ARTÍCULOS

Expertos, intelectuales y políticos frente a un virus impredecible

Experts, Intellectuals, and Politicians in the Face of an Unpredictable Virus

 

Mario Glück

Mario Glück es docente e investigador de la Escuela de Ciencia Política, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Argentina E-mail: mariogluck@gmail.com

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resumen

En este artículo nos proponemos plantear una serie de reflexiones sobre cómo está operando la relación entre políticos, expertos e intelectuales en las políticas públicas frente a la pandemia de Covid-19. Más específicamente, nos referimos a los debates que se plantean en la arena pública acerca de las políticas implementadas por el Gobierno de Alberto Fernández. Comenzamos con una breve genealogía de la relación entre política y experticia, para luego focalizarnos en algunas de las discusiones que se dieron dentro del campo de la intelectualidad y de los expertos, las cuales tuvieron repercusiones públicas.

palabras clave: Expertos; Intelectuales; Política; Pandemia

summary

In this article we propose to raise a series of reflections on how the relationship between politicians, experts and intellectuals in public policies in the face of the Covid-19 pandemic is operating. More specifically, we refer to the debates that arise in the public arena about the policies implemented by the government of Alberto Fernández. We started with a brief genealogy of the relationship between politics and expertise, and then focused on some of the discussions that took place within the field of intellectuality and experts and had public repercussions.

keywords: Experts; Intellectuals; Politics; Pandemic

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Introducción

En la apertura de sesiones del Congreso, el 1° de marzo de este año, Alberto Fernández sentenció: “Este es un gobierno de científicos, no de CEOs”. Pocas semanas después, se convertiría en algo literal, quizás demasiado literal para ser real. Esa suerte de profecía autocumplida me llevó a plantear algunas posibles coordenadas para tratar de entender cómo se está dando la relación entre poder político, expertos e intelectuales en la situación actual.
La idea de un gobierno de científicos fue claramente formulada en el siglo XIX por la filosofía injustamente despreciada de Saint-Simon y de su discípulo Augusto Comte. Saint-Simon proponía una alianza entre lo que él llamaba industriales –un amplio abanico que abarcaba todas las clases “productivas”– y la ciencia. Comte confiaba la administración de las cosas a la ciencia, apoyada en el proletariado, educado en la filosofía positiva, sin que dicho proletariado gobierne. En el caso de que el proletario no estuviese educado, se justificaba, según Comte, una “dictadura honrada”, para así educar al pueblo. Una variante muy exitosa del positivismo fueron los médicos higienistas, que se propusieron organizar la vida social urbana de manera de evitar el hacinamiento y las epidemias. El positivismo fue el sustento ideológico de los regímenes oligárquicos latinoamericanos, desde Porfirio Díaz en México a Julio A. Roca en Argentina. Al mismo tiempo, fue el “inventor” de las ciencias sociales y de las políticas públicas y tuvo mayor eficacia para el arte de gobernar que muchas filosofías políticas más refinadas.
El marxismo, con su noción de que la ideología era un velo que ocultaba la realidad, también confiaba de algún modo en la ilustración filosófica de un proletariado que cumpliría su misión histórica una vez que adquiriera conciencia de clase. V. I. Lenin lo formularía con extrema claridad en su Qué hacer, donde postulaba que la conciencia revolucionaria vendría desde la intelectualidad, sin la cual los obreros se limitan a organizar sindicatos.
Gramsci, pocos años después, perfeccionaría esta idea, al plantear el concepto de intelectual orgánico. Los intelectuales no son una clase social, pero acompañaron históricamente a los grupos sociales “fundamentales”, como los organizadores, técnicos y creadores de una cultura. Esto era extensivo a la clase obrera, que necesitaría, en la concepción del marxista italiano, de un nuevo tipo de intelectual que tendría que tener una formación científica y humanística, así como la capacidad para organizar la lucha revolucionaria(Gramsci, 1967).
Entre la primera y la segunda guerra mundial se cuestionó la pertinencia y la eficacia de la democracia liberal. En Europa y en Estados Unidos, se plantearon dos tipos de críticas a la democracia: la autoritaria-corporativa, representada entre otros por Charles Maurras y Maurice Barres, y la tecnocrática. Esta última vertiente fue más importante en Estados Unidos que en Europa. En ese país, se daban combinaciones de "democracia directa", como el referéndum, con la existencia de funcionarios elegidos por sus capacidades técnicas, sobre todo a nivel municipal (Maier, 1995).
Sin embargo, volvamos a los que plantearon la experticia intelectual como un elemento para la organización o el cambio social en democracia. Karl Manheim (1987) partía de la idea de que el intelectual estaba en un estrato por encima de las clases sociales. Ese lugar le permitía tener una visión “utópica” o programática que lo hacía apto para dirigir una sociedad planificada. Manheim era políticamente socialdemócrata, y su sociología del conocimiento fue la base epistemológica de los Estados de bienestar europeos y, en América Latina, de las sociologías de la modernización y del desarrollismo de la CEPAL. Como ha señalado Alejandro Blanco (2011), el más importante introductor de Manheim en Argentina fue Gino Germani, quien compartía con su colega húngaro la idea de que la sociología era una ciencia idónea para la planificación racional de la sociedad en tiempos de crisis. Además de esta visión racionalista, compartía también la preocupación por prestar atención a herramientas como el psicoanálisis para entender fenómenos aparentemente irracionales como el totalitarismo.
Otra variante racionalista de la intervención de la experticia en las políticas públicas fue la propuesta de Karl Popper según la cual las ciencias sociales debían transformarse en una especie de “ingeniería social fragmentaria”, que apunte a la resolución de problemas prácticos específicos, mediante una “tecnología social fragmentaria”. En este sentido, la tarea de las ciencias sociales, “(...) consiste en discernir las repercusiones sociales inesperadas de las acciones humanas intencionales” (Popper, 1991: 411). El modelo de ciencia social que propone Popper es el de la economía política liberal de Friedrich Von Hayek, antiintervencionista en lo económico, a contrapelo del modelo keynesiano dominante del momento en el que escribe (Lecourt, 1984). 
Sin embargo, a la hora de ejecutar las propuestas de Hayek no lo hicieron los ingenieros sociales fragmentarios de Popper. Un primer ejemplo fue la política económica implementada por los discípulos de Milton Friedman en Chile durante la dictadura de Pinochet. Aquí se suprimió violentamente la política para poder implementar un programa que pretendió algo más que equilibrar variables macroeconómicas, sino que se intentó cambiar radicalmente una sociedad con un importante desarrollo político y de organización de las demandas colectivas. En la década de 1990, como señala Mariana Heredia (2015), los economistas se constituyeron en los expertos dominantes para las políticas públicas, en lo que la misma autora denomina como la última utopía tecnocrática. En el caso argentino, el ejemplo fue Domingo Cavallo, un economista que se comportó como experto, pero que también funcionó como político y como intelectual.

Expertos en conflicto

 Alberto Fernández, cuando planteó su apuesta a los científicos, lo hizo para diferenciarse de los CEOs que integraron el gobierno de Mauricio Macri. Los llamados CEOs son lo que antiguamente se llamó directores, gerentes o ejecutivos, o sea los organizadores de las empresas o, en términos gramscianos, los intelectuales orgánicos de la burguesía. Se trata, sin embargo, del tipo de intelectual que trabaja más directamente con los propietarios particulares, lo que los hace, en tanto tales, poco aptos para las tareas estatales, en las que deben velar en todo caso por el colectivo burgués o empresarial.
Gracias a la pandemia, el gobierno se convirtió, en apariencia, en lo más parecido al ideal comtiano. Un comité de expertos en distintas ramas de la medicina, con predominio de epidemiólogos, se convirtió en el equipo de asesores más importante del Presidente y de todo el poder político. Al principio, el Presidente parecía mimetizado con los expertos del momento; en cada declaración decía seguir sus consejos. Lo que estaba ocurriendo en el mundo daba la pauta de que a Alberto Fernández no le quedaban muchas alternativas frente al ataque de este virus sobre el que los propios expertos aún tienen pocas certezas.
Junto con cierto consenso inicial aparecieron profecías sobre el día después, y algunos economistas y periodistas aventuraron una nueva era keynesiana, mediante una comparación explícita o implícita de este momento con la crisis de 1929. Alberto Fernández se sumó a esta idea y sostuvo, más cuidadosamente, que el rol del Estado no podía ser el mismo después de esto, en una alusión más o menos clara al Estado mínimo neoliberal. Dejaba traslucir la expectativa de reconstruir algo de lo que fueron los Estados de bienestar posteriores a 1930, lo que lo muestra nuevamente más cercano a Manheim que a otras utopías tecnocráticas.
A partir de ese momento, comenzaron a aparecer algunas disidencias precisamente desde el campo de la economía. Un país donde las personas están en aislamiento físico detiene en gran medida su movimiento económico, lo que implica necesariamente consecuencias sociales inmediatas y mediatas. No obstante, el Presidente repitió claramente y hasta el cansancio que una economía caída se podía recuperar, pero que las vidas humanas no.
Los economistas neoliberales plantearon sus disidencias. Javier Milei propuso empezar a salir de la cuarentena, evitar la emisión monetaria y reducir el gasto público –porque nuestro futuro, en caso contrario, va hacia la hiperinflación–, y comparó este momento con la situación de 2001. José Luis Espert, por su parte, admitió la necesidad extraordinaria de emisión ante la emergencia, pero también clamó por una salida “ordenada” de la cuarentena antes de que las empresas colapsen. Ambos compararon nuestra situación con la de unos indefinidos “otros lugares del mundo”, dejando tácita la “anormalidad” argentina.
 Carlos Melconian se desmarcó de esta idea e instó a olvidarse de dogmatismos frente a la nueva situación. Sostuvo que le parecía correcto lo que había hecho el Presidente hasta el momento. Martín Lousteau sugirió la necesidad de crear otro comité, esta vez formado por economistas. Alberto Fernández planteó que no descartaba esa posibilidad, pero afirmó que él podía discutir en materia de economía, como no podía hacelo en el caso de la medicina. Expresaba con claridad lo indiscutible del saber médico, logrado a partir de una paciente y más que centenaria pelea de posiciones. Como lo han investigado los historiadores argentinos Diego Armus (2000) y Ricardo González Leandri (1999), la lucha de los científicos fue, en principio, por lograr imponerse legalmente frente al curanderismo en el siglo XIX, y de ese modo fueron conquistando posiciones en el mismo Estado. Dos de los más reconocidos ejemplos son Eduardo Wilde y José María Ramos Mejía, quienes se desempeñaron a la vez como médicos, escritores, historiadores, sociólogos y hombres de Estado. Fueron ellos, junto a Emilio Coni y otros tantos, los que construyeron los cimientos de nuestro sistema de salud pública que hoy conocemos. En el camino, la palabra y la firma del médico se fue constituyendo en un documento esencial de la vida cotidiana, para justificar inasistencias laborales, para la venta de fármacos, la admisión o no en los trabajos, eximirse del servicio militar obligatorio o realizar pericias en los estrados judiciales.
Los economistas habían perdido el protagonismo como asesores vitales del poder político en 2001 y no lo recuperaron ni siquiera durante el gobierno de Macri. En esta coyuntura se enfrentaron a los médicos, en parte quizás tratando de recuperar posiciones. Sin embargo, la respuesta del Presidente a los economistas, sus pasos concretos en el proceso de renegociación de la deuda y en la aplicación de políticas de emergencia, lo muestran dispuesto a decidir políticamente el problema económico.

Intelectuales con miedo a la tiranía

Una medida específica del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que apuntaba a controlar el movimiento de los adultos mayores, provocó lo que Infobae y Clarín no dudaron en calificar como “rebelión”, cuando en verdad solo se trató de una serie de declaraciones altisonantes de algunos intelectuales de más de 70 años. Primero fue José Emilio Burucúa, quien olvidó su habitual mesura al colocarse una estrella de David en el pecho, apelando a los años del Holocausto, y por esto fue reporteado por Infobae. Luego, el mismo diario hizo una encuesta entre intelectuales mayores de 70 años en la cual la mayoría se pronunció en  contra de la medida en nombre de las libertades públicas.
Muchos de los declarantes eran simpatizantes del gobierno de Rodríguez Larreta, quienes se sintieron atacados como colectivo etario. Más allá de las exageraciones, los “rebeldes” pertenecen en su mayoría a una generación que sufrió en su juventud dictaduras y represión, y a la que le tocó la madurez en momentos en los que la vida cambió radicalmente para la gente de su edad. Son mucho más activos que las generaciones anteriores y, en este caso, su profesión y lugar social, les permite seguir vigentes
Semanas después, un colectivo de intelectuales firmó una solicitada bajo el título “La Democracia está en Peligro”. Se trata de un título radical para una proclama, al estilo del Manifiesto de los intelectuales de Francia en 1898, a propósito del caso Dreyfuss. Firman “intelectuales” como un colectivo que, independientemente de su experticia, se presenta como reserva moral frente a los atropellos a las libertades públicas:
El presidente Fernández anunció que comenzaba “la hora del Estado”, una expresión que recuerda a la famosa frase de Leopoldo Lugones y describe un fenomenal avance en la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional.¹
Es notable el desconocimiento que revela esta comparación con el contexto del discurso de Lugones de 1924. Aquí hay dos cuestiones. En primer lugar, Alberto Fernández habla de Estado y claramente se refiere a uno que interviene como lo hicieron los Estados de bienestar. Es un modelo que le sirve para contraponer al neoliberal. Ahora bien, esos Estados podían ser democráticos, y de hecho lo fueron en Europa. Lugones proclamó la hora de la espada como una forma deseable que terminara con la democracia, claramente ineficaz para evitar los peligros de la demagogia y el colectivismo. El discurso de Lugones fue recibido en Argentina con indiferencia en ese momento, ya que el peligro, como señala Fernando Devoto (2008), no era visible en los años de prosperidad del gobierno de Alvear. Las equiparaciones planteadas son imposibles conceptualmente desde las ciencias sociales, y de dudoso gusto como metáforas literarias. Sin embargo, los redactores suben la apuesta, otra vez comparando lo incomparable:
En nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la “seguridad nacional”, el gobierno encontró en la “infectadura” un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones.
Confrontar la salud pública con la Doctrina de la Seguridad Nacional y rematar con el neologismo infectadura aseguraría a un estudiante inicial de ciencias sociales un aplazo en el examen. Como se sabe, dicha Doctrina fue generada por el Departamento de Estado Norteamericano, al calor de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Su objetivo era formar cuadros militares para reprimir y evitar posibles insurgencias guerrilleras “comunistas”. No obstante, más allá de lo insustancial de la comparación, nos da la pauta de cómo se quieren presentar a sí mismos los redactores de la nota, ya que ellos podrían ser potenciales víctimas de esta Doctrina, o sea que podrían ser versiones “aggiornadas” de las izquierdas de los años sesenta. A renglón seguido, hacen una crítica a los epidemiólogos y les señalan sus limitaciones biologicistas, lo cual es pertinente, ya que las experticias suelen estar acompañadas de inevitables puntos ciegos.
Más adelante, apuntan a cuestiones que tienen que ver con los Derechos Humanos, como la violencia policial. Señalan los casos que se produjeron a la fecha de la proclama. Los abusos de las fuerzas de seguridad son un tema no resuelto por los gobiernos democráticos. En este sentido, habría que ver hasta qué punto las autoridades políticas del Estado ejercen un control real sobre quienes se especializan en ejercer la violencia física de ese mismo Estado. Por lo tanto, es discutible la verdad histórica de la responsabilidad de las conducciones políticas del Estado en estos hechos, aunque no las exime de responsabilidades políticas, éticas y jurídicas.
 El cierre de la solicitada enfatiza el peligro autoritario:
La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país. 
Se afirma directamente que el equilibrio de poderes fue “desmantelado”, un temor a la tiranía frecuentemente planteado por periodistas, políticos e intelectuales. Ese temor en realidad nunca se cumplió, aunque tampoco el republicanismo puro fue practicado por ningún gobierno. Cabría preguntarse si no hay alguna razón estructural para esta ambigüedad que supere el voluntarismo y el sentido común de atribuírselo al hambre de poder, o a aplicar neologismos como cleptocracia o infectadura.
Un somero repaso histórico nos indica que, desde 1983 hasta hoy, se avanzó notablemente en libertades civiles. No hay proscripciones de personas ni partidos, nadie es encarcelado por delito de opinión, se aplastó el militarismo, la Constitución de 1994 incorporó tratados internacionales de Derechos Humanos, así como nuevos derechos y garantías. Derechos individuales como el divorcio, el matrimonio igualitario y la identidad de género nos muestran un avance notable en las libertades individuales.

Defender la política sanitaria: ¿alcanza con el saber científico?

El 31 de mayo, salió una respuesta de un colectivo de intelectuales, pero que se auto-referenciaron en su experticia académica y científica. Plantearon su apoyo a la iniciativa de un sector del oficialismo de un impuesto a las grandes fortunas:
Las siguientes personas, integrantes del mundo de la ciencia, la universidad y la academia en general, expresamos nuestro apoyo al debate en el Congreso Nacional y en la sociedad sobre un impuesto a las grandes fortunas.²
Claramente dicen somos del mundo científico y académico, no somos simples intelectuales u opinadores, por lo tanto, nuestra palabra tiene un valor adicional, respaldado en nuestro saber. La fundamentación de ese impuesto la radican en el problema de la distribución desigual de la riqueza sobre índices de organismos prestigiosos y validados. En este sentido, apoyan las políticas del Gobierno para paliar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Evidentemente, está puesta en primer término la cuestión de la igualdad por sobre cualquier cuestión institucional. Por último, ponderan el rol de las instituciones en las que están insertos y reafirman su utilidad social:
La Universidad Pública y las instituciones de Ciencia y Tecnología, pilares fundamentales de la producción de conocimiento, han vuelto a demostrar, en este contexto de pandemia, el enorme aporte que pueden hacer a la hora de encontrar soluciones a las necesidades de todas las personas que habitan el suelo argentino.
Los redactores de la proclama continuaban la autoafirmación que se venía planteando desde la asunción del gobierno de Macri, durante el cual se redujo sensiblemente el presupuesto de ciencia y tecnología, lo que culminó con la degradación del Ministerio al rango de Secretaría.
Pocos días después, se conocía otra nota, complementaria de la anterior, también impulsada por docentes universitarios y miembros del CONICET, en la que algunos nombres se repetían. El texto de la declaración da fundamentos a la prolongación de la cuarentena en los lugares más críticos, a partir de la falta de vacunas y tratamientos farmacológicos contra el virus. En sintonía con la línea gubernamental, se planteaba la necesidad de fortalecer el sistema de salud y las estrategias de monitoreo y vigilancia de los casos. Todo apunta a la razón, al buen sentido, con argumentos indiscutibles desde ese punto de vista.
Buena voluntad y apelación a la responsabilidad racional son nociones básicas de la ética pero que rara vez son efectivas como persuasión colectiva, que se moviliza por razones más emocionales que racionales. Ambas solicitadas parecen querer mostrar su legitimidad desde lo institucional y desde la argumentación. Somos notables de las ciencias, parecen decir, tenemos argumentos científicos, estamos validados por todo un sistema institucional de ingresos, premios, castigos y promociones que garantiza nuestra idoneidad.
Resulta cuando menos complejo dirigirse al resto de la sociedad desde ese lugar, sobre todo en una época en la que los saberes se han politizado –en el sentido de público– a niveles exponenciales por las tecnologías de la información. Desde ya que es discutible la real “democratización” del saber, pero en términos sociales se extendió la convicción de que los buscadores de internet resuelven las dudas de cualquiera sobre cualquier tema. Por lo tanto, los productores de saberes científicos deberían tener en cuenta este fenómeno, si pretenden lograr que sus reflexiones sean escuchadas por el resto de la sociedad. Quienes dirigen políticamente este proceso tampoco pueden limitarse a tratar de comunicar didácticamente las recomendaciones de los expertos.

Referencias

¹ El texto citado puede encontrarse en Minutouno (29/05/2020). Disponible en: https://www.minutouno.com/notas/5106204-texto-completo-y-uno-uno-los-firmantes-infectadura-el-manifiesto-anticuarentena

² El texto completo puede leerse en http://www.iade.org.ar/noticias/integrantes-del-sistema-cientifico-universitario-e-intelectuales-en-apoyo-un-impuesto-las

Bibliografía

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