DOSSIER

La disputa radical. Unionistas e intransigentes en los años peronistas (1946-1955)

The Radical Dispute. Unionist and Intransigents in the Peronist Years (1946-1955)

 

Pablo Pizzorno

Pablo Pizzorno es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. E-mail: ppizzorno@gmail.com

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resumen

Este trabajo analiza la disputa interna librada en la Unión Cívica Radical durante los años en los que el partido se erigió como principal fuerza de oposición al peronismo. La isión previa entre unionistas e intransigentes se resignificó debido a la experiencia antiperonista, y se profundizó la disputa en torno al sentido de la tradición radical que cada sector reivindicó para sí. Mientras los unionistas se mantuvieron fieles al espíritu de la Unión Democrática y acompañaron la creciente radicalización opositora, los intransigentes procuraron disputar las credenciales nacionales y populares de un gobierno cuya aparición consideraban fruto del extravío de la identidad radical.

palabras clave: Unión Cívica Radical; Peronismo; Antiperonismo; Identidades políticas

summary

This paper analyzes the dispute within the Radical Civic Union throughout the years it became the main opposition party to Peronism. The previous ision between Unionists and Intransigents was resignified due to the anti-Peronist experience, deepening the dispute over the meaning of the Radical tradition that each sector claimed for itself. While Unionists remained faithful to the spirit of the Democratic Union and accompanied the growing opposition radicalization, Intransigents tried to dispute the national and popular discourse of a government whose victory they considered a consequence of the loss of Radical identity.

keywords: Radical Civic Union; Peronism; Anti-peronism; Political identities

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Introducción

A pesar de la abundante cantidad de publicaciones sobre ersas facetas del primer peronismo, el estudio de las fuerzas políticas opositoras en dicho período aún es relativamente escaso. Entre estas fuerzas sobresale la Unión Cívica Radical (UCR), principal partido opositor entre 1946 y 1955, que desde entonces adoptó un rol antagónico al peronismo, junto al que compartió un esquema bipartidista actualizado de ersos modos a lo largo del siglo XX.
Una peculiaridad del radicalismo durante este período es que protagonizó el espacio opositor atravesado por una creciente conflictividad interna entre diferentes alas del partido. Inicialmente identificada como una rivalidad entre los sectores “unionistas” e “intransigentes”, aquella isión, ya presente en la campaña electoral de 1946, se profundizó a lo largo de la década y experimentó nuevos reacomodamientos que se formalizarían recién en una ruptura en 1957.
El propósito de este trabajo es volver sobre aquellos años para indagar los modos que asumió el conflicto hacia el interior del radicalismo, mientras el partido afrontaba una tenaz oposición al peronismo. Uno y otro hecho se entrelazarían en la dinámica partidaria: el posicionamiento frente al gobierno de Perón y los modos de ejercer la oposición ocuparían un lugar central en la isión interna, sobre todo a partir del segundo mandato.
¿Qué lugar ocupó el radicalismo en la contienda ideológica durante los años peronistas? Es sabido que sus plataformas electorales, documentos doctrinarios y viejos proyectos parlamentarios recogían el clima ideológico de la posguerra y no eran ajenos al tipo de medidas que Perón popularizó desde la presidencia. Aquello contradice el relato oficialista que gustaba de presentar a sus opositores como fuerzas esencialmente reaccionarias y contrarias a las reformas sociales en curso. Sin embargo, la dinámica del antagonismo en este período dificultaría al radicalismo la disputa con las credenciales de justicia social fuertemente asociadas al peronismo. En paralelo, en el transcurso de estos años, el partido se consolidó como la fuerza predilecta del electorado de clases medias irreductiblemente antiperonistas, lo que selló un vínculo que perduraría más allá de 1955.
Este trabajo rastrea los ersos posicionamientos del radicalismo a lo largo de la década peronista, tanto en el ejercicio opositor como en la reconstrucción de los debates internos celebrados en las sucesivas convenciones partidarias. El propósito es observar cómo la experiencia antiperonista afectó la trayectoria identitaria de la UCR y, en especial, la querella librada entre sus tendencias, que implicaba esencialmente una disputa por el sentido de la tradición radical.

Un partido idido tras la derrota electoral

El resultado de las elecciones presidenciales celebradas el 24 de febrero de 1946 se conoció en cuentagotas a medida que se oficializaron los cómputos obtenidos por los candidatos en todo el país. A lo largo de marzo, los dirigentes de la Unión Democrática (UD) fueron abandonando el optimismo que sostuvieron durante la jornada electoral y que prolongaron dos días después, cuando el inicio del recuento reveló el triunfo de la alianza opositora en las provincias de San Luis y San Juan.
Sin embargo, conforme se conocieron los datos del resto del país, el cuadro fue revirtiéndose y, finalmente, el escrutinio definitivo del 8 de abril marcó el triunfo de Perón con alrededor del 55% de los votos (1.478.500) frente al 45% de la fórmula Tamborini-Mosca (1.212.300). Una derrota ajustada, aunque impensada para los partidos tradicionales que integraban la UD, que poco a poco habían empezado a resignarse frente a un escenario que se volvía esquivo.
Ante la ausencia de objeciones a la organización del acto electoral, la explicación predilecta de la derrota por parte de sus protagonistas se trasladó a las condiciones previas a la elección del 24 de febrero. Así, en el relato opositor, la victoria de Perón se enmarcó en lo que pronto se empezó a denominar “fraude preelectoral”. Aquella expresión buscaba condensar las ersas limitaciones sufridas por los partidos políticos bajo el gobierno de facto, el mantenimiento prolongado del estado de sitio, las políticas sociales de la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP) entendidas en clave demagógica y el acceso discriminado a las emisoras radiales a favor del oficialismo. Solo así podía comprenderse un resultado que, para el presidente del Comité Nacional radical, Eduardo Laurencena, de otro modo debía considerarse “un extravío tan profundo del pueblo argentino, que habría que pensar en un fenómeno social de corrupción y de decadencia moral y espiritual irremediable”.¹
En un sentido similar se pronunció la UCR con una declaración que insistía en que todos los resortes estatales habían sido “convertidos en comités políticos al servicio del candidato oficial”. De allí el texto desprendía su afirmación más contundente:
Fue así, mediante coacciones morales y presiones físicas, como se deformó el juicio y perturbó la conciencia de gran parte del pueblo argentino. No puede, pues, decirse que los ciudadanos hayan podido ejercer sus derechos electorales con libertad de conciencia y serenidad de juicio.

Sin embargo, esta aseveración, que prácticamente minaba la legitimidad de origen del gobierno electo, era suavizada unas líneas después, en las que se afirmaba que el pueblo se había equivocado, pero que el radicalismo no tenía derecho a condenar ese error.²
Mientras el radicalismo asimilaba de manera pública el triunfo peronista, pronto debió ocuparse otra vez de sus pleitos internos, fuertemente reactivados tras la derrota electoral. Desde fines de la década anterior, frente a la vieja dirección partidaria, sin un liderazgo claro desde la muerte de Marcelo T. de Alvear en 1942, se habían erigido los sectores autoproclamados intransigentes, que reivindicaban la tradición yrigoyenista y tenían una referencia importante en Amadeo Sabattini, quien gobernaba la provincia de Córdoba desde 1935, y también un sector bonaerense de peso donde se destacaban Ricardo Balbín y Moisés Lebensohn. Bajo el paraguas de la intransigencia se habían asociado distintos grupos radicales opuestos a la conducción partidaria, a la que despectivamente llamaban “unionista” por su vocación aliancista con otros partidos.³
En abril de 1945, grupos intransigentes porteños y bonaerenses, que actuaban con relativa independencia del sabattinismo, habían impulsado un encuentro en Avellaneda coronado con una fuerte declaración programática, que, además, dejaba claro su rechazo a un acuerdo con otros partidos. De este modo, se retomaba una vieja costumbre del radicalismo que pregonaba la renuencia a las alianzas electorales. Los intransigentes –en noviembre formalmente constituidos en el Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR)–, a su vez, se resistían a que la prédica democrática relegara en el discurso opositor las temáticas sociales y económicas. Aquella negativa a conformar un frente electoral les valdría, además de la intensa puja con sus correligionarios unionistas, el rechazo del resto de los partidos opositores y de la prensa aliadófila, que se encargaron de denostar a la intransigencia radical como colaboracionista, filonazi y peronista.
En los meses que duraron las negociaciones para conformar la UD, la intransigencia fue duramente criticada desde ersos frentes. Se la emparentaba con los grupos radicales que se habían unido al peronismo –denominados UCR Junta Renovadora–, aunque en realidad los propios intransigentes denunciaban en sus documentos a estos sectores “colaboracionistas” que habían decidido apoyar la candidatura de Perón y que aportarían al correntino Hortensio Quijano como su compañero de fórmula. Otro motivo de ataque era el secreto a voces que vinculaba a Sabattini con el gobierno de facto, en particular con el general Eduardo Ávalos. Por ese motivo, al celebrar finalmente el demorado acuerdo opositor, el unionista Mosca criticó a quienes demostraban una actitud de intransigencia con la UD pero no con el gobierno.⁴
El unionismo logró aprobar la conformación de la UD en la Convención Nacional de la UCR y monopolizó su fórmula presidencial con dos hombres provenientes de su sector: José Tamborini y Enrique Mosca. A criterio de Tcach ([1991] 2006: 45), la interna radical jugó un papel determinante en la constitución de la alianza opositora, que habría sido una respuesta pragmática de la conducción unionista para hacer frente al avance intransigente dentro del partido. No obstante, es indudable que la formación de la UD hubiera sido imposible sin la generación de un vínculo solidario entre las fuerzas participantes que venía gestándose desde la década anterior.
Esa afinidad creciente, donde sobresalía la influencia antifascista y la adhesión a la causa aliada en la guerra, aportó un marco de inteligibilidad que fue determinante en la caracterización que estos grupos realizaron sobre la coyuntura abierta a partir de 1943 y, desde luego, en su lectura sobre el ascenso del peronismo. La UD no dejaba de ser una construcción extraña para la historia política local, reclamada por un sector influyente de la opinión pública y fundamentada por todos sus miembros como una necesidad excepcional: demandaba el esfuerzo de todos los actores autoproclamados democráticos frente a lo que se percibía como una amenaza a la tradición institucional argentina.⁵
Tras las elecciones de 1946, el radicalismo se erigió, por su presencia parlamentaria, en el principal partido opositor al gobierno peronista, una posición que mantendría a lo largo de toda la década. El “Bloque de los 44” tendría una destacada labor en la Cámara de Diputados en aquellos años iniciales, al ocupar un lugar de privilegio en los encendidos debates parlamentarios contra el oficialismo. Sin embargo, mientras la UCR intentaba acaparar un lugar de privilegio en la oposición, en el interior de la fuerza se libraría un tenaz enfrentamiento por la conducción partidaria.
Tras la derrota de la UD, el MIR profundizó su cruzada contra el liderazgo unionista, al acusar a la dirección partidaria de tener la responsabilidad del fracaso electoral. La intransigencia argumentaba que, en su idilio democrático y antifascista con otros sectores de la oposición, los unionistas habían traicionado los principios radicales y permitido que aquellas consignas históricas fueran apropiadas por el peronismo, cuyo triunfo solo había sido posible a partir de este extravío de la identidad radical.
Los tres representantes por la minoría en la conducción partidaria –Arturo Frondizi, Antonio Sobral y Crisólogo Larralde– emitieron en diciembre de 1946 un documento conocido como el “Manifiesto de los Tres”, que resumía la posición intransigente respecto del nuevo escenario nacional y partidario.⁶ Allí se desplegaba una mirada sobre el radicalismo que retomaba la herencia yrigoyenista, y aseguraba que “la Unión Cívica Radical no es propiamente un partido en el concepto militante” y que “ella trae, porque es su sustancia misma, el mensaje de un pueblo en el querer de su realización”. En dicha concepción, el radicalismo era comprendido como algo más que un simple partido político y se lo asimilaba, en cambio, a la nación misma y al propio pueblo argentino.⁷
En ese sentido, el texto se lamentaba de que “una de las comprobaciones más dolorosas del resultado de las elecciones es que parte de la masa radical votó por el candidato que sostenía la dictadura”. Pero ello se explicaba a partir de la estrategia desplegada por el propio radicalismo en manos de su conducción vigente: la UCR, se decía, “no retomó su sentido revolucionario, perdiendo la dirección de las masas porque equivoca su ruta de lo popular”. Allí se apuntaba directamente contra la conformación de la UD y el tipo de discurso establecido durante la campaña, aunque también se aclaraba que las críticas a la alianza electoral no redundaban en algún tipo de acercamiento al peronismo: “Discrepamos en esa oportunidad con los procedimientos internos utilizados, porque el extravío llevaba a un olvido de lo radical, pero formamos en la columna, porque, si bien somos intransigentes, nuestra primera intransigencia es frente a toda forma de despotismo”.
De este modo, el “Manifiesto de los Tres” se situaba en un lugar de enunciación política que denotaba el esfuerzo de la intransigencia radical por disputar dos sentidos: se procuraba retomar el verdadero sentido de lo radical, al acusar a la dirección unionista de haber falseado la línea histórica del partido. A la vez, se rivalizaba por el sentido de lo popular con el peronismo. Se aseguraba que su triunfo circunstancial se debía a un usufructo de consignas que eran originalmente radicales y que el gobierno, en verdad, no llevaba a cabo.
Los intransigentes finalmente accederían a la conducción del partido a inicios de 1948⁸ y de este modo quedaría planteada la paradoja de que la principal expresión de la oposición compartiera un registro de muchas similitudes, no solo programáticas sino también de discurso político, con el peronismo gobernante.⁹ Como ha dicho Aboy Carlés (2001: 138), pocas veces en nuestra historia política se vivieron enfrentamientos políticos tan extremos y pocas veces, sin embargo, hubo mayores coincidencias entre los contendientes. No obstante, la dinámica del antagonismo con el peronismo dificultaría las pretensiones programáticas de la nueva dirigencia radical.

La dinámica del antagonismo frente al peronismo

Cuando la Cámara de Diputados ratificó por ley, en noviembre de 1946, la política social implementada por decreto por la STP durante el gobierno de facto, a Frondizi le tocó fundamentar los motivos de la negativa de su bloque a la iniciativa. Allí, ensayó una serie de argumentos ya expuestos en la campaña: dijo que gran parte de esos proyectos habían sido tomados de viejas propuestas radicales y aseguró que “la justicia social sólo puede existir dentro del estado de derecho, porque dentro de la dictadura o de la tiranía lo único que se puede recibir es la dáa del tirano o del dictador”. Dicho esto, el vicepresidente de la bancada radical agregó una salvedad dirigida tácitamente a buena parte de sus compañeros de bloque: “debo decir que tampoco es cierto lo que hemos escuchado afirmar muchas veces: que debemos abandonar las reclamaciones de justicia social y justicia económica, para defender las instituciones argentinas”.¹⁰
La distancia de Frondizi con el peronismo y, de forma más velada, con el unionismo radical, era representativa de la doble disputa librada por el MIR. Con ese espíritu, la bancada de diputados radicales presentó ersos proyectos que recogían la vocación programática de la intransigencia y su voluntad de rivalizar con las credenciales nacionales y populares del gobierno. Esta disputa, sin embargo, no impidió que algunos proyectos oficiales contaran con apoyo del bloque radical, como la nacionalización de los ferrocarriles, la concesión del voto a la mujer y la provincialización de los territorios nacionales.¹¹
Sin embargo, el esfuerzo intransigente no pudo evitar que la coyuntura política volcara de manera progresiva a los radicales hacia un discurso orientado principalmente a la denuncia del creciente autoritarismo gubernamental, que prolongó el tono general de la campaña electoral de 1945. Esta orientación se impuso en casi todos los partidos opositores: para la mayoría de ellos, como los propios unionistas, los socialistas, los demócratas progresistas o los conservadores, la denuncia de este creciente poder despótico se convirtió en el tema excluyente y prácticamente monotemático de sus lecturas de la realidad.
Los intransigentes, en cambio, eran esquivos con los modos predominantes del antiperonismo, conducta que los emparentaba con la solitaria y oscilante postura de los comunistas, también esforzados por conciliar la denuncia al autoritarismo con reivindicaciones de orden económico y social. Sin embargo, como afirma Altamirano (2002: 250), ante la modalidad que adquirió el juego político, el radicalismo asumió menos el papel de partido de centroizquierda que indicaban sus documentos programáticos que el de partido liberal-democrático enfrentado a un régimen popular y autoritario.
De este modo, la dinámica del antagonismo entre peronistas y antiperonistas que, para fastidio de los comunistas, repartía de manera antojadiza entre ambos campos los elementos progresistas y conservadores, dificultó el éxito de una línea política opositora que lograra disputar al peronismo la asociación con la justicia social y la soberanía nacional. La propia intransigencia encontró mayor rédito político cuando el radicalismo se puso a la cabeza de la lucha por la defensa de las libertades públicas. Recién en los últimos años de Perón en el gobierno, este tipo de discurso encontró mayores posibilidades para estocar al peronismo por sus concesiones en materia económica.
Por otro lado, las diferencias hacia el interior del radicalismo eran menos visibles a la hora de describir la naturaleza del peronismo gobernante. Ambos grupos concebían esencialmente al gobierno surgido del 24 de febrero como una prolongación del régimen de 1943 o, como la definió el unionista Nerio Rojas en una de las primeras sesiones de la Cámara de Diputados, “una dictadura que tiene la forma de ley”.¹²  Así, la bancada radical se opuso íntegramente a la proclamación de Perón en la Asamblea Legislativa que lo consagró presidente, en mayo de 1946, con el argumento de que el mandatario electo no contaba con los requisitos constitucionales necesarios para ejercer el cargo. La objeción formal se basaba en la prohibición de la reelección que establecía la Constitución de 1853: Perón había sido vicepresidente del gobierno de facto y, por ese motivo, el bloque radical adujo que no podía asumir la primera magistratura.¹³ Fue a través de esa impugnación, reñida con los resultados de la elección del 24 de febrero, que la UCR encontró la forma de manifestar de manera institucional al gobierno electo que su legitimidad de origen nacía herida.

El radicalismo frente a la reforma constitucional

Hasta mediados de 1948, como señala García Sebastiani (2005: 122), el Congreso de la Nación fue el espacio institucional privilegiado de relación entre oficialismo y oposición. A partir de entonces, con el recambio parlamentario que acrecentó la mayoría peronista, las sucesivas sanciones y expulsiones a los diputados opositores y, sobre todo, la reforma constitucional de 1949, que reforzó los rasgos presidencialistas y el control oficialista sobre el Congreso, ese juego político se vio alterado y la Cámara de Diputados dejó de ser el espacio idóneo para que la oposición postulase iniciativas y organizase estrategias políticas.
Aquellos cambios fueron anticipados por la elección legislativa de marzo de 1948, celebrada en once provincias, donde el peronismo rondó el 60% de los votos, seguido por alrededor del 28% de la UCR. Por otra parte, ninguna de las fuerzas opositoras menores logró obtener representación parlamentaria. Disuelta la UD, el resultado de los comicios prefiguró un escenario que se mantendría inalterable durante el resto del período: un peronismo consolidado en función del apoyo de dos tercios del electorado y una oposición representada cada vez más exclusivamente por el radicalismo, en torno al tercio restante.
Fortalecido por el resultado, Perón anunció en mayo su voluntad de emprender la reforma constitucional. El tema no era nuevo, y había formado parte de la campaña del radicalismo, que había alertado sobre el riesgo que suponía en ese sentido que el oficialismo alcanzara la mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados.¹⁴ Dicho debate se extendió al Congreso, cuando el oficialismo presentó el proyecto que declaraba la necesidad de reformar la Constitución Nacional. La controversia entonces se libró en torno a si los dos tercios necesarios para su aprobación eran sobre la totalidad de los diputados o, como impuso el oficialismo, de los presentes en el recinto.¹⁵
La fugaz aprobación del trámite legislativo dispuso la convocatoria, para diciembre de 1948, a elecciones para conformar una Convención Constituyente. Aquello reintrodujo un clima de movilización y efervescencia política que no se veía desde la campaña de 1945. La opinión pública antiperonista experimentó el proyecto de reforma como una inflexión decisiva en el avance del peronismo sobre el patrimonio cultural de la nacionalidad misma: la Constitución de 1853 condensaba en cierta forma aquel espíritu opositor anclado en la tradición liberal que había abrazado la causa antifascista y ahora resistía como podía la consolidación del peronismo en el poder (Pizzorno, 2019).
Como en 1945, también se reactivaron fuertemente las imágenes que comparaban a Perón con Rosas, vislumbrando esta vez una suerte de revancha rosista que pretendía barrer el texto constitucional emergido de la derrota del caudillo bonaerense en Caseros. En este relato, la Constitución de 1853, que había terminado con el caudillismo y fundado los cimientos de la nacionalidad, era amenazada por ser el último bastión de defensa frente al resurgir de ese autoritarismo criollo. Diría Balbín: “en 1853 cayó una dictadura y se levantó una Constitución; ahora, en 1948, cae una Constitución y se levanta una dictadura”.¹⁶
La postura frente a las elecciones constituyentes también significó el inicio de una ergencia cada vez más pronunciada en el interior de las estrategias opositoras de la UCR y del antiperonismo en general. Entre los partidos de menor tamaño, el socialismo anunció por primera vez en su historia la adopción de la abstención electoral, postura que fue seguida por los conservadores y los demócratas progresistas. Con proyecciones electorales poco alentadoras, aquellas fuerzas políticas afirmaron que el clima de restricción a las libertades generado por el gobierno impedía un ambiente de debate propicio para reformar la Constitución. Distinto fue el caso del comunismo, que criticó la postura de los grupos abstencionistas y se presentó a las elecciones, aunque no logró obtener representación en la Convención.
Hacia el interior del radicalismo, el debate frente a los comicios de diciembre reactivó los choques entre unionistas e intransigentes. Los primeros se inclinaban por una lectura similar a los grupos abstencionistas, basada en desconocer la legitimidad de la convocatoria, mientras que los segundos defendían la necesidad de sostener la concurrencia para hacer oír la voz radical en la Asamblea. En una agitada Convención, el partido finalmente acordó una posición intermedia: presentarse a elecciones y asumir las bancas para denunciar la ilegitimidad de la convocatoria, pero abstenerse de presentar proyecto de reforma o modificación alguna en la Convención Constituyente.¹⁷
Las elecciones constituyentes se realizaron el 5 de diciembre de 1948. El peronismo se impuso ampliamente por 1.724.817 votos frente a 767.952 de la UCR y 83.518 del Partido Comunista. En tanto, el voto en blanco, impulsado por el socialismo y otros grupos antiperonistas, alcanzó alrededor de 180.000 sufragios. De esta forma, el oficialismo obtuvo 110 convencionales frente a 48 del radicalismo, y se aseguró así la mayoría absoluta de la Convención.
A pesar de la derrota, el radicalismo se concentró en difundir la consolidación de su propio caudal electoral. En ese sentido, el Comité Nacional difundió un mensaje a sus afiliados en el que resaltó que el partido había encarnado la resistencia ciudadana a un plan “que tiende a legalizar en el país un régimen totalitario”.¹⁸
Aún más contundentes fueron las afirmaciones del comité de la Capital Federal, donde el peronismo no exhibía una ventaja tan abrumadora como en otros distritos. En manos del unionismo, el comité aseveró:
de acuerdo con estas cifras, se ha iniciado en la Capital Federal la gran revolución civil de la clase media, destruida y proletarizada por la política inflacionista y dictatorial del peronismo. Su protesta comicial es el más grande acontecimiento desde la existencia del actual gobierno.¹⁹

De este modo, la UCR porteña no solo destacaba la cantidad de votantes radicales, sino que además los identificaba como “clase media”, en un término que buscaba algún tipo de diferenciación con el electorado peronista.²⁰
En las sesiones de la Convención Constituyente, iniciada a principios de 1949, el protagonismo corrió por cuenta de la intransigencia radical, cuyas intervenciones fueron ilustrativas de los rasgos que había consolidado el discurso opositor a lo largo de esos años. En encendidas intervenciones, referentes de la bancada como Lebensohn y Sobral plantearon la ilegitimidad de la convocatoria y denunciaron que la nueva Constitución venía a consagrar el totalitarismo en el país. Para la intransigencia, en ese sentido, el debate reveló una incorporación más decidida del relato liberal histórico, un acervo consolidado del campo antiperonista, que conectaba la resistencia a la reforma constitucional con la línea Mayo-Caseros.
En tanto, el debate en la Convención también anticipó el endurecimiento de un discurso opositor que incorporó una gramática cada vez más combativa contra el gobierno. Antes de retirar el bloque radical de la Asamblea, Lebensohn declaró que el gobierno se había apartado del orden constitucional y que la reforma dictada solo se mantendría vigente mientras durara su capacidad de imponerla “por la gravitación desnuda de la fuerza”.²¹ Su colega Sobral lo respaldó al afirmar que en la Convención se enfrentaban dos tradiciones históricamente arraigadas en el país: una autocrática, cesarista y justificadora de dictaduras; la otra, portadora de la libertad y la democracia, heredera de la filiación de Mayo, que representaba la UCR. En ese sentido, la reforma constitucional marcaba un capítulo decisivo de dicha contienda, en la cual “una de las dos tiene que sucumbir definitivamente”, aunque se pusiera en juego la vida misma.²²

Entre la lucha y el voto: la transición de 1949 a 1951

Un repaso por el proceso de reforma constitucional de 1949 y sus consecuencias permite plantear un interrogante: ¿marcó aquel episodio una inflexión en la estrategia política del radicalismo? Todo parece que indicar que, en efecto, la aprobación de la Constitución peronista marcó para las fuerzas opositoras el comienzo de un proceso de radicalización política, entendida como la adopción creciente de estrategias extrainstitucionales. El tácito reconocimiento del marco de legalidad que cubría al gobierno, admitido con cierto recelo en la medida que, en esencia, el antiperonismo siempre había visto su aparición en la vida argentina como ilegítima, pareció dar paso a una caracterización que lo describía fundamentalmente a partir de su capacidad de coerción.
Para buena parte de la bibliografía que se ha ocupado de este proceso, la reforma constitucional efectivamente implicó un punto de inflexión. De este modo, se ha señalado que dicha reforma representó para la mayoría de la oposición el quiebre de la legalidad política (Spinelli, 2005: 91) y el derrumbe del orden institucional (Tcach, [1991] 2006: 184). Por otro lado, a partir de entonces, el Poder Ejecutivo reforzaría sus controles sobre el Congreso. A raíz de ello, la Cámara de Diputados habría dejado de ser el espacio privilegiado para que el radicalismo organizase sus estrategias políticas, y acabó por volcarse hacia otras alternativas extrainstitucionales (García Sebastiani, 2005: 121). Por nuestra parte, hemos afirmado que la sanción del estado de guerra interno en septiembre de 1951 terminó por ocupar, en el relato de las fuerzas antiperonistas, un lugar más determinante que la propia Constitución justicialista a la hora de dar cuenta de su propia radicalización política (Pizzorno, 2020).
En ese sentido, no puede afirmarse que a partir de la reforma se haya resuelto sin más el inicio de una estrategia extrainstitucional por parte de la oposición. Si bien es cierto que no pocos sectores antiperonistas parecen, a partir de allí, cada vez más decididos a recorrer ese camino, otras miradas insistirán en la necesidad de disputar el apoyo popular que sustentaba al peronismo, haciendo hincapié en la competencia electoral. Este es el debate que atravesará esencialmente al radicalismo en el período 1949-1951, y profundizará la brecha manifestada hacia el interior del partido en relación con la actitud a tomar en la Convención Constituyente.
Entre la reforma constitucional de marzo de 1949 y la reelección de Perón en noviembre de 1951 se abrió un período de transición que resultaría determinante para las conductas posteriores de todos los actores políticos de la etapa. En ese período, el gobierno peronista reforzaría su veta centralista y el uso de mecanismos de coerción política, a la vez que extendería su influencia sobre ersos ámbitos de la sociedad civil, en un adelanto de algunos rasgos que serían característicos del segundo mandato.²³ Dicha etapa, además, coincide con el agotamiento de la prosperidad económica de los tres primeros años peronistas.
En el radicalismo, las señales de radicalización bajo esta coyuntura se manifestaron en paralelo a la expectativa por el crecimiento electoral que dejaba entrever la conducción partidaria, aunque en realidad corresponde referirse principalmente a la intransigencia bonaerense, dado que, como se verá a continuación, el sabattinismo a partir de entonces se acercaría a los grupos unionistas en el reclamo por la abstención. Dicha expectativa había sido expresada por Balbín en su último discurso antes de ser expulsado de la Cámara de Diputados en septiembre de 1949, cuando el jefe del bloque radical espetó a la bancada oficialista: “Antes nosotros éramos pocos y ustedes muchos. ¡Sería conveniente que se entretuvieran en averiguar por qué ahora nosotros vamos siendo más y ustedes menos!”.²⁴
En su descargo, Balbín insistió en el argumento que hacía hincapié en el crecimiento electoral del radicalismo a instancias del peronismo. Se trataba, ciertamente, de una mejora modesta, aunque también se trataba de la mejora que consolidaba a la UCR como la única fuerza opositora relevante en términos electorales. Esa expectativa indica cómo, incluso después de la reforma constitucional, un sector importante de la oposición sostuvo una estrategia eminentemente institucional, aún en el marco del intenso enfrentamiento que mantenía con el gobierno peronista. No fue el caso del bloque abstencionista, que, además de su rechazo a la fórmula Balbín-Frondizi para las elecciones de 1951, inició su acercamiento a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas (Tcach, [1991] 2006: 186).
En los ersos comicios provinciales de 1950, se hizo patente la tensión entre la creciente denuncia de los candidatos radicales contra los abusos del aparato estatal en favor de las candidaturas oficiales y la apología de la mejora de la performance electoral de la UCR en relación con los resultados de 1948. Un ejemplo es aportado por las elecciones de la provincia de Entre Ríos, donde el candidato unionista a gobernador Silvano Santander perdió frente al postulante del peronismo, el general Ramón Albariños, por amplia diferencia. Al día siguiente de la elección, el radicalismo entrerriano, bajo control del sector unionista del partido, rechazó “las irregularidades y los excesos del peronismo”, entre los que mencionaba el acompañamiento de la policía a los candidatos oficialistas o el uso de vehículos públicos para la campaña. De este modo concluía:
Frente a este impúdico, violento y descarado desborde de un oficialismo que se confunde en su acción con la del Partido Peronista, volcando todos los resortes que da el poder y violando todas las normas morales y legales en procura de un triunfo comicial, el radicalismo ha dado una vez más una alta lección de virtud cívica. (…) Por ello, sin aceptar como verdad los guarismos de este comicio desquiciado por la venalidad del fraude preelectoral y electoral, reitera al pueblo su confianza en el triunfo seguro de la democracia que nuestro partido representa.²⁵

El comunicado de la UCR entrerriana pone de relieve cómo había mutado buena parte del antiperonismo desde febrero de 1946 a la fecha. Las irregularidades enumeradas por el radicalismo no eran sustancialmente distintas a las que había denunciado en elecciones anteriores. Sin embargo, aquellas inequidades que en 1946 habían configurado un “fraude preelectoral” que minaba la legitimidad de origen de Perón, aquí ya se convertían en un verdadero fraude “preelectoral y electoral” que obligaba a desconocer abiertamente el resultado de la elección. Ello no impidió a Santander celebrar la mejora de la performance del partido, al mismo tiempo que auguró que la lucha habría de seguir y que la UCR estaría a su disposición, fuera ella tranquila o turbulenta.²⁶ En ese sentido, las frecuentes exhortaciones radicales a la ciudadanía a una lucha o un combate entendidos en un sentido no excluyentemente institucional intentaban sintetizar las diferentes posibilidades de acción que aparecían en el horizonte para las fuerzas antiperonistas.
El 28 de septiembre de 1951, una frustrada asonada militar encabezada por el general retirado Benjamín Menéndez reveló que para una parte considerable de la oposición estas posibilidades incluían un acuerdo con sectores de las Fuerzas Armadas para generar una salida por la fuerza del gobierno. Allí aparecían principalmente comprometidos dirigentes del radicalismo unionista como Miguel Ángel Zavala Ortiz, Mauricio Yadarola y Santander, aunque intransigentes como Frondizi también habrían estado al tanto de los preparativos. La UCR mantuvo un sugestivo silencio tras los hechos y ninguno de sus órganos partidarios emitió declaración alguna para desmentir su participación en el intento de golpe militar. Poco después de un mes, Perón obtendría la reelección con una sostenida ventaja que haría muy difícil imaginar un triunfo opositor a través de las urnas y, en ese sentido, daría más énfasis a las propuestas extrainstitucionales.

Entre el programa intransigente y el voto antiperonista

El resultado de las elecciones presidenciales del 11 de noviembre de 1951, además de consolidar una mayoría estable de apoyo al peronismo de alrededor de dos tercios del electorado (4.715.168 votos), confirmó también al radicalismo como el único partido opositor relevante en las urnas (2.415.750 votos). La mejora del desempeño radical comprobó en el orden nacional una tendencia hacia la concentración del voto antiperonista en la UCR a expensas del resto de las fuerzas opositoras.
Sin embargo, gracias a la reforma del sistema electoral previa a la elección, la victoria oficialista se amplificó en la Cámara de Diputados, y obtuvo así la totalidad de las bancas a excepción de catorce, que fueron para la UCR. En la Capital Federal, donde el radicalismo hizo su mejor desempeño, el reparto de escaños fue aún más discrecional: el 53% de los votos le garantizó veintiséis diputados al peronismo, mientras que el 42% de la UCR apenas le permitió colocar seis. Esto redujo fuertemente la presencia radical en el Congreso de la Nación, que se vio agravada por la renuncia de los veinte diputados electos en 1946, que no aceptaron la prórroga de los mandatos hasta 1952 dispuesta por la reforma constitucional, al extender de cuatro a seis años la duración del cargo.
Mientras el radicalismo se consolidaba como la única fuerza opositora relevante en términos electorales, su mapa interno de poder sufría modificaciones. Como se dijo, la novedad que introdujo este período fue la isión de la intransigencia entre el ascendente sector bonaerense y el sabattinismo cordobés. El recelo entre ambos sectores, de pronunciado contraste entre la encendida prédica parlamentaria de Balbín y Frondizi y el estilo cauto y silencioso de Sabattini, se había empezado a vislumbrar a mediados de 1949, cuando la muerte del bonaerense Roberto Parry, figura de consenso para el conjunto del MIR, obligó a resolver la sucesión del presidente del Comité Nacional. En febrero de 1950, su reemplazante fue el sabattinista Santiago del Castillo, quien prevaleció sobre las intenciones de Balbín de ocupar el cargo gracias al apoyo que le brindaron los delegados unionistas. Este acuerdo se vio plasmado en el ingreso de dirigentes de dicho sector a la nueva mesa directiva del partido (Tcach, [1991] 2006: 150; García Sebastiani, 2005: 199).
Por su parte, los unionistas relanzaron en 1950 su corriente interna bajo el nombre de Unidad Radical con los diputados Santander y Yadarola como principales referentes. Su premisa básica era la unidad de toda la oposición al peronismo, dejando de lado las diferencias programáticas y alentando el abandono de la participación electoral. También el sabattinismo había iniciado un viraje hacia el abstencionismo: tras la reforma constitucional declaró que se había abierto una etapa de “subversión institucional” y empezó a proclamar una “abstención revolucionaria” en consonancia con la tradición yrigoyenista. En ese sentido, como afirma Tcach ([1991] 2006: 155), dicha estrategia, además, le permitía a Sabattini inutilizar el espacio parlamentario, que era el ámbito más idóneo para el fortalecimiento de sus rivales dentro de la intransigencia.
De cara a las elecciones presidenciales de 1951, estos movimientos hacia el interior del radicalismo se manifestaron con claridad en sucesivas convenciones nacionales. Los unionistas allí plantearon la comunión de todos los grupos internos en lucha abierta contra el peronismo:
Sólo nos mueve el deseo de vigorizar la acción del partido en su lucha contra el régimen imperante. Esta hora es de combate y cualquier discrepancia de orden programático que pudiera diferenciarnos, debe diferirse hasta que hayamos logrado el restablecimiento de las instituciones de la República, móvil éste en el que entendemos que no puede haber discrepancia.²⁷

El blanco de esta crítica apuntaba al énfasis programático de la intransigencia bonaerense, que rechazaba cualquier asociación que tuviera algún parecido con la vieja UD y sostenía que era necesario construir una oposición al peronismo que fuera más allá del mero “contrerismo” (Persello, 2007: 165). En ese sentido, en el II Congreso Nacional del MIR, el bonaerense Alejandro Gómez respondió:
Se trata de dos concepciones políticas distintas: mientras nosotros nos amparamos en la concepción que desarrolla Yrigoyen y nos declaramos demócratas, populares y revolucionarios, ellos [los unionistas] toman posiciones conservadoras, criticando sólo medios y olvidando de exprofeso que estamos en una crisis de fines (citado en Del Mazo, 1957: 193).

Esta clase de discrepancias se filtró en más de una ocasión en el seno del bloque de diputados nacionales, a pesar de los denodados esfuerzos de ambos sectores por supeditarlos a una férrea actitud opositora común. Probablemente la ergencia más importante haya sido la referente a la adhesión al Tratado de Río de Janeiro, impulsada por el peronismo en 1950 a pedido del gobierno estadounidense.²⁸ El debate en el recinto planteó diferencias entre los diputados radicales, aunque, paradójicamente, esta vez fueron los unionistas quienes coincidieron con el proyecto oficialista, al señalar que la adhesión al tratado se inscribía en la orientación internacional histórica del radicalismo. En cambio, la intransigencia, en un anticipo de una tendencia que se vería acentuada en los años posteriores, subrayó su rechazo y encargó a Frondizi una dura intervención en la que criticó el doble discurso del peronismo, ya que “mientras dicen oponerse al imperialismo, aceptan arreglos financieros o petroleros con esos intereses monopolistas norteamericanos”.²⁹ En la votación, el sector unionista se retiró del recinto para no mostrar fisuras dentro del bloque y dejó a los intransigentes manifestarse en contra, aunque este contrapunto y otros similares no dejaron de ser puestos en evidencia por la bancada peronista para provocar a sus rivales.³⁰
Tras la reelección de Perón, para el grupo intransigente a cargo de la dirección del partido quedaría planteada la paradoja de que, en paralelo al despliegue de un programa de un progresismo cada vez más audaz, su base electoral se nutría, en términos fundamentales, del voto cerrilmente antiperonista de las clases medias que veían en la UCR la única fuerza capaz de rivalizar con el oficialismo. Al respecto ironizó Halperín Donghi, cuando dijo que aquel electorado conservador dispuesto a aplaudir a los candidatos radicales mostraba una disposición mucho menor a escucharlos ([1964] 2006: 137). De este modo, a partir de las elecciones de 1951, como indica García Sebastiani, la UCR se convirtió en el partido de los antiperonistas (2005: 246).
Por otro lado, el radicalismo era plenamente consciente de la necesidad de captar el voto antiperonista, y en la campaña de 1951 se concentró en denunciar principalmente las restricciones a las libertades públicas por parte del régimen peronista. Si bien la Convención Nacional había aprobado como programa electoral las “Bases de Acción Política” –documento doctrinario elaborado por la intransigencia en 1947–, la plataforma final incorporó enmiendas dirigidas al resto de los votantes opositores. En ella se incluyeron, como tres primeros puntos, referencias a la recuperación de la libertad, la democracia y la moral, además de omitir la defensa a la Ley 1.420, que reglamentaba la enseñanza laica, expresamente mencionada en las “Bases”, en un guiño dirigido a los votantes católicos (García Sebastiani, 2005: 248; Babini, 1984: 78).

La abstención electoral como eje de la disputa interna

Acaso la movilización por la muerte de Eva Perón en julio de 1952 haya sido la última prueba que requerían los grupos opositores más radicalizados para abandonar el camino institucional. Si la contundente reelección de Perón, potenciada por los artilugios que permitían al oficialismo multiplicar su representación institucional, había revelado que una victoria opositora a través de las urnas era una posibilidad remota, la impresionante demostración popular tras la muerte de Eva evidenció con toda crudeza la fortaleza del vínculo entre el gobierno y las masas peronistas. Este escenario no podía más que reforzar la opción extrainstitucional en las filas opositoras, como empezó a quedar claro en la segunda mitad de 1952, cuando el abandono de toda participación en el ámbito institucional se volvió un fuerte reclamo por parte de muchos antiperonistas.
En agosto de 1952, los legisladores provinciales y concejales de la UCR de Mendoza presentaron la renuncia a sus bancas por considerar que había “desaparecido el régimen democrático parlamentario”. Aquella decisión fue avalada por el comité provincial, bajo control unionista, y advertida por el Comité Nacional, que notificó a todos los parlamentarios del partido que debían mantenerse en el ejercicio de sus mandatos hasta que las autoridades nacionales dispusieran lo contrario.³¹
Sin embargo, el debate en torno al abandono de las bancas fue en ascenso y se convirtió en la principal cuestión de cara a la convención radical a celebrarse en diciembre de 1952. Los unionistas insistieron en evitar allí todo debate doctrinario y concentrarse en “el inmediato abandono de todos los cargos electivos” que mantuviera el partido.³² Por entonces, el radicalismo contaba con un bloque de catorce diputados nacionales recién asumidos, ididos entre siete intransigentes y siete unionistas, que intentaban disimular lo que ya era una virtual fractura del partido. De cualquier modo, el volumen de la bancada evidenciaba la progresiva merma de diputados que la UCR sufrió a lo largo de la década peronista: 44 en 1946; 30 en 1950; 14 en 1952; y 12 en 1955.
La dirección intransigente, renuente a resignar la visibilidad política que otorgaba el ámbito parlamentario, enmarcó su posición en lo que llamó la “línea combatiente”, que reivindicaba sostener la oposición al peronismo en el ámbito institucional y, a la vez, una fuerte defensa del carácter programático del radicalismo. El principal vocero de esa postura fue Lebensohn, elegido presidente de la convención, quien al final de un largo debate declaró:
Para combatir al fascismo es preciso demostrar cómo la democracia puede suprimir en libertad las causas de fondo que trajeron a los sistemas negatorios de la dignidad humana. Esta tarea se tornará mucho más difícil o imposible en la abstención. Por la gravitación de las circunstancias de hecho, el radicalismo quedaría limitado a la defensa exclusiva de la libertad. (…) Para esa tarea fundamental son útiles y deben utilizarse todos los medios, incluso las bancas legislativas, que definen con actos las posiciones del radicalismo. (…) El deber del radicalismo es aprovechar intensamente cada minuto su afianzamiento doctrinario en los sectores populares y en su organización, que le permita tomar contacto y gravitar decisivamente en todos los procesos de formación y movilización de la conciencia pública (citado en Del Mazo, 1957: 181).

Para Lebensohn, el mantenimiento de las posiciones públicas contribuía a sostener un canal de difusión de los principios doctrinarios del partido. Este diagnóstico compartía la caracterización del peronismo como un régimen que avasallaba las libertades básicas, pero entendía que no podía replicarse el error de confrontarlo desde una defensa “abstracta” de la libertad, sino con un fuerte contenido programático que interpelara a los sectores populares que adherían al peronismo.
Una nueva convención ratificó en abril de 1953 la “línea combatiente” impulsada por la mayoría intransigente. Allí, nuevamente Lebensohn defendió la moción “frente al reclamo de los que quieren aplicar a todos, indiferenciadamente, la norma niveladora de la abstención”, y se mostró contrario a quienes proponían aliarse tácitamente “con sectores políticos incompatibles con nuestra doctrina” (citado en Del Mazo, 1957: 188), en alusión a los conservadores, que acababan de adoptar la abstención electoral.³³
A inicios de 1954, la dirección intransigente impulsó a Frondizi para la presidencia del Comité Nacional. Su designación se llevó a cabo en una tumultuosa jornada en la que los delegados unionistas y sabattinistas se retiraron de la Casa Radical y desconocieron el resultado de la votación. Tras aludir presuntas irregularidades en el mecanismo de elección de delegados, el unionismo declaró que la conformación de la nueva mesa directiva íntegramente intransigente era “el resultado de procedimientos jamás usados en la UCR, incompatibles con el ejercicio de una democracia interna y fruto de actitudes dirigidas por un grupo minoritario”.³⁴
Otra consecuencia de aquella votación fue la ruptura formal del MIR, dado que el sabattinismo anunció a los pocos días el lanzamiento del Movimiento de Intransigencia Nacional (MIN). En su documento fundacional, la nueva corriente interna declaró que “una profunda crisis desnaturaliza y corrompe al Movimiento de Intransigencia y Renovación de la UCR” y cuestionó a la flamante conducción nacional, al declarar que “por audacia de sus dirigentes ha dejado de encauzar una tendencia para servir a una fracción”.³⁵
La asunción a la presidencia de la UCR dio un fuerte protagonismo a la figura de Frondizi, quien a partir de entonces experimentaría un vertiginoso ascenso que lo llevaría de delegado por la minoría del radicalismo porteño a presidente de la Nación en un lapso de cuatro años. Hacia 1954, el nuevo presidente del Comité Nacional había logrado atraer a un público joven y progresista a las filas del radicalismo y representaba el carácter programático que la nueva conducción procuraba imprimir al partido.
Esta veta doctrinaria fue sin duda reforzada por la moderación de la política económica que Perón ensayó desde su reelección. Esta moderación dio lugar a que la intransigencia radical desplegara con mayor énfasis un discurso nacional-popular que intentó valerse del aparente retroceso del gobierno en la materia. En particular, la cuestión petrolera, fuertemente defendida por Frondizi en su libro Petróleo y política, publicado con amplia difusión en 1954, representó uno de sus principales tópicos, al denunciar las tratativas del gobierno con compañías extranjeras para concesionar la explotación de petróleo en la Patagonia.
A pesar de su énfasis programático, la nueva conducción radical no aminoró su discurso tenazmente opositor, que en su descripción del estado de las libertades públicas no difería demasiado del resto del antiperonismo. En febrero de 1954, el Comité Nacional difundió un mensaje dirigido al pueblo argentino, en el que se diagnosticaba la “honda crisis moral” que atravesaba la vida nacional, con ersas menciones a la corrupción, el miedo y la delación existentes en sector público. También se cuestionaba tanto la politización del ámbito educativo como el “culto idolátrico” del régimen, y se aseguraba que el país vivía bajo un sistema totalitario.³⁶ 
Mientras tanto, los rivales internos del frondicismo comenzaron a denunciar que la vocación ideológica del Comité Nacional tenía menos que ver con las banderas históricas del radicalismo que con un giro cada vez más pronunciado hacia el marxismo o incluso al filoperonismo. En ese sentido, una declaración de los delegados unionistas afirmaba:
Nosotros podemos decir, para que no haya confusiones y para que nos entendamos, que en el radicalismo todos somos antiimperialistas y que este grupo de hombres está decididamente en contra de todos los imperialismos políticos y económicos, de izquierda y derecha. Que en el orden económico y social no aceptamos posiciones conservadoras o reaccionarias, pero tampoco admitimos que se transforme al radicalismo en un socialismo vergonzante ni que se lo gire hacia el marxismo o hacia el comunismo.³⁷

Dicho cuestionamiento se unía a la denuncia de los “métodos de carácter totalitario” de la nueva mesa directiva, en relación con las intervenciones dispuestas sobre los distritos díscolos donde pesaba alguna objeción en torno a las autoridades constituidas.³⁸ Aquellas críticas, encuadradas en los términos que el radicalismo unionista solía reservar para el peronismo gobernante, no eran fruto de la casualidad: otra de las acusaciones de los rivales internos del frondicismo aludía a su sospechoso parecido con el régimen político vigente (Persello, 2007: 165).
En junio de 1954, el Comité Nacional se refirió de manera pública a los conflictos intestinos del partido, y asoció al unionismo con la oposición a Yrigoyen y con la conformación de la UD. A su vez, aseguró que aquellas conductas habían violado “los principios morales y doctrinarios” de la UCR.³⁹ En noviembre, la intransigencia se impuso nuevamente en la Convención Nacional ante unionistas y sabattinistas, y declaró: “Radicales son todos los que quieren, como lo quiere la mesa directiva, una revolución radical liberadora y creadora, que consume en el orden social, político, económico y espiritual el programa de las generaciones fundadoras”.⁴⁰
El tono de estas declaraciones retomaba la vieja disputa interna respecto de la identidad radical. Para la conducción intransigente –donde, a pesar de sus diferentes matices y estilos, aún convergían frondicistas y balbinistas–, aquellos que adoptaban el rótulo radical sin asumir un programa revolucionario no eran consecuentemente radicales. De este modo, hacia fines de 1954, el triunfo en los organismos partidarios había consolidado a la nueva conducción radical bajo la impronta ideológica que aportaban Frondizi y sus colaboradores, aunque con un desacuerdo interno que ponía a la UCR al borde de una fractura.

La radicalización opositora y la crisis final del gobierno

Al tanto de la creciente radicalización antiperonista, Perón procuró a lo largo de su segundo mandato establecer un canal de diálogo con ersos partidos, tendientes a consolidar un espacio de oposición leal que se mantuviera lejos de los vínculos militares. En ese sentido, los discursos del primer mandatario volvían frecuentemente sobre la distinción entre una oposición legal, que según la palabra presidencial contaba con todas las garantías para ejercer su actividad política, y otra conspirativa, que se rebelaba contra la ley y debía ser reprimida por la fuerza.
Las gestiones de diálogo se oficializaron después de un episodio que dio curso a manifestaciones de violencia política como nunca se había visto desde que el peronismo gobernaba el país: el 15 de abril de 1953, mientras Perón encabezaba un acto de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Plaza de Mayo, la detonación de una bomba oculta causó seis muertos y centenares de heridos entre los manifestantes. La investigación posterior determinó la autoría del atentado en un grupo de jóvenes universitarios de familias tradicionales. Algunos de ellos pertenecían al conservadurismo o al radicalismo y, si bien mantenían ciertos contactos con algunos dirigentes opositores y militares de baja graduación, no constituían una organización política permanente. En tanto, la contracara violenta de la jornada fue el incendio de locales partidarios opositores, entre ellos la Casa Radical, llevado a cabo esa misma noche por militantes de la Alianza Libertadora Nacionalista.
A pesar de que una imagen habitualmente provista por la historiografía describe a partir de entonces una escalada de radicalización ininterrumpida que desemboca en la caída de Perón en 1955, lo cierto es que, durante la segunda presidencia, a cada momento de convulsión política le siguió un intento de descompresión por parte del gobierno. Esto permite concebir el proceso de radicalización en curso de forma más oscilante e intermitente que como un ascenso en espiral. Este fue el marco en el que, durante la segunda mitad de 1953, el gobierno peronista lanzó una convocatoria a la “convivencia política” dirigida a los partidos opositores.
Aquella ronda de diálogo halló a sus principales interlocutores en la dirigencia tradicional del Partido Demócrata, que acudió a un encuentro con Perón para solicitar el fin del estado de guerra interno y la liberación de los presos políticos, aunque despertó una fuerte resistencia en un sector más radicalizado de los conservadores.⁴¹ Por su parte, el radicalismo se negó a participar del convite y fue por ello objeto de los cuestionamientos del ministro de Interior, Ángel Borlenghi, quien responsabilizó al partido por mantener su “posición de ilícita e intolerable beligerancia frente al gobierno”, que consideró “imputable principalmente a uno de los sectores en que se ide el radicalismo”.⁴² Acaso esta diferenciación, que responsabilizaba sin mencionarlo al sector unionista, buscaba también un gesto de conciliación dirigido a la conducción intransigente.
El Comité Nacional dedicó un extenso documento a contestarle a Borlenghi, en una pieza que resume como pocas las similitudes programáticas que existían, a pesar de su intenso enfrentamiento, entre la intransigencia y el peronismo. En él, la conducción radical negó toda clase de participación del partido en maniobras de desestabilización o de violencia, aunque, de forma inédita, reconocía su accionar beligerante frente a las restricciones oficiales: “La UCR admite lealmente que, privados de los recursos que la civilización política ha creado para la lucha, sus hombres hayan debido incurrir en acciones de dura exaltación”. Más adelante, el texto daba cuenta de una larga lista de temas –política internacional, nacionalizaciones y leyes sociales, entre otros– que eran presentados como una contribución original del radicalismo y que ahora al partido le complacía que fueran compartidos por el poder público.⁴³
Aquel inusual documento del Comité Nacional expresó la forma que la dirección intransigente halló para dialogar con los gestos de descompresión política enviados por el Poder Ejecutivo, aunque subordinados a una clara postura opositora que no podía abandonar de cara a su base de sustentación antiperonista. Hacia fines de 1953, el rechazo de toda la oposición al proyecto de ley de amnistía para presos políticos con el que el gobierno intentó coronar las gestiones de diálogo, reveló los límites del ensayo oficial de convivencia política.⁴⁴
Tras la reelección de Perón, el ascenso de la conflictividad y de la polarización de los años anteriores había conducido a que todo intento del gobierno por disminuir los niveles de tensión fuera interpretado como una señal de debilidad y, de esa forma, produjera en buena parte del campo opositor el efecto contrario al deseado por el oficialismo. Dentro de cada partido, los sectores más proclives al diálogo fueron severamente cuestionados por los grupos más antiperonistas que no concebían un acercamiento con el gobierno que no fuera entendido como una capitulación A esa altura de los hechos, para los sectores más radicalizados ya no era posible apaciguamiento alguno y, a través de sus crecientes contactos con los militares, creían que la salida por la fuerza del gobierno debía ser llevada adelante sin titubeos.
Hacia fines de 1954, el conflicto de Perón con la Iglesia y el posterior salto de la militancia católica al campo antiperonista contribuyeron resueltamente en esa dirección. A medida que se hizo evidente que la Iglesia empezaba a ocupar un lugar destacado como antagonista del gobierno, ersos sectores de la oposición fueron sumando su apoyo a la causa católica, incluso aquellos que pertenecían a una notoria tradición anticlerical, como los socialistas. En ese sentido, el Comité Nacional de la UCR expresó su “solidaridad con los católicos perseguidos” y aseguró que “pretender poner la religión al servicio de los regímenes políticos es un índice más de la retrogradación a que son sometidos los pueblos por los sistemas totalitarios”.⁴⁵
En mayo de 1955, el gobierno avanzó en una ofensiva contra la Iglesia con un paquete de leyes en el Congreso: la derogación de la enseñanza religiosa obligatoria, la declaración de necesidad de una nueva reforma de la Constitución Nacional para garantizar la separación entre Estado e Iglesia y la eliminación de exenciones impositivas de la que gozaban ersas instituciones religiosas. Esta andanada de medidas implicó un dilema para la representación legislativa de la UCR, que rechazó el retorno a la Ley 1.420 a pesar de admitir que el retorno a la educación laica constituía un reclamo histórico del radicalismo. “No nos queremos mezclar con la mayoría en un bajo menester político”, sostuvo en el recinto el intransigente Oscar Alende.⁴⁶
Tras el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio, que evidenció la profundización de la apuesta conspirativa y la introducción declarada de la violencia política, el bloque de diputados radicales expresó su pesar por la muerte de numerosas personas y manifestó su solidaridad con los hogares afectados.⁴⁷ Una primera declaración del partido se desligó de los hechos, al afirmar que era “norma tradicional de la UCR no participar en movimientos armados que ella no prepara y dirige”. No obstante, hacia fines de junio, la mesa directiva del Comité Nacional dio a conocer otro comunicado, en el que saludó a “los marinos y aviadores que han expuesto su vida, su carrera, su tranquilidad y la de sus familias para asumir la responsabilidad de terminar con un gobierno de fuerza”, en una referencia hasta entonces inédita a las Fuerzas Armadas por parte de la UCR desde que Perón era presidente (Babini, 1984: 131).
Después del bombardeo, Perón intentó de manera infructuosa repetir la fórmula ensayada dos años atrás, y convocó oficialmente a la oposición a la “pacificación”. Como muestra de buena voluntad, los dirigentes antiperonistas reclamaron acceder por primera vez a la radio para poder dirigirse a la ciudadanía. El gobierno finalmente autorizó el pedido, y a Frondizi le tocó transmitir el primer discurso opositor mientras enfrentaba la virtual fractura de su partido: en mayo de 1955 se había consumado la ruptura del bloque parlamentario, entre uno intransigente presidido por Alende, reconocido por el Comité Nacional, y otro unionista liderado por el cordobés Yadarola.⁴⁸
El mensaje radial de Frondizi fue seguido con suma atención por la opinión pública antiperonista. Su discurso tuvo la habilidad de situarse por encima de la disputa interna que hacía crujir al radicalismo y de convertirse en portavoz de una agenda política opositora basada principalmente en la restitución de las libertades públicas.⁴⁹ Sin embargo, aquello no detuvo la progresiva isión del partido, manifestada otra vez en la Convención Nacional de la UCR celebrada a mediados de agosto. Allí, el unionismo, apoyado por el sabattinismo, acusó a la conducción partidaria de sostener una isión funcional al gobierno y declaró que “nuevamente el sector intransigente, como en [los encuentros partidarios de] mayo de 1954 y mayo de 1955, en los momentos de mayor crisis oficialista, reincide en la tarea de idir al partido y enervar la acción opositora”.⁵⁰
Mientras tanto, las gestiones oficiales de distensión pronto hallaron sus límites. De modo más o menos velado, todos los mensajes opositores coincidieron en responsabilizar al gobierno por el clima de violencia reinante y en reclamar el alejamiento de los responsables –es decir, Perón– para avanzar en una pacificación verdadera. El gobierno respondió con la declaración del fin de la tregua política y el célebre discurso del “cinco por uno” de Perón en Plaza de Mayo. La distancia insalvable entre oficialismo y oposición en los ámbitos institucionales reproducía la isión palpable en el seno de la sociedad, donde la exaltación de los partidarios también alimentaba las inflexibles actitudes de las fuerzas políticas.
El radicalismo, al igual que el resto de los partidos opositores, contempló la caída del gobierno que tanto había combatido detrás del protagonismo que, a lo largo de 1955, adquirieron católicos y militares rebeldes.⁵¹ Esto no impidió a todo el arco antiperonista aclamar el advenimiento de la “Revolución Libertadora”, a la que saludó como una restitución de los valores de la libertad y la democracia en reemplazo de un régimen totalitario que encarnaba su opuesto. En su declaración posterior a la caída de Perón, la UCR responsabilizó al gobierno por clausurar los caminos legales y aseguró que el alzamiento fue el último recurso al que se vieron compelidos el pueblo y las Fuerzas Armadas. “El régimen que acaba de caer, que negó la libertad, la justicia y la moral y negoció la soberanía, queda señalado para siempre como el único responsable de esta tragedia”, determinó.⁵²
Aquel relato, que compartió el tono general de las fuerzas opositoras frente a la caída del peronismo, anticipó el abierto y orgánico respaldo del radicalismo al régimen militar emanado de las jornadas de septiembre de 1955. Sin embargo, el nuevo contexto no detendría el proceso de isión partidaria: a inicios de 1957, en un nuevo reordenamiento interno marcado por el salto de los sectores balbinistas del MIR a la alianza disidente de unionistas y sabattinistas, se consagraría finalmente la fractura formal de la UCR.⁵³
Las diferentes posturas frente a la “Revolución Libertadora” que terminaron consumando la isión no dejaban de estar vinculadas a las diferentes concepciones del fenómeno peronista, que continuó asediando a todas las fuerzas políticas que habían formado parte de la oposición hasta 1955. Allí prevalecieron básicamente dos conductas: las que se esforzaron por borrar toda huella que el peronismo hubiera dejado en la sociedad argentina, tarea que se sostenía en una ampulosa vocación pedagógica de las masas y que por lo general se consumó a través de la proscripción o la represión abierta; y las que se lanzaron al desafío de interpelar a las bases peronistas para albergar sus propios proyectos políticos.

Conclusiones

La Unión Cívica Radical fue la principal fuerza política opositora a Perón y, a raíz de ese desempeño, se ganó un lugar como su contendiente en un esquema bipartidista que se prolongó más allá de 1955. Sin embargo, su protagonismo opositor en los años del primer peronismo coincidió con una creciente isión interna entre los dos sectores principales del partido.
Si bien aquellas tensiones eran previas a la aparición del peronismo, su llegada al poder profundizó y resignificó la disputa por el sentido de la tradición radical que libraban unionistas e intransigentes. Los primeros se nutrían esencialmente del antiperonismo de sesgo antifascista y liberal que había digitado los parámetros de la UD y que acaso, junto al resto de otras fuerzas políticas menores, mejor representaba el espíritu del tercio irreductible del electorado opositor a Perón concentrado en las clases medias urbanas. No resulta casual que, en el largo plazo, se perciba que el férreo posicionamiento opositor de la UCR entre 1946 y 1955 fue determinante en la construcción de la imagen de un partido vinculado con la representación de las clases medias y la defensa de los postulados liberales y republicanos.
Por su parte, para la intransigencia, el ascenso del peronismo motivó una confrontación no menos intensa por la titularidad de banderas que dicho sector asociaba estrechamente al sentido intrínseco de lo radical. Su obstinación por recuperar dichas credenciales motivó una convicción más decidida por competir en la disputa electoral y en la renuencia a la dilución del radicalismo en una alianza opositora sin más vocación programática que un antiperonismo urgente y declarado.
Los dilemas que atravesó el radicalismo entre 1946 y 1955 son representativos de las alternativas contradictorias que experimentó el antiperonismo en su conjunto. Si el discurso de la cúpula partidaria intransigente impide suscribir el relato propiciado por el peronismo acerca de una oposición esencialmente contraria a las reformas sociales en curso, no menos cierto es que el celo doctrinario del MIR se erigió en relativa soledad dentro del campo antiperonista, cuyas expresiones más inflexibles no dejaban de señalar el sospechoso parecido de la retórica intransigente con la gubernamental.
En el unionismo radical, y en el resto de los partidos tradicionales –a excepción del comunismo–, la impugnación a la experiencia peronista tuvo menos reparos para delimitar la crítica al gobierno de la orientación general de sus políticas. Desde esta perspectiva, cualquier medida que impulsara una mayor intervención estatal en la economía, como las que se podían encontrar en el Plan Quinquenal de 1946, era interpretada como la consolidación de una matriz totalitaria o personalista.
De este modo, el rumbo del debate público desde el inicio de la presidencia de Perón relativiza la idea de que tanto el oficialismo como la oposición compartían una misma orientación ideológica sobre las cuestiones económicas y sociales. Si bien es cierto que estas similitudes podían encontrarse en viejos proyectos del radicalismo o el socialismo, en el programa de la UD para las elecciones de 1946 o en la batería de propuestas del bloque radical en el Congreso Nacional, estas cuestiones fueron frecuentemente subordinadas en la intervención política de estos actores a una crítica centrada en el ataque a las libertades públicas que ejercía el gobierno. La dinámica del antagonismo llevó al conjunto de la oposición a concentrarse cada vez más en la defensa de estas libertades, que constituía el flanco donde el peronismo podía ser atacado con mayor énfasis, y relegar en la práctica otras cuestiones que en muchos casos habían ocupado un lugar importante en la historia de estas fuerzas partidarias.
Después de la reelección de Perón en 1951, y del aumento de las restricciones a las vías de participación política opositora, el radicalismo reprodujo en su seno un debate transversal al antiperonismo respecto de los modos de ejercer la confrontación al gobierno. Mientras la dirección partidaria en manos del MIR decidió sostener la concurrencia electoral y parlamentaria, los unionistas, ahora aliados al sabattinismo, presionaron por retomar la vieja tradición abstencionista de la UCR como forma de desconocer la legalidad del régimen peronista.
En septiembre de 1955, un radicalismo virtualmente fracturado interrumpió por un momento sus conflictos internos para celebrar el advenimiento de la “Revolución Libertadora”, aunque la nueva coyuntura no tardaría en profundizar las ergencias. Para entonces, aun sin Perón en la presidencia, la posición frente al peronismo constituyó un factor determinante en el reordenamiento del radicalismo y de todo el arco político.

Referencias

¹ …Antinazi, “Prosigamos la lucha”, 7 de marzo de 1946, p. 1.

² La Prensa, “Da su juicio sobre el momento político la Unión Cívica Radical”, 13 de abril de 1946, p. 10.

³ Sobre los orígenes de la intransigencia radical, ver Tcach ([1991] 2006) y Giménez (2014). Para testimonios desde la propia militancia intransigente, Del Mazo (1957) y Babini (1984).

⁴ La Prensa, “La mesa directiva de la Unión Cívica Radical acordó anoche la unión con las fuerzas democráticas”, 15 de septiembre de 1945, p. 9.

⁵ Sobre la conformación de la Unión Democrática, ver Bisso (2005), García Sebastiani (2005), Luna ([1969] 1971) y Nállim (2014).

⁶ “Manifiesto de los representantes del radicalismo intransigente en la Junta Nacional de la Unión Cívica Radical”, 18 de diciembre de 1946 (citado en Altamirano, 2001: 231).

⁷ Esta concepción, de neta inspiración yrigoyenista, está más presente en el “Manifiesto de los Tres”, y en la “Profesión de fe” del año siguiente, que en la fundacional “Declaración de Avellaneda”, la cual en su oposición al acuerdo con otras fuerzas políticas no dejaba de considerar a la UCR como una más entre ellas. Mientras que la “Declaración de Avellaneda” se atribuye principalmente a Arturo Frondizi, la “Profesión de fe” se asocia a Gabriel del Mazo.

⁸ Sobre el ascenso del MIR a la conducción partidaria, ver Tcach ([1991] 2006), Persello (2007), García Sebastiani (2005) y Del Mazo (1957).

⁹ Sobre las similitudes discursivas entre la intransigencia radical y el peronismo, ver Azzolini y Melo (2011).

¹⁰ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación (DSCD), 1946, Tomo VII, p. 311.

¹¹ Sobre el “Bloque de los 44” y su actividad parlamentaria, ver Ciria (1983) y García Sebastiani (2005).

¹² DSCD, 1946, VI, p. 96.

¹³ DSCD, 1946, I, p. 35.

¹⁴ La Prensa, “Hoy terminará la campaña electoral para los comicios del domingo”, 5 de marzo de 1948, p. 8.

¹⁵ Aquel argumento formaría parte de los considerandos de la proclama del 27 de abril de 1956 del gobierno de facto de Aramburu que derogó la Constitución de 1949. No obstante, había antecedentes históricos a favor del peronismo: las reformas constitucionales de 1860 –que incorporó a Buenos Aires– y de 1866 se aprobaron con dos tercios de los presentes, mientras que la reforma de 1898 sí se hizo sobre dos tercios totales. Al respecto, ver Pizzorno (2019).

¹⁶ La Prensa, “La Unión Cívica Radical realizó un acto en defensa de la Constitución”, 29 de agosto de 1948, p. 8.

¹⁷ La Prensa, 12 y 13 de octubre de 1948.

¹⁸ La Prensa, “El Comité Nacional del radicalismo dirigió un mensaje a sus afiliados”, 17 de diciembre de 1948, p. 12.

¹⁹ La Prensa, “La U. C. Radical dirigió un mensaje a los que votaron por el partido”, 28 de diciembre de 1948, p. 12.

²⁰ “Entendemos por clase media, sin líneas precisas de demarcación, a los pequeños ahorristas, pequeños propietarios y comerciantes, jubilados y pensionistas, modestos empleados, particulares y del gobierno, cuyas entradas están por debajo del aumento vertiginoso del costo de vida. Los primeros cinco grupos no pueden hacer huelgas ni peticionar ante la Secretaría de Trabajo.” Ibíd. De este modo, la definición de clase media del radicalismo porteño parecía apuntar a los sectores trabajadores no agrupados gremialmente, que consideraban la base electoral fundamental del peronismo. Sobre la consolidación de la identidad de “clase media” como contraria al peronismo, ver Adamovsky ([2009] 2015).

²¹ Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente de 1949 (DSCNC), p.18.

²² Ibíd., p. 306.

²³ Allí puede mencionarse el disciplinamiento a la prensa opositora, a través de la creación de la Comisión Visca y de la expropiación del diario La Prensa; la sanción de leyes penales más restrictivas; la represión al paro de ferroviarios a inicios de 1951; y los casos de torturas policiales clandestinas que salieron a la luz, como los de Mario Bravo y Carlos Aguirre. En el plano institucional, las restricciones a la oposición se manifestaron principalmente a través de la reforma del sistema electoral en 1951, que limitó severamente la representación legislativa del radicalismo; la reforma al estatuto de los partidos políticos en 1949, que prohibió tanto las alianzas electorales como la abstención; y el adelantamiento de las elecciones presidenciales a noviembre de 1951.

²⁴ DSCD, 1949, V, p. 4292. El desafuero de Balbín se efectuó a instancias del bloque oficialista, que aprobó la petición de un juez federal para enjuiciar al jefe de la bancada radical por desacato. La denuncia se basaba en un discurso realizado en el cierre del Congreso Agrario de la UCR, donde el líder radical había dicho que “el dictador actual es enemigo del país” y había llamado a “la gran revolución del radicalismo”. Tras el desafuero, Balbín continuó ejerciendo su actividad política y encabezó la campaña del radicalismo bonaerense para las elecciones a gobernador del 12 de marzo de 1950. Ese mismo día, tras emitir su voto en La Plata, fue detenido y llevado a declarar ante el juez. Allí se negó a retractarse y acabó encarcelado en el penal de Olmos como un preso común. Finalmente, fue indultado, en enero de 1951, de la pena de cinco años que le habían dado y terminó encabezando la fórmula presidencial en las elecciones de noviembre.

²⁵ La Prensa, 6 de marzo de 1950, p. 6.

²⁶ Casi veinte años después, consultado por Luis Alberto Romero sobre si por aquella denuncia de fraude entendía la adulteración del voto, Santander respondería: “no, eso no. Fraude de otra manera, de no dejar actuar, no dejar accionar, no movilizar, no dejar hacer las cosas como debían hacerse correctamente” Silvano Santander, Archivo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella, 1971, p. 75.

²⁷ La Nación, “Unión Cívica Radical: las gestiones en favor de la unidad partidaria”, 10 de mayo de 1951, p. 5.

²⁸ El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es un pacto de defensa mutua interamericana, suscripto en Río de Janeiro en 1947 e impulsado por el gobierno estadounidense en los inicios de la Guerra Fría como forma de extender su influencia en la región.

²⁹ DSCD, 1950, I, p. 744.

³⁰ Días después de aprobarse el Tratado de Río, el diputado peronista José Visca planteó una cuestión de privilegio para reproducir las declaraciones de la UCR Capital, bajo control unionista, a favor de la iniciativa. DSCD, 1950, I, p. 1065. Un mes antes se había dado otro capítulo de las ergencias hacia el interior del bloque radical, pero esta vez se invirtieron los roles: los intransigentes adhirieron a un proyecto oficialista para empezar a producir caucho sintético en el país, mientras que los unionistas lo rechazaron de cuajo. Ibíd., pp. 421-438.

³¹ La Nación, “Unión Cívica Radical: adoptó resoluciones el Comité Nacional”, 12 de septiembre de 1952, p. 2.

³² La Nación, “Unión Cívica Radical: efectuóse la reunión convocada por el Comité Nacional”, 26 de octubre de 1952, p. 2.

³³ Aquel encendido discurso como presidente de la convención radical sería la última intervención pública de Lebensohn, quien murió inesperadamente a los cuarenta y cinco años el 13 de junio de 1953, víctima de un infarto.

³⁴ La Nación, “Unión Cívica Radical: fue elegido presidente del Comité Nacional el doctor Arturo Frondizi”, 1 de febrero de 1954, p. 2.

³⁵ La Nación, “Unión Cívica Radical: el Movimiento de Intransigencia se ha idido”, 4 de febrero de 1954, p. 2.

³⁶ “Mensaje radical al pueblo argentino”, 11 de febrero de 1954 (citado en Del Mazo, 1957: 330).

³⁷ La Nación, “Unión Cívica Radical: formularon una declaración los delegados unionistas al Comité Nacional”, 17 de junio de 1954, p. 2.

³⁸ La Nación, “Unión Cívica Radical: protesta del núcleo Unidad Radical”, 28 de mayo de 1954, p. 2.

³⁹ “En defensa del patrimonio moral y doctrinario de la Unión Cívica Radical”, 29 de junio de 1954 (citado en Del Mazo, 1957: 336).

⁴⁰ La Nación, “Unión Cívica Radical: la Convención Nacional”, 13 de noviembre de 1954, p. 2.

⁴¹ La Nación, “Partido Demócrata: texto del memorial al presidente de la Nación”, 23 de septiembre de 1953, p. 2.

⁴² La Nación, “El Ministro del Interior habló sobre política”, 17 de julio de 1953, p. 4.

⁴³ La Nación, “Unión Cívica Radical: el manifiesto del Comité Nacional”, 10 de agosto de 1953, p. 2.

⁴⁴ El bloque radical se opuso a la ley de amnistía por considerarla incompleta y reclamó la derogación del estado de guerra interno. DSCD, 1953, IV, p. 2544.

⁴⁵ “Solidaridad con los católicos perseguidos”, 27 de noviembre de 1954 (Lafiandra, 1955: 37).

⁴⁶ DSCD, 1955, I, p. 243.

⁴⁷ La Nación, “Ha renacido la tranquilidad en todo el país”, 18 de junio de 1955, p. 1.

⁴⁸ La Nación, 5 y 6 de mayo de 1955. A pesar de la fractura, ambos sectores acordaron que, para no fomentar la debilidad opositora, la isión sólo funcionaría de forma interna y que ambos grupos seguirían expresándose en nombre de los “legisladores radicales” y no como bloque.

⁴⁹ La Nación, “Opinó sobre la pacificación el radicalismo”, 28 de julio de 1955, p. 1.

⁵⁰ La Nación, “La convención de la UCR terminó”, 15 de agosto de 1955, p. 2.

⁵¹ Desde mediados de 1955, militantes y dirigentes del radicalismo formaron parte de los llamados comandos civiles que prestaron su colaboración en hechos armados, por lo general bajo el mando de algún oficial militar. En las jornadas de septiembre, estos grupos se sumaron a los operativos militares en ersas ciudades y llegaron a desempeñar un papel protagónico en los enfrentamientos de la capital de Córdoba. Sin embargo, ersos testimonios coinciden en señalar que la participación de sus integrantes se realizó a título inidual, más allá de su pertenencia partidaria.

⁵² La Nación, “Hoy a mediodía jurará el general Lonardi”, 23 de septiembre de 1955, p. 1.

⁵³ Sobre la ruptura del radicalismo, idido en Unión Cívica Radical Intransigente (liderada por Frondizi) y Unión Cívica Radical del Pueblo (liderada por Balbín), ver Gallo (1983) y Spinelli (2005).

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Enviado: 08/06/2021.
Aceptado: 08/12/2021.