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Temas y Debates

versión On-line ISSN 1853-984X

Temas debates (En línea)  no.31 Rosario jun. 2016

 

ARTÍCULOS

Creencias y negocios en tiempos de crisis. El Estado y la deuda externa según el empresariado católico argentino (1999-2003)

Beliefs and Businesses in Times of Crisis. The State and the External Debt According to the Catholic Businessmen of Argentina (1999-2003)

 

Ana Castellani y Gustavo Motta

Ana Castellani es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. E-mail: nagcastellani@gmail.com

Gustavo Motta es Becario Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. E-mail: gustavojmotta@gmail.com


resumen

La crisis y salida de la convertibilidad se caracterizó por la disputa entre diversas elites en torno al rumbo de la política económica, en la que también intervino la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). En ese sentido, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) se encontró en una posición dilemática. El presente artículo analizará los posicionamientos políticos de ACDE durante el período 1999-2003, poniendo énfasis en su correlación con los de la CEA. A partir de las nociones de elite y subuniverso de sentido se indagarán las representaciones y estrategias desplegadas por esta corporación empresaria mediante el análisis de fuentes documentales, tomando como ejes el rol del Estado en la economía y el endeudamiento externo. Se demostrará que el debate más álgido lo constituyó la propuesta papal de condonación de la deuda externa y que las posiciones empresarias más radicales fueron sostenidas por su Grupo de Economistas. Este último impulsó la dolarización, la reducción salarial, la supresión de impuestos y la creación de la Reserva Federal Argentina, algo inédito en la historia política argentina. El trabajo aportará nuevas claves interpretativas para la comprensión de la compleja zona de frontera entre el mundo económico y las creencias religiosas.

palabras clave: Crisis; Régimen de convertibilidad; Empresariado católico; Deuda externa; Estado.

summary

The crisis and exit of the convertibility regime was marked by a dispute between various elites based on the direction of economic policy, in which also participated the Argentine Episcopal Conference (CEA). In that sense, the Christian Association of Business Leaders (ACDE) was into a dilemmatic position. This article will examine the political positions of ACDE during the period 1999-2003, emphasizing its correlation with those of the CEA. From the notions of elite and subuniverse of meaning we analyze the representations and strategies deployed by this business corporation through the analysis of documentary sources, taking as axes the State's role in the economy and the external debt. It will be shown that the most heated debate was the proposed papal cancellation of the external debt and that the most radical entrepreneurs positions were held by the Group of Economists. This latter one encouraged the dollarization, wages reduction, abolition of taxes and the creation of the Federal Reserve of Argentina, something unprecedented in the political history of the country. The work will provide new interpretive keys to understanding the complex borderland between the business world and religious beliefs.

keywords: Crisis; Convertibility regime; Catholic enterpreunership; External debt; State.


1. Introducción

El régimen de convertibilidad significó una caja de conversión sancionada por ley, que establecía una paridad cambiaria 1 a 1 entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Esta medida terminó cristalizando en la Argentina los profundos cambios iniciados con la política económica de la última dictadura cívico-militar, como la entronización de la valorización financiera en la lógica de acumulación y reproducción del capital en las grandes empresas (Basualdo, 2006; Nochteff, 1994; Schvarzer, 1998). El contraste más dramático de esta política económica tuvo lugar en los procesos de pauperización, precarización laboral, desempleo y pobreza estructural que terminaron eclosionando a fines de 2001, con una crisis inédita en la historia del país.
La agonía de este modelo no estuvo exenta de tensiones en el seno de los sectores dominantes, pues terminó desatando una disputa en torno a los posibles cauces de salida político-económica ante la percepción de su agotamiento. Sectores del empresariado más concentrado, nucleados en diferentes corporaciones, desplegaron en la arena política una serie de argumentaciones para incidir en la construcción de un consenso respecto de la interpretación de la crisis. Las visiones y, por consiguiente, las soluciones propuestas, no fueron coincidentes en el arco empresarial. Fundamentalmente los posicionamientos a favor y en contra del modelo convertible respondieron en gran medida al tipo de inserción estructural en el sistema económico.
En términos generales, el sector bancario y financiero transnacional así como las empresas privatizadas de servicios públicos, se mostraron a favor del régimen vigente y de su perfeccionamiento. Incluso la dolarización de la economía, con la consecuente pérdida de soberanía en materia de política monetaria, fue una de las opciones que llegaron a barajarse ante la crisis. Por otro lado, el autodenominado "Grupo Productivo", integrado por la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, se posicionaron críticamente en torno a la convertibilidad. Aun con las oscilaciones propias de la dinámica política, los representantes de estas últimas elites corporativas demostraban su preocupación ante el impacto negativo en el empleo, la producción industrial y el creciente endeudamiento externo, condición de posibilidad de la convertibilidad (Basualdo, 2002; Castellani y Schorr, 2004; Ortiz y Schorr, 2007; Castellani y Szkolnik, 2011).
En concordancia con las críticas provenientes de algunos sectores del campo económico, otros actores políticos mostraron su rechazo. Fue el caso de la jerarquía eclesiástica, representada por los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quienes produjeron un extenso corpus documental en el que dejaron expresada su posición respecto de los campos político y económico, sus agentes y prácticas. Tanto en los documentos de la Asamblea Plenaria de obispos, de las comisiones más importantes de su estructura y, por si fuera poco, en diversas homilías pronunciadas durante celebraciones litúrgicas de gran carga de significación política, como es el caso de las misas de Te Deum, las palabras de los sectores episcopales hacían referencia a la pérdida de "fuentes de trabajo", a la necesidad de "reactivar la producción", a la mayor "equidad en la distribución de las riquezas" y a la "deuda social" (Motta, 2012).
En este escenario, el problema que plantearemos en el presente artículo tiene que ver con una elitecorporativa bastante particular: la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), un conglomerado de empresarios cuyo objetivo es llevar a la práctica, en su campo específico de acción, los postulados de la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Por qué hablamos de elite? En primer lugar, porque varios de los integrantes que detentaron posiciones relevantes en la institución durante el período de análisis han ocupado posiciones de dirección en empresas/grupos de la cúpula empresarial, así como puestos clave en el Estado. En segundo lugar, y en virtud de la fuerte importancia que la elite económica argentina le ha brindado a la construcción de redes de vínculos cruzados durante los años noventa (Castellani, 2015), ACDE constituye una asociación empresaria en cuyo entramado relacional existe una circulación permanente de actores nacionales y extranjeros, de los campos episcopal, empresarial, político, académico, etc., muchos de ellos representantes genuinos del establishment económico y financiero mundial (Motta, 2014b).
De esta forma, el empresariado católico nacional se encuentra en una sugestiva posición, dado que tanto los repertorios en juego -atravesados por la Doctrina Social y la "traductibilidad terrenal" de las normas morales católicas, "autoasignadamente" monopolizadas por la CEA- como los intereses económicos concretos -estrechamente vinculados a las definiciones de política económica-, conforman un objeto de estudio que involucra diversas temporalidades, en cuyo seno debe negociarse un determinado posicionamiento político-económico. En otros términos, la posición dilemática de los empresarios católicos permite estudiar los mecanismos mediante los cuales intentan articular esas escasas posiciones en torno a múltiples intereses y valores. Y es probable, incluso, que en ciertas ocasiones sus argumentaciones amenacen con socavar el fundamento de legitimidad de alguno de los colectivos implicados.
Planteada esta disyuntiva, ¿cuáles fueron los posicionamientos políticos de ACDE respecto de los ejes clave de la agenda económica durante la crisis y salida del régimen de convertibilidad? ¿Existió algún tipo de correlación entre su adscripción a los valores confesionales del catolicismo, las intervenciones de la jerarquía católica y sus propias discursividades políticas? Si se apreciara una palpable distancia simbólica en términos discursivos, ¿cuáles fueron los elementos periféricos de sus representaciones respecto del mundo económico que se pusieron en juego para "negociar" un tránsito menos vertiginoso entre ambos órdenes? El objetivo del presente artículo es responder estos interrogantes tomando como período de análisis los años 1999 a 2003, seleccionando tres coyunturas críticas: a. la devaluación del real, la recesión económica y la asunción del gobierno de la Alianza en 1999; b. la crisis de diciembre de 2001, la devaluación del peso y la pesificación asimétrica a comienzos de 2002; y c. la asunción presidencial de Néstor Kirchner en mayo de 2003.

2. Marco analítico, estrategia metodológica y fuentes relevadas

El condensado teórico-conceptual y la estrategia de abordaje metodológico se articulará a partir de dos núcleos definidos: los clásicos aportes y las miradas contemporáneas de la sociología de las elites (Mosca, 1923 [1896]; Pareto, 1978 [1923]; Mills, 1987 [1956]; Endruweit, 1979; Hoffmann-Lange, 2003 y Kaina, 2008)1, en particular aquellas producciones que abordan a las elites económicas en la Argentina (Beltrán, 2014; Beltrán y Castellani, 2013; Castellani, 2015; Heredia, 2005; Nochteff, 1994), por un lado, y la noción de "subuniverso de sentido" (Berger y Luckmann, 1979) por el otro. Sobre esta última, nuestra mirada analítica se posará precisamente en la "zona de frontera" entre el subuniverso económico empresarial y el católico, pues para los empresarios católicos la palabra episcopal y el posicionamiento político-religioso de la CEA respecto de la vida social adquiere una connotación ética distinta a la que podría irradiar hacia otros colectivos. En ese sentido y con relación a la operacionalización para el abordaje empírico, desmontaremos las herramientas conceptuales hegemónicas en los discursos de ACDE desde la Teoría de las Representaciones Sociales (Moscovici, (1979 [1961]).
A su vez, se tomarán los elementos principales de la Teoría del Núcleo Central (Abric, 1984 [1976]; Flament, 1994), la cual sostiene que en una representación social coexisten elementos disímiles: un núcleo central y una serie de elementos periféricos. El primero está compuesto por uno o por unos pocos elementos cognitivos que son responsables de la estabilidad y rigidez de la representación, muy ligados a la memoria e historia del grupo. Es un elemento innegociable para el grupo portador, que en este caso es la creencia en Dios y en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo dogma no podrá ser cuestionado en ningún escenario y ante ninguna circunstancia, sea cual fuere la gravedad del contexto. El segundo -probablemente el más interesante- es un sistema caracterizado por la movilidad, la flexibilidad y las diferencias, en donde inciden los contrastes intersubjetivos, las trayectorias y experiencias individuales, las contradicciones y las heterogeneidades. Así, propondremos trazar afinidades nucleares entre ambos subuniversos de sentido, con el objetivo de distinguir la capacidad de ciertos elementos para trascender esas fronteras.
Para interpelar estos posicionamientos políticos -religiosos y económicos- y las representaciones que los sustentan nos introduciremos en un campo fundamental: el análisis discursivo. Por cierto, el herramental analítico que proveen sus diferentes corrientes constituye un acervo tan vasto como inabarcable en su real dimensión, lo cual torna necesaria una delimitación y utilización de un conjunto acotado de marcos conceptuales y categoriales.
Tomaremos, en ese sentido, los conceptos de "sintagma cristalizado" en su función de "preconstruido" (Pêcheux, 1975), pues nos permite ubicar genéticamente ciertas oraciones fijas en una "tradición discursiva" (Bonnin, 2010). Las categorías de "antidestinatario" y "paradestinatario" las utilizaremos tal como fueron formuladas por Eliseo Verón (1988), en términos del análisis tipológico de los discursos políticos.
Cuando apelemos a la noción de "ideologema"lo haremos siguiendo la perspectiva de Marc Angenot, es decir, definiéndolo como "toda máxima, subyacente a un enunciado, cuyo sujeto lógico circunscribe un campo de pertinencia particular" (1982: 179). Respecto del estudio de las "reformulaciones parafrásticas", nos valdremos de los trabajos de Catherine Fuchs (1994) y Elvira Arnoux (2004).2
Por último, en ciertos pasajes del trabajo se hará referencia al ethos discursivo. Este concepto lo utilizaremos desde el análisis del discurso, diferenciándolo de la visión aristotélica. El primer enfoque lo entiende como una práctica según la cual el enunciador debe legitimar su decir "en su discurso (…) [dado que]  no se manifiesta solamente como un rol y un estatuto, sino que también se deja aprehender como una voz y un cuerpo" (Charaudeau y Maingueneau, 2005: 246-47). Esta perspectiva está más relacionada con la denominada "escena de enunciación", es decir, la representación del locutor que existe con anterioridad a la toma de su palabra, también llamada "ethos previo" o "prediscursivo" (Ibid: 247). En la segunda corriente, en el ethos se aprecian las virtudes morales que hacen creíble al orador y la dimensión social que implica el convencimiento a través de su discurso, ambas como producto de su discursividad.3
Las fuentes del empresariado católico de ACDE utilizadas fueron: a. memorias anuales; b. folletos informativos y gacetillas de prensa; c. comunicados institucionales; d. adhesiones institucionales a documentos de carácter más amplio, como solicitadas conjuntas; e. documentos producidos en el marco de un Grupo de Trabajo de la entidad; f. declaraciones o comunicados de actores centrales; g. editoriales de su órgano de difusión, la Revista Empresa; y h. discursos pronunciados en el marco de las diferentes actividades organizadas por la institución, como "Foros Almuerzo", "Desayunos de Actualización", "Desayunos de Formación", entre otros.
Las fuentes del campo eclesiástico comprendieron: a. declaraciones, comunicados, exhortaciones, publicaciones doctrinales colectivas y cartas pastorales emanadas de la Asamblea Plenaria de Obispos; b. declaraciones, comunicados y exhortaciones provenientes de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión Permanente y de las restantes comisiones episcopales; c. Alocuciones, comunicaciones y exhortaciones del obispo presidente; y d. Homilías del obispo presidente para aquellos casos en que las celebraciones litúrgicas contengan una gran carga de significación política. Por otra parte, relevamos exhaustivamente todas las notas de opinión, artículos y editoriales de los diarios La Nación, Clarín y Página/12, para todo el período estudiado.
El punto 3 estará dedicado a explorar, identificar y caracterizar al empresariado católico nacional institucionalizado en ACDE. Haremos una breve referencia a su historia, estructura organizacional e inserción en el campo de las asociaciones patronales cristianas en el mundo. Asimismo, describiremos las características más salientes de la CEA, depositaria institucional de los valores católicos a los que ACDE suscribe en su misión de adoptarlos al campo empresario. 
Seguidamente, en el punto 4 examinaremos las estrategias discursivas desplegadas por ACDE en clave relacional, incorporando como clivaje los posicionamientos políticos de la jerarquía episcopal. Para esto, tomaremos tres ejes clave de la agenda política y económica: i) la desregulación de los mercados y el acotamiento del rol del Estado en el período neoliberal; ii) el endeudamiento externo, dado que su naturaleza y dinámica permite entender los rasgos medulares del modelo convertible; y iii) la redefinición de las coordenadas estatales respecto de la intervención pública en el mercado a partir de la postconvertibilidad. Cada uno de estos núcleos analíticos será tratado en apartados diferentes.
En las conclusiones, brindaremos una visión de conjunto acerca de la contraposición del discurso empresarial católico en torno a los tres ejes propuestos, subrayando los puntos de contacto y las disidencias en el marco de sus respectivos subuniversos de sentido.

3. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y Conferencia Episcopal Argentina (CEA): sus principales características

Este apartado tiene como finalidad presentar sucintamente las características más salientes de los dos objetos que nos ocupan: el empresariado católico nacional, institucionalizado en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina. No obstante, dado que nuestro foco de atención se posa en el primero y que a la CEA la tomaremos para el análisis contrastivo, para esta última sólo mencionaremos aquellas especificidades que no debieran descuidarse en todo análisis que la involucre.

3.1. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE)

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) fue fundada en 1952 por empresarios pertenecientes a la Acción Católica Argentina4, siendo su primer presidente el laico, marino y empresario nacional Enrique Ernesto Shaw (1921-1962). Conforma, además, un nodo más -aunque de gran importancia en términos cuantitativos- de la extensa y diversificada red mundial Union Internationale des Associations Patronales Chrétiennes (UNIAPAC), federación internacional nacida en 1931 bajo el nombre Conférences Internationales des Associations de Patrons Catholiques, en ocasión de cumplirse el 40° aniversario de la encíclica fundante de la Doctrina Social de la Iglesia, Rerum Novarum, del Papa León XIII. UNIAPAC, fundada por las asociaciones holandesa, belga y francesa -con Italia, Alemania y Checoslovaquia como observadores- hoy está compuesta por más de 30 asociaciones de dirigentes de empresas cristianos, representando a más de 15.000 miembros individuales a nivel internacional, de los cuales su mayoría provienen de países europeos y latinoamericanos.5
Fueron 67 los socios fundadores de ACDE, siempre encabezados por Enrique Shaw, entre los cuales se cuentan apellidos muy vigentes en el campo empresarial argentino actual. En el documento liminar figuran, entre otros, Max y Rafael Bunge; Manuel Escasany; Carlos y Jorge Pérez Companc; Julio Alois y Jorge M. Steverlynck.
Actualmente, ACDE es jurídicamente una "Asociación Civil sin fines de lucro". Su órgano superior de gobierno es el Consejo Directivo.6 Uno de los mandatos más importantes que tiene el Consejo es elegir a los integrantes de la Mesa Ejecutiva.7 Durante nuestro recorte, ACDE estuvo presidida por Jorge Matheu (director de Alto Palermo S.A.), entre 1997 y 2000; José María Simone (CEO de Banco Velox, director del Grupo Velox), entre 2000 y 2003; y Alejandro Preusche (Presidente de Adeco Agropecuaria, director en McKinsey & Co., ASSA, AGD, Newsan, Roman y Loma Negra), entre 2003 y 2006.
Por otro lado, se encuentran los Consejos, que son instancias consultivas destinadas a asesorar a la Comisión Directiva y emitir opiniones calificadas; los Grupos de Trabajo, que desarrollan actividades específicas de acuerdo a la misión con la que fueron creados; las Comisiones de Trabajo, que son unidades específicas y permanentes, y tienen a su cargo la consecución de programas y planes de carácter anual; y los Equipos de Trabajo, que están encargados de ejecutar actividades específicas dentro de un programa preestablecido.
La entidad publica trimestralmente la Revista Empresa, su principal órgano de difusión. A su vez, mantiene vínculos permanentes con diversos medios de comunicación: diarios Clarín8, La Nación, La Prensa, Buenos Aires Herald, La Razón, Perfil, Infobae, Ámbito Financiero y El Cronista; así como las revistas Fortuna, Noticias, Valores, Criterio y Hacer Familia; radios AM y FM; y la agencia "Laica", especializada en temas religiosos. También existen organizaciones civiles que forjaron lazos con ACDE, como Conciencia, FIEL, CIPPEC, RAP, AVINA, Poder Ciudadano, Fundación del Tucumán, Instituto ETHOS y Cáritas. Desde el ámbito educativo, la Universidad Católica Argentina, la Universidad del Salvador y la Universidad de San Andrés.
Existen tres categorías de socios: a. honorarios; b. activos; y c. vitalicios. Sin embargo, del conjunto de actividades que anualmente organiza la institución, sólo el 30% está financiado mediante los ingresos por cuotas sociales. La mayor proporción proviene del aporte de empresas auspiciantes, con alrededor del 50% de cobertura. El restante 20% se explica por los aranceles cobrados en determinadas actividades (ACDE, 2006).

3.2. Conferencia Episcopal Argentina (CEA)

La CEA representa la cúspide de la pirámide institucional de la Iglesia Católica argentina al congregar de manera permanente a la totalidad de los obispos de las diócesis del país. Está compuesta por 6 organismos: 1. Asamblea Plenaria; 2. Comisión Ejecutiva; 3. Comisión Permanente; 4. Secretariado General; 5. Comisiones episcopales y otros organismos; y 6. Delegaciones episcopales.
A diferencia de ACDE, la CEA se orienta mucho más visiblemente a una conformación vertical, en donde la posición institucional de cada miembro debe guardar coherencia con la imagen de cuerpo. La constante lucha por la no separación entre sus estratos intelectuales obliga a redoblar los esfuerzos por crear un efecto de universalidad desde la particularidad. Esto conlleva varias cuestiones. La primera es la obediencia debida y el debido silencio, incluso estipulado en su propio estatuto. Cualquier corrimiento de lo colectivamente establecido puede dar lugar a rectificaciones de los órganos superiores, donde no se descartan las sanciones públicas. En segundo lugar, dado el particular carácter de cuerpo político, la CEA está obligada a mostrarse monolítica -parcial condición de posibilidad de su incidencia simbólica- y es a partir de ahí que sus documentos colectivos sean fruto de una intensa negociación. Claro está que a mayor negociación, las palabras adquieren una ambigüedad tal que se vuelven proclives a múltiples interpretaciones.
Durante nuestro período de estudio hubo dos elecciones episcopales para la integración de las diferentes posiciones en la estructura jerárquica: la correspondiente al trienio 1999-2002 y a 2002-2005. Para 1999-2002, la Comisión Ejecutiva (CE) estuvo integrada por Mons. Estanislao Esteban Karlic, arzobispo de Paraná (presidente); Mons. Eduardo Vicente Mirás, arzobispo de Rosario (vicepresidente 1°); Mons. Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires (vicepresidente 2°); y Mons. Guillermo Rodríguez-Melgarejo, obispo auxiliar de Buenos Aires (secretario general). La Comisión Permanente (CP) en esa oportunidad estuvo integrada por 19 obispos. Durante el trienio 2002-2005 la CE no sufrió grandes modificaciones. El presidente fue Mons. Eduardo Mirás, como vicepresidente 1° estuvo el ya Cardenal Jorge Mario Bergoglio, como vicepresidente 2° Mons. Domingo Castagna y continuó al frente del secretariado general Mons. Guillermo Rodríguez-Melgarejo. La CP estuvo integrada por 22 obispos.

4. Posicionamientos político-económicos de ACDE: sus contrapuntos con la CEA

En este apartado examinaremos las estrategias discursivas desplegadas por ACDE en la fijación de sus posicionamientos políticos. Para ello abordaremos los discursos institucionales, las alocuciones y producciones de los miembros más encumbrados y aquellas que pertenecen a ciertos subgrupos de referencia que detectaremos en su interior.
Estructuramos la exposición en función de los tres ejes centrales propuestos. El tópico de la desregulación de los mercados y el acotamiento del rol del Estado será tratado hasta diciembre 2001, dado que la devaluación de la moneda terminó cristalizando la reconfiguración de las alianzas en torno a los sectores dominantes, fenómeno que había comenzado con anterioridad (Motta, 2012). Mientras que el problema del endeudamiento externo atravesará todo el período de análisis, el quiebre producido a partir de la devaluación del peso y el estallido del régimen de convertibilidad nos permitirá observar los desplazamientos de sentido en las argumentaciones empresariales para la discusión de lo que constituirá el tercer apartado, dedicado a la redefinición de las coordenadas de la intervención estatal y de las prioridades políticas en la postconvertibilidad.

4.1. La desregulación de los mercados y el acotamiento del rol del Estado en el período neoliberal

Antes de que comenzara a manifestarse la crisis del modelo convertible -ya existían 2 millones de desocupados hacia 1997-, distintos sectores se mostraban críticos hacia el "empresariado", exigiéndole que asumiera un nuevo rol en un contexto social signado por las crecientes protestas. Por aquel entonces también se hablaba de la función del Estado ante la exclusión en el mercado laboral. Una de las voces más críticas en ese sentido fue Cáritas, de la mano de su presidente, Mons. Rafael Rey:
Los empresarios no pueden ser indiferentes y no asumir responsabilidades frente a las tremendas dificultades de la gente que sufre, está sin trabajo o no se alimenta. Si cuentan con ganancias, tienen casi la obligación de generar más fuentes de trabajo y ayudar a los más carecientes (Diario La Nación, 15/6/1997, "La encrucijada social", por Silvia Stang).

Sin embargo, la opinión en el arco empresarial no era homogénea. Básicamente existían dos posturas: a. aquellos que consideraban cumplida su misión siendo competitivos y rentables, invirtiendo, capacitando a su personal y creando fuentes de trabajo; y b. los que, además de asumir como propias esas funciones, planteaban incidir en la discusión pública respecto de las políticas públicas y privadas a aplicar. Entre los primeros, se encontraban Franco Macri (Grupo Socma), Eduardo Baglietto (Techint) y Roberto Monti (YPF). Entre los que exigían una mayor participación en las decisiones públicas estaban Santiago Soldati (Presidente del Consejo Empresario Argentino), Enrique Ruete Aguirre (Grupo Roberts) y Claudio Sebastiani (UIA). Pero, ¿en qué lugar se ubicaba ACDE?
Para la entidad, la principal función era asegurar la "eficiencia"9, exigencia que hacían extensiva a la función pública, tal como afirmaba Jorge Matheu en 1997:
Si hubiera de parte del Gobierno un uso eficiente y transparente de los fondos públicos, se les reconocería mayor autoridad moral a los funcionarios para hacer hincapié en las obligaciones de los contribuyentes (Diario La Nación, 15/6/1997, "La encrucijada social", por Silvia Stang).10

Por otro lado, uno de los temas que más enfrentó a los empresarios de ACDE con las posiciones del episcopado fue el referido a la reforma laboral impulsada por el FMI como condición para el libramiento de fondos11, junto con la reforma del sistema previsional. Precisamente, el cardenal Primatesta buscaba llegar "por consenso" a un proyecto de ley de reforma entre sectores empresarios y la CGT. Sin embargo, es llamativo que el asesor doctrinal de ACDE, el presbítero Rafael Braun, quien además fue uno de los actores centrales en las redes de sociabilidad de la institución (Motta, 2014a), defendiera con tanta vehemencia las posiciones empresarias respecto de las discusiones de política económica. Incluso ofreció entrevistas en las que destacaba "la libertad de precios"; el hecho de "poder comprar y vender divisas"; la "apertura al comercio internacional"; y la sanción de "la ley de convertibilidad, que le devolvió al país una moneda" (Diario La Nación, 14/11/1999, Sección Economía, "En la Argentina no hay un capitalismo salvaje, sino un capitalismo infantil", por Astrid Pikielny).
De esta forma, ACDE intentaba transitar entre esos dos frentes. Por un lado, reclamando la sanción de la reforma laboral, por el otro, tratando de no explicitar demasiado su posicionamiento político-económico debido fundamentalmente a las críticas que provenían de diferentes sectores eclesiásticos sobre las consecuencias sociales del neoliberalismo. Pero en los hechos, ACDE se inclinaba por privilegiar la estabilización monetaria, aun a costa del aumento en la tasa de interés y de las consecuencias que esto podría provocar en el sector de la economía real.
La sostenibilidad del modelo económico comenzó a ponerse en cuestión a medida que el déficit fiscal crecía sistemáticamente.12 Para resolver el problema fiscal sin modificar el régimen cambiario, desde ACDE insistían con mejorar la "competitividad". El ideologema planteaba que el ingreso genuino de divisas sólo podría provenir de la cuenta corriente -superávit comercial- y que, sumado a la reducción del gasto público, el modelo tendría reservas suficientes para afrontar la paridad cambiaria, por un lado, y excedente fiscal primario para el pago de intereses de la deuda externa, por el otro. Esto último, además, posibilitaba la renovación de compromisos con la extensión de plazos, y tasas más elevadas.
Por esa razón Manuel Solanet, miembro del Grupo de Economistas de ACDE y consejero académico de uno de los más importantes think tank neoliberales, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL), reclamaba "idoneidad" para llevar a cabo la "cirugía", y "valentía" para "enfrentarse con los gremios", aceptando que este paquete de soluciones "puede generar desempleo" (Diario La Nación, 18/11/1999, Sección Economía, "El rojo fiscal amenaza el modelo").
Domingo Cavallo, flamante ministro de Economía que reemplazaba al renunciante López Murphy, aparecía ante los ojos de los empresarios católicos como el único portador de esas virtudes. De hecho, el 21 de marzo de 2001 Cavallo presentó el proyecto de Ley de Competitividad13, que recibió el rápido y estoico respaldo de dos corporaciones empresarias: la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y ACDE. Esta última publicó el documento "La responsabilidad del dirigente", firmado por toda la Comisión Directiva, afirmando que era el tiempo del "uso genuino de la autoridad y el mando con coraje, la veracidad y la grandeza", todas virtudes depositadas en "quien tiene que tomar con prudencia y sabiduría decisiones trascendentes que afectan a toda la comunidad nacional". Los empresarios católicos reforzaban su pedido de desregulación en sectores clave de la economía.
Precisamente, esta demanda fue la más escuchada en las intervenciones del V Encuentro Anual, llevado a cabo en abril de 2001. Dos de los invitados fueron Emilio Cárdenas, Director Ejecutivo del HSBC, y Julián de Diego, asesor de empresas sobre temas laborales. Ambos expusieron sobre la "máquina de impedir", metáfora industrial que alude a la desviación irracional de la burocracia "bien entendida" y que, de acuerdo a este supuesto, impide el control eficiente del dominio público. Para Cárdenas, la solución era "profundizar la desregulación", sugerencia que, según él, "propuso a los tres ministros de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa". Al aceptar que "es difícil modernizar las normas en la Argentina", reconoció como necesario "extender y ampliar poderes, como sucedió en el caso del ministro de Economía". Por su parte, de Diego propuso "tercerizar la fiscalización", medida que estaba habilitada dentro del conjunto de nuevas facultades extraordinarias concedidas a Cavallo (Diario La Nación, 27/4/2001, Sección Economía, "Piden una mayor desregulación del Estado").
El 4 de junio de 2001, ACDE presentó el documento "Pensando la Argentina del Bicentenario. Hacia una visión compartida de país". En lo que atañe al rol del Estado, los empresarios señalaron que "el sistema de economía libre es el que brinda las mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento" (p. 7). La palabra clave fue "modernización", que implicaba "reconstruir al Estado, liberado ya de exageradas funciones de planificación y de producción" (Ibid). En su lugar, debía actuar como "facilitador" de la competitividad, asegurando el ordenamiento fiscal, la estabilidad monetaria y las condiciones jurídicas para la inversión. Esta posición estaba sustentada en el principio de subsidiariedad, que procura "el abandono de posiciones dogmáticas 'anti-estatistas' y 'anti-privatistas' (…); aspiramos a que el sector privado y el público no sigan observándose mutuamente con desconfianza" (p. 8).
Sin embargo, al entrar en el estricto campo económico el nivel de abstracción descendió rápidamente. El aparato conceptual se vio involucrado en una serie de objetivos políticos bien definidos, basados en ideologemas como "sin crecimiento económico sostenido no hay posibilidades de revertir el proceso de fragmentación de nuestra sociedad" (p. 9). Las recomendaciones tenían que ver con:
resolver el problema del elevado 'costo argentino' que afecta la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. Si esto no se logra es improbable esperar que los capitales argentinos colocados en el exterior comiencen a retornar. Un elemento esencial, que sin duda depende entre otras cosas de una sana política de equilibrio fiscal, es la reducción del riesgo argentino y del costo del financiamiento para la actividad privada (pp. 9-10).

El "costo argentino" era el salario en términos de dólares, mientras que el "riesgo argentino" estaba vinculado a la tasa de interés local, ligada al referencial que pagaban los bonos argentinos más el riesgo de default -riesgo soberano-. Así, no explicitar la naturaleza del endeudamiento significaba coincidir con los lineamientos generales de la política económica que, aún imperfecta para los empresarios católicos, quedaba claro que el rumbo era su profundización y no su cambio.
La tarea era apoyarse en la Ley de Competitividad para acelerar la flexibilización del mercado de trabajo (sector real), mantener un estricto control de la emisión (sector monetario) y consolidar el equilibrio en el balance de pagos compensando el déficit de la cuenta capital -debido a la sangría de divisas por la fuga de capitales de corto plazo- mediante saldos positivos de la balanza comercial (sector externo). A su vez, como la balanza comercial integra la cuenta corriente y en ésta se anotan la salida de divisas producto del pago de intereses de la deuda externa, era necesario que los saldos positivos del comercio exterior fueran cada vez más amplios.
Estas metas no podrían cumplirse sin la condición de mantener una férrea "disciplina fiscal", eufemismo que invisibiliza su objetivo político: contar con un superávit fiscal suficiente como para afrontar los pagos externos. Si a esto le sumamos la exigencia de reducir y/o suprimir impuestos a las empresas para "alentar" la inversión, se sigue que la clave del equilibrio se funda en la reducción del gasto público.

4.2. Los costos de la valorización financiera: la deuda externa y la visión del empresariado católico argentino

Si intentáramos formular una conjetura inicial, bien podríamos apoyarnos en la reveladora declaración de Rodolfo Iribas, asesor de ACDE, durante una entrevista realizada algunos años antes de la explosión del régimen de convertibilidad: "algunos obispos nos tildan de demasiado liberales" (Diario La Nación, 30/07/1997, Suplemento "Cultura"). El tópico de la deuda externa tiene claramente un carácter condensador. No se trata sólo de cifras, sino que la propia naturaleza y dinámica del ciclo de endeudamiento inaugurado en 1976 fue absolutamente inherente a un modelo de acumulación que tuvo en su fase de convertibilidad a la expresión máxima de la valorización, y a la fuga de divisas como el "seguro" de esa misma lógica.
Los debates en torno a la deuda y su "honra" fueron una constante y, ciertamente, venían de mucho antes. Buena parte de los obispos argentinos tenía una posición fuertemente crítica, y en varias oportunidades la denuncia "moral" de las consecuencias del endeudamiento aparecía en diversas homilías. Pero en esta etapa el problema adquiriría, para el campo eclesiástico, una dimensión especial.
El año 2000 significó para la Iglesia Católica el Año Jubilar. El Vaticano consideró "de preparación" a los tres años anteriores y, en ese marco, el Papa Juan Pablo II dio a conocer en noviembre de 1998 Incarnationis mysterium, la bula que convocaba al Gran Jubileo. En ella, dentro de los denominados "signos jubilares" se incorporó a la "indulgencia", relacionándola con la condonación de deudas:
Muchas naciones, especialmente las más pobres, se encuentran oprimidas por una deuda que ha adquirido tales proporciones que hace prácticamente imposible su pago. Resulta claro, por lo demás, que no se puede alcanzar un progreso real sin la colaboración efectiva entre los pueblos de toda lengua, raza, nación y religión. Se han de eliminar los atropellos que llevan al predominio de unos sobre otros: son un pecado y una injusticia (Incarnationis mysterium, § 12).

Los obispos de la CEA aprovecharon la habilitación papal para afirmar que "no podemos dejar de reconocer con preocupación, la existencia de desequilibrios económicos, muchas veces fruto de pautas internacionales, que perturban y degradan las relaciones sociales" (77° Asamblea Plenaria, "Declaración", 17/04/1999).
Bajo este escenario, los empresarios de ACDE reaccionaron rápidamente para contrarrestar esta tendencia. Antes de la bula papal sugirieron a los obispos que la Iglesia "actúe con cautela en la búsqueda de una condonación o reducción sustancial de la deuda externa de los países del Tercer Mundo", dado que la Argentina, país pequeño en términos de ahorro interno, "necesita más que otros ahorro externo para financiar su crecimiento (…) Para crecer al 6% anual necesita unos 80 mil millones de dólares por año, que no llega a cubrir con ahorro interno" (Diario Clarín, 2/1/1998, Sección El Mundo, "Actuar con cautela", por Sergio Rubin).
Sin embargo, en junio 2000 se llevó a cabo una reunión en la sede del Episcopado entre los obispos y una delegación del FMI, encabezada por Teresa Ter Minassian y Tomás Raciman, solicitada precisamente por estos últimos. Allí, los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la CEA reclamaron "un alivio del peso" de la deuda externa argentina (Diario Clarín, 7/6/2000, Sección Política, "Los obispos reclaman al FMI alivio para la deuda", por Sergio Rubin).
El 14 de julio de 2000 el titular de ACDE, José María Simone, hizo pública la carta "Con serenidad, firmeza y esperanza". La misiva tenía un doble objetivo: i. intentar desprender a la Argentina de la categoría "países pobres endeudados", utilizada por Juan Pablo II; y ii. polemizar con las exhortaciones episcopales pero desde una argumentación estrictamente económica, haciendo hincapié en el perjuicio a la confianza del país y a la seguridad jurídica que estas declaraciones provocaban.
Llamativamente, antes de darla a conocer fue puesta en consideración de los asociados durante un almuerzo, con el fin de acrecentar su legitimidad. En esa ocasión, quien se expresó elogiosamente respecto de su contenido fue el invitado de honor, Michel Camdessus, quien había dirigido el FMI hasta febrero de ese año y cuyas sistemáticas visitas agregaban "un punto a la tasa de crecimiento potencial del PBI para este año", según las bufas de los empresarios que asistieron (Diario La Nación, 1/6/1996, Sección Opinión, "Auditor y diplomático").
Camdessus dejó en claro cuál debía ser la posición empresaria: "lo mejor para ustedes es ser vistos como excelentes pagadores y de bajo riesgo, más que sumarse al reclamo del papa Juan Pablo II para que en este año, el del Jubileo, se les perdone la deuda a los países más pobres" (Diario La Nación, 6/7/2000, Sección Economía, "Camdessus: el ajuste debe ser incesante"). Tuvo además halagadoras palabras para el ajuste previsional y la resistida Ley de Reforma Laboral, aprobada el 7 de mayo de 2000.14
La visión empresaria sostenía el cumplimiento de las metas fiscales como único requisito para lograr los excedentes. Distintos instrumentos habían sido creados para ese fin, pero el fracaso persistente hacía que se dependiese exclusivamente del control del gasto. El fundamento monetarista de la posición de ACDE reducía el papel del Banco Central a la preservación del nivel de reservas para mantener la paridad cambiaria. Pero asegurar esa paridad y cumplir con las metas fiscales para consolidar el superávit primario constituían sólo las acciones de corto plazo. Las aspiraciones de largo alcance tenían que ver con llegar al investment grade.15
Transcurrido un año de la visita de Camdessus, con la Ley de Competitividad aprobada y habiéndose aplicado todas y cada una de las medidas solicitadas por las elites empresarias ligadas al sector financiero y apoyadas por ACDE, el ministro Cavallo anunciaba el 10 de julio de 2001 un drástico paquete de medidas para llevar precisamente "a cero" el saldo fiscal de ese año.
Casi en simultáneo con el desarrollo del III Foro Nacional de Laicos16, ACDE adhirió el 18 de noviembre de 2001 a una solicitada publicada en todos los medios gráficos de alcance nacional.17 En ella los empresarios reclamaron la urgente sanción del presupuesto para el año 2002 y la reestructuración consensuada del endeudamiento público externo e interno, con el propósito de estimular una baja generalizada de las tasas de interés. Representó un aval implícito a las políticas de Cavallo.
Si bien las 'razones fiscales' eran argüidas en general por todo el establishment, existían algunos matices respecto del diagnóstico y, sobre todo, de las políticas propuestas, dado que afectaban directamente los intereses económicos de cada fracción. Las tres entidades que conformaban el Grupo Productivo -Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA)-, que venía sosteniendo ciertos reparos hacia el modelo económico y planteando otro tipo de salida política a la crisis, no la suscribió.
Una vez detonada la crisis política de diciembre y ya con Duhalde al frente del Poder Ejecutivo, comenzó a funcionar la denominada Mesa del Diálogo Argentino18, aunque sin la asistencia de los representantes de la banca transnacional ni de las empresas privatizadas de servicios públicos. Estos grupos prácticamente negociaron la transición directamente con el gobierno, luego de sancionada la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, el 6 de enero de 2002.
Al poco tiempo de iniciarse los debates en el marco de la Mesa, los obispos decidieron dar un paso al costado. En septiembre de 2002 la CEA se reunió en Asamblea Extraordinaria y anunció su distanciamiento, "alentando" a que "los valores morales" de la Nación estuvieran representados en la Mesa por los fieles laicos. Entre ellos se encontraba ACDE, la cual, sin embargo, evidenciaba una considerable distancia política, sobre todo respecto del endeudamiento externo.
En consonancia con su prédica neoliberal, el Grupo de Economistas de ACDE19 publicó "Desiderata", en diciembre de 2002. Cabe mencionar, en primer lugar, que a un año de los sucesos de 2001 la visión fiscal/financiera de la depresión económica no se había modificado en nada, y hasta fue cuestionada la soberanía monetaria del país:
debería [la Argentina] renunciar a la pretensión de administrar una moneda propia, (…) hemos demostrado ser la peor sociedad en cuanto a emisión de moneda propia se trata.  El chauvinismo de tener un signo monetario soberano colaboró con buena parte del desquicio fiscal histórico (p. 5).
           
En segundo lugar, y yendo al tema específico del endeudamiento, se propuso el:

inicio de negociaciones con acreedores externos para regularizar el pago de la deuda y salir de la situación de default que nos aísla del mundo (…). Dada la ausencia de ahorro local, los capitales internacionales (bajo la forma de IED) son indispensables para el crecimiento (…). Debe lograrse reabrir el crédito internacional, pero con flujos destinados esencialmente al sector privado (…). Acuerdo con el FMI, que no debe implicar préstamos adicionales sino el aval para un plan sustentable (p. 31).

El argumento del escaso ahorro interno siguió imperando para sostener la necesidad de liberalizar el comercio, promover las exportaciones, acrecentar la productividad y disminuir el gasto público. Ciertamente, esto debe comprenderse dentro de un programa de acción mucho más amplio que contemplaba una reconcepción de lo público y de lo estatal en el sistema económico.

4.3. La redefinición de las coordenadas estatales. Intervención pública y nuevas prioridades en la era de la postconvertibilidad

Como pudimos apreciar en el apartado anterior, en la etapa que se abre a partir de enero de 2002 apareció con toda su fuerza en escena el Grupo de Economistas de ACDE. Mientras los documentos institucionales -sobre todo los emanados de sus órganos de dirección política- se caracterizaron por las posiciones conciliadoras, autocríticas y revisionistas, las del Grupo de Economistas se basaron en la defensa acérrima del ideario neoliberal. Por eso es importante centrarse en este segundo caso, dado que apareció a todas luces como un subconjunto radicalizado, con estrecho margen para aceptar una mirada introspectiva de carácter crítico.
Apenas iniciado el año y con la devaluación consumada, el presidente de ACDE, José María Simone, mantuvo sucesivas reuniones con los obispos en la sede de Cáritas. El 24 de enero reclamó "apurar la reforma política, redimensionar el Estado y buscar una justicia confiable (…). Tenemos que recuperar la cultura del bien y la verdad" (Diario La Nación, 24/1/2002, Sección Política, "El BID está dispuesto a dar ayuda económica"). Esta adscripción, mucho más involucrada en el campo moral que lo que podía observarse antes del colapso, fue particularmente intensa en ese primer semestre y provocó, como era de esperar, algunas contradicciones a la hora de la secuencia diagnóstico/tratamiento.
Baste como ejemplo la encuesta que a inicios del 2002 ACDE le encargó a la Sociedad de Estudios Laborales (SEL)20 referida a las expectativas empresarias respecto de la tendencia en la contratación de personal en la próxima década. En sus resultados se aprecian dos planos de pensamiento empresarial. Cuando un directivo de una empresa líder reflexionaba sobre su propia firma, lo hacía en torno a un subuniverso cuyas reglas estaban atravesadas por los conceptos de "eficiencia", "ganancia", "costo laboral", etc. Sus respuestas se enmarcaban en el estricto campo económico-financiero, admitiendo la necesidad de contratar empleados en condición de informalidad y de flexibilizar la relación contractual. Ahora, cuando se le preguntaba sobre la "sociedad" hacía abstracción de su propia condición y aceptaba la imposibilidad de cierta "estabilidad política" en base a la precariedad laboral.
La única solución posible de continuidad es encontrar un otro expiatorio que, a la vez, se vea atravesado periféricamente por representaciones de otros subuniversos de sentido, como podrían ser los posicionamientos del episcopado, del sindicalismo, de ciertos medios de comunicación, etc. Así, en la medida que incorporaban al anti-destinatario (Verón, 1988) "Estado" -que en su amplitud interpretativa usual enmarca al gobierno y a toda la dirigencia política- se abría una puerta para la reformulación empresaria: consagrar a la "torpeza" del Estado, con su contraproducente correlato en la confianza o "clima de negocios", como la fuente de la inestabilidad política. De esta forma, la política boicotearía su propia estabilidad, pues entendida la función del Estado como facilitador de las condiciones, la responsabilidad recaería siempre allí y los empresarios serían un eslabón más en la cadena de perjudicados.
Pero esta crítica no se esgrimió con la misma potencia en cualquier circunstancia. La coyuntura política, los ámbitos de interacción, las características personales y la funcionalidad de los actores dentro de la red de ACDE tuvieron que ver en el contenido de sus documentos. Por ejemplo, el columnista del diario La Nación Jorge Rouillon afirmó en abril de 2002 que "no ha faltado alguna voz crítica, como un grupo de economistas de la ACDE, que cuestionó la factibilidad de las 'Bases para el Diálogo Argentino'", refiriéndose al primer documento de la Mesa del Diálogo Argentino (22/4/2002, Sección Opinión, "En emergencia social").
¿Qué proponía este "grupo de economistas"? Ciertamente, el documento "Desiderata" demuestra que este subgrupo de fuerte referencia hacia los socios apeló a un "jacobinismo neoliberal" en medio del debate sobre el nuevo rol del Estado en la postconvertibilidad (Motta, 2014b). La avanzada incluyó diversas propuestas tendientes a llevar a la mínima expresión la regulación estatal y con base en dos dimensiones: a. política fiscal; y b. política monetaria, cambiaria y desregulación del sistema financiero y del mercado de capitales.
Respecto de la primera, los economistas insistieron con la implementación del presupuesto "con criterios base cero". El eje principal del gasto público a "ajustar" estuvo asociado a los salarios: "el gasto provincial en salarios es un subsidio de desempleo encubierto (…) no se puede despedir personal hoy dada la falta de oportunidades alternativas. En cambio sí se puede reducir el salario pero manteniendo el nivel de ocupación" (p. 14). Por el lado de los ingresos, se bregó por la eliminación de "los impuestos distorsivos que afecten las decisiones de los factores económicos y pongan en riesgo la competitividad de las exportaciones" (Ibid). En dicha categoría entraban la "renta presunta, endeudamiento empresario, internos, transacciones financieras, combustibles, retenciones a las exportaciones y otros menores" (p. 15). Evidentemente, el efecto fiscal de estas propuestas sólo podía balancearse con una drástica reducción del alcance estatal en materia económica, sobre todo en el sector financiero, incluidos los mercados monetario, cambiario y de capitales.
Y es en este punto donde la imaginación empresaria del Grupo de Economistas intentó trasponer los límites simbólicos de una "caja de conversión eterna", tal como fue presentada la convertibilidad a principios de los '90. Sus propuestas se dirigieron al abandono del peso como moneda nacional y a la adopción del dólar estadounidense como medio de pago, cambio y reserva de valor. Para llevar a cabo la dolarización, formularon un plan gradual de convergencia, incluso rediseñando las instituciones monetarias y sus funciones para el corto plazo.
De esta forma, se crearía la Reserva Federal Argentina para, en un principio, establecer "un régimen de tipo de cambio flotante, durante el más breve plazo posible, hasta perfeccionar el proceso de dolarización plena" (p. 17). Luego de esto, dicha entidad "será la administradora local de la moneda emitida por EE.UU." (Ibid). El directorio estaría compuesto por "personas idóneas y sanas moralmente", fruto de una selección que contemple "ejecutivos de la banca, del mundo académico (investigadores o profesores), un auditor, un abogado" (p. 17). Todo el proceso estaría dirigido y fiscalizado por el Supervisor del Sistema Bancario, el otro flamante organismo.
Para completar la desregulación en el mercado de activos -dado que la dolarización implicaba el abandono de una herramienta clave como la política monetaria-, el otro punto fundamental era unir a la banca privada con un sistema previsional privado y voluntario, sin intercesión estatal (pp. 23; 25).
La propuesta de contar con una Reserva Federal Argentina encargada de administrar la oferta de dólares constituyó quizás el paroxismo de esta concepción. No sólo no hubo autocrítica, sino que se pensó en seleccionar directivos de grandes empresas para integrar los directorios de estos nuevos organismos.
A comienzos de 2003, las urgencias económicas y sociales persistían, pero, aunque muy frágil, emergía cierta salida político-institucional. Con la renuncia de Carlos Menem a disputar la segunda vuelta electoral, el candidato Néstor Kirchner se convertiría en el nuevo presidente electo, asumiendo el cargo el 25 de mayo. El mismo día en que se conoció la decisión de Menem -14 de mayo-, ACDE publicó el documento "La gobernabilidad, una responsabilidad de todos". Allí puso en evidencia su fastidio por la decisión tomada, a la que calificó como un "nuevo desprecio a las reglas del sistema democrático", al tiempo que alentó a cumplir "con nuestro deber de respetar y hacer respetar las instituciones a fin de dar un mayor marco de gobernabilidad al próximo gobierno".
Precisamente, al día siguiente el nuevo presidente electo advirtió: "No voy a ser presa de las corporaciones (…). El retiro de la fórmula es absolutamente funcional a ciertos grupos económicos que se beneficiaron con privilegios inadmisibles en la década pasada, al amparo de la subordinación financiera". Estas declaraciones, que apuntaban claramente a los sectores dominantes de la economía y, en especial, al sector financiero y a las empresas privatizadas, despertaron las réplicas inmediatas de muchos representantes de las eliteseconómicas. Y entre ellas, ACDE.
El presidente de FIAT, Cristiano Rattazzi, le pidió a Kirchner que se pareciera "lo más posible a Lula y lo menos posible a Hugo Chávez", mientras que Héctor Méndez (UIA) le recomendó "salir del péndulo del enfrentamiento entre modelos". Un banquero -que pidió reserva- señaló que en "la medida en que tome más contacto con el mundo, en que viaje más, se irá amoldando", y un vocero de las privatizadas atribuyó sus dichos a una "definición sobre la marcha", pues explicó que "hay cosas que se declaran y otras que se hacen". Arturo Acevedo, presidente de Acindar y vocal de la Asociación Empresaria Argentina sinceró su temor: "temo una economía dirigista, hay resentimiento contra las empresas". Por último, la voz de ACDE, Alejandro Preusche, señaló que le resultaba positivo "que no quiera ser presa de las corporaciones", pero se encargó de desdeñar su capital político al advertir que "la ventaja de Kirchner en las encuestas responde más al antimenemismo que a una oposición a la economía de los 90" (Diario La Nación, 15/5/2003, Sección Política, "Los empresarios esperan 'racionalidad'", por Javier Blanco y Alejandro Rebossio).
Esta última frase tornaba irónica la primera sentencia, a la vez que traducía el mensaje de las urnas como un castigo interpósito antes que una expresión de rechazo al modelo neoliberal, lo cual demostraba su anhelo en torno a su recomposición. Sin embargo, el camino que se iniciaba configuraría una nueva etapa.

5. Conclusiones

En términos generales, podemos advertir la existencia de tensiones múltiples entre la jerarquía católica, el mundo empresarial y el Estado. Este fenómeno no es nuevo, pues se inicia desde la misma creación de ACDE y su pretendido monopolio en la expertise de "la" ciencia económica, de típico carácter técnico. Para ello, construye permanentemente legitimidad sobre sí en torno a los asuntos concernientes al campo económico y, por extensión, al político. La posición episcopal, por otro lado, interpela estas problemáticas a partir de su propio ethos, de carácter típicamente moral.
El posicionamiento político de la CEA responde a una temporalidad que obedece a una lógica de acción muy particular, en cuyo trazado se entrecruzan tanto los objetivos vaticanos como la coyuntura doméstica y las propias diferencias internas respecto del diagnóstico y de las soluciones. Un discurso episcopal excesivamente concreto corre el riesgo de socavar la eficacia de su propia intervención, que acostumbra siempre a moverse en el terreno de las ambigüedades y polisemias. En cambio, la temporalidad empresaria obliga a lidiar políticamente en el terreno concreto de la coyuntura, de las decisiones diarias y de la inmediatez del arbitraje.
Así, el ideologema subyacente en las denuncias de los obispos asociaba la crisis con una serie de políticas que promovían la especulación, la concentración y polarización, la expansión del sector terciario, el desempleo, la pobreza y la atención solícita de la deuda externa frente a la "injusta deuda social". A su vez, los empresarios sostuvieron una posición comprensiva cuando los cuestionamientos episcopales no excedieron la isotopía genérica de las denuncias morales del modelo. Sin embargo, cuando el nivel de la crítica al neoliberalismo sobrepasaba esos límites emergieron las reacciones rápidas y contundentes.
Sin embargo, sería un error hablar de estas reacciones categóricas asignándolas exclusivamente a "los empresarios", como podría suponerse. Cuando bajo determinadas circunstancias los cuestionamientos eclesiásticos incluyeron categorías y conceptos propios de la disciplina económica para justificar algún tipo de alternativa al neoliberalismo, no sólo fueron los empresarios quienes encabezaron la contraofensiva. El propio asesor doctrinal de la entidad, Rafael Braun, se erigió en fervoroso defensor de las posiciones empresarias, del libre mercado y de las ventajas de la autorregulación, junto a integrantes del Grupo de Economistas.
En cuanto a las representaciones de uno y otro actor, existió un núcleo central compartido: la corrupción. Pero mientras los discursos eclesiásticos hicieron extensivo este "desvío de la moral católica" a todos los actores sociales, en ACDE alteraron periféricamente el alcance moral del desvío: depositaron toda la carga exclusivamente en el Estado, quien carecía de "autoridad moral" porque no era "eficiente".
Las dimensiones que aparecieron claramente como un quiebre entre ACDE y la CEA fueron la fiscal y la financiera. Por ese motivo, el debate más álgido lo constituyó la propuesta papal de condonación de la deuda externa. Al respecto, los posicionamientos de ACDE estuvieron apoyados en el referente máximo del establishment financiero mundial, Michel Camdessus, asiduo invitado a las reuniones de la entidad. Los argumentos allí expuestos, a su vez, eran replicados por los dos mayores diarios nacionales, auspiciantes de las actividades de ACDE, La Nación y Clarín.
Antes de diciembre de 2001, la Conferencia Episcopal proclamaba su estupor ante el deterioro de los "valores morales", haciendo referencia a sintagmas para nada inocuos como "enfermedad moral", "injusta deuda social", "equidad en la distribución de las riquezas", etc. A su vez, cuando la dirigencia de ACDE era consultada respecto de la función del empresariado, respondía que las empresas no pueden resolver el problema del desempleo, dado que su fin es lograr la eficiencia. Sin embargo, luego de la crisis de 2001 irrumpió un "desdoblamiento temporal" en el seno de ACDE, una variación en las argumentaciones y prioridades políticas que, aún compartiendo el mismo subuniverso de sentido, connotaron una divergencia posicional.
El liberalismo humanista, deudor de Bentham, Mill y Walras, que prefiere el involucramiento previo para reproducir las condiciones de competencia perfecta con control posterior, afloró en sus discursos institucionales. Al mismo tiempo, el neoliberalismo puro, tal como lo plantearan von Hayek y Friedman, es decir, concebir al mercado en términos de un orden espontáneo en tanto fin último de una multiplicidad de conciencias individuales libres en busca de la maximización de su bienestar, se correspondió con los posicionamientos y las propuestas de política económica del Grupo de Economistas. Esto lo pudimos observar claramente a través del documento "Desiderata", en medio del debate sobre el nuevo rol del Estado en la postconvertibilidad.
Las dimensiones que más preocuparon a los economistas del Grupo (política fiscal, monetaria, cambiaria y desregulación del sistema financiero y del mercado de capitales) fueron tratadas desde una férrea defensa del sector privado y de su iniciativa libre. Las propuestas en torno de estas dimensiones fueron la dolarización, la reducción de salarios públicos, la eliminación de impuestos "distorsivos" y, algo inédito para la literatura política y económica en nuestro país, la creación de la Reserva Federal Argentina en reemplazo del Banco Central.
En definitiva, hemos indagado la posición dilemática de los empresarios católicos argentinos, la cual se encuentra atravesada por diversos principios morales y disposiciones éticas, muchas de ellas provenientes del campo católico. Sin embargo, a diferencia que lo que podría suponerse, es decir, que la moral católica y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia traducida por el episcopado nacional proveerían el marco ético en sus posicionamientos políticos, nos encontramos con su opuesto. En ese sentido, la palabra episcopal y el posicionamiento político-religioso de la jerarquía respecto de la vida social terminaron subsumidos a la práctica empresarial, prevaleciendo esta última a la hora de plantear lo que "debe ser" en el mundo económico y de establecer los límites entre éste y el campo católico.

Referencias

1 Frente a la  noción de power elite de Mills, dentro de la cual cabían los más altos poderes políticos, económicos y militares estadounidenses, fue ganando en el campo académico la visión que interpela la compleja interrelación entre las decisiones políticas y la distribución de poder social, vínculos que muchas veces exceden lo que podría considerarse un ámbito político formal.

2 Básicamente, existen dos tipos de reformulaciones: imitativa y explicativa. La primera supone, al menos en apariencia, una anulación de la distancia entre la situación del sujeto que parafrasea (productor del texto meta) y la situación original del productor del texto fuente. Es decir, se centra en el significante del texto fuente, reproduciendo los rasgos más salientes. La segunda expande en forma de comentario el texto fuente.

3 En el marco de la retórica clásica, Aristóteles ubicaba al ethos junto al pathos y al logos, integrando así la trilogía para los medios de prueba (Aristóteles, 1998).

4 Órgano creado en 1931 por el Episcopado nacional con el fin de reunir al laicado católico en su misión evangelizadora.

5 Además de ACDE Argentina, otros países latinoamericanos poseen sus propias asociaciones de empresarios cristianos que, como en el caso argentino, forman parte de UNIAPAC: Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay.

6 Lo integran entre 12 y 24 miembros, elegidos por la Asamblea ordinaria de socios por un período de 3 años y con renovación anual por tercios.

7 Se compone de: presidente, vicepresidente 1°, vicepresidente 2°, secretario, tesorero, prosecretario y protesorero.

8 José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, formó parte en todo nuestro recorte -y continúa formando- del Consejo Directivo de ACDE.

9 Desde el punto de vista de la teoría microeconómica, la eficiencia empresaria es la clave para la optimización en la asignación de recursos -escasos- y su distribución entre los distintos "factores" (capital, trabajo y recursos naturales). Los postulados de la microeconomía son claros en cuanto a la función de la empresa, que es absolutamente escindida de los fines y motivaciones de la función pública.

10 Vale aclarar que tanto el diario La Nación como Clarín son auspiciantes de los encuentros de ACDE.

11 Para ese fin, a principios de 1998 la CEA le encomendó al laico Guillermo García Caliendo -secretario de la Comisión de Pastoral Social- que se entrevistara con el presidente de la Nación, con el ministro de Trabajo, Erman González, y con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT).

12 Se ha demostrado (Damill, Frenkel y Juvenal, 2003) que durante la etapa del régimen de convertibilidad el problema del déficit fiscal se originó con la reforma del sistema de seguridad social, impidiéndole al Estado la captación de los ingresos al tiempo que continuaban los pagos provisionales.

13 El cual en realidad delegaba facultades extraordinarias a Cavallo por el término de un año para decretar una serie de medidas que, de otro modo, hubieran requerido un tratamiento parlamentario: modificación de la legislación laboral, reforma (reducción) del Estado, privatización de organismos como la AFIP, garantizar el pago de deuda externa con recaudación futura o activos públicos, etc.

14 Ley 25.250, sancionada con 121 votos a favor, 84 en contra y 2 abstenciones.

15 Existen diversos rankings en los que se clasifican a distintas instituciones (desde empresas hasta municipios y países) según su "riesgo crediticio". La meta empresaria del investment grade puede observarse con claridad en el documento "Deuda Externa Argentina: estrategias para su solución", especialmente en p. 11, presentado por Enrique Folcini (Grupo de Economistas de ACDE), en el II Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos, llevado a cabo entre los días 26 y 28 de octubre de 2000 en la sede de la UCA.

16 Bajo el lema "La política en la Argentina actual", tuvo lugar en la UCA y fue auspiciado por la Acción Católica, ACDE y la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, con donaciones del Banco de Galicia y del Banco Nación.

17 El texto fue firmado por: ACDE, Asociación de Bancos de Argentina (ABA), Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de Rosario, Cámara Argentina de Comercio (CAC), Cámara Argentina de Supermercados, Cámara Argentina de Shoppings Centers, Capítulo Argentino del Consejo Empresario de América Latina (CEAL), Consejo Empresario Argentino (CEA), Coordinadora de Productos Alimenticios (COPAL), Instituto para el Desarrollo Argentino (IDEA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).

18 El lanzamiento formal fue el 14 de enero de 2002 en la Iglesia Santa Catalina de Siena de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron tres los convocantes: el Gobierno Nacional, la Conferencia Episcopal Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

19 Integrado por Santiago Bergadá, Alicia Caballero, Juan José Ezama, Orlando Ferreres, Enrique Folcini, Martín Lagos, Héctor Mario Rodríguez y Ludovico Videla.

20 La muestra se compuso de 300 altos ejecutivos de empresas líderes.

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Recibido: 28/05/2015.
Aceptado: 10/12/2015.

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