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Temas y Debates
On-line version ISSN 1853-984X
Temas debates (En línea) no.35 Rosario June 2018
ARTÍCULOS
Propiedad de la tierra y acción política de la clase terrateniente argentina. Una crítica a la tesis del poder terrateniente
Landed property and political action of the Argentinean landlord class. A critique of the landlord power's thesis
Gastón Caligaris y Nicolás Pérez Trento
Gastón Caligaris es becario posdoctoral de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en la Universidad de Quilmes, Argentina. E-mail: gcaligaris@gmail.com
Nicolás Pérez Trento es becario posdoctoral de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en la Universidad de Quilmes, Argentina. E-mail: nicolaspereztrento@hotmail.com
resumen
La concepción según la cual la producción agraria argentina está dominada económica y políticamente por grandes terratenientes quienes, sobre esta base y a su turno, tienen la capacidad para influir decisivamente en el curso de la economía nacional, ha sido una constante en la historia argentina. En este artículo se realiza un examen crítico de las bases empíricas y los argumentos en que se fundamenta esta concepción en la actualidad. Con tal objetivo, en la primera parte de este trabajo se examinan los argumentos y la principal evidencia empírica que se presenta para fundamentar la existencia de una clase terrateniente económicamente poderosa. Sobre esta base, en la segunda parte del artículo se examina la potencialidad política de lo que comúnmente se reconoce como la principal organización política de la clase terrateniente argentina: la Sociedad Rural Argentina. El resultado que arrojan ambos análisis es que no existen argumentos sólidos ni evidencia empírica que fundamenten la existencia de una clase terrateniente económica y políticamente poderosa en Argentina.
palabras clave: Terratenientes; Propiedad de la tierra; Acción política; Sociedad Rural Argentina
summary
It is a conventional claim in Argentine history analysis that the agrarian production is economically and politically dominated by large landlords who, on this basis, have the capacity to decisively determine the course of the national economy. This article critically examines the empirical basis and arguments underneath this conception. To this end, this article firstly examines the arguments and main empirical evidence presented in the specialized literature that support the idea of an economically powerful landlord class' existence. In the second part, it focuses on the political potentiality of what is commonly recognized as the main political organization of the Argentinean land-owning class: Argentine Rural Society. As result of both analyses we conclude that there are neither solid arguments nor empirical evidence to support the existence of an economically and politically powerful landlord class in Argentina.
keywords: Landlords; Landed property; Political action; Sociedad Rural Argentina
Introducción
La concepción según la cual la producción agraria argentina está dominada económica y políticamente por grandes terratenientes quienes, sobre esta base y a su turno, tienen la capacidad para influir decisivamente en el curso de la economía nacional, ha sido una constante en la historia argentina. Además de constituir la piedra fundamental del discurso populista en su supuesto enfrentamiento con la clase terrateniente (Ramos, 1989; por ejemplo), en particular, esta idea ha estado presente de manera prácticamente hegemónica en las corrientes de pensamiento marxistas o críticas desde sus inicios (Ave-Lallemant, 2008; Justo, 1936; por ejemplo) hasta la actualidad (Castillo, 2011; Azcuy Ameghino, 2016; por ejemplo). En la literatura que comparte esta tesis, la existencia de grandes terratenientes suele estar siempre vinculada a la comunión entre éstos y el capital industrial más concentrado, sea de origen extranjero –presentada, por ejemplo, bajo la figura de una alianza entre los terratenientes locales y el capital monopolista internacional (Ciafardini et al., 1973: 13)– o de origen nacional presentada, por ejemplo, bajo la figura de una filiación directa, donde grandes terratenientes y grandes capitalistas industriales nacionales son presentados como las mismas personas (Polit [Peña], 1964: 62). Dada la evidencia de la existencia masiva de pequeñas unidades de producción en el sector agropecuario, los partidarios de esta tesis suelen explicar esta complejidad apelando a la figura del “campesino” o “chacarero” como un sujeto social que resulta funcional al poderío de los grandes terratenientes. Cuando estos sujetos son arrendatarios, dicha funcionalidad se explica simplemente por el hecho de ser directamente explotados por los grandes terratenientes a través de contratos “leoninos” (Tenembaum, 1946: 80 y ss.); en cambio, cuando son propietarios, se explica por situarse en las peores tierras que determinan altos precios para las mercancías agrarias y, por ende, más renta para los grandes terratenientes (Gastiazoro, 1976: 50-54).
En este artículo no proponemos realizar un examen crítico de las bases empíricas y los argumentos en que se fundamenta esta concepción en la actualidad. Con tal objetivo, en la primera parte de este trabajo examinaremos la principal evidencia empírica que se presenta para fundamentar la existencia de unidades territoriales altamente concentradas que constituirían la fuente del poder económico de la clase terrateniente argentina. Sobre esta base, en la segunda parte del artículo examinaremos la potencialidad política de lo que comúnmente se reconoce como la principal organización política de la clase terrateniente argentina: la Sociedad Rural Argentina. En el primer caso, veremos que lejos de sustentar la idea de que la propiedad de la tierra está altamente concentrada, los datos ofrecidos por los propios autores de esta tesis son metodológicamente inconsistentes, y aún si no lo fueran, no harían más que demostrar exactamente lo contrario de lo que aquéllos pretenden. En el segundo caso, veremos que en las últimas décadas la principal organización política, la clase terrateniente argentina, se ha mostrado sistemáticamente incapaz para imponer políticas económicas favorables a sus intereses, e incluso ha apoyado la implementación de políticas que le resultan perjudiciales.
La evidencia empírica del tamaño de la propiedad de la tierra
Desafortunadamente, en Argentina no existe registro estadístico que capte el tamaño de la propiedad de la tierra. La principal herramienta de análisis estadístico, el censo nacional agropecuario, no registra ni el tamaño de la propiedad de la tierra agraria ni el monto del capital agrario en funciones. Frente a esta limitación, los autores que postulan la existencia de una poderosa clase terrateniente que domina la producción agraria se han limitado a ofrecer unos pocos casos aislados como única evidencia empírica para sustentar su tesis. Así, por ejemplo, Azcuy Ameghino presenta en base a “material periodístico” algunos casos de “grandes terratenientes latifundistas” entre los cuales se destacan propietarios de porciones de tierra que van de 100.000 a 200.000 hectáreas (Azcuy Ameghino, 2007: 133-134).1 Una excepción a esta tendencia es la investigación de Eduardo Basualdo, quien ha buscado aportar evidencia empírica estadística para la tesis en cuestión a través de un análisis pormenorizado del catastro inmobiliario de la provincia de Buenos Aires. Dada la difusión que ha alcanzado este enfoque dentro de la literatura especializada, lo tomaremos como base para realizar un examen crítico del fundamento empírico de esta concepción sobre el poder de la clase terrateniente argentina.
Comencemos, no obstante, por considerar el enfoque general que sustenta su análisis de la evidencia empírica, enfoque que es normalmente compartido por los partidarios de esta tesis. Basualdo considera que la producción agraria está actualmente dominada por “grandes propietarios” de tierras que “son la continuidad de la oligarquía agropecuaria pampeana que conformó el Estado moderno en el país” (Basualdo, 2008: 50) . Más concretamente, considera que
en la actualidad están presentes en la cúpula agropecuaria las dos fracciones que se sucedieron a lo largo del tiempo en la conducción de la clase en su conjunto. La eminentemente agropecuaria, que fue hegemónica durante el modelo agroexportador de principios de siglo, y aquella que, además de ser terrateniente, está inserta en otras actividades económicas, y fue la conductora de la clase a partir de la consolidación de la industrialización en el país (Basualdo, 2008: 50) .
En síntesis, se trata de una visión que considera que la producción agraria pampeana está dominada por grandes terratenientes que son al mismo tiempo capitalistas. Notemos de entrada que esta concepción parte del supuesto de que el rendimiento de la inversión en la propiedad de la tierra tiene la misma magnitud que el rendimiento de la inversión en capital productivo, ya que de otro modo carecería de sentido dirigir una parte del capital hacia una inversión que arrojase un beneficio menor. Sin embargo, la inversión en un capital productivo o comercial se rige por la tasa normal de ganancia (Marx, 1998: 199) , mientras que la inversión en tierra lo hace por la tasa de interés (Marx, 1997: 801-802) , cuya magnitud es por definición menor a la primera (Marx, 1999: 457-459) . Por tanto, más allá de toda evidencia empírica respecto de la concentración de la propiedad de la tierra y su unidad con el capital, esta caracterización de la “cúpula agropecuaria” sólo puede fundarse en una teoría que no distinga entre el nivel de la tasa de ganancia y el de la tasa de interés, como por ejemplo la teoría neoclásica (Samuelson y Nordhaus, 1990: 838). Pero veamos cuál es la evidencia empírica con la que se busca sustentar esta caracterización.
La base de dicha evidencia es presentada por el autor en una serie de trabajos en los que se busca identificar el tamaño de las propiedades sobre la tierra a través de una reconstrucción de los datos provistos por el catastro inmobiliario de la provincia de Buenos Aires de 1988, que se realiza mediante su reprocesamiento y cruzamiento con otras fuentes de información auxiliares como la Guía de Sociedades Anónimas y estudios realizados por el Banco Central y la Secretaría de Planificación, entre otras (Basualdo y Khavisse, 1993; Basualdo, 1996; 1997; 1998). La hipótesis específica que guía esta reconstrucción es que, con motivo de la elusión impositiva y de la necesidad de resguardar el tamaño de la escala de producción frente a la subdivisión provocada por la herencia, se ha operado durante las últimas décadas un cambio en las formas jurídicas dominantes en que se detenta la propiedad sobre la tierra, ganando relevancia las formas jurídicas más complejas como condominios y grupos societarios (Basualdo y Khavisse, 1993: 28-31). De este modo, los autores citados proponen una serie de agrupamientos de las partidas inmobiliarias que, pudiendo virtualmente captar la diversidad de las formas de propiedad, pretende dar cuenta del verdadero estado y evolución del tamaño de las propiedades sobre la tierra, oculta en la importante subdivisión de las partidas inmobiliarias que se registra entre los distintos informes catastrales disponibles.
El principal resultado que arroja este extraordinario trabajo de procesamiento de datos es que el 32% de las tierras productivas de la provincia de Buenos Aires pertenece a “grandes propietarios” (Basualdo, 1998: 79) , los cuales han venido incrementando el tamaño de sus propiedades desde, por lo menos, mediados del siglo XX (Basualdo, 1998: 99) . Cuando se mira en el interior de este grupo de propietarios, sin embargo, la imagen de una “oligarquía agropecuaria” que domina la producción agraria y de una “oligarquía diversificada” que, desde este sector de la producción, domina el conjunto de la economía nacional, comienza a desvanecerse.
En primer lugar, se cuenta como “grandes propietarios” a todos aquellos que poseen más de 2500 hectáreas. Ciertamente, desde el punto de vista de un miembro de la clase obrera o de un pequeño capitalista al límite de su reproducción, esta magnitud de tierra puede parecer de una riqueza tan grande que resulte indistinguible de la que puede poner en marcha un capital de concentración normal. Pero desde el punto de vista del capital social global, donde los capitales que participan activamente en la formación de la tasa general de ganancia se cuentan por cientos o miles de millones de dólares, la riqueza social que puede expresar esta cantidad de tierra apenas si alcanza a percibirse. En efecto, tomando los datos provistos por el propio autor, para la época en que hace el estudio, el precio de una tierra de estas características apenas si superaba el medio millón de dólares en el caso de estar en una zona de cría y no alcanzaba los cuatro millones si se ubicaba en la zona agrícola norte, donde se encuentran las tierras agrarias más caras del país.2 En el conjunto de los “grandes propietarios” presentados por Basualdo, sin embargo, este tipo de propietarios no representa una magnitud marginal. Según los datos que presenta, los propietarios que tienen entre 2.500 y 4.999 hectáreas representan el 31% del conjunto de los “grandes propietarios”, y si se suman los propietarios que poseen tierras hasta 7.499 hectáreas el mismo porcentaje sube al 48% (Basualdo, 1998: 81) .
En segundo lugar, y siempre basándonos en los datos que presenta el propio autor, los propietarios de más de 20.000 hectáreas, donde presumiblemente podría encontrarse a la verdadera “oligarquía agropecuaria” y a la “diversificada”, apenas si alcanzan a cubrir el 8% de la superficie de la provincia, con un promedio de 44.525 hectáreas cada uno. Dentro de éstos, la “oligarquía agropecuaria”, que según el autor domina la producción agraria, es propietaria de sólo 5% de toda la tierra de la provincia, mientras que la “oligarquía diversificada”, que supuestamente representa la presencia de los grandes grupos económicos en la producción agraria, apenas alcanza a poseer el 1,4% de las tierras de la provincia (Basualdo, 1996: 809) . Como se ve, para ser los sujetos sociales dominantes de la producción agraria pampeana, al menos en su condición de terratenientes, la incidencia de este tipo de oligarquías parece ser bastante escasa. En el mismo sentido, llama la atención la escasa cantidad de tierra que alcanzan a poner en producción teniendo en cuenta el virtual poder económico que, en tanto capitalistas, les daría tener escalas de producción correspondientes hasta más de 100.000 hectáreas en algunos casos (Basualdo, 1996: 810) . En efecto, hay que recordar que, según el propio autor, el 68% de la superficie provincial está en manos de capitales agrarios que no alcanzan a las 2.500 hectáreas. Finalmente, si se toma en cuenta la presencia masiva que tiene el capital extranjero en las empresas más grandes del país3, resulta realmente notable la ausencia de este tipo de capital dentro de la cúpula de los “grandes propietarios”.4
Hasta aquí hemos considerado el alcance de las hipótesis de Basualdo dando por válidos todos los datos que el mismo autor presenta en sus estudios. Sin embargo, estos datos no están exentos de problemas. Sus principales deficiencias han sido señaladas con detalles por otros autores a los que remitimos para profundizar una crítica en este sentido (Lattuada, 1994; Barsky, 1997) . Reponemos y ampliamos aquí tan sólo algunos de estos problemas a título de ejemplo. Ante todo, la base de datos utilizada deja afuera 220.319 parcelas correspondientes 7.416.778 hectáreas de la provincia de Buenos Aires por considerarlas de bajo valor fiscal. Sin embargo, los resultados obtenidos se generalizan automáticamente para todo el universo de la provincia (Lattuada, 1994: 128) . Más aún, cuando se estima el porcentaje de superficie en manos de los “grandes propietarios” no se lo hace respecto de la superficie catastral que constituye la base del estudio sino respecto de la ofrecida por el CNA del año 88 que consigna 1.568.554 hectáreas menos. Por otra parte, en la reconstrucción de los condominios se suman como parte de una misma propiedad todas las propiedades que posee un individuo por el sólo hecho de tener una propiedad en asociación con otros socios o familiares. Esta vinculación, sin embargo, no implica que exista una estrategia común de acumulación de capital (Lattuada, 1994: 130-131) , ni tampoco que existan economías de escala que expliquen la supuesta necesidad de concentración de la propiedad o el poder terrateniente. Un método similar se utiliza para la reconstrucción de los grupos de sociedades en los cuales, como señala Barsky, basta con “la portación de apellido” para ser sujeto de agrupación (Barsky, 1997: 187-188) . En este punto, es notable que en todos los estudios de caso que se presentan se pone el foco en la magnitud de propiedad de tierra y nunca sobre las formas productivas que reclamarían dicha magnitud. Finalmente, también es deficiente la construcción de los datos mediante el cual se postula una tendencia a la concentración de la propiedad. En efecto, esta tendencia se postula comparando los catastros inmobiliarios de 1958 y 1988. Sin embargo, el reagrupamiento de partidas inmobiliarias en que basan los resultados para el año 1988 no se realiza para el año 1958, cuando de acuerdo a sus propios presupuestos de haberlo realizado se hubiese constatado un nivel de concentración mayor para este último año (Lattuada, 1994: 130) .5
Como vimos, la “oligarquía agropecuaria” y la “oligarquía diversificada” que dominan la producción agraria pampeana son, para Basualdo, “grandes capitales” que al mismo tiempo son propietarios de las tierras en las que operan. De ahí, que pueda limitarse a tomar como indicador de su estado y evolución exclusivamente al catastro inmobiliario, es decir, al indicador básico de la propiedad territorial. En este punto, sin embargo, las tesis de Basualdo enfrentan otro problema con la evidencia empírica disponible, pues, de acuerdo a los registros censales, no todos los capitalistas agrarios son al mismo tiempo propietarios de las tierras en las que operan. En efecto, según los datos presentados por el propio autor, para 1988 la referida coincidencia entre capitalista y terrateniente sólo se da en el 61,5% de la superficie total (Basualdo y Arceo, 2005: 78, 7n.). Más aún, para el año 2002, la misma cifra desciende a 46% (Basualdo, 2010: 6) , lo cual muestra una clara tendencia a la separación entre ambas personificaciones. Frente a esta situación, la estrategia de Basualdo pasa por sumar a esta superficie todas las tierras arrendadas por propietarios, lo cual eleva los guarismos a 90% para el año 1988 y a 87,6% para 2002 (Basualdo, 2010: 6) . Sin embargo, estos nuevos datos de ningún modo habilitan a tomar al tamaño de la propiedad de la tierra como indicador del tamaño del capital y de su evolución. En primer lugar, porque precisamente lo que muestran es que la propiedad de la tierra no siempre se corresponde con la propiedad sobre el capital. Pero, en segundo lugar, porque muestran que la escala de producción no se amplía aumentando el tamaño de la tierra en propiedad, tal como lo supone la tesis de la tendencia a la concentración de la propiedad propuesta por Basualdo, sino por el aumento de la tierra arrendada. En efecto, tal como surgen de sus propios datos, el aumento de la superficie arrendada que media entre un censo y otro se explica más por el arrendamiento de tierras por parte de los propietarios que por el aumento de los arrendamientos puros (Basualdo, 2010: 6) .
Finalmente, Basualdo aún presenta una evidencia empírica más para sostener la tesis del dominio de la “oligarquía agropecuaria” y la “oligarquía diversificada” en la producción agraria. Se trata de la evolución de stock de ganado vacuno y el área sembrada a partir del año 1977. De acuerdo al autor, a partir de ese año se asiste a una “etapa de liquidación de ganado vacuno sin que se produzca el consecuente incremento del área agrícola total [al contrario, se produce un descenso], comportamiento que era típico de la relación que mantenía la producción ganadera con la agrícola hasta ese momento” (Basualdo y Khavisse, 1993: 277). Y esta situación se explica porque, a partir de ese año, “el impacto de la Reforma Financiera introduce a la tasa de interés como el precio relativo más relevante y cobra entidad la valorización financiera como opción prioritaria para los propietarios agropecuarios más relevantes por las dimensiones de sus propiedades inmobiliarias” (Basualdo y Khavisse, 1993: 284). En suma, se argumenta que la existencia de “grandes propietarios” es la que explica la evidencia empírica respecto de la evolución de la producción agraria en un contexto de predominio de la “valorización financiera”. En otro lado ya hemos criticado la tesis de la “valorización financiera” (Caligaris, 2017a; véase también, Fitzsimons, 2012). Pero aún si se la diera por válida, la pregunta inmediata a la que nos enfrenta esta explicación es por qué los grandes propietarios, una vez migrado su capital de la producción agraria, no alquilaron sus tierras a pequeños capitalistas agrarios –que por su condición no podían entrar en el supuestamente virtuoso circuito de la valorización financiera– y optaron por dejar sus tierras fuera de producción, esto es, sin arrojar renta alguna.
En síntesis, podemos concluir que la tesis que sostiene la existencia de un gran poder terrateniente es inconsistente tanto a nivel de su propia formulación teórica como a nivel de la evidencia empírica que presenta. En el primer caso, porque no distingue entre el movimiento del capital y el de la propiedad de la tierra, suponiendo, bajo un enfoque teórico neoclásico, que ambos movimientos se funden en uno solo. Esta es una característica compartida por todos los autores que sostienen esta tesis. En el segundo caso, porque la evidencia empírica que se presenta no es concluyente en ningún caso y, peor aún, porque está deficientemente construida. En este punto, como lo ha marcado agudamente Sartelli, podría decirse que, en el mejor de los casos, este análisis empírico “termina confirmando precisamente aquello que niega: la dispersión de la propiedad y la pérdida de peso de la cúpula agraria más concentrada” (Sartelli, 2008: 90) . Pasemos, entonces, a analizar el otro fenómeno que debería aparecer como evidencia de la existencia de una clase terrateniente poderosa: la potencia política de una de sus principales organizaciones.
La acción política de la SRA: 1989-2008
De manera general, la literatura especializada en la producción agraria argentina vincula a la Sociedad Rural Argentina (SRA) con los propietarios de grandes extensiones de tierra, ubicadas principalmente en la región pampeana. De aquí que suela considerársela como una de las principales representantes de la clase terrateniente en la Argentina. Más aún, muchos de los sujetos que Basualdo identifica como miembros de la “oligarquía agropecuaria” figuran como socios, e incluso como dirigentes, de la SRA. De lo cual se sigue, como señaló Panero, que “para esta perspectiva, la SRA seguiría conservando un gran poderío” en tanto representante político de esta clase social (Panero, 2013: 333). La existencia de una clase terrateniente poderosa debería, por consiguiente, expresarse en el poder político de esta organización.
El planteo de que la SRA es una organización poderosa suele sustentarse en su capacidad para entablar vínculos fluidos con los gobiernos de turno o, en su defecto, para generar consensos en torno a la instrumentación de determinadas políticas (de Palomino, 1988; Gálvez, 2012). En relación con las últimas décadas, sin embargo, resulta tan evidente que la SRA logró establecer un estrecho vínculo con los gobiernos de tendencia liberal como que fue incapaz de hacerlo bajo los gobiernos de tendencia populista. Asimismo, y tal como ya notaran tanto Heredia (2003) como Muro de Nadal (2009), la relación mantenida entre dicha asociación y los gobiernos liberales estuvo lejos de reportarle beneficios a aquélla. En efecto, para dar cuenta del poder político de una organización no resulta suficiente con dar cuenta de la existencia de este tipo de vínculos. Es necesario, ante todo, analizar las formas concretas y los efectos de esos vínculos. En este sentido, procuraremos a continuación avanzar tanto sobre la trayectoria de la acción política de la SRA como sobre los resultados obtenidos.
Detengámonos entonces en el análisis de la acción política de la SRA a lo largo de las dos décadas previas, con el objetivo de dar cuenta de la potencia que ésta porta. Interesa especialmente avanzar sobre el período 1989-2008, esto es, las casi dos décadas comprendidas entre la asunción a la presidencia de Menem, que dio inicio a un período signado por la sucesión de gobiernos de carácter liberal, y el conflicto de 2008, que se constituye como el punto más alto en la conflictividad agraria correspondiente a los gobiernos populistas. El propósito de abarcar un lapso de extensión semejante radica, precisamente, en la posibilidad de analizar la acción de la SRA no sólo en un período lo suficientemente prolongado, sino también caracterizado por un contexto en el que se transforma la representación política general del proceso nacional de acumulación de capital, que pasa del más crudo neoliberalismo a un populismo de intensidad creciente.
La acción política de la SRA en la fase neoliberal (1989-2001)
Como distintos autores señalan, la SRA apoyó decididamente la implementación y el avance de las políticas neoliberales a lo largo de la década de 1990. En efecto, ya hacia finales de la década previa, presionaría por una salida de la crisis basada en un proceso de reformas neoliberales. Da fe de ello un documento publicado en 1988, en el que se detalla un programa económico que postula la necesidad de avanzar en el proceso de privatizaciones, eliminar el déficit fiscal, achicar el Estado, liquidar todo tipo de subsidios a los capitales del sector industrial y regímenes de promoción de las exportaciones, disminuir impuestos (en especial, las retenciones a la exportación), avanzar en la apertura económica (principalmente, eliminando impuestos a las importaciones) y volver a contraer deuda externa para “promover inversiones productivas”, entre otras cuestiones (Memoria y Balance, 1989: 123-6).
Cuando estas políticas comenzaron a implementarse, la SRA se colocó decididamente del lado del gobierno menemista, llegando a convertirse en uno de sus principales aliados en el campo de las comúnmente llamadas “asociaciones empresariales”, esto es, las organizaciones que representan a la clase capitalista y/o terrateniente.6 En este sentido, destaca su fuerte apoyo a la política de ajuste, privatizaciones, y eliminación de las formas de transferencia de renta de la tierra hacia los capitales industriales en las que ésta pasara por las arcas del Estado, lo que se expresó en la constante reiteración de declaraciones como la que sigue:
Tendremos que admitir que para reducir el déficit ferroviario se[rá] penoso, pero indispensable, que algunas localidades que cuentan con otros medios de transporte se vean privadas del ferrocarril ineficiente aunque con tarifas reducidas. Que para que sea menor el gasto público de algunos servicios que no son propios de los objetivos básicos del Estado deban pasar a la actividad privada […]. Que jamás será viable una comunidad feliz en tanto subsistan privilegios de cambio, de servicios, de aranceles, de subsidios, de créditos, de impuestos e incluso previsionales, que no puedan sostenerse con recursos provenientes de aportes genuinos y lo sigan haciendo a través del Estado mediante transferencias (Anales, abril 1990: 4).
De este modo, la gestión política de la crisis pareció tomar, a primera vista, la dirección buscada por la SRA. Su estrategia de acercarse al gobierno para negociar, por otra parte, parecía estar rindiendo frutos: la promesa del gobierno de eliminar las retenciones a la exportación de mercancías agrarias había comenzado a materializarse, no sin que la asociación tuviera que hacer uso de su capacidad de establecer negociaciones directas con algunos de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo el propio presidente. Así, en el lapso que media entre la asunción del gobierno menemista y la instauración de la Convertibilidad, las retenciones fueron gradualmente reducidas. Tanto la SRA como las restantes entidades agrarias habían participado, en este sentido, de reuniones con funcionarios gubernamentales, en las cuales se iría perfilando el avance de esta política. Incluso cuando, en diciembre de 1989, se había determinado dar marcha atrás con el avance hacia la eliminación de las retenciones y restablecerlas en los niveles previos, la medida fue desactivada tras reuniones con Menem (Clarín, 17/12/89).
La política económica que caracterizaría al gobierno, sin embargo, recién quedaría asentada con la implementación de la Ley de Convertibilidad. Tras la implementación de un sistema de “flotación sucia”, dicha Ley fijaba una paridad de 10.000 australes (posteriormente equivalentes a 1 peso) por dólar, establecía mecanismos para sostenerla, e impedía la emisión de moneda que no tuviera un respaldo equivalente en dólares en las reservas del Banco Central de República Argentina . La moneda quedaría así fuertemente sobrevaluada a lo largo de una década (Iñigo Carrera, 2007).
La SRA recibió la noticia de forma cautelosa, reconociendo que el nivel del tipo de cambio “afecta[rá] significativamente al sector exportador, y particularmente al agropecuario”, aunque según estimaban, el avance del proceso de reformas neoliberales podría corregir este problema. En particular, señalaban, se requeriría una “mayor apertura”, el avance de la “flexibilización laboral”, y/o “presionar a la baja los servicios y obtener un aumento de productividad”, mientras que en relación con la producción agraria, habría que reducir la presión impositiva, eliminar regulaciones en el transporte, e incrementar la oferta de crédito. Al mismo tiempo, sin embargo, la Ley de Convertibilidad fue también reconocida como una medida “audaz” por restringir la emisión monetaria e impedir así la financiación del déficit fiscal por esa vía, lo que de acuerdo a la SRA originaba buena parte de los males económicos (Anales, junio 1991: 78-9).
Una vez que la Ley de Convertibilidad logró asentarse, la entidad no volvió a poner en cuestión el nivel del tipo de cambio. Por el contrario, comenzaría a rechazar explícitamente la posibilidad de una devaluación:
Para poder competir con la producción nacional en el campo internacional y lograr mayor rentabilidad, incluso en la comercialización local, la solución debe inexorablemente pasar por el ajuste sobre la base de la reducción de costos. Ello debe ser así, porque ya tenemos sobradas experiencias de devaluaciones y sabemos que junto con el mayor precio que por esa vía lograron muchas veces nuestros productos, a poco andar, en la misma o mayor proporción aumentaron los gastos necesarios para obtenerlos. Las propias experiencias, por lo tanto, deberían impulsarnos a preservar la transformación, a cuidar la estabilidad y la paridad cambiaria ahora lograda (Anales, diciembre 1991, pp. 5-6).
No por ello, ciertamente, dejó de reclamar al gobierno menemista la ejecución de políticas específicas para la producción agraria, en la medida en que ésta seguía atravesando una situación crítica. En particular, demandaría la reducción o eliminación de los distintos tipos de impuestos que recaían sobre el sector (véase, por ejemplo, Anales, septiembre 1992: 5-6; marzo 1993: 11; y junio 1994: 5-7), argumentando no sólo que la carga tributaria se había expandido, sino también que los costos de producción se habían incrementado. Por otra parte, insistían en la necesidad de reducir la tasa de interés, cuyo elevado nivel atribuían a la insuficiente desregulación del sector financiero (Anales, junio 1994: 5-7).
Mientras tanto, las restantes organizaciones agrarias enfrentaban al gobierno en las calles, realizando paros y movilizaciones de creciente convocatoria (Pérez Trento, 2015). La SRA impugnaría sistemáticamente el recurso a estas formas de protesta. En efecto, ante el paro realizado en 1991 por la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la SRA señaló que “en la opción entre la protesta […] o el diálogo con propuesta casi siempre se optó por la segunda […]. Por graves que sean las crisis […] no justificarán que los dirigentes dejen de lado los principios institucionales y las conductas sociales básicas” (Anales, abril 1991: 7). Similar posición presentaría al año siguiente ante un nuevo paro convocado por FAA, al que adherirían CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA): “en la medida en que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de peticionar […] a las autoridades y de manifestar sus ideas libremente […], la decisión del paro me parece poco adecuada y eficiente” (Anales, diciembre 1992: 6-7).
Hacia 1994, sin embargo, los reclamos de la SRA habían ganado en intensidad. Así, tras enumerar en un editorial de Anales la serie de circunstancias que habían dado lugar a la existencia de una “una situación insostenible para gran número de las actividades rurales”, y demandar algún tipo de respuesta por parte del gobierno, consideró esta vez que las demandas de las entidades se hallaban “justificadas” (Anales, junio 1994: 5-7). A pesar de que estas airadas protestas, la asociación no lograría arrancar al gobierno ninguna medida significativa y el vínculo comenzaría a tensionarse.
Esta dinámica se interrumpió hacia 1995, momento en que los precios de las principales mercancías agrícolas iniciaron una muy breve fase de alza, mientras que los volúmenes exportados de carne vacuna también crecieron significativamente. En este escenario, la SRA abandonó la mayor parte de las críticas y reclamos, y siguió manifestando su apoyo hacia el esquema económico del gobierno.
Hacia 1998, sin embargo, el desencadenamiento de una nueva crisis, acompañada por la retracción de los precios agrícolas y volúmenes de carne exportados, volvió a convertirse en foco de tensión, sobre todo tras el intento por avanzar en una nueva reforma impositiva (Anales, febrero 1998: 3). A esto se sumaría una serie de cuestiones. En primer lugar, la SRA consideraba que el gobierno desatendía el problema de las inundaciones, que se multiplicaban en distintas áreas del territorio nacional. Así, justificaría nuevamente la realización de protestas: “hubo que cortar rutas, cerrar el tránsito de Resistencia a Corrientes, provocar el caos que siempre condenamos” para lograr que “convenios firmados ante miles de fotógrafos (caso BID en plena tribuna de Palermo)” se efectivizaran (Anales, diciembre 1998: 6-7). Cabe destacar que la propia dinámica de los regímenes de emergencia se había transformado con la Ley de Convertibilidad: si el monto y los intereses de los créditos otorgados para enfrentar las contingencias solían licuarse durante las épocas de inflación, este beneficio desaparecería durante la década de 1990, situación que se mantuvo a pesar de las quejas de la SRA (Anales, noviembre 1995: 5). Por otra parte, tras haber obtenido en 1997 el status de país libre de aftosa con vacunación para la ganadería argentina, el gobierno buscaría el año siguiente dejar de vacunar, desoyendo las advertencias de la SRA del riesgo que ello implicaba. Asimismo, la renuncia consecutiva de dos equipos de gestión de la Secretaría de Agricultura, que la entidad denunciaba se había convertido en un “botín político” en tiempos de campaña, hacían que la asociación temiera consecuencias a la hora de sostener los programas y políticas agrarias delineados. Incluso la fluidez del vínculo que habían entablado con Menem entró momentáneamente en stand-by, ya que éste, denunciaban, se hallaba demasiado ocupado en la campaña presidencial como para “atenderles el teléfono” (Anales, abril 1999:4).
Por último, con el desenvolvimiento de la crisis, la asociación descubriría que había quedado a merced de los capitales más concentrados que se vinculaban con la producción agraria. En efecto, hacia finales de 1998, los exportadores y la industria de procesamiento de cereales comenzaron a postergar la liquidación de una fracción del pago, ante lo cual la SRA reclamaría, también infructuosamente, que el gobierno tome cartas en el asunto:
En el mes de los aguinaldos, los premios a los peones, la cosecha, las inversiones, las reservas, el Estado alegremente exige un anticipo de ganancias, mientras traslada sus propios aguinaldos al ejercicio siguiente y resuelve postergar el reintegro del IVA a las exportaciones. Ante esto, la industria y los exportadores de cereales y oleaginosas con “visión de estadistas” descubren la solución: que paguen los productores. Liquidan un 85% de cada venta de cereal y postergan el 15% a 210 días, ya sea para exportación o para venderla al panadero de la esquina (Anales, diciembre 1998: 6-7).
En este escenario, la SRA se vio empujada a enfrentar al gobierno con algo más que reclamos verbales: por primera vez en el período, se unió a las restantes entidades agrarias para realizar un paro, que tuvo lugar en abril de 1999.7 Esta acción, sin embargo, no expresaría un punto de quiebre definitivo.
En efecto, por una parte, la asociación había comenzado a poner en cuestión algunos aspectos fundamentales de la política económica: no sólo había rechazado fervientemente los intentos de privatizar el Banco Nación (que además de ofrecer créditos a menor tasa que la banca privada para la producción agraria, concentrando así gran parte de la deuda, se mostraba más renuente a ejecutar a los morosos), sino que se atrevería incluso a sugerir la reversión de las privatizaciones ferroviarias (Anales, febrero 1998: 6-8; noviembre 1999: 38-9).8 Sucedió que, como afirmaría el propio vicepresidente de la entidad, las privatizaciones habían resultado en una suba general de los costos de producción en la rama agraria: “con las privatizaciones se nos dijo que lo importante no era la plata que se obtendría, sino la baja de tarifas debido a una mejor eficiencia. Pero desde que se privatizó, en lugar de tener servicios más baratos, los tenemos más caros” (Anales, julio 2000: 22). En relación con otras ramas de la producción, sin embargo, este reconocimiento se convertiría en base de una fuga hacia adelante: se trataba en realidad de que la desregulación y privatizaciones no se habían desarrollado plenamente, y por lo tanto cabía avanzar aún más en dicho proceso:
“Urge una desregulación cierta de la totalidad de los servicios. Debemos evitar los monopolios y oligopolios que perjudican a personas y empresas, como ocurre con las comunicaciones, los supermercados, la electricidad, los combustibles y peajes” (Anales, agosto 2000: 22-4; véase también Memoria y Balance, 2001: 14).
Así, la SRA había quedado sumida en una posición compleja. Si bien, reconocía que los intereses que defendía habían sido afectados por las políticas neoliberales, no había perdido su fe en las virtudes de dicho esquema económico. De allí que, considerando que la crisis desatada en 1998 podía ponerlo en peligro, accionó en defensa de los gobiernos que sostuvieron el régimen de la Convertibilidad. Esto se puso de manifiesto apenas dos meses después del paro de 1999, ante la convocatoria de la FAA a repetir la acción:
La decisión que toma la Rural es no ir a ningún tipo de paro […] me parece que la Argentina no está en estos últimos meses de gobierno como para hacerse los locos […]. Los dirigentes tenemos que tener la suficiente prudencia como para no llevar baldes de nafta cerca del fueguito […]. No vamos a un paro por un llamado a la cordura […]. Tenemos que priorizar ciertas reglas que no deben modificarse. El país está sufriendo una agresión externa por parte de algunos señores de fondos de inversión muy grandes, que ponen en duda ciertas medidas, como la Convertibilidad, que para los argentinos tienen que seguir en la Argentina. Los dirigentes tenemos que ser muy prudentes en las medidas que vamos a tomar y en las declaraciones que vamos a hacer […]. Hay que procurar que esto termine bien el 10 de diciembre y no quedar en el camino como sucedió en [el] 89 (Anales, junio 1999: 24).
La situación no variaría bajo el gobierno de De la Rúa, en el que la crisis se profundizaría. Ante este escenario, la SRA sólo atinó a reclamar la profundización del ajuste (Memoria y Balance, 2002: 49-50) y la represión a quienes lo enfrentaban en las calles (Anales, septiembre 2001:14-7). Mientras tanto, no dejaría de apoyar las gestiones para renovar el endeudamiento externo (Anales, diciembre 2000: 4-5). Incluso cuando se hacía evidente que el esquema económico agonizaba, la SRA sería incapaz de modificar la dirección de su acción política. A tal punto que el 19 de diciembre del 2001, a horas del derrumbe de dicho régimen, el presidente de la entidad insistía en la necesidad de sostenerlo: “no podemos pensar en devaluaciones que nos retornarían a la hiperinflación, ni en dolarizaciones que la inmensa mayoría no quiere […]. El camino es bajar el gasto público y lograr el equilibrio fiscal” (Memoria y Balance, 2002: 48-9).
Sinteticemos ahora lo visto hasta aquí. Ante todo, hemos visto cómo la SRA se convirtió en una de las principales impulsoras de la implementación y profundización del proceso de reformas neoliberales. Valiéndose de su capacidad de acceso hacia los principales funcionarios gubernamentales, la asociación procuró hacer valer sus intereses mediante negociaciones con éstos, abandonando, con excepción del paro de 1999, toda acción de protesta.
Pronto quedó en evidencia, como vimos, que la política implementada no arrojaría los resultados esperados por la SRA. En efecto, el establecimiento de la Ley de Convertibilidad determinó el sostenimiento de un nivel de sobrevaluación particularmente alto a lo largo de toda una década. Sobre esta base, y a pesar de la eliminación de las retenciones, la clase terrateniente se vio forzada a ceder una porción significativamente elevada de renta de la tierra, que osciló en torno al 80% (Iñigo Carrera, 2007). Basta mirar el período inmediatamente anterior para hacerse una idea del significado de este guarismo: a pesar de que la dictadura militar repuso las retenciones en 1982, y de que éstas se sostuvieron a lo largo de la mayor parte del mandato de Alfonsín, la proporción de renta que lograron retener los terratenientes fue marcadamente más alta, como puede verse a continuación en el Gráfico N° 1. 
La acción política de la SRA en la posconvertibilidad (2003-2008)
El colapso del régimen neoliberal dejaría a la SRA sumida en un estado de desorientación. En efecto, al momento de la crisis de 1989, ésta había elaborado tanto un diagnóstico de la situación como un programa económico que coincidía en gran medida (con la excepción de la Ley de Convertibilidad) con las políticas implementadas. Así, cuando este esquema comenzó a hacer agua, la SRA no atinó más que a reclamar un mayor grado de ajuste, endeudamiento y represión para sostenerlo.
La salida de la Convertibilidad, en este sentido, encontró a la asociación sin brújula. A falta de una propuesta integral, como la elaborada hacia finales de la década de 1980, la SRA se limitaría a lamentar (renovación dirigencial mediante) que las reformas ejecutadas en la década previa habían resultado en “una Argentina desmantelada, desprotegida, a merced de una globalización dura e inflexible, que marca sus propias reglas de juego” a raíz de la configuración de un “Estado ausente” (Anales, septiembre 2002: 6). Esta situación comenzaría pronto a revertirse, aunque no del modo que a la SRA le hubiera gustado.
De momento, sin embargo, la salida de la convertibilidad del peso multiplicaría la afluencia de riqueza social hacia la clase terrateniente. En efecto, en el año 2002 ésta pasaría a apropiar no sólo el 100% de la renta, sino incluso una porción extra de riqueza social sustraída al valor de la venta de la fuerza de trabajo como producto de la fuerte subvaluación de la moneda nacional, no compensada por las reinstalación de las retenciones a las exportaciones (Iñigo Carrera, 2005: 101 y ss.; Iñigo Carrera, 2008). A pesar de ello, la SRA no dejó de accionar respecto a las mencionadas retenciones: pocos días después de la sanción de la medida, presentaría un recurso de amparo para detenerlas (La Nación, 12/03/02). Posteriormente, la asociación participaría de un paro a principios de 2003, realizado por la Cadena Agroindustrial, en el que rechazarían tanto esta medida como la pesificación asimétrica y nuevas modificaciones en la estructura impositiva (La Nación, 03/07/03). Poco tiempo después, Néstor Kirchner asumiría la presidencia.
La SRA entablaría inicialmente una relación cordial con el nuevo gobierno. Ya a mediados de 2004, no obstante, comenzó a recelar de éste a raíz de que no parecía dispuesto a eliminar o reducir las retenciones (Anales, junio 2004: 4-5). Y, de hecho, ante el inicio de un ciclo de fuerte alza de los precios agrarios, las retenciones también aumentarían.
En efecto, al año siguiente se desataría un intenso conflicto en torno al precio de la carne, que continuaría deteriorando el vínculo. El gobierno no sólo cargó las culpas del aumento de precio sobre los ganaderos, sino que implementó una serie de medidas que fueron in crescendo: de la instrumentación de sucesivos acuerdos con los distintos actores de la cadena se pasó a aumentar las retenciones a la carne, para finalmente cerrar temporalmente las exportaciones, entre otras medidas de corte “intervencionista”. Ante este escenario, la SRA protestó duramente, denunciando dichas políticas como “actos esquizofrénicos”, “cortoplacistas” y “electoralistas” (Anales, abril 2005: 7; agosto 2005: 15; La Nación, 15, 16 y 17/09/05).
Así, la entidad comenzaba a reafirmarse en su posición de confrontación contra un gobierno de ya visibles rasgos populistas que “discriminaba” al sector agrario. En la exposición ganadera de 2005, su presidente acusaría al gobierno de ser “indiferente” ante la importancia del sector agrario, y objetaría las retenciones, la expansión del gasto público, los costos laborales y la falta de obras públicas en el ámbito rural, entre otras cuestiones que se seguían sumando. A fin de año volvería a cuestionar fuertemente la política kirchnerista, al reclamar, entre otras cosas, el otorgamiento de “incentivos” fiscales y financieros a la producción; “la búsqueda de políticas económicas superadoras a la actual política del asistencialismo”; y el “ajuste de los precios relativos y las tarifas de los servicios públicos” (Anales, noviembre 2005: 21). De momento, sin embargo, y ante la continuidad de las negociaciones con el gobierno, procuró evitar la realización del paro que reclamaba una fracción de sus socios (La Nación, 01/04/06). En su lugar, y en un marco de fuertes disputas internas, sería la CRA la que convocaría a realizar el primer paro agrario bajo el kirchnerismo, que tuvo lugar hacia finales de julio de 2006 (La Nación, 24/07/06).
La posterior intervención del gobierno en los mercados de granos, no obstante, acabó siendo demasiado para la dirigencia de la asociación. Meses antes del cierre del conflicto, con los precios tanto de la carne como de los granos en alza nuevamente, el gobierno había modificado el precio FOB del trigo, lo que implicaba un mayor valor en las retenciones cobradas sobre su exportación, al tiempo que presionaba por la baja de su precio interno. Posteriormente, intervendría también el mercado de maíz, disponiendo la fijación de precios internos y el cierre de las exportaciones. Finalmente, el conflicto por la carne tuvo un último coletazo, con la fijación de nuevos precios de referencia en el mercado de Liniers y un intento por recortar las exportaciones a 45.000 toneladas.
Esta sucesión de medidas no hizo sino seguir irritando a la dirigencia de la CRA, que convocó a un nuevo paro, esta vez de 9 días de duración, al que adhirió inmediatamente la FAA (La Nación, 29 y 30/11 y 1/12/06). La SRA se plegaría esta vez, denunciando en un comunicado que “las medidas erráticas a las que asistimos desde hace más de un año destruyen los mercados, las fuentes de trabajo […] paralizan las decisiones de inversión [y] generan gran inseguridad jurídica en el sector” (Memoria y Balance, 2007: 63). Se trató, probablemente, de la protesta más fuerte que había enfrentado el gobierno hasta allí. Como la SRA señalaría posteriormente, se había alcanzado ya un punto de inflexión: “todas estas idas y vueltas […], intervenciones y regulaciones resultaron inaceptables para el sector” (Memoria y Balance, 2007: 77).
Tras el paro, el conflicto comenzaría a cerrarse. La dirigencia de la SRA había actuado según su libreto: mantener la calma ante las reiteradas acusaciones, amenazas y medidas del gobierno, y procurar influir en la política negociando y presentando alternativas. Pero había logrado bastante poco. El plan que diseñaba el gobierno apuntaba a beneficiar a ganaderos que poseyeran no más de 1.000 cabezas, medida con la que, naturalmente, la SRA no estaba de acuerdo (Anales, junio 2006: 10-2). La disputa se había saldado además con una marcada redistribución de las ganancias en el interior de la cadena cárnica, como denunciaría la dirigencia de la SRA. En la exposición de Palermo de 2006, su presidente expresó que: “lo único que bajó […] fue el precio de la hacienda en una proporción que jamás llegó al mostrador. Si bajó la carne, hasta más del 30% al productor y sólo el 5% en las carnicerías ¿quién fue el ganador?” (Anales, septiembre 2006: 19). La respuesta la daría el propio vicepresidente de la SRA pocos días más tarde:
Son 240 millones de dólares nuestros con los que se quedaron los industriales, los matarifes, los supermercados y los carniceros […]. El sistema de contención de los precios de la carne […] si es que tuvo algún efecto, fue bancado por nosotros, los ganaderos. Fuimos nosotros, los productores, los que pusimos el hombro mientras otros se llenaban de plata a costa de nuestro esfuerzo (Anales, septiembre 2006: 138-9).
La dirección de la política económica implementada por el kirchnerismo continuaría profundizándose en los años siguientes. Ya en enero de 2007, las retenciones a la soja serían aumentadas en cuatro puntos. Fortalecido por el triunfo electoral que catapultaría a Cristina Fernández a la presidencia con un 46% de los votos, y en el marco de un ascenso imparable del precio de los granos, el gobierno anunciaría en noviembre una nueva suba de entre 5 y 8 puntos para el trigo, el maíz y la soja. Las cuatro entidades principales repudiaron inmediatamente la medida, aunque no realizaron acciones de otro tipo (La Nación, 7 y 8/11/07).
En marzo de 2008, el flamante gobierno anunció la sanción de la Resolución N° 125, que establecía un sistema de retenciones móviles que variaría según los precios de las mercancías afectadas, pudiendo llegar al 50%. Menos de 24 horas más tarde, las cuatro entidades repudiaron la medida, recrearon de hecho la Comisión de Enlace9, y dieron inicio a lo que sería el “paro agrario” más largo de la historia. A lo largo de este conflicto, la SRA se mostró siempre dispuesta a negociar una solución con los funcionarios del gobierno. Al mismo tiempo, sin embargo, no dejó de justificar la validez de los múltiples y prolongados cortes de ruta: “Seguro a la mayoría de la gente no le gusta que se corte la ruta […]. Sin embargo, el dato objetivo es que los cortes muestran la impotencia de la gente del campo, que siente que es la última oportunidad que le queda para pelear por su fuente de trabajo” (La Nación, 25/03/08).
Tras más de tres meses de marchas y contramarchas, el enfrentamiento acabó siendo zanjado en el Congreso, que vetó la resolución. La SRA celebró el hecho: “el campo le ha puesto límites a un poder que por momentos parecía omnipotente y ha logrado un lugar en la sociedad que nadie le podrá disputar por muchos años” (Anales, julio 2008: 6). Se trataba, en efecto, de la conquista más resonante que había obtenido la entidad en todo el período.
En suma, se puede decir que el accionar de la SRA a lo largo de estos años varió sustancialmente en relación a la etapa anterior, en la que se había consustanciado marcadamente con el esquema neoliberal: a lo largo de este período, como vimos, enfrentó abiertamente la política económica de la posconvertibilidad. Tampoco de esta forma, sin embargo, obtuvo mejores resultados.
Ante todo, la salida de la convertibilidad de la moneda nacional, a la cual la asociación se había aferrado, tuvo el efecto ya señalado de multiplicar la afluencia de riqueza social a la clase terrateniente. Sin embargo, la SRA no fue capaz de impedir que, por medio de la consolidación de una política “intervencionista” caracterizada por la reinstauración de las retenciones, la fijación de precios para la circulación interna de mercancías agrarias, y el cierre de exportaciones, los terratenientes dejaran escapar una fracción creciente de renta de la tierra. Este movimiento puede apreciarse en el gráfico ya referido. En efecto, tras el violento salto en la apropiación que sucede a la devaluación, el porcentaje retenido por la clase terrateniente cae marcadamente, aunque sin llegar a alcanzar los niveles de la década previa. Así, a medida que avanzó la apropiación de renta, consolidándose el carácter populista del gobierno, la SRA se afirmó en su rol de oposición, participando en distintas oportunidades de las acciones de protesta organizadas por las restantes entidades, sin lograr resultados significativos. En este contexto, la victoria que obtuvo en la disputa por las retenciones móviles en el año 2008, aparece como un hecho excepcional. Detengámonos brevemente, entonces, sobre este conflicto.
Como ya ha sido anteriormente señalado (Pérez Trento, 2017b), al fijar un sistema de retenciones móviles cuya magnitud podía alcanzar el 50% del valor de los granos exportados, la Resolución N° 125 chocaba contra un límite de tipo jurídico. En efecto, cualquier impuesto tiene estipulado un máximo de magnitud, pasado el cual se lo considera “confiscatorio” y violatorio del principio de “equidad fiscal”. Esto permitió a los terratenientes presentarse como “productores” que se veían subyugados por un impuesto que excedía los límites jurídicos que le corresponden. En este sentido, la idea de que “el campo”, o en todo caso, los no menos abstractos “productores”, se veían especialmente perjudicados por la insaciable voracidad de un gobierno que buscaba expandir su recaudación, avasallando la propiedad privada, logró imponerse rápidamente, lo que le permitió a la Comisión de Enlace sumar apoyos de distintos sectores sociales. A esto se agregó el hecho de que los terratenientes llegaban al conflicto con suficiente fortaleza para sostener su acción durante un período prolongado, debido a la serie de buenas cosechas a precios en alza que les permitieron acumular una masa sustancial de renta. Sobre esta base, y actuando como integrante de la Comisión de Enlace, la SRA logró impedir la suba de la magnitud de las retenciones. Se trató, no obstante, de una victoria pírrica. Si hasta aquí la moneda nacional ya había alcanzado la paridad con el dólar y comenzaba a sobrevaluarse lentamente, iba a entrar posteriormente en una fase en la que este proceso se aceleraría de forma exponencial, por medio de una sostenida emisión monetaria en exceso de las necesidades de la circulación con un tipo de cambio relativamente fijo. Apenas cinco años más tarde, la sobrevaluación oscilaba ya en torno al 70%, no muy lejos de la magnitud que se impuso durante el período de convertibilidad del peso en la década de 1990 (Grinberg y Starosta, 2015). Y nuevamente, la SRA fue incapaz de enfrentarla.
Conclusiones
En este artículo hemos procurado realizar una evaluación crítica de la concepción, ampliamente difundida en nuestro medio, según la cual la producción agraria argentina está dominada por una clase terrateniente poderosa tanto en términos económicos como políticos.
En la primera parte de este trabajo hemos visto que la tesis de que existe un grupo privilegiado de terratenientes que concentra propiedades de grandes extensiones, en virtud de las cuales funda su poder económico y político, carece tanto de fundamentos argumentativos sólidos como de evidencia empírica. En el primer caso, porque la pretendida unidad entre la propiedad de la tierra y el capital más concentrado en que se funda esta concepción solo puede ser sostenida bajo la teoría económica mainstream, a la que los propios seguidores de esta tesis manifiestan oponerse. En el segundo caso, porque incluso dejando a un lado los serios problemas metodológicos en la construcción de los datos, la evidencia ofrecida acaba por constatar la tesis opuesta a la que se pretende probar, esto es, que la propiedad de la tierra está altamente fragmentada.
Siguiendo las conclusiones que se derivan del análisis que plantea la existencia de una clase terrateniente poderosa, en la segunda parte de este trabajo hemos avanzado sobre la trayectoria de lo que usualmente se reconoce como la principal organización política de dicha clase a lo largo del período 1989-2008. Allí, hemos visto que, en coincidencia con las conclusiones alcanzadas previamente, el poder político exhibido por la SRA bajo los distintos gobiernos estuvo lejos de ser significativo. En efecto, a lo largo de la década de 1990, la implementación y profundización del conjunto de reformas neoliberales afectó marcadamente a la clase terrateniente. La SRA no sólo apoyó este proceso, sino que, de manera general, no logró sacar provecho del aceitado vínculo entablado con los funcionarios del gobierno menemista. Con la devaluación del año 2002, la situación de los terratenientes se revirtió momentáneamente. En este nuevo escenario, sin embargo, la SRA fue incapaz de enfrentar exitosamente el avance en la apropiación de renta de la tierra emprendido bajo el kirchnerismo. En este sentido, ni siquiera la resolución en favor de la clase terrateniente del conflicto de 2008 fue capaz de detener dicho avance, puesto que, a partir de ese momento, se abrió un nuevo período en el cual la moneda estuvo fuertemente sobrevaluada.
La concepción según la cual existe una clase terrateniente que detenta un fuerte poder económico y político forma parte de los discursos críticos de la sociedad capitalista y en particular del curso seguido por la economía argentina. Sin embargo, si nos remontamos a los fundamentos de la crítica de la economía política, la impotencia de la clase terrateniente para determinar el desarrollo de la producción agraria y de una economía nacional no debería llamar la atención. Como hemos señalado, la concentración de la propiedad de la tierra no resulta una necesidad inmediata de la acumulación de capital. El terrateniente, por su parte, no es más que un parásito social que simplemente resta de la capacidad de valorización del capital, motivo por el cual es posible avanzar en la apropiación parcial de la renta de la tierra sin obstaculizar la producción agraria. Como señala Marx, “[e]l capital no puede abolir la propiedad sobre la tierra. Pero, convirtiéndola en una renta [abonada al Estado], se [puede] apropia[r] de ella […] dando un rodeo, ya que no puede hacerlo directamente” (Marx, 1987: 419).
Como se ha procurado demostrar en otro lugar, es precisamente el desarrollo de las determinaciones que rigen la renta de la tierra en la sociedad capitalista lo que conduce a develar la especificidad de la economía argentina como un ámbito nacional de acumulación de capital que se estructura en torno a la apropiación parcial de fracciones de ésta por sujetos sociales distintos de los terratenientes (Caligaris, 2017c).10 11 Y es esta determinación la que, a su vez, está en la base de la (im)potencia política de la clase terrateniente argentina (Pérez Trento, 2017a).
1 Como se ha procurado demostrar en otro lugar, buena parte de los casos mencionados por este autor no constituyen ni “grandes terratenientes” ni “grandes capitales agrarios” sino capitales dedicados a la especulación con la mercancía tierra (Caligaris, 2017a, 2017b).
2 Este arbitrario criterio de corte para establecer la superficie en manos de los “grandes propietarios” es un rasgo común dentro de los partidarios de la tesis sobre el gran poder terrateniente. Por caso, Azcuy Ameghino lee en el CNA de 1988, en referencia a la propiedad de la tierra, que el 52,3% de la tierra productiva de la provincia de Buenos Aires está en manos de “propietarios” de más de 1.000 has. (Azcuy Ameghino, 1995: 72). Al respecto, Barsky señala que “un establecimiento de 1.000 has. en la zona de cría […] podía tener un 1988 un valor en tierras de 200.000 dólares, el precio para entonces de un departamento de 250 metros cuadrados en un barrio cotizado de la Capital Federal” (Barsky, 1997: 28 13n.).
3 De acuerdo al INDEC, de las 500 empresas más grandes del país, sólo 176 están constituidas por capitales nacionales.
4 En otros trabajos Basualdo reconoce la ausencia del capital extranjero en la producción agraria como un hecho llamativo. Su explicación es que para entrar en la producción agraria como “gran propietario” no resulta económicamente conveniente comprar tierra que no pertenezca a otro “gran propietario” debido a los “costos fijos que implica la instalación de un establecimiento rural” (Basualdo, Bang y Arceo, 1999: 431). Así, la exclusión del capital extranjero de la producción agraria se explica por la permanencia de los “grandes propietarios” nacionales (Basualdo y Arceo, 2005: 78). Esta explicación es cuestionable en varios sentidos. En primer lugar, en el primero de los textos citados se presenta evidencia empírica de compra-ventas de tierras entre grandes propietarios, de modo que así como los grandes propietarios nacionales compran tierras, bien podrían hacerlo los capitales extranjeros. En segundo lugar, si sólo se pudiese comprar tierras a grandes propietarios no existiría la supuesta tendencia a concentrar la propiedad de la tierra presentada por el autor. En tercer lugar, cuando se compra un “establecimiento rural ya instalado” se paga su “instalación” del mismo modo que cuando se compra una fábrica, esto es, se paga el capital fijo al precio que corresponde a su nivel de desgaste, tal como lo atestiguan todas las compras de empresas nacionales por parte del capital extranjero que según Basualdo caracterizan el sector industrial en el período estudiado (Basualdo, 2006).
5 Basualdo (1995) ha respondido a las críticas de Lattuada (1994), aunque no a las realizadas por Barsky (1997). Desde nuestro punto de vista, sus respuestas, sin embargo, no contestan la esencia de las críticas. Por ejemplo, en el caso de la crítica de Lattuada a la agrupación de partidas que da por resultados los condominios, se contesta discutiendo un caso particular y no el procedimiento, que es a donde apunta la crítica de este autor (Basualdo, 1995: 131-134). Del mismo modo, en el caso de la comparación del catastro de 1958 y el de 1988 se discute el contexto de la comparación, pero no el procedimiento que, otra vez, constituye la esencia de la crítica (Basualdo, 1995: 134-138).
6 No sin enfrentar resistencias en el seno de la dirigencia, de magnitud suficiente como para necesitar resolverse mediante el llamado a elecciones internas, rompiendo por tercera vez en su historia la norma consuetudinaria de presentar una sola lista. Al respecto, véase el trabajo de Heredia (2003).
7 Véase, al respecto, el trabajo de Salvia (2014).
8 En este sentido, y como ya ha sido señalado (Heredia, 2003; Pérez Trento, 2017c), la ideología liberal de la SRA entró en fuertes tensiones a medida que la Convertibilidad marchaba hacia su crisis final.
9 Se trata de una alianza integrada por las cuatro organizaciones agrarias de mayor tamaño y antigüedad, esto es, SRA, CRA, FAA, CONINAGRO. Su primera aparición data de 1970, cuando enfrentó la política agraria del gobierno militar. Esta unidad tendría, sin embargo, un carácter esporádico, ya que se desintegraría pocos años más tarde, dividida por las distintas posiciones políticas adoptadas frente al inminente retorno del peronismo (Baudino y Sanz Cerbino, 2013). Un segundo antecedente puede hallarse en el “paro agrario” de 1999.
10 El autor original de esta caracterización de la economía argentina es Iñigo Carrera, véase: 1999 y 2007, entre otros.
11 Al constituirse en condición para la reproducción de esta forma específica de acumularse el capital, la apropiación de fracciones de renta por otros sujetos sociales es también condición para la reproducción de la propia clase terrateniente. Así, por más que los miembros de esta clase se presenten como víctimas de este proceso (cuando son capaces de dar cuenta de él), no dejan de contarse entre sus beneficiarios.
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Fuentes
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Sociedad Rural Argentina (1989-2008). Revista Anales. Buenos Aires. Argentina: SRA
Sociedad Rural Argentina (1989-2008). Memoria y Balance. Buenos Aires. Argentina: SRA
Recibido: 17/11/2017.
Aceptado: 30/12/2017.
