COMUNICACIONES

Movilización política y construcción de agendas reivindicativas: reflexiones sobre el proceso de organización sectorial de la agricultura familiar en el marco del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular

Political Mobilization and Protest Agenda’s Building: Reflections About the Process of Family Farm Organization Within the Framework of The Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular

 

Sebastián Pérez y Marcos Urcola

Sebastián Pérez es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. E-mail: sebastian_perez34@hotmail.com

Marcos Urcola es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. E-mail: murcola@hotmail.com

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resumen

La primera década y media del siglo XXI se caracterizó por la influencia del MERCOSUR en la difusión entre sus países miembros de políticas públicas para la promoción de la agricultura familiar. Desde entonces, este concepto sirvió como referencia para la articulación entre actores agro-rurales diversos. Este proceso incrementó el número de asociaciones locales que se han articulado en Consejos y Foros para debatir sobre políticas sectoriales en Argentina. El abandono de las políticas de agricultura familiar por el nuevo gobierno nacional electo en 2015, y el subsecuente contexto de crisis económica y social desde 2018 abrió un período de redefinición de intereses entre los actores de la agricultura familiar, dando lugar a la creación del primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular en 2019. En este artículo buscamos reflexionar sobre los procesos de movilización política que ha generado dicho espacio, así como reconstruir críticamente las agendas sectoriales resultantes de este proceso colectivo. Para ello nos serviremos de los documentos organizacionales y registros personales relevados en el Foro nacional y su versión provincial en el Foro Agrario Santafesino Soberano y Popular.

palabras clave: Agricultura familiar; Acción colectiva; Agenda; Foro Agrario

summary

The first decade-and-a-half of the 21st century was characterized by the influence of MERCOSUR in the diffusion of public policy aimed at the promotion of family farming amongst its member countries. Since then, this concept has worked as a reference for the linkage between diverse agro-rural actors. In Argentina, this process increased the number of local associations that came together in Councils and Forums to debate about sectoral policy. The abandonment of family farming policies by the new national government elected in 2015 and the social and economic crisis of 2018 began a period of redefining interest amongst the actors involved in family farming, bringing about the creation in 2019 of the first ‘Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular’ (National Forum for a Sovereign and Popular Agrarian Program). In this article we seek to reflect on the political mobilization processes that have converged in that forum, as well as to reconstruct the sectoral agendas resulting from this collective process. To this end, we analyze organizational documents and personal notes recorded during the National Forum and its provincial (state) version, the ‘Foro Agrario Santafesino Soberano y Popular’.

keywords: Family farming; Collective action; Policy agenda; Agrarian Forum

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1. Introducción

A pesar de su importancia académica, la agricultura familiar no ha sido históricamente un sujeto o tema relevante de la agenda política del sector agropecuario argentino, sino más bien un agente residual, y su proceso de legitimación política es tardío respecto de otros casos regionales, tales como el brasileño (Flexor y Grisa, 2013). No obstante, entre fines del siglo pasado y principios del actual, la agricultura familiar fue creciendo en importancia como categoría de congregación política de diversos actores agro-rurales y como problema de agenda de las políticas públicas de desarrollo rural en el país y la región (Nogueira y Urcola, 2013).
La discusión actual sobre la agricultura familiar reconoce sus antecedentes en las reflexiones latinoamericanas sobre el campesinado y su potencial revolucionario durante las décadas de 1960 y 1970 y en torno a la eficiencia y la persistencia de la producción a pequeña escala en la dinámica capitalista de las cadenas agroindustriales durante las décadas de 1980 y parte de 1990 (Schneider, 2014). Sin embargo, hay aspectos diferentes que otorgan cierta particularidad a los procesos políticos y sociales que están detrás de los debates actuales en torno a esta categoría y la acción colectiva de los actores que se identifican con ella.
En la primera década del siglo XXI, esta problemática fue creciendo en importancia en la región del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y en el ámbito nacional, a partir de una estrategia gubernamental explícita en relación con la reorientación de los programas de desarrollo rural, con el objeto de fortalecer la organización y representación de intereses de estos sectores rurales postergados. La creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) en el año 2009, así como la elevación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar –creada un año antes– al rango de Secretaría de Estado, contribuyeron decididamente a consolidar en la agenda pública la problemática de la agricultura familiar y su representación (Nogueira y Urcola, 2013).¹
En este contexto, las experiencias observadas (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2015; Cerdá y Salomón, 2017; Urcola, 2018) sugieren que, a pesar de la progresiva disminución de la población rural y del número de establecimientos de pequeños y medianos productores agropecuarios, en Argentina se ha incrementado el número de asociaciones de todo tipo con una amplia dispersión territorial y un fuerte anclaje local, las cuales fueron progresivamente organizándose y aun integrándose en redes de organizaciones como el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF) o el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (CAFCI). Tanto el Foro como el Consejo se constituyeron en espacios institucionales de relevancia para debatir y generar consensos sobre el diseño e implementación de políticas públicas y para la consolidación sectorial de aquellos actores agro-rurales a los que, en términos generales, tendió a englobarse conceptualmente bajo el paraguas genérico de Agricultura Familiar.
Si tenemos en cuenta que toda política pública genera un efecto de vertebración de intereses en el ámbito al que va dirigida, y que su interacción con las asociaciones de naturaleza representativa es de mutua influencia, en las últimas décadas, la agricultura familiar se ha constituido en una categoría de referencia para la articulación y confluencia de una gran diversidad de actores agro-rurales que han dado sentido a su acción colectiva, por un lado, y significado a su identidad social en los espacios de interlocución con el Estado, por el otro. De este modo, el marco de discusión e institucionalidad de la temática de la agricultura familiar y el desarrollo rural promovido a nivel nacional ofició de marco para la promoción de acciones de cooperación, confrontación –o ambas a la vez– entre los actores vinculados a la pequeña producción campesina, indígena y/o familiar que, en 2014, tuvo su máxima expresión en términos institucionales con la sanción de la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina” (en adelante Ley de Agricultura Familiar).²
A fines de 2015, con el cambio de signo político del gobierno nacional³, se introducen una serie de reformas del aparato estatal con efectos en la organización general de los ministerios y la visibilidad y alcance de las problemáticas que modifican el escenario sectorial agropecuario en general y el de la agricultura familiar en particular. Los cambios institucionales que acontecieron en el interior del renovado Ministerio de Agroindustria y, fundamentalmente, de la Secretaría de Agricultura Familiar (con despidos de personal técnico, desfinanciamiento de sus acciones y desjerarquización institucional al interior del ministerio) generaron un proceso de reconfiguración de los ya mencionados espacios de interlocución entre Estado y organizaciones sectoriales (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2019).
La salida de la “agricultura familiar” de la agenda política del gobierno nacional y el contexto de crisis cambiaria que generó la vuelta a las negociaciones con el FMI en 2018 abrieron un período de redefinición de los intereses y actores que confluían en el campo reivindicativo y sectorial de la agricultura familiar. En este escenario, algunas organizaciones mantuvieron una actitud de repliegue territorial o de cierta expectativa en el marco de espacios como el CAFCI (que en términos formales siguió vigente) en función de las definiciones de política pública que el gobierno nacional insinuaba pero no ejecutaba ni definía con claridad (como la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar). Las expresiones sectoriales en términos contenciosos estuvieron dadas, fundamentalmente, por el acompañamiento de las organizaciones a los reclamos y manifestaciones públicas realizadas por los trabajadores despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar (nucleados en su mayoría en ATE) y su desmantelamiento, como también por los “feriazos” y “verdurazos” organizados por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), cuya finalidad fue visibilizar principalmente las problemáticas de las familias productoras de alimentos que habitan y trabajan en los periurbanos de las grandes ciudades. Otro fin de estas manifestaciones fue inscribir el reclamo en el espacio más amplio de la agricultura familiar exigiendo la sanción de una Ley de Emergencia para las Economías Regionales, la suspensión de desalojos de campesinos de sus tierras y la reglamentación de la ya mencionada Ley de Agricultura Familiar.
En mayo de 2019, se desarrolló en el micro estadio del club Ferro Carril Oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 1° Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular (FASyP). En el contexto electoral de aquel año, dicho Foro reunió a más de 4.000 personas pertenecientes a organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, comunidades de pueblos originarios, entidades sindicales, cátedras universitarias, trabajadores del Estado y del sector científico-tecnológico, ONGs y movimientos sociales, con el fin de elaborar en forma conjunta una serie de propuestas de política pública para presentar a los candidatos a presidente e ingresar en sus agendas de gobierno nacional aquellas demandas específicas del sector productor de alimentos y de quienes habitan en los territorios rurales de nuestro país.
El Foro se llevó adelante a través de una metodología participativa de trabajo, donde los representantes de más de 100 organizaciones se distribuyeron en 23 comisiones temáticas de trabajo para elaborar un diagnóstico de la situación y luego pasar a discutir iniciativas de corto, mediano y largo plazo. Bajo el mismo nombre, consigna y metodología, dicho Foro se fue replicando en diferentes provincias durante todo ese año, ofreciendo propuestas que contengan las particularidades del diverso territorio nacional. Tal es el caso del Foro Agrario Santafesino Soberano y Popular desarrollado en octubre de 2019 en la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en la localidad de Zavalla, donde se congregaron más de 300 asistentes pertenecientes a alrededor de 50 organizaciones, con el fin de elaborar propuestas comunes de cara al nuevo gobierno provincial que asumiría en diciembre de ese mismo año.
Tras esta reseña introductoria, la intención de este artículo es reflexionar acerca de los procesos de movilización política que se generaron a partir de estos Foros, en términos de los actores colectivos que han confluido y “resemantizado” ⁴ estos espacios (en relación con las experiencias anteriores del FoNAF o el CAFCI). Asimismo, nos proponemos indagar en torno a la construcción de agendas sectoriales que resultó de este proceso colectivo en el nuevo contexto nacional.
Con estos aspectos en el horizonte, el artículo se estructura con dos grandes apartados donde analizamos, por un lado, los actores colectivos movilizados y, por otro, las agendas reivindicativas que son expresión de esta renovada confluencia de actores vinculados a la agricultura familiar. Para este fin, tomamos como referencia empírica los documentos públicos elaborados por las organizaciones y los registros personales relevados en el Foro Nacional (en CABA) y su expresión en la provincia de Santa Fe (en Zavalla). En las reflexiones finales, destacamos cómo el contexto nacional de retracción gubernamental en torno a la agricultura familiar (2015-2019) operó como factor aglutinante para la movilización y renovación de las agendas sectoriales, cuyas características y potencialidades deben ser analizadas en el marco del nuevo escenario económico y político que transita el país en 2020.

2. Los actores movilizados en el marco del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular

En función del planteo introductorio realizado, podemos afirmar que, durante las dos últimas décadas, la agricultura familiar ha funcionado como un espacio conceptual y empírico que ha permitido visibilizar y canalizar las demandas de una gran diversidad de actores agro-rurales (pequeños productores, campesinos o productores familiares capitalizados, pescadores artesanales, miembros de pueblos originarios, productores agroecológicos, trabajadores rurales y población rural con actividades no agrarias). A esta serie de actores podemos sumar también a técnicos extensionistas y científicos sociales, funcionarios de la administración pública y militantes políticos de diverso orden (ambientalistas, cooperativistas y de la economía social y popular, etcétera) que, en su conjunto, reúnen la experiencia reciente de las acciones que apuntan a la implementación de políticas públicas en los territorios rurales de la Argentina.
Por ello, el proceso histórico de conformación de muchas organizaciones de la agricultura familiar (luego formalizadas en cooperativas, asociaciones gremiales o movimientos sociales) ha tenido su origen en las acciones de los programas de desarrollo rural y en los espacios institucionales de interlocución con el Estado como el FoNAF o el CAFCI. Así, el Estado ha oficiado como gran estructurador interno (Abrams, 1977) de las prácticas políticas de estas organizaciones, operando como fuente de legitimación y como arena política para dirimir conflictos y canalizar demandas.
El FASyP de 2019 permite visualizar cierta resemantización del espacio reivindicativo de la agricultura familiar en función de los actores colectivos que motorizaron este encuentro en un contexto de ajuste y retracción de las acciones estatales y de las políticas públicas específicas para este sector.
En primer lugar, podemos señalar la participación y protagonismo que tuvieron las organizaciones agrarias que confluyen en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en especial la ya mencionada Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural), el Frente Agrario del Movimiento Evita y el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI). Estas dos últimas organizaciones ya habían tenido experiencias de participación activa en el marco del CAFCI y en la función pública, con algunos dirigentes desempeñándose como funcionarios dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) durante el período 2012-2015 (Marcos y Berger, 2019). En cambio, la UTT y el MTE Rural ofrecieron cierta renovación en función de sus intervenciones públicas, planteando las problemáticas de su base social de representación (compuesta mayoritariamente por quinteros y productores de alimentos de los periurbanos de las grandes ciudades) e instalando en la ciudadanía el tema del costo, calidad y accesibilidad de los alimentos. Su impronta reivindicativa vinculada con las demandas de la economía popular quedó plasmada tanto en el nombre del Foro como en su posterior agenda de trabajo en comisiones y sus documentos con las propuestas resultantes. La matriz movimentista de estas organizaciones, así como su inscripción y articulación con organizaciones de trabajadores informales urbanos en el marco de la CTEP, permiten señalar claras diferencias respecto de las organizaciones agrarias de carácter histórico que lideraron y motorizaron el FoNAF de 2006 (Márquez, 2007).⁵
También fue protagónica la participación de las organizaciones de trabajadores del Estado y de personal técnico y académico de universidades nacionales e instituciones de ciencia y técnica, como el Instituto Nacional del Tecnología Agropecuaria (INTA) o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Esta participación no resulta una novedad en los espacios de interlocución sectorial para el diseño y concertación de políticas públicas como los ya mencionados FoNAF o CAFCI. Lo novedoso en el FASyP de 2019 estuvo dado por la intervención de las organizaciones gremiales donde estas organizaciones se nuclean, y por la inscripción de sus demandas reivindicativas hacia el interior de la agenda sectorial de la agricultura familiar, en el marco de una comisión de trabajo específica bajo el nombre “Rol de las y los trabajadores del Estado”. El contexto de desjerarquización institucional y de desmantelamiento general de las agencias vinculadas con la cartera de Agroindustria, así como el proceso selectivo de desmantelamiento de la SAF y su personal técnico, dieron lugar a la activa participación de trabajadores despedidos y de otros aún en funciones pero que vieron empeorar sus condiciones de trabajo.⁶
Mayoritariamente nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), anclaron sus demandas dentro del Foro planteando la necesidad de asistencia técnica y de políticas públicas para la agricultura familiar de la que ellos suelen ser la cara visible. Para esto se hizo necesario reivindicar un tipo específico de personal técnico en el interior de la cartera ministerial agropecuaria que implica no solo asignar incumbencias profesionales adecuadas a las necesidades del sector, sino también dotarlos de recursos e infraestructura que permitan plasmar y acompañar los procesos de implementación de las acciones de política pública promovidas desde la Ley 27.118 y sus diferentes agencias estatales de aplicación (SAF, INTA, SENASA, etc.).
También es preciso destacar la participación de investigadores y referentes idóneos del mundo académico y profesional que, cada vez más, como ya lo señalaba Giarracca en 2005 (Giarracca, 2019: 131), tienden a integrar, participar e identificarse con las organizaciones movilizadas en torno a las problemáticas sociales, ambientales o territoriales sobre las cuales producen conocimientos o intervienen. En esta línea se destacan las ONGs y movimientos ciudadanos ambientales que integran sus demandas desde las propuestas de la agroecología como un enfoque agronómico, ambiental, social y, por sobre todas las cosas, político que ofrece soluciones a las problemáticas de las organizaciones que confluyen en estos espacios reivindicativos. El viraje sectorial de la agricultura familiar en este sentido es notorio y se observa en la mencionada articulación de actores y acciones colectivas centradas en las experiencias de transición y producción agroecológicas.  
Finalmente, cabe señalar la mayor participación de un actor sectorial residual pero siempre incluido dentro del sector de la agricultura familiar (desde el FoNAF a esta parte). Nos referimos a los pescadores artesanales que, por sus condiciones específicas de trabajo y de vida en el medio rural (o periurbano de las grandes ciudades), comparten similitudes, pero también grandes diferencias con el pequeño agricultor que conforma la base social mayoritaria del Foro. Desde principios del nuevo milenio a esta parte, la pesca artesanal ha estado comprendida en diferentes programas destinados a la agricultura familiar, a través de ayudas asistenciales para el pescador y su grupo familiar y también para la promoción de sus organizaciones (Castillo, Baigún y Minotti, 2019). Tanto en los documentos del FoNAF de 2006, como en el texto de la Ley 27.118 de 2014, la pesca artesanal es mencionada e incluida dentro del universo de actores destinatarios de las políticas públicas sectoriales, pero sin mayores referencias a las particularidades de su actividad productiva y sus condiciones de vida.⁷ Si bien el Consejo Federal Pesquero ha reconocido a la pesca artesanal dentro de su normativa, el Consejo ha estado orientado a la pesca extractiva marítima, dejando un vacío institucional para el abordaje de la pesca a escala familiar y de río (De Estrada, 2017).
De este modo, podremos observar cómo tanto el contexto institucional favorable de políticas públicas hacia el sector de la agricultura familiar (2004-2014) como el FASyP de 2019 permitieron a los pescadores artesanales canalizar sus demandas y fomentar sus procesos organizativos (aunque en forma incipiente) dentro de este amplio universo de actores agro-rurales. En el FASyP, se destacó auspiciosamente la presencia de una comisión de “Mar y Pesca” que después pudo replicarse en las versiones provinciales de este Foro y también en un Foro específico de “Mar, Río y Pesca”, realizado durante el mes de noviembre de 2019 en la localidad costera de Mar de Ajó (provincia de Buenos Aires). A pesar de que la Comisión de trabajo del Foro Nacional estuvo inicialmente orientada hacia la pesca marítima, esta cuestión fue atenuada a partir de las observaciones realizadas por referentes de organizaciones de pescadores artesanales de río que participaron de esta comisión y en otras comisiones donde pudieron instalar el río como parte de los recursos territoriales en disputa (además de la tierra). A su vez, permitió motorizar la participación de organizaciones de pescadores de la cuenca del río Paraná en expresiones provinciales del Foro como el de Santa Fe.⁸
También fue notoria la presencia de organizaciones y referentes de pueblos originarios. Su presencia no es novedosa en los espacios reivindicativos de la agricultura familiar. Tanto en el FoNAF como en el CAFCI, han tenido una clara participación, aunque con cierta tensión por la especificidad de sus demandas y por la necesidad de canalizar algunas de ella a través de otras agencias no vinculadas a la cartera agropecuaria, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) (Marcos y  Berger, 2019).
Finalmente, hay que destacar el proceso de movilización y reagrupación de organizaciones que se generó en las réplicas que el Foro Agrario tuvo en diferentes provincias del país luego del encuentro Nacional.⁹ Estos foros permitieron amplificar la base social del reclamo sectorial, incorporar las demandas y propuestas que hacen a la particularidad de sus territorios y hacerlas extensivas a las autoridades gubernamentales de cada provincia. A su vez, dio lugar a procesos locales de construcción y resemantización sectorial de la agricultura familiar.
En el caso del Foro Agrario Santafesino Soberano y Popular, se observó la siempre difícil tarea de agrupar al amplio y diverso abanico de actores distribuidos por su extenso y disperso territorio provincial. Por ello, luego de su expresión en dos localidades diferentes del norte y centro de la provincia (Reconquista y Santa Fe ciudad, respectivamente), se terminó por confluir en un encuentro provincial realizado en una localidad del sur (Zavalla), donde se intentó tener mayor representatividad territorial. De cara al proceso electoral donde se elegirían autoridades provinciales, el Foro santafesino adoptó la misma estrategia del Foro Nacional, replicando tanto su contenido como su metodología y el formato de trabajo en comisiones para el relevameinto de demandas y la elaboración de propuestas.
En términos actorales, tuvo muchas semejanzas con el Foro Nacional. El panel de apertura del encuentro resulta muy elocuente en este sentido. Estuvo conformado por un referente de la Federación Agraria Argentina (FAA), una vocera de los trabajadores de la ex SAF y delegada de ATE, una productora hortícola del periurbano de la localidad de Soldini miembro del MTE Rural, un dirigente de la organización campesina Obreros del Surco y de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA-Movimiento Evita) y un representante de los pescadores artesanales del río Paraná. A su vez, el Foro se realizó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y contó con una amplia participación de docentes, investigadores y estudiantes, quienes fueron fundamentales para la planificación, organización logística y desarrollo del encuentro y de sus comisiones de trabajo. También se destacó la presencia de referentes de pueblos originarios y de organizaciones ambientales.
Al igual que el Foro Nacional, la convergencia de actores de este encuentro provincial no agota la diversidad de expresiones colectivas del sector rural vinculado a la agricultura familiar y mucho menos al sector agropecuario o rural en su conjunto. No obstante, los actores movilizados en estos encuentros permiten observar los procesos de resemantización sectorial que atraviesa la agricultura familiar de cara al nuevo contexto nacional que se aproxima.

3. Agendas reivindicativas y acción colectiva

Así como una perspectiva actoral nos impuso pensar en formas de movilización, hablar de demandas y reivindicaciones de la agricultura familiar, de cara al Estado, nos introduce en el debate sobre la construcción de agendas.
La noción de “agenda” supone un espacio de poder donde un conjunto de ideas han sido problematizadas y convertidas en asuntos de interés público. Esta construcción social es el primer momento, analíticamente hablando, del ciclo de una política pública en la medida en que despierta la atención gubernamental (Nogueira y Urcola, 2013).
Según Cobb y Elder (1986), las preocupaciones sociales que llegan a tener estatus de agenda pública son las que generan mayores niveles de conflicto real o potencial y suelen ingresar en las agendas institucionales de gobierno.¹⁰ La relación establecida entre estas dos agendas es determinada por la forma en que se define el problema público, las inclinaciones culturales de un sistema político (creencias, valores, visión histórica, etcétera), los actores que lo motorizan y el clima general de opinión favorable o desfavorable hacia ciertas temáticas. Se establecen, de este modo, fronteras que cumplen la función de filtrar conflictos, clasificar problemas, aceptar o rechazar soluciones. Por ello, no todo problema público es objeto de acción gubernamental.
Del mismo modo, no todo conjunto de actores organizados se convierte en un grupo de actores políticos. Así como el proceso de construcción de agendas refiere al primer momento del ciclo de la política pública, también forma parte del proceso de construcción de significados compartidos que impulsa a las personas a actuar en forma conjunta. Según Oszlak (2016), la mera existencia de organizaciones especializadas no las convierte automáticamente en actores políticos. En tanto instituciones, se hallan en una suerte de hibernación, convirtiéndose realmente en actores cuando movilizan recursos de poder que les permiten intervenir en un escenario político, esto es, problematizar asuntos que antes eran considerados naturales, o bien como parte de la esfera de la vida privada y que dan origen a su identidad y acción colectiva.
De este modo, las agendas reivindicativas operan como condiciones de posibilidad para la producción de identidades políticas que permiten coordinar, articular o impulsar intervenciones públicas, más allá de su ingreso o no en las agendas de gobierno, o de su traducción en políticas públicas. Según Aguilar Villanueva, la utilización de “símbolos culturalmente arraigados” (1993: 35) por parte de quienes dinamizan las preocupaciones sociales aumenta la probabilidad de difusión de la cuestión pública. Con estos aspectos en el horizonte, hay que destacar que es el conflicto el que incide (como ventana de oportunidad) en la producción de las agendas públicas que operan como factor aglutinante de los procesos de movilización política que estamos sometiendo a análisis.
Si bien los procesos de diálogo político impulsados desde el Estado y sus agencias vinculadas a los programas de desarrollo rural son los que logran instalar la problemática de la Agricultura Familiar en el país, será una coyuntura conflictiva la que expandirá los espacios institucionales a nivel nacional, a partir del conflicto agropecuario de 2008 (Nogueira y Urcola, 2013).¹¹ Del mismo modo, el contexto político-económico (2015-2019) de crisis y retracción de las acciones gubernamentales relacionadas con la agricultura familiar en Argentina es el que motorizó el proceso de confluencia de organizaciones y movimientos sociales en el marco del FASyP y sus esfuerzos de transformación semántica del sector.
Los documentos resultantes de estos encuentros nos informan sobre el conjunto de asuntos problematizados por los actores movilizados que posibilitaron su articulación en el marco del FASyP. Asimismo, dan cuenta de los procesos de “resemantización” de la agricultura familiar como sector de cara a la sociedad.

3.1. Base documental para el análisis de las agendas reivindicativas del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular

Con el fin de dar cuenta de las agendas reivindicativas plasmadas en los documentos de diagnóstico (general y de las 23 comisiones de trabajo) y conclusiones del FASyP (2019a, 2019b y 2019c), necesariamente debemos hacer el ejercicio comparativo y retrospectivo de revisión de los documentos que reflejan las agendas reivindicativas que motorizaron los procesos de movilización social en torno a la agricultura familiar y las política públicas en períodos anteriores. Tomamos como referencia dos hitos de participación organizacional e institucional que forman parte de su herencia sectorial reciente: el Foro Nacional de la Agricultura Familia (FoNAF) de 2006 y el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (CAFCI) de 2014.
El FoNAF tuvo como resultado dos instrumentos de diagnóstico (FoNAF, 2006a y 2006b) elaborados sobre la base de la planificación estratégica participativa entre representantes de organizaciones de la agricultura familiar y referentes institucionales de agencias gubernamentales vinculadas al agro y a los programas de desarrollo rural. Dicho Foro y sus documentos introdujeron a la agricultura familiar como sujeto de políticas públicas en las agendas de gobierno, sentando las bases para su posterior jerarquización institucional a través de la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF) en 2009.
Del mismo modo, el CAFCI es creado en 2014 como resultado del proceso de diálogo político inaugurado en 2012 entre funcionarios de la nueva gestión de la SsAF y organizaciones de la agricultura familiar de base nacional.¹² Dicho Consejo reemplazó al FoNAF. Esto permitió una ampliación de su base de representación sectorial y la incorporación del tema en la agenda, cuyo espíritu quedó plasmado en el texto de la Ley 27.118 de Agricultura Familiar promovida desde este espacio. 
Con estos documentos (FoNAF, 2006a y 2006b; Ley 27.118/2014; y FASyP, 2019a, 2019b y 2019c) como referencia, podemos observar ciertas líneas de continuidad en relación con los asuntos sectoriales que conforman las agendas reivindicativas de la agricultura familiar y otras líneas que dan cuenta de un proceso dinámico de “resemantización” en el marco del FASyP.

3.2. Resemantización sectorial de la agricultura familiar

La lectura del cuerpo documental propuesto ofrece múltiples vías de entrada. La estructuración misma de los documentos puede ser una vía. En 2006, se evidencia una preocupación por evitar una superposición de tópicos o asuntos, así como una evidente concertación entre organismos públicos y organizaciones de la agricultura familiar por una detallada definición sectorial. En esta operación encontramos que se excluye explícitamente la agricultura urbana, afirmando que:
Se plantea la necesidad de profundizar el diagnóstico y su caracterización a fin de establecer las condiciones que deben reunir las familias que se consideran agricultoras en las zonas urbanas y peri urbanas y determinar si es necesaria una categoría particular que dé cuenta de las mismas dentro de la agricultura familiar (FoNAF, 2006b: 5).

En contrapartida a esta exclusión, que responde al entramado de organizaciones de dicha coyuntura, se propone un amplio apartado sobre Reforma Agraria Integral, el cualno tendrá mayor recepción en la agenda gubernamental si observamos el coronamiento del ciclo expansivo de estas políticas en 2014 con la Ley 27.118 de Agricultura Familiar.
A pesar de que los documentos con los que las organizaciones rurales acudieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) en 2006 jerarquizaban esta cuestión (FoNAF, 2006a y 2006b), este tema prioritario desaparece en el articulado mismo de la Ley de Agricultura Familiar que, a la postre, institucionaliza la noción más genérica del acceso a la tierra.¹³ El Programa resultante del Foro de 2019 anuda la demanda de tierra con “territorio y hábitat”, entramando los principios del arraigo y la reproducción de la vida material y cultural del sector (bajo la consigna: “la tierra es para el que la trabaja y el que la habita”). Al mismo tiempo, recupera una idea muy general de Reforma Agraria Integral que hace particular hincapié en la regulación de los alquileres, producto de la composición organizacional con predominio de pequeños arrendatarios periurbanos.
En este sentido, sin preocuparse por la superposición de temas sino más bien por la multiplicidad de demandas y la apertura de la convocatoria a la gran diversidad de organizaciones de la agricultura familiar, las conclusiones del FASyP (2019b) hacen gala de su formato programático. Aquí la preponderancia de la agricultura periurbana suple las exclusiones de 2006 y amplia el universo representacional de la agricultura familiar y sus demandas. Al mismo tiempo, el factor aglutinante del Programa abre una convocatoria a todos aquellos que se manifiestan en oposición al modelo del agronegocio y al modelo extractivo. Se trata de una llamada a un “otro campo” que evidencia que las oposiciones no se orientan solo a una política de gobierno, sino a dinámicas más estructurales. Transformado así el formato de los conflictos, el proceso de formulación de una agenda es claramente diferente y con un corrimiento evidente del eje agrario y rural hacia el territorial.
En el FASyP se plantea la incorporación determinante de una agenda territorial que pone en interrelación aquellas demandas clásicas de la agricultura familiar con la búsqueda de formas de transición a la agroecología. Esto, claramente, se diferencia de la noción de control ambiental de los procesos productivos que se observaba en los documentos del FoNAF (2006a y 2006b).
El debate ambiental más amplio llegó a las agendas previas de forma genérica en torno a los principios de la gestión sustentable de los ecosistemas, la preservación de los ciclos hidrológicos, la conservación de cuencas y ambientes sin mayores acciones específicas (FoNAF, 2006b). De hecho aun en 2014, la Ley 27.118 lo incorpora de forma muy escueta en su título III, aludiendo a servicios ambientales, a equilibrio ecosistémico y a la mitigación del riesgo, como un tema transversal desde el control de los procesos productivos.
En 2019, la visión ambiental es problematizada en el FASyP. Se habla de la limitación del uso de los agroquímicos, centrales en la viabilidad del paquete tecnológico del sector exportador productor de granos y oleaginosas. Al mismo tiempo, se pone mayor centralidad en la transición agroecológica de la agricultura, con particular hincapié en la práctica del espacio periurbano. Esto llega también a formularse como una necesaria reforma del currículum educativo y de la promoción de la investigación científica en el área.¹⁴ Este enfoque incorpora al monocultivo como parte del modelo extractivista y supera la noción de sostenibilidad a partir de un modelo alternativo y soberano. En la coyuntura de la propuesta del gobierno nacional de Cambiemos (2015-2019) sobre una ley de semillas, se jerarquiza el acceso libre y la custodia por parte de las organizaciones de dicho insumo central.
El modo de percibir y traducir en propuestas reivindicativas las actuales luchas socio-ambientales dan cuenta del “giro eco-territorial” (Svampa, 2017) que atraviesan las organizaciones de la agricultura familiar. Evidentemente, los documentos del FASyP permiten observar una narrativa común que da cuenta de este proceso de “ambientalización” de su agenda sectorial, centrada en la defensa de la tierra y el territorio.
Otra entrada posible a la lectura de los documentos es a través de los temas considerados transversales. Por un lado, emergen los sujetos a los que se necesita atender puntualmente: la juventud, la mujer rural, los pueblos originarios y los trabajadores rurales. Por otro lado, existe una batería de temas tradicionales como los problemas de comercialización, la falta de infraestructuras y de servicios sociales básicos, entre otros.
A priori, se puede observar una continuidad de dichos tópicos. No obstante, la entrada más interesante para observar la transformación de las agendas reivindicativas de la agricultura familiar radica en la renovación que se produce dentro de cada uno de los debates en el marco del FASyP. En esta renovación se encuentra su carácter programático movilizacional, al tiempo que evidencia su capacidad de dinamizar las preocupaciones sociales aumentando la probabilidad de difusión de la cuestión pública.
La agenda sectorial tradicional que se recoge de una lectura de los documentos del FoNAF (2006a y 2006b)¹⁵ es renovada por tópicos emergidos de la militancia de género, agroecológica y de reivindicación de los pueblos originarios. A su vez, la gran diversidad del FASyP permitió pensar a los indígenas, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores rurales como tópicos en sí mismos, es decir, como sujetos con demandas que ameritan comisiones específicas de trabajo dentro del sector de la agricultura familiar.¹⁶ Esto supone una jerarquización en relación con el debate dado, incluso en el ciclo expansivo (2004-2014)¹⁷, al tiempo que evidencia un esfuerzo inclusivo heredado de más larga data. Del mismo modo, ha incorporado demandas de actores productivos antes invisibilizados, como los pescadores artesanales.¹⁸
En relación con el debate en torno a los procesos de comercialización, los documentos organizacionales y las normativas institucionales, entre 2004 y 2014, dan cuenta de la colocación de productos en los grandes mercados nacionales e internacionales a través de estrategias de capacitación, asistencia y certificación. De este modo, se buscaba intervenir una oferta señalando las virtudes de su origen, sus procesos de producción y su control sanitario. Si bien el FASyP no ignoró estas demandas, hizo hincapié en las cadenas cortas de comercialización. En este sentido, se atendió al mercado interno, aportando a un debate más amplio y convocante sobre inflación general de precios, soberanía y seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo se atendió a las características mayoritariamente periurbanas del nuevo entramado de organizaciones representativas del sector. El principio de la soberanía alimentaria, jerarquizado en actualidad, pone en relación la demanda sectorial con las problemáticas del hambre, la salud y el costo de vida, expandiendo fuertemente el público que pudiera verse interpelado. Pensar la demanda y los consumos populares en un contexto de extensión de la pobreza y las desigualdades funciona como estrategia de legitimación social y de articulación con el entramado sectorial más amplio de la economía social y popular. En este sentido, se observa un significativo desplazamiento respecto de las agendas reivindicativas anteriores (sobre todo del FoNAF), con un corrimiento del eje agrario-productivo (de tipo “desarrollista” y acorde a las perspectivas de los programas y agencias de desarrollo rural), hacia otro económico-solidario (de tipo “campesinista” o “desde abajo”, acorde con los planteos de la Vía Campesina y de la Economía Social y Popular).
Como ya hemos indicado, la demanda por el fortalecimiento institucional y la jerarquización de las agencias públicas de asistencia a la agricultura familiar y el desarrollo rural han estado entre los ejes prioritarios desde el FoNAF a esta parte, con la gran expansión ministerial que se da a partir de 2009 y la sanción de la Ley 27.118, que apuntó a consolidar los formatos participativos mediante el CAFCI. Por ello, la agenda sectorial del FASyP parte del reconocimiento de los cuatro años de retroceso institucional (2015-2019) en el ámbito nacional, pidiendo por la reincorporación de personal administrativo y técnicos despedidos, así como por la revitalización (presupuestaria) de las agencias específicas para el sector. En la particularidad del contexto provincial santafesino, esta demanda se realiza sobre una institucionalidad provincial que es hasta hoy subsidiaria o ausente. Si tenemos en cuenta la relevancia que la agricultura familiar santafesina tiene en el concierto nacional, este aspecto es sumamente relevante. Por ello, las conclusiones del Foro santafesino adhieren a los 21 puntos del FASyP y elevan al gobierno provincial el pedido de conformación de un Consejo de Organizaciones de la Agricultura Familiar de Santa Fe que los reconozca como interlocutores válidos para discutir sobre políticas públicas sectoriales en la provincia.
El aspecto infraestructural es quizás el que más continuidad demuestra desde las agendas de la segunda mitad del siglo XX. En cuanto a los servicios sociales, educativos, de salud y previsionales, son recuperados de la forma en que los enuncia la Ley de Agricultura Familiar. En el ámbito educativo, los programas buscan ser fuertemente intervenidos en la actualidad con la posibilidad cierta y rentable de la transición agroecológica. Al mismo tiempo, se centraliza la crítica en la dimensión sanitaria del modelo predominante¹⁹ y su absoluta dependencia de la aspersión intensiva y expansiva de agroquímicos de funcionalidad fertilizante, insecticida, fungicida, bactericida, plaguicida y/o fitosanitario.
En suma, todas estas transformaciones de la agenda reivindicativa sectorial tienen que ver con el nuevo entramado organizacional que expresa, como recuperamos, la consolidación del “giro eco-territorial” en el sector (Svampa, 2017) y su inscripción en el campo de la economía social y popular. Quizás el principal diferencial del Programa Agrario Soberano y Popular es que se confecciona en un contexto eminentemente contencioso frente al retroceso de las políticas de la agricultura familiar a nivel nacional, bregando por la expansión en el nivel provincial. Este contexto de conflictividad no solo da la condición de posibilidad de reestructurar agendas, sino que aporta a este proceso de “resemantización” de significantes heredados.

4. Reflexiones finales

Nacida como una categoría primero académica, luego oficial, y retomada por los diversos actores como factor aglutinador frente al Estado, la agricultura familiar ha sido la plataforma sobre la que se expandieron muchas de las políticas de desarrollo rural hasta 2015. Expulsada de la agenda gubernamental, se reactiva una faz contenciosa que muestra continuidades y discontinuidades con el período anterior (2004-2014).
Las diferentes posiciones teóricas mencionadas en este artículo sostienen que el conflicto y la controversia inciden en la producción de las agendas públicas y operan como factor aglutinante para la movilización. Así, la retracción de la cuestión como tema de agenda gubernamental devino en un contexto de oportunidad para incorporar nuevos temas de agenda, resignificar otros con larga tradición y renovar la base de actores movilizados.
El nuevo entramado organizacional y sus demandas resultantes transforman la noción misma de la agricultura familiar, opuesta vis a vis al modelo del agronegocio, a la retracción de las políticas de desarrollo rural y a la violación de los principios de soberanía territorial y alimentaria en el contexto del gobierno de Cambiemos (2015-2019).
Sin dejar de mirar al Estado, el FASyP se consolida como un espacio aglutinante de todos los agredidos por un modelo productivo expulsivo y extractivo. En un contexto nacional de aumento de las desigualdades, la pobreza y la indigencia, los actores que han confluido en este Foro se posicionan como trabajadores de la tierra y productores de alimentos sanos y baratos que pueden ser parte de la solución a estos problemas. Bajo el principio de la soberanía alimentaria, la agricultura periurbana y sus canales cortos de comercialización revitalizan y amplían la base social de representación que conformó la historia reciente de la agricultura familiar.
El contexto político 2015-2019 generó un renovado momento de oposición-movilizacional que permitió la confluencia de una gran diversidad de actores agro-rurales cuya dimensión, característica y potencialidad debe cotejarse con el nuevo contexto económico, político e institucional que se inicia en Argentina a finales de 2019.

Referencias

¹ A su vez, se formularon programas específicos de investigación y desarrollo en el interior del INTA (como el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar –CIPAF– en 2005) y se rediseñaron los programas heredados de la década de 1990, dando mayor centralidad a este sujeto (PSA, PROINDER, PRODERNEA, PRODERNOA, Minifundio, PROHUERTA, Cambio Rural, entre otros).

² Hay que señalar que esta ley fue sancionada sin presupuesto y no llegó a ser reglamentada hasta el día de hoy. No obstante, la existencia de una ley es de suma importancia en la medida en que representa la posibilidad de trascender las acciones de gobierno y transformarlas en políticas de Estado. Al mismo tiempo, funciona como horizonte y agenda programática de las organizaciones reivindicativas del sector.

³ En diciembre de 2015 asume la conducción del gobierno nacional la coalición política Cambiemos, integrada principalmente por dirigentes partidarios de Propuesta Republicana (PRO), referentes políticos de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Alianza Republicana (ARI). Este triunfo electoral puso fin al ciclo de 12 años de gobierno de la coalición política de origen peronista denominada Frente para la Victoria (o kirchnerismo).

⁴ “Resemantizar es un vocablo que se refiere a la operación semiótica de transformar el sentido de una realidad conocida o aceptada para renovarla o para hacer una transposición de modelo, creando una entidad distinta, pero con alguna conexión referencial con aquélla, de modo que esta última asume un nuevo significado que la primera no tenía” (Zecchetto, 2011: 127).

⁵ La Federación Agraria Argentina (FAA) participó de un modo relevante en la constitución del FoNAF a través de su Departamento de Desarrollo Rural y se retiró de este espacio luego del denominado “conflicto campo-gobierno” de 2008. El FoNAF también contó con la activa participación de organizaciones como el Movimiento Agrario Misionero (MAM), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y el Movimiento Campesino de Misiones (MOCAMI). Todas estas organizaciones estuvieron presentes en el FASyP de 2019, pero con un menor protagonismo y caudal de participantes. De FAA concurrieron varias agrupaciones de base y dirigentes opositores a su actual conducción.

⁶ Entre abril y agosto de 2018 la cartera agraria despidió a alrededor de 900 trabajadores en todo el país. En la segunda tanda de despidos (del mes de agosto), de un total de 548 personas desvinculadas, 34 se desempeñaban en la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, 67 en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y 447 de la Secretaría de Agricultura Familiar (Lattuada et al., 2019: 318).

⁷ Es decir, se considera al río y al mar como espacios de trabajo y territorios en disputa con otros actores, a las islas y riberas como espacios rurales-habitacionales específicos, y a las particularidades de la cadena productiva pesquera y sus formas de organización cooperativa y/o gremial (Castillo et al., 2019: 9) .

⁸ A partir de la reforma constitucional de 1994 se declara que las provincias son las que tienen la potestad de regulación de las actividades realizadas en sus ríos, lagos y lagunas (art. 124). De este modo, la mayoría de las normativas y propuestas nacionales no han contemplado la pesca de río. Por ello, resulta muy auspiciosa y pertinente la posibilidad de anclar sus reclamos en expresiones reivindicativas de carácter provincial (Castillo et al., 2016).

⁹ Además del Foro santafesino, podemos destacar una serie de encuentros realizados en las provincias de Córdoba (24/7/19), Jujuy (13/9/19), Chubut (3/10/19), Misiones (27/11/19) y Salta (30/11/19). A estos también podemos sumar una serie de presentaciones de las conclusiones del Foro en Universidades Nacionales radicadas en la provincia de Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata (UNLP, 25/6/19), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP, 4/7/19) y Universidad Nacional Arturo Jaureche (UNAJ, 1/7/19), entre otras.  

¹⁰ Estos autores diferencian dos tipos de agendas: la agenda pública o sistémica, que refiere a las preocupaciones de los miembros de la comunidad política; y la agenda institucional o gubernamental, que refiere a los asuntos explícitamente aceptados por parte de los encargados de tomar las decisiones en organismos estatales, sean de nivel nacional, subnacional o local (Cobb y Elder, 1986: 115-116).

¹¹ Si bien los procesos de diálogo político impulsados desde el FoNAF son los que logran instalar la problemática en el país, fue el llamado “conflicto campo-gobierno” de 2008 lo que impulsó al gobierno argentino a priorizar la agricultura familiar para contraponer y enfrentar los planteos opositores vinculados a la agricultura empresarial. Este conflicto estuvo asociado a la propuesta de aumento de las retenciones sobre granos y carne vacuna y tuvo como principales protagonistas a las cuatro organizaciones corporativas tradicionales del sector agropecuario nacional –Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)–, contando, además, con el apoyo de sectores urbanos medios y altos (Hora, 2010).

¹² En su documento de creación, el CAFCI es definido como un espacio de articulación institucional donde se agrupan tanto unidades de gestión como organizaciones de campesinos, indígenas y de la agricultura familiar de alcance nacional. Entre las organizaciones de base nacional que lo han integrado se registraron: Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Frente Nacional Campesino (FNC), Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), Frente Agrario del Movimiento Evita, Agrupación Grito de Alcorta (AGA), Asociación de Mujeres Rurales de la Argentina Federal (AMRAF), Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA), Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en la Argentina (ONPIA), Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales y Pueblos Originarios (ENOTPO) (Marcos y Berger, 2019: 38).

¹³ Esta idea se asienta en la creación de un Banco Nacional de Tierras para la Agricultura Familiar, cuyas adjudicaciones quedan ligadas a la inscripción del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF, Artículo 16), la regularización dominial (Artículo 18) y la suspensión de desalojos (Artículo 19), varias veces aplazados a nivel provincial y nacional en el período posterior a 2015.

¹⁴ En las conclusiones del Foro santafesino se expresa el apoyo a la Cátedra Libre de Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) como espacio “para” y “con” las organizaciones que forman parte del Foro (ver http://foroagrariosantafe.com.ar/index.php/2019/11/27/presentacion-publica-de-las-primeras-conclusiones/).

¹⁵ Esta agenda se vincula con la generación de canales de comercialización, la infraestructura productiva, logística, hídrica, energética, de vivienda, educativa y de salud, a la cual se le suma la agenda laboral rural, la correcta y suficiente provisión de servicios sociales básicos educativos, sanitarios, el acceso al crédito y la promoción fiscal en oposición al ahogamiento presente. Finalmente, tienen lugar las diversas aristas de un correcto y suficiente apoyo técnico a la producción.

¹⁶ Vale aclarar que, a nivel provincial en Santa Fe, estos sujetos no tuvieron comisiones específicas de trabajo y retornaron a su rol de tópicos transversales en el marco de las siete comisiones propuestas para dicho Foro: trabajo rural, salud ambiental, educación, ciencia y tecnología, rol del Estado, ríos y pesca, comercialización, acceso a la tierra y bienes comunes.

¹⁷ Esto incluso es visible en la estructuración clásica que presenta la Ley 27.118 de Agricultura Familiar.

¹⁸ El Foro santafesino, teniendo en cuenta la potestad provincial sobre ríos, lagos y lagunas, permitió a los pescadores articular su pedido de emergencia pesquera en el marco de los reclamos sectoriales de la agricultura familiar.

¹⁹ La importancia de la vinculación entre modelos productivos y salud radica en la casi ausente vinculación que las administraciones públicas, nacional y subnacionales, hacen de estas áreas. Así se suelen colocar las agencias ambientales dentro de los ministerios de incumbencias productivas, inhabilitando la visión sanitarista del cuidado de la salud de forma preventiva y desde el medio de vida y trabajo.

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Recibido: 22/11/2019.
Aceptado: 30/12/2019.