DOSSIER

Venezuela: las políticas de educación superior en el proceso revolucionario

 

María Cristina Parra-Sandoval*

Dra. en Estudios del Desarrollo, CENDES-UCV, Venezuela; Mg. of Science in Sociology, Iowa State University, USA; Lic. en Sociología, Universidad de Oriente, Venezuela. Profesora-Investigadora, Universidad del Zulia, Venezuela. E-mail: mariacristina.parrasandoval@gmail.com

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Resumen

Durante los últimos quince años Venezuela ha sido testigo de profundos cambios cuyo objetivo es la reinstitucionalización y la refundación de la república. El marco legal de tales transformaciones es la Constitución Nacional de 1999, la cual subraya los principios de igualdad y equidad, la democracia participativa y la educación como derecho humano y deber social asumido y garantizado por el Estado. Igualdad y equidad han actuado como núcleos organizadores de las políticas de educación superior. Sin embargo, distintas circunstancias políticas y sociales definen cuatro etapas durante el período, de acuerdo con el contexto en el cual se han formulado las políticas. En este contexto, se analizan algunas de las políticas de educación superior implementadas, sus resultados a la luz de la información oficial aportada y la evaluación de su impacto, en la medida en que los datos conocidos lo permiten. Se concluye que en el escenario de la educación universitaria en Venezuela sobresale la figura de un Estado autoritario, que controla y regula el sector, mediante resoluciones y decretos, mientras las universidades autónomas aceptan resignadamente el deterioro de su autonomía. Igualmente, prevalece en tal escenario el sesgo ideológico y la trivialización impuestos a la formación y a la investigación.

Palabras clave Venezuela; Políticas públicas; Educación universitaria; Inclusión; Equidad.

Abstract

During the last fifteen years, Venezuela has been witness of profound changes which have been aimed at the re-institutionalization and the re-founding of the republic. The legal framework for such transformations is the Constitution of 1999, which emphasizes the principles of equality and equity, participatory democracy and education as a human right and social responsibility assumed and guaranteed by the state. Equality and equity have acted as organizers nuclei of higher education policy. However, different political and social circumstances define four stages during the period, according to the context in which policies are formulated. In this context, it is discussed some of the higher education policies implemented, their results in light of the official information provided and it is assessed their impact, to the extent that the information is available. The conclusion is that, on the stage of university education in Venezuela stands the figure of an authoritarian state, which controls and regulates the sector, through resolutions and decrees, while the autonomous universities patiently accept the deterioration of their autonomy. Similarly, such a scenario prevails in the ideological bias and trivialization imposed on teaching and research.

Key words: Venezuela; Public policies; Higher education; Inclusion; Equity.

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Introducción

Venezuela ha atravesado por un periodo (1999-2015) de cambios que han modificado profundamente la vida del país. En 1999, con la aprobación de una nueva Constitución Nacional, se inició un proceso de reestructuración institucional y refundación de la república, para "…transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa…" (Asamblea Nacional Constituyente, 2000: 1). En tal sentido, se partió de una concepción en la cual el Estado tanto como la sociedad son democráticos, ya que se consideraba que durante el periodo 1961-1998 no se había materializado, ni en la normativa ni en la sociedad, el ejercicio de la democracia, en tanto se limitaba a ser solo representativa, más no participativa ni protagónica. La participación ciudadana se constituyó en la impronta del proceso que se inauguraba. Principio plasmado en el artículo 62 de la Constitución, el cual establece el derecho de los ciudadanos a participar "…en la formación, ejecución y control de la gestión pública… para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo..." (Asamblea Nacional Constituyente 2000: 92). Ello implica el reconocimiento expreso de que en la democracia participativa los ciudadanos no son solo espectadores u ocasionales electores, sino constructores activos de la sociedad. Con este propósito y, partiendo de que la educación es una de las herramientas esenciales para la reinstitucionalización y refundación de la república, se establecieron como principios fundamentales de la democracia social, participativa y protagónica, la igualdad y la pluralidad del pensamiento. Se declara, que "…la educación debe ser integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades para acceder a ella..." y, que "… la Educación es plural en su apertura a todas las corrientes del pensamiento universal, como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico" (Asamblea Nacional Constituyente, 2000: 18).
Estos preceptos inspiraron los artículos 102 y 103, los cuales sintetizan el modelo educativo concebido en la nueva Constitución: la educación es un derecho humano y un deber social que debe ser asumido y garantizado por el Estado, asegurando su gratuidad en todos los niveles y modalidades. Su finalidad es asegurar el desarrollo personal para el ejercicio de la participación ciudadana en los procesos de transformación social (Asamblea Nacional Constituyente, 2000). Sobre este entramado constitucional se construyó y difundió el discurso de la inclusión y la igualdad, que haría posible superar la condición de marginalidad y exclusión en la que se encontraba una parte importante de la población del país, principalmente desde la década de los ochenta, como consecuencia de la profundización de las medidas de ajuste económico. Los principios de inclusión y equidad han estado presentes a lo largo de todo el período (1999- 2015). Es en el ámbito educativo donde quizás se expresan con mayor fuerza y generan un impacto más revelador, al constituirse en "…un nuevo núcleo organizador…" (Chiroleu, 2012: 2) de las políticas de educación en general y, significativamente, de la educación superior, desarrolladas alrededor de dos ejes:
1° La universalización de la educación, con lo cual se hace énfasis en el acceso irrestricto, y
2° La descolonización del conocimiento, la cual ratifica e impulsa la ruptura con la episteme positivista y con la lógica disciplinar propias de la concepción tradicional del conocimiento. Este discurso de la inclusión e igualdad, tiene su soporte económico en la redistribución de la renta petrolera, en principio favorecida por los altos precios que ese material alcanzó durante las primeras décadas de este siglo, y que continúa siendo la fuente más importante de ingresos del Estado.
Durante este proceso, distintas circunstancias políticas y sociales han marcado límites en el ámbito de la educación superior, que definen cuatro etapas diferentes, de acuerdo con el contexto en el cual se han formulado las políticas¹. Una primera etapa de inauguración del gobierno y de la revolución bolivariana (1999-2002); la segunda, de fortalecimiento del gobierno, del liderazgo del Presidente Chávez y de la profundización de la polarización del país (2003-2006); la tercera etapa, de lanzamiento del proyecto del socialismo del siglo XXI (2007-2011); y, la cuarta etapa, de consolidación del Estado autoritario (2012-2015). Cada etapa exhibe una singularidad en la formulación e implementación de las políticas, en tanto las prioridades y las acciones del gobierno han dependido de los arreglos en el ejercicio del poder político, en un contexto caracterizado por la precariedad política, la polarización y la trivialidad institucional, producto de una reinstitucionalización que no se ha consolidado (Medellín Torres, 2004).

Breves reflexiones sobre las políticas públicas de educación superior

Al hablar de políticas públicas de educación superior asumo la definición aportada por Cox (1993: 88) como "…cursos de acción gubernamental referidos a problemas del sector y su desarrollo…", que trascienden la confrontación entre el gobierno y las instituciones de educación superior a la luz de la lucha por el financiamiento. Por otra parte, es importante subrayar que toda política pública está acompañada de un discurso que explica y justifica la lógica de las acciones del gobierno y su concepción acerca del problema y su solución, a la vez que legitima la política propuesta y sus estrategias. Asimismo, es necesario destacar que en el diseño e implementación de estas políticas intervienen tanto el Estado como las propias instituciones, en un entramado de relaciones de intercambio, muchas veces desigual, de coordinación y regulación, e incluso de control por parte del Estado (Cox, 1993).
Finalmente, la toma de decisiones acerca de las políticas públicas de educación superior expresan el grado de confrontación o de negociación predominante en la relación entre los actores (Cox, 1993). Desde esas premisas presentaré y analizaré algunas² de las políticas implementadas por el gobierno venezolano durante el periodo 1999-2015, con relación a la educación universitaria, sus resultados a la luz de la información oficial aportada, y la evaluación de su impacto, en la medida en que los datos conocidos lo permitan.

Primera etapa: inauguración del gobierno y de la revolución bolivariana (1999- 2002)

En 1999 Hugo Chávez asume la presidencia de la república e inicia un proceso revoluciona- rio inspirado en los postulados bolivarianos. En un escenario caracterizado por el deterioro de las condiciones de vida, la pérdida de legitimidad del sistema político, y el menoscabo de la capacidad del Estado para proporcionar los servicios básicos a la población, el discurso de la revolución bolivariana es de cambio social y alternativa de gobierno, donde prevalecerían los postulados de igualdad, equidad e inclusión, dando paso a la ampliación de la comunidad política con la incorporación de los que habían sido excluidos. El análisis de las políticas públicas de educación superior en esta etapa da cuenta de que una de las primeras metas trazadas fue la organización del sistema, para reivindicar el espacio perdido por el Estado como órgano rector de la educación en todos sus niveles y modalidades, dado el crecimiento y consolidación del sector privado y "el afianzamiento de la concepción científicopositivista…" (Castellano, 2010: 379).
En tal sentido, una de las primeras iniciativas es la creación del Vice-Ministerio de Educación Superior en 2000, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, en 2002, su transformación en Ministerio de Educación Superior, lo cual evidenciaba la relevancia del tema al ser elevada su gestión al más alto nivel del poder ejecutivo. Este reconocimiento, en consonancia con el proyecto revolucionario, dio origen a la diferenciación de los órganos del gobierno encargados del diseño e implementación de las políticas, trasladando el tratamiento del tema a líneas de mando superiores y centralizando la toma de decisiones (Parra Sandoval, 2012). Tal presencia del Estado se consideró necesaria como garantía del acceso al conocimiento, la construcción de la democracia participativa, el ejercicio del pensamiento crítico y la pertinencia social de la educación superior. En tal sentido, una de las estrategias más importantes fue la implementación del Proyecto "Alma Mater" para el Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Universitaria, con el objetivo de la calidad y la excelencia de las instituciones de educación superior, a partir de: a) un sistema de evaluación y acreditación institucional; b) el diseño de un modelo de financiamiento, basado en consideraciones técnicas de asignación, seguimiento y control presupuestario y no en las usuales asignaciones incrementales; c) un sistema de carrera académica y d) el fortalecimiento de las instituciones universitarias, cuyo funcionamiento presentara al momento mayores deficiencias (Parra Sandoval, 2012).
Estas, y otras estrategias -como la creación de las Aldeas Universitarias Bolivarianas, el diseño e implementación de un programa nacional de orientación profesional, la modificación del sistema nacional de admisión a la educación superior y la creación de redes académicas de integración latinoamericana- fueron propuestas y, en algunos casos, implementadas, por un equipo de expertos académicos de larga trayectoria en la investigación de la educación superior, ideológicamente inspirados en el paradigma alternativo reflejado en la Constitución Nacional, contrario al paradigma neoliberal que había prevalecido en las políticas públicas del sector (Parra Sandoval, 2012). No obstante, la respuesta de las universidades oficiales y autónomas -las más antiguas del paísno fue favorable a estas políticas, para cuya implementación era indispensable contar con su apoyo y compromiso. Ello originó un clima de confrontación y cuestionamiento mutuo. Para el gobierno "las universidades fueron muy lentas y muy resistentes al cambio. Lo aceptaban teóricamente pero a la hora de actuar no actuaban con la rapidez que exige el proceso revolucionario"³ (Consejo de Redacción, 2004: 52). Para las universidades, muchas de esas políticas fueron consideradas como afrenta para su autonomía (Belmonte, 2005). En consecuencia, en esta etapa solo se logró un ligero incremento (4.5%) en la matrícula de las instituciones oficiales, con lo cual uno de los objetivos prioritarios de la política no se alcanzó de manera significativa, así como tampoco se materializó el sistema de evaluación de las instituciones, mientras que la lógica que subyacía en la creación de las Aldeas Universitarias fue sustancialmente modificada y la asignación presupuestaria para las instituciones continuó respondiendo al modelo de asignaciones incrementales sin asidero técnico. Sí se logró el comienzo de un proceso de diferenciación institucional, basado no en condiciones o requisitos académicos, sino en relaciones clientelares y partidistas (Parra Sandoval, 2012).
El año 2002 marcó un hito importante para el desarrollo de la revolución bolivariana. La polarización del país, la concentración del poder en la figura del Presidente y, simultáneamente, la profundización de la polarización política, con incidencia en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, se hicieron más evidentes.

Segunda etapa: fortalecimiento del gobierno, del liderazgo del Presidente Chávez y de la profundización de la polarización del país (2003-2006)

En 2003, ya instalada la polarización política y con condiciones económicas muy favorables al gobierno en tanto la economía comenzó a recobrarse en el segundo trimestre de ese año y creció muy rápidamente hasta 2008 (Weisbrot, 2011), el Presidente Chávez consolidó su posición con la creación de las Misiones⁴. En educación superior, la Misión Sucre fue una de las estrategias implementadas para atender al objetivo de universalizar el acceso. Su puesta en práctica implicaba generar espacios universitarios, para atender la demanda no satisfecha, a través de la sinergia entre instituciones universitarias. Ello condujo a la municipalización de la educación superior, en la medida en que, con la acción mancomunada de diversas instituciones, se aspiraba a que en cada municipio del país estuviese garantizado el acceso, sin más limitaciones a los aspirantes que las derivadas de sus aptitudes y vocación, dando así cumplimiento a los principios de equidad e inclusión. Otra de las medidas adoptadas durante esta etapa fue la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la cual se planteó como un modelo alternativo de educación superior, no solo en cuanto a su cobertura, para lo cual se contaba con la presencia nacional de la Misión Sucre en la figura de las Aldeas Universitarias⁵ (Ambientes Locales de Desarrollo Educativo Alternativo Socialista), sino con respecto a su concepción del proceso educativo orientado por los principios de: responsabilidad con lo público; ruptura con la noción epistemológica del conocimiento fragmentado, asumido por la organización en facultades, escuelas, cátedras y departamentos y; reconocimiento del diálogo de saberes como base del aprendizaje (Castellano, 2011).
En esta etapa, las políticas de educación superior dejaron de estar -principalmente- en las manos de los expertos académicos y pasaron a manos de "…personas desvinculadas de la academia, sin la formación necesaria y suficiente para la dirección y administración del sector…" según lo declara Fuenmayor Toro (2008), quien hasta 2004 fue Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y uno de los principales autores de las políticas, parcialmente implementadas en la etapa previa. Así, la implementación de la Misión Sucre, la creación de la UBV y la transformación del Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales en Universidad (UNEFA), con sedes en la mayor parte del país, implicó el desmantelamiento de las políticas de la primera etapa del proceso bolivariano y la profundización de la confrontación entre el Estado y las instituciones universitarias, tanto las oficiales autónomas, como las privadas, en la medida en que crecía la desconfianza y el desconocimiento mutuos y se originaba la conformación de dos sistemas de educación superior paralelos, representados incluso por las organizaciones en las cuales se agrupan, por separado, los Rectores de cada sector: la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL), que reúne a las autoridades de todas las instituciones controladas por el gobierno (32) y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), que congrega a los rectores de las universidades oficiales autónomas (10).
Desde un punto de vista cuantitativo, estas estrategias resultaron en que, se alcanzara un crecimiento significativo en el acceso a la educación superior y, en esa medida, acercarse al logro de la meta propuesta con la política de universalización. En este sentido, según el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), la tasa bruta del subsistema tuvo un incremento de 10% en el periodo 2004-2006 (República Bolivariana de Venezuela. Instituto Nacional de Estadística, 2014). No obstante, y a pesar de la carencia de un sistema articulado de evaluación de la educación superior para dar cuenta de indicadores cualitativos que pusieran en evidencia si, de manera simultánea a este crecimiento en el acceso, también se había atendido la calidad, sí es posible intuir, a partir de la observación de la ausencia de dos de las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo adecuado del proceso educativo, que el crecimiento de la matricula no estuvo acompañado de niveles mínimos de calidad: la infraestructura apropiada y un cuerpo de profesores con alta capacitación profesional y docente, condiciones que requieren por lo menos de un mediano plazo para evitar la improvisación (Parra Sandoval, 2014). Por otra parte, la polarización del país se mantuvo, mientras comenzó a hacerse explícita la orientación ideológica del gobierno y la consecuente ideologización y politización de todos los espacios de la sociedad, materializada en la educación superior con la implantación de los programas de formación socio-política, cuyo contenido se basa en el socialismo del siglo XXI, propuesto por el Presidente Chávez (2005).

Tercera etapa: lanzamiento del proyecto del socialismo del siglo XXI (2007-2011)

En 2006 el Presidente Chávez fue reelecto por un amplio margen de votos. Esta victoria reafirmó su liderazgo y fortaleció su gobierno. Sin embargo, a pesar de este resultado, la reforma de la Constitución Nacional, -propuesta por el Presidente y la Asamblea Nacional- que contemplaba, entre otras cosas, la legitimación de la orientación socialista del Estado venezolano, fue rechazada por los electores en el referéndum de 2007. Este resultado y la profundización de las tensiones, dada la acentuada polarización política, no fue óbice para que la fortaleza del gobierno, básicamente soportada en el liderazgo del Presidente, hiciera posible imponer las reformas no aprobadas, tal como quedó establecido en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013) (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2007). De este Proyecto se derivó el Plan Sectorial de Educación Superior 2008-2013 (Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2008a).
En este marco normativo, uno de los primeros pasos dados fue el cambio del nombre del Ministerio de Educación Superior, por Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Este cambio implicó adecuar la Misión y Visión del Ministerio al modelo del Socialismo del Siglo XXI, para fortalecer el "…poder popular y la construcción de una sociedad socialista…" (Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2008: 4) y "ser el órgano del Estado Socialista" (Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2008b: 46). Este Plan, en consonancia con lo que se ha identificado como núcleo organizador de las políticas y, manteniendo los ejes de universalización de la educación y descolonización del conocimiento, ratificó los objetivos de universalizar la educación superior, fortalecer las capacidades para la generación y socialización de conocimientos, impulsar un nuevo modelo educativo, crear nuevas instituciones de educación superior y transformar las existentes. Este nuevo modelo educativo está centrado en la formación ética y dirigido a la transformación social, la comprensión de nuestras realidades y entornos y la producción socialista, como punto de partida para la atención de la diversidad de necesidades y expectativas de formación (Parra Sandoval, 2014). Para ello, se contó con el desarrollo de la Misión Sucre y con la creación de una nueva Misión Alma Mater, conceptual y estratégicamente diferente al Proyecto Alma Mater de la primera etapa. Esta nueva versión tuvo como meta "…la transformación de la educación universitaria venezolana y propulsar su articulación institucional y territorial… garantizando el derecho de todas y todos a una educación universitaria de calidad sin exclusiones" (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2009: 3). En tal sentido, se propuso la creación de una nueva institucionalidad, que consistió en: a) la transformación de 29 institutos y colegios universitarios oficiales -los cuales ofrecían carreras de corta duración y otorgaban títulos de técnico superior- en universidades experimentales; b) la creación de 17 universidades territoriales y 10 especializadas y 2 institutos especializados; c) la creación de una universidad de los trabajadores y otra de los pueblos del sur; y d) la creación de los Complejos Universitarios Socialistas Alma Mater (CUSAM), concebidos como un "…conjunto integrado de espacios, servicios y recursos para la actividad universitaria, ubicados en sitios estratégicos, donde convergen los programas de diversas instituciones de educación universitaria…" (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2009: 22).
La construcción de esta plataforma institucional daría cumplimiento al objetivo planteado en la Constitución Nacional de la reinstitucionalización de la república, con la salvedad de que para ello se contó solo con la participación de las universidades pertenecientes a ARBOL, consideradas como actores fundamentales en la Misión Alma Mater (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2009). Durante esta etapa, nuevamente se cambia el nombre del Ministerio, el cual pasa a llamarse Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2009, la cual establece la creación del Subsistema de Educación Universitaria, como parte del Sistema de Educación Venezolano (Parra Sandoval, 2012). Otras políticas de educación superior implementadas en esta etapa deben ser destacadas: por una parte, la creación del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria (SINIEU), lo cual implicó la eliminación de todas las pruebas de selección para el ingreso a las instituciones de educación superior y, por la otra, el establecimiento de los Programas Nacionales de Formación (PNF) como expresión del nuevo modelo educativo, articulado con la ética socialista y la construcción de un modelo socio-productivo socialista (Parra Sandoval, 2014).
Como consecuencia de la aplicación de estas políticas, el gobierno venezolano declara que en 2011 se alcanzó el 83% de tasa bruta de matrícula estudiantil universitaria. No obstante, algunas cifras oficiales conducen a dudar de que efectivamente tal inclusión se haya producido en esos términos, en tanto 56% de la población del grupo de 18 a 24 años declara no asistir a un centro de educación, la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años es de 9,4 años y 65% de los jóvenes comprendidos entre los 18 y 24 años -grupo de edad característico de este nivel educativo- declaran asistir a un centro educativo⁷. Por otra parte, en un clima crecientemente polarizado, la intervención de las instituciones no agrupadas en ARBOL se reduce a la aceptación e implementación de las estrategias que les afectan directamente, como es todo lo relacionado con el ingreso estudiantil, la asignación de recursos para docencia e investigación, la eventual evaluación de programas, entre otras, cuyas decisiones se concentran en el MPPEU.

Cuarta etapa: consolidación de un Estado autoritario (2012-2015)

Esta última etapa está marcada por la enfermedad y muerte del Presidente Chávez y la elección de su sucesor en 2013. Durante la campaña electoral de 2012, en la cual participó, el Presidente Chávez propuso el Plan de la Patria, documento que tras su muerte y la posterior elección del Presidente Maduro, ha sido promulgado como el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 (Asamblea Nacional, 2013), a partir del cual cada sector del país planifica y establece sus políticas. En el caso de la educación universitaria se consolidan las políticas que habían sido implementadas en las etapas anteriores. En este sentido, se mantiene el principio de la educación como un derecho materializado en su universalización. En consecuencia, el Plan propone para el sector de educación universitaria, profundizar la democratización del ingreso al sistema universitario, eliminando todo aquello que pueda generar formas de exclusión económica, cultural y social. Para ello se plantea el ingreso como un problema de Estado y propone crear un solo sistema integrado, que permita disminuir progresivamente la discrecionalidad y fragmentación de la política (Oficina de Planificación del Sector Universitario, sf). En este sentido, según el gobierno, en 2012 se logró una matrícula de 2.503.296 estudiantes (Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2012), lo cual representó un incremento del 25% con relación a la matrícula de 2008⁸. En 2013, la matrícula fue de 2.629.312 (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2015).
Sin embargo, llama la atención que en la Memoria y Cuenta del MPPEU 2014 (2015), se señala como un logro de las políticas que la matrícula fue de 2.620.013 en 2014, (82.2% de acceso), que en números absolutos oficiales es menor a la matricula, señalada antes, para el 2013. A ello se añade que, de acuerdo con la información oficial, tal porcentaje es menor al comunicado como tasa bruta de matrícula en educación superior para 2011, según la cual se había alcanzado a cubrir el 83%. Podría argumentarse que la diferencia no es significativa, sin embargo, si no ha sido una disminución notable en términos relativos, por lo menos éstas cifras indican que, o no ha habido un crecimiento efectivo de la matrícula y, por lo tanto, esta permanece constante, o se reafirma que las estadísticas oficiales carecen de consistencia y, en consecuencia, de credibilidad. No obstante, es imperativo reconocer que la implementación de las políticas de inclusión a través de la creación de nuevas universidades, de la Misión Sucre y la eliminación de pruebas de selección para el ingreso, ha impulsado el crecimiento de la cobertura educativa en educación superior, a pesar de que esta versión oficial de la situación de la educación universitaria contrasta con los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2013 (Freitez, et al., 2014) según la cual la tasa de asistencia escolar desciende en el grupo de edad de 20 a 24 y la probabilidad de este grupo de estar incorporado al sistema educativo es más alta cuando proviene de hogares con mayor capital cultural. De tal manera que la brecha entre los estratos I y V es de casi 30 puntos entre ambos extremos. Lo cual confirma la hipótesis de la "Desigualdad máximamente sostenida" (Brunner y Villalobos, 2014), en tanto si bien tal crecimiento matricular podría dar cuenta de la inclusión de los sectores menos favorecidos, los más favorecidos tienen una participación relativamente mayor y mantenida.
Lo que ha venido siendo una constante durante todo el periodo en términos del discurso de la inclusión, también se ha materializado en cuanto a la descolonización del conocimiento, como eje articulador del nuevo modelo educativo impuesto en las instituciones controladas directamente por el gobierno y, tangencialmente, en las universidades autónomas. En tal sentido, una de sus políticas en esta etapa es la consolidación de este modelo educativo, centrado en la formación ética socialista y dirigido a la producción socialista (Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, 2015), lo cual implica que los programas académicos deben responder a esta orientación ideológica presente en el proyecto nacional. A partir de enero de 2015 se fusiona el MPPEU con el Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología, quedando este a cargo de "…formular, promover, adoptar y hacer el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos que impulsan la Revolución del Conocimiento… en el marco de la construcción del Socialismo Bolivariano del siglo XXI…" (Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 2015).

Conclusiones

Haría falta una lectura más detenida de las políticas de educación superior implementadas durante el período analizado y de sus efectos, para poder evaluar en su justa medida, su puesta en práctica⁹, no obstante, sí pueden extraerse conclusiones que dibujan grandes trazos de la realidad de la educación universitaria en Venezuela. El principio constitucional de la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas ha sido opacado por la polarización política y el desconocimiento mutuo entre los actores, en tanto se ha mantenido la existencia paralela de dos sistemas de educación superior, en un escenario donde las tensiones entre ambos terminan siendo sofocadas por el poder ejercido por el gobierno en el marco de relaciones desiguales. En las dos primeras etapas de este proceso se echaron las bases que condujeron a la reinstitucionalización de la educación superior. Se modificó profundamente su plataforma institucional, en un proceso de diferenciación, no basado en condiciones o requisitos académicos, sino en criterios ideológicos y relaciones clientelares y partidistas; se cambió la base epistemológica y filosófica sobre la que precariamente se había construido el modelo universitario anterior, representado todavía por la universidad autónoma, asediada desde el gobierno y también atacada internamente por un pragmatismo enquistado, mientras que desde el Estado se impone un modelo político-ideológico que es la prolongación en la educación universitaria del partido político en el ejercicio del poder.
Esto niega también los principios de pluralidad del pensamiento y de aceptación de la diversidad en tanto se impone tal concepción ideológica como punto de partida para la discusión. Todo indica que en el escenario de la educación universitaria en Venezuela sobresale la figura de un Estado autoritario, que controla y regula el sector, mediante planes y decretos, negando en la práctica la participación de actores que disientan de su orientación ideológica, mientras las universidades autónomas aceptan resignadamente el deterioro de su autonomía. Lo cual dibuja un escenario en el cual prevalece tal sesgo ideológico y la trivialización del conocimiento, impuestos a la formación y a la investigación (Parra Sandoval, 2014).

Notas

¹ Es el mismo partido político en el gobierno (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, antes Movimiento V República, MVR) y un grupo más o menos estable de dirigentes y funcionarios, aunque con un alto grado de rotación; sin embargo, se han producido cambios importantes en la dirigencia del gobierno nacional, que en el caso de la educación superior han sido significativos por sus repercusiones en el tratamiento del tema universitario (García Guadilla, 2005).

² Solo incluyo en el análisis aquellas políticas que por su relevancia e impacto son más representativas de las transformaciones producidas en la educación superior durante la revolución bolivariana.

³ Esta afirmación corresponde a la Dra. María Egilda Castellano, quien se desempeñó como la primera (y única) Vice-Ministra de Educación Superior, ya que su desempeño como tal culminó con la creación del Ministerio de Educación Superior.

⁴ Las Misiones son programas para atender las necesidades prioritarias de educación, salud, vivienda, empleo y alimentación, no satisfechas por las distintas instancias de la administración pública central. En ese sentido, son la expresión de la nueva institucionalidad. Por otra parte, también han operado como estrategia política de clientelismo y captación del voto popular (Parra Sandoval, 2012).

⁵ Con la Misión Sucre cambia la concepción de las Aldeas Universitarias como espacios que contarían con la participación de todas las instituciones de educación superior presentes en la localidad, para pasar a ser sedes donde la UBV y otras universidades controladas por el gobierno, desarrollan algunos de sus programas académicos.

⁶ Este documento estuvo alojado en la página oficial del MPPEU (http://mesnuevo.mppeu.gob.ve/index. php), sin embargo después de la fusión con el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, producida a partir de enero 2015, desaparece el vínculo que dirigía al usuario a esta información.

⁷ Los cálculos son hechos de acuerdo con las cifras del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011 (Parra Sandoval, 2014).

⁸ Las cifras oficiales son inconsistentes. Para este cálculo utilizo información de 2012 (Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2012). Según un informe del gobierno en 2015, la matrícula en 2012 fue de 2.629.312 (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2015), con lo cual la diferencia 2008-2012 sería de 33% de crecimiento.

⁹ Siempre que hubiese acceso a información, confiable por su consistencia, requerida para ello.

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