ARTÍCULOS

El hostigamiento policial a los jóvenes de la periferia marplatense

Police harassment of young people from the Mar del Plata periphery

 

Guillermina Laitano

Guillermina Laitano es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. E-mail: guillermina.laitano@yahoo.com

Natacha Mateo

Natacha Mateo es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. E-mail: mateonatacha@hotmail.com

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resumen

El siguiente trabajo presenta los hallazgos de una investigación sobre la violencia institucional policial en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, durante el período 2015-2016. Su objetivo principal es localizar y analizar prácticas de hostigamiento policial en dicha ciudad. Para ello, en un primer momento, se analiza la forma que adquirió el despliegue de las diferentes fuerzas coercitivas en dos territorios sociales marplatenses en tanto política estatal de "seguridad". En segundo lugar se presentan las formas que asume en los territorios sociales analizados la práctica del hostigamiento policial. Y finalmente, se analiza el caso de uno de los jóvenes entrevistados. La estrategia metodológica utilizada constó de entrevistas semi-estructuradas con jóvenes, vecinos, referentes territoriales, y observación participante a partir de la presencia asidua en los territorios seleccionados.

palabras clave: Violencia policial; Hostigamiento policial; Jóvenes

summary

The following paper presents the findings of a research on police institutional violence in the city of Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, during 2015-2016. Its main objective is to locate and analyze practices of police harassment in such city. In order to do so, we analyze the way in which the coercive forces were deployed in two social territories of Mar del Plata as a governmental security policy. Also, the forms that the practice of police harassment in the social territories analyzed are presented. And finally, the case of one of the young people interviewed is analyzed. The methodological strategy used consisted of semi-structured interviews with young people, neighbors, territorial referents, and participant observation based on the assiduous presence in the selected territories.

keywords: Police violence; Police harassment; Young people

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1. Introducción

Presentamos aquí los hallazgos de una investigación cuya temática general refiere a la "violencia institucional policial”.¹ Específicamente, su objetivo principal es localizar y analizar prácticas de hostigamiento policial en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina).
Teniendo en cuenta que no existe un consenso respecto de la definición de hostigamiento policial, uno de los desafíos de nuestro trabajo fue construir dicho concepto analítico a partir del propio trabajo de campo. Por lo tanto, no podemos desconocer que "nuestras conclusiones siempre son provisionales, porque se refieren a un objeto delimitado en razón de una necesidad del conocimiento que es incapaz de abarcar la totalidad de las relaciones de la realidad” (Zaffaroni, 1993: 4). En este sentido, presentamos aquí un concepto "situado”, una categoría que emergió inductivamente, y que en principio sólo es útil en relación con su referente empírico.
Utilizamos el concepto de hostigamiento policial para referirnos a un conjunto de prácticas discrecionales violentas que se definen por el acoso y la persecución de colectivos de personas etiquetados social y policialmente como "incivilizados” ‒y por ello "peligrosos”‒ de manera constante e ininterrumpida, esto es, sistemática, que son llevadas a cabo por fuerzas coercitivas estatales² a cargo de las tareas de "seguridad interior”.³
En primer lugar, tomando como referencia la periodización que realiza Oyhandy (2014) sobre las políticas de "seguridad” en la provincia de Buenos Aires desde 2002 a 2014, se realiza un análisis del desenvolvimiento particular que las mismas tuvieron en la ciudad de Mar del Plata desde 2002 a 2015. En segundo lugar, se analiza el despliegue concreto de las fuerzas coercitivas ‒policía bonaerense, policía local y prefectura‒ así como las representaciones que los vecinos expresan sobre ellas, en dos territorios sociales de la ciudad, donde se focaliza el estudio. En tercer lugar, se analizan las prácticas de hostigamiento policial localizadas en terreno durante el periodo octubre de 2015-marzo de 2016. Por un lado, presentamos un análisis transversal de las prácticas de hostigamientolocalizadas; es decir, se procura distinguir analíticamente cada una de sus formas que en la realidad social se presentan bajo múltiples combinaciones, con el propósito de deconstruirlas en dimensiones aislables y comenzar a pensar la lógica que rige el hostigamiento policial como concepto analítico. Por otro lado, y para concluir, presentamos un análisis de caso con el objetivo de reponer las prácticas de hostigamiento policial analizadas en sí a la realidad concreta en que se despliegan.
Las prácticas de hostigamiento policial deben comprenderse en el marco del "problema de la inseguridad” en el contexto argentino de los últimos treinta años (Kessler, 2009). Las diferentes instancias de gobierno –al definirlo en tanto problema policial antes que social (Rodríguez Alzueta, 2014)‒ han optado por la implementación de políticas públicas represivas para dar respuesta a la demanda social de "seguridad” (Mateo y Laitano, 2016; Oyhandy, 2014). En el caso específico aquí analizado nuestra hipótesis es que el hostigamiento policial desplegado sobre los barrios debe entenderse como híbrido de las políticas conocidas como tolerancia cero y mano dura.⁴ En efecto, estas políticas han sido exportadas desde Estados Unidos hacia el resto del mundo occidental (Wacquant, 2010), pero en cada geografía adquieren particularidades propias que distorsionan el original.
El surgimiento del campo de estudios conocido como "sociología de la policía” puede situarse, siguiendo a Montero (2007), en la década de los 70 cuando Egon Bittner desarrolla sus investigaciones. Este autor, referente clásico del campo, reorientó la forma de problematizar a la policía como institución, al abandonar una problematización desde sus definiciones legales, e interrogarla en cambio por sus prácticas concretas. Bittner definió a la policía como institución cuya característica determinante es la potencialidad del uso de la fuerza (Montero, 2007). Con el desarrollo del campo de la sociología de la policía, Bittner y su "modelo coercitivo” (donde podemos ubicar autores como David Bayley, Robert Reiner y Dominiq Monjardet) han sido complejizados. En esta línea, siguiendo la reconstrucción realizada en Montero (2007), cabe mencionar a Peter Waddington, quien considera que la definición acerca del trabajo policial debe incorporar además la cuestión de la autoridad. Por su parte, Salvatore Palidda señala que debe prestarse atención a la construcción que realiza la policía de un saber práctico a partir del cual ordena las personificaciones sociales en función de su peligrosidad. Por otro lado, en las últimas décadas han surgido propuestas como las de Clifford Shearing y Mark Neocleous que discuten la definición de Bittner, no por su centralidad en el factor coercitivo, sino porque impide observar la emergencia de otros actores que no se subsumen a la clásica policía estatal (es decir, dan cuenta de la separación del policing de la policía pública) (Montero, 2007). Finalmente, la crítica más radical a Bittner es la desarrollada por el criminólogo Brodeur quien señala el carácter reduccionista de la definición del "clásico” ‒pues limita social y territorialmente la acción policial‒, así como los límites operacionales de su propuesta, pues limita lo policial sólo a un grupo particular de policías (policías de patrulla) inobservando otros actores y sus prácticas (Montero, 2007).⁵
Un antecedente de la presente investigación es la etnografía realizada por Didier Fassin (2016), quien estudió el trabajo policial en un barrio parisino marginal. Su estudio focalizó en la observación de las prácticas cotidianas de los policías en dicha zona periférica y las formas de relacionarse con sus habitantes, con la particularidad de que la construcción del "campo” se realizó desde los propios policías. El autor evidencia cómo las prácticas policiales cotidianas de control en los barrios pobres no sólo mantienen el "orden público” sino que fundamentalmente operan perpetuando un orden social desigual.
Otro antecedente pertinente es la investigación de Jobard (2011). El autor analiza, en términos weberianos, cómo la violencia opera de manera legítima en el control de los territorios. Para ello, pone en discusión la construcción categórica a priori del acontecimiento propuesta por Bittner, y plantea en cambio "comprender a través del análisis de los acontecimientos aquello que les da coherencia, ver qué los hace parecerse los unos a los otros y deducir de sus regularidades su razón de ser” (2011: 25). Es a partir de esta construcción de datos desde las vivencias de violencia de las memorias individuales de los sujetos que las sufren, que el autor indaga respecto de las formas específicas que adquiere el ejercicio de la violencia policial en los diferentes territorios (Jobard, 2011). En la misma línea, nuestro trabajo también busca indagar respecto de las formas que adquiere el hostigamiento policialen un contexto específico a partir de los relatos de los sujetos que lo padecen.
En lo que refiere al ámbito local, en Argentina podemos diferenciar dos grandes líneas de producción en este campo de estudios.⁶ Por un lado, encontramos el conocimiento producido por organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), entre otros (CELS, 2016, 2015; Appella, Rodríguez y Pedersoli, 2011; Verdú, 2009).
Por otro lado, las investigaciones académicas se han propuesto pensar la forma que adquieren las relaciones de poder entre "fuerzas coercitivas” y "civiles” (Garriga Zucal, 2014, 2010; Daroqui, López y Cipriano García, 2012; López, Andersen y Pasin, 2011; Montero, 2010; Galvani, 2007; Tiscornia, 2004; Sozzo, et al., 2000). Algunas han hecho hincapié en cómo pensar el ejercicio de la fuerza desde quien lo ejerce, a partir de la reconstrucción de la identidad policial (Galvani, 2007), o analizando rutinas laborales policiales (Rodríguez Alzueta, 2014). Otras, han focalizado en el carácter relacional del uso de la fuerza policial, evidenciando cómo los policías definen la legitimidad de sus prácticas ‒muchas veces ilegales‒ en función de las definiciones morales que construyen acerca de las mismas (Garriga Zucal, 2014, 2010). Asimismo, hay quienes focalizaron el problema desde el punto de vista de quien padece la violencia estatal (Daroqui, López y Cipriano García, 2012; Montero, 2010). En esta línea, se ha problematizado de forma holista la "cadena punitiva” ‒policía, justicia, cárcel‒ evidenciando un complejo proceso de construcción de penalización sobre los jóvenes (Daroqui, López y Cipriano García, 2012); pero también hay antecedentes específicos que focalizan en la agencia policial. Tanto Montero (2010) como Suárez y Bouilly (2012), el primero para el caso de la ciudad de Santa Fe y las segundas para el caso de la provincia de Buenos Aires, han estudiado las relaciones entre la policía y los niños y jóvenes. Montero (2010) elabora una tipología del uso de la fuerza policial contra los niños a partir de la cual evidencia que la misma por un lado, lejos de representar respuestas individuales, se estructura en función de reglas colectivas de la fuerza; y por otro lado, se desenvuelve por fuera de las normas jurídicas vigentes. Suárez y Bouilly (2012) analizan la práctica policial como una intervención intensiva que, mediante las tácticas de la sospecha, la detención y la captura, se aplica sobre determinados sujetos, los jóvenes "problemáticos”.
En el marco de una trayectoria relativamente reciente de estudios que problematizan en Argentina las prácticas reales de las agencias coercitivas, y teniendo en cuenta como señala Montero que "las instituciones policiales y sus prácticas no son homogéneas o invariables en el tiempo o en el espacio” (2007: 60), el presente trabajo pretende aportar nueva evidencia empírica sobre las formas de hostigamiento policial, a partir del caso de dos barrios de la periferia marplatense, un territorio social hasta aquí no explorado.

2. Consideraciones metodológicas

El primer obstáculo metodológico que suscita la exploración de prácticas como el hostigamiento policial es el hermetismo de las instituciones coercitivas estatales cuando desde las ciencias sociales se pretende construirlas como objeto de indagación (López, Guemureman y Bouilly, 2012). La estrategia que aquí construimos para sortearlo, siguiendo a Jobard (2011), consiste en utilizar como referente empírico de la unidad de análisis y sus dimensiones, no a las propias instituciones y sus agentes sino a las vivencias y representaciones del otro que la práctica de hostigamiento policial implica necesariamente por el hecho de ser social: los sujetos que las padecen.
Tal como sugiere Jobard (2011), la violencia policial debe investigarse en el lugar donde ocurre, por lo tanto, el trabajo de campo se desarrolló en dos barrios periféricos del oeste de la ciudad de Mar del Plata.⁷ El primero ‒T1‒ se corresponde con un complejo habitacional de más de 1.500 viviendas que presenta condiciones edilicias precarias, lo cual se observa en el colapso de los servicios públicos (desagües cloacales, pluviales y de agua). A su vez, se caracteriza por altos niveles de hacinamiento y desocupación. La presencia del Estado es escasa y deficiente. Por su parte, a pocas cuadras de este complejo, se encuentra un hotel abandonado que fue ocupado por 40 familias aproximadamente, el T2. Este presenta graves problemas edilicios como peligro de derrumbe, endebles conexiones eléctricas y cloacales, falta de agua y gas, etc. Sus habitantes sufren serios problemas de precarización e inestabilidad laboral, así como la fuerte estigmatización del resto del barrio.
La selección de estos territorios sociales tuvo que ver, en primer lugar, con que contábamos con la garantía del acceso a ellos y a los jóvenes que allí habitan, por intermedio de trabajadores del programa Envión⁸ que se desarrolla en el T1 y por referentes de una murga del T2.
Además, el T1 reúne una serie de características que lo transforman en un territorio apropiado para indagar el hostigamiento policial. En primer lugar, se ubica dentro de la jurisdicción de la comisaría 4ta. de la policía bonaerense, la cual es conceptualizada por el sentido común dominante marplatense como una de las comisarías más corruptas en términos de connivencia con el delito organizado, además de haber constituido un centro clandestino de detención en la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Por otro lado, en los últimos años se transformó en una "zona caliente” del termómetro de la "inseguridad” mediática. Esta construcción comunicacional devino⁹, como ha ocurrido en otras zonas del país, en una reacción del gobierno local demagógica y cortoplacista de intervención represiva del barrio, a través del desembarco de fuerzas coercitivas nacionales: gendarmería en 2009 y prefectura en 2009, 2011, 2013 y desde 2015 hasta la actualidad (Mateo y Laitano, 2016). Sumado a estas características ‒y en el marco de la aprobación de la ley 13.757 que creó las policías locales en la provincia de Buenos Aires‒ en 2014 se creó la policía local del partido de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata.
Por su parte, lindero al T1 se encuentra el T2 que se ha transformado en foco tanto del olfato social como del olfato policial¹⁰(Rodríguez Alzueta, 2014). Los allanamientos al hotel y la persecución de los jóvenes que en él habitan son una constante, así como los pedidos de su desalojo y derrumbe. Asimismo, algunos de estos jóvenes se desenvuelven socialmente en los dos barrios.
El trabajo de campo se desarrolló entre octubre de 2015 y marzo de 2016 y consistió fundamentalmente en la presencia asidua en los barrios seleccionados. Las principales técnicas empleadas fueron la observación participante y la entrevista semi-estructurada. La "entrada” al campo se efectuó a partir del programa Envión en el T1 y la murga en el T2. Estos espacios institucionales nos permitieron relacionarnos con los jóvenes del barrio, primero con quienes formaban parte del Envión y la murga, y a partir de ellos, con otros jóvenes. La observación participante se realizó en el T1 en la sede del programa Envión y en diferentes espacios públicos del barrio; mientras que en el T2 se realizó en la plaza del barrio y en el hotel donde habitaban las familias. Se realizaron 30 entrevistas semi-estructuradas, la mayoría a niños y jóvenes del T1 y el T2, así como también a trabajadores del Envión, referentes de la murga y vecinos. Asimismo, se realizaron entrevistas más libres propias de la dinámica del trabajo de campo. La edad de los niños y jóvenes entrevistados fue desde los 10 hasta los 21 años. En el marco de un primer acercamiento al problema, la muestra no tuvo como objetivo ser representativa, sino que se trabajó con el criterio de saturación teórica (Strauss y Corbin, 2002).

3. La penetración de las fuerzas coercitivas en la provincia de Buenos Aires y el caso marplatense

En los últimos 15 años del siglo XX emergió la "inseguridad” como uno de los principales temas de la agenda pública argentina, sobre todo a partir de la "intensa difusión mediática de violentos robos y homicidios (...) junto con la explosión de escándalos políticos-policiales” (Oyhandy, 2014: 2). En este marco, desde el comienzo del siglo XXI a esta parte, se pueden rastrear diferentes estrategias y formas que adoptó la definición de políticas públicas en materia de "seguridad”, tanto a nivel nacional, como provincial y local, y que constituyen las condiciones de posibilidad de la emergencia y la instalación de prácticas sistemáticas de hostigamiento policial.
Oyhandy (2014) propone repasar los cambios y continuidades en las políticas de "seguridad” de la provincia de Buenos Aires desde 2002 a 2014, para lo que define tres períodos. Partiendo de su periodización como contexto, pero teniendo en cuenta también políticas de "seguridad” desarrolladas desde el ámbito nacional y local, presentamos el proceso de desembarco de las diferentes fuerzas coercitivas en la ciudad de Mar del Plata, cuyo propósito manifiesto fue poner fin al "problema de la inseguridad”.
En el primer período (2002-2007), la "inseguridad” aparece asociada a la crisis social, política y económica que atravesaba el país como consecuencia del estallido social de 2001. Aunque la asunción de Néstor Kirchner como presidente en 2003 estuvo teñida por una definición de la "inseguridad” como una problemática social, la reacción estatal combinó la adopción de leyes de endurecimiento del sistema penal con una propuesta alternativa de reforma del sistema policial, basada en la conducción civil (Oyhandy, 2014).
El segundo período (2007-2014) estuvo marcado por la ruptura con la empresa reformista y la restauración del viejo modelo policial, bajo la consigna de "devolver el poder de fuego a la policía”. La mayoría de las reformas a la estructura policial propuestas hasta 2007 fueron desmanteladas luego de la asunción de Daniel Scioli como gobernador de la provincia (Oyhandy, 2014).
En lo que refiere al nivel nacional, a comienzos de este segundo periodo el gobierno puso en funciones 250 nuevos policías en la ciudad de Mar del Plata ante el reclamo de la presencia de fuerzas federales por parte de la ONG Familiares de Víctimas del Delito. Además, en 2009 se aprobó el "Plan de Seguridad Ciudadana” que consistió en la incorporación de 4.000 policías retirados, 1.500 gendarmes¹¹, 500 nuevos patrulleros y 5.000 cámaras de video en los puntos más críticos del conurbano bonaerense, Mar del Plata, Bahía Blanca y el Gran Mendoza (Página12, 2009) (0223.com.ar, 2009). En Mar del Plata, la aprobación de este Plan, sumado a la "emergencia en seguridad” declarada por el municipio en junio del mismo año, se expresaron principalmente en la puesta en funciones de 250 nuevos efectivos de la prefectura (0223.com.ar, 2009), 100 mil litros de combustible para que los móviles de la prefectura y de la policía bonaerense pudieran duplicar los recorridos de los patrulleros en el oeste periférico de la ciudad y la compra de teléfonos celulares con servicio de radio (0223.com.ar, 2009).
A nivel provincial, entre abril de 2012 y octubre de 2013 se aprobaron el segundo, tercer y cuarto "Plan de Seguridad”, que constaron principalmente en inversiones millonarias en cámaras filmadoras, centros de monitoreo, patrulleros y miles de nuevos efectivos policiales. En este marco, en la ciudad de Mar del Plata, se incorporaron 550 nuevos efectivos a la policía bonaerense, además del desembarco nacional de 200 efectivos de la prefectura.
Por último, el tercer período (2014 en adelante) estuvo marcado a nivel provincial por una declaración de "emergencia en seguridad”, que constó principalmente de la aprobación de la ley de policías locales de la provincia. En este marco, en diciembre de 2014 en Mar del Plata se abrió la convocatoria para la inscripción de los aspirantes a la conformación de la nueva fuerza. Luego de 6 meses de instrucción, en octubre de 2015, comenzaron a patrullar por la ciudad los primeros 670 efectivos de la policía local.
Finalmente, en agosto de 2015, dos meses antes de comenzar nuestro trabajo de campo, efectivos de la prefectura volvieron a desembarcar en la ciudad para patrullar los barrios "problemáticos”.
Sintetizando hasta aquí, en correlato con el despliegue de fuerzas coercitivas en la provincia de Buenos Aires, en el caso marplatense las políticas de "seguridad” cristalizaron en el incremento de la fuerza policial provincial ‒tanto de agentes como de infraestructura‒, en el despliegue de fuerzas nacionales (gendarmería y prefectura) y en la formación de una nueva fuerza: la policía local.

4. El despliegue territorial de las fuerzas coercitivas en dos territorios marplatenses como políticas estatales de "seguridad”

En este apartado analizamos el despliegue concreto de las fuerzas coercitivas en los territorios donde focaliza el análisis. En este sentido debemos destacar las características que asumen tres fuerzas que trabajan en los barrios: la policía bonaerense, la prefectura y la policía local. Asimismo, dado que dicho despliegue territorial lo reconstruimos a partir de las entrevistas realizadas, también presentamos las diferentes percepciones que de las distintas fuerzas coercitivas emergen en los relatos de los vecinos de los barrios.
En el caso del T1 hacia la década de los 90 se instaló en uno de sus márgenes un destacamento de la comisaría 4ta. (Roovers, Alfonso e Hidalgo, 2007) "una de las peores, sino la peor comisaría de la ciudad” (Vecina 4 T1), pero la imagen que tienen los vecinos de él es la de un fantasma: "capaz que ocurría algún hecho ahí, una pelea o algo y nadie salía del destacamento ese. Está todavía, yo no sé si hay alguien adentro. La policía de la provincia” (Vecino 1 T1).¹²  
Sin embargo, una entrevistada nos comenta que la supuesta ausencia de efectivos en el destacamento tiene que ver con que el trabajo de la bonaerense en el T1 es un trabajo que se realiza de civil: "Está el destacamento ahí pero no los ves. Me contaron que tienen la política de que la policía bonaerense ande de civil porque el uniforme genera cierto rechazo” (Vecina 4 T1).
Según nos relatan los vecinos, la bonaerense no tenía "presencia” en el barrio.¹³ Por un lado, relatan que sólo "pasaba de vez en cuando y que tenía un patrullero fijo en una de las esquinas del complejo donde era común encontrarlos durmiendo en el patrullero donde paraban… de día, a la tarde…” (Vecino 2 T1).
Por otro lado, sus recorridos se caracterizaban por realizarse afuera, en los márgenes del T1, puesto que "la bonaerense nunca patrulló los pasillos del barrio caminando. Nunca hizo nada acá adentro, porque nunca se animó a meterse, hasta que llegó prefectura. Entonces cuando pasaba algo, pasaba afuera” (Vecino 2 T1).
Finalmente, los vecinos nos comentan que de noche a veces realizaban operativos en los que paraban taxis y colectivos, pero la percepción que emerge de estas prácticas es que "estaban ahí para cumplir su horario, y llevar una carpeta anotada con lo que habían hecho, paraban taxis hasta tal hora y en determinado momento desaparecían” (Vecino 1 T1).
Esta concepción de la bonaerense es general entre los vecinos del T1. Para ellos la bonaerense sólo "simulaba” su trabajo, no intervenía o cuando lo hacía ya era tarde. Los vecinos no sentían "seguridad” con la bonaerense, el barrio "estaba más heavy, más picante” (Vecino 5 T1). Esta sensación emerge asociada a la connivencia con actividades ilegales. Al respecto, un vecino nos relata que, al ser víctima de un robo,
"desapareció el patrullero, de repente yo no digo que desaparecieron para que me roben a mí, pero parecía como que habían desaparecido para liberar la zona, pareció. Y cuando les digo para donde doblaron, se van para el otro lado. Yo creo que deliberadamente dijeron: nos vamos de acá y que hagan lo que quieran... estoy convencido de esa. Como liberan zonas para otra cosa, liberan zonas para robar” (Vecino 5 T1).

Otra vecina por su parte nos cuenta que "persecuciones que venían de otro lado, han terminado cuando entraron al barrio, la policía [bonaerense] no se metió” (Vecina 4 T1).
Por su parte, en el T2 y sus alrededores, la presencia de la bonaerense es intermitente. Su aparición asidua, o por el contrario su ausencia, pareciera depender de los cambios en el tipo de relación entre la bonaerense y cierto "personaje” del T2: "un chabón que es el que reparte los terrenitos”, que ante situaciones complejas no quiere que se llame a la policía, y cuya familia está "cuidada por la policía”, por ejemplo, ante los allanamientos: "No, acá no entrés que es la casa de tal” (Vecino 2 T2).
Nuevamente emerge en las entrevistas la asociación entre la bonaerense y el delito: "Los he visto miles de veces a los patrulleros en el [T2] haciendo manejes ahí adentro” (Vecina 1 T2); "Porque siempre estuvo la cuarta muy metida. Habían afanado, y el pibe se mete en el [T2]. Y al rato, al ratito, el policía hablando con el chaboncito” (Vecino 1 T2). Para los vecinos, el gran problema del T2 tiene que ver precisamente con la presencia allí de policías de la comisaría bonaerense 4ta.
Si bien los vecinos del T2 nos cuentan que ahora está más tranquila la zona, que si los chicos están "en junta” y la bonaerense pasa patrullando sigue de largo; relatan un momento en el que no era posible juntarse porque la policía "te paraba”. Una referente de la murga nos comenta en este sentido que era una época donde nadie "rancheaba” ni pasaba por el T2. En cuanto a la plaza del barrio, uno de los territorios principales de los jóvenes, otra referente de la murga nos relata que "tienen épocas”. "A veces los ves pasar seguido, a veces están parados en la plaza... Y van policías de civil también y a veces paran...” (Referente Murga 1). Tal como comienza a emerger, la percepción que los vecinos tienen de la bonaerense se asemeja a lo percibido por los vecinos del T1. La bonaerense actúa en connivencia con el delito. Los vecinos no confían en recurrir a ella ante una situación que amerite la presencia policial, como cuenta una vecina en referencia a una situación de robo: "me dice "¿no llamaste a la policía?” ¿Y para qué voy a llamar a la policía? Si no viene… Tardo más en llamar a la policía que en hacer algo” (Vecina 1 T2). Por otra parte, los habitantes del T2 se sienten estigmatizados: "Ya nos tienen de punto porque somos del [T2]” (Vecina 3 T2).¹⁴
Otro motivo por el cual la bonaerense no es percibida en términos positivos por la gente de ambos barrios tiene que ver con los allanamientos. En el caso del T1 cuando se produce el allanamiento de una vivienda del complejo se cerca todo el barrio; mientras que en el caso del T2, cuando realizan un allanamiento, allanan todas las casas, con la excepción de quienes son "cuidados” por la policía, y siempre se producen con altos niveles de violencia ‒golpes, amenazas, rotura de objetos‒ hacia todas las familias.
Sintetizando la actuación de la policía bonaerense, en el caso del T1 se observó que contaba con un destacamento dentro del complejo, donde no era común verla presente, y un patrullero apostado en una esquina fija, donde se observaba a los policías dormir. Los patrullajes y recorridos sólo se realizaban por fuera del barrio y nunca por los pasillos internos, y sólo en ciertos momentos del día. La percepción de los vecinos es la de una policía ineficaz y en connivencia con el delito. En el caso del T2, la presencia de la bonaerense es intermitente y depende de la relación entre ésta y un vecino, relación que en principio emerge a partir de lazos de ilegalidad. Además, la relación de la bonaerense con las familias del T2 se caracteriza por presentar altos niveles de violencia y estigmatización. Las representaciones y anécdotas que emergen en los relatos sobre la actuación pasada de la bonaerense en el T1 y sobre la actual en el T2 develan elementos propios de las políticas de mano dura como la gestión del delito profesional ‒que se observa en los relatos de connivencia de la policía con el delito‒ y la tolerancia de las incivilidades, que se observa en las sensaciones de ausencia de la policía en el barrio, en el hecho de que no se detenga en los "hábitos desordenados”, en el sentimiento de inseguridad que expresan los vecinos (Rodríguez Alzueta, 2014).
Volviendo ahora al T1, como consignamos en el apartado anterior, la prefectura llegó al barrio aproximadamente en agosto de 2015. En fuerte contraste con la presencia casi inexistente de la bonaerense que relatan los vecinos, esta fuerza coercitiva tiene cinco puestos fijos: son garitas con baños químicos a sus costados. Por cada garita hay cuatro prefectos y la presencia en el barrio es continua, realizan guardias de 24 horas. Los vecinos se asombran de que estén "¡Todos con móvil, TODOS!!” (Vecino 5 T1), y hay coincidencia cuando destacan que "caminan los pasillos, que es una cosa que no hace nadie… de noche, de madrugada, a cualquier hora” (Vecino 3 T1). Asimismo, también realizan operativos en los que detienen autos y colectivos, práctica que también realizaba la bonaerense pero que es percibida de otra manera. Cuando quien realiza el operativo es la prefectura, los vecinos sienten que están trabajando por su "seguridad y no cumpliendo su horario” como expresan en relación a la bonaerense.
Con la llegada de prefectura la dinámica del barrio cambió: para todos los vecinos está "más tranquilo”. La gran diferencia entre las percepciones acerca de la prefectura y de la bonaerense emerge en la educación diferencial de ambos:
"[Los prefectos] tienen diferente instrucción, instrucción militar me refiero e instrucción de instruidos. Hablan de otra forma, a la vez que se dirigen a vos con mucho más respeto, son mucho más duros e inflexibles. No le entran las balas. No, el policía de la bonaerense tiene la maldita costumbre de utilizar lenguaje carcelario para hablarte: "¡Ehh amigo!” ¿Amigo? ¿Cómo te va a decir amigo? ¡Un milico! ¿Cómo te va a decir amigo? La prefectura no, te dice: señor. Y si te paran: parate, porque si no te dan un garrotazo en la cabeza sin mediar palabra. No les importa nada. Y bueno, eso lo sabe todo el mundo, entonces como que impusieron presencia” (Vecino 3 T1).

Esta cita es ilustrativa porque deja entrever aquello que los vecinos valoran como positivo de la prefectura con relación a otras fuerzas coercitivas: son educados y "no se andan con vueltas”, quién no obedece a su autoridad, ante la orden de detenerse, sufre un correctivo¹⁵ (Garriga Zucal, 2015, 2014). La prefectura demuestra que con ellos "no se jode”.
Para los vecinos, el gran problema del barrio, aquello que lo había transformado en un lugar "inseguro”, eran los "pibes” que, con la llegada de prefectura "se tienen que cuidar más, banditas que se juntaban, que andaban en la joda, que inclusive andaban armados porque no les importaba mostrar el arma que tenían, ya no se pueden juntar a cualquier hora” (Vecino 1 T1); "Y la prefectura puso un poco más de banca acá adentro. O sea, más de control. Se han puesto muy firmes con los pibes y los han corrido” (Trabajadora Envión 1).
Es decir, los vecinos por un lado están satisfechos con la llegada de una política pública de intolerancia de "incivilidades”: el desembarco de la prefectura y sus formas de control social de la población. "Se escucha acá que hay que venir, cagarlos a palos. Que a los pibes les hagan ponerse contra la pared. O sea [los vecinos] se ponen contentos. Se escucha mucho a las personas decir "¡Uy! Qué bueno que los controlen”” (Vecina 4 T1).¹⁶ Pero al mismo tiempo y sin entrar en contradicción con lo anterior la prefectura es parte de la "gorra”, es una policía más, es el "ortiva”, la "yuta”, los "covani”, los "milicos”, los "gorrudos”, personificación social que no aparece con una percepción positiva en el barrio: "No, no, acá es la gorra. Acá la gorra no está bien vista” (Trabajador Envión 2); "No les es fácil ser policía y vivir acá” (Vecino 1 T1); se "está completamente en contra de la policía, una cuestión de rabia, de odio, así desde todos, ¡eh! Familias, chicos, viste así, una cuestión de mucho repudio a las fuerzas de seguridad… Porque siempre se manejaron muy violentamente en el barrio” (Vecino 3 T1).
Por último, mencionemos a la policía local que recién salió a la calle en octubre de 2015. Tanto en el T1 como en la zona del T2 a los ya bautizados "pitufos” ‒por sus uniformes color azul Francia‒ se los puede ver patrullar las calles en grupos de cuatro o cinco efectivos, pero ni los pasillos del T1 ni la cuadra del T2 figuran dentro de sus recorridos diarios. Sólo se los ve de día, puesto que aún continúan en una especie de entrenamiento informal, el propio de la calle. Más allá de que la primera reacción de los entrevistados ante las preguntas por la policía local es que "no hacen nada”, este "entrenamiento de calle” emerge en las entrevistas. En el relato de algunas "secuencias” por parte de los jóvenes los policías locales aparecen acompañando ya sea a la bonaerense o a la prefectura en las interceptaciones y detenciones.
Por su parte, las representaciones que emergen de los entrevistados sobre la policía local se asemejan en ambos territorios. En primer lugar, los vecinos expresan que "con la local es lo mismo que si no hubiera nadie”. Emergen lugares comunes donde el policía aparece jugando con su celular; nunca interviniendo ante una situación de "inseguridad” pero "sí cruzando cieguitos en las calles”. Además, desconfían de que los perfiles seleccionados para integrar la fuerza estén a la altura de aquello que –comienza a emerger‒ idealmente debería ser un efectivo policial: "Hay muchas chicas, chiquitas, 18 años. ¡Con una cara de susto! Y con un arma encima…” En la misma línea, producto de la escasa capacitación recibida ‒recordemos que la formación total fue de seis meses‒ los vecinos no sienten confianza ante la nueva fuerza y temen por sus reacciones cuando comience a intervenir en el barrio: "más policía no soluciona nada, y más estos chicos que sacaron a la calle que son monos con navaja. Yo no sé, el día que tengan que hacer algo ¿qué van a hacer? van a empezar a los tiros, no van a saber que hacer...” (Vecino 2 T1). Por último, algunos entrevistados consideran que con el tiempo "va a ser igual que la policía de la provincia. En uno, tres cuatro años, los mismos vicios, lo mismo porque el sistema es así vicioso” (Vecina 4 T1).
Por último, la policía local no sólo no inspira confianza en los vecinos del T1 y del T2, sino que también es el blanco de burlas y desprecios. En cada una de las entrevistas en las que se planteó el tema de la policía local emergieron sobrenombres ofensivos, chistes, burlas: "los mirás mal y siguen caminando, son re boludos”; "Y si me quieren llevar alguna vez por algo, les voy a mandar cualquiera”; "Fa… son terribles…”; "nos estamos divirtiendo todos con la policía local”; "le chiflás al covani, ¡Le chiflás y se te da vuelta! ¡Imaginate! No entienden nada”. Pareciera como si la policía local estuviera pagando su derecho de piso para ser considerada como una "verdadera” fuerza. Pareciera ser que lo que se espera de una fuerza coercitiva no es satisfecho por la policía local. "Sí, porque son más pelotudos [los policías locales], son boludos, las minas son unas taradas, loco, yo digo cómo puede esta piba ser policía, la agarras con un fierro, le pegás una apretada y le sacás todo, así nomás, sí, así son todas. Le pego una apretada, ¿sabés qué? Radio, pistola, todo”. Este no es un dato menor, pues nos habla acerca de las expectativas que las personas tienen sobre cómo debería ser una fuerza policial: una fuerza que se imponga con violencia.

5. Las prácticas de hostigamiento policial

Como ya dijimos, entendemos al hostigamiento policial como un conjunto de prácticas discrecionales violentas que se definen por el acoso y la persecución de un colectivo de personas  etiquetado  social  y policialmente como "incivilizado” y por ello "peligroso” ‒en este caso los jóvenes de ambos territorios‒ de manera constante e ininterrumpida. De esta definición se desprenden tres características.
En primer lugar, sosteniendo como premisa que las relaciones de dominación son frágiles y, por lo tanto, quebrables, para mantenerse no basta con una serie de actos fundantes de la relación, sino que se hace necesario un ejercicio cotidiano que garantice su reproducción (Muleras, 2012). En este sentido, la demostración de poder sobre el otro debe ser constante porque constante es la resistencia, y esto se observa en que no basta con el ejercicio de prácticas de hostigamiento de manera esporádica para limitar y/o anular las acciones del otro, sino que es necesaria su permanencia en el tiempo. En esta línea, respecto del uso de la violencia para sostener esa relación de dominación, Jobard (2011) va a decir que "la violencia, en el seno del repertorio de la coerción, es cotejada con la amenaza, con la que policías juegan para ejercer presión sobre el destino judicial de la persona que tienen enfrente. Amenaza y violencia se inscriben en un mismo repertorio y la primera puede ser reemplazada por la segunda cuando deja de ser eficaz” (Jobard, 2011: 47). En segundo lugar, las prácticas de hostigamiento policial en todos los casos están atravesadas por la amenaza o el (ab)uso de la fuerza (Jobard, 2011). Esto es, la violencia ‒tanto física como simbólica o verbal‒ es transversal e inherente a las prácticas de hostigamiento policial. Finalmente, una tercera particularidad que caracteriza a este tipo de prácticas es que se desarrollan por fuera de marcos legales, aquello que Agamben (2005) señala como estado de excepción, esto es, un "vacío de derecho”. En efecto, muchas de las prácticas que a continuación exploramos se ejercen por fuera de todo marco normativo legal.¹⁷
Aquellas prácticas policiales de hostigamiento que fuimos localizando a lo largo del trabajo de campo y análisis de los datos reflejan sólo la situación particular de los territorios sociales en los que se desarrolla esta investigación y las fuerzas coercitivas que allí operan. Es decir, no representan todas las prácticas de hostigamiento, sino sólo algunas. Además, recordemos que la distinción entre prácticas de hostigamiento es sólo analítica, pero que en la realidad concreta de los barrios se ejercen en diferentes combinaciones.
La primera práctica de hostigamiento policial a la que hacemos referencia es la regulación de hábitos. Se trata de hábitos rutinarios que desarrollan los jóvenes del barrio que constituyen ilegalismos¹⁸, y que en los hechos las fuerzas coercitivas no los persiguen sino que los regulan. Estos ilegalismos ‒como el consumo de marihuana‒ son reglados por las fuerzas coercitivas según el espacio social en el que se realicen. Es decir, la regulación de determinados hábitos de los jóvenes por parte de la prefectura o la policía bonaerense emerge sistemáticamente; pero lo interesante para subrayar es que no aparece una prohibición del hábito, sino un ordenamiento del mismo. Para Jobard, este tipo de prácticas de control territorial tienen tres objetivos: racionalizar el espacio, controlar el espacio y gobernar los flujos de movimientos (2011: 55).
Específicamente en el T1 surgió como dato recurrente tanto por parte de los jóvenes como de los referentes y trabajadores que, si bien las fuerzas coercitivas intervienen cuando los jóvenes se encuentran fumando marihuana, no lo hacen con el propósito de aprehenderlos o detenerlos, sino para indicarles, señalarles que están realizando el hábito en un lugar no permitido. El problema no radica en el consumo, sino en el carácter público del lugar en que éste se lleva a cabo, a la vista de los vecinos. Si el joven consume escondido entre los pasillos que caracterizan al barrio, la fuerza coercitiva no interviene.
En la misma línea, en el T2, han surgido anécdotas como la siguiente: "el otro día a un amigo le sacaron el faso [un efectivo de la policía local], y estaba el otro re pesado: ‘que me vas a venir a sacar el ¿qué?’ y ‘bueno, andá hasta [esquina] y te lo doy’. Y fue y le dio el faso de nuevo” (Joven 1 T2). En este caso, el joven hace referencia a que el oficial de la policía local, en el marco de una requisa, les secuestró el "faso” a los amigos, pero frente a la insistencia de éstos, se los devolvió a unas cuadras de la plaza. En la regulación de hábitos, puesto que no se focaliza sobre delitos sino sobre "incivilidades”, las penas son negociables, y en función de los intereses de los agentes, los administradores de la pena, éstas pueden cesar o agravarse (Tiscornia, 2004).
En síntesis, el pequeño acto delictivo no es prohibido en lo concreto por el accionar de las fuerzas coercitivas, sino que opera a modo de "excusa” para hostigar a los jóvenes, y correrlos del espacio público.¹⁹ El ilegalismo emerge a modo de justificación para la intervención policial. El agente no busca que el joven deje de consumir, sino que utiliza ese ilegalismo para obligarlo a circular, exigirle que deje de estar en la plaza, en el banco de la plazoleta, en la vereda, en fin, desalojarlo del espacio público.
Así como hay hábitos de los jóvenes que la policía o la prefectura desplazan hacia otros sectores del barrio, también hay otros que sí son prohibidos por las fuerzas coercitivas. Éstos no necesariamente constituyen algún tipo de ilegalismo, pero sí fomentan y alimentan ‒también‒ el miedo al delito (Kessler, 2009). Denominamos a esta práctica como prohibición de hábitos, y la localizamos específicamente como prohibición de estar "en junta” y como ‘toque de queda’.
Los jóvenes denominan la práctica de reunirse en lugares públicos como hacer "junta en el barrio”. Para ellos, la esquina del barrio representa un espacio de encuentro, donde se producen y reproducen sus vínculos. Sin embargo, para los vecinos del barrio estas "juntas” son uno de los aspectos que crea las condiciones para que el delito se produzca, por lo cual el desembarco de prefectura en el T1 tuvo como uno de sus ejes desalentar y prohibir estas conductas. Al respecto, algunos vecinos mencionan que desde que está prefectura "los pibes no se pueden juntar más” (Vecino 2 T1). Al intentar indagar en los motivos por los que eran detenidos cuando se encontraban varios jóvenes reunidos, surgió que lo que le molestaba a la prefectura -y a los vecinos- eran dos cosas: la "junta” que venimos mencionando y "la cara o la pinta”de cada uno. En este sentido, es fundamental hacer referencia a que las fuerzas coercitivas no interceptan a cualquier grupo social que esté ocupando el espacio público. Lo que molesta, no es solamente "la junta” en sí misma, sino "la junta” de los grupos de jóvenes que son catalogados y estigmatizados como potenciales agentes delictivos y, por ende, la "prevención” del delito radica también en la disolución de estos grupos.
Otra prohibición que detectamos es la de la libertad de circulación. En efecto, el hostigamiento policial se manifiesta mediante la suspensión de ciertos derechos de los jóvenes y ‒en el caso del T2‒ de sus familias. Durante el trabajo de campo hemos rastreado la instalación de hecho de ‘toques de queda’ sobre los jóvenes. Una de las tardes que llegamos a encontrarnos con los jóvenes en el T2, nos cuentan que la noche anterior estaban en la plaza cuando llega uno de ellos corriendo, huyendo de la policía. Al parecer, lo habían parado con la moto y cuando lo soltaron les gritó "putos de mierda”, acto que desencadenó una persecución hasta donde estaba reunido el grupo. En ese momento, uno de los jóvenes relata que "Lo agarraron así ‘dale, dale, movete’ lo llevaron y lo cagaron a palo. Bueno yo me vine por acá [lugar donde estaba relatando la anécdota]. Primero lo mandé a [otro de los jóvenes] que venga a buscar a la hermana” (Joven 2 T2). El hecho de que el joven se separe del grupo para ir a buscar a sus familiares, desencadena una golpiza al grupo que no termina siquiera cuando aparece una de las madres. Según el joven, frente a la pregunta de ‘¿quién le pegó a mi hijo?’ uno de los efectivos responde que ‘Nadie le pegó a tu hijo, nadie le pegó, estamos haciendo averiguación de antecedentes’. Sin embargo, los jóvenes siguieron afirmando que la golpiza había existido hasta que
"por allá empezaron a empujar viste, los milicos: ‘pará, pará’. Bueno y se armó todo el bondi y por allá empezaron a tirar balazos de goma, a cualquiera, le pegaron a uno en el hombro y le dejaron dos balazos de goma acá y uno le dio a otro de los pibes en el cachete. Y… nos vinimos para acá y fue. Encima ¿sabés lo que hicieron? Levantaron los cosos, los casquillos, del escopetazo, los levantaron, pero está filmado todo” (Joven 2 T2).

En este caso se observa cómo, en el marco del abuso policial sobre los jóvenes, ante la intervención de un tercero, también catalogado como "peligroso” e "incivil”, la bonaerense resuelve la situación obligando a las personas a retirarse del espacio público y recluirse en sus domicilios mediante el uso de armas de fuego.
Por su parte, en el caso del T1 detectamos que la prefectura al llegar al barrio instala las reglas del juego que de ahora en adelante regirán la cotidianidad de los jóvenes: les anula el derecho de circular libremente durante las noches. Los jóvenes nos cuentan que esta prohibición se instaló muy fuerte al principio, y con el correr del tiempo no desapareció, sino que menguó en su intensidad. En este sentido, es fundamental hacer referencia a que, sin paraguas legal alguno, las fuerzas coercitivas hacen cesar garantías constitucionales de una parte de la población.
Otra de las prácticas policiales de hostigamiento que hemos rastreado es el pedido de documento. En la cotidianidad éste se corresponde con la forma en que prefectura se presenta‒en sentido goffmaniano‒ a los jóvenes cuando están reunidos. Este pedido no aparece como una exigencia real, sino como una forma de dar comienzo a esta relación demostrando quién tiene el poder y la autoridad en la misma. Es su forma de demostrar que ellos exigen ‒el documento en este caso‒ y alguien debe responder a esa exigencia/demanda, los jóvenes. En otras palabras, es una forma de hostigarlos porque el pedido de documento sobre los jóvenes es sistemático e injustificado. Como señalamos, esta demanda no es real, en el sentido de que no importa realmente si los jóvenes tienen o no el documento. En el T1, el pedido de documento es simplemente la excusa para detener a los jóvenes y dar comienzo a una requisa. Por otro lado, en el T2, en los casos en que la policía bonaerense les exige a los jóvenes los documentos, también lo realiza como una práctica de hostigamiento, pero a su vez potencialmente puede transformarse en una exigencia real. Algunos referentes de la murga han mencionado que, en situaciones en que los jóvenes eran requisados, tuvieron que ir hasta sus casas a buscar los documentos para que no los detuvieran.
El hecho de que no importe si los jóvenes tienen o no el documento, junto al hecho de que en general no los detienen por averiguación de identidad y rara vez se los llevan a la comisaría ‒esto último en el caso de la bonaerense‒, devela que el pedido de documento es en verdad una forma de hostigar al joven, una práctica discrecional que lejos de la función formal que ellos tienen como policías/prefectos, se utiliza para actualizar la relación de poder, iniciar requisas, regular o prohibir hábitos, reordenar "incivilidades”.
El hostigamiento policial hacia los jóvenes se desenvuelve no sólo sobre aquellos hábitos "generadores” de miedo sino que los trasciende y se enquista en toda la vida diaria del joven. Pareciera ser que no sólo se trata de hábitos "inciviles” sino también de sujetos "inciviles”. Por ello es que construimos la categoría de persecución de sujetos "inciviles” para señalar el hostigamiento policial como práctica que, amén de la persecución de ciertos hábitos, persigue sujetos. En las entrevistas emergieron varias historias en las cuales los chicos estaban jugando y la prefectura, conjeturamos, o ‘confundió’ juegos con robos o consideró que además de otros hábitos como los ya señalados, las formas de juego de los chicos del barrio tampoco son "civilizadas”.²⁰ Los chicos del barrio una vez "olidos” por las fuerzas coercitivas se cristalizan en tanto sujeto-objeto peligroso que siempre tendrán en la mira y hostigarán con independencia de lo que efectivamente estén haciendo. Cuando las fuerzas coercitivas confunden juegos con robos y/o los definen en tanto "incivilidades” proceden a correrlos con ithaca en mano para interceptarlos, "tirarlos por informática”²¹ y requisarlos, con los abusos que las requisas inherentemente conllevan.
Finalmente, los jóvenes sobre los que focalizan las fuerzas coercitivas son portadores de un estigma social (Goffman, 2008), un rasgo que los caracteriza y que genera una respuesta negativa por parte de la sociedad al asociarlos a un grupo social específico. El estigma aparece como uno de los medios que tiene la sociedad para categorizar a las personas, anticiparse a la conducta ajena, muñirse de las expectativas sobre la vida de los otros. En este sentido, se trata de imputarle una identidad particular (Rodríguez Alzueta, 2014). Mediante el estigma, la sociedad construye al "pibe chorro”: jóvenes, masculinos, morochos, que viven en los barrios pobres. Los señala como vagos, vándalos y barderos. Es la sociedad la que ha hecho nacer el problema de los pibes chorros (Rodríguez Alzueta, 2014). Cuando la sociedad estigmatiza al joven, también lo está señalando, le está marcando una desviacióna lo que se espera de él. Esta estigmatización es la que define el olfato social, denota la cultura del miedo ‒o el miedo al delito‒, una de las bases sobre la que se edifica el hostigamiento policial.
Esta estigmatización podemos encontrarla en lo que se denomina como "portación de cara”. Esto es, la forma en la que el estigma se materializa en la identidad. No es "la cara” lo que estigmatiza al joven, sino un conjunto de características socioculturales: es la gorra, la mochila, la capucha, las zapatillas. Estas características confirman a la percepción de los agentes la identidad desviada de los jóvenes (Montero, 2010). Aquello que los hace formar parte de un grupo social al que el olfato social identifica como "peligroso”. Los jóvenes son conscientes de este estigma que recae sobre ellos, ya que implica una diferencia, porque la policía no detiene por "portación de cara” a todas las personas, sino que las selecciona: "podés ser el más bueno de todos y te paran los milicos. A nosotros nos paran los milicos, a los chetos no” (Joven 4 T2). La "portación de cara” es utilizada por la sociedad para identificar al potencial "pibe chorro”. Es justamente el estigma lo que genera la "pinta de chorro”; y la respuesta frente a que "la gente tiene miedo es: no andes encapuchado”. Lo que importa es "la pinta”. Importa que por la visera te van a detener; que el conjunto Adidas caracteriza a los jóvenes de los barrios humildes; y por ende, que si sos un pibe y "no se te ve la cara”, además de pibe sos "chorro”.

6. (Ab)uso de la fuerza policial

Hasta aquí, hemos podido identificar analíticamente los distintos tipos de prácticas que constituyen el hostigamiento policial. Sin embargo, aún resta hacer énfasis en las diferentes formas que adquiere el (ab)uso de la fuerza como eje transversal a estas prácticas. El (ab)uso de la fuerza es un aspecto estructural de la realidad de los jóvenes de los barrios pobres; se lo puede rastrear en casi todas las prácticas policiales ya que los operativos están revestidos por dosis de violencia: la humillación, la ostentación de armas letales, en la prepotencia de la autoridad, la discriminación, las golpizas, las amenazas, la rotura y sustracción de las pertenencias de las víctimas en los allanamientos, entre otras (Rodríguez Alzueta, 2014). Partiendo de comprender que estas prácticas no se corresponden con excesos policiales sino que son sistemáticas, el propósito de este apartado es presentar las diferentes formas que adquiere el (ab)uso de la fuerza en las prácticas policiales que identificamos analíticamente en las páginas anteriores.
El uso ‒y su amenaza‒ de armas policiales, esto es, la ostentación por parte de las fuerzas coercitivas de las armas de fuego es una práctica cotidiana utilizada como forma de intimidación y demostración de poder (Jobard, 2011). Así como mencionamos que los policías "marcan” a los jóvenes, ellos también conocen cuáles son los efectivos que "enseguida te sacan fierro”. El límite a los jóvenes no se les marca sólo con el uso de armas de fuego sino también cuando, en el marco de una requisa por ejemplo, los esposan o les exigen que se coloquen en determinada posición para que los revisen a fuerza de golpes.
Otra práctica habitual de ejercicio de la violencia es la destrucción y/o robo de las pertenencias personales a los jóvenes. Por un lado, la rotura o robo de los objetos hace referencia a la regulación de una práctica como por ejemplo, el consumo de marihuana. En estos casos, las fuerzas coercitivas eliminan, ya sea rompiendo o robando, los elementos necesarios para que la práctica pueda llevarse a cabo (los "lillos” o "el porro”). Por otro lado, los jóvenes relatan situaciones en que la policía, también en el marco de requisas, roba sus objetos personales. Valga como ejemplo la siguiente cita: "me revisaron, me pegaron y me sacaron las cosas. Me sacaron la plata, el teléfono y los cigarros, se los llevaron. Lo sacaron ellos, lo pusieron ahí y me dijo ‘andate’. Me tuve que ir y se quedaron con las cosas. ‘¿Y mis cosas?’ le digo. ‘Son mías ahora’” (Joven 4 T2).
Más allá de que hemos podido observar que no hay una práctica sistemática de detención en comisarías por el consumo de estupefacientes en la vía pública, sí podemos ver que en el momento en que la policía revisa a los jóvenes y encuentra estas drogas, a veces las sustrae sin llevar adelante el operativo correspondiente. Esta ausencia protocolar deriva en la sensación generalizada de nuestros entrevistados de que "se lo fuman ellos”ya que en ningún lugar queda asentado qué cantidad de droga se secuestra, a quién, dónde y en el marco de qué operativo. Aunque ya de por sí esto constituye una ilegalidad, en el último ejemplo podemos observar que en algunos casos, la policía directamente le roba al joven sus objetos personales: dinero, teléfono y cigarrillos, obteniendo de esta forma un provecho económico de la situación (Montero, 2010).
Por su parte, el verdugueo expresa otra de las formas en que las fuerzas coercitivas abusan de los jóvenes (López et al., 2011; Montero, 2010). Lo definimos, siguiendo parcialmente a López et al. (2011), como una característica del hostigamiento policial que tiende al quiebre emocional y subjetivo de las víctimas; combina de una manera particular insultos, referencias ofensivas a los jóvenes y su entorno, amenazas, entre otros, a fin de generar sumisión. A su vez, se instala como una forma abusiva de relación entre los efectivos y los jóvenes que no trasciende ni da lugar a denuncias. En nuestro trabajo de campo hemos rastreado diferentes formas que asume el verdugueo: insultos, amenazas o prepotencia policial.
Al hacer referencia a los insultos como forma de verdugueo nos referimos a que las fuerzas coercitivas se dirigen hacia los jóvenes utilizando términos como "negro de mierda”, "pelotudo”, "hijo de puta”. En otros momentos, el verdugueo aparece bajo la forma de amenaza. En estos casos se trasluce que los policías conocen a los jóvenes, ya que ésta viene enmarcada en un señalamiento sobre algún aspecto puntual del núcleo familiar o meramente personal. Es decir, amenazan al joven diciéndole que "vas a terminar como tu hermano”, o con que al cumplir la mayoría de edad, lo van a detener y "no salís más”. En otros casos, aparece la amenaza a nivel general: "si hacés denuncia, te mato”. Por último, el verdugueo también asume la forma de prepotencia policial. Es decir, no se insulta ni amenaza específicamente al joven, pero sí se le marca una diferencia entre quien tiene el poder en la relación y las consecuencias que eso le puede ocasionar a quien no lo respete. En algunos casos, podemos observar que les dicen a los jóvenes que ellos "hacen lo que quieren y los tratan como quieren”. Esto no constituye puntualmente un insulto, pero sí mientras denota autoridad "ningunea” a los jóvenes. Es decir, se menosprecia a partir de la falta de respeto y el abuso de poder.
Los golpes, es decir la violencia física, aparecen en cada una de las prácticas mencionadas. En esta categoría englobamos los "palazos”, el "pisotón con los borcegos”, "un par de coscorrones”, "piñas” en la cara y el cuerpo, "patadas en el piso”, "cachetadas”, entre otras. Uno de los jóvenes afirma: "¡Encima te pegan cuando te paran!”. Aquí él denota ya el abuso policial de que "lo paren”, con el agravante de que "le peguen”.
Por último, queremos ejemplificar otra forma de (ab)uso de la fuerza: el abuso sexual en el marco de una requisa. La anécdota ilustrativa que relatamos a continuación se corresponde con uno de los jóvenes del T2. No fue sencillo para el joven contarnos cómo fue la "secuencia” ya que le generaba vergüenza y pudor: "No una vuelta, nada, no te voy a contar porque... no sabés… ¿Sabés cómo lo saqué? Me manoteó el coso... Nooo. vino toda mi familia, cualquiera, ¿sabés cómo voló? Son todos pendejos” (Joven 1 T2).
El (ab)uso de la violencia puede asumir varias formas, aquí hemos descrito las localizadas en el terreno. Estas violencias están presentes en cada ejercicio de hostigamiento policial en tanto característica constitutiva del mismo; y en los barrios analizados se despliegan con total impunidad. Este hecho debe entenderse en el marco de la "zona” social en la que el hostigamiento se despliega: no se trata de las zonas céntricas o residenciales donde el despliegue de las políticas conocidas como tolerancia cero se practican "resguardando las formas”, sino en barrios periféricos de la ciudad donde las prácticas policiales se desarrollan en el marco de un "vacío de derecho” lo que habilita la naturalización del (ab)uso de la fuerza.
           
7. Análisis de caso

En este último apartado presentamos el análisis descriptivo de un caso, con el objetivo de visualizar el modo en que el conjunto de prácticas de hostigamiento policial hasta aquí descriptas se desenvuelve en la realidad cotidiana de los jóvenes.
El caso seleccionado es el del joven víctima de abuso sexual que presentamos sobre el final del apartado anterior. En su historia emerge claramente la estigmatización o "portación de cara” como la práctica de hostigamiento que anuda, o propicia, al resto. En este sentido, más allá de que los jóvenes de los barrios pobres se corresponden con un grupo social estigmatizado, hacia adentro del colectivo podemos encontrar casos de jóvenes sobre los cuales las fuerzas coercitivas puntualizan el hostigamiento. Es el caso del Joven 1 del T2 a quién "la policía lo tenía marcado”.
Un "pibe” de 18 años, que vivió hasta su adolescencia en el T1 con su padre y se definía a sí mismo como "un plaguita más ahí del barrio, era muy chiquito, era de esos de todo el día en la placita de ahí abajo” (Joven 1 T2). A los 13 años, se fue a vivir con su madre y su padrastro al T2, hasta el día de hoy y la policía ya lo tiene marcado. Saben quién es, quién es la madre, quién es el padre, y "te pego por vos y por toda tu familia” (Referente Murga 2).
En el caso de este joven aparece una fuerte referencia a su familia. Su padrastro, que en la actualidad trabaja en una cooperativa impulsada por una organización política, antes delinquía, lo que repercute en la forma en que la policía hostiga al joven, aspecto que surgió en casi todas las entrevistas en el T2. Al indagar sobre los motivos del porqué de la "marca” emergieron diferentes hipótesis.
Para el Joven 1, ocurre porque le tienen "bronca, y porque antes me pintaba el borrachín y mandaba cualquiera al toque. Trasca con esto en la cara [característica física]. Ponele que me paraban y no decía nada, ‘¿y a vos que te pasa? ¿Qué te faltan un par de copitas que no decís nada?’ Te descansan”(Joven 1 T2). El hecho de que el joven estuviera alcoholizado refuerza la sugerencia que realizamos anteriormente sobre la intolerancia de las "incivilidades”. No hay un hecho delictivo en sí mismo, sino conductas generadoras de miedo en los vecinos, lo cual incita a la policía a intervenir.
Para su madre, en cambio, "lo tienen marcado porque no se le calla, ninguno se les calla. Y los milicos vienen y te verduguean: imaginate que estos no se les van a callar” (Vecina 1 T2). Por su parte, para los integrantes de la murga lo tienen marcado sólo por portación de rostro ya que, más allá de la marca que tiene en el rostro,
"vos lo ves al pibe con la cara así, con la viserita, fumando un porrito sentadito ahí en el coso y claro, ¿entendés? la policía no piensa que salió de trabajar y se fue y se fumó uno y no está jodiendo a nadie. Seguro está de bardo. Pero nunca lo llevaron preso por nada, porque nunca se estaba mandando ninguna y lo siguen parando (Referente Murga 2).

Más allá de los diferentes motivos por los cuales la policía bonaerense focaliza su hostigamiento hacia el Joven 1, este nunca fue detenido. El dato no es menor y muestra cómo el hostigamiento policial se desarrolla en tanto práctica discrecional de la policía, como forma de control social subrepticia, que nada tiene que ver con la prevención del delito.
El abuso sexual ya referido ocurrió durante un ensayo de la murga en la plaza del barrio, cuando para un patrullero y el personal obliga a los jóvenes a colocarse contra una pared y comienza a revisarlos. Mientras lo hacen, uno de los efectivos "manoseó” al Joven 1. Cuando éste se queja, lo patea y lo sigue "manoseando”. Frente a esto, uno de los referentes de la murga va a buscar a las madres de los jóvenes.
"Y viene con el marido, que se re calentó. Y ‘vos no sos quien para tocar a mi pibe’, y que esto que el otro. Y ‘usted callesé que lo llevo a usted también’. Con todo el mundo mirando ahí adelante. Chicos y grandes. ¿Entendés? Y hablándole mal, y obviamente cuando el pibe le quiere contestar, peor todavía. ‘¿Querés que te llevemos? te vamos a llevar’. Aparte cualquier excusa es buena para pegarte un poco” (Referente Murga 2).

Este episodio nos permite ver cómo emergen diferentes aspectos del hostigamiento policial: el pedido de documento y la requisa sin motivo aparente, la persecución de sujetos "inciviles” ‒pensemos que el joven estaba ensayando con su murga‒, los golpes, el abuso sexual, las amenazas e insultos, y el verdugueo. Resulta ser en este sentido una cita ilustrativa acerca del hostigamiento policialen los barrios y pareciera indicar que el criterio que rige el despliegue de las fuerzas en los barrios es: perseguir sujetos "inciviles”, sin necesidad de disimular la violencia. Persiguen al Joven 1, que toma alcohol en la vía pública, que es "plaga”, que "está marcado”, y lo hacen a partir de los golpes, el abuso sexual, las amenazas y el verdugueo.

8. A modo de cierre

En este trabajo presentamos los hallazgos locales sobre una investigación a nivel nacional sobre la violencia policial. En primer lugar, nos detuvimos en los resultados acerca de la forma que adquirió el despliegue de las diferentes fuerzas coercitivas en dos territorios sociales marplatenses en tanto política estatal de "seguridad”. En correlato con el despliegue de fuerzas coercitivas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, en el caso marplatense estas políticas cristalizaron en el incremento de la fuerza policial provincial ‒tanto de agentes como de infraestructura‒, en el despliegue de fuerzas nacionales (gendarmería y prefectura) y en la formación de una nueva fuerza: la policía local.
Con relación al despliegue concreto de estas fuerzas en los territorios analizados pudimos observar que la policía bonaerense ha reducido su presencia en el caso del T1, mientras que en el caso del T2 su presencia parece obedecer más a lógicas discrecionales propias que a una "política de seguridad” formal. Por su parte, los vecinos de ambos barrios la describen como una policía ineficaz y con altos grados de connivencia delictual, que sumadas al sentimiento de inseguridad que éstos expresan son características de las políticas conocidas como mano dura.
Respecto de la prefectura ‒que sólo se desempeña en el T1‒ se observó una presencia continua, con dotaciones importantes de recursos materiales, en comparación con la bonaerense. Su trabajo allí, en tanto política estatal de "seguridad” parece obedecer a las lógicas propias de las políticas de tolerancia cero, en la medida en que los efectivos se detienen en controlar las "incivilidades” propias de los jóvenes del barrio, acciones que se traducen en la sensación de "seguridad” del resto de los vecinos.
Por último, con respecto a la policía local, pese a que es una fuerza que recién está comenzando y por ende sus prácticas aún no han cristalizado sino que están en formación, vale señalar que tal formación está siendo mediatizada por las otras dos fuerzas analizadas, lo cual deberá tenerse en cuenta a la hora de futuros análisis.
En cuanto a las expectativas que los vecinos de ambos territorios presentan acerca de cómo debe ser una fuerza se observó que el autoritarismo, la violencia y la ausencia de connivencia delictual deben ser elementos presentes. Este es el caso de la prefectura que, como vimos, emerge como una fuerza coercitiva que impone su autoridad ‒ "con ellos no se jode” ‒, que es educada y que no se la asocia con la gestión del delito como sí ocurre con la bonaerense. Ya vimos que en ambos territorios sociales las fuerzas coercitivas no están bien vistas, son la "gorra”; sin embargo, cuando aparece en escena otra fuerza que aún no tiene los hábitos de violencia, y connivencia delictual en el caso de la bonaerense, cristalizados en su institucionalidad, no se la percibe como una fuerza digna de respeto. Así como la fuerza coercitiva construye su identidad en relación con la sociedad civil como otro (Galvani, 2007), la forma de construir al otro policía por parte de los civiles también está atravesada por la definición de un otro, la "gorra”, necesariamente autoritario y violento, como si sólo a partir de estas características la fuerza fuera digna de merecer su nombre.
En segundo lugar, Mostramos las formas que asume la práctica del hostigamiento policial en los territorios sociales analizados. Presentamos una definición conceptual ‒provisoria‒ del hostigamiento, la cual fue construida a partir de los análisis aquí desarrollados. Luego, localizamos y describimos diferentes expresiones de la misma como la regulación de hábitos, la prohibición de hábitos, como la prohibición de la práctica de "la junta” y el ‘toque de queda’, el pedido de documento, la persecución de sujetos "inciviles”, y la estigmatización o "portación de cara”. Por otro lado, identificamos el ab(uso) de la fuerza física, verbal y simbólica como práctica transversal a todo hostigamiento policial, la cual se manifiesta en el uso, y la amenaza de uso, de las armas policiales, la rotura y robo de objetos personales, el verdugueo, los golpes físicos y el abuso sexual.
Finalmente, expusimos sucintamente el caso de uno de los jóvenes entrevistados. En la medida en que el proceso de la práctica investigativa se desenvuelve entre un "ir y venir” entre la realidad empírica y la teoría, la presentación descriptiva de un caso nos permitió restablecer este vínculo y reponer las prácticas de hostigamiento policial diseccionadas analíticamente en la realidad concreta en que se despliegan.
En la Introducción sostuvimos como hipótesis que el hostigamiento policialdebe entenderse como híbrido de las políticas conocidas como tolerancia cero y mano dura. A lo largo del trabajo pudo observarse que las prácticas analizadas combinan características propias de las dos políticas mencionadas. En efecto, el sujeto social "incivilizado” es el joven, pero no en relación con los "civilizados” de los barrios céntricos y residenciales, sino en relación con sus propios vecinos. Por ello entendemos que la tolerancia cero se aplica no sobre los "incivilizados” cuando transitan por "zonas civilizadas” sino sobre "incivilizados” en sus propias "zonas bárbaras”. Ahora bien, como se trata de "zonas bárbaras”, las intolerancias pueden convivir con las características propias de las políticas de mano dura, como la regulación y gestión del delito por parte de la policía junto con sus (ab)usos de fuerza –física, verbal y simbólica– justamente porque se trata de territorios donde rige un estado de excepción (Agamben, 2005), en el que las fuerzas coercitivas no deben guardar las formas y actúan impunemente, puesto que en ellos no hay control gubernamental alguno de sus prácticas.

Referencias

¹ La "violencia institucional policial” fue la temática general, puesto que este trabajo se desarrolló en el marco de un proyecto más amplio que partía precisamente de dicho concepto: "Violencia institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina”, financiado por la Unión Europea y ejecutado en la provincia de Buenos Aires por CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) y APP (Asociación Pensamiento Penal). Para una problematización del concepto "violencia institucional” ver Perelman y Trufó (2017).

² Utilizamos el genérico fuerzas coercitivas para referirnos tanto a fuerzas nacionales como a fuerzas policiales provinciales y locales.

³ La definición completa de hostigamiento policial se desarrolla en el apartado 5. "Las prácticas de hostigamiento policial”.

⁴ La literatura sobre el tema señala que "(…) no se trata de sinónimos y tampoco de dos modelos contradictorios, sino de dos estrategias diferentes destinadas a controlar la deriva de un sector de la población referenciado por la comunidad, el periodismo y los funcionarios demagógicos, como los productores de riesgo. Según el territorio donde se encuentren serán objeto de la intolerancia policial o la mano dura” (Rodríguez Alzueta, 2014: 10). La tolerancia cero consiste en prácticas policiales de intolerancia selectiva hacia la población catalogada como "incivil” y "peligrosa” en las "zonas civilizadas” ‒regiones de la ciudad económicamente sustentables, donde el capital puede reproducirse porque existe capacidad de consumo‒. Mientras que la mano dura consiste en prácticas policiales de regulación ‒lo que incluye: tolerancia de las "incivilidades”, gestión del delito profesional, contención del delito común y retención de la pobreza‒ en los territorios que conforman las "zonas bárbaras” de la ciudad ‒regiones "económicamente inestables y, por tanto, insustentables” ‒ (Rodríguez Alzueta, 2014: 206-212).

⁵ Para un desarrollo exhaustivo del recorrido teórico sucintamente referido en estos párrafos ver Montero (2007).

⁶ Esta división se realiza a los fines de la exposición, pero hay que aclarar que existen fuertes entrecruzamientos entre ambos, producto de la inserción de muchos investigadores/militantes en ambos campos, el "militante” y el "académico”. Este trabajo, de hecho, es una de sus expresiones (ver nota al pie 1).

⁷ Con el objetivo de cuidar la identidad de nuestros entrevistados, se describirán los territorios analizados en esta investigación pero se los denominará territorio uno y dos (en adelante, T1 y T2).

⁸ De acuerdo a la información de la página del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires "El Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión es una política pública diseñada y ejecutada por el gobierno provincial en conjunto con municipios, destinada a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad social. El objetivo esencial es la inclusión, procurando la contención, el acompañamiento y estrategias que fortalezcan su estima; que reparen y brinden oportunidades”. Los ejes básicos sobre los que se plantean los objetivos del programa son la educación, el trabajo, la salud y la integración. Datos extraídos del portal del Ministerio de Desarrollo Social, disponible en http://www.mds.gba.gov.ar/Envion/. Consultado el 08/03/16.

⁹ Hablar de construcción comunicacional no implica negar la existencia de hechos delictivos en el barrio, puesto que existen. Pero así como estos hechos han aumentado en el T1, también han aumentado en muchos otros barrios periféricos de la ciudad de los cuales sin embargo no se hace eco ni el gobierno ni la prensa local.

¹⁰ El olfato policial y el olfato social refieren a prácticas y representaciones de discriminación y estigmatización que construyen a los otros peligrosos. De acuerdo con Rodríguez Alzueta estas prácticas no pueden pensarse de modo separado, pues para el autor "no hay olfato policial sin olfato social” en la medida en que "las prácticas institucionales [policiales] brutales y discriminatorias se sustentan (y legitiman) en el resentimiento y en los procesos de estigmatización social que demonizan y extranjerizan, no solo al otro diferente sino al otro que tiene dificultades persistentes. No se trata de hechos aislados sino de prácticas sociales e institucionales que nos están informando de la existencia de zonas grises donde lo legal se confunde y convive con lo ilegal, y además de la existencia de sistemas alternativos de normas (una suerte de parailegalidad) que completan y compiten con la legalidad que define al estado de derecho” (Rodríguez Alzueta, 2014: 13).

¹¹ Como señala Frederic, el recurso a las fuerzas coercitivas nacionales frente a la "problemática de la inseguridad” por parte del gobierno nacional debe entenderse en el marco de un repliegue de las Fuerzas Armadas producto del último golpe cívico-militar. Desde el retorno de la democracia se limitaron sus capacidades y su intervención en la seguridad interior, limites asentados "en un desprecio ampliamente consensuado por la violencia del pasado” (2014: 2).

¹² De aquí en adelante los fragmentos de entrevistas serán citados señalando la personificación social a partir de la cual se seleccionaron los entrevistados: en calidad de vecino, referente de murga, trabajador de Envión, joven, etc. Por otro lado, aclaramos que ciertos rasgos identitarios de los entrevistados han sido omitimos y/o alterados para garantizar un mayor anonimato.

¹³ Cabe aclarar que se utiliza el tiempo pasado porque tal fue el tiempo verbal utilizado por los vecinos para referirse al accionar de la bonaerense. Esto genera la impresión de que una vez que llegó prefectura al barrio, la bonaerense dejó de intervenir, o al menos así lo experimentaron los vecinos.

¹⁴ El olfato social, esto es, la estigmatización de las personas y los territorios, requiere de un análisis en sí que excede los límites de este trabajo. Mencionamos concisamente que tanto el T1 como el T2 se emplazan, en tanto territorios, en el interior de un barrio cada uno. Esta característica no es sólo geográfica sino también social, pues se constituyen en dos espacios diferenciados del resto del barrio, diferencia que se expresa en la estigmatización que ambos territorios padecen por parte del resto de los vecinos de sus respectivos barrios. Además emerge una segunda estigmatización que se produce en el interior del T1 y el T2. Aquí los jóvenes entran en escena, pues aparecen con los responsables últimos de la estigmatización que deben sufrir todos en el barrio. De este modo, la trama de la estigmatización aparece, parafraseando a Pegoraro (2003) como un lazo social más, que en este caso se construye como capas superpuestas: la población de los dos barrios estigmatiza a los habitantes del T1 y del T2, mientras que quienes allí habitan descargan su aguijón (Canetti, 2009) sobre sus vecinos más jóvenes.

¹⁵ Garriga Zucal (2015) define como correctivo a aquellas prácticas que son utilizadas por los policías en tanto recursos para la obtención de "respeto”. Se trata de un conjunto de acciones violentas de distinto gradiente que se utiliza cuando el "civil” se muestra "irrespetuoso”.

¹⁶ Otro motivo de satisfacción de la presencia de prefectura en el barrio es que su presencia rompe con padecimientos cotidianos que se sufrían: "Por ahí con el tema de la llegada de las policías acá cambió un poco eso también. Es verdad, pero en general era padecerlo. Cualquier problema que tenías acá no lo podías solucionar. Corte de luz, ¿quién va a venir a solucionar un corte de luz al [T1]? Nadie. Entonces era esperar a que tuvieran ganas, que tuvieran buena voluntad, para que te solucionaran el problema” (Vecino 5 T1).

¹⁷ Por este motivo el hostigamiento policialno deja huella material tangible de su acontecer ‒por ejemplo en documentos de las instituciones coercitivas‒, si no es por el rescate de las voces de sus víctimas. Rescate no sencillo de realizar producto de la naturalización de estas prácticas por parte de los jóvenes. En este sentido Tiscornia (2004) señala que el poder de policía es naturalizado por quien lo sufre por factores tales como la liviandad de las penas, la inmediatez que caracteriza a la relación con la policía y por la imposibilidad de apelar la pena impuesta.

¹⁸ Entendemos por ilegalismos aquellas prácticas que, aunque no son legales, tampoco se penalizan. Al respecto, Pita y Pacecca (2017), recuperando la nominación foucaultiana de "ilegalismos tolerados”, afirman que "la gestión diferencial de los ilegalismos habilita a pensar sobre aquellas zonas de tolerancia o núcleos de permisibilidad que habilitan, antes que a la represión formal, a la administración y regulación abusiva y discrecional por parte de las agencias del Estado” (2017: 35).

¹⁹ Esta "lógica de represión” en la que se enraíza la violencia, refiere para Jobard a una "lógica ligada con el orden público, la de la gestión territorial de las poblaciones marginales” (2011: 54).

²⁰ Las prácticas que englobamos como juegos fueron: jugar al parkour, jugar al 50 ‒una variante de la clásica escondida‒, ratearse de la escuela, ‘robar’ nueces del árbol de una vecina, ‘robar’ mandarinas, incendiar una heladera abandonada, entre otras.

²¹ Esto es, consultar a través de las radios si existen pedidos de captura u otros impedimentos legales.

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Recibido: 29/05/2018.
Aceptado: 01/07/2018.