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Estrategias individuales, consecuencias colectivas. La renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia

Individual Strategies, Collective Consequences. Chacho Alvarez's Resignation to Vice-presidency

 

Julián Zicari

Julián Zicari es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. E-mail: sanlofas@hotmail.com

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resumen

El trabajo aborda el caso de la renuncia del vicepresidente del país, Carlos Álvarez, en octubre de 2000, como un ejemplo en el cual se produce una clara divergencia entre las formas y estrategias de intervención individual (con dinámicas e incentivos perfectamente racionales) y los resultados a los cuales esto condujo y que terminaría implicando un alto costo colectivo. Para realizar dicho objetivo, este trabajo se dividirá en seis partes. Una primera en la cual se analizará la dinámica de la formación de la Alianza y de sus liderazgos individuales; luego se dará lugar a explicar los condicionantes y tensiones tanto grupales como individuales que encontraron los miembros de la Alianza al llegar al gobierno; en la tercera sección se abordarán las posiciones y estrategias de los tres principales líderes de la Alianza y cómo entre ellos estructuraron un campo de acción cercano a la colisión; en la cuarta parte se analizará el enfrentamiento en escalada entre el presidente y su vice; en la sexta se explicará bajo qué lógica de acción se produjo la renuncia del vicepresidente. Finalmente, este trabajo cerrará con algunas conclusiones al respecto.

palabras clave: Alianza; De la Rúa; Álvarez; Argentina

summary

The work deals with the case of the resignation of vice-president, Carlos Alvarez in October 2000, as an example in which a clear divergence between the forms and the individual intervention strategies (with dynamic and perfectly rational incentives) and the produced results to which end this led and collectively involving a high cost. To achieve this objective, this work is divided into six parts. A first one in which the dynamics of the formation of the Alliance and its individual leaders is analyzed; then it will lead to explain the constraints and tensions both group and individual who found the members of the Alliance to come to power; in the third section positions and strategies of the three top leaders of the Alliance will be addressed to explain how they structured a field of action close to the collision; in the fourth part will discuss the escalating confrontation between the president and his vice president; the sixth will be explained under what logic of action came the resignation of the vice president. Finally, this paper closes with some conclusions.

keywords: Alianza; De la Rúa; Álvarez; Argentina

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Introducción. La política y la acción colectiva

Una de las características que mantiene en tensión siempre a la política es que se trata, a la vez y por definición, de un espacio colectivo pero conformado por múltiples individualidades. Es por ello que las distintas vertientes del análisis político señalan que estudiar las formas concretas en las cuales se lleva a cabo el “accionar propiamente político” debe hacerse en términos del “accionar necesariamente colectivo” y sobre los distintos tipos de problema que esto implica. Esto último, se señala, es especialmente útil para pensar el funcionamiento de la política contemporánea en base al sistema de partidos políticos que la conforma, en el cual los partidos políticos son agrupamientos heterogéneos de personas que a través de distintas formas de organización y funcionamiento son los que acceden al gobierno y ejecutan las principales directrices de políticas públicas en él.
De allí que el análisis político tienda a destacar el sinfín de problemas que se entrelazan en los partidos políticos en tanto formas de acción colectiva: relaciones de cooperación y distancia entre los agentes y grupos, costos de organización, monitoreo y sanción, los aprendizajes, las divergencias que pueden existir entre intereses personales, grupales y generales, las relaciones de fuerza, poder y veto y su dinámica, la historia institucional, las matrices cognitivas e ideológicas, las formas de negociación y conflicto, los liderazgos y la disciplina partidaria, siendo estas menciones tan sólo algunos ejemplos clásicos de las tensiones que atraviesan las fuerzas políticas en su estructuración.
Todos estos problemas, ya de por sí muy complejos, son aún más difíciles de resolver cuando el análisis implica tener en cuenta no sólo una dinámica partidaria singular o la de los partidos rivales, sino los casos en los cuales se constituyen coaliciones de gobierno entre dos o más fuerzas, y todavía más si los mismos cuentan con débiles formas de institucionalización, tendencias al accionar individual por sobre el grupal, precarios o inexistentes mecanismos de coordinación, o bien carecen de formas que alienten la cooperación antes que el conflicto aspectos que, como intentaremos mostrar, en todos los casos terminan por crear incentivos para que prevalezcan las estrategias particulares, desentendiéndose de las consecuencias colectivas que ello pudiera acarrear, aun cuando éstas sean perjudiciales para los propios individuos que las ejecutan como también para sus fuerzas políticas y –en el mediano y largo plazo– para sus naciones.¹
En este sentido, y en función de lo señalado, este trabajo buscará abordar el caso de la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez en octubre de 2000, como un ejemplo en el cual se produce una clara divergencia entre las formas y estrategias de intervención individual –con dinámicas e incentivos perfectamente racionales– y los resultados a los cuales esto condujo y que terminaría implicando un alto costo colectivo, ya sea para los agrupamientos a los cuales pertenecían los agentes, la coalición que conformaron y –finalmente– para los propios actores individuales. Es decir, se buscará hacer del caso seleccionado una muestra empírica en la cual, cuando en la construcción de los espacios políticos comunes se descuidan las formas institucionales y colectivas de resolver los conflictos y diferencias –o se carece de un núcleo ideológico, identitario o programático definido–, se dejan márgenes muy amplios para el accionar individualista, el cual no tarda en irrumpir y dominar la escena política una vez que encuentra el contexto y las motivaciones suficientes. Con ello se podrá señalar que en dichas circunstancias las fuerzas políticas son excesivamente débiles, pareciéndose más a agrupamientos de personalidades particulares que a partidos políticos propiamente dichos: su fuerza institucional es endeble y con ello potencialmente explosiva.² Para realizar dicho objetivo, este trabajo se dividirá en seis partes. Una primera en la cual se analizará la dinámica de la formación de la Alianza y de sus liderazgos individuales; luego se explicitará la estrategia de la coalición de cara a las elecciones presidenciales de 1999; en tercer lugar se desarrollarán los condicionantes y tensiones tanto grupales como individuales que encontraron los miembros de la Alianza al llegar al gobierno; en la cuarta sección se abordarán las posiciones y estrategias de los tres principales líderes de la Alianza y cómo entre ellos estructuraron un campo de acción cercano a la colisión; en la quinta parte se analizará el enfrentamiento en escalada entre el presidente y su vice; mientras que en la sexta se explicará bajo qué lógica de acción se produjo la renuncia del vicepresidente. Finalmente, este trabajo cerrará con algunas conclusiones al respecto.

Los liderazgos y la formación de la Alianza: los dilemas entre el éxito individual y el logro colectivo

La Alianza por la Educación, la Justicia y el Trabajo nació el 2 de agosto de 1997. Ésta había sido una coalición formada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente para el País Solidario (Frepaso), dos partidos con una dispar tradición y recursos. Por un lado, la UCR era un partido centenario, con bases territoriales en todo el país, varias líneas internas, pero que desde el retorno a la democracia en 1983 había hallado en Raúl Alfonsín un líder indiscutido. Sin embargo, la baja performance electoral que sufrió la UCR durante la década de 1990 frente al avance político y el plan de reformas neoliberales encarado por el peronista Carlos Menem habían arrinconado al partido en más de una ocasión.
En 1993, cuando se produjo una nueva victoria electoral del PJ y la presión del presidente Menem aumentó con respecto a la chance de reformar la Constitución Nacional con el fin de lograr un nuevo mandato presidencial, la UCR prefirió ceder y negociar con el PJ para habilitarla, ya que daba por descontado que la reforma se realizaría y que era mejor entonces obtener algunos beneficios en ello (Ollier, 2001). El llamado “Pacto de Olivos” realizado entre Menem y Alfonsín fue el símbolo más importante del acuerdo entre ambos partidos para realizar la reforma. Sin embargo, los costos que los radicales pagaron al respecto no fueron pocos, puesto que el principal partido de oposición cediera ante un nuevo avance del presidente Menem fue castigado por el electorado hacia el futuro: si en 1993 la UCR consiguió el 30% de los votos nacionales, en 1994 su caudal se redujo al 20%, mientras que en 1995 terminó en un lejano tercer lugar en la elección presidencial con el 16% de los sufragios. Estos retrocesos en las urnas del partido le dieron lugar al avance de las líneas políticas que habían sido contrarias al pacto de Olivos. Así, Rodolfo Terragno se convirtió en presidente de la UCR para el periodo 1995-1997, mientras que Fernando De la Rúa –quién históricamente había mantenido distancia de Alfonsín y de su ideología– logró convertirse en Jefe de Gobierno porteño en 1996. Igualmente estos avances, la larga tradición y estructuración del radicalismo le daban al partido un rol cada vez más aletargado, casi parsimonioso y muy cómodo con el sistema bipartidista, lo que dificultaba que pudiera recuperar la primera escena política por sí solo, reduciendo su poder político a una fracción cada vez menor (Zícari, 2016b).
En cambio, el Frepaso, el otro socio de la Alianza, era prácticamente la cara contraria a todo esto. Era un joven y pujante espacio político, de base carismática, que se había estructurado en torno a las figuras de Graciela Fernández Meijide y de Carlos “Chacho” Álvarez, a las denuncias de corrupción y al reclamo por renovar el sistema de partidos. El Frepaso escaló así electoralmente durante toda la década de 1990 hasta obtener el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1995, aunque con un muy bajo nivel de estructuración partidaria y con muchas dificultades para lograr una penetración territorial por fuera de los grandes centros urbanos. En este sentido, el Frepaso no era exactamente un partido político, sino –como lo dice su nombre– era un frente conformado por varios partidos (entre los que se destacaban el Frente Grande, la Democracia Cristiana, El Partido Intransigente, el Partido Socialista Democrático, País, entre otros) y que se terminó de estructurar detrás del liderazgo que Chacho Álvarez había sabido darle, el cual después de tener varias rupturas políticas logró hegemonizar el partido de forma indiscutible (Álvarez había roto al comenzar los noventa primero con Menem y el peronismo, luego en 1994 con Fernando “Pino” Solanas y en 1996 con Octavio Bordón). El Frepaso no contaba entonces con una estructura partidaria lo suficientemente sólida, por lo que reposaba el grueso del destino político del espacio en las pocas figuras que lo conducían. Estas falencias, basadas en una muy baja calidad institucional, ponían de manifiesto el tipo de estrategia por la que se optó al construir al Frepaso.
Para crecer de forma tan meteórica como lo hizo, el Frepaso se estructuró más como un espacio de opinión que como un partido político institucionalizado, en el cual hacía converger su agenda con el discurso periodístico, y utilizaba a los medios de comunicación como tribuna de difusión y de posicionamiento, sin los mecanismos con los que se habían caracterizado otros partidos, como podrían ser los actos de masas, la militancia, una ideología que confrontara con otras, programas elaborados, consultas con las bases, reglas para decidir y resolver los conflictos internos, todos elementos que los frepasistas en parte rechazaron porque eran identificados despectivamente como parte de “la vieja política” y el añejo bipartidismo (Corrales, 2011).³ El Frepaso optó por tener liderazgos sin muchos condicionamientos, que fueran flexibles y libres, y con la suficiente capacidad para adaptarse a los volátiles climas de lo que llamaban la “opinión pública” o “la gente”. Principalmente, el Frepaso dependió del olfato político y del carisma que pudiera mostrar Álvarez, quien contaba con la notable habilidad para instalar temas, leer muy bien las situaciones y climas políticos, desenvolviéndose cómodamente en los estudios de televisión, aplicando metáforas vívidas allí y dar encabezados sencillos pero contundentes a la prensa,  destacando su perfil de lucha contra la corrupción. Además, su buen manejo de los tiempos le otorgaba cierta audacia en sus denuncias, mezclándolas con inteligentes reflexiones, lo que le permitía ser, paradójicamente, una figura cada vez menos amenazante para el status quo y para el orden económico, pero crecientemente comprometida con enmendar ciertas situaciones; aunque a veces, parecía más cómodo en su rol de líder de opinión y de “fiscal del poder” que en el de un líder con vocación de poder.⁴ Es decir, por el tipo de liderazgo que ofrecía la figura de Álvarez, el partido buscó compensar su flaqueza institucional al costo de volverse fuertemente dependiente de la voluntad individual y de la capacidad arbitraria de decisión de aquél. Así, los buenos resultados alcanzados hasta entonces habían maquillado este déficit presentándolo como una virtud.⁵
Con vistas a las elecciones presidenciales de 1995 los grupos del radicalismo que encabezaban Federico Storani y Rodolfo Terragno habían intentado junto a Álvarez conformar un acuerdo electoral entre ambas fuerzas para unirse con el fin de enfrentar al peronismo. Sin embargo, las resistencias internas de la UCR lo impidieron. Poco después, cuando Terragno ya era presidente de la UCR los contactos continuaron, al punto que Álvarez volvió a insistir con un acuerdo entre ambas fuerzas, señalando: “Si en esta situación de crisis, con la acumulación de indignación social, con el grito furioso de sacarse a Menem de encima, con el apagón, con las huelgas, no se vence al PJ, se consolida la idea de la ‘invencibilidad del peronismo’ […] si no hay alianza en 1997 no hay alianza en 1999” (Página 12, 24/11/1996). Desde el radicalismo, Terragno se mostraba como un abierto partidario de realizar un acuerdo electoral, secundado por el sector de Federico Storani, mientras que Alfonsín y De la Rúa se mostraban dubitativos, pero donde algunas líneas internas de la UCR eran más refractarias, como el gobernador radical de Córdoba, Ramón Mestre, que directamente se oponían.⁶ No obstante, ante la falta de concreción de un acuerdo, los tiempos se terminaron de acelerar cuando el Frepaso modificó el escenario al proponer el pase electoral de Graciela Fernández Meijide de la Capital Federal –distrito en el que era habitualmente candidata– a la provincia de Buenos Aires. Allí, con este cambio, las encuestas la pasaron a ubicar segunda, detrás de la candidatura propuesta por el PJ, con Chiche Duhalde a la cabeza, y relegando así en ese escenario a un tercer lugar la postulación de Alfonsín por parte de la UCR. A su vez, en la Capital Federal, la lista frepasista encabezada por Álvarez proyectaba imponerse en primer lugar, dejando a la UCR en segundo plano con la candidatura de Terragno. Por lo que, en los dos principales distritos del país, el radicalismo quedaría una vez más con una baja performance, aun cuando compitieran dirigentes de mucha relevancia partidaria como eran Terragno y Alfonsín. Frente al dilema de confirmar el diagnóstico que todos los sondeos señalaban, Alfonsín declinó su candidatura en julio para forzar un acuerdo entre ambos espacios, el cual se pautó en agosto cuando nació la Alianza, formándose la coalición entre la UCR y el Frepaso. Es decir, en la convergencia de intereses individuales y colectivos, existían los incentivos suficientes para formar un espacio común con vista a derrotar al peronismo en las elecciones y posteriormente alcanzar la presidencia del país.

El camino hacia la elección presidencial: la estrategia de la coalición

La conformación de la Alianza fue un verdadero trastrocamiento político, puesto que hasta ese momento el triunfo del peronismo se daba por descontado en casi todo el país pero la flamante coalición vino a ponerlo en cuestión. La principal temática que buscaron capitalizar en la campaña de 1997 fue todo lo ligado a la corrupción como eje central de las discusiones, temática con la que también se venía construyendo la importante demarcación dentro del espectro político de la supuesta división entre “honestos y corruptos” y ser con ello un clivaje fundamental de las articulaciones partidarias. Una prueba representativa de esto, y no sin casualidad, fue que las figuras que se estaban estableciendo como los principales líderes de la oposición (Chacho Álvarez, Fernando De la Rúa, Graciela Fernández Meijide, etc.) comenzaron a sacar jugosos frutos políticos de este tipo de dicotomías, bajo su aura de hacer política con decoro, respeto por las formas y austeridad, pero por sobre todo por hacerlo “sin corrupción”.⁷ Así, este tipo de dinámica cultural sobre el mundo político que los líderes aliancistas alentaban no sólo permitía cimentar una mirada cínica y desesperanzada de los problemas públicos –con cierta negatividad y desentendimiento sobre la política y los partidos–, sino que también permitiría vaciar de contenidos los temas de discusión y programas políticos e ideológicos –o por lo menos empobrecerlos–, poniendo fin a las cuestiones que habían sido fundamentales bajo la edad de oro del Estado de Bienestar –ligadas a la distribución, la igualdad y al desarrollo industrial–, para centrar ahora parte de los conflictos en torno a la institucionalidad y la ética pública. A su vez, los debilitamientos ideológicos restaban cohesión a los agrupamientos políticos y permitían entonces que éstos dependieran principalmente del brillo de sus figuras individuales.
La plasmación de la Alianza se realizó en quince de los veinticuatro distritos electorales del país (Chaco, Entre Ríos, Santa Cruz, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Jujuy, Salta, Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes, además de Buenos Aires y Capital Federal), intercalando los puestos de los candidatos entre la UCR y el Frepaso, e intentando que encabezaran las listas los aspirantes que pudieran ofrecer los mejores resultados, aunque la proporción de candidaturas se estableció casi 2 a 1 a favor del radicalismo. Además, se acordó que sería el denominado “grupo de los cinco” (integrado por Álvarez, Fernández Meijide, Alfonsín, Terragno y De la Rúa) el que quedaría a cargo de la plasmación y conducción del acuerdo a nivel nacional y el que buscaría institucionalizar la Alianza en todo el país, dar sus programas y conducir la campaña.
El tipo de intercambio que se daba entre los dos miembros de la Alianza era entonces desequilibrado, pero esto no se leía como una debilidad, sino como una complementariedad que podría traducirse en fortaleza mutua. Porque si bien el Frepaso no podía ofrecer muchos dirigentes con carisma ni tampoco un aporte institucional o distrital de peso, sí ofrecía la opción de sumar a los dos dirigentes más importantes de la oposición para aquella elección y en los dos distritos más importantes: Fernández Meijide (provincia de Buenos Aires) y Álvarez (Capital Federal). Por su parte, el carisma, la renovación y la tenacidad con los que se identificaba a Álvarez y a Fernández Meijide parecían integrarse muy bien frente a la organización, trayectoria y cuadros que la UCR ofrecía, ya que el radicalismo desbordaba grandemente en poder institucional en relación al Frepaso: tenía legisladores en todas las legislaturas provinciales, era la primera oposición en diputados y en senadores de la Nación, contaba con inserción territorial, gobernaba cinco provincias y 461 municipios, mientras que los frepasistas sólo controlaban un municipio (Rosario) y algunas bancas legislativas en diputados (Ollier, 2001). El radicalismo podía ceder algunos lugares en sus listas frente al Frepaso, pero se beneficiaba largamente al estar en mejores condiciones de hegemonizar el nuevo espacio. A su vez, la UCR por el perfil opositor débil, opaco y en declive que venía manifestando, podría también beneficiarse con la frescura y determinación de aquello que los miembros del Frepaso parecían ofrecer, como a su vez, al unificar sus listas con éste, le permitía tener una mejor performance en el interior del país, aún en localidades donde le era esquivo imponerse.
Cuando se produjo el triunfo electoral de la Alianza en octubre de 1997, la coalición se proyectó con serias posibilidades de quedarse con la presidencia del país hacia 1999, especialmente por la victoria que logro Fernández Meijide en la provincia de Buenos Aires, por lo que la definición de la fórmula electoral aliancista devino clave para ambos partidos. La misma se pautó para que se resolviera en una elección abierta entre dos candidatos, uno de cada partido, en el cual el partido triunfador se quedaría con la postulación presidencial de la Alianza y el otro partido la de vicepresidente. El Frepaso definió rápido a su aspirante, cuando postuló para competir en la interna a Fernández Meijide. En cambio la UCR tuvo dos competidores: Rodolfo Terragno y Fernando De la Rúa. Fue aquí donde la intervención de Alfonsín se volvió una vez más perentoria. Por un lado, porque Alfonsín primero pactó con la vieja estructura radical para que De la Rúa fuera el nuevo presidente del partido para el periodo 1997-1999 y con ello hacer explícito que los sectores mayoritarios de la UCR deseaban que éste fuera quien encabezara la fórmula. La buena imagen que tenía De la Rúa en la sociedad y en las encuestas lo volvían el mejor candidato del partido, a la vez que era casi imposible que –por ello– Terragno lo pudiera vencer en una elección interna. De este modo, Alfonsín dejó entrever que lo mejor era que no hubiera ninguna disputa interna y que el partido se mostrara unificado detrás de la candidatura de De la Rúa. Por otro lado, y para terminar de definir esto, fue la fuerte presión de Alfonsín sobre Terragno la que hizo que éste diera de baja su pre-candidatura para que el radicalismo tuviera un solo candidato. Así, De la Rúa se volvió primero el candidato único de la UCR para la interna aliancista y luego de la Alianza cuando venció a Fernández Meijide en dicha elección por la candidatura presidencial.⁸ Allí, la consolidada maquinaria partidaria de la UCR se impuso sin problemas ante la endeble base organizativa del Frepaso. Un mes después de los comicios internos, la Alianza terminó por diagramar su propuesta electoral cuando Chacho Álvarez anunció que sería el compañero de fórmula de De la Rúa y que Fernández Meijide sería candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires (Clarín, 05/12/1998). Por su parte, De la Rúa, como un gesto simbólico, en el que agradecía las gentilezas de Alfonsín por haber facilitado su candidatura y también como un sinceramiento de la situación, había pautado con la estructura radical para que éste se volviera el presidente de la UCR para el periodo 1999-2001. La relación entre partidos y dirigentes terminó por construir pronto un escenario en el cual primó más la cooperación que la rivalidad, favoreciendo los logros colectivos detrás de los triunfos individuales de los distintos liderazgos.
En este sentido, el programa político de la Alianza presentado de cara a 1999 fue una prueba cabal al respecto. Desde el “grupo de los 5” se dio a conocer el plan de gobierno que llevaría a cabo la Alianza en caso de llegar a la presidencia, el cual se denominó “Carta a los Argentinos”. Dicha Carta, sin embargo, más que un programa de gobierno era una laxa declaración de buenas intenciones, puesto que era un documento muy escueto y redactado de modo lo suficientemente ambiguo como para no establecer compromisos firmes ni propuestas claras, lleno de mensajes generales y de afirmaciones incluso contradictorias entre sí. Esta imprecisión fue un objetivo deliberado por parte de ambos partidos para lograr la flexibilidad suficiente durante la campaña y también para no desatar conflictos internos, ya sea entre los partidos socios o bien en el interior de ellos. Así, aunque la Carta buscó acentuar en su plataforma sus propuestas económicas es poco lo que finalmente se afirmaba al respecto. Por ejemplo, se defendía a la convertibilidad, aunque aclarando que sólo sería posible conservarla si se puede “consolidar la economía en diferentes frentes”; se hacía énfasis en eliminar el déficit fiscal, pero sin explicar cómo y, al mismo tiempo, se hablaba de aumentar fuertemente el gasto público en infraestructura; se proclamaba casi duplicar las exportaciones en apenas cuatro años aunque reconociendo que con la caída de los precios internacionales sería muy difícil hacerlo. Cuando se asumían posiciones tajantes, las mismas resultaban ser muy livianas en sus consecuencias: no proponía aumentar el gasto social, sino distribuirlo; señalaba que las empresas privatizadas eran monopólicas, generaban concentración de la riqueza y perjudicaban la equidad, pero no proponía revisar o anular sus contratos, sino fortalecer los entes reguladores (Pousadela, 2003). Las propuestas parecían simplemente asegurar el neoliberalismo y proclamar la intención general de “trasparentar las instituciones” y de “gobernar sin corrupción”, pero sin señalar cambios de peso, lo que permitiría improvisar las medidas sobre la marcha en función de lo que marcasen las encuestas o lo que la agenda periodística de coyuntura pudiera imponer. En otros términos, la ambigüedad programática si bien podía ser una fortaleza para la campaña también podía ser un peligro potencial al momento de ser gobierno y tener que ejecutar un plan concreto, con la alineación de todos los grupos tras él.
Finalmente, como una muestra más de las buenas intenciones y cooperación dentro de la Alianza, el grueso de la estrategia electoral se concentró en resaltar la figura de su candidato, Fernando De la Rúa. En este caso, porque según los estudios privados realizados por los aliancistas era la persona de De la Rúa una de las mayores fortalezas electorales que podía ofrecer la Alianza: una persona serena, de perfil austero, moderado, que no era agresivo ni confrontativo y que tenía una larga carrera política respetando las instituciones. Es decir, un hombre que lucía ideal para alcanzar la presidencia y para representar los valores que buscaba gran parte del electorado por ese entonces, en pos de mayor institucionalidad y de respeto por las normas, a la par que para los aliancistas personalizar la campaña en su candidato contribuía todavía más a desideologizar sus propuestas (evitando así tocar temas espinosos entre agrupamientos y los compromisos tajantes) como también a reforzar el liderazgo y autoridad de aquél. Un ejemplo notorio de la cristalización de esta táctica fue en el spot publicitario que tuvo mayor circulación en la televisión y la radio, y que comenzaba con la frase “Dicen que soy aburrido”. Aquí se buscó transmitir que la figura de De la Rúa era el contraste absoluto con la de Menem (asociado al despilfarro y el descuido por las normas) y se hacían converger en el candidato aliancista los ideales que la coalición prometía efectivizar: privilegiar un tiempo de paz con continuidad y tranquilidad, una vida nacional sin sobresaltos que permitiera que todo fuera claro y previsible (casi hasta ser “aburrido”). En síntesis, la campaña de la Alianza se centró en expresar el programa módico de prometer mayor neoliberalismo y convertibilidad pero sin corrupción, el cual se garantizaría con la buena imagen de los líderes de la coalición y no en una plataforma concreta, lo que, finalmente, pareció una estrategia adecuada ya que la coalición triunfó cómodamente en las urnas y llegó a la presidencia del país en 1999.

La Alianza en el gobierno y las estrategias de los actores: las tensiones internas entre grupos e individuos

El 10 de diciembre de 1999 la Alianza asumió el gobierno de la Nación. Su triunfo se había logrado sin demasiados problemas, replicando en gran medida el resultado obtenido en 1997. Sin embargo, a pesar de la relativa sencillez y facilidad con la que habían escalado hasta conquistar la presidencia, el apoyo político acumulado y cierto horizonte apacible, los integrantes de la coalición debían prestar atención a una serie de dificultades y limitaciones que ya antes de comenzar su gestión amenazaban con condicionar su capacidad de acción. Desde la Alianza era preciso tomar en consideración tanto las fortalezas como las debilidades que asomaban para trazar a partir de ello diversos tipos de estrategias y lograr así sortear un panorama que pudiera volverse eventualmente complejo. Con lo que, si la victoria electoral era un motivo de festejo y alegría, lo cual brindaba esperanzas y oportunidades, empezar a gobernar requería no descuidar problemas que restringían el ámbito decisorio.
Por comenzar, debemos decir que las limitaciones institucionales que encontró el nuevo gobierno no eran pocas. Una de las más duras sin dudas fue la sorpresa final recibida la noche misma de la elección cuando se descubrió que Graciela Fernández Meijide no había logrado imponerse en la provincia de Buenos Aires. Con ello, el Frepaso terminó por reforzar su rol como socio menor de la Alianza, ya que en menos de un año una de sus principales figuras había sufrido dos derrotas de peso (primero con De la Rúa en la interna y ahora con la gobernación); esto no era un dato menor si se tiene en cuenta que el principal objetivo llevado adelante por la Alianza era de corte electoralista. Así, el Frepaso debió resignarse no sólo a tener un menor caudal institucional del estimado, sino que éste se tradujera en la conformación de un poder político notablemente desbalanceado: los frepasistas, además de quedar sin la provincia de Buenos Aires y de que la UCR obtuviera el premio mayor y sin comparación de poner al presidente en un país de larga tradición presidencialista, el equilibrio interno del gabinete nacional terminó por relegarlos en demasía: el Frepaso sólo obtuvo dos ministerios de un total de diez, ocho secretarias (de 42) y cuatro subsecretarias (de 58) (Ollier, 2001: 159). Es decir, la ilusión de paridad de fuerzas se quebró rápidamente y la Alianza se convirtió en una coalición de acentuado sesgo radical.⁹
Sin embargo, las limitaciones de la capacidad institucional de la Alianza no terminaban allí, puesto que el peronismo, con una estrategia de adelantamientos electorales provinciales, pudo además hacerse de la gobernación de catorce provincias (el 60% del total), contando con las tres más grandes: ya que, además de la mencionada Buenos Aires, se quedó con Córdoba y Santa Fe, mientras que la Alianza, por más que triunfó con su boleta presidencial en casi todo el territorio, sólo pudo tener para sí plenamente seis (Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Chaco, Río Negro y Chubut), muy parcialmente una séptima (San Juan, en la que la coalición de partidos que se impuso allí tanto la UCR como el Frepaso tenían un rol menor), y un octavo que era sólo una ciudad (Capital Federal). Asimismo, la Alianza tampoco logró conquistar un pleno dominio legislativo en el Congreso Nacional. En este caso, si bien alcanzó a convertirse en la primera minoría en Diputados con 119 bancas (83 de la UCR y 36 del Frepaso), estaba a diez bancas de contar con quórum propio, no podría tratar proyectos sobre tablas y tampoco tendría mayoría, lo que obligaría a la coalición a guardar una estricta disciplina interna y a tener que lograr acuerdos con otros partidos políticos. Además, el PJ no estaba tan lejos de los diputados aliancistas (contaba con 100), lo que también le permitiría tener cierto dominio de la cámara baja si lograba establecer acuerdos con otras fuerzas. En este sentido, el partido de Domingo Cavallo había alcanzado un bloque de diputados modesto (11 escaños), pero que podía resultar decisivo en ciertas votaciones y que, por ende, le podría dar capacidad de árbitro entre las propuestas de la Alianza y el PJ (los partidos provinciales, dispersos en varias distritos, podrían ocupar un rol similar con las 25 bancas que tenían). De modo todavía más desventajoso, el Senado dejaba a la Alianza en una situación complicada. Aquí el peronismo contaba con mayoría y quórum propios (39 senadores), un poder que casi duplicaba al aliancista, que guardaba sólo 21 bancas (20 por la UCR y una sola por el Frepaso). Con lo cual, la Alianza debía encontrar la forma de lograr atravesar esta debilidad si deseaba hacer aprobar sus leyes, por lo menos hasta las elecciones de octubre de 2001, cuando toda la cámara alta se renovara y se eligieran por primera vez en forma directa los senadores (ya que caducaría la designación de éstos por las cámaras legislativas provinciales, dado el cambio de la Constitución de 1994). En este escenario, el vicepresidente Álvarez, en su cargo simultáneo de presidente del Senado, debería actuar en un ambiente en que se encontraba en minoría y en el cual el peronismo podría utilizar su mayoría para presionarlo y dificultar las funciones de gobierno. Además, varios senadores del PJ demostrarían tener mucha independencia de lo que decidieran los gobernadores de sus propias provincias, encontrándose en más de una ocasión enfrentados a ellos, por lo cual no era fácil lograr acuerdos o negociaciones por parte del gobierno o del PJ con estos.¹⁰ Con respecto al poder judicial, desde el nuevo gobierno no elaboraron ningún plan de remoción para los jueces de la Corte Suprema o la introducción de cambios. La idea de proyectar continuidad republicana y evitar conflictos amainó todo esbozo de desarmar la “mayoría automática” menemista allí, lo que sumaba un nuevo elemento de negociación política con un poder del Estado. Si bien la Alianza había ganado la presidencia del país, detrás de sí no contaba con los recursos acordes para gobernar con holgura o con autonomía suficiente, sino que se encontraba atrapada en una suerte de cerco o situación que apenas la alejaba del “empate institucional”. De allí que la multiplicidad de factores de veto con los poderes institucionales implicara un peligro cierto de atasco que empantanara o directamente hiciera imposible ciertas acciones de gobierno, volviéndolas lentas en algunos casos y muy modestas en otros.
En este contexto, los condicionamientos hallados y los problemas al hacerse cargo del gobierno no eran en sí determinantes para temer alguna explosión virtual futura, sino elementos a considerar para que la coalición actuara de forma unida y acorde al escenario. En consecuencia, desde la Alianza se debía dejar atrás el faccionalismo que pudiera contener dentro de sí, abrazar una estrategia de gobierno que favoreciera la cooperación y la disciplina interna, y decidirse por ejecutar un plan integral que se ocupara de todos los frentes. Aunque por supuesto, declamar posturas de este tipo es mucho más fácil que realizarlas, sobre todo cuando la heterogeneidad inicial es la regla y cuando los dos socios de la Alianza cargaban con sus propias limitaciones.
En efecto, en el radicalismo, que era el partido mayor, se debía hallar una forma en la cual integrar su dispersa vida interna con el gobierno y articular así la presidencia de la Nación –en cabeza de una persona con escasa gravitación dentro de la UCR como era De la Rúa– con el liderazgo confederado que ejercía Raúl Alfonsín. Es decir, el presidente si bien era el dirigente radical con mejor imagen en las encuestas, siempre había tenido dificultades para conquistar un poder real dentro del partido.¹¹ A su vez, porque el peso de los cargos dentro del partido, como la relevancia de varios de sus dirigentes y de sus líneas internas en perpetua competencia entre sí, no permitía que a éstos se los pudiera marginar con facilidad de los cargos de gobierno o de su rumbo, pero tampoco armonizar con él, especialmente cuando las ideas políticas y económicas de De la Rúa fueran contrarias a las del grueso de la estructura partidaria. Porque mientras el presidente era un cultor del pensamiento conservador y de la ideología neoliberal, Alfonsín e importantes cuadros radicales eran propensos al keynesianismo, la intervención estatal y al resguardo del mercado interno en sus concepciones –anhelando al Estado de Bienestar como modelo–, contrastes que en más de una oportunidad podrían despertar ciertas tensiones. En las designaciones de gabinete se sintieron ya algunos resquemores cuando los grupos del sindicalismo docente, académicos y de la militancia universitaria radical –estos últimos agrupados en Franja Morada– debieron ver desembarcar a Juan José Llach como ministro de Educación (un economista liberal y de concepciones privatistas, ex funcionario de Menem) que parecía diametralmente opuesto a las concepciones de aquéllos de fortalecer la educación pública; del mismo modo, el presidente debió darles lugar casi sin entusiasmo a dos de sus históricos competidores internos (Rodolfo Terragno y Federico Storani, nada menos que en los puestos de vital importancia como eran la jefatura de gabinete y el ministerio del Interior, respectivamente), así como también al alfonsinismo tradicional en Ricardo Gil Lavedra (ministro de Justicia), mientras que el resto de los puestos –aparte de los dos ministerios a cargo del Frepaso– recayeron exclusivamente en el núcleo de amigos íntimos, familiares y del entorno de más confianza de De la Rúa, con un cargado perfil pro-mercado y de adscripción al más duro monetarismo.
En este sentido, los enfrentamientos larvados y las desconfianzas añejas debilitaban el trabajo en equipo e impedían el juego colaborativo. Por citar un ejemplo, cuando se fijó como tipo de acción de gobierno inicial de la Alianza apuntalar al terreno económico como principal campo de batalla, alineando a todo el gabinete detrás del que fuera designado ministro de Economía, José Luis Machinea (el economista de mayor relevancia para Alfonsín y para el partido), De la Rúa intentó marcar su impronta y cercenó la acción de éste para que no se convirtiera en un “superministro” que condicionara su imagen como lo fue Cavallo con Menem, con lo que le sacó atribuciones a su cargo. Fue así que se creó el ministerio de Infraestructura y Vivienda, a cargo de un amigo del presidente, Nicolás Gallo. En igual dirección y en pos de aminorar más la independencia de Machinea, De la Rúa llenó el gabinete de economistas ortodoxos y de su propio entorno con el fin de que las decisiones de peso fueran debatidas siempre coartando cualquier autonomía del ministro. Así, López Murphy recaló en Defensa, Adalberto Rodríguez Giavarini en Cancillería y Fernando de Santibañez en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), además del recién mencionado Llach en Educación. Con lo que, muchas figuras delaruistas, con nulas o pobres credenciales partidarias terminaron ganando peso y una alta relevancia en la toma de decisiones a espaldas o incluso en contradicción con lo deseado por los hombres del partido. El mismo Alfonsín temió que la UCR repitiera lo sucedido con Menem una década atrás cuando técnicos e ideólogos del más duro neoliberalismo colonizaron el gabinete y luego el Estado, sin tener vinculación orgánica partidaria alguna, dando un giro ultra-ortodoxo (Novaro, 2009), para lo que señaló cuando asumió la presidencia de la UCR que De la Rúa y el partido tenían que trabajar juntos, aunque advirtiendo: “No vamos a permitir que desde afuera le indiquen a nuestro gobierno qué medidas tomar para hacer frente al grave endeudamiento y el alto déficit fiscal” (Clarín, 04/12/1999).
Por parte del Frepaso, los problemas eran otros, ya que los dos núcleos de identidad del partido –la frescura política y la lucha contra la corrupción– una vez en el gobierno debieron perder parte de su atractivo para tener que concentrarse en elementos propositivos de acción y llevar adelante políticas públicas concretas; aunque para hacer este tipo de redireccionamiento se dificultaría mucho desde un partido tan débil institucionalmente como el Frepaso, sobre todo porque éste carecía de un programa ideológico claro. Lo cual, es necesario especificarlo, podría desatar disputas internas de importancia y nuevos portazos –como los que ya habían ocurrido en el pasado– o, también ahora, generar enfrentamientos con sus socios radicales. A su vez, porque una vez en el gobierno, los miembros del Frepaso deberían aprender tardíamente la importancia de contar con las estructuras partidarias tradicionales que tanto se habían encargado de criticar y de evadir, puesto que al poco tiempo de andar sus funcionarios comenzarían a actuar desordenadamente, con muchos cuadros librados a su voluntad, sin experiencia ni coherencia programática o preparación, y sin tampoco tener un partido al cual rendir cuentas, lo que volvía a estos elementos un peligroso cóctel mortal para la supervivencia del partido o incluso de la misma Alianza. Los tres casos de mayor responsabilidad en el gabinete así lo demuestran. Chacho Álvarez debía batallar en soledad frente un Senado mayoritariamente peronista y con un solo senador de su partido, lo que debilitaba aquí la existencia de estrategias colaborativas institucionales, amén su propio espíritu de acción individualista. Graciela Fernández Meijide conduciría Desarrollo Social sin haber tenido gestión alguna o experiencia en un área tan compleja; mientras que, Alberto Flamarique, designado en el ministerio de Trabajo y que había sido hasta entonces el principal operador político de Álvarez, preferiría comenzar a proyectar su crecimiento personal como un incondicional a De la Rúa antes que respetar su vínculo con aquél o su partido. Casos similares se darían también en los niveles inferiores de gestión (Abal Medina, 2006: 67). Asimismo, también pesaba sobre los frepasistas el compromiso de adherir y respaldar a un gobierno en el que habían quedado en un lugar subordinado y con un poder político e institucional mucho menor al esperado, y donde la persona que encabezaba la coalición parecía poco dispuesta a inclinarse por las ideas de izquierda o “progresistas” que desde el Frepaso se hubiera deseado. Por lo cual, como vemos, en ambos casos, tanto en el radicalismo como en el Frepaso, debían ensayarse formas de generar confianza recíproca, establecer mecanismos de resolución de conflictos y de toma de decisiones, como también de asegurar el apoyo interno absoluto para poder fijar un rumbo y luego sostenerlo. Si la Alianza descuidaba los elementos coalicionales básicos, la unidad pronto se perdería y no podría sostener la dirección del gobierno sin sobresaltos; aunque, desgraciadamente, estos elementos habían sido puntos totalmente descuidados por ambos partidos en la conformación de la Alianza y durante la campaña, suponiendo que sólo con buenas intenciones los problemas y conflictos se resolverían. En otras palabras, como señala Serrafero (2002), los aliancistas se preocuparon mucho por volverse una eficiente coalición electoral pero descuidaron marcadamente lo que implicaba volverse una coalición de gobierno.
No obstante, en poco tiempo la compatibilidad ideológica entre los miembros de la Alianza pasó de algunas tensiones iniciales a provocar varias rupturas. En este caso, algunos puntos de conflicto se sucedieron uno tras otro con las medidas dispuestas por el gobierno. A poco de andar, primero, por los dos ajustes económicos dispuestos al comenzar la gestión (uno en diciembre de 1999 conocido como “impuestazo” y otro en febrero), que sólo fijaron como objetivos bajar el déficit fiscal, al costo de reducir salarios, jubilaciones, achicar el gasto y generar despidos en el Estado. Luego, en abril, porque el gobierno votó contra Cuba en la ONU en relación con el respeto a los derechos humanos allí (algo que disgustó al Frepaso) y por haberle pedido a sus legisladores que aprobaran una ley de reforma laboral pedida por el FMI que flexibilizaba los derechos de los trabajadores (algo que le causó el rechazo de su hasta entonces central sindical afín, la CTA). Finalmente, también en mayo, cuando se aplicó un tercer ajuste del gasto estatal que causó nuevas bajas salariales, más despidos y otra reducción del presupuesto público. Así, ante la deserción de varios legisladores aliancistas que rompieron con el bloque oficialista por esta última acción (tanto legisladores del Frepaso, del radicalismo y del socialismo) (Clarín, 01/06/2000), el presidente De la Rúa se mostró comprensivo y aclaró que “este es el último esfuerzo que se les pida a los argentinos” (Clarín, 28/05/2000) para impedir nuevas rupturas y evitar que la coalición se fragmentara nuevamente de cara al futuro, ya que en seis meses de gobierno las tensiones y conflictos internos venían escalando cada vez más.¹²

Las estrategias y posiciones de los principales líderes: la tripartición del poder aliancista entre Álvarez, Alfonsín y De la Rúa

 El entramado político con el que se había conformado la Alianza estaba lejos de ser simple. Los equipos, cuadros y objetivos eran bien dispares en las diferentes áreas de gobierno. Casi desde su hora cero la Alianza había demostrado estar lejos de funcionar como una unidad articulada y actuaba más bien como una yuxtaposición de miembros heterogéneos que representaban las más diversas orientaciones, muchas veces enfrentadas entre sí. Aunque si bien los conflictos y diferencias dentro del gabinete, los ministerios y secretarias se buscaron saldar inicialmente con gestos de cordialidad, los choques fueron frecuentes, despertando tensiones, rispideces y desconexión en los planes a llevar a cabo, predominando la falta de coherencia programática y el desorden, cuando no la más absoluta parálisis.¹³ A su vez, si este tipo de problemas no es algo que ningún gobierno se pueda permitir si desea llevar adelante una gestión exitosa, el asunto cobraba mucha más gravedad si consideramos el cuadro de situación que debían enfrentar los miembros de la Alianza dado el “empate institucional” que le habían dado las urnas. Con lo que, el nuevo gobierno debía buscar primero acuerdos necesariamente en su seno para luego salir a trazar alianzas con otros partidos y espacios, puesto que –de no hacerlo– resultaría muy fácil caer en el atasco y la dispersión. No obstante, si estas dificultades permeaban las áreas de gobierno casi in toto, era más claramente en el vértice gubernamental donde se encontraban los mayores problemas de coordinación.
En efecto, el núcleo duro de la toma de decisiones de la Alianza había ido mutando su composición desde la conformación de la coalición hasta su llegada al gobierno, desplazando a algunos de sus actores. Desde el inicio de la gestión la máxima dirección ya no estaba a cargo del “grupo de los cinco” como antes sino que dicho agrupamiento decantó finalmente en tres figuras: De la Rúa, Álvarez y Alfonsín (sobre todo porque Terragno y Fernández Meijide habían perdido mucha gravitación interna y no estaban en condiciones de imponer nada), con lo que se perdió cierto carácter de equilibrio confederal originario y en la cual la troika remanente estaba lejos de ser horizontal, siendo bastante despareja en varios sentidos. Por un lado, porque De la Rúa había asumido la presidencia del país por la unión de dos partidos a los cuales no controlaba pero con los que debía convivir, ya que ellos eran sus auténticos respaldos y las plataformas con las que había ascendido, más allá de que su carrera política personal se hubiera trazado por fuera de las estructuras partidarias, sostenido en el alto grado de aceptación de las encuestas. Por su parte, los dos líderes partidarios, tanto Álvarez como Alfonsín, debían actuar como figuras concertadoras entre presidente y partidos, y donde sus preferencias no podrían ser de ninguna manera excluidas, puesto que De la Rúa no tenía un cheque en blanco para gobernar, sino tan sólo la conducción formal de la coalición. Así, por más que las campañas electorales se hubieran centrado en la persona de De la Rúa como síntesis y emblema de la Alianza, una cosa eran las publicidades y otra la realidad.
Igualmente, y a pesar de todo esto, los roles que tácitamente debían respetarse como primer mandamiento de acción fueron prontamente quedando relegados, en lo que cada miembro de la troika fue asumiendo estrategias y objetivos diferentes, muchas veces cercanos a la colisión.
Por parte de Alfonsín, en principio, debemos decir que no se había mostrado exigente, sino que había dado bastante aire político y sólo atinó a funcionar como el catalizador de algunos sectores del radicalismo con respecto al gobierno. Sin embargo, a poco de andar empezó a ensayar posiciones cada vez más revisionistas de los objetivos iniciales de la Alianza, considerando que la acción del gobierno no debería estar centrada únicamente en las denuncias de corrupción –puesto que entendía que esto era una forma de “judicializar la política” (La Nación, 27/06/2000)–, amén de que los gobernadores y legisladores del partido le habían trasmitido que no se encontraban cómodos con las querellas permanentes sobre ese tema o las sospechas que pudieran recaer sobre ellos, sus entornos o –incluso– en la misma oposición peronista de sus distritos.
Del mismo modo, Alfonsín había empezado a mostrarse como la figura más heterodoxa dentro de la Alianza en función de los postulados económicos que se fijaron. Según el viejo líder radical, el gobierno “se estaba poniendo un poquito a la derecha” (Clarín, 07/06/2000) cuando la realidad demostraba, al contrario de la ortodoxia hasta allí ensayada, que era indispensable comenzar a replantear los componentes básicos del modelo económico vigente, en los cuales veía un lastre demasiado pesado que más temprano que tarde habría que atacar y abordar de otro modo al fijado: continuar con la convertibilidad tal cual  funcionaba, sostener el condicionante cada vez más grande de la deuda sobre las finanzas públicas, permitir el rol del FMI en la diagramación del programa de gobierno y los sucesivos ajustes que se practicaron inicialmente eran todos, según aquél, elementos que no se podrían mantener en el mediano y largo plazo, y mucho menos de la forma conservadora –rayana al dogmatismo– en la cual el gobierno se había empecinado en encarar con tantos ajustes. Así, Alfonsín tuvo varios encuentros públicos con Duhalde, señalando que los giros económicos y sociales que éste había planteado durante su campaña electoral en 1999 no podían subestimarse o dejarse de lado (tales como obtener una moratoria de la deuda o cuestionar el tipo de cambio fijo), agorando entre ambos líderes por conformar una concertación patriótica amplia entre partidos políticos, sindicatos y demás fuerzas sociales para establecer pronto un “cambio de modelo” y abandonar lo antes posible “el neoliberalismo”.¹⁴
En el caso de Álvarez, sus preferencias, estrategias y objetivos eran muy diferentes, ya que éste si bien había aceptado un lugar subordinado en la escena política detrás de De la Rúa, no había dejado de proyectarse como el más inquieto luchador contra la corrupción. En su cargo de presidente del Senado había advertido en más de una oportunidad que no estaría en el recinto sólo para “tocar la campanita”, sino para conducir la cámara con mano de hierro y acabar con los privilegios corporativos, amenazando con investigar casos de corrupción “hacia atrás” y proceder hasta el fondo del asunto, especialmente con causas de la década del 90 (Clarín, 11/02/2000). A su vez, estas acciones se complementaban con la tarea autoasignada de ser el máximo paladín de los recortes del denominado “gasto político” de la administración pública, legislaturas provinciales y demás dependencias del Estado, con el fin de terminar con las “cajas negras de la política”. Decía Álvarez: “Los senadores peronistas quieren convertir al Senado en un lugar de privilegio con las mismas prácticas que tuvo el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires […] Quieren quedarse con el control administrativo para poder hacer caja y financiar sus actividades políticas […] Si no los enfrento me llevan puesto” (La Nación, 25/06/2000); poco después amenazó con publicar la lista de “700 u 800 ñoquis” que existirían en el Senado, nombrados por los legisladores peronistas (La Nación, 29/06/2000). De allí que, entre ambas formas –la denuncia y el recorte–, pudiera acorralar al justicialismo y obligarlo a negociar las leyes necesarias, siempre con la amenaza latente de denunciar y enfrentar “a los corruptos” en la prensa.
El objetivo más amplio que se podría alcanzar detrás de esto sería para Álvarez, además, el de dejar atrás a la “vieja política” y conformar un espacio superador, en el que confluyesen nuevas prácticas y discursos, desarmando las identidades obsoletas que habían sido el sostén de un bipartidismo que entendía estaba en decadencia. Vale recordar que en la concepción de Álvarez ninguno de sus espacios políticos –ni el Frepaso, ni la Alianza ni algún otro– fue considerado un fin en sí mismo, sino sólo medios para fundar un nuevo tipo de política –regenerada, pura, moderna y sin corrupción–, la cual podría alcanzarse de forma transpartidaria y con los elementos individuales que aún pudieran salvarse del sistema político que tenía por misión redimir. Fuerzas políticas como Acción por la República de Cavallo, partidos provinciales y algunos peronistas potables podrían quebrar la disciplina partidaria y sumarse, según el vicepresidente, a la renovación institucional que la Alianza debía encarar. Por lo que, acechar a personajes oscuros y liquidar sus cajas era una forma no sólo de avanzar hacia mejores mecanismos de transparencia institucional, sino de depurar a dirigentes y partidos políticos sospechados y establecer con eso nuevos clivajes de votantes: la “trasversalidad” entonces era el único camino posible para por fin poder fundar la “nueva política” prometida, lo cual era, finalmente, “lo que la gente quería y pidió con su voto” (Novaro, 2009).
Sin embargo, y en una dirección totalmente contraria, el presidente De la Rúa no se hallaba muy feliz con este tipo de tácticas, puesto que apostaba a lograr una convivencia pacífica y sin confrontaciones con el peronismo. Además su estilo político se había delineado en base a una imagen serena y calma que apelaba más a la cordialidad que a los escándalos, y que –a su vez– le impedía estar interesado en romper el bipartidismo político en el que tan bien se había desenvuelto. Así, su razonamiento político iba en una dirección casi simétrica a la de Álvarez, confluyendo en algunas de las actitudes de Alfonsín: el consenso y las leyes sólo se podrían lograr con una fuerte base bipartidista entre la Alianza y el peronismo, la cual debía estar asentada más en los acuerdos con la oposición que en las presiones o amenazas hacia ella.
El caso testigo de la ley de reforma laboral aprobado en abril pareció darle la razón a De la Rúa, ya que ésta se había logrado con el apoyo del peronismo a pesar de que muchos sectores internos se habían mostrado reacios a votar el proyecto y que incluso Menem había desestimado pedir una ley de ese tipo a su partido cuando fue presidente para evitar confrontaciones con él. Con lo que, De la Rúa, como había sido su característica histórica, terminó por asociar el éxito de la gobernabilidad de la mano de la mayor moderación que se pudiera logar. Por último, debemos decir que Álvarez y De la Rúa, con todo y sus divergencias, se hallaban igualmente cerca entre sí al trazar distancia de los esbozos heterodoxos de Alfonsín en materia económica, ya que ambos apostaban a continuar con la marcha de la estrategia de la disciplina monetarista y ajustes que creían que no podría demorarse mucho en funcionar. En la troika aliancista, con posturas y preferencias que se alejaban y repelían a la vez, a pesar de avanzar por caminos incongruentes, casi incompatibles en algunos casos, habían logrado convivir bastante bien durante un tiempo, dejando en segundo plano sus conflictos larvados mientras no aparecieran inconvenientes mayores.

Las dinámicas individuales y un conflicto que escalona sin red: el enfrentamiento entre el presidente y su vice

Dadas las estrategias y preferencias individuales de los principales líderes aliancistas, no parece difícil pensar porqué el sistema latente de incompatibilidades que habían conformado tuviera un alto riesgo: éste podría ponerse al descubierto e incluso luego estallar una vez que alguna cuestión ganara protagonismo político y con ello obligara al pronunciamiento público discordante entre los líderes sobre cómo proceder. Entonces, las diferencias podrían aflorar y así el armisticio palaciego ya no podría ser más la regla sino que se tendría que dar lugar a otros mecanismos de funcionamiento para el gobierno, los cuales permitieran igualmente la coexistencia de los estilos contrarios; especialmente esto último era fundamental ante un eventual y peligroso choque entre el presidente y su vice.
La cuestión que operó como disparadora de los clivajes fueron sospechas de pago de sobornos en el Senado, en las que se rumoreó que el gobierno había comprado el voto de varios senadores para que aprobaran la ley de reforma laboral. En este caso, sin embargo, vale aclararlo, dichas sospechas no se instalaron en la agenda política de un solo golpe, sino que fue un proceso que ganó peso lentamente, sobre todo por la propia dinámica que los protagonistas le fueron dando en función de las heterogéneas disposiciones que asumieron. La ley bajo sospecha, como dijimos, fue aprobada en el Senado a fin de abril, empero, el primer manto de duda sobre ella apareció recién dos meses después en una nota de un diario porteño (La Nación, 25/06/2000). Tal nota sugería la posibilidad de sobornos en un párrafo muy periférico, sin datos certeros ni nombres y con poca precisión.¹⁵ Por lo que, en principio, ella sola no fue motivo suficiente para que las sospechas ganaran la relevancia que luego tuvieron, sobre todo en vistas a que la nota fuera publicada el mismo fin de semana en que se produjo la muerte del cantante de cuarteto “el potro” Rodrigo Bueno y que fue una noticia que dominó los medios de comunicación ese tiempo. A su vez, así como Menem había tenido un sinfín de denuncias, sospechas y notas periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción y había sobrevivido políticamente durante años a ellos, algunos operadores políticos de la Alianza recomendaban actuar con sigilo y dejar que el asunto quedara en la nada, desvanecido en el olvido. Sin embargo, la dialéctica política bajo el imperio de la Alianza conllevaba disposiciones muy diferentes a los viejos tiempos menemistas, ya que las sospechas calaban ahora en el epicentro del discurso personal que Álvarez y que parte de la Alianza llevaban como bandera. A su vez, el tema tuvo mayor repercusión todavía a mediados de agosto cuando el líder sindical de la CGT disidente –Hugo Moyano–, que se había decidido a encabezar el frente opositor contra el gobierno y la lucha contra el neoliberalismo –especialmente contra la ley de flexibilización laboral por la que se acusaba de haber pagado coimas– comentó en la televisión un diálogo que habría tenido con el ministro de Trabajo Flamarique antes de que se aprobara la ley. Allí señaló: “cuando yo le dije que en el Senado había mayoría peronista y la ley no iba a pasar, él me dijo ‘para los senadores tengo la Banelco’”. Por su parte, el senador del PJ Antonio Cafiero involucró a algunos de sus pares al respecto en la prensa y en la Justicia, acusando puntualmente a Emilio Cantarero y a Ramón Ortega (La Nación, 31/08/2000).
Frente a un tema que se había ido adueñando totalmente de la escena, el vicepresidente Álvarez consideró que estaba obligado a actuar, pues las coimas, de haber existido, fueron en el propio reciento que él dirigía. Con lo que, se decidió a convertir la situación en una oportunidad al utilizar su habitual ingenio político e ir por todo: señaló que un cuerpo legislativo tan importante para la democracia como era el Senado no podía estar bajo sospecha, por lo que para defender su honra éste debía ser refundado. Esto último, a la luz de las circunstancias, brindaría diversas ventajas políticas que según Álvarez habría que aprovechar: no sólo él personalmente y el gobierno podrían recuperar así el protagonismo político que estaban perdiendo, sino que también se podrían apuntar a dos objetivos más: uno de “máxima”, con el cual pretendía adelantar las elecciones directas a senadores previstas para 2001 lo antes posible (decía Álvarez: “Habría que pensar si la Constitución no deja alguna luz para adelantar las elecciones de senadores […] para un cambio de fondo” ya que para que haya “legitimidad de los que lleguen a la Cámara como senadores [tengan que ser] elegidos por el pueblo y no por los acuerdos en las legislaturas provinciales, como ocurrió hasta ahora”) (Clarín, 05/09/2000), con lo que la Alianza podría invertir la relación de fuerzas a su favor en la Cámara Alta; y un objetivo de “mínima”, en el que habría que cambiar las autoridades de las comisiones, presidentes de bloques y forzar algunas renuncias en el Senado (decía aquél: hay que “oxigenar el Senado” y “se tienen que producir cambios políticos porque hay una crisis política de representación […] los sospechados deben dar un paso al costado”) (Clarín, 02/09/2000).
Para cualquier de los dos casos, tanto el de máxima como el de mínima, Álvarez citaba recurrentemente el ejemplo del mani pulite italiano (Página 12, 22/08/2000), en el cual frente a casos de corrupción, muchos políticos habían decidido refundar las instituciones, los cargos y los mecanismos de gobierno, lo que podría ser un antecedente para replicar en la Argentina. Puesto que para ese momento el número de personas que creían que habían existido los sobornos había crecido a toda velocidad: llegó al 71,5% a fin de agosto, una semana después ya era el 83,2% mientras que para principios de septiembre el número era del 93,7% (Clarín, 10/09/2000). Es decir, después de tantos años de centrar como principal tema político por parte de los miembros de la Alianza –especialmente por el Frepaso– a las causas de corrupción y fomentarse la cultura del escepticismo y la desconfianza –construyendo una imagen generalizada en la que “todos los políticos roban”–, con sólo mencionarse rumores de sobornos casi toda la población terminaba por adoptar la certeza de que eran hechos efectivamente ocurridos –aun cuando no se hubieran presentado pruebas, sino sólo sospechas–, volviendo el tema “corrupción” un boomerang de difícil escapatoria; a su vez, el asunto se volvía más candente si se considera que también el desánimo y la resignación conquistaron la escena como su contrapartida: el 70% de los encuestados pensaba que el caso iba a quedar diluido y sin culpables (Ibídem), perdiendo toda esperanza en la renovación institucional que la Alianza se había comprometido a realizar. Por lo que más que nunca Álvarez leyó en tal situación la chance de convertir la crisis en una oportunidad y volverla algo que no se podría desperdiciar para volcar así la situación a su favor –con lo cual pudieran beneficiarse tanto él como el gobierno– y se lanzó a representar el rol de máximo impulsor de la investigación, empujando para que ésta se haga de forma rápida y firme –pero sobre todo pública– con el fin de marcar una clara señal de diferenciación con las formas en que había procedido el menemismo hasta entonces, quien no hacía nada frente a las sospechas y denuncias, sugiriendo que no actuar era confirmar la idea de impunidad.
Sin embargo, para que tal empresa funcionara su alter ego institucional debía estar dispuesto a acompañarlo, cosa que nunca iba a ocurrir: el presidente, en una posición totalmente distinta, continuaba abrazado a la mesura de sus acciones y buscó proteger el débil equilibrio de poder institucional que debía conducir. Ya que gobernadores y legisladores de su propio partido le habrían pedido que controlara a Álvarez, puesto que éste era un peligro para la gobernabilidad y los acuerdos partidarios; peligro que ahora se extendía al Senado en donde los opositores eran mayoría, una mayoría con la que se tenía que tener buen trato y dialogar para sacar las leyes adelante, pero que empero eran duramente acusados –al igual que oficialistas– de haber recibido coimas pagadas por su propio gobierno. Con lo que, De la Rúa, de darle mayor lugar a los rumores de sobornos, no sólo ayudaba a atacar la frágil convivencia institucional con aquellos que debía pactar, sino que empujaba por trasladar las sospechas a la propia Alianza. Como señaló el senador del PJ Eduardo Menem: “Si lo que se dice fuera cierto, incurre en el mismo delito tanto el que da como el que recibe. Vamos a caer todos en el caldero hirviente de la difamación, del cual saldremos todos quemados” (Clarín, 09/08/2000).
De esta forma, el presidente De la Rúa se dispuso a asegurar la paz y se reunió a mediados de agosto en la quinta de Olivos con los senadores peronistas para llevar tranquilidad sobre el asunto y expresar su “total confianza” en el bloque opositor, ya que estaba seguro que no existieron sobornos. Allí dijo sobre las supuestas coimas: “Esas versiones son totalmente absurdas [con las que] se desprestigia a la Cámara alta sin ningún asidero real […] Yo tengo la más absoluta seguridad de mis funcionarios” (La Nación, 10/08/2000). El presidente del bloque de senadores del PJ, Augusto Alasino, se quejó en dicha reunión sobre las presiones de Álvarez con las que acusaba a la oposición con sus denuncias: “Con esta falta de libertad es complicado manejar los temas: si los votamos somos corruptos y, si no, obstruimos” (Ibídem). Reunión en la que la mayoría de los legisladores expresó sentirse cansados de “la campaña de desprestigio”, aunque aclarando que ahora se sentían “defendidos por el presidente”. En este sentido, pocos días después, De la Rúa decidió sellar su pacto de paz y convivencia con los senadores sospechados cuando pidió que fueran ellos mismos los que resolvieran el tema, llevaran adelante la investigación y aclarasen lo sucedido. Allí dijo: “No hay cosa peor que las versiones flotando, porque dañan a las instituciones. Es muy importante que en el Senado mismo, donde se originaron las versiones, se den los pasos para determinar con claridad esta situación” (Página 12, 18/08/2000).
Empero, la actitud del vicepresidente fue diametralmente distinta a lo planteado por De la Rúa. En este caso, el vice se oponía a la idea de pacificación con los senadores y de que estos se auto-investigasen, promoviendo incluso un “desafuero colectivo” para toda la Cámara: “Es muy difícil, al estar involucrada una parte de los senadores en este tema, que el propio cuerpo pueda llevar adelante una investigación objetiva [ya que soy] pesimista acerca de la posibilidad de auto-investigación de los senadores […] Debería desaforarse colectivamente la Cámara para que la Justicia pueda actuar en este tema […] No estoy dispuesto a ser el presidente de un cuerpo que conviva con estas situaciones” (La Nación, 22/08/2000).
En esta dirección, las recurrentes embestidas de Álvarez para avanzar sobre el tema estaban llevando la situación a posiciones cada vez más enfrentadas, ya que mientras el vice fogueaba las sospechas, actuando como si tuviera la certeza de que hubo sobornos, el presidente intentaba dejar el tema en el olvido, asegurando que las versiones no tenían ningún asidero. Por lo que, De la Rúa y su entorno comenzaron a ver en las actitudes de Álvarez un tipo de protagonismo político que quería opacarlo, minar su autoridad y tejer así una conspiración contra él, en la que buscaba presentar a De la Rúa como abrazado y protector de los corruptos. Algunos senadores, tanto del radicalismo como del peronismo, se quejaban del vice y su constante referencia a los sobornos como una estrategia puramente personal para resaltar su figura, señalando: “fogonea este tema porque necesita prensa” (Página 12, 23/08/2000). Por lo cual, el presidente comenzó a tomar una distancia cada vez mayor de Álvarez y buscó el amparo del menemismo, que había amenazado con proyectar la misma suerte de los senadores sospechados con la del gobierno (el senador menemista Jorge Yoma había dicho: “si quiere llegar hasta el fondo de las investigaciones, habría que citar también a declarar a De la Rúa”) (Clarín, 19/08/2000). Así, primero tuvo una reunión secreta con Menem en Olivos durante una madrugada de domingo –la cual igualmente trascendió (Clarín, 14/09/2000)– para luego tener un encuentro público en la Casa Rosada, en el que ambos plantearon que era la Justicia la que debería actuar (Clarín, 23/09/2000); aunque esa reunión pareció también un intercambio de favores y un pacto político, por medio del cual el gobierno detendría las “persecuciones” contra los ex funcionarios de Menem y éste se comprometería a dar su apoyo legislativo en el Congreso. A su vez, De la Rúa también pretendió con esa reunión unificar al disperso campo opositor, ratificando al riojano con el liderazgo peronista que a éste se le cuestionaba dentro del PJ, convirtiendo así al ex presidente en su principal interlocutor político y garante de la estabilidad institucional. Por último, la alianza proyectada por De la Rúa junto a Menem también pareció confirmar lo peor al ser asociados a la firma de un acuerdo de impunidad entre ambos, ya que el juez a cargo de investigar la causa del Senado –Carlos Liporace– era acusado no sólo de ser excesivamente permeable y de fallar siempre a favor del menemismo (incluso terminaría preso tiempo después por esto) (La Nación, 12/05/2015), sino que también era acusado contemporáneamente por causas de corrupción y de tener un patrimonio imposible de justificar.¹⁶ Todo lo cual sentaba más la sensación de que el oscuro mundo político era inexpugnable y que toda la corporación política era, finalmente, lo mismo, tal cual se sospechaba; lo que incluía también al presidente, al vice, al gobierno y a toda la Alianza.
A las situaciones de oposición y enfrentamiento tácito a las que se estaba dirigiendo la cuestión por las actitudes asumidas tanto por Álvarez como por De la Rúa, debemos sumar un hecho más, puesto que  la pelea pública entre ambas figuras también debe ser contextuada en el marco de la guerra subterránea entre grupos. En este caso, no pueden dejarse de lado los distintos tipos de operaciones de prensa e inteligencia originados desde el entorno delarruista y sufridos por los tres principales miembros del Frepaso y quienes vertebraban a dicho partido: Fernández Meijide, Álvarez e Ibarra. Así, en el caso de Fernández Meijide se habían realizado en marzo denuncias de corrupción contra ella que terminaron por minar su trayectoria política y llevarla hasta un punto ya sin retorno, mientras que los otros dos casos tensaron la convivencia dentro de la Alianza todavía más.¹⁷ Los tres casos eran instigaciones originadas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –organismo a cargo de Fernando De Santibañez, amigo íntimo de De la Rúa–, quien también era uno de los máximos sospechados por los sobornos, ya que se sostenía que –de haber existido sobornos– los pagos se realizaron con dinero proveniente de esa Secretaría.

Resoluciones individuales sin miramientos colectivos: las decisiones de De la Rúa y la renuncia de Álvarez

Durante los meses de agosto y septiembre la escalada entre presidente y vice subió en enfrentamientos poco larvados. Sin embargo, y con todo, al final de septiembre Álvarez intentó una última estrategia que podría ser una salida honorable tanto para él como para De la Rúa y que podría poner fin a las disputas públicas y privadas: ella consistía en hacer huir hacia adelante a todo el gobierno, primero reformulando totalmente la Alianza –y especialmente el gabinete–, en la cual los funcionarios oficialistas sospechados debían dar un paso al costado (tanto Flamarique como De Santibañez) y el Frepaso recuperara protagonismo.¹⁸ A su vez, también empezó a sugerir la construcción de “una Alianza más amplia”, a la cual incluso se pudiera sumar Cavallo –quién había apoyado las posturas de Álvarez contra los senadores–, ya sea como presidente del Banco Central o bien como reemplazante del ministro Machinea –ministro que Álvarez había comenzado a cuestionar casi a diario–, buscando así un relanzamiento del gobierno en materia económica y que proyectara “expectativas de cambios” (Clarín, 28/09/2000).¹⁹ Es decir, la guerra contra los senadores no debería acabar con estos, sino en un replanteo general de la Alianza e –incluso– en una ampliación de la coalición.
Sin embargo, estas opciones chocaron con escollos difíciles de atravesar. Por empezar, porque De la Rúa suponía que poner fin a los funcionarios del gobierno cuestionados significaba aceptar tácitamente que los sobornos pudieron haber existido, con lo que reflexionaba entonces que el camino a seguir debía ser exactamente el inverso al pedido por Álvarez: ratificarlos para negar tajantemente que se hubieran pagado coimas, por lo que no habría que sacarlos del gobierno. A su vez, el presidente tampoco estaba dispuesto a llevar los cambios en el gabinete como sugería Álvarez ni a recibir presiones a su autoridad con respecto a ello (Clarín, 28/09/2000). En este sentido, la estrategia del vice de enfrentarse a los senadores, ya sean los del PJ o los de sus aliados de la UCR, suponía derivar en una guerra institucional muy ajena a la cosmovisión de De la Rúa, sobre todo cuando ya a esa altura Álvarez parecía estar enfrentándose a unos y otros y convirtiéndose así en el enemigo de todos (una idea no muy lejana a la de “conspiración” que tanto senadores como el entorno delarruistas no se cansaban de agitar).²⁰ Por último, Alfonsín, que había permanecido al margen del conflicto, sólo rompió el silencio para oponerse duramente a los planes de Álvarez: el ingreso de Cavallo al gobierno le parecía una pésima idea, totalmente indigerible, señalando que “la Alianza nació con una expectativa de cambio sobre lo que ocurrió en el período del gobierno anterior, y Cavallo fue una presencia muy dominante en ese período […] Esta es una Alianza hecha con un sentido progresista [y] contra la nueva derecha” (Clarín, 29/09/2000); a su vez, sostenía que Machinea era un ministro del que el gobierno no estaba en condiciones de desprenderse, por lo que lo defendió con ahínco: “a pesar de las dificultades, lo que está consiguiendo en el FMI es algo realmente extraordinario […] Si hay un amigo de Chacho Álvarez en el Gobierno ése es Machinea, aunque a veces se presentan las cosas tergiversadamente” (Ibídem).
Con una situación empantanada y sin pruebas o indicios concretos sobre los sobornos, De la Rúa se decidió a principios de octubre por actuar de manera firme y dar por terminado el tema, buscando con esto generar una muestra de autoridad. Además, pensó que la  mejor  forma  de  mostrar  respeto por las instituciones y transparencia era –justamente– dejar que la causa avanzara por vía judicial sin la intervención del gobierno. Para ello aplicó su criterio de modo unilateral e hizo jugar la situación a su favor, terminando con la simulación del “co-gobierno”: además de confirmar a Santibañez en la SIDE, le dio un ascenso a Flamarique al designarlo secretario general de la presidencia (el puesto de éste fue cubierto por la peronista y ex funcionaria menemista Patricia Bullrich, sugiriendo así la disposición de formar una “Alianza más amplia” de la que en el futuro también podría ser parte Cavallo); a su vez, también ratificó a Machinea y le dio un ascenso solapado al otorgarle más funciones, mientras que abandonaron el gabinete los sectores más representativos de la UCR: Terragno y Gil Lavedra fueron remplazados respectivamente por Chrystian Colombo y por Jorge De la Rúa, uno amigo y el otro hermano del presidente. Todos estos cambios sirvieron para poner una distancia mayor aún entre gobierno y partidos, con un gabinete más fielmente delarruista y homogéneo, pero que estaba lejos de ser representativo de los diferentes grupos de la coalición y de resolver los problemas y las dudas sobre la autoridad presidencial y que terminaron por contribuir a su aislamiento político. A su vez, estos cambios fueron una ofrenda no muy larvada contra la persona de Álvarez, ya que implicó tomar la dirección exactamente contraria a la que aquel había pedido públicamente, desautorizándolo y dejándolo casi al borde de la humillación, puesto que con estos gestos sería difícil pensar que aquél pudiera presidir ahora el Senado igual que antes o que continuara su lucha allí. Además, no hubo ninguna compensación para Álvarez: no existieron consultas, disposición al diálogo o siquiera algún gesto de recomposición del vínculo entre presidente y vice. La situación sugirió una victoria total de uno sobre el otro.
Sin embargo, cuando Álvarez fue notificado sobre el nuevo gabinete, y a pesar del notorio golpe de mano que conllevaba, no protestó ni se opuso. Tampoco exigió una reunión con la UCR, Alfonsín, los líderes aliancistas o incluso con su propio partido.²¹ El mismo día de la jura del nuevo gabinete, el 5 de octubre, Álvarez asistió al lado del presidente como mandaba el protocolo, saludó a todos y hasta sonrió para la prensa, y la ceremonia terminó con la cordialidad habitual. Mas fue a la mañana siguiente cuando Álvarez dio a conocer su venganza secreta al anunciar públicamente su decisión de abandonar su cargo a menos de diez meses de haber asumido y en la que no consultó a nadie –ni a sus compañeros de equipo ni a la cúpula de su partido, y en la que todos los miembros de la coalición se enteraron por la prensa–, acostumbrado como estaba al más absoluto individualismo personal.
Las consecuencias inmediatas de la renuncia de Álvarez fueron contradictorias. Si bien de forma inmediata hubo una mínima movilización espontánea a la casa del ex vice para brindarle apoyo –en la que incluso se especuló con una concurrencia masiva para la se prepararon parlantes a tono con un virtual discurso épico– y que Álvarez fue llamado por Reutemann como “el nuevo Perón” (La Nación, 08/10/2000), lo cierto es que el líder del Frepaso no tuvo su “17 de octubre” como algunos soñaron ni significó el relanzamiento del líder. Tampoco las encuestas parecieron acompañarlo, puesto que mayoritariamente la población se opuso a su decisión de renunciar (Clarín, 10/10/2000). Lo que sí pasó fue un nuevo cambio de gabinete, aunque tenuemente modificado: Flamarique y De Santibañez finalmente tuvieron que dejar sus cargos –también lo hizo el vicepresidente del Senado, el radical José Genoud, que fue reemplazado por el alfonsinista Mario Losada–, pero esto no supuso una reformulación de fuerzas a favor del ex vice o los frepasistas. Más bien la reformulación ministerial fue una reacción tibia de De la Rúa para mostrar gestos de arrepentimiento y composición, los cuales encubrían su temor a ser acusado despiadadamente por la renuncia o sufrir una desgarradora pérdida de popularidad (Novaro, 2009). Además, también habitaba el peligro oculto de que el presidente sufriera un abandono o desplante masivo de frepasistas y de varios radicales, acción que hubiera llevado al gobierno frente al abismo.
Igualmente, y con todo, una de las marcas más ambiguas de la renuncia de Álvarez fue que la misma no implicó ni un enfrentamiento con el presidente ni la ruptura de la Alianza, puesto que el Frepaso continuó en el gobierno tal cual funcionaba hasta entonces. No hubo un pase de nadie a las filas de la oposición, sino al contrario. Álvarez se presentó en su discurso de renuncia como un leal al presidente y al gobierno de la Alianza. No obstante estos gestos, y más allá de ellos, la situación convirtió al Frepaso y a su lugar dentro de la Alianza en un imposible: puesto que si los sobornos ocurrieron, el presidente y el Senado entonces eran indefectiblemente culpables y había que enfrentarlos sin contemplaciones como pareció sugerir Álvarez con su renuncia y –con ello– ser acompañado por todo el partido en vez de permanecer como aliados y actuar como si nada hubiera pasado; en cambio, si el presidente era inocente y los sobornos jamás existieron, entonces era correcto continuar con la Alianza como se hizo aunque –en tal caso– no se entendería por qué renunció Álvarez ni tampoco por qué éste creó una ruptura institucional gigante si tan solo había diferencias de “estilos” sobre cómo proceder con respecto a las sospechas de sobornos, con lo que hubiera bastado con rediscutir las condiciones del acuerdo entre socios. Por lo cual, con la decisión tomada de la renuncia junto a la permanencia frepasista igualmente en el gobierno todo se volvía confuso y lleno de sospechas, lo que parecía reducir el asunto simplemente a una batalla comunicacional que expresaba las disputas palaciegas previas, las cuales –finalmente– mostraban ahora no tener mucho sentido.²² Además, para generar todavía más ambigüedades, a poco de renunciar, Álvarez y el Frepaso empapelaron toda la ciudad de Buenos Aires con carteles de apoyo al ex vice, con varias leyendas del tipo “Yo te apoyo Chacho”, “Fuerza Chacho” y uno en el cual estaba la cara de Álvarez y se destacaban sus ojos, diciendo “Estos ojos ven y no se callan”, todo lo cual parecía acusar a De la Rúa por los sobornos y a subir la confrontación todavía más (La Nación, 09/10/2000). Dichos afiches fueron contrarrestados, del mismo modo, por sectores radicales con otros afiches con la leyenda “Chacho: hacete cargo”, señalando parte de los enfrentamientos ya no tan ocultos entre grupos de la UCR y el Frepaso.
Con todo, y finalmente, en el mar de confusión creado, el único verdaderamente derrotado en los hechos terminó siendo el propio gobierno, que resultó más débil y fragmentado luego de la renuncia –aunque, paradójicamente sin rupturas con los partidos que lo encumbraron pero con un acompañamiento a medio camino de éstos– y sin que el caso de los supuestos sobornos se hubiera aclarado, lo que sostenía igualmente la sensación de impunidad. Además, con el nuevo cambio de gabinete la renombrada “Oficina Anti-corrupción” terminó en manos del hermano del presidente, una estrategia que De la Rúa pensó que podría agregar “transparencia” al trasladarle a éste la imagen de “honestidad” que el primer mandatario creyó todavía conservar, pero que ayudó a apuntalar lo contrario: confirmó la sensación de nepotismo en la investigación y de que el presidente le daba ese puesto a su hermano para protegerse, anulando de este modo cualquier esperanza de que el caso de los sobornos hallara culpables. Por lo que, en los hechos, la promesa de renovación y transparencia institucional que la Alianza se había comprometido a llevar a cabo como principio de identidad quedó sepultada en la desconfianza y el desprestigio. Empero, a pesar del altísimo costo que pagaría el gobierno por el mal manejo de la situación y las sospechas que continuaron proyectándose sobre él, desde el entorno presidencial entendieron que la renuncia de Álvarez era un hecho que los favorecía y que de todas formas debía ser festejado (y de hecho fue celebrado con un asado)²³, puesto que así pensaban que se sacaban de encima a un competidor y eventual desestabilizador, al tiempo que la renuncia también ayudaba a diluir el molesto peso que pudieran tener los partidos en el gabinete. Por fin, el núcleo delarruista estimó que desarmar la Alianza por la iniciativa propia del líder del Frepaso era una bendición más que una tragedia que confirmaba la disposición siempre presente en algunos miembros de la UCR –especialmente los delarruistas– de que aquél partido no debería haber existido nunca y que si lo hizo fue gracias a los errores cometidos por el propio radicalismo, con el cual no se debería de haber nunca concertado una unión; aunque por suerte, suspiraban, ambas desgracias ahora ya estaban en camino de enmendarse con la ruptura (Novaro, 2009).

Conclusión. Estrategias individuales, consecuencias colectivas

A lo largo de este trabajo hemos buscado analizar la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez al gobierno de la Alianza como un caso empírico en el cual la debilidad institucional termina por concentrar el poder decisorio de los agrupamientos colectivos en las preferencias de algunos individuos con amplios márgenes de discrecionalidad, favoreciendo con ello a las estrategias particulares por sobre las consecuencias colectivas que se pudieran generar. Según se buscó repasar, la Alianza nació como la unión de dos partidos políticos muy dispares y que privilegió los liderazgos individuales por sobre los mecanismos colegiados institucionalizados para estructurarse, puesto que el “grupo de los cinco” o el programa de gobierno de la Alianza –la ambigua “Carta a los argentinos”– resultaron ser demasiado débiles para asegurar una cohesión coalicional lo suficientemente efectiva, sin que tampoco se crearan mecanismos aceitados de gobierno para unir voluntades. A su vez, las fuertes asimetrías internas de ambos partidos fueron un obstáculo todavía mayor, el cual fue descuidado como problema y no permitió lograr un juego colaborativo sencillo. Es decir, tal como vimos, al construirse la Alianza los problemas sólo estuvieron enfocados en el éxito que se pudiera tener para triunfar como “coalición electoral”, pero sin ningún miramiento para convertirse en una verdadera “coalición de gobierno” (Serrafero, 2002), ya que se dejó de lado rápidamente cualquier ilusión de paridad o de equilibrio entre ambos partidos para transformar dicha unión en un gobierno de acentuado predominio primero de la UCR y luego del más puro delarruísmo.
En este sentido, los dos partidos al haber centrado durante la década de 1990 sus principales batallas y edificar el grueso del capital político de sus líderes en las luchas ligadas a la “corrupción” no pudieron construir un programa de gobierno preciso ni con el suficiente nivel de cohesión ideológica para garantizar una unidad política con vistas a objetivos y proyectos comunes. De allí que todo lo anterior se agravara mucho más cuando las preferencias ideológico-políticas de ambos partidos y las de sus líderes se mostraran más cercanas a la colisión que a la convergencia en más de un aspecto, afectando severamente la convivencia que entre ambas fuerzas pudieran lograr: mientras la UCR se hallaba hasta entonces cómoda con el sistema bipartidista tal cual éste funcionaba, el Frepaso nació con el compromiso de modificarlo –e incluso, destruirlo–; mientras el grueso  del  Frepaso  era contrario al neoliberalismo y las políticas de ajuste –anhelando un Estado fuerte, distribucionista y de bienestar– De la Rúa y Álvarez creían que la mejor formar de sobrellevar el gobierno y mantener la convertibilidad era aplicar firmemente la ortodoxia fiscal, despedir empleados públicos, realizar los pedidos del FMI –como la reforma de flexibilización laboral, eje luego de las sospechas de sobornos–, acercarse a los Estados Unidos al votar contra Cuba en la ONU o coquetear con el arribo de figuras menemistas –como Cavallo– al gobierno.  Así, se demostraba que la ambición electoral había sido más alta que las energías invertidas en la elaboración de una plataforma o programa de gobierno. Con lo cual, finalmente, convertía a la Alianza en una bolsa de individualidades unidas más por el espanto de la continuidad del peronismo en el gobierno que por el amor a un proyecto en común de todos sus miembros.
Por su parte, y en otra dirección, como también se señaló, la redefinición del poder dentro de la Alianza mutó rápidamente una vez que la coalición llegó al gobierno, lo que hizo perder cierto espíritu horizontal para terminar en una forma más reducida y frágil, ya que se pasó del original “grupo de los cinco” –un esquema de funcionamiento que intentó ser amplio y balanceado–, a uno menor, tripartito, concentrado en los dos líderes de los partidos que construyeron la Alianza (Alfonsín y Álvarez) y en el presidente. Cuando comenzó a escalar la pelea entre el presidente y su vice, ambos tuvieron una relación dispar con sus respectivos partidos durante toda la confrontación: De la Rúa buscó conciliar con la línea predominante en la UCR y adoptó algunas posiciones que tranquilizaran al partido; Álvarez, en cambio, sólo tuvo un momento de repliegue sobre su partido, en el cual –paradójicamente– acordó con éste darle un respaldo público a Flamarique, principal señalado con respecto a las coimas.²⁴
 Sin embargo, apenas un mes después ambos tomaron un camino ambiguo y casi contradictorio: Álvarez comenzó a pedir abiertamente la cabeza del que había sido hasta entonces su máximo hombre de confianza (Flamarique), sugiriendo incluso que las sospechas de sobornos sobre éste tenían asidero, mientras que De la Rúa terminó por tomar una decisión fiel a su estilo –siempre tibio y a mitad de camino de todo– pero que terminaba por favorecerlo, acercándose y alejándose a la vez de su partido: respaldó a Machinea en contra de las preferencias de Álvarez y le dio más poder (algo con lo que Alfonsín y el grueso de la UCR acordaban), pero desprendiéndose en forma paralela de varios de los funcionarios que funcionaban como puentes con su partido (Gil Lavedra, Terragno, Posse), para hacer crecer así todavía más la influencia de su entorno personal (sus amigos y familiares y no de personas de la UCR). Por lo que, con esta jugada, el presidente no sólo pudo tomar una distancia todavía mayor de los partidos políticos a los cuales no controlaba y de los que siempre desconfió (privilegiando su posición individual), sino que también le permitió desautorizar a Álvarez –convertido para ese entonces en un rival más que en un aliado–, para expresar una sólida victoria contra éste en el duelo mediático en el que ambos se habían trenzado.
Con ello, finalmente, Álvarez optó por una nueva jugada individual, sin consultas ni intentos de acuerdo, y realizó un nuevo salto al vacío: renunció a su puesto y dejó herido a su gobierno. En consecuencia, Álvarez invirtió la situación obligando al presidente a hacer ahora los cambios que le habría exigido antes y con eso también conservar para sí su lugar de paladín de lucha contra la corrupción y esperando con ello redimirse como un nuevo líder popular (proyectando de este modo aumentar el capital político personal que estaba perdiendo).²⁵ Sin embargo, no existió ningún triunfo individual para nadie sino una derrota que dejó a todos los actores heridos y finalmente sin ganadores, puesto que todos ellos, tanto De la Rúa, Álvarez como la Alianza, bajaron en las encuestas, perdieron la credibilidad sobre la que habían edificado sus carreras políticas, estando cada vez más cerca de su muerte política que de sumar apoyos o de salir favorecidos.
La renuncia de Álvarez fue entonces un impacto que tuvo profundas consecuencias. Quizás una de las más importantes de ellas fue ensombrecer la credibilidad del gobierno y el compromiso de éste con respecto a luchar contra la corrupción y con la de trasparentar las instituciones como se había comprometido en la campaña electoral. Otra importante consecuencia fue concentrar más atributos en la figura de De la Rúa y que el Frepaso desdibujara todavía más su rol en la coalición. Con lo que, la toma de decisiones de la Alianza volvió a acotarse: si se había pasado al comenzar el gobierno del “grupo de los cinco” a la troika básica, ahora se producía un muy pronunciado presidencialismo unipersonal, en el que los partidos políticos ocupaban roles cada vez menores. Todo ello terminaría en decantar en un gobierno más débil y frágil todavía hacia el futuro y que se hundiría vertiginosamente en una crisis que, finalmente, poco después los llevaría a colapsar a todos.

Referencias

¹ Un análisis y algunas propuestas teóricas sobre estos temas con vista a los casos recientes de la vida política latinoamericana pueden encontrarse en Pérez-Liñan, 2009; Ollier, 2004; Corrales, 2010; Bovencchi & Palermo, 2000.

² Un buen resumen sobre los debates y diferentes tipologías de la estructuración partidaria puede encontrarse en Abal Medina (2002).

³ Abal Medina habla de una estrategia de crecimiento forzado para el Frepaso como forma de expansión política. Así, señala que el partido renunció a una expansión gradual y ordenada para optar recurrentemente por los saltos al vacío, como el que hizo entre 1994 y 1995, cuando luego de ganar sólo en una ciudad (Capital Federal), pretendió disputar al otro año la presidencia de la nación. De esta manera, apunta: “la estrategia de crecimiento forzado dificultó aún más la institucionalización ya que la fuerza, al ser obligada una y otra vez a afrontar compromisos mayores, fue posponiendo su organización interna en lo que un importante dirigente, Carlos Auyero, con claridad definió como ‘la dificultad de construir el barco mientras se navega’” (2006: 46).

⁴ La falta de “vocación de poder” de Álvarez pudo observarse en varias ocasiones: su negativa a discutir el resultado final de la interna con Bordón en 1995, no haberse presentado como candidato a jefe de gobierno porteño (ni en 1996 ni en 2000) cuando tenía reales chances de ganar y conducir con ello un importante distrito, no disputar luego el primer lugar de la fórmula en la Alianza en 1998 o no pugnar por lograr mejores posiciones en el gabinete una vez llegado al gobierno en 1999. Esta forma y característica de construcción política fue muy elogiada durante la década de 1990. Sin embargo, también se le ha reprochado: “Tal vez desde cierta posición académica o romántica se pueda ver como positivo que un político no tenga ambición de poder. Justamente la posición de Chacho demuestra lo contrario. Siendo alguien brillante, culto, bien formado, no ha hecho ningún aporte concreto al país. Un político que no busca el poder es como un poeta que no quiere escribir. Tal vez así se crea que, mientras no escriba, sigue siendo el mejor de los poetas” (Corach, 2011: 132-133).

⁵ Al respecto, Álvarez se jactaba de su individualismo político: “muchas de las cosas que se han hecho desde el ’89, si las hubiese consultado, todavía estaríamos discutiéndolas. Todavía estaríamos discutiendo si había que irse o no del bloque del PJ” (Abal Medina, 2000: cit. en Ib., 2006: 66). Un dirigente socialista cercano también reconocía: “trabajar con Chacho Álvarez es emocionante y desesperante a la vez. Es movimientista, no cree en las estructuras y cada día, sin consulta previa, puede organizar una jugada diferente” (Ibídem).

⁶ Mestre sostendría durante mucho tiempo su rechazo a la Alianza, así declaró tiempo después que “la Alianza fue un error del radicalismo” (Clarín, 19/03/1998). Incluso, llegaría a adelantar las elecciones en Córdoba para separar lo sucedido en su provincia con los resultados que pudiera obtener la Alianza a nivel nacional (aunque esta última jugada le saldría realmente mal: tras adelantar los comicios casi un año, el peronista De la Sota terminaría por imponerse en la gobernación allí, en diciembre de 1998).

⁷ No obstante, como veremos en los próximos apartados, estos líderes opositores cuando tengan la oportunidad de ser gobierno en el futuro comenzarían a padecer lo volátil –y por ende, peligroso– que implicaba avalar y sostener a sus figuras principalmente bajo el ropaje de ser “paladines de la transparencia”, pagando un alto precio con ello, puesto que –cuando afloraran simples denuncias o sospechas de corrupción sobre sus espaldas– todo su capital político se esfumaría con suma velocidad.

⁸ A propósito de esto, como señaló Di Mauro (2003: 46), “se consumó la paradoja de que un fervoroso aliancista como Terragno quedara en el camino, en beneficio de quien poco simpatizaba con el Frepaso y nada había hecho en favor de conformar la Alianza [como De la Rúa]. A pesar de lo cual, resultaría el principal beneficiado del acuerdo entre ambos partidos”.

⁹ Este desbalanceo señala además un problema de desproporción política mayor si se considera que, del total de votos presidenciales obtenidos por la Alianza en 1999, el 43% provino de los que votaron al Frepaso en 1995 y tan sólo un 25% de la UCR (otro 22% provino del PJ y un 10% de otras fuerzas) (Calvo & Escolar, 2005: 205). Con lo cual, el sesgo fuertemente radical del gabinete implicaba una asimetría importante entre “aporte político” y “representación institucional” plasmada.

¹⁰ Por ejemplo, en La Pampa, el senador Carlos Viera estaba enfrentado al gobernador de su provincia, Rubén Marín. En Formosa, sucedía otro tanto entre Carlos Branda, que era la línea opuesta al gobernador Gildo Insfrán. En la Rioja, Jorge Yoma (senador) estaba decidido a enfrentar a Eduardo Menem (senador) en las internas partidarias, lo que aconteció en ambos casos en 2001. En Entre Ríos, si bien gobernaba un radical, Augusto Alasino necesitaba construir una línea propia para poder disputar la gobernación en la próxima elección. Sobre esto: “Analiza la ruptura del bloque peronista en la Cámara Alta” (La Nación, 05/01/2000).

¹¹ Álvarez afirmó tiempo después: “De la Rúa nunca fue un candidato querido por el radicalismo. Es más, el radicalismo tuvo que aceptarlo como inexorable por su imagen ante la opinión pública” (Álvarez & Morales Solá, 2002: 84).

¹² Los diputados que rompieron entonces fueron: del Frepaso, Alicia Castro, Enrique Martínez, Marcela Bordenave, Gustavo Cardesa, Ramón Torres Molina, Federico Soñez, Humberto Volando, Adriana Puiggros, Jorge Giles y Eduardo Macalusse; del radicalismo, Elisa Carrió y Osvaldo Álvarez Guerrero y del socialismo Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Héctor Polino.

¹³ Un testimonio en primera persona sobre la gestión de gobierno cotidiana y las diferencias permanentes que la obstaculizaban puede hallarse en Fernández Meijide (2007).

¹⁴ Alfonsín llegaría a decir en un programa de televisión que “la convertibilidad y el golpe del 30 contra Hipólito Yrigoyen” habían sido “los dos episodios más graves para la Argentina del siglo XX”, ya que con la primera se generaba “el 15% de desocupados, quiebras del campo y economías regionales, desindustrialización y extranjerización de la economía”, siendo “una trampa mortal, porque entrar es fácil, pero después no se sabe cómo salir”, con lo que ahora se “está viviendo la inercia de una política neoliberal que dura más tiempo que el deseado”. Por último, aclaró que esta “trampa tremenda” no hacía otra cosa más que “evitar el análisis y la discusión acerca de aspectos fundamentales de la economía [y] poco contribuye a la necesaria búsqueda de soluciones a las apremiantes necesidades de nuestro pueblo” (La Nación, 13/10/2000). Poco menos de un mes después también mencionó en televisión que sería “lindo” que el país dejara de pagar la deuda externa por dos años (Página 12, 04/11/2000). Ver también “Alfonsín y Duhalde salen en busca de un espacio común” (Clarín, 07/06/2000) y (Zícari, 2016b).

¹⁵ La nota tuvo como autor al periodista Joaquín Morales Solá (La Nación, 25/06/2000).

¹⁶ Ver “Liporace no quiere terminar preso” (Clarín, 15/09/2000) y “Liporace, con una ayudita del menemismo” (Clarín, 11/10/2000). Poco tiempo después a Liporace le sacarían la causa y ésta quedaría en manos del juez Gabriel Cavallo, aunque luego éste también la perdería, quedando finalmente en el juez Daniel Rafecas. Pasados más de quince años de la denuncia, cuando todos los protagonistas de los hechos perdieron su poder e influencia, y se siguieron todas las rutas sospechadas en las que podría haber circulado el dinero de las coimas, en la sentencia final se determinó que los sobornos no existieron. Por lo que fueron absuelto todos los acusados (Flamarique, De Santibañez, De la Rúa, Genoud, etc.). A su vez, fue absolutamente desmentida la declaración de Mario Portaquarto, que en 2003 se presentó como un supuesto “arrepentido” del pago de sobornos, ya que fue descartado por inverosímil y luego casi procesado por falso testimonio.

¹⁷ A poco de comenzar el gobierno, Fernández Meijide fue acusada por la prensa de dos ilícitos: primero de que el interventor aliancista designado por ella en el PAMI era su cuñado y que éste había utilizado su cargo para recategorizar el geriátrico de su esposa (la hermana de la ministra) y así cobrarle al Estado una suma superior por las prestaciones. Luego la ministra también fue acusada de haberle conseguido un sueldo en el Estado a su profesor de tenis, el cual cobraba sin siquiera concurrir a trabajar (acusándolo así también de promover “ñoquis”). Ambos hechos –en los que después se demostró que no hubo ilícitos– fueron montados según el periodista Luis Majul por la SIDE a través de la revista Veintidós (dirigida por el periodista Jorge Lanata), lo que desembocó, según dijimos, en el derrumbe de la estrella de Fernández Meijide y en algunos escraches públicos contra ella (Clarín, 05/05/2000). En forma paralela, Chacho Álvarez comenzó a sufrir operaciones de prensa similares por la revista La Primera, a cargo del periodista Daniel Hadad. Las acusaciones más destacadas fueron dos, una en la cual acusó al vicepresidente de querer cerrar el Senado –comparándolo a lo realizado por Alberto Fujimori en Perú– y otra en la cual le atribuían infidelidades en su vida personal (Granovsky, 2000: 90-92). Por último, Aníbal Ibarra poco después de asumir como jefe de gobierno porteño descubrió que su oficina estaba repleta de micrófonos para espiarlo y hacerle escuchas. Ver “Descubren espionaje en el despacho de Ibarra” (Clarín, 19/11/2000).

¹⁸ Decía Álvarez, abriendo la puerta para ponerle fin a las funciones de Flamarique, “hay un desgaste del ministro de Trabajo que va a tener que ser tomado en cuenta por el presidente”, pidiendo “cambios integrales” para el relanzamiento del gobierno (Clarín, 28/09/2000).

¹⁹ Álvarez opinó contra Machinea, pidiendo solapadamente cambios: “El debate electoral próximo va a estar muy limitado desde el punto de vista económico. No vamos a poder mostrar una gran reactivación, ni una mejora sustancial de la economía tal cual funciona ahora” (Página 12, 28/09/2000); “Uno de los problemas es que no hay claridad en la explicitación del plan económico […] Hay una dificultad para mover las expectativas de la sociedad en consumo e inversión” (Página 12, 29/09/2000). 

²⁰ Ver “Los legisladores del PJ dicen que Chacho es el rival de todos” (Clarín, 01/10/2000).

²¹ Es de destacar que el único intento de Álvarez con respecto a recostarse en el Frepaso fue a fin de agosto cuando la crisis ya había estallado y el enfrentamiento con De la Rúa comenzaba a escalar (Clarín, 25/08/2000). Sin embargo, y curiosamente, el cónclave dentro del Frepaso consensuó que Álvarez y el partido deberían respaldar al ministro Flamarique. Empero, como vimos, menos de un mes después de dicho acuerdo Álvarez lo dejó de lado para comenzar a pedir públicamente –y sin consultas con el Frepaso– la renuncia del hombre de su propio partido, sugiriendo que éste estaba implicado en los sobornos.

²² Como reconociera tiempo después Álvarez: “debo aceptar que una situación en la que yo estaba fuera del gobierno y mi partido dentro resultaba una contradicción imposible de sostener [...] en cualquier país democrático se es oficialista o se es oposición. Se puede ser una oposición más intransigente o más colaboradora, pero oposición al fin. No se puede estar en el medio” (Álvarez & Morales Solá, 2002: 54- 55).

²³ Como relató Álvarez: “Tanto fue así que su entorno [el de De la Rúa] festejó esa noche mi renuncia con un asado en Pilar. Consideraron lo sucedido como una gran victoria. Los cerebros y operadores supuestamente más leales al Jefe de Estado creían que en una sola operación jugada habían afirmado el sentido de autoridad del presidente y se habían sacado de encima no a su principal aliado, sino a su peor enemigo” (Álvarez & Morales Solá, 2002: 50). Ver “El festejo del grupo Villa Rosa por las movidas en el poder” (Clarín, 09/10/2000).

²⁴ “El Frepaso avaló a Flamarique y analizó la marcha del Gobierno” (Clarín, 25/08/2000).

²⁵ Como señala Corach, es difícil explicar la renuncia de Álvarez simplemente por una cuestión ética ligada a la intolerancia a la corrupción en el Senado (o en la política en general) y es más plausible pensar en un objetivo político y de posicionamiento individual: “El inmediato objetivo [de la renuncia] fue que se generara un operativo clamor que jamás tuvo lugar y que permitiera al vicepresidente y a su grupo imponer un cambio de rumbo en el gobierno […] [Puesto que] nada de lo que encontró Chacho al ocupar su puesto en el Senado era nuevo para él, ni las debilidades ni los problemas así como tampoco los aportes que podían hacerse desde allí. Álvarez había pasado varios años de su vida como asesor del senador Bittel y conocía a la perfección el funcionamiento de la Cámara Alta. Por lo tanto, no puedo calificar su renuncia como una actitud irreflexiva de graves consecuencias para el país” (Corach, 2011: 211).

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Recibido: 17/12/2016.
Aceptado: 15/05/2017.