ARTICULO DE OPINION

Libros, censuras y bibliotecarios. Desde Chile hacia América Latina

Javier Planas*

* Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET), Argentina. javierplanas@yahoo.com.ar

A pocos días de conmemorarse el 43 aniversario del golpe de estado en Chile que derrocó a Salvador Allende, la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata sirvió como espacio para la presentación de El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile, de los bibliotecarios María Angélica Rojas Lizama y José Ignacio Fernández Pérez (2015). Las opiniones de los autores, de los comentaristas y del público presente dejaron en evidencia la oportunidad del trabajo y la inequívoca polifonía de su alcance. Esta última cualidad se explica, entre otras cuestiones, por la variedad de recursos metodológicos y teóricos que los responsables de la obra utilizaron para construir una trama que sale a la búsqueda de la memoria bibliotecaria chilena en los aciagos tiempos de la dictadura de Pinochet, sin prescindir por ello de las incursiones al pasado más remoto y al presente más actual de la cultura impresa en Chile para rastrear los antecedentes y las secuelas de dicho fenómeno. Las entrevistas, la tarea de archivo, la construcción diacrónica del problema y su relación sincrónica con la institución de un modelo de país excluyente en términos políticos y económicos conforman los puntos angulares del ensayo, cuyo origen habrá que radicarlo en la necesidad de conocimiento y reconocimiento de la zigzagueante trayectoria de las bibliotecas del país. Una necesidad que por momentos se agita como una carencia desesperada o una inquietud intestina que, a lo largo de las páginas, se transforma en una fuerza heurística cuyo producto genuino es la vocación de contar. Para los testigos, significó la ocasión de constituirse como tales mediante el uso de la disposición al recuerdo que va adherida al acto de testimoniar. Se trata, nada menos, que de la carga de hablar por sí mismo y por aquellos que no pudieron hacerlo, ya sea porque perecieron en la experiencia traumática o porque la sellaron con el silencio (Agamben, 2010). Para los autores representó la oportunidad de esbozar una comprensión compleja del fenómeno. La obligación es densa: no solo por el esfuerzo propedéutico que requiere tensar los hilos de la interpretación, sino porque —y fundamentalmente— el resultado de la obra vuelve como un poder ontológico sobre los testigos, sobre sus sensibilidades y sobre el sentido que le atribuyeron a los hechos. Lo que deja el libro en este plano es un paso más hacia la restauración de la memoria en el campo bibliotecario, tan poco proclive a la mirada retrospectiva, acosado casi siempre por las urgencias tecnológicas y la tenacidad de las contingencias cotidianas.

Una lectura desde Argentina de El golpe al libro y a las bibliotecas también deja una sensación íntima de parentesco o cercanía con la experiencia histórica chilena que, en el futuro inmediato, tendrá que disponerse como perspectiva latinoamericana para apreciar una dimensión poco explorada del problema de la censura. La historia del libro, de las bibliotecas y de la lectura —con todos sus campos aledaños y compañeros— carece de una mirada de América Latina como unidad de análisis, como objeto de estudio. Es cierto que las investigaciones sobre la edición ya cuentan con un buen número de resultados en este sentido —que cabría calificar con más propiedad como hispanoamericanas—, en buena medida porque los sucesivos exilios políticos o económicos de los editores requieren el empleo de una mirada trasnacional (Sorá, 2011). Previsiblemente, las indagaciones sobre la censura durante los procesos dictatoriales que tuvieron lugar en la región a partir de la década de 1960 necesitan dar ese paso, porque a esta altura sobran las pruebas de la existencia de un trabajo represivo coordinado entre las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay —entre otras intervenciones—, una tarea que fue desarrollada con la colaboración del poder económico y la embajada norteamericana. En este marco, la obra de Rojas Lizama y Fernández Pérez invita a comparar la relación íntima y delicada entre las bibliotecas, la censura y la biblioclastía en clave latinoamericana. La pregunta es: ¿cómo? Un examen bibliotecario como la extracción de palabras clave puede, quizá, propiciar una primera aproximación metodológica para conciliar las historiografías nacionales. Todavía más: un inventario de los sustantivos, los verbos y los epítetos centrales que corresponden a la economía del lenguaje cultural que los testigos emplearon en su vocación de memoria daría como resultado un repositorio conceptual desde el cual cimentar un análisis. Cada bibliotecario entrevistado por los autores, desde diferentes anclajes políticos, con bagajes culturales dispares, con trayectorias disímiles y con distintos grados de comprensión del momento que les tocó vivir, repitieron de manera incesante un mismo grupo de palabras, a veces aplicadas a las personas y sus experiencias, otras a los libros y sus destinos: terror, censura, autocensura, sospecha, amedrentamiento, miedo, detención, tortura, desaparición, limpieza, higiene, sanción, intervención, despido, exoneración, destrucción, mutilación, quema, ocultamiento, robo. Allí el vocabulario que expresa las representaciones del pasado. Allí un tesauro que también habla de los procesos de memoria en Argentina y que, probablemente, otros lectores situados en distintas latitudes del continente conocen. La restitución es urgente, impostergable.

Pero este vocabulario no dice nada por sí solo. Una enseñanza que puede recogerse del texto es la elaboración de una historia que se aleja por momentos de la perspectiva oral para formar un relato que, como una red de relaciones, contiene y articula los testimonios. Todo esfuerzo en este sentido es una tarea de desnaturalización del objeto de estudio. La noción misma de censura y sus múltiples encarnaciones o modos de aplicación así lo exige. Porque, como sostienen los autores, la prohibición cultural y la intimidación a sus hacedores no fue una invención del período pinochetista: los antecedentes en la materia eran variados y de distinta intensidad, aunque siempre intermitentes. La novedad que inauguró este régimen puede comprenderse en el nivel sistemático de sus acciones y en la forma explícita que eligió para llevarlas adelante. Este procedimiento requirió, primero, la construcción de una cartografía del marxismo: autores y obras, editores y libreros, docentes y bibliotecarios, estudiantes y lectores, instituciones y tradiciones. A la formación de este mapa le siguió una persecución táctica que no se privó del ejercicio pornográfico e intimidatorio de quemar libros en los espacios públicos, de cargar camiones con obras secuestradas de las bibliotecas a plena luz del día, de custodiar con armas largas las salas de lectura, de interrogar a cada trabajador bibliotecario y, por supuesto, de secuestrar y exhibir las ausencia como castigo. Este mismo mecanismo de censura se hizo cargo de movilizar a través de los medios de comunicación una producción de sentidos de tintes higienistas contra las culturas de izquierda. Los periódicos de la época constituyen una verdadera cantera informativa desde la cual confeccionar, si se desea, un glosario del utillaje intelectual de los represores. Cito algunos de los titulares de los matutinos escogidos por los autores a pocos días del golpe: “Gigantesca operación limpieza de extremistas”; “Prohíben toda literatura marxista”; “Piden brochas y pinturas para la campaña limpieza”; “Marxistas asustados abandonan libros y textos en las calles”; “9 toneladas de libros marxistas en la Universidad Técnica”. Como se puede apreciar de esta pequeña muestra, la política cívica y militar se presenta como un bálsamo purificador en diferentes niveles, desde la purga de las personas consideradas peligrosas y extrañas a una esencia ancestral de lo auténticamente chileno (como si tal cosa existiera), hasta el blanqueamiento de la ciudad que supone borrar las huellas pictóricas y gráficas de esa cultura “otra”.

Las consecuencias de estos procedimientos inauguraron una fase sucesiva de la censura que se puede identificar con la autocoacción, caracterizada por la incorporación del miedo, la autorregulación de los actos y el refinamiento de los instrumentos represivos o su conversión en modalidades menos evidentes. Entre los distintos pasajes del libro que pueden representar esta secuencia estructural elijo la mirada que devuelven los bibliotecarios al hablar de sus reacciones frente al dispositivo represivo. Todos rechazan aquello que vieron desplegarse frente a sus ojos; todos dicen haber sentido una fuerza paralizante en sus cuerpos, como un silencio o una sombra; algunos evocan ese recogimiento con un lamento: “nos demoramos en movilizarnos”. Estas reminiscencias se conjugan con una reflexión —casi intuitiva— acerca de los márgenes posibles de la resistencia en el ámbito bibliotecario, que según uno de los testigos, siempre fue un espacio de derechas. La complacencia expresada públicamente por el Colegio de Bibliotecarios de Chile en apoyo a la Junta Militar brinda una pista de la disputa que algunos actores dieron hacia el interior del campo por el domino de su competencia en la faz política. De manera que las rebeldías quedaron atrapadas entre la lucha interior y las imposiciones de las agencias que la dictadura constituyó en el contexto de la formación del engranaje estatal para la vigilancia.

La lectura de la obra de los bibliotecarios chilenos también deja la inquietante sensación de un tercer tipo de censura, mucho más sutil y solapado, y que en buena medida es el producto de la sedimentación en el tiempo de aquellas fases primarias. Me refiero a la constitución del sentido común, es decir: a la naturalización de un lenguaje político lavado, a la afirmación del neoliberalismo como único sistema económico factible, a la objetivación de la cultura como una entinada nítida, cristalina, purificada de las intromisiones exóticas. La construcción de este sentido común se aprecia con el caso de la editorial estatal Quimantú, cuya intervención comenzó, como en otros ámbitos, con una limpieza explícita: quema y picado de los libros; secuestro y destrucción de las existencias en las bibliotecas públicas y universitarias. El siguiente paso fue la reconversión de los catálogos y la reducción progresiva del personal y el presupuesto. En este marco hay una frase potente y duradera del editor de facto: “Publicaciones Quimantú no tendrán orientación política”. Esta consigna fue enunciada como una restauración de la función esperable o deseable por parte del Estado en el terreno cultural en los diarios en 1973, pero no cabe duda que en la actualidad funciona como un eslogan que cimienta a cada día la sabia resignación a la que, se supone, debemos atenernos para el natural funcionamiento de la sociedad —como pretendían los positivistas decimonónicos—.

Pero donde hay poder hay resistencia. En el libro se cuenta que una bibliotecaria corrió hasta la biblioteca de la universidad el mismo día del golpe para esconder de las botas los libros sospechosos. El hecho no tenía nada de intuitivo ni era una casualidad: la formación cultural y el conocimiento del pasado alentaron esa decisión política, tal vez mínima pero emblemática y duradera como símbolo. Hoy, es el libro El Golpe al libro y a las bibliotecas —y otras tantas iniciativas similares, aunque algo aisladas— las que continúan esa resistencia. Una rebeldía contra el silencio, contra el sentido común que nos agobia en el presente. Una resistencia, en fin, que busca en el interior del campo bibliotecario latinoamericano una caja de resonancia.

Referencias bibliográficas

Agamben, G. (2010). Lo que queda de Auschwitz: El archivo y el testigo. Homo sacer III. Valencia: Pre-Textos.         [ Links ]

Rojas Lizama, M.A., y Fernández Pérez, J.I. (2015). El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile. Santiago de Chile: Universidad Tecnológica Metropolitana.         [ Links ]

Sorá, G. (2011). Libros para todos y el modelo hispanoamericano. Políticas de la Memoria, 10/11, 125-142.         [ Links ]

Recibido:  26 de septiembre de 2016.
Aceptado: 17 de octubre de 2016.
Publicado: 28 de octubre de 2016.