EDITORIAL

La reforma chilena y la dificultad de retornar de los modelos de mercado

Tanto Chile como Argentina enfrentaron la dificultad de ampliar la escolarización de la población a mediados del siglo pasado a través de la creación de lo que ha dado en llamarse los cuasi-mercados educativos, que no son otra cosa que la convergencia de recursos públicos y privados en el sostenimiento de una parte importante de los establecimientos escolares. La estrategia produjo una ampliación de la oferta educativa a la vez que introdujo en el sistema las diferenciaciones propias del mercado que articulan el afán de lucro de los prestadores con la búsqueda de ventajas diferenciales del público dispuesto a aportar un plus para que sus hijos gocen de una escolarización capaz de proporcionarles mejores posibilidades en el futuro.
Chile profundizó estas tendencias diferenciadoras a partir de los años ochenta con la introducción de cambios en los modos de financiamiento del sistema. A partir de la reforma que se realizó durante la última etapa del gobierno de Pinochet, se municipalizó la administración de las escuelas y éstas comenzaron a recibir los aportes del Estado en relación a su número de alumnos. Esta modalidad de financiamiento por demanda tuvo el propósito de introducir la competencia entre escuelas para la captación de matrícula, ya que a más alumnos más dinero. Se construyó así una articulación perversa entre competencia inter-escolar y las apetencias de las clases medias para lograr mejores oportunidades para sus hijos.
La presidenta Bachelet, en su segundo mandato, se ha propuesto dar respuesta a los reclamos estudiantiles por la abolición del lucro en el sistema educativo y con ello la progresiva desaparición de los aportes privados (a cargo de las familias) a las escuelas subvencionadas. La ley que acaba de aprobar el senado chileno introduce una serie de cambios en ese sentido con los que se propone curvar la vara en favor de una mayor equidad en el sistema educativo. 
De acuerdo a la nueva ley, para el año 2016 los colegios que reciban aportes del Estado deberán gradualmente dejar de cobrar cuotas a sus alumnos eliminando todo tipo de selección, ya sea por sus antecedentes académicos o por su capacidad socioeconómica. La supresión del copago intenta eliminar las diferencias que, en la calidad de las prestaciones, introduce la disponibilidad de mayores recursos económicos, a la vez que anula la posibilidad de seleccionar a los alumnos de acuerdo a su rendimiento escolar previo e introduce el mecanismo de sorteo para los casos en que las vacantes sean insuficientes para todos los aspirantes.
Queda claro que la ley se propone un cambio de orientación y abandona el paradigma referenciado en los valores del mercado, para adoptar otro centrado en los valores de la igualdad. Como la tradición chilena, a diferencia de la nuestra, privilegia los cambios paulatinos y no los giros bruscos, la legislación deja abierta la posibilidad a que las escuelas reciban copago para actividades extracurriculares y puedan seleccionar un 30 % de su matrícula en el caso de que acrediten proyectos especiales: artísticos, deportivos o de alta exigencia.
La legislación se complementa con un plan de fortalecimiento de la educación estatal que compromete 250 mil millones de pesos anuales de uso exclusivo para la educación pública, que se inicia en el 2016 y se extenderá durante los años 2017, 2018 y 2019. 
Del mismo modo, la reforma incluye una ley de educación parvularia que crea una subsecretaría de dependencia ministerial que tiene por objetivo "la promoción, desarrollo y coordinación de la educación parvularia de calidad". La legislación articula el principio del derecho a la educación con la libertad de enseñanza, de modo que incluye la acreditación, control y fiscalización de instituciones de carácter privado.
La propuesta reformista también introduce cambios en la política docente que incluye modificaciones en la selección, para incentivar la incorporación de estudiantes con altas capacidades y vocación pedagógica; mejoras en la formación inicial a partir de una combinación de evaluaciones e incentivos a las instituciones encargadas de la formación; un plan de acompañamiento y acreditación de las competencias profesionales para aquellos docentes que ingresan al mercado laboral, y mejoras en las condiciones de trabajo y remuneración de los docentes que demuestren buen desempeño.
Finalmente, se ha organizado un programa de diálogo y participación con los diferentes actores del sistema que prevé reuniones y consultas a lo largo y a lo ancho del país. El resultado de este debate alcanzó ya a 20.000 docentes y directivos, ha sido sistematizado y está publicado en informes regionales y en un compilado a nivel nacional.
Se abre seguramente un período de negociaciones y reacomodamientos en que los diferentes grupos sociales buscarán rediseñar sus estrategias para no perder terreno en la consecución de una mejor educación para sus hijos. La pregunta es cómo se instala un paradigma basado en valores igualitarios en una sociedad cuya cultura ha estado moldeada por los valores del mérito y la competencia entre individuos y en el que los recursos económicos de las familias han jugado un papel importante.
La observación de la experiencia chilena es de mucho interés para la región, dado que otros países están realizando cambios en los modos de gestión y en sus políticas docentes. También es relevante para los argentinos, que hemos avanzado en la instalación de valores más igualitarios pero con escasos mecanismos de control, fiscalización y regulación de las instituciones subvencionadas por el Estado que mantienen la atribución del copago y la selección de los alumnos, y que, hasta el momento, no hemos podido generar otras discusiones en torno a la cuestión docente que permitan mejorar las condiciones y modos de enseñanza.