ARTÍCULOS

Producir alimentos en tiempos de pandemia. El rol esencial de la agricultura familiar

Food Production in Pandemic Times. The Essential Role of Family Farming

 

Marcos Andrés Urcola y María Elena Nogueira

Marcos Andrés Urcola es docente e investigador de la Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. E-mail: murcola@hotmail.com

María Elena Nogueira es docente e investigadora de la Escuela de Ciencia Política, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. E-mail: mariaelenanogueira@gmail.com

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resumen

La pandemia es sin dudas un acontecimiento extraordinario que irrumpe en la vida cotidiana y nos habilita a reflexionar sobre una supuesta normalidad en sus diferentes dimensiones. Una de esas dimensiones, entre muchas posibles, es la de la producción de alimentos y su diversidad de sujetos. Producir alimentos en Argentina está directamente relacionado con el modelo del agronegocio, el deterioro ambiental, los monopolios de algunas firmas y cadenas, la manipulación de los precios y la inflación. Sin embargo, no toda la producción de alimentos se representa bajo esas lógicas o atributos. En este escrito, nos interesa reflexionar críticamente sobre el rol esencial de los sujetos de la agricultura familiar como productores de alimentos. Para organizar las reflexiones, proponemos una serie de ejes asociados con el abastecimiento, el consumo de alimentos y con los problemas y las oportunidades que se le presentan a los agricultores familiares en el marco del modelo agroalimentario vigente.

palabras clave: Agricultura familiar; Pandemia; Alimentos esenciales

summary

Certainly, a pandemic is an extraordinary event that disrupts daily life and enables one to reflect on an alleged normality along different dimensions. One of these dimensions, amongst many others, is that of food production and the range of subjects it entails. In Argentina, food production is closely linked with the agribusiness model, the deterioration of the environment, monopolies of some firms and chains, as well as price manipulation and inflation. Yet not all food production is represented under these lines or traits. In this paper it is our interest to critically reflect on the essential role of the subjects of family farming as food producers. In order to organize all considerations, a series of axes associated with the supply and consumption of food and with the problems and opportunities faced by family farmers within the framework of the current agri-food model are proposed.

keywords: Family farming; Pandemic; Essential foods

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A modo de introducción

La pandemia es sin dudas un acontecimiento extraordinario. Irrumpe en la vida cotidiana, en nuestras relaciones, representaciones y acciones. Marca, así, un antes y un después: un después sobre el que deja un interrogante abierto, ¿qué le sigue a la pandemia?
Es, además, un desafío para reflexionar sobre la supuesta normalidad en sus diferentes dimensiones. Una de esas dimensiones, entre muchas posibles, es la de la producción de alimentos y su diversidad de sujetos. Producir alimentos en Argentina está directamente relacionado con el modelo del agronegocio, el deterioro ambiental, los monopolios de algunas firmas y cadenas y la manipulación de los precios y la inflación. No obstante, no toda la producción de alimentos se representa bajo esas lógicas o atributos.
Ciertamente, existen productores de alimentos por fuera del modelo dominante, sin intención monopólica alguna y con muchas dificultades para mantenerse en los circuitos de producción y consumo tradicionales. Un conjunto de ellos es el de los agricultores familiares que, junto con otros trabajadores de la economía popular y solidaria, son interpelados, pandemia mediante, como esenciales. ¿Acaso no lo eran con anterioridad? Este interrogante nos permite problematizar acerca del carácter esencial de estos sujetos en nuestra sociedad, antes, durante y después de la pandemia.
Para organizar las reflexiones que presentamos a continuación, proponemos una serie de ejes asociados con el abastecimiento, con el consumo de alimentos y con los problemas y las oportunidades que se le presentan a los agricultores familiares que producen alimentos en el marco del modelo agroalimentario vigente.   

Abastecimiento de alimentos y estrategias de comercialización en el marco del ASPO

Las medidas sanitarias de cuidado y restricción a la circulación y concentración de personas en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno Nacional desde mediados del mes de marzo de 2020 provocaron una serie de modificaciones en las estrategias de comercialización por parte de los productores agropecuarios, así como de la organización general de los procesos de distribución y abastecimiento de los alimentos en los centros urbanos.
Tal como ha sucedido con otras dimensiones que refieren al funcionamiento cotidiano del orden social, el contexto disruptivo de la pandemia ha permitido visibilizar y problematizar situaciones de desigualdad e injusticia referidas al proceso de producción, circulación y consumo de alimentos. Al mismo tiempo, se han abierto las condiciones de posibilidad para profundizar procesos de cambio e innovación que se venían manifestando desde las organizaciones de la agricultura familiar y de la economía popular (Pérez y Urcola, 2020), con críticas a la centralidad del modelo productivo del agronegocio. Desde estos sectores, se llevaron adelante propuestas agroecológicas de producción de alimentos, cadenas cortas de comercialización y de venta directa, así como iniciativas de compra pública para el abastecimiento de escuelas, hospitales y cárceles en términos de soberanía y seguridad alimentaria.
Desde principios del nuevo milenio, y en paralelo con el avance del modelo agropecuario del agronegocio, el tema del abastecimiento de alimentos a las grandes ciudades comenzó a tomar relevancia, y se tradujo en una serie de políticas públicas que empezaron a dar una mayor centralidad a los agricultores familiares de los denominados cinturones verdes periurbanos. Esto se debió a su rol esencial en la producción y distribución de alimentos, a las condiciones de precariedad en las que llevan adelante sus actividades y el grado de relevancia y protagonismo económico, social y político que fueron adquiriendo sus organizaciones desde entonces.
A pesar de esto, tal como sostiene Barsky (2020), a fines de 2019 y principios de 2020 dos acontecimientos paradojales dieron cuenta de la situación en la que se encuentra la Argentina en términos de país productor y consumidor de alimentos. Por un lado, la campaña agrícola 2018-2019 arrojó una cosecha anual record de cereales y oleaginosas de 150 millones de toneladas. Por otro lado, como consecuencia del aumento de los precios de los alimentos y de la pérdida de poder adquisitivo y de empleos de una franja importante de la población, se sancionó la Ley 27.519 de Emergencia Alimentaria Nacional y se lanzó el Plan Nacional “Argentina contra el hambre”.
En este contexto, la agricultura familiar productora de alimentos se presentó como parte de la solución (Pérez y Urcola, 2020). El desafío de la agricultura familiar y sus organizaciones, antes, durante y después de la pandemia, es demostrar que es posible producir alimentos de calidad, en cantidad, y a bajo costo para abastecer los centros urbanos. Sin embargo, este tema no puede reducirse a los aspectos productivos o a las estrategias de comercialización de la agricultura familiar, ya que en el proceso de distribución y comercialización de alimentos interviene una gran y asimétrica variedad de actores (intermediarios) en: Mercados Centrales (gerenciados y/o regulados por el Estado), mercados mayoristas (o secundarios), mercados minoristas (verdulerías), la gran distribución (hiper y supermercados) y los nuevos espacios nodales motorizados por las organizaciones sociales de la economía popular y la agricultura familiar (circuitos cortos de comercialización en ferias y redes de venta directa).
La alta fragmentación y las desiguales condiciones de poder de los actores que componen el sistema de abastecimiento de alimentos se constituye en uno de los principales factores que influyen en el incremento de los precios de los alimentos con repercusiones directas sobre los procesos inflacionarios del país. Esto implica que se trata de uno de los países donde los hogares destinan el mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos.
En términos esquemáticos, entre estos productores encontramos, por un lado, estrategias convencionales de venta a través de intermediarios que colocan los productos en mercados concentradores y verdulerías. Por otro lado, observamos estrategias alternativas de venta directa en circuitos cortos de comercialización a través de ferias agroecológicas o de hortalizas convencionales –lo cual no siempre implica contacto directo entre productor y consumidor– y a través de redes de venta directa, ya sea a campo o de reparto a domicilio.
Según Viteri et al. (2020), antes y durante la pandemia se registra un incremento de las estrategias de venta directa entre productores y consumidores, facilitadas por mejoras en el acceso a las TICs de los productores y por cambios en los estilos de consumo de los sectores medios y altos urbanos respecto de la adquisición de productos frescos y agroecológicos. Si bien este tipo de estrategia de venta no reemplaza la convencional, ya que incluso los propios agricultores familiares combinan estas estrategias de venta, ayuda a descomprimir la demanda en verdulerías y mercados mayoristas, lo cual opera como un fomento a la compra local y los circuitos de comercialización “cara a cara” que permiten a los ciudadanos no salir de sus casas en el marco del ASPO.
En las primeras semanas de decretado el ASPO, tuvo lugar una reacción inicial de sobrestockeo masivo de alimentos que produjo una tensión sobre la estructura comercial y se tradujo en un aumento de precios de los alimentos frescos, por su alta perecibilidad y el accionar especulativo de los intermediarios de las cadenas convencionales de venta, que tuvo un impacto en la inflación. La falta de algunos insumos y plantines para la producción, el aumento de otros –el costo de los fletes o los envases no retornables, por ejemplo– y la dificultad de acceder a insumos de seguridad e higiene personal constituyeron algunos de los aspectos que afectaron el desarrollo de las actividades de producción y distribución de alimentos frescos de los agricultores familiares, consultados en el marco de una encuesta realizada por el INTA en abril de 2020 en la provincia de Buenos Aires (Viteri et al., 2020).
Por otro lado, el cierre de ferias –agroecológicas y convencionales– y mercados mayoristas secundarios –que implican una alta circulación de personas– generó un aumento en la concentración de la estructura de abastecimiento de alimentos urbanos a través de los hiper y supermercados, los cuales cuentan con el mayor volumen de compra frutihortícola y de lácteos, bebidas y productos de almacén (Barsky, 2020). No obstante, también se potenciaron y promovieron las estrategias de venta directa de bolsones de verduras a través de nodos coordinados por organizaciones de base e intermediarios solidarios de instituciones públicas, como la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el INTA, Universidades, Municipios, Ministerios de la Producción provinciales, entre otros (Viteri et al., 2020).
Las restricciones generales a la circulación, a su vez, representaron un problema común a todos los productores, incluso los de exportación (Salazar et al., 2020). Aunque el Decreto (297/20) que dio inicio al ASPO exceptuaba estas restricciones a las “actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria” y el “reparto a domicilio de alimentos”, se registraron dificultades para el acceso a los permisos de circulación. En este sentido, también han cobrado relevancia las organizaciones sociales y de la agricultura familiar tanto en su rol de intermediación entre los productores y las agencias públicas para el acceso a permisos municipales y/o provinciales, como en la tarea de reorganizar las estrategias de comercialización y distribución de aquellos que vieron modificadas sus rutinas de venta por los cierres de los mercados de proximidad antes mencionados a través, por ejemplo, del Programa de Abastecimiento Social de Alimentos para el Armado y Distribución de Bolsones de Verduras de Estación a Bajo Costo.
Desde el inicio de la pandemia, el accionar del Estado estuvo dirigido fundamentalmente a la elaboración de medidas de carácter sanitario y de protocolización de procedimientos de comercialización frutihortícola, la resolución logística del transporte pesado y la determinación de precios mayoristas y minoristas.
Si bien se observó auspiciosamente la inclusión específica de un apartado para la agricultura familiar dentro de los “Lineamientos de buenas prácticas para la producción agropecuaria para el COVID-19”, dichos lineamientos resultan difíciles de cumplir para sectores hortícolas periurbanos con bajos ingresos, alta vulnerabilidad social y tradición de usos inadecuados de agroquímicos (Barsky, 2020).
Si se tiene en cuenta estos aspectos, las ayudas específicas en términos de compensaciones y atención a las consecuencias de la pandemia sobre el sector llegaron recién en el mes de junio a través del “Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”. Con un monto asignado de 30 millones de pesos a ejecutar en aportes no reintegrables y en forma directa, el Programa estaba dirigido a aquellos productores inscriptos en el ReNAF y en “situación de riesgo productivo como consecuencia de escenarios ocasionados por eventos climáticos, sociales o particulares extremos”, como indica la resolución MAGyP, 138/ 2020.
Por otro lado, si bien no existe evidencia científica de que el Covid-19 se transmita a través de los alimentos (RSA-CONICET, 2020), la presión sobre la agricultura familiar en términos de sanidad e inocuidad puede llegar a ser cada vez mayor como consecuencia de la pandemia, en términos de leyes, inspecciones y controles. A su vez, la mayor demanda de alimentos frescos y sanos de origen orgánico o agroecológico por parte de los consumidores también generará la necesidad de establecer mecanismos de certificación específicos. Habrá un campo de disputa técnica y política en este sentido, que requerirá de un rol activo del Estado –en sus diferentes niveles– y de la comunidad científica en general (universidades y agencias de ciencia y técnica). Las iniciativas de compra pública a través del Programa Argentina Contra el Hambre, la organización cogestionada de ferias, mercados y almacenes agroecológicos y la Red Nacional de Municipios por la Agroecología (RENAMA) resultan auspiciosas en este sentido.

Consumir, ¿es un acto político?

Consumir alimentos es, evidentemente, una acción vital. Lo es en la medida en que, como especie, debemos satisfacer ciertas necesidades biológicas de distinto tipo que garantizan nuestra reproducción. En verdad, lo vital es alimentarse. Consumir alimentos supone otras operaciones “agregadas”: decidir qué, cómo y dónde nos alimentamos. Como señala Aguirre (2004a), el proceso de alimentación de un grupo humano activa un conjunto de instituciones sociales, puesto que implica producir, distribuir, consumir y legitimar qué come cada quien.
Cuando restringimos el consumo al consumo de alimentos, la cuestión se complejiza por esa necesidad vital que planteamos. Con el objetivo de problematizar este aspecto en el contexto que atravesamos, consideraremos dos cuestiones que creemos centrales: 1) consumir es un acto político; y 2) no es posible problematizar el consumo como un acto político sin considerar la seguridad alimentaria en un contexto generalizado.
La idea de que “consumir es un acto político” tiene una profunda relación con la dimensión comunitaria de la vida política (Quiroga, 1996) y, como tal, de la participación de la ciudadanía en el espacio público. Supone conocer quién o quiénes, individual o colectivamente, están “detrás” de eso que consumimos: cómo se produce, con qué tipos de insumos, qué procesos sociales intervienen en esa producción. “Consumir, es un acto político, si nosotros consumimos alimentos que no sabemos cómo fueron producidos, capaz que avalamos fumigaciones en campos, fumigaciones a nuestros hermanos” (Sofía, productora agroecológica de Córdoba. La Tinta, 18/11/2016).
La agroecología emerge como un modelo alternativo al agronegocio, que puede ser caracterizado, en dos palabras, como producción y exportación de commodities. Supone producir, en este caso, alimentos sin agrotóxicos, que sean cuidadosos con el ambiente, la naturaleza y la salud. A su vez, supone también una forma de vincularse, de organizarse y, en definitiva, de vivir de acuerdo con esa dimensión comunitaria de la vida política.
Esta concepción resulta relevante en los modos de articulación, producción y comercialización de un conjunto de sujetos asociados con la agricultura familiar y la economía popular. En simultáneo, un grupo importante de consumidores ha comenzado a “revisar” sus estrategias de consumo. Lamentablemente, no tenemos datos que nos permitan cuantificar estos procesos, y solo podemos apelar a algunas experiencias micro y a nuestra propia observación. Sin embargo, creemos que, en este particular contexto de pandemia, que nos limita a quedarnos en casa –con condiciones habitacionales preocupantemente diversas en Argentina–, se ha abierto un paréntesis para la construcción de estrategias vinculadas de manera real con el acto político de consumir, al menos en el caso de los alimentos. La contracara de esto, como hemos observado en el apartado previo, supuso la “reinvención” de las estrategias de distribución y comercialización de los agricultores familiares.  
De acuerdo con un informe de INTA sobre datos recogidos durante el ASPO, alrededor del 85% de los hogares encuestados modificaron las modalidades habituales de compra de alimentos. En paralelo,
la disminución de consumo más marcada se observó en los alimentos listos para consumir, seguidos por los productos congelados, snacks, bebidas gaseosas y jugos, frutos secos, dulces, conservas, quesos y fiambres. En referencia a comidas preparadas y listas para consumir, el 71% admitió haber reducido su consumo, por motivos como la mayor disposición de tiempo para cocinar, el temor al contagio y económicos (INTA, 2020).

Esta primera aproximación a ciertos cambios –que, en principio, no pueden afirmarse como duraderos– representa para la agricultura familiar una oportunidad, pero también una debilidad. Es una oportunidad en cuanto hay un viraje forzoso en términos de consumo de alimentos que se vincula con un mayor interés en la agroecología de modo general. Sin embargo, implica también una debilidad, debido a que ciertos estándares de calidad continúan siendo un obstáculo. En relación con lo anterior, el estudio citado indica que es necesario “obtener información que permita a los distintos actores de la Cadena Agroalimentaria Nacional pensar soluciones y adoptar buenas prácticas de higiene a fin de minimizar los contagios y asegurar la inocuidad de los productos” (INTA, 2020).
Por otro lado, señalamos la idea de que no es posible problematizar el consumo como un acto político sin considerar la cuestión de la seguridad alimentaria. Tomaremos aquí esta idea a partir de Aguirre, quien la entiende como un “derecho de todas las personas a una alimentación cultural y multidimensionalmente adecuada” (2004b).¹ La autora sitúa esta cuestión en el marco de los hogares y de sus decisiones de consumos alimentarios. Aquí, la situaremos en un contexto más amplio, en el que consideramos el modelo de producción de alimentos y sus alcances.
La producción de alimentos y, esencialmente, su distribución está vinculada de forma estrecha con esta etapa del capitalismo. En el caso argentino, el agronegocio ha sido dominante en cuanto qué –grano, esencialmente oleaginosas y especialmente soja de carácter transgénico–, cómo –a través de agrotóxicos, expansión de la escala media, acaparamiento de tierras, entre otros– y cuánto –a granel, con el fin de generar commodities de exportación– se produce.
Este modelo ha tenido efectos directos e indirectos no solo en qué y cómo comemos, sino también en qué y quiénes producen. Los productores familiares asociados con la producción de alimentos y la agroecología fueron los más desfavorecidos en este sentido. Argentina es reconocida ampliamente como un país productor de alimentos, pero esa no es la cuestión. El problema es que no todas y todos pueden comer. Es decir, no todas y todos tienen acceso a alimentos. Esto es un problema de derechos que se encuentra asociado de manera directa con la seguridad y la soberanía alimentarias.
La discusión sobre los modelos extractivistas no es nueva (Altvater, 2011; Svampa, 2016, entre muchos otros), tampoco su vínculo con la seguridad y soberanía alimentarias. Sin embargo, es revisitada, o puede serlo, en el contexto pandémico. Lo es, nuevamente, como una gran oportunidad de virar hacia otras estrategias de acumulación que están dando señales de éxito y que se presentan como modelos alternativos al agronegocio: la agroecología, por ejemplo. Esto sitúa el plano de la discusión no ya en la comensalidad, los consumos y los alimentos, sino en el plano de pensar la sociedad que queremos y el rol que, en definitiva, la dimensión estatal de la política –en otras palabras, el Estado– decide al respecto.
Si volvemos a nuestra pregunta “consumir, ¿es un acto político?” creemos factible afirmar que lo es: en términos de consumo, de decisiones de las personas y los hogares, pero también en términos sociales, en cuanto a políticas públicas y estrategias de acumulación. En este contexto, en buena parte impredecible, no olvidar este supuesto resulta fundamental para la construcción que se viene.

A modo de cierre

En esta reflexión, hemos querido señalar los cambios progresivos que han afectado la agricultura familiar durante la pandemia, desde un supuesto fundamental: la producción de alimentos proveniente de los diversos sujetos de la agricultura familiar resulta esencial. Este contexto ha contribuido a visibilizar a estos sujetos y las concepciones políticas y sociales que los constituyen individual y colectivamente. Nuestra intención ha sido marcar su carácter esencial a partir de sus efectos en la producción, circulación, distribución y consumo de alimentos.
En base a estos aspectos, el contexto socio-económico de la pandemia y las restricciones impuestas por el ASPO en términos de circulación y cuidado sanitario generaron una serie de efectos negativos y auspiciosos a la vez, tanto para la agricultura familiar productora de alimentos como para la estructura general de abastecimiento de alimentos frescos en los centros urbanos.
El proceso de “desglobalización” que acontece por las restricciones a la movilización internacional y nacional en este contexto permite la revitalización de las estrategias de abastecimiento local o regional a través de cadenas cortas de comercialización y actividades cooperativas en redes de suministro social y económico. El acceso a las TICs ocupará un rol central en el fomento de economías circulares en los territorios, como un modo de concentrar la información relacionada con oferta y demanda que ponga en contacto a productores y consumidores. A su vez, también cobrarán protagonismo experiencias innovadoras como las impulsadas por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) con sus Colonias Agroecológicas de Abastecimiento Urbano, cuyo objetivo es que grupos de familias agricultoras puedan vivir y producir cooperativamente, ocupando terrenos fiscales en desuso y, así, abastecer de alimentos frescos, sanos y baratos a las localidades próximas.
Las dificultades del abastecimiento de alimentos frescos que la pandemia ha puesto sobre el tapete tienen su correlato paradojal en los pueblos rurales y ciudades intermedias que reciben la mayoría de lo que consumen de los mercados centrales de las grandes ciudades, con el consecuente incremento de costos económico y ambiental por traslados y la disociación entre espacios rurales de producción de alimentos y espacios urbanos de consumo.
La agricultura familiar puede cumplir un rol central en términos productivos, ambientales y de seguridad alimentaria, abasteciendo y ocupando los periurbanos de las ciudades, evitando el monocultivo y fomentando sistemas agroalimentarios diversificados. También puede funcionar como correa de transmisión de una representación política sobre los alimentos que nos permita considerar los procesos complejos y determinantes que se esconden en el acto de consumir y alimentarse.

Referencias

¹ Comprendemos que las nociones de seguridad y soberanía alimentarias se encuentran íntimamente relacionadas. Por este motivo, se referirá a una u otra sin distinciones. Al respecto, véase https://www.economiasolidaria.com.ar/miradas-sobre-seguridad-y-soberania-alimentaria/?fbclid=IwAR340m8gl2ySeEuwJ8V_j3HWIEKz9m5hQy-Pygz7vGO6xGX4b8a3jkovpMs

Bibliografía

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