COMUNICACIONES

La experiencia del Congreso de la Productividad y la política de la cooperación económica durante el peronismo

The Experience of the Congress of Productivity and the Economic Cooperation Policy of Peronism

 

Leandro Sowter

Leandro Sowter es becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. E-mail: leandrosowter@yahoo.com.ar

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resumen

Este trabajo revisa la experiencia del Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social de 1955 y rediscute algunas de sus caracterizaciones. Se argumenta que esta iniciativa no se agotó en el intento de cambiar las relaciones laborales, sino que además constituyó la culminación de una estrategia sociopolítica que apuntó, por un lado, a modificar los parámetros de interacción entre los actores socioeconómicos en el plano productivo y el lugar simbólico de éstos en la "Comunidad Organizada", y, por otro lado, a legitimar sobre criterios de productividad la intervención económica estatal peronista. A partir de la revisión de documentos y discursos de la época se muestra cómo este Congreso fue parte de una estrategia que, a través de un modus operandi particular, procuró que la participación de los actores socioeconómicos en el Estado redundase en una mayor efectividad de la política económica en el contexto del modelo de desarrollo industrial sustitutivo-distributivo.

palabras clave: Peronismo; Productividad; Intervención económica; Legitimidad.

summary

This article examines the National Congress of Productivity and Social Welfare experience and rediscusses some of its characterizations. It argues that this iniciative was not just an intent to change laboral relations, but also constituted the culmination of a sociopolitic strategy that aimed, on the one hand, to modify interaction parameters of the socioeconomic actors on the productive level and the symbolic place that they occupied in the "organized community", and, on the other hand, to legitimate under productivity guidelines the Peronist state economic intervention. From the revision of documents and discourses of the period it is shown that this Congress was part of a strategy that, through a particular modus operandi, tried to make that the participation of the socioeconomic actors in the State improved effectiviness of the economic policy in the context of the industrial-distributive substitution model.

keywords: Peronism; Productivity; Economic intervention; Legitimacy.

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Introducción

El problema de la productividad constituye una cuestión económica central en tanto hace a la eficiencia global del sistema productivo y, en especial, a las posibilidades de desplegar con éxito un modelo de desarrollo basado en la industria. El peronismo representó una modificación sustancial en cuanto a los parámetros que determinan la aceptación social de una determinada relación entre el salario del trabajador y la ganancia del empresario. El Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social (en adelante CP o Congreso) de marzo de 1955 ha sido un punto de estudio obligado de todo autor que haya revisado la experiencia económica peronista, pero en general ha predominado la idea de que constituyó una iniciativa fútil y predestinada al fracaso.
Este trabajo analiza el CP en el marco de la estrategia sociopolítica más global con la que el gobierno peronista intervino en la economía y procuró redefinir el rol del Estado y de los actores socioeconómicos. Se sostiene que la iniciativa del CP se entronca en un determinado modo de construir y legitimar la intervención económica estatal (IEE)¹ en relación con los actores socioeconómicos y de un mecanismo del gobierno (el último) para actualizar el "pacto social" en función de las nuevas necesidades económicas.
Desde una visión en clave de lucha de clases, se ha sostenido que el CP fue la culminación de una ofensiva patronal con el objetivo de aumentar su tasa de ganancia. El fracaso del Congreso en su intento de cambiar las relaciones laborales expresaría tanto la inviabilidad del experimento de conciliación de clases como el poder obrero en la Argentina peronista (Bitrán, 1994 y Kabat, 2007). Habida cuenta del antagonismo de clases, se deriva que el Estado peronista tuvo muy poca autonomía relativa.
Otros enfoques fundamentan sobre distintas bases el fracaso en modificar las relaciones laborales. Mientras algunos enfatizan el "mal cálculo" político de Perón y su poca capacidad para actuar como árbitro en la lucha económica (Doyon, 2006), otros subrayan los obstáculos políticos e ideológicos del peronismo –que negaba explícitamente la lucha de clases– para actuar frente a las contradicciones entre el capital y el trabajo (James, 1981), o bien destacan la fortaleza del poder sindical (Schiavi, 2014). También se señala que dicho fracaso limitó la posible identificación que los empresarios pudieron haber tenido con el peronismo (Brennan, 1997 y Brennan y Rougier, 2009).
 Por último, hay autores que matizan la idea del fracaso del CP y que en general rescatan que el Congreso logró modificar determinados aspectos de las relaciones laborales y de poder en las fábricas, aunque advierten que los acontecimientos políticos de 1955 impiden evaluar su alcance. Mientras que unos afirman que los empresarios lograron avances en las relaciones laborales a regañadientes del sector obrero (Lewis, 1993), otros subrayan que el CP fue exitoso en alimentar un consenso entre el capital y el trabajo (Neffa, 1998) o que logró hacer de la productividad una base para el "entendimiento y la coincidencia" nacional (Cúneo, 1984). Finalmente, quienes argumentan que el CP constituyó el "primer paso" hacia una política más amplia de concertación de clases bajo la cual el régimen peronista logró que empresarios y trabajadores acordaran entre sí más allá de lo que en realidad estaban dispuestos (Giménez Zapiola y Leguizamón, 1988).
A partir de los aportes generados por estas distintas perspectivas, el presente trabajo se propone revisar la experiencia del CP a la luz de un aspecto relativamente poco profundizado: la estrategia sociopolítica de la IEE peronista², su particular modus operandi y, más específicamente, el problema acerca de la forma en que el gobierno vinculó a los actores socioeconómicos en el proceso de dicha IEE. En este sentido, se analiza el CP a la luz de la cooperación económica articulada por el gobierno peronista.³ Se argumenta que este Congreso, así como la cooperación económica en general, formó parte de una estrategia mayor que, desde los orígenes del gobierno, apuntó a vincular positivamente la legitimidad de la IEE con su efectividad.⁴ Como veremos, el problema de la productividad buscó resolverse a través de una estrategia sociopolítica de mediano plazo que apuntaba, primero, a legitimar la consigna y, segundo, a disciplinar a los actores en función de ésta. Es decir, que los resultados dependerían tanto del timing político como de la autonomía y la capacidad de disciplinamiento del gobierno.
En términos metodológicos, se revisan distintos discursos y documentos de la época analizando la cuestión de la productividad como punto nodal de la estrategia sociopolítica de la IEE a partir de la cual el gobierno peronista procuró enfrentar condicionantes sociopolíticos a la vez que atender los problemas económicos de un modelo sustitutivo industrial con alta participación popular. Especial atención se le presta al discurso, ventana por la que se observan aspectos clave de la dinámica sociopolítica y de los parámetros que sustentan los actores estatales y socioeconómicos en relación con la legitimidad de la IEE.⁵ Luego de revisar la política de la cooperación económica, se revisa la experiencia del CP. En las conclusiones se reflexiona sobre la significación del Congreso en relación con el modus operandi peronista.

El problema de la productividad y la estrategia sociopolítica del gobierno

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el entonces coronel Juan Domingo Perón buscó llevar a cabo un proyecto político y económico que buscaba profundizar el modelo sustitutivo industrial y aportarle un fuerte contenido distributivo. El Estado cumpliría un rol crucial, porque, entre otras cosas, coordinaría la cooperación económica para el logro de los "objetivos nacionales": la "independencia económica" y la "justicia social". De tal manera, la estrategia sociopolítica de la IEE se basaba sobre un determinado "equilibrio" entre empresarios y trabajadores, evitando que un sector "explote" o "sumerja" al otro. En el plano económico, ello suponía un determinado nivel de productividad y una relación de precios y salarios, aspectos que conllevaban "responsabilidades" y "funciones" para cada actor. En este esquema, el gobierno transformó, no siempre de acuerdo a sus deseos, los parámetros legítimos con los que empresarios y trabajadores se manejaban en sus relaciones mutuas.
La política de la cooperación económica peronista se realizó bajo un modus operandi específico que combinó distintas dosis de participación y de subordinación de los actores socioeconómicos en las decisiones gubernamentales.⁶ Aunque dicha política no alcanzó a constituir un sistema corporativista, conformó un componente fundamental de la estrategia sociopolítica de la IEE desde los orígenes del peronismo, aspecto relativamente poco estudiado.⁷ Sobre estas bases, se crearon, ya desde 1944, distintos organismos de planificación y ejecución que además llevaron a cabo la función de incorporar a los actores socioeconómicos en el Estado: desde el Consejo Nacional de Posguerra de 1944 a la Comisión Económica Consultiva de 1953, pasando por el Consejo Económico y Social y el Consejo Económico Nacional, por nombrar algunos de los principales. Esta política de cooperación adquirió distintos matices y niveles de efectividad⁸ –y requirió de distintos roles por parte de los actores– en función de lo que Perón llamó "las necesidades pragmáticas" de las diferentes "etapas", es decir, de la distinta combinación de prioridades políticas y económicas.
En el período 1944-1946 y 1946-1948, el gobierno peronista se abocó a consolidar el apoyo de los trabajadores, quienes reforzaron su poder de negociación frente a los patrones e introdujeron modificaciones cualitativas en la dinámica de las relaciones laborales (Doyon, 2006; Schiavi, 2014), contexto en el cual se produjo una fuerte redistribución del ingreso. En contraste, los empresarios quedaron relegados a un segundo plano y más bien buscaron adaptarse a la nueva situación.⁹ Aunque favorecidos por la protección industrial y la política crediticia, los industriales denunciaron desde un primer momento la caída de la productividad y la relacionaron con los "abusos", la "mala predisposición" y la "falta de disciplina" de los trabajadores. Argumentaban que todo ello implicaba un aumento de costos, que afectaba los niveles de producción y que, por lo tanto, era un factor clave en el aumento de la inflación.¹⁰
Esta visión era compartida por el gobierno, que desde un primer momento consideró la productividad como clave para el sostenimiento de un modelo industrial-distributivo. La muestra de ello es que la preocupación oficial por la productividad no se produjo, como muchas veces se supone, luego de la crisis económica de 1952, sino desde mucho antes. En un ciclo de jornadas radiales en agosto de 1947, Perón advirtió que "disminuir el rendimiento normal del trabajo envuelve una actitud criminal" ([1947] 1997: 655). En estos términos justificó la necesidad de aumentar la productividad: no es posible que el gobierno lleve adelante su política de industrialización del país si al mismo tiempo se sabotea, consciente o inconscientemente, la producción (…). Insisto en que el asunto ha de ser encarado también con relación a la posible resistencia de los trabajadores (…). El gobierno tendrá que considerar la necesidad de realizar una adaptación de los salarios al costo de la vida […] ya que la realidad nos prueba que un excedente considerable del salario del trabajador en relación con sus gastos le permite el ausentismo o la disminución del ritmo de la producción (Perón, [1947] 1997: 655).
Este discurso no fue un hecho aislado, sino que, por el contrario, constituyó un punto central de la estrategia sociopolítica del "equilibrio", que, en este caso, implicaba inculcar a los trabajadores un mayor compromiso con el aumento de la producción.¹¹ Acompañando el discurso oficial, la CGT ejecutaba campañas por el aumento de la producción y contra el ausentismo.
Pero fue la crisis económica de 1949-1952 la que obligó a una mayor firmeza para incrementar la productividad, lo que conllevó un ajuste de la estrategia sociopolítica de la IEE. El esquema económico expansionista de los primeros años no pudo sostenerse y fue reemplazado por una orientación más ortodoxa. Luego de la renovación del equipo económico, con la salida del empresario Miguel Miranda y la entrada del "técnico" Alfredo Gómez Morales en 1949, se aplicaron políticas que apuntaron a resolver la escasez de divisas y la inflación. Se buscó incentivar las exportaciones, disminuir el gasto público, restringir el crédito, desalentar el consumo y promover el ahorro. La profundización de la crisis, agravada por la sequía que afectó a la cosecha 1951-1952, demostró la necesidad de cambios estructurales habida cuenta del agotamiento de la fase liviana de la industrialización sustitutiva. El Plan de Emergencia Económica de 1952 y el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) confirmaron la reorientación definitiva de la IEE, que procuró incentivar la producción agroexportable y, al mismo tiempo, avanzar en la integración industrial y promover las ramas más pesadas. Al su vez, se incentivó la inversión privada y se generó un tratamiento más favorable del capital extranjero (Ley 14.222/53).¹²
En este contexto, la problemática de la productividad pasó a ser crucial. En tanto que la redistribución del ingreso de las actividades agropecuarias hacia las urbanas estaba agotada, y que el crédito subsidiado a las empresas con el que el gobierno financiaba los aumentos salariales quedaba limitado por los objetivos antiinflacionarios, la productividad se prefiguró como la única solución para lograr a un tiempo el crecimiento del producto industrial y mayores salarios. Es decir, constituyó una salida tanto económica como política.
Sin embargo, en la medida en que el gobierno dependía del apoyo político de los trabajadores, las alternativas de la estrategia sociopolítica de la IEE resultaron estrechas. Los sindicatos se negaban a modificar convenios colectivos en nombre de la productividad y los empresarios no estaban dispuestos a achicar sus márgenes de ganancias y trasladaban los costos salariales a los precios. La estrategia consistió, entonces, en minimizar los costos políticos reactivando los mecanismos de concertación corporativa. La "Comunidad Organizada" era la que ahora debía resolver el dilema.
En este punto, la cooperación económica adquirió mayor centralidad y cambió el rol del Estado en la economía. De forma estilizada, éstos son algunos de los principales aspectos de esta transformación. Primero, con el objetivo de generar legitimidad y minimizar los costos políticos de la nueva IEE, el gobierno procuró un mayor involucramiento de los actores socioeconómicos en los organismos económicos estatales. Segundo, el Estado se convertía en el promotor y garante de los "acuerdos" que los actores lograsen pactar, aunque esto no debe confundirse con una renuncia o pérdida de autonomía, pues el mismo Estado se reservaba el tiempo y la forma de aplicar dichas medidas. Tercero, los organismos institucionales para la cooperación económica, como los consejos y comisiones, fueron dotados de mayor jerarquía y efectividad, convirtiéndose en un espacio donde los actores pudieron proponer y modificar efectivamente determinadas medidas.
Algunos de estos aspectos se pueden observar a partir de la experiencia de lo que luego derivó en la Comisión Nacional de Precios y Salarios, cuyas recomendaciones fueron incorporadas al Plan de Emergencia Económica de febrero de 1952 y al Segundo Plan Quinquenal (1953-1958).¹³ En esta Comisión los empresarios plantearon abiertamente atar la evolución de los salarios a la productividad, punto que pasó a formar parte del Plan Económico de 1952, el cual, por otra parte, congeló precios y salarios por dos años.¹⁴ En el marco de las restricciones económicas señaladas, el gobierno demandó la participación efectiva del sector empresario y, asimismo, que éstos consensuaran con los representantes sindicales medidas concretas de política económica. El gobierno, ahora en su rol de mediador, buscó correrse de la puja distributiva, por lo que procuró dejar de intervenir en la remuneración de los factores, tal como en el período previo.
Una vez constituida la Confederación General Económica (CGE) en 1953¹⁵, el gobierno no sólo dotó de mayor efectividad la cooperación económica, sino que además promovió una mayor participación empresaria en el Estado, como, por ejemplo, en la planificación económica, la distribución del crédito industrial y divisas y hasta en las reuniones de gabinete. En coincidencia con el gobierno, la CGE apuntó a problematizar en el discurso público la cuestión de la productividad.¹⁶ Con este objetivo, la Central empresaria organizó el Congreso General de la Industria, en 1953, y el Primer Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo (CORT), en 1954, antecedentes del CP.
En el frente laboral, las cosas eran complejas. Por un lado, la escasa representatividad de los dirigentes de la CGT otorgó a los sindicalistas una mayor autonomía respecto de sus bases, lo cual redundó en un mayor margen de maniobra para el gobierno en la reorientación de la política económica. Pero, por otro lado, la crisis de legitimidad de los sindicalistas a partir de la reorientación económica de 1949 jugó en contra del logro de la "colaboración" obrera en el plano de las relaciones laborales. En efecto, el objetivo oficial de incrementar la productividad laboral no sólo requería de los acuerdos corporativos a nivel de cúpulas (CGT, CGE y gobierno), sino también de un mínimo de efectividad en el plano micro, en la actitud de los trabajadores en las plantas fabriles. Sin dudas, esta situación ambivalente generó nuevos dilemas y restó capacidad al gobierno para operar sobre el colectivo laboral.  
Si bien el congelamiento de precios y salarios establecido en 1952, con el acompañamiento del sector laboral, detuvo la puja distributiva, la renovación de convenios colectivos en 1954 constituyó un nuevo desafío. Pese a la directiva oficial de renegociar salarios según la evolución de la productividad, los trabajadores consiguieron un aumento promedio del 12% por encima del de 1952. Preocupado por esta situación, en octubre de 1954 el gobierno dio a conocer el "Plan de Acción sobre el Equilibrio de la Economía Nacional", que apuntaba a "consolidar" el nuevo "equilibrio" y "sentar las bases que sirvan de solución permanente a ciertos aspectos de la economía", en especial el problema de la productividad (Secretaría de Prensa y Difusión, 1954: 12, subrayado nuestro). Este Plan oficializó el llamado al CP para marzo de 1955.

Posiciones de los actores y preparativos del CP

A diferencia de la Comisión Nacional de Precios y Salarios, que buscó atender la urgencia de la escalada inflacionaria, el CP constituyó un ámbito deliberadamente preconcebido y calculado. La ausencia de condicionamientos temporales rígidos permitió poner a la "Comunidad Organizada" en acción y legitimar medidas que apuntaban a resolver el problema de la productividad más allá del corto plazo. Ya desde el Temario y el Reglamento quedó claro que la iniciativa representaba la expresión del modus operandi de la IEE peronista. En efecto, a través de su intervención en el discurso público, el gobierno hizo de la cuestión de la productividad un problema socialmente relevante a resolver, definiéndola, estableciendo los parámetros legítimos de acción y conminando a los actores a enfrentarla y a aportar una "solución".
El 18 de enero de 1955 fue el inicio de una intensa campaña de divulgación. En el acto de lanzamiento, Perón estableció los parámetros de negociación, el significado e importancia de la productividad y lo que se esperaba de empresarios y trabajadores. Su discurso comenzó por definirlo como el acto "más trascendente e importante" realizado "desde 1944" y que marcaría la segunda "etapa de realizaciones". Pero tal vez el aspecto más destacado haya sido el de establecer los objetivos y el criterio de "éxito" del CP, punto que no siempre ha sido suficientemente ponderado. En este sentido, sostuvo que no se trataba de un Congreso "formal", "imbuido de un método ideal", sino de uno "real", el cual debería llevar
         a cada argentino la necesidad de que produzca y de que trabaje y la convicción de que su sacrificio encontrará en las realizaciones nacionales la justa retribución de sus afanes (…). Es necesario que nos pongamos a trabajar, que interesemos a cada uno de los argentinos en este problema y que lo persuadamos de la necesidad imprescindible de realizar esta etapa. Si lo conseguimos, el congreso será de una efectividad extraordinaria; de lo contrario será un congreso más, intrascendente e inoperante como otros tantos que se llevan a cabo (Perón, 1955: 8, subrayado nuestro).
El Congreso serviría, como mínimo, para generar "una conciencia" acerca de la problemática. Una vez establecido el problema, el Estado quedaría legitimado para tomar las medidas necesarias que aseguren "el cumplimiento por parte de cada uno de los argentinos de la consigna de producir más y mejor" (Perón, 1955: 8). Un aspecto central de este discurso fue la determinación de las responsabilidades que le cabían a cada parte. En el metadiscurso, se iba construyendo un escenario que legitimaría acciones disciplinadoras hacia los actores que no se adecuaran.
Por un lado, los empresarios eran llamados a incrementar la productividad y la producción para "garantizar el abastecimiento interno y la exportación". Por otro lado, el líder justicialista definió, con su característico estilo, que los trabajadores tenían una "importancia extraordinaria" en cuanto "a la eficiencia", pero que "con chapuceros no llegaremos nunca a una perfecta producción colectiva". En este sentido, enfatizó que había que considerar seriamente "el tiempo de trabajo en relación con la producción", descartando de plano la posibilidad de bajar la jornada de ocho horas (Perón, 1955: 11-12).¹⁷
El discurso del Secretario General de la CGT, Eduardo Vuletich¹⁸, puso en evidencia los parámetros de legitimidad de los trabajadores respecto del modelo económico, básicamente signados por criterios de justicia social, nacionalismo económico y, especialmente, por su identificación con la persona de Perón.¹⁹ Estos parámetros fueron construidos sobre el propio entendimiento que los trabajadores se hicieron respecto de lo que para ellos significó la experiencia peronista, concepción entroncada en el propio mundo del trabajo (James, 1981). Por ello, si bien se reconoció el problema de la productividad, se buscó también establecer sus límites. En esta línea, subrayó la existencia de "la protección jurídica y social más amplia y efectiva" y que la productividad no se daría a través de un "aumento incontrolado de trabajo" que pudiera comprometer "las conquistas logradas" (Vuletich, 1955a: 17-18).
Por su parte, el discurso del jefe de la CGE, José Gelbard²⁰, se orientó a legitimar la convocatoria misma, ante empresarios y trabajadores. Comenzó afirmando, al igual que Perón, que el criterio de "éxito" del Congreso pasaba por la creación de un "clima psicológico" por el cual "cada habitante será consciente de lo que la productividad exige de él, y procederá en consecuencia". No obstante, también esperaba que, a través del "contacto directo entre trabajadores y empresarios, resultará la eliminación de muchos de los obstáculos que se oponen a una mayor productividad". Para finalizar, legitimó la productividad, asociándola a la "felicidad", cuya "fórmula en términos económicos" se traduciría en "altos salarios–mano de obra barata" (Gelbard, 1955a: 21-23).
Como símbolo del pacto social que se pretendía reformular, el 21 de marzo se inauguró el CP en la Cámara de Diputados. Allí, los actores dejaron establecidas sus posiciones. Perón, acompañado por todo el equipo económico, cedió espacio a los protagonistas del evento y pronunció un discreto discurso. Distinto fue el caso de Vuletich, quien abandonó el tono de "colaboración" anterior y expuso lo que sería la postura de la CGT a lo largo de todo el Congreso. En primer lugar, sostuvo que el trabajador era tan sólo "uno más" de los factores que hacen a la productividad, por lo que no debía esperarse que todo el esfuerzo recayera sobre sus hombros.
Segundo, si bien se aceptaba la consigna de la productividad, se observa la preocupación por no aparecer, ante propios y ajenos, "cediendo terreno". "Si se creyera que aquí debemos solamente analizar al hombre en función del trabajo, estaríamos ya perdiendo lastimosamente el tiempo" (Vuletich, 1955b: 272). Su discurso contenía un fuerte tono reivindicativo que buscaba defender el lugar material y simbólico que ocupaban los trabajadores en la Argentina peronista.
Tercero, estableció que la legislación social justicialista no sería la variable de ajuste en la búsqueda de una mayor productividad, por lo que las negociaciones partían "con la exigencia mínima de que se cumpla total y absolutamente nuestra legislación de amparo" (Vuletich, 1955b: 273).
Cuarto, Vuletich buscó constantemente correr a los trabajadores del lugar de acusados. Si bien reconoció que el ausentismo era un problema a resolver, contraatacó denunciando que en muchas ocasiones la eficiencia no era posible debido a "las condiciones absolutamente impropias" en que los operarios deben desempeñarse, por lo cual reclamó "normas" que "también" regulasen el comportamiento empresario (Vuletich, 1955b: 274).
Como se mencionó con anterioridad, las explicaciones en clave clasista analizan el CP exclusivamente a partir del antagonismo de intereses entre obreros y capitalistas. Más allá de ello, es preciso destacar que tanto el gobierno como la CGE buscaron denodadamente salir de esta lógica, mostrando que resultaba imposible seguir distribuyendo el ingreso sin afectar la producción, y por lo tanto la inflación. Precisamente, se esperaba que el propio Congreso fuese un instrumento para generar acuerdos que permitiesen la formulación de medidas consensuadas que atendieran al problema de la productividad.
En este sentido, Gelbard intentó plantear el problema "objetivamente". Argumentó que el problema de la economía nacional pasaba por la renovación del equipamiento para el logro de un mayor rendimiento, pero, en tanto que la escasez de divisas no permitía modernizar las plantas vía importaciones, se volvía imprescindible "resolver el problema a partir de los equipos y planteles actuales", tomando "como punto de partida lo existente, lo presente, y mejorar y aumentar el rendimiento de la productividad de cada máquina, de cada hombre de cada proceso" (Gelbard, 1955b: 282).
El llamado del líder empresario apuntaba a que se estableciese la base de una discusión "racional" y "sensata" por la cual se comprendiese la necesidad de reestablecer el "orden" dentro de las fábricas; es decir, detener los "abusos" por parte de los trabajadores, aspecto que venía siendo denunciado desde los orígenes del peronismo y que afectaba la dinámica cotidiana de las plantas fabriles (Brennan y Rougier, 2009 y Schiavi, 2014). En este sentido, argumentó que tanto el salario real como la productividad dependían "de la buena marcha de las empresas, esto es, de un trabajo bien planeado y hecho a un ritmo continuado, normal y satisfactorio, sin alteraciones que lo perturben por motivos ajenos a las altas finalidades económicas que se busca realizar" (Gelbard, 1955b: 282-283).
Con un tono totalmente distinto al utilizado por su par sindical, Gelbard señaló que aquel era el "primer" Congreso y enfatizó que la clave pasaba por "una cuestión mental", por establecer "un espíritu nuevo que se adapte a los objetivos de la productividad" (Gelbard, 1955b: 278). Tanto en sus intervenciones como en las de Perón es posible observar que el CP formaba parte de una estrategia (¿conjunta y acordada?), un primer paso para resolver el problema del "orden" en las plantas, apuntalar la productividad y, a nivel más global, re balancear los componentes (el capital y el trabajo) de la "Comunidad Organizada". Era claro que las metas del CP se entroncaban en una estrategia de, por lo menos, mediano plazo: "Este proceso de transformación que iniciamos se prolongará en el tiempo; mas hay que prevenirse de la impaciencia […]" (Gelbard, 1955b: 279). Luego especificó: "El Congreso constituye el punto de partida para que se desarrolle vigorosamente el espíritu de la productividad entre los responsables y actores del proceso económico argentino" (Gelbard, 1955b: 283).
A diferencia de las centrales empresarias previas²¹, la CGE podía jactarse de representar al empresariado nacional con "conciencia social", por lo cual formulaba sus demandas apelando a la legitimidad de participar en la "Comunidad Organizada". Gelbard aclaró expresamente que no se pretendía tocar la legislación social justicialista, pero sí acordar los criterios para evitar los abusos generados en torno a su aplicación.²² Ya en la experiencia del Primer Congreso de Organización y Relaciones del Trabajo (CORT) de agosto de 1954 se había postulado que el consenso era la clave para lograr resultados favorables, por lo que se consideraba fundamental fortalecer la CGT y lograr un acuerdo común que permitiese ir re-socializando a los trabajadores bajo parámetros más estrictos de productividad. Es en esta matriz donde se inserta el reclamo empresarial tanto en torno al "consenso" como a la "disciplina".
Aclarados estos puntos, Gelbard pasó revista a aquellas situaciones que obstaculizaban un aumento de la productividad. En su discurso se observa el mensaje implícito: la necesidad de re-encontrar un "equilibrio", una reciprocidad, como forma de establecer un nuevo "contrato" en las relaciones laborales.²³ Dos fueron los temas principales a los que se debía atender: la regulación de las comisiones internas y el ausentismo. Argumentó que era razonable
pedir que [las comisiones internas] contribuyan a consolidar el desenvolvimiento normal de la empresa y a la marcha de la productividad. Tampoco es aceptable que, por ningún motivo, el delegado obrero toque un silbato en una fábrica y la paralice. No hay razón valedera que pueda invocarse, y mucho menos cuando amparan a obreros y empresarios leyes que figuran a la vanguardia de las que rigen en los países más adelantados del mundo (Gelbard, 1955b: 280).
Contra el ausentismo, señaló que "en algunos sectores llega hasta el índice alarmante del 15%, originando serias alteraciones en el trabajo y constituyéndose en una de las causas principales de la baja productividad". Asimismo, reclamó "terminar con los ‘lunes de huelga'" (Gelbard, 1955b: 280), práctica común en la Argentina peronista. El líder empresario denunciaba que todas estas prácticas afectaban los costos y disminuían la producción, lo cual repercutía en el nivel de precios y en el salario real.
Una vez lanzada la "consigna" de la productividad, se llevó a cabo una formidable campaña de difusión destinada a hacer de esta cuestión el eje del discurso público, lo cual puso al CP en el centro de la opinión pública. Entre el 18 de enero y el 21 de marzo, la "Comunidad Organizada" se puso en acción para difundir la consigna en todo el país. Estado, CGT y CGE activaron sus recursos con el objetivo de involucrar a toda la población, y no sólo a los directamente interesados, en la "problemática nacional". La maquinaria de propaganda oficial incluía tanto a los medios de difusión estatales como a un amplio número de medios que reproducían y amplificaban el discurso oficial.²⁴
Con el objetivo de generar un "estado psicológico" afín a la "productividad", la Secretaría de Asuntos Técnicos, especialmente designada para las actividades de preparación y divulgación del evento, editó un folleto "de carácter estrictamente popular" titulado "¿Qué es… productividad social?". A través de distintos recursos didácticos se buscaba legitimar la cuestión de la productividad, descartando los "prejuicios equivocados" en torno a ella: que no implicaba un "mayor esfuerzo" sino que permitiría "vivir mejor", puesto que permitiría "producir más, con menos esfuerzo" (Secretaría de Asuntos Técnicos, 1955: 15).
En la misma línea que la campaña "Perón quiere saber lo que su pueblo necesita"²⁵, de 1951-1952, el CP abría una instancia para la participación y el involucramiento de toda la sociedad en los planes oficiales. Particulares, entidades civiles, privadas y estatales podían presentar estudios y ponencias, las cuales serían revisadas y seleccionadas para nutrir el "Informe Final" o "Relatorio" que, luego de ser procesados por las Comisiones de Estudio, serían incorporadas al Acuerdo Nacional de Productividad y Bienestar Social. Con ello, esperaba generarse una "mística de la productividad", que llevaría a toda la población a "consustanciarse" con la problemática.
Por último, los protagonistas del evento, la CGE y la CGT, desde octubre de 1954 venían llevando a cabo una fuerte campaña de divulgación entre sus miembros a través de afiches, conferencias, folletos, discursos y reuniones. Revistas de la época, como Hechos e Ideas, Horizontes Económicos, Economía y Finanzas, publicaban continuamente artículos escritos por sindicalistas y empresarios, donde se repetían todos los efectos benéficos de la productividad y se argumentaba "racionalmente" en contra de los "prejuicios" al respecto.²⁶

Dinámica de las negociaciones y resultados del CP

La organización del Congreso revela algunos puntos que es preciso destacar. Primero, la conformación de su estructura estaba basada en la paridad de representantes obreros y empresarios. Segundo, el sistema de decisiones consistía en la unanimidad, lo cual garantizaba el control por parte de las dos entidades. Tercero, todo el trabajo de las Comisiones se trataría en las Sesiones Plenarias y derivaría en el "Acuerdo Nacional de Productividad y Bienestar Social", lo cual demuestra la existencia de una lógica organizacional que culminaría en un Acuerdo, sea cual fuere su contenido final.²⁷
La dinámica de las negociaciones que tendrían lugar a lo largo del CP no puede ser entendida sin antes revisar los distintos puntos de partida. Los empresarios procuraban definir con la mayor precisión posible lo legítimo y lo ilegítimo en el comportamiento obrero en los lugares de trabajo. Con ello se esperaba, al menos parcialmente, comenzar a poner límites a lo que consideraban abusos amparados en un entendimiento laxo de la legislación social. Si bien en el campo empresario existían posiciones extremas²⁸, es preciso destacar, contra ciertos enfoques, que los cegeístas no sólo ponderaban la necesidad de soluciones consensuadas y reconocían las comisiones internas, a las cuales se proponía regular y no eliminar, sino que además consideraban imprescindible lograr aumentos salariales reales, de manera de poder expandir el mercado interno.
Por su parte, los sindicalistas no se opusieron en ningún momento a la necesidad de aumentar la productividad, aunque también hubo posturas maximalistas que sólo legitimarían un Congreso que asegurara mayores beneficios.²⁹ Es claro que en muchas ocasiones las posiciones de la CGT resultaron ambiguas y contradictorias, pero ello no es necesariamente el producto de la falta de "conciencia" respecto de sus intereses "objetivos" de clase, sino que puede ser entendido por la lógica misma de la negociación y del lugar complejo que ocupaban al ser al mismo tiempo representantes de los trabajadores y un órgano cuasi estatal.³⁰
Sin duda, uno de los temas más sustanciales y conflictivos del CP fue la cuestión de los convenios colectivos. La forma que éstos asumieron desde 1944 determinó un aumento del poder de los trabajadores y una disminución de la capacidad patronal para organizar el trabajo. Un factor crucial dentro de la vida diaria de la empresa eran las comisiones internas, cuyo poder afectaba la dinámica del proceso productivo.³¹
Desde el CORT de 1954, los empresarios exigían "adecuar" los convenios según criterios mínimos de productividad, pero en el CP la CGT se opuso vehementemente, pues consideraba a los convenios unas de las principales conquistas y garantías de la "justicia social". No obstante, se logró acordar el criterio de que los acuerdos sobre productividad deberían sujetarse a ciertas "normas": que se firmarían por rama de actividad, que las "entidades adheridas" a la CGT o la CGE adaptarían lo acordado según "las posibilidades y características de su actividad específica" y que a nivel de empresa "se convendría" el cumplimiento y aplicación de las normas que emanaran del Acuerdo.
No obstante, fue la Comisión 13, que trató el Tema III, punto b, "Consideración del factor productividad en las convenciones de trabajo existentes", la que tuvo que lidiar con uno de los temas más espinosos: la regulación de las comisiones internas. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, empresarios y sindicalistas estipularon la negociación de acuerdos a futuro que harían "especial referencia" a las "situaciones existentes" que impidieran o limitaran una mayor productividad.
Con respecto al tema de la "reubicación" del personal, se reconoció la posibilidad de un desplazamiento laboral e incluso del "desempleo tecnológico", pero se aclaró que la dirección de la empresa "informaría previamente" a la organización obrera. En relación con el "ausentismo", se reconoció que era un "problema" a resolver y un "obstáculo" para una mayor productividad. A pesar de que había consenso en otorgar premios y primas por presentismo, no se acordó la implementación de medidas disciplinarias para combatir el ausentismo "injustificado", punto de máxima de los empresarios.
Sin dudas, fue en la implementación de un sistema de remuneración según rendimiento donde los empresarios satisficieron unos de sus principales reclamos: la implementación de "sistemas de incentivos", la exigencia de un "rendimiento mínimo" en la jornada laboral y la reafirmación de la autoridad empresaria en la determinación de los mejores "métodos de trabajo" (Tema II, punto b: "Técnicas conducentes a una mayor productividad", Comisión 7).
Finalmente, como estaba previsto, la CGE y la CGT firmaron el Acuerdo Nacional de Productividad (ANP).³² Si se tiene en cuenta el modus operandi de la IEE peronista, el ANP representó algo más que mera propaganda del régimen. Primero, porque dejó sentado en el discurso público a través de un documento formal el asentimiento y compromiso de empresarios y trabajadores para resolver los problemas que hacían a la productividad. Si bien es cierto que no se especificaron las "soluciones" en cada caso ni se cambió la legislación social, no se puede ignorar que se acordaron nuevos criterios a adoptarse en las relaciones laborales. Ello significó la legitimación de nuevos parámetros que regirían tanto la IEE peronista como las relaciones laborales. Este es un aspecto que no puede ser desestimado, teniendo en cuenta que el Estado peronista se arrogaba el papel de garante del bien común y en función de ello su legitimidad para disciplinar a los actores.
Segundo, el ANP puede ser interpretado como la manifestación de la modificación que, desde 1952, el gobierno peronista procuró operar en el lugar simbólico y fáctico que empresarios y trabajadores ocupaban en la "Comunidad Organizada". De tal manera, el CP actualizó los parámetrosque debían regir entre el capital y el trabajo en la Argentina peronista.
El punto II estableció que "se estudiarán y adoptarán en las empresas las técnicas que tiendan a obtener índices óptimos de productividad". Más sustancialmente, se remarcaron criterios que introducían cambios concretos en las relaciones laborales, realzando el rol y la autoridad de los empresarios frente a los trabajadores. Así, el punto III legitimó un nuevo equilibrio entre empresarios y trabajadores, estableciendo ahora que "los cuadros del personal" debían adaptarse "a las necesidades de la empresa", que debía cumplirse con una "asistencia regular al trabajo" y que la empresa podría aplicar planes "para obtener un aumento de la productividad" y un "empleo racional e integral de la mano de obra disponible".
De la misma forma, el punto IV concretó uno de los principales objetivos de la CGE en cuanto a "los medios propicios" para aumentar la productividad: los "incrementos directos en las remuneraciones por vía de incentivos proporcionados a la eficiencia del trabajador" (Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social, 1955: 363-367). El punto VI estableció que los acuerdos de productividad serían "independientes" y no tendrían primacía por sobre los convenios colectivos, por lo que se acordó que las partes "negociarían" a futuro y "según cada caso", aunque aceptaban la "obligación" de respetar el objetivo (acordado y públicamente legitimado) de aumentar la productividad.
Por último, la función de asesoramiento técnico y consulta quedaría institucionalizada en un nuevo organismo de cooperación económica: el Instituto Nacional de Productividad tripartito: Estado-CGT-CGE. Éste centralizaría la información "científica y técnica", promovería la investigación relacionada con la productividad y difundiría los "principios, medios y métodos para el incremento de la productividad".
En términos concretos no fue mucho lo que se avanzó en los meses posteriores al CP. Según James (1981: 338), no se firmó ningún convenio de productividad que pasara por encima de los ya existentes. En términos más cualitativos, se observa que los empresarios continuaron quejándose de la intransigencia obrera respecto de la disciplina laboral, los sabotajes, trabajo a reglamento, etc.³³ Respecto del Instituto Nacional de la Productividad, poco es lo que se sabe, o que quedó registrado. Lo cierto es que hacia diciembre de 1955, cuando el gobierno militar surgido del golpe de septiembre se propuso disolver el "Consejo Nacional de la Productividad", éste no había sido constituido (Cúneo, 1984: 201).
La bibliografía crítica ha tomado esta evidencia como la muestra del fracaso del Congreso y como la incapacidad del gobierno para disciplinar al actor trabajador (Bitrán, 1994; James, 1981 y Doyon, 2006). Sin embargo, analizar el CP en función exclusiva de sus resultados sobre las relaciones laborales impide ponderar otro aspecto: las modificaciones que el gobierno buscó operar en cuanto a los parámetros que legitiman su IEE, bases sobre las cuales se procuraba construir un determinado equilibrio sociopolítico, de más largo plazo, para la implementación de políticas económicas que apuntalaran la productividad y la viabilidad técnica del modelo sustitutivo industrial. Por otro lado, limitar el análisis a los resultados puede ser sesgado, sobre todo en una coyuntura excepcional como la de marzo a septiembre de 1955, caracterizada por una exacerbación del conflicto con la oposición, la Iglesia y sectores de las Fuerzas Armadas. Claramente, la atención del gobierno no estuvo puesta en temas económicos, así como tampoco pudo prescindir del apoyo de los trabajadores.
No obstante, a pesar del escaso avance en cuanto a modificar las relaciones laborales, desde una perspectiva global se observa que los esfuerzos del gobierno por aumentar la productividad tuvieron algunos resultados positivos, marcando un cambio en la tendencia que se verificó entre 1946-1949, en donde los salarios reales habían crecido por encima de la productividad. Gerchunoff muestra que en el período 1952-1953 el costo de la mano de obra bajó a su máximo nivel desde 1947 "como consecuencia de un incremento en la productividad per cápita" (1989: 80). Algunas estimaciones verifican que en ese período la producción por hora por obrero aumentó 13,5 puntos, operándose también un estancamiento relativo de los salarios reales.³⁴ Si bien los datos son fragmentarios y no permiten juicios concluyentes, está claro que a partir de 1952 hay un cambio en la tendencia y que ello muy probablemente responda a la etapa "difícil" de la industrialización sustitutiva, basada en mayores dotaciones de capital y tecnología.

Conclusiones

La experiencia del CP constituyó la culminación (y no "un primer paso") de una estrategia sociopolítica que promovió la colaboración de los actores socioeconómicos con la IEE. Dicha estrategia fue aplicada por el gobierno peronista a través de un modus operandi particular que, con distintos grados de participación de los actores en el Estado, apuntó a vincular la legitimidad de la IEE con su efectividad para resolver algunos problemas económicos del modelo sustitutivo-industrial. Esta estrategia, aunque sufrió oscilaciones, tuvo una fuerte continuidad desde los orígenes del peronismo, más allá del contenido de la política económica.
En este sentido, la institucionalización de la cooperación económica fue central y cristalizó, desde el Congreso Nacional de Posguerra hasta el propio CP y el Instituto, en una determinada arquitectura estatal orientada legitimar tanto la IEE como el modelo económico peronista. En esta trayectoria, la crisis económica de 1950-1952 llevó al gobierno a redoblar los esfuerzos para lograr que la participación de los actores socioeconómicos, en particular de los empresarios, se tradujera en una mayor efectividad de la política económica, en términos de resolver problemas como la inflación y la productividad. Entonces, la política de la cooperación económica fue el centro de la estrategia sociopolítica de la IEE bajo las nuevas restricciones estructurales.
Al revisar la experiencia del CP hemos destacado que éste no se agotó en el intento de transformar las relaciones laborales, sino que formó parte de una estrategia gubernamental de más largo plazo que apuntaba a re-balancear el lugar de los actores socioeconómicos en la "Comunidad Organizada" y generar las bases de sustentabilidad sociopolítica del modelo económico propuesto. Por otro lado, analizar al CP según sus resultados y tacharlo de fracaso por no transformar las relaciones laborales impide profundizar otros aspectos de la IEE peronista.
El gobierno consideraba que el objetivo de apuntalar la productividad en forma efectiva y duradera no podía ser simplemente impuesto, pues los costos políticos serían tan altos que esterilizarían los resultados. Ello no significó una pérdida de la autonomía estatal, sino que los cambios deberían darse a través del consenso. La estrategia, por lo tanto, consistió en generar primero un clima, una "conciencia", una predisposición "psicológica" que habilitara y legitimara la necesidad de cambiar las prácticas laborales. Este era el primer objetivo, de mínima, que se proponía el CP y que sin duda fue alcanzado: la CGE debió consensuar con la parte obrera los cambios a realizarse, y la CGT tuvo que aceptar que la productividad sería el criterio que guiaría la IEE y las relaciones laborales.
Por otra parte, sería considerar ingenua la idea de que se promovió el Congreso para resolver, en un lapso de 10 días y a través de un Acuerdo firmado por las partes, un problema tan complejo como el de la productividad. Sin embargo, si se entronca esta iniciativa en el modus operandi de la IEE peronista –que convoca a los actores, los enfrenta al problema, busca involucrarlos en la "solución" y difunde la consigna en la sociedad, generando un clima propicio en donde pueda aplicar una IEE con altos grados de legitimidad– se genera otra interpretación, tanto en torno a la iniciativa misma como a su alcance. Desde este punto de vista, el CP fue parte de una estrategia que apuntaba a re-socializar a los trabajadores en función de las exigencias de la productividad. En este sentido, el CP estuvo lejos de constituir una iniciativa fútil, tal como sostiene la literatura crítica.
El objetivo de acordar transformaciones sustantivas en las relaciones laborales no fue alcanzado en toda su plenitud, aunque ello no habilita a caracterizar el CP como un "fracaso" in totum. Lo que queda claro es que el Congreso sí logró legitimar nuevos parámetros y criterios y que los actores se comprometieran a incorporarlos. Así, se generó un clima en el que eventualmente se podría aplicar una IEE más decidida en favor de la productividad. En efecto, en la medida en que ésta fue definida por el discurso oficial como equivalente al "bien común", imprescindible para la salud de la "economía nacional" y el "bienestar social", se produjo un contexto en el que se reducirían considerablemente los costos políticos de acciones más directas por parte del Estado para apuntalar la productividad y modificar aspectos de las relaciones laborales. La autonomía estatal y su IEE quedaban relegitimadas bajo estos nuevos parámetros.
El hecho de que estos nuevos criterios no hayan modificado las relaciones laborales en lo inmediato no puede ser tomado como una defección, falta de voluntad del gobierno, o de la futilidad de la iniciativa misma, sino que debe tenerse en cuenta la crisis política de 1955, que llevó a que el problema de la productividad quedara relegado en la agenda oficial. En un contexto de polarización política, el margen de maniobra del gobierno cayó en una proporcionalidad inversa a su necesidad de apoyo popular y sindical. Por lo tanto, no se puede evaluar el impacto que el CP "hubiera tenido".
En conclusión, el CP buscó legitimar la necesidad de resolver un problema económico fundamental, el de la productividad (cantidad y calidad de lo producido a costos decrecientes), a la vez que intentó generar condiciones de posibilidad, material y técnicamente sustentables en el largo plazo, para la consolidación de una alianza sociopolítica con el apoyo de empresarios y trabajadores. Ambos aspectos, el económico y el sociopolítico, estuvieron en la base del intento del gobierno peronista de construir un modelo económico donde la efectividad de la IEE confluyese con la legitimidad de un modelo económico industrial-distributivo.

Referencias

¹ Para una revisión acerca de los debates en torno a la IEE, ver Castellani y Llanpart (2012).

² Esta estrategia puede ser entendida como el conjunto de discursos, acciones, políticas e instrumentos aplicadas por el gobierno con el fin de lograr legitimidad y apoyos (o neutralización) de los actores socioeconómicos en relación al cumplimiento de los objetivos de la IEE.

³ Por cooperación económica se entiende la institucionalización de la vinculación de los actores socioeconómicos en los organismos estatales que definen aspectos de la IEE. Pocos son los autores que estudiaron el problema de la participación e influencia empresaria en el Estado durante el peronismo, siendo una notable excepción Jáuregui (2004a). Para un estudio acerca de la cooperación económica de empresarios y trabajadores durante el peronismo, ver Sowter (2013).

⁴ La legitimidad de la IEE y la legitimidad del modelo de desarrollo son dos dimensiones que buscan dar cuenta del problema de la construcción sociopolítica de la IEE y remiten a un aspecto poco estudiado de ésta (Sowter, 2013). La primera dimensión, alude a la aceptación y reconocimiento acerca del Estado como instrumento válido para intervenir en la esfera social y económica. La segunda, remite al consentimiento de los actores socioeconómicos hacia dicho modelo.

⁵ Siguiendo a Van Dijk (2000), se observan las estrategias discursivas, a través de las cuales los actores ponen en juego sus recursos, poder y estatus. En relación con el discurso peronista ver Sigal y Verón (1986) y Altamirano (2001).

⁶ Para un desarrollo de este modelo y de las características que asumió la construcción de la autonomía estatal durante el período 1943-1946 ver Sowterr (2014). Para una discusión sobre el corporativismo, ver Schmitter (1974). Para una discusión teórica acerca del problema de la autonomía del estado, consultar, entre otros, Evans (1996).

⁷ Como se mencionó, una de las excepciones es Jáuregui (2004a).

⁸ Efectividad sentido de lograr una participación real de los actores socioeconómicos en la IEE y/o de contribuir a resolver los problemas económicos concretos.

⁹ Luego de la intervención a la tradicional Unión Industrial Argentina (UIA), en 1946 se fundó la Asociación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio (AAPIC) y en 1948 la siguió la Confederación Empresaria Argentina (CEA), aunque ninguna satisfizo las expectativas gubernamentales por una organización "representativa y democrática", que nucleara a todo el capital nacional. Hasta 1949 el interés oficial en este punto fue ambivalente, pues si bien precisaba una organización que apoyara al gobierno y colaborase con los objetivos de la IEE, al mismo tiempo consideraba al sector empresario como potencialmente opositor, de allí que en la práctica terminara limitando por distintos medios su capacidad de acción corporativa. No fue sino hasta 1953, con la CGE, que los empresarios lograron conformar una confederación patronal capaz de cumplir con las expectativas oficiales. Al respecto, consultar Brennan (1997), Brennan y Rougier (2009) y Jáuregui (2004b).

¹⁰ Esta posición fue manifestada por los empresarios frente al gobierno en la reunión plenaria del Consejo Económico y Social el día 24 de junio de 1948, en donde se expresaron respecto de los "principales problemas de nuestra economía", se quejaron del "aumento en las retribuciones o sueldos" y se reclamó la creación de un "clima adecuado" para que "la producción de obreros y empleados vuelva a su nivel anterior" (Perón, [1948] 1997: 573-576). También ver diario La Nación, 26/06/48, p. 1.

¹¹ Razones de espacio impiden explayarse sobre este punto, pero diversos discursos confirman que el rendimiento obrero y la productividad eran problemas que ocupaban al gobierno y que procuraban ser resueltos. Por ejemplo, podemos mencionar la reunión mantenida por Perón con representantes sindicales en junio de 1948, en donde les reclamó un mayor compromiso con la producción como medio para detener la inflación y llamó a "hacer una campaña" a favor de la productividad y contra el ausentismo (Subsecretaría de Informaciones, 1948).

¹² Respecto de la bibliografía económica sobre el período consultar, entre otros, Bitrán (1994), Ferrer (1977), Rappoport (2000) y Rougier (2012).

¹³ La aceleración de la inflación en 1951-1952, que sumó el 75,5%, fue la cuestión central que llevó a Perón a convocar en diciembre de 1951 a un ciclo de reuniones en el Consejo Económico Nacional entre representantes empresarios y trabajadores. En estas reuniones, que tuvieron lugar entre enero y febrero de 1952, el gobierno pidió que se consensuaran propuestas de políticas con el fin de recuperar el "equilibrio" entre precios y salarios. La Comisión Nacional de Precios y Salarios fue constituida como resultado de estas reuniones y formalizada luego del anuncio del Plan Económico de 1952. Respecto de la experiencia esta Comisión, ver Sowter (2016).

¹⁴ Las fuentes que sostienen esta aseveración están fundamentadas en el estudio del fondo documental del Consejo Económico Nacional (1952).

¹⁵ Ver notas 9 y 21.

¹⁶ Se utiliza la noción de "discurso público" en el sentido que le da Van Dijk (2000), para referir a una lucha de poder en donde los actores buscan determinar el sentido de las palabras y de los hechos sociales, como por ejemplo, productividad, inflación, derechos laborales, intervención estatal, etc.

¹⁷ Para persuadir y legitimar ante los trabajadores la necesidad de cambiar su actitud en el trabajo como medio de resolver el problema de la productividad también apeló a otros argumentos: 1) la legitimidad misma del modelo económico, pues en el modelo "justicialista" (donde no hay explotación) producir equivale a fortalecer los fundamentos de dicho modelo y no a "engordar al patrón"; 2) producir más es una acción que le conviene, pues aumentando la productividad ayudaría a bajar los costos, combatir la inflación y así, indirectamente, beneficiarse con salarios reales más altos; 3) que se beneficiarán del aumento de la producción y la productividad de manera directa: participando de los beneficios (Perón, 1955: 10-13).

¹⁸ Vuletich era un ignoto sindicalista de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia cuando en octubre de 1952 fue nombrado secretario general de la CGT, sucediendo así a otro sindicalista marginal dentro del movimiento obrero, José Espejo. Al respecto, ver Doyon (2006).

¹⁹ "Hoy no se trata de la patria que todo nos lo negaba y todo nos lo exigía (…), es la patria de Perón. Una patria justa, libre y soberana. Es la patria muchas veces generosa que nos ha visto dignificarnos, elevarnos, mejorar y vivir con la prestancia de ciudadanos que se sienten orgullosos" (Vuletich, 1955a: 16).

²⁰ José Ber Gelbard (1917-1977) fue un gremialista empresario que a partir de la década de 1950 comenzó a convertirse en el enlace privilegiado de Perón con el sector empresarial y fue una pieza central en la organización de la llamada "burguesía nacional". Ligado al Partido Comunista, comenzó su carrera organizando el movimiento empresario en el noroeste argentino desde donde estrechó vínculos con el gobierno peronista. Uno de sus momentos culminantes llegaría en diciembre de 1951 cuando Perón da el visto bueno para la creación de tres confederaciones (industria, comercio y agricultura) que, en agosto del año siguiente, derivarían en la creación de la CGE. Finalmente, en agosto de 1953, Gelbard fue elegido presidente de la CGE. Para una biografía de Gelbard, ver Seoane (2009). Brennan y Rougier (2009) subrayan que la CGE no fue enteramente una creación del gobierno peronista y que representó la expresión de los empresarios del interior, que tendrían una fuerte identificación federalista, nacionalista y antiliberal, opuestos al tradicional domino porteño.

²¹ Ver nota 9.

²² "Las conquistas sociales están afirmadas en un ordenamiento legal que aceptamos en todos sus alcances, pero es indispensable que esas leyes se apliquen con estricta objetividad y con espíritu de justicia, con prescindencia de la eventual presión del sector empresario o del sector obrero" (Gelbard, 1955b: 281).

²³ James (1981)utilizó el término effort bargain para describir la relación que existe entre el sueldo o jornal y el rendimiento productivo del obrero. Se trata de una relación, un contrato implícito, entre los niveles de producción y el esfuerzo de trabajo: tanta paga por tanto trabajo. Este autor sostiene que durante el peronismo dicho contrato se rompió y que con el CP se apuntaba a renegociarlo.

²⁴ Respecto de las políticas de comunicación y la prensa durante el período, ver Sirvén (1984).

²⁵ Esta campaña impulsaba la participación de la sociedad en el Segundo Plan Quinquenal (1953-58). Al respecto, ver Elena (2005).

²⁶ Por ejemplo, una nota escrita por el dirigente papelero Valentín Fernández (1954), pese al título, apuntaba en este sentido.

²⁷ A fin de tener una idea sobre la organización del CP, vale la pena repasar el Temario y su estructura: "Tema I: Productividad: mejor nivel de vida"; "Tema II: Medios concretos para elevar la productivdad"; "Tema III: Bases generales para acuerdos sobre productividad". Cada Tema estaba dividido en distintos subtemas, quince en total, cada uno de los cuales sería tratado por una Comisión de Trabajo correspondiente, es decir, quince Comisiones.

²⁸ Por ejemplo, Federico Grether, presidente de la Federación de Industriales Textiles y miembro del Comité Organizador del CP, reconoció que existían "malos empresarios" que apuntaban a "derogar la legislación laboral vigente como único medio de obtener una mayor productividad" (citado en Bitrán, 1994: 124).

²⁹ Por ejemplo, la Unión de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la República Argentina advirtió acerca de "cierta tendencia revisionista de normas y realizaciones (…). Creemos que seguir por la misma senda emprendida perfeccionando pero no retrocediendo, debe ser la mejor actitud" (citado en Bitrán, 1994: 101).

³⁰ Respecto de esta tensión que atravesó a la CGT durante todo el período peronista, ver Doyon (2006).

³¹ Entre otras cuestiones, los convenios estipulaban una amplia cantidad de condiciones, entre las que se pueden mencionar: el régimen de ausencias, vacaciones, indemnizaciones, forma de realización de cada trabajo, cantidad de operarios por tarea, contratar personal sólo a través del sindicato, la prohibición de ocupar un trabajador para otra tarea que no fuese aquella para la cual había sido contratado, respetar la cantidad de personas para cada tarea, etc. Las comisiones internas eran las encargadas de hacer que se respetasen todas las condiciones acordadas en el convenio colectivo. A partir de estos ejemplos puede entenderse fácilmente que la sensación generalizada de los empresarios era la de haber perdido el control de su propia empresa.

³² En el Acuerdo se deja sentado que éste sería el nombre oficial, sin "bienestar social".

³³ Las actas de la CGE y revistas patronales como Metalurgia y Gaceta Textil muestran que, entre abril y agosto de 1955, fue poco lo que se pudo avanzar en lo acordado por el CP. Al respecto, ver Bitrán (1994: 252), Brennan y Rougier (2009: 101-106), Schiavi (2014: 324).

³⁴ Cifras tomadas de Bitrán (1994: 348), quien cita datos del Boletín Mensual de Estadística y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tomando como año base 1952 = 100, el año 1955 arroja un índice de productividad de 113,5. Los salarios reales marcan para el año 1955 un 101,44 con un pico de 113,44 para 1954.

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Recibido: 08/03/2015.
Aceptado: 30/12/2015.