el conflicto actualizaba la necesidad de demarcar terrenos de actuación y compromisos políticos con el modelo de desarrollo. 
En abril de 2008, funcionarios de Gobierno habían reflotado la propuesta de establecer un acuerdo económico y social, con metas y objetivos para el desarrollo,  entre los sectores del capital y del trabajo que había sido anunciado en la campaña presidencial de Cristina Kirchner antes de asumir en el año  2007. La firma de este pacto, que adoptaría  el nombre de Pacto del Bicentenario,  requería para el Gobierno en los sucesos  conflictivos  de la presencia de la UIA para demostrar un acto de fortaleza política. Por el contrario, los sectores del agro movilizados esperaban que la UIA no comprometiera su adhesión a dicho pacto  en el marco de las disputas en curso.  Esta última expectativa fue cumplida ya que la entidad empresaria se manifestó en contra de firmar aquel acuerdo  sin la adhesión  conjunta de los actores rurales.
El 20 de mayo la UIA junto a otras entidades empresarias³³ publicaron una solicitada llamando a "la  reflexión y al desprendimiento patriótico a las organizaciones del campo y al Gobierno Nacional. El país ya no puede esperar. Es demasiado el daño que se le está ocasionando, en momentos que la coyuntura nacional e internacional ofrece una oportunidad única para acordar en común el diseño de políticas para todos los sectores del agro, la industria, el comercio y los servicios, que garanticen el crecimiento sostenido y sostenible de la Nación y de cada uno de sus habitantes". 
Algunos medios gráficos de difusión masiva dejaban entrever la publicación  de esta solicitada por  la presión del Gobierno hacia la entidad para apuntalar un acuerdo con las  organizaciones  agropecuarias y  resolver de esta forma el conflicto. Dirigentes de la entidad desconocieron  sin embargo esta presión  aludiendo autonomía en la gestación de este posicionamiento público. A principios de junio los dirigentes e integrantes de la entidad empresaria clamaban por una pronta resolución del conflicto que mostraba consecuencias perniciosas sobre la actividad económica, considerando que la UIA  había intentado activamente mediar en el conflicto.
"Ya se hizo todo lo que se pudo; un día intercedimos para que el campo levantara el paro (fue un martes) y al otro día Alberto Fernández salió con las medidas unilaterales. Hoy podríamos volver a publicar la solicitada en la que decíamos que el Acuerdo del Bicentenario no se firma sin el campo: está totalmente vigente" (Dirigente de la UIA, Ámbito Financiero, 4/06/2008).
Los   dirigentes de la UIA no adoptaron una posición uniforme respecto de la firma del Pacto del Bicentenario, considerando el impacto político que perseguía el Gobierno con aquella estrategia. En algunos casos, se observó  una clara posición solidaria de clase de los sectores industriales con respecto a los intereses agropecuarios. En el diario La Nación del 15/05/2008, se transcribe el siguiente testimonio, expresado por un dirigente de la UIA del interior del país: "No se puede firmar un pacto dejando afuera a la mitad del país. Por eso tenemos que ir a Casa Rosada con la postura de que o el Acuerdo del Bicentenario lo firma el campo también, o nosotros al menos no entramos (La Nación, 15/05/2008). En otros casos, se defendía la firma de aquel acuerdo aún sin la participación de  las entidades agrarias, como es el caso de Lascurain.
Los desacuerdos internos en la organización de empresarios industriales deben analizarse, conjuntamente, advirtiendo la inserción productiva diversa de estos actores. En este sentido, es posible notar  la presencia de socios en la entidad que pueden apuntar a un comportamiento colaborativo con otras fracciones y sectores empresarios en contraposición al Gobierno en lo que refiere al peso tributario de las actividades económicas pero además, las inversiones productivas resultan en algunos casos de una diversificación que implica inserciones tanto en actividades primarias como industriales.  De todos modos, se avivaron conjuntamente posiciones acusatorias hacia los sectores rurales declamando que el peso impositivo también afecta a este sector productivo industrial.
 De Mendiguren sostenía: "el campo no es el único que paga tributos, la industria tiene retenciones y sobre el valor agregado mucho mayor" (Página 12, 18/06/ 2008).³⁴
La Resolución 125 fue derogada por el Gobierno el 18 de julio, luego de haber sido rechazada en  el Senado por el voto "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos, quien desempató  la votación y asestó un duro golpe político al Gobierno.
Si bien el conflicto con los sectores rurales que había durado cuatro meses encontraba una resolución legislativa,  tanto la  economía local como la UIA resultarían afectadas por sus consecuencias en los meses posteriores en el marco de la crisis internacional que impactó  de diverso modo a las economías nacionales.  La entidad empresaria, apenas resuelto por  la vía legislativa el conflicto con el campo, aguardaba nuevamente la convocatoria de la Presidenta a la firma del Acuerdo Económico y Social del Bicentenario, que había sido imposibilitado por la resistencia de los empresarios   a participar sin los sectores de la burguesía agropecuaria.³⁵
El tipo de cambio, baluarte de los sectores empresarios de la industria,  había sufrido finalmente  durante el conflicto una rebaja propulsada  por el Gobierno (rebaja del dólar de 3,20 a 3,05 pesos), sobrevolando públicamente que aquella medida había tenido dos objetivos: "golpear a los exportadores agropecuarios y castigar  a los industriales por haberse bajado del Pacto del Bicentenario" (Página 12, 31/07/2008).

La crisis internacional y el impacto sobre la actividad industrial en el 2008: la defensa del tipo de cambio

Las disputas por el nivel del tipo de cambio han sido una de las dimensiones que la UIA adoptó  centralmente como una demanda hacia el Gobierno desde 2003 en adelante, considerando a aquél como un factor que favorece la competitividad de los productos industriales para su comercialización en el mercado interno y externo.³⁶ Incluso, la devaluación del peso argentino en relación con el dólar estadounidense  y su relación con las monedas de otros países del MERCOSUR (Brasil especialmente) revistió un carácter estratégico en la promoción del desarrollo de ciertas actividades y sectores económicos relegados en los años 90.³⁷
Durante el conflicto con grupos de productores rurales, el tipo de cambio sufrió un  retoque que resintió la relación de  los industriales  con el Gobierno,  y si bien retornó a su senda en torno a los 3,20 pesos por dólar en el  2008, la UIA continuó centrando parte de sus demandas hacia el Estado por un control (o liberación) favorable de aquel instrumento de política económica con el objeto de afrontar las repercusiones perniciosas de la crisis internacional de 2008 por un lado, y de las secuelas de la crisis del campo sobre el nivel de actividad de varios sectores de la industria, por el otro. Así, una de las herramientas públicas que impacta  fuertemente sobre la redistribución del excedente producido en  la actividad económica entre sectores productivos, fue reconfirmada nuevamente como un factor  dinámico  del desarrollo para estos actores empresarios.³⁸
"El modelo que nosotros apoyamos del Gobierno tiene tres patas: son los superávits gemelos (fiscal y de cuenta corriente) y el tipo de cambio competitivo" (Lascurain, La Nación, 31/07/2008).
Entre el Gobierno y los sectores empresarios se generó sin embargo un cruce de  posiciones respecto del valor que debería adoptar el tipo de cambio en la economía: para la presidencia, un tipo de cambio con dólar alto  que podría favorecer a los empresarios que producen para el mercado interno y al sector exportador, empujaría en forma ascendente el proceso inflacionario. Y este proceso permite  a la vez una redistribución del ingreso a favor de algunos sectores económicos repercutiendo  negativamente sobre el valor de los salarios.
En palabras de la Presidenta: "Un tipo de cambio demasiado alto es inconsistente con la lucha contra la inflación. Los empresarios y los trabajadores debemos sentarnos a abordar problemas como el tipo de cambio y la puja por el ingreso con seriedad" (Ámbito Financiero, 19/09/2008).
Conjuntamente, la devaluación del  real en Brasil en el marco de la crisis internacional ocurrida en aquel momento, incentivó aún más a la UIA a demandar medidas públicas para alentar la competitividad de la industria local y  el control del tipo de cambio. En  sintonía con ello, se observaba  en distintos medios de comunicación un ánimo devaluacionista del peso argentino que sobrevolaba los intereses de la agrupación empresaria.
Un directivo de la entidad habría manifestado en este sentido: "Hay que dejar flotar libremente el dólar. La inflación y los aumentos de sueldo ya no existen como temas: hoy ya estamos en recesión y tratando de no suspender o despedir a la gente. En este panorama, es indispensable, fundamental, impedir que el peso se revalúe frente a las monedas de nuestros socios comerciales, principalmente Brasil. Estamos al borde del precipicio y seguimos discutiendo qué hacer con el dólar, mientras Brasil devalúa cerca de 40% y Chile algo por el estilo... ¿Si pedimos devaluación? Lo que pretendemos es impedir que el peso se revalúe"  (Ámbito Financiero, 16/10/2008).
Si bien la UIA no planteaba abiertamente a la presidencia su  aspiración devaluacionista en parte por la relación que Lascurain sostenía con el Gobierno, dejaba trascender la presión de varios de sus dirigentes ante la preocupación por la desaceleración productiva de algunos sectores  industriales, y los efectos perniciosos que la devaluación de la moneda de otros países de la región ocasionaban a la competitividad del tejido productivo industrial. De esta manera  presionaban al poder público enfatizando  los efectos negativos sobre el empleo que la situación podría ocasionar. Con este objetivo, hacia finales de octubre, la UIA continuaba demandando  por un tipo de cambio que resultara favorable para sostener los niveles de competitividad logrados por la actividad industrial luego del año  2003 en adelante. Ello se convirtió, en suma, en un reclamo  primordial hacia el Gobierno.
"De no mediar un conjunto de acciones para amortiguar los impactos de la profundización de la crisis internacional, las consecuencias futuras serán graves no sólo para el nivel de actividad, sino fundamentalmente para las exportaciones y el nivel de empleo"  (Lascurain, La Nación, 24/10/2008).³⁹
Los efectos de la crisis internacional sobre la economía argentina en sus distintas facetas reactivaron en el  segundo semestre de 2008  disputas en torno a la distribución del excedente. Estas disputas dejaron traslucir una serie de posicionamientos de los distintos sectores de la burguesía en torno a la orientación de políticas ligadas a promover el desarrollo. En estas disputas se destacaban  demandas a favor de  la flotación del dólar para elevar el tipo de cambio (para algunos empresarios el Estado debía mantener de todos modos  el control sobre el tipo de cambio, para otros el Estado debía dejar que el mercado actuara sin mayores controles) pero también se registraban  posiciones contrarias de algunos sectores agropecuarios respecto de la flotación del dólar por sus efectos negativos en  el encarecimiento de insumos para estas actividades.  En estos casos presionaban al Estado para que disminuyera el nivel de las  retenciones a las exportaciones agropecuarias. En este marco, se registraban conjuntamente  posiciones resistentes de  los industriales a la reapertura de discusiones salariales y a  la aprobación de  la triple indemnización por despido solicitada por la CGT. La UIA reclamaba incluso al Gobierno evaluar la política impositiva promoviendo la disminución de la  presión tributaria sobre la industria  y demandaba  créditos para dinamizar inversiones.
Una de las propuestas consideradas por algunos sectores industriales hacia noviembre de aquel año fue incluso la de programar una baja en los salarios de las actividades afectadas, en teoría, por la crisis. Ello  generó, sin embargo, diferencias en el interior de la UIA. Por un lado, se encontraban  aquellos que consideraban que tal medida afectaría el consumo y el mercado interno y por tanto uno de los pilares del crecimiento del sector industrial durante el último quinquenio (Lascurain presentaba esta posición). Por el otro, se encontraban aquellos que proponían una baja de salarios como variable relevante para sostener el nivel de empleo (Héctor Méndez  propiciaba este señalamiento).
En la Conferencia de la Unión Industrial hacia fines de noviembre, sin embargo, la UIA se posicionó uniformemente detrás de una preocupación común propiciando  la  no rebaja de los salarios, pero sí  reincidió en su demanda  de modificar el tipo de cambio real sin alterar  el nominal.
"Puede haber momentáneas suspensiones o recortes de horas extras, pero no creemos en la baja de salarios porque hay que mantener el mercado interno. De la crisis se sale con producción y consumo" (Osvaldo Rial, vicepresidente de la UIA, La Nación, 24/11/2008).
En su discurso de cierre de la 14ta. Conferencia Industrial, Lascurain insistía en su demanda hacia el Gobierno de alentar el desarrollo  de la industria nacional procurando, junto a otras medidas que promuevan el trabajo, la inversión y la producción,  otorgarle relevancia al tipo de cambio: "(….) Procurar que se mantenga la capacidad competitiva de nuestra industria, cuestión en la cual también tiene especial importancia un tipo de cambio real que no descoloque a nuestros productos en momentos que asistimos a la fuerte depreciación de las monedas de nuestros socios comerciales" (25-11-08).
A pesar de los anuncios de la presidencia de un "Plan para el Mantenimiento de la Actividad Económica y el Empleo" hacia fines de noviembre⁴⁰, bien recibido por el arco empresario, aquel año culminó con reclamos consecuentes de la UIA para encausar el tipo de cambio como un elemento de política económica que había alentado la competitividad y el crecimiento económico de la Argentina –en particular de las actividades industriales– desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner.
Juan Carlos Sacco, secretario de la UIA, argumentó en esta dirección: "¿Por qué crecimos durante cinco años?, porque mientras revaluaba su moneda Brasil, el real, aquí estábamos cien por ciento arriba de la divisa. Un día vino el tsunami internacional (producto de la caída financiera del mercado de Estados Unidos y Europa), y automáticamente México, Brasil, Chile y Uruguay ese día devaluaron un 40 por ciento sus monedas, y nosotros nos quedamos" (La Nación, 8/12/2008).
Si bien al año siguiente la Argentina había sorteado  los embates  más agudos de la crisis internacional sin que resultara afectada sustantivamente la economía, el año 2008 con  sucesos extraordinarios en términos políticos, económicos y sociales  tanto internos como internacionales marcaron un punto de inflexión en el proceso de crecimiento  ligado a las actividades urbano industriales. En efecto, en los años siguientes y en el marco de la crisis financiera internacional que aún contiene  consecuencias  significativas sobre las economías de los países desarrollados, las actividades industriales retomarían aunque heterogéneamente la senda del crecimiento. Parte de la dirigencia de la UIA se mostraría en estos años incluso con una actitud más distanciada o de mayor empatía y cercanía con el Gobierno, conforme a los distintos presidentes y  directivos que asumieran  la conducción de la entidad. De todos modos, para el Gobierno, los empresarios industriales representados por esta asociación continuarían revistiendo una centralidad indiscutible en la matriz de alianzas políticas promovidas en el contexto  actual del desarrollo.

Reflexiones finales

La dinámica que adopta el desarrollo en las distintas etapas históricas refiere a un proceso en disputa entre actores, clases, fracciones de clase y los distintos gobiernos que organizan, regulan y gestionan los recursos del Estado. Como bien destaca parte de la bibliografía que analiza el problema del desarrollo en América latina en el siglo XX, el Estado no es un dato previo o posterior a los conflictos  que se despliegan entre clases y fracciones de clase sino, por el contrario, cumple un rol activo en la conformación o estímulo de aquéllas como colectivos actuantes y operantes en la arena política, y en lo que refiere a  las relaciones de cooperación,  discrepancias y antagonismos  en torno al desarrollo.
El modelo de desarrollo se fue  desplegando  en el último milenio en la Argentina a través de un conjunto de dimensiones políticas, económicas, sociales y simbólicas que se entrecruzan y articulan en el análisis, como hemos planteado en páginas precedentes.
 Por tanto, resulta relevante observar las características que adopta el  proceso de acumulación, en conjunción con la matriz político-ideológica nacional y popular, y su vinculación  con las maneras en que las relaciones entre sectores subalternos,  dominantes y el Estado se fueron configurando en el período. Las disputas por el excedente, las alianzas entre fracciones de clase, y con los gobiernos, los marcos interpretativos e ideológicos que demarcan  actores estratégicos y complementarios del desarrollo, su conceptualización  sobre la armonía, la cooperación, la solidaridad y  los conflictos que sustentan distintos proyectos de crecimiento económico, atraviesan y componen la problemática del desarrollo como cuestión política.
Los argumentos enunciados en el presente trabajo aspiran a contribuir al estudio de la configuración de un modelo de desarrollo ligado especialmente con las actividades urbano industriales. En lo particular, concentramos la presentación en el rol de la UIA como actor social y político que ha contenido en la historia argentina del último siglo y el presente un lugar de relevancia en la representación de posiciones no siempre homogéneas de las fracciones de la burguesía urbano industrial,   heterogéneas por otra parte en su conformación como clase.
El análisis de las  coyunturas elegidas y las posiciones que fue adoptando la UIA en  el espacio público permiten apreciar  disputas en torno a ciertas dimensiones que conforman la cuestión del desarrollo, como resultan las disputas por  el excedente y la renta, por  la distribución del ingreso,  así como también  las alianzas políticas y de clase que se fueron  reactualizando en la Argentina desde 2003 en adelante en el contexto de un crecimiento significativo de la economía argentina, y del nuevo protagonismo que adquirieron los sectores industriales en este escenario.
Las  confrontaciones en torno al tipo de cambio que se vigorizaron  en el último semestre de 2008 y en el marco  de la crisis internacional, nos permiten observar en este sentido los conflictos inter e intraclase, y con el Gobierno,  en torno a la producción y distribución del excedente  en una economía conformada por sectores productivos diversos,  con mayor o menor dependencia de la importación de bienes para estimular el tejido productivo, y con relaciones diferentes con respecto a los mercados internacionales. Asimismo, las posiciones frente al  empleo, los salarios, la política tributaria del Gobierno, fueron referenciadas como dimensiones claves  en estas disputas, y en relación con las modalidades que adoptaron  las alianzas del Gobierno con los agrupamientos representativos de los distintos  sectores sociales.  
Los posicionamientos de la UIA en relación con la crisis del campo de la primera mitad de 2008 nos conducen a observar conjuntamente los alineamientos de este actor con el Gobierno pero sobre todo con sectores de la burguesía agropecuaria. En este sentido, la agudización retórica del primero  respecto de un antagonismo irresuelto entre sectores del campo y la ciudad por una porción sustantiva del excedente económico generado por las ventajas comerciales y productivas de los bienes provenientes de la actividades agropecuaria, no fue incorporada  por los empresarios industriales (muchos de los cuales tienen relación directa con las ganancias obtenidas de aquellas actividades ligadas al campo) como un conflicto propio que los promoviera a alinearse unilateralmente  con  el Gobierno. De este modo, con un discurso que acentuaba  por parte  de la UIA la conciliación y  pronta resolución política del conflicto, se propiciaba  una interpretación del desarrollo en el cual todos los sectores y la sociedad resultaban  ganadores con el modelo de crecimiento vigente en la Argentina. Interpretación que soslaya como operación ideológica relaciones de dominación, desigualdad, subalternidad y contradicción presentes  en los distintos modos en que el proceso de acumulación capitalista se ha ido desplegando en la Argentina en el milenio actual.

Referencias

¹ Los avances de investigación presentados en  este artículo  se inscriben en el proyecto  PICT "Actores, disputas y modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea".  Agradezco la asistencia de  Julián Cavallero en la recopilación de fuentes periodísticas que han sido utilizadas para la escritura del artículo, a Cecilia Anigstein y los evaluadores anónimos por sus comentarios a una versión preliminar de este escrito.

² Se destaca  en el último lustro  el aumento del rol  regulatorio,  gestor,  mediador y de redistribución del  Estado en relación con ciertos ámbitos de la economía y de la política social; un crecimiento elevado  del producto bruto interno ( principalmente desde 2003 a 2009),  un importante mejoramiento de algunas variables laborales como el empleo y descenso del desempleo, creación de empleo formal, quiebre y reversión del  proceso de desindustrialización que se había acentuado en los años 90;  la pérdida de predominio del capital financiero en comparación con la relevancia económica que comenzaron a adquirir otros sectores productivos. En concomitancia con los procesos destacados, se aprecia  la persistencia de la precariedad y la informalidad laboral, el empleo tercerizado, la importancia de la comercialización de  productos primarios en el sector exportador argentino y la dificultad del sector productivo industrial para disputar dicho  predominio en el saldo de la balanza comercial, la pervivencia de la   transnacionalización y concentración del capital, entre otros factores reseñables (ver Basualdo, 2011; Santarcángelo y Perrone, 2012; Azpiazu y Schorr, 2010; Ortiz y Schorr, 2007; Centro de Estudios para el Desarrollo, 2010; Gonzáles, 2011; López, 2012; Féliz, 2012).

³ La restitución de derechos laborales y sociales, la revalorización  y reemergencia  de la negociación colectiva, el Consejo del Salario, la revisión de la  legislación laboral, el estímulo al mercado interno y el consumo, la  integración socio laboral  de los sectores populares y medios vía proceso de asalarización, son algunos de los indicadores claves que  configuran estas políticas. 

⁴ En términos objetivos,  la actividad industrial no solamente ha traccionado  e impulsado el mercado interno y el crecimiento económico, sino conjuntamente  cumple un rol activo en la generación de empleo como vector principal de integración social en el proceso de acumulación capitalista actual.

⁵ Durante los años 90 se observó un marcado predominio  relativo del sector servicios  respecto de la producción de bienes, vinculado  fundamentalmente a la privatización de empresas públicas.  A partir del año 2003 sin embargo comenzó  a registrarse un aumento de la producción de bienes principalmente de origen industrial que superó  en importancia al de los servicios. Ello se registró hasta el año 2008, cuando este último sector incrementó su importancia relativa en el PBI (Basualdo, 2011).

⁶ Para el análisis de los posicionamientos de la UIA y la CGT en  otra coyuntura del último lustro ver: Wyczykier y Anigstein (2013).

⁷ Para este artículo se han observado principalmente los diarios La Nación, Página 12, Clarín y Ámbito Financiero.

⁸ Esta estrategia metodológica  ha tenido como principal objetivo observar posicionamientos que se fueron configurando  con el transcurrir  de los acontecimientos conflictivos sucedidos   en las coyunturas elegidas, y distan en muchos casos de  la mediación reflexiva que los actores pueden realizar para transmitir posiciones políticas  en situaciones de mayor predictibilidad.

⁹ Entre los socios y adherentes de la UIA se distinguen tanto empresas como agrupamientos y cámaras empresarias ligadas a la actividad industrial.

¹⁰ En el año 1958 se reconstituyó la CGE. Desde entonces la entidad fue creciendo en competencia con la UIA y otras entidades empresarias tradicionales. Las distintas concepciones en lo que refiere a las políticas económicas estuvieron acompañadas por una puja constante entre ambos agrupamientos por obtener mayor representatividad y ampliar su espacio político-gremial (Schvarzer, 1991).

¹¹ Acuña (1995)  observa  como un rasgo propio  de la concepción histórica del peronismo  en cuanto a la construcción y administración de poder,  la incorporación en el Ministerio de Economía de empresarios ligados a la CGE o a la Confederación General de la Industria de la República Argentina (CGI), que se caracterizaron  por un enfrentamiento político con las empresas y grupos económicos que detentaban mayor poder, así como con sus organizaciones representativas, como la UIA y la Sociedad Rural Argentina. Con ello, el peronismo habría buscado sostener un equilibrio en el cual la representación empresarial no fuera expresada en forma dominante  por los intereses de los sectores más poderosos. El menemismo, al instalar en los inicios de su primera gestión a un representante del grupo económico Bunge y Born al frente del Ministerio de Economía (año 1989) generó  un cambio de rumbo en este equilibrio entre los empresarios y el Estado.

¹² El Movimiento Industrial Argentino (MIA) fundado en 1975 es favorable a la apertura económica y contiene un significativo peso del sector agroindustrial, está orientado hacia las exportaciones y contiene un carácter liberal. El Movimiento Industrial Nacional (MIN)  se originó en 1982 como  resultado de una unión entre el Movimiento Empresario del Interior y el Movimiento de Unidad Industrial, y se caracteriza, en términos generales, por una orientación mercado internista (Dossi, 2009).

¹³ Sebastiani, presidente de la UIA, había realizado críticas a la Convertibilidad en el año 1998, considerando que la sobrevaluación de la moneda argentina era una traba para las exportaciones fabriles. Para mejorar la competitividad proponía medidas tendientes a reducir los costos laborales y una reforma tributaria que beneficiara al sector industrial. No se explicitaba aún la demanda por la salida del régimen convertible, sino que se buscaban compensaciones al retraso cambiario aplicando diferentes medidas (Gaggero y Wainer, 2004).

¹⁴ Los empresarios incorporaron a las organizaciones sindicales en su proyecto, especialmente a la CGT. A comienzos de 2000, Rodolfo Daer, secretario general de la central sindical, expresó la necesidad de construir una alianza policlasista para impulsar una alternativa a la crisis, organizando un acuerdo nacional que aumentara la competitividad aún bajo el régimen convertible, pero afectando a los sectores beneficiados en la década, como las finanzas, las empresas privatizadas, entre otros (Castellani y Szkolnik, 2011).

¹⁵ En el mes de mayo  2002 se creó  la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) que reúne a los empresarios más importantes de la Argentina en términos de facturación. La nómina de empresas participantes está formada por sectores de la industria, los agronegocios, el sector  comercio y los servicios.

¹⁶ Estas listas quedaron rebautizadas como "Industriales" (MIN), y la lista "Celeste y Blanca" (MIA) (Schteingart, 2011).

¹⁷ Los principales cargos de la entidad fueron ocupados por Massuh en la vicepresidencia; Ratazzi (Fiat Argentina); Héctor Méndez (plásticos); D´Alessandro (Arcor); Nicholson (Ledesma); Vignart (petroquímica); Funes Rioja; Forn (Molinos), entre otros (Página 12, 23/04/2003).

¹⁸ Entre 2003 y 2004 las pujas políticas internas entre referentes del MIN y el MIA  alentaron la posibilidad de formar una nueva entidad llamada Confederación Nacional de la Industria promovida por la entonces lista opositora  (Página 12, 25/11/2003; 17/04/2004).

¹⁹ Dentro de esta lista estaban incluidas grandes empresas como Techint y Arcor.

²⁰ Empresario de una PyME que representa a la asociación Adimra que agrupa a la cadena de producción metalúrgica.

²¹ La vicepresidencia de la UIA quedó a cargo de Betnaza, muy vinculado al grupo Techint.

²² Coordinadora de las Industrias de Productores Alimenticios (COPAL),  asociación de importancia en la UIA.

²³ Entre los dirigentes designados se distinguen miembros de las empresas Ledesma, Arcor, Techint, Aceitera Deheza y del sector plástico.

²⁴ El modelo nacional-popular se asentó  en  tres dimensiones  fundamentales, considerando las experiencias de los regímenes políticos de los años 40, 50 y 60: el estilo carismático del líder, un tipo de intervención  económica destinada a dinamizar el mercado interno, una relación entre Estado y sindicatos que tiende a promover la participación organizada de los sectores subalternos (Martuccelli y Svampa, 1999).

²⁵ Proceso de fuga de divisas que se contuvo  a partir de 2011 por la instrumentación pública de herramientas de control que buscan evitar el drenaje financiero.

²⁶ Esta fracción de la burguesía, destaca O´Donnell (2008a), refiere al empresariado urbano ligado a actividades industriales, quedando por fuera la burguesía agraria, financiera y comercial. Para el autor, esta fracción de la burguesía es aquella que detenta la propiedad y gobierna la organización de la producción de empresas capitalistas industriales cuyo capital pertenece íntegra y mayoritariamente a sujetos nacionales, y cuyos centros de decisión se encuentran domiciliados en el ámbito nacional. Es importante señalar que los procesos de extranjerización y trasnacionalización de la economía ocurridos mundialmente en las últimas décadas, nos alertan sobre la dificultad de pensar en la burguesía representada en la UIA conforme a los parámetros  destacados por O´Donnell, particularmente en el sector de las grandes empresas cuyos capitales son trasnacionales en una importante proporción.

²⁷ Los estudios sobre la burguesía y el empresariado en la Argentina han retomado para su elucidación la distinción que ofrece O´Donnell (2008a)  para analizar una clase o fracción de clase, presuponiendo tres planos analíticos centrales: el plano estructural, el plano corporativo y el plano político-ideológico.

²⁸ Resolución 125/08 Mep, publicado en el BO 31.364 del  12/03/08.

²⁹ Una  breve cronología del conflicto entre sectores agropecuarios y el Gobierno nacional  nos permite recuperar los siguientes eventos: 11 de marzo el Gobierno anuncia el nuevo esquema de retenciones móviles; el 12 de marzo la Mesa de Enlace lanza el primer paro agropecuario contra el Gobierno; el 5 de marzo la Presidenta condena la protesta, habla de "piquetes de la abundancia" y asegura que no se va a dejar "extorsionar". En Buenos Aires y las principales ciudades del país estallan "cacerolazos" en reacción al discurso. Sectores afines al oficialismo acuden a la Plaza de Mayo para salir al cruce de los manifestantes críticos; el  28 de marzo los productores suspenden los bloqueos y se habilita una mesa de negociación con el Gobierno, que finalmente fracasa por la falta de acuerdos. Los productores retoman los piquetes; el  31 de marzo, el Gobierno anuncia compensaciones para pequeños productores agropecuarios, quienes en la práctica quedan exentos del alza de los impuestos; las organizaciones agropecuarias ratifican la continuación de la huelga hasta el 2 de abril, día en el cual la Mesa de Enlace anuncia la suspensión por 30 días de la huelga y de los bloqueos de carreteras para habilitar la negociación; el 18 de abril el Gobierno formaliza la puesta en marcha del esquema de reintegros y subsidios para pequeños y medianos agricultores; el 25 de abril Martín Lousteau renuncia al Ministerio de Economía y es reemplazado por Carlos Fernández; el 7 de mayo las entidades agropecuarias suspenden la comercialización de granos para la exportación hasta el 15 de mayo y se manifiestan al costado de las rutas, aunque garantizan el abastecimiento de alimentos; el  17 de mayo empresarios, banqueros y legisladores piden que el Gobierno y el sector rural reanuden el diálogo ante señales de hastío social por la dilación del conflicto; el 19 de mayo   se levanta el paro y vuelve el diálogo en el Ministerio de Economía, pero no se llega a un acuerdo; el 29 de mayo el  Gobierno  anuncia una corrección del esquema de retenciones, pero los cambios no satisfacen al sector rural; el 9 de junio Cristina Kirchner anuncia un programa para que lo recaudado en concepto de retenciones financie la construcción de hospitales y caminos en todo el país; el 17 de junio la Presidenta anuncia por cadena nacional que enviará el proyecto sobre retenciones al Congreso; el 5 de julio el oficialismo logra aprobar el proyecto de ley de retenciones en la Cámara de Diputados por una diferencia mínima y lo gira al Senado para su ratificación; el 15 de julio, importante movilización en Buenos Aires en respaldo de los reclamos agropecuarios y  en respaldo al Gobierno; el 17 de julio el vicepresidente Julio Cobos debe desempatar la votación en el Senado y se inclina por el rechazo al proyecto oficial; el 18 de julio el Gobierno nacional deroga la Resolución 125 tras el revés en el Senado (http://www.infobae.com/2012/07/17/659506-cronologia-del-conflicto-agropecuario-la-resolucion-125).

³⁰ Organización que agrupó a la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

³¹ Schteingart (2011) destaca  entre las  propuestas de la UIA para estimular el desarrollo la importancia de la conformación de cadenas de valor por su implicancia en la generación de puestos de trabajo y el aumento de la masa salarial. En esta orientación, el desarrollo no está ligado a la exportación de commodities  sino a la industrialización de los productos primarios.

³² Como analiza  Aronskind (2010), en el conflicto con los sectores agropecuarios se tradujo una cuestión cultural sustantiva: la de un país que nunca terminó de afirmar su vocación industrial, sobreviviendo en amplios segmentos de la población la imagen de un país agropecuario que le asigna un valor desproporcionado al aporte de aquellas actividades en la creación de riqueza nacional. Efectivamente, el  peso de la agricultura en el valor agregado para 2007 fue del 9,4%. Es importante destacar en conjunción con este argumento, el aporte de las exportaciones de productos agropecuarios en el último lustro  para la obtención de divisas internacionales, fundamentales para afrontar gastos relacionados con el pago de la deuda externa y la importación de bienes  destinados a la producción industrial, al consumo y la energía.

³³ Junto a la UIA firmaron  la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, ADEBA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción.

³⁴ Algunos dirigentes de la UIA ya se manifestaban  informalmente a favor de  "retrotraer la situación de las retenciones al 10 de marzo, lo que se traduciría en un «shock» inmediato de confianza tanto entre los empresarios como entre los consumidores" (Página 12,18/06/2008). 

³⁵ La AEA no adoptó durante el conflicto por la Resolución 125 un rol de confrontación o cooperación abierto con el Gobierno u otros actores sociales de modo activo y dinámico, por lo pronto en lo que refiere a sus declaraciones públicas. La AEA no  es una agrupación a la que el Gobierno interpelase  de todos modos  en busca de apoyos  políticos (recordemos que sus asociados, de grandes capitales, pertenecen tanto al sector de actividades urbano industriales como agropecuarias y de servicios). La posición de esta entidad tendió a manifestarse a favor de los acuerdos y los consensos democráticos que pudieran resolver el conflicto y frenaran la desaceleración sufrida por la economía  durante los meses del litigio, considerando la importancia de todas las actividades económicas para el país.

³⁶ Schteingart (2011)  señala que en el interior de la UIA se advierte cierto consenso  en torno a la promoción de un tipo de cambio competitivo como uno de los elementos de estímulo al desarrollo, en contraposición a las medidas de protección aduanera que suelen ser más resistidas en el interior  de esta organización.

³⁷ La falta de créditos, la elevación de los costos, la importación de productos provenientes de China por el tipo de cambio, fueron también algunas demandas esgrimidas por los empresarios en aquel período.

³⁸ Un informe de la UIA describió que hasta agosto de 2008 el sector manufacturero había acumulado un crecimiento de 6,5% durante aquel año. Sin embargo, el peso de los autos y los metales básicos fue determinante en ese crecimiento, representando el  67%.  Si se excluyen ambos sectores, la mejora para la industria fue del  1,9% (Página 12, 2/09/2008).

³⁹ Algunas empresas del sector automotriz comenzaron a suspender y despedir trabajadores en aquél período. A principios de noviembre el dólar alcanzó los $3,40.

⁴⁰ El Ejecutivo envió  para su tratamiento en el parlamento un plan que incluía  medidas para estimular a la  industria automotriz, un  plan anticrisis de moratorias y obras públicas.

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Recibido: 26/11/2013.
Aceptado: 23/02/2015.