DOSSIER ESPECIAL: LA EDUCACIÓN BAJO LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EN LA ARGENTINA

La cruzada restauradora en la educación. Uniformizar, descentralizar y moralizar¹

 

Delfina Doval²

¹ Este trabajo fue presentado en las "XIII Jornadas Argentinas de Historia de la Educación", Balances historiográficos, inventarios del presente y desafíos de la investigación, Mesa temática: "El presente y el pasado reciente en la Historia de la Educación", organizado por la Facultad de Filosofía y Letras; Facultad de Ciencias Sociales, UBA- Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires, 10, 11 y 12 de noviembre de 2004.

² Profesora de Ciencias de la Educación (UNER), Magíster en Educación (UNER). Docente e Investigadora cátedra Historia Social de la Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.

"Privar a la descendencia de un relato de sus peregrinaciones, ¿no es acaso una manera -a menudo miserable e irrisoria a la vez- de presentarse como un ancestro que borra el saber recibido para ofrecerse como un modelo de vacuidad?
Jacques Hassoun

 

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Resumen

Durante la última dictadura argentina del siglo XX los militares procesistas sostuvieron que la agresión subversiva para obtener sus objetivos de victoria usaba y trataba de usar "…todos los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folklore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión…"³. Entendieron que el enemigo apátrida habitaba el hogar común de los ciudadanos argentinos, afectando especialmente el lugar de las ideas. Y que, por ende, les correspondía, "…en el contexto de lucha global…erradicar sus causas y eliminar sus efectos, saneando todos aquellos campos del cuerpo social que fueron afectados por la acción disolvente de la subversión"⁴. La lucha se transformó en la lucha por el poder de la cultura argentina. Acorde a esta finalidad junto a sus ideólogos civiles transformaron el sistema educativo en uno de los principales escenarios de la cruzada por la recuperación de "…los valores morales y espirituales de la nacionalidad"⁵.
En esta comunicación se intentará develar como se articularon los lineamientos de política educativa en los niveles nacional y jurisdiccional durante los autodenominados períodos de reordenamiento básico y de creación, para dar cumplimiento a la pretensión arrogante de rehacer sujetos colectivos de arriba hacia abajo en pos de la tarea que la política de orden y disciplinamiento social implícitamente preconizó para someter a la totalidad del cuerpo social. Se efectúa su estudio en la tensión del proceso de ordenamiento/disciplinamiento y el de descentralización-desregulación del sistema educativo, observando en particular lo acontecido en la jurisdicción educativa de Entre Ríos.

Summary

During last argentine military dictatorship of the twenties century the dictators maintained the subversive aggression used and tried to used to get their objectives from victory, "... all imaginable means: the press, the songs of protest, the funny papers, the movies, the folklore, the literature, the university cathedra, the religion...". They understood that the stateless enemy habited the home of every common argentine citizen, specially affecting the space for ideas. So what as a consequence corresponded too them, "... in the context of the global fight, to eradicate their causes and eliminating their effects, healing all those fields of the social body that were affected by the dissolving action of the subversion". The fight turn into the fight for the power of argentine culture. They turned chord to this purpose next to his civil ideologists into the educational system one of the principal scenes of the crusade for the recuperation of "... the moral and spiritual values of nationality..."
This communication will try to unveil how the guide lines educational policy articulated in the national and jurisdictional levels during the autonamed periods of basic and creation realignment, to give fulfilment to the in pursuit of the work order and social discipline policy implicitly suggested to submit the totality of the social body. This communication also takes effect their study in the tension of the of the process of organising/discipline and the one of decentralisation/ deregulation of the educational system, observing in particular what happened in educational jurisdiction of Entre Ríos.

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El nuevo orden

La gestión del gobierno autoritario del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) se centró en dos focos decisivos para su consolidación y, por ende, la consecución del nuevo orden: la guerra antisubversiva y las reformas en el campo económico. En la combinación de dos ejes ideológicos, seguridad -que eslabonó el universo temático del orden (o la represión)- y mercado -que eslabonó el universo temático del progreso/modernización/satisfacción, se construyó el espacio simbólico de integración del discurso autoritario⁶. Mientras el discurso del orden debía generar solidaridades morales en la lucha contra la subversión; el discurso del progreso/modernización haría lo propio con las solidaridades orgánicas. La combinación de estos dos universos discursivos puso en movimiento un conjunto de prácticas a través de las cuales se intentaría refundar de arriba hacia abajo la sociedad argentina para crear este nuevo orden.

Las acciones, sustentadas en esta matriz ideológica -articulante de las doctrinas de la seguridad nacional⁷ y de la libre empresa-, se complementaron en sus efectos disciplinantes y la radicalidad de los correcciones que aplicaron para "…sanear el cuerpo social del país, arrancando de él las raíces ramificadas durante años de acción favorecida por el desconocimiento y la incomprensión circunstancial de algunos sectores nacionales"⁸.

La responsabilidad de implementar las acciones para erradicar la subversión quedó bajo la tutela de los hombres de armas. El Ejército, institución protegida por Dios, tenía una misión mesiánica, sanar a la sociedad enferma. El PRN era la respuesta moral a la disolución nacional. Las Fuerzas Armadas (FF.AA.), al gobernar ordenando, sabrían actuar allí donde los políticos habían fracasado alimentando la corrupción, el desgobierno, y el flagelo subversivo con su irresponsabilidad populista. El régimen actuaría con firmeza, vocación de servicio, ejerciendo con severidad, tolerancia cero, la autoridad asumida para encauzar el proceso de reparación que habían iniciado⁹.

La tarea de regulación económica, o de súbita desregulación, se depositó en un influyente hombre de negocios y su equipo de colaboradores. La élite tecnocrática concibió el proyecto de sociedad en sentido amplio, dando el tono contrastante a la gestión gubernamental de los militares procesitas que no cesaban de profesar una filosofía confusa sobre el ser nacional y de afirmar que el PRN no tenía plazos. Dos grupos de civiles ultraliberales, el Grupo Perriaux y el Grupo La Plata¹⁰, fueron la clave para impulsar y dar letra a los militares golpistas. Se completaba, así, con la colaboración y participación de las fuerzas oligárquico-conservadoras de la civilidad el paisaje político uniformado y uniforme.

El objetivo re-fundacional que instituyese el golpe de Estado de 1976 no detendría al nuevo bloque dominante¹¹ en los medios para el logro de los fines, en la exigencia de sacrificios, tiempos y esfuerzos, necesarios para implementar un nuevo modelo de acumulación que re-organizase toda la estructura productiva de la economía argentina¹². La élite tecnocrática que había instigado el golpe de Estado y cuyos objetivos de orden habían coincidido con el de los militares, sabía que lo que debía modificarse en forma definitiva era el rol del Estado y que había que generar las condiciones para sentar las nuevas reglas de juego, el mercado, la eficiencia y el disciplinamiento social. La finalidad que impulsaba el régimen dictatorial no dejaba lugar a dudas. Había que terminar con el Estado benefactor del gobierno democrático derrocado para generar un Estado saneado que facilitara a la élite tecnocrática de la gran burguesía argentina introducirse en condiciones restablecidas en la lucha del mercado mundial capitalista¹³. La élite tecnocrática que había instigado el golpe de Estado y cuyos objetivos de orden habían coincidido con el de los militares, sabía que lo que debía modificarse en forma definitiva era el rol del Estado y que el nuevo orden era plausible si podían generarse las condiciones para sentar las nuevas reglas de juego: el mercado, la eficiencia y el disciplinamiento social.

Las Zonas de Seguridad. Entre Ríos: Zona 2 - Subzona 22

Para devolver nuestro país en guerra al orden, los militares montaron un dantesco teatro de operaciones bajo su control operacional¹⁴, colocando como telón de fondo la Doctrina de Seguridad Nacional¹⁵ (DSN) que se convirtió en la ideología estructurante de las operaciones. Reconocieron expresamente que la lucha que los argentinos libraban se desarrollaba en tres grandes teatros el operativo, el doctrinal y el emocional. Lambruschini¹⁶ definió la finalidad de cada uno de ellos, aseverando que en el teatro operativo se desarrollaban las acciones convencionales de inteligencia y combate, destinadas a detectar y derrotar al terrorismo, al enemigo apátrida; en el teatro doctrinario se luchaba por impedir la utilización del armamento ideológico del enemigo y en el teatro de operaciones, teatro emocional, la definición del enemigo se tornaba más difícil, el enemigo era elíptico, más tipificable con la denominación de idiota útil, que les hacia luchar casi siempre contra un adversario que tenía poco claras sus ideas y que era manejado.

Para gobernar interiormente el Estado y llevar a cabo su control operacional en la lucha operativa, doctrinal y emocional, los militares dividieron al país en Zonas de Seguridad¹⁷ desde las cuales condujeron la que llamaban desde 1956 su Guerra Revolucionaria^18-19. Las Zonas de Seguridad demarcaron los territorios en las que los Comandos llevarían a cabo las operaciones y acciones acordes al proceso de reparación iniciado. Cada Zona de Seguridad coincidió con la correspondiente jurisdicción administrativocastrense por lo que fueron tantas como Cuerpos de Ejército había en 1976. Entre Ríos se encontraba dentro de la Zona 2²⁰, que se correspondía con el II Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario. El 24 de marzo de 1976, el Comando del II Cuerpo de Ejército, informaba que dentro de su jurisdicción se había designado como interventor militar de Entre Ríos al 2° Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, coronel Juan Carlos Trimarco. El 25 de marzo, el general de brigada Abel Teodoro Catuzzi, Comandante de la IIda. Brigada de Caballería Blindada, dio a conocer los nombres de los restantes interventores designados frente a los poderes ejecutivos provinciales que conformaban el II Cuerpo de Ejército²¹. Los ejecutivos provinciales de la Zona 2 habían sido uniformados.

El día del golpe, en su segunda edición, el matutino local El Diario²², destacaba entre sus titulares, Fue derrocado el gobierno nacional²³; Una junta militar asumió el control del país. La ex - presidente detenida²⁴; Con expectativa se siguen los sucesos en nuestra ciudad; Autoridades militares en nuestra provincia; Convocatoria a la juventud²⁵. A través de un comunicado emitido por el comandante de la II Brigada de Caballería Blindada, se exhortaba a la población a permanecer en sus domicilios durante la noche, ya que se continuaba con la realización de operaciones de seguridad con efectivos militares para la detención de personas con causas pendientes, fundamentalmente, bajo la Ley de Seguridad Nacional y/o de delincuencia económica²⁶. En la ciudad de Paraná se instalaron guardias militares y policiales en diferentes lugares estratégicos y en el asiento de servicios de interés público, la Casa de Gobierno, la Compañía de Teléfonos, la Terminal de Ómnibus, el Ferrocarril. Se realizaron procedimientos y clausuras en los locales sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica, la Confederación General de Empleados de Comercio Seccional Paraná, la Unión Tranviario Automotor y en la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. En domicilios particulares se realizaron procedimientos que condujeron a la detención de personas²⁷. Se clausuraron los locales del Partido Justicialista, del Frente de Izquierda Popular y del Socialismo Popular. Fueron detenidos en dependencias militares el gobernador de la provincia, Enrique Tomás Cresto, el vicegobernador, Dardo P. Blanc y el intendente municipal, Juan Carlos Esparza. Mientras los ministros del Poder Ejecutivo provincial debían permanecer en sus domicilios²⁸.

Trimarco, el 24 de marzo de 1974, luego de jurar por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios tomó posesión de su cargo, designando militares frente a los diferentes ministerios²⁹. La provincia se había uniformado. Los uniformados se ocupaban de todos los asuntos públicos. El pensamiento y la acción debían uniformizarse para enfrentar el caos. El 14 de abril de 1976, al anunciar que la etapa de la intervención militar se acercaba a su fin y mientras anticipaba que se aproximaba la segunda fase de la reorganización, Trimarco recordaba a la civilidad jaqueada que la intervención de las FF.AA. no había tenido otro fundamento que restituir el orden, la idoneidad, la moral y la eficiencia, con la finalidad de reconstruir la Nación, erradicar la subversión, y promover el armonioso desarrollo³⁰. A la par que brindaba un pormenorizado informe de la situación de la provincia, comunicando que los Consejos de Guerra ya estaban integrados y que era facultad del Comandante del II Cuerpo de Ejército convocarlos.

Siempre primero la tarea de recuperación purificadora. Siempre primero el orden para nuestro país en guerra que debía y podía juzgar a quienes a ella lo habían conducido. La justicia visible sometía a juicio a los prisioneros que habían traicionado a la civilidad, a la vez que les enseñaba la necesariedad del proceso de reparación. La justicia del país visible alentaba la delación y convocaba a sus colaboradores. En la subzona 22, los agentes del orden recurrían a la utilización de la población como cómplice de los actos que se perpetraban contra ella. En la aspiración de identificarla con las fuerzas de seguridad, se la interpelaba a colaborar en la esforzada tarea de recuperación. Todas las acciones eran necesarias si lograr la seguridad nacional era el objetivo y nada debía detener a aquellos que estuviesen dispuestos a colaborar en la cruzada. A los colaboradores se apelaba a través de los medios de comunicación³¹,

Colaborar, ¿denunciar?, ¿no eran acciones válidas si el país estaba en guerra contra las bandas de delincuentes subversivos?. ¿Hubo entrerrianos dispuestos a transformarse en población colaboradora y volverse cómplice de las mismas acciones que se realizaban contra ella?. ¿Aceptaron el llamado que les hacía el régimen para informar y entregar a quienes eran sus opositores, convirtiéndose en población delatora?. Acaso, ¿la lucha emprendida por las fuerzas de seguridad no era una lucha por la patria misma?; ¿la represión no se realizaba contra una minoría, las bandas de delincuentes subversivos, o sea, contra aquellos que no eran buenos argentinos?. Los buenos entrerrianos, los que tenían derecho a tener derechos, serían reconocidos por su participación en la lucha, recibiendo el merecido reconocimiento³².

Los primeros meses marcaron un ritmo febril en la configuración de un cambio estructural en las relaciones entre la nación y las provincias y en la amplitud de miras que se habían impuesto los militares en 1976. La concentración de poder que dispusieron fue inédita. Las acciones de vigilancia y propagandización que el régimen estableció sobre el territorio ocupado fueron continuas y eficaces para controlar una sociedad civil desmovilizada y vulnerable. Se prestó particular atención a la realización de aquellas que profundizasen la militarización y la vigilancia continúa de la sociedad. Acorde a esta finalidad la civilidad era convocada a los Cursos de Defensa Nacional³³, mientras se realizaban Operativos de Acción Cívica del Ejército³⁴.

¿Cómo describir con palabras el clímax reinante durante el período que autodenominaron de reordenamiento básico³⁵. ¿Indefensión, conservadurismo, temor a las acciones violentas, preservación individualista, ausencia de identidades colectivas, revanchismo, pavor, indiferencia, colaboracionismo, misticismo, creencias acendradas, podrían en compleja amalgama otorgar alguna significación a la desafección de la sociedad frente al disciplinamiento que en nombre de los valores de la tradición se llevaba a cabo?. Los nuevos cruzados de la moral, que durante el mes de octubre de 1976 clausuraban en la ciudad de Paraná la Semana de la Religión y la Moral³⁶, subordinaron la política, la cultura y los espacios de participación colectiva a valores de una moralidad pacata, la religión y la seguridad nacional.

Al cumplirse un año del PRN, el Presidente Videla aseveraba que la etapa de reordenamiento básico había finalizado, comunicando que se iniciaba el período de creación³⁷, durante el cual las FF. AA. formularían una propuesta de unión nacional. Las expresiones vertidas por el presidente de facto precisaron con mayor exactitud los alcances de la propuesta del régimen militar en busca de la unión nacional. En primer lugar, se situaba al poder de facto como el único garante del disciplinamiento social y, por ende, del orden. Así lo manifestaba Videla, "… este gobierno que presido no cejará -según las formas que las nuevas circunstancias aconsejen- en su esfuerzo permanente contra la subversión cualquiera sea su manifestación"³⁸. En segundo lugar, se advertía que el proyecto de revitalización y recomposición institucional iría acompañado de la puesta en marcha de un plan de profunda transformación de la economía argentina y de la participación del Estado en ella. En tercer lugar, se exteriorizaba la posibilidad de conformar un orden estable que podría inscribirse en otro contexto institucional, en principio, recomponiendo la estructura de los partidos políticos³⁹. Se iniciaba la etapa en la que se procedería a elaborar y sancionar los instrumentos legales tendientes a revitalizar las instituciones políticas de la República y modificar los hábitos políticos y los procedimientos de selección de los dirigentes⁴⁰.

El proceso fundacional en marcha requería de la participación de las jurisdicciones provinciales. Los lineamientos que se les brindaron fueron incesantes para mantener la cadena de responsabilidades y ejecutividad imprescindibles para el logro de la etapa de creación. En la Tercera Conferencia de Jefes de Estados argentinos, Videla instó a los gobernadores a concentrar una mayor atención en las comunidades locales, a fin de propender a su participación en la realización de las tareas ejecutivas, dándoles las directivas sobre las pautas a que debían ajustar su acción durante el año 1977 en las áreas política, económica, educativa, social, de planeamiento y en el campo de la lucha antisubversiva⁴¹.

Toda reflexión y práctica política fueron neutralizadas. En esta nueva etapa se pretendía administrar desde el Estado autoritario la renovación autocrática de la dirigencia política y sentar las nuevas reglas que dirimirían la unión nacional, asegurando la permanencia del régimen en el poder hasta la consecución de los objetivos del PRN. Supusieron, erróneamente, que podrían someter a la totalidad del cuerpo social a su política de orden disciplinante y alumbrarían a sus herederos en una Argentina donde los conflictos sociales y las diferencias se dirimirían con nuevas reglas de juego en pos de la consolidación de una nueva hegemonía en la sociedad. En su constitución desempeñaría un papel fundamental el nuevo orden educativo.

Conozcamos a nuestro enemigo

Los militares procesistas sostuvieron que la agresión subversiva para obtener sus objetivos de victoria usaba y trataba de usar "…todos los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folklore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión…"⁴². Entendieron que el enemigo apátrida habitaba el hogar común de los ciudadanos argentinos, afectando especialmente el lugar de las ideas. Y que, por ende, les correspondía, "…en el contexto de lucha global…erradicar sus causas y eliminar sus efectos, saneando todos aquellos campos del cuerpo social que fueron afectados por la acción disolvente de la subversión" ⁴³. La lucha se transformó en la lucha por el poder de la cultura argentina en la consecución de un nuevo orden educativo. Acorde a esta finalidad junto a sus ideólogos civiles transformaron el sistema educativo en uno de los principales escenarios de la cruzada por la recuperación de "…los valores morales y espirituales de la nacionalidad"⁴⁴.

A lo largo de los períodos de reordenamiento básico y de creación, el proceso de reparación en el ámbito educativo, fue una tarea que los funcionarios del orden y el progreso llevaron a cabo sin tregua. Tras la búsqueda/ imposición de la convergencia cívico-militar, a la que se lanzase el régimen a partir del llamado a la unión nacional, los funcionarios-ideólogos⁴⁵ bajo la pretensión legitimadora de la simbiosis ideológica orden y progreso/modernización/ satisfacción, generaron el cauce y los operativos por el que discurrieron las gestiones ministeriales en la re-organización del sistema educativo.

Frente al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (MCyE), durante los períodos mencionados, se sucedieron el Profesor Ricardo Pedro Bruera, marzo de 1976-abril de 1977; el general Albano Harguindeguy, Ministro del Interior, asumió interinamente la cartera educativa desde mayo de 1977 a junio de 1977; el Dr. Juan José Catalán, entre junio de 1977 y agosto de 1978. Ante la renuncia de Catalán vuelve a quedar interinamente frente a la cartera educativa el Ministro del Interior, general Harguindeguy, hasta la designación del Dr. Juan Rafael Llerena Amadeo, en noviembre de 1978, quien permanecerá al frente del Ministerio hasta marzo de 1981⁴⁶. La designación del general Harguindeguy interinamente al frente de la cartera educativa clarificó lo que significaba la educación para el PRN⁴⁷, así como la profundidad que asumiría la lucha contra la subversión en el ámbito educativo. Había llegado el momento de definir con precisión la lucha en el teatro doctrinario, la lucha contra el armamento ideológico.

Bajo el código del desmantelamiento de la educación pública, las sucesivas gestiones ministeriales se unieron en su carácter reactivo para ajustar su ritmo al de la política nacional en las diferentes áreas y empeñar su esfuerzo en la re-fundación autoritaria de la sociedad argentina. Las acciones que cada una de las gestiones profundizó con relación a las políticas universitarias se vuelven paradigmáticas en su sucesión, exámenes de ingreso y cupo de ingreso, a partir del año académico 1977, finalmente el arancelamiento a partir del año académico 1981 y la exclusión de los estudiantes del gobierno de las universidades, según lo estableció la Ley universitaria 22.207 de 1980⁴⁸.

La ideología del orden en el ámbito del sistema educativo se materializó en forma inmediata con la designación de militares en los organismos educativos; la intervención militar de las universidades nacionales⁴⁹; la modificación parcial del Estatuto del Docente⁵⁰ a través de la suspensión de parte de su articulado; las cesantías y suspensiones de docentes en diferentes niveles del sistema por razones de mejor servicio y racionalización nacional⁵¹; normas reguladoras de las prácticas institucionales⁵²; sanciones disciplinares; control y vigilancia curricular.

En armonía con las acciones de orden se alinearon las jurisdicciones educativas provinciales. La jurisdicción educativa entrerriana participaba activamente del proceso uniformizante. Funcionarios militares frente a los organismos educativos⁵³. Cesantías producto de la Ley 5828 y de la Ley 5830⁵⁴. Numerosas renuncias por motivos personales aceptadas y avaladas por numerosos decretos del poder ejecutivo provincial. Conductas sancionables o Inconductas⁵⁵ en el ámbito de los establecimientos educativos. Recomendaciones⁵⁶ de la Jefatura de la Policía de la provincia al estudiantado.

Fue en el período de reordenamiento básico que el poder de censura estatal montó su operativo de violencia represiva, de burocracia oculta y órdenes secretas, dentro del MCyE. Bajo el nombre encubierto de Recursos Humanos, el área funcionaba como dependencia del Departamento de asesores del ministro y su actividad fue clave en la represión de la cultura y la educación. De la mano de la Operación Claridad y la posterior Directiva 504/77⁵⁷, se concibieron los mecanismos de vigilancia simbólica y material para instruir a los argentinos sobre los peligros de disolución a los que habíamos estado expuestos.

Durante el año 1977 los docentes, concebidos como los custodios de la soberanía ideológica, fueron instruidos sobre el funcionamiento de la cadena instrucción-vigilancia-delación a través del memorable texto Subversión en el ámbito educativo. (Conozcamos a nuestro enemigo). El documento fue dado a conocer el 27 de octubre de 1977 por la Resolución N° 538 que obligaba a su difusión en el ámbito de todo el sistema educativo. En el mismo se reprodujo un análisis de inteligencia militar sobre la guerrilla y su accionar con el objetivo de "…facilitar la comprensión del fenómeno subversivo que vive la Argentina de estos días, especialmente en el ámbito educativo"⁵⁸, explicando los acontecimientos sucedidos y brindando elementos de juicio sobre el accionar del marxismo bajo la convicción de la contribución que la publicación serviría para que "…los docentes conozcan mejor a los enemigos de la Nación y para que las generaciones venideras puedan decir de los educadores de hoy que cumplieron con su deber…"⁵⁹. Se exhortaba a los docentes a educar en los valores de la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino⁶⁰, mientras paradójicamente se aseveraba que en el país debíamos hablar de guerra, de enemigo, de subversión, de infiltración⁶¹. El dogmatismo ideológico expresado en los tópicos que signaron el PRN, integrismo, occidentalismo y anticomunismo, se plasmaron emblemáticamente en el documento.

La moralización del sistema educativo alcanzará su cenit con la presencia de Juan Rafael Llerena Amadeo en el MCyE. Desde el fundamentalismo más acérrimo pretendió producir una fundación de sentido orientada por la moral del dogma que se expresó en una acabada pedagogía de la renuncia⁶². Bajo la aspiración refundadora y desde un paternalismo pedagógico ferviente⁶³, se procuró volver a una cosmovisión pre-modernateológica para interpretar el mundo y lograr que la sociedad aceptase una autoridad espontánea sostenida en valores considerados naturales e innegables. Llerena Amadeo, en tanto ideólogo del PRN, apeló al orden simbólico del autoritarismo a través de un discurso pedagógico perenne⁶⁴, dispuesto a profundizarlo y arraigarlo, cerrando cualquier discusión posible o interpretación divergente a los objetivos básicos del PRN.

El Día T. Descentralización - desregulación del sistema educativo

Paralelamente, se implementaba una política de apertura externa de la economía y consonante con la misma se avalaba en el ámbito del Consejo Federal de Educación (CFE)⁶⁵ la política de descentralización y desregulación del sistema de enseñanza. Política educativa consustancial de las transformaciones que el Estado autoritario de la mano de la alianza militares/élite tecnocrática realizaba para reorganizar la estructura productiva de la economía argentina en la expresión de un proyecto de acumulación⁶⁶ diferente. Acorde a ello, la lógica economía-educación estructuró la cartera educativa.

La ideología del progreso/modernización se materializó con la conformación de Comisiones de técnicos y asesores. La promesa de eficiencia también debía inscribirse en el horizonte educativo entrerriano. Así, en junio de 1976, se constituyeron las Comisiones de Legislación Educativa; de Coordinación de Acciones; de Recursos Humanos, Económicos y Tecnológicos; de Pautas Presupuestarias y la de Contenidos mínimos, debiendo, de acuerdo a los temas prioritarios establecidos por el Comité Ejecutivo del CFE, abocarse al estudio de la temática que las nucleba. Funcionarios del orden y el progreso debían fusionarse en la gestión de un nuevo modelo de desarrollo del sistema educativo. Funcionarios-ideólogos dispuestos a concentrarse en la planificación ordenada de las secuencias y su implementación progresiva para salir del estado subvertido y lograr la organización del nuevo sistema educativo.

Bajo el imperativo del progreso y mejoramiento regional que prometía la interacción entre la jurisdicción nacional y las jurisdicciones provinciales, se iniciaba el drástico proceso de descentralización del sistema educativo⁶⁷. El mismo fue acompañado por el proceso de unificación del régimen de ingreso a las universidades para el año 1978, que dispuso un sistema único para todas las casas de altos estudios, reservando al Ministro de Cultura y Educación de la Nación el derecho de determinar las vacantes o cupos a propuesta de cada universidad y previo asesoramiento del Consejo Regional Universidades Nacionales (CRUN)⁶⁸. En un proceso de doble articulación se descentralizaba el nivel primario, aquel donde se formaban los estratos menos diferenciados del pueblo⁶⁹ y al unísono se centralizaba el nivel universitario donde se formaban las minorías dirigentes, civiles y militares⁷⁰ del país; mientras se generaban las condiciones que desregulaban el sistema educativo y reorientaban el papel del Estado como garante del bien Educación.

Aceleración de los trámites para el traspaso de escuelas a las provincias⁷¹, anunciaron los titulares promediando el año 1977, mientras Catalán notificaba a los integrantes del Comité Ejecutivo del CFE la promulgación de una ley de transferencias de escuelas primarias nacionales a las provincias y cuya implementación sería tratada en la reunión del CFE a realizarse en Mendoza los días 22 y 23 de noviembre de 1977. Conjuntamente el ministro informaba que las provincias iban a tener que atender con recursos propios los gastos que demandase la transferencia y que sólo aquellas que no dispusiesen de los recursos podrían solicitar subvenciones al Ministerio de Economía de la Nación⁷². El clima de concertación inicial se había perdido, advirtieron los observadores del área⁷³, señalan do que se trataba de una decisión del gobierno central por lo que el papel preponderante era de los ministerios del Interior y de Economía⁷⁴. Los planes iniciales parecieron haberse alterados, mientras la lógica de las decisiones económicas⁷⁵ primaba sobre cualquier consideración, introduciendo una modificación sustancial en el programa de transferencia elaborado y aprobado por el CFE⁷⁶ bajo la presidencia del ministro Bruera.

Ante la percepción manifiesta de que el clima de acuerdos se había modificado, la transferencia de las escuelas primarias nacionales a las provincias se sostuvo utilizando el federalismo como principio legitimador y se justificó, así, un traspaso de responsabilidades sin recursos⁷⁷. Durante la realización de la V Asamblea Ordinaria del CFE, realizada en Mendoza los días 22 y 23 de noviembre de 1977, Catalán enfatizaba la línea argumental escogida, federalismo, y sumaba la del mejoramiento de la calidad educativa, sosteniendo que transferir las escuelas significaba dar un paso en el mejoramiento de la educación, restituyendo a las provincias una facultad histórica acordada por la Constitución de 1853⁷⁸. La apelación a la Constitución Nacional resulta casi paradojal cuando, además, el ministro del área no había demostrado un interés genuino por ocultar las auténticas razones al sostener que las provincias debían asumir el costo total de la educación primaria pues estaban en condiciones de hacerlo merced a la alta recaudación fiscal que habían tenido⁷⁹.

El 06 de junio de 1978 el PEN promulgó las leyes 21.809 y 21.810⁸⁰ de transferencia de los servicios de educación -pre-primarios y primarios- nacionales a las provincias, facultando al Ministerio de Educación y Cultura de la Nación para transferir los establecimientos a través de los convenios pertinentes con cada una de las provincias y Municipalidad de Buenos Aires para lo que se fijaría el Día T⁸¹. El Día T llegó para las provincias el 19 de julio de 1978 en el marco de la VI Asamblea Extraordinaria del CFE reunida en Santiago del Estero. Con ese acto, aleccionó Catalán a los mandatarios presentes y al Ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, las provincias daban un paso importante en la afirmación de los derechos que les correspondían por el régimen federal de gobierno⁸². La apelación al sentir federal fue la clave legitimadora de un proceso de cesión de responsabilidades a las provincias que convalidaron en la Declaración de Santiago del Estero la transferencia de los servicios nacionales de la forma que impulsaba el gobierno nacional, efectuar el traspaso de una sola vez y con recursos de las provincias.

A la jurisdicción educativa entrerriana se transfirieron doscientos treinta y siete establecimientos nacionales. En el inicio del año escolar 1978, el entonces gobernador de Entre Ríos -brigadier® Di Bello-, indicaba que el total de los establecimientos que se transferirían a la provincia conformaban el 18% del total de los establecimientos primarios (nacionales, provinciales y privados) en el territorio entrerriano, expresando que en la Ley 6.078, del presupuesto correspondiente al año en curso, se habían realizado las previsiones convenientes y que se habían equiparado los sueldos provinciales a los nacionales⁸³.

La transferencia eufemizó bajo la afirmación de los derechos que les correspondían a las provincias por el régimen federal, las condiciones de su realización. Recordemos las palabras de la Interventora del CGE, Prof. María Olga del Azar Di Giusto, al efectuar un balance del año 1978 ante la culminación del período lectivo,

"…se está marcando el verdadero sentido federalista de nuestra Nación, descentralizando el sistema educativo con arreglo a normas constitucionales y eliminando instancias burocráticas que perjudicaban su normal desenvolvimiento. Hemos realizado un reordenamiento de los cuadros docentes de transferidos con estricta justicia, volcando nuestro acento humano y elevando así la tranquilidad a muchos que se encuentran en situación anormal y esperanzas a otros en este difícil período de adecuación e integración de nuestro proceso…"⁸⁴

Mensaje paradigmático el de la funcionaria procesista que remarca la lógica triunfante, economía-educación en el contexto de la imposición de resoluciones de facto que los funcionarios ideólogos tomaban y acataban uniformizadamente. La funcionaria apelaba al sentido federalista en la descentralización del sistema educativo, justificando la eliminación de las instancias burocráticas, a la par que valorizaba el reordenamiento que se había efectuado de los cuadros docentes transferidos llevándoles tranquilidad con relación a la situación anormal en que se encontraban en se período de adecuación e integración del proceso de transferencia.

Se exaltó el federalismo, sin poner en cuestión que entre los supuestos derechos que recuperaban las provincias debieron haberse incluido todos aquellos que quedaron sin definir, un marco normativo general para todo el país, la asignación de un nuevo rol al Ministerio del Gobierno Federal y el establecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación interjurisdiccional⁸⁵. El resultado inmediato fue la reducción del peso presupuestario que tenía el sostenimiento de las escuelas nacionales del nivel pre-primario y primario en el presupuesto nacional. El Diario durante el mes de octubre informaba que a partir del 1° de noviembre las provincias, la Municipalidad de Buenos Aires y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, deberían pagar todos los gastos que demandaban lasseis mil quinientas escuelas nacionales transferidas⁸⁶. La noticia parece un símbolo indicativo del inicio formal de la etapa aperturista⁸⁷, antecedente directo de las políticas neoconservadoras menemistas que signaron la década del '90 en materia de descentralización educativa, caracterizada por la vinculación decisiva entre los aspectos económicos y educativos, subsumiendo los últimos a los primeros. Esta etapa marca el inicio de las políticas excluyentes y subsidiaristas y de generación de formas encubiertas de privatización del sistema educativo⁸⁸. Nos parece relevante recordar lo que señalaba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio del año 1978,

"Frente a ingresos que en términos reales crecen sustancialmente se instrumentó una política de transferencia de servicios a las provincias. El caso más importante lo constituye la transferencia de 6.564 establecimientos primarios que cuentan con 64.619 cargos docentes y auxiliares, con una población escolar de 897.400 alumnos y un costo aproximado en $207.000 millones…Con estas transferencias no sólo se ha pretendido aliviar el gasto público del Estado Nacional, sino que fundamentalmente se ha querido que las provincias sean simplemente responsables por los aspectos administrativos que se desenvuelven en su jurisdicción, como corresponde que sea dentro de una concepción auténticamente federal del país."⁸⁹.

Una de las líneas argumentales que el ministro Catalán había escogido zozobraba al reconocerse en el documento que con las transferencias se había pretendido aliviar el gasto público del Estado Nacional y que las provincias fuesen responsables por los aspectos administrativos que se desarrollaban en cada jurisdicción, para agregar que esto correspondía dentro de una concepción auténticamente federal del país.

La otra línea argumental que sostuvo el entonces Ministro de Cultura y Educación de la Nación, Catalán, tampoco resistió los hechos. La transferencia no sólo no incidió positivamente en la calidad de la educación, sino que una de las consecuencias más significativas de la transferencia fue la aceleración del proceso de segmentación interna del sistema educativo nacional. A este proceso de segmentación interna deben adicionarse otros aspectos que no fueron considerados durante el proceso de transferencia y que incidirían negativamente en las posibilidades del mejoramiento de la educación: el nuevo orden curricular, la evolución de la matrícula; la deserción; el rendimiento escolar; el financiamiento; la situación de los docentes; el cierre de establecimientos educacionales, para señalar los más significativos⁹⁰. De acuerdo a lo expuesto, podemos sostener que la transferencia de los servicios educativos fue parte de las políticas públicas que instrumentó el régimen con el objetivo de desmantelar las estructuras formales de protección estatal y generar mecanismos desincorporadores⁹¹.

Fue al ministro Llerena Amadeo, en el transcurso de 1980, a quien le correspondió impulsar el principio de subsidiariedad. Principio que no hacía más que acompasar la lógica del proceso de descentralización de las políticas estatales procesistas inducidas bajo el imperio de las decisiones económicas y que habían acompañado las diferentes gestiones ministeriales de la cartera educativa. En reunión reservada durante la Reunión Extraordinaria del CFCyE realizada en agosto de 1980 en Capital Federal, se convalidaba la filosofía y estructura de la futura Ley Federal de Educación. Ante la Asamblea de ministros, Llerena Amadeo explicaba que en ella se contemplaba: la libertad de enseñar y aprender; el derecho y deber de los padres a la educación de sus hijos; la lícita participación de la familia, de asociaciones y grupos menores y la peculiar misión de la Iglesia Católica⁹². Como supuestos de base de la Leyexpresó que se sostenía sobre: una concepción espiritualista del hombre; las diversas formas de organización social, -desde la familia hasta la comunidad nacional e internacional-, y que la nacionalidad significaba un compromiso activo de la defensa del patrimonio espiritual y material de la Nación⁹³. Para enunciar, finalmente, que con respecto al principio de subsidiariedad en el ámbito educativo se iba a tener en cuenta que la familia es el agente primordial de la educación y que al Estado le cabe el papel principal en orden a la obtención de su fin, el bien común⁹⁴.

Aparecía, de este modo, esbozado en las declaraciones del ministro de la cartera educativa, otro de los temas claves en la etapa aperturista para la concreción de las políticas educativas de la década de los '90: una nueva distribución de responsabilidades entre los diferentes agentes de la educación. Se establecía, así, una separación nítida entre los que planifican y controlan y los que gestionan, administran y financian las escuelas⁹⁵, anticipando los que luego en la Ley Federal de Educación 24.195, serían reconocidos como los agentes de la educación. En tal sentido, el Ministro Llerena Amadeo que tan entusiastamente había anunciado en abril de 1980 la discusión sobre la Ley Orgánica de Educación, obvió en sus declaraciones a la prensa que en la reunión de La Falda se abordaría en la agenda del Consejo Federal de Cultura yEducación el traspaso de los servicios educativos de adultos de nivel primario a las distintas jurisdicciones educativas provinciales⁹⁶.

El 26 de mayo de 1980 los titulares de El Diario recogían la siguiente información, La transferencia de servicios públicos a la provincia de Entre Ríos. Entre los servicios nacionales transferidos al ámbito de la jurisdicción provincial se establecía que por expresa disposición nacional se recibirían, entre otros, los servicios y establecimientos de educación para el adulto que poseía la correspondiente Dirección Nacional de Educación del adulto (DINEA)⁹⁷. Mientras los docentes asistían a la supuesta instauración de los mecanismos para consultarlos sobre las bases para un proyecto de Ley de Educación, la política de descentralización de la etapa aperturista no cesaba. Continuaba sin tregua y sin pausa en su marcha inflexible de desincorporación de una mayoritaria franja de la sociedad argentina.

Reflexiones finales

La cartera educativa, tanto en el plano nacional como en la jurisdicción educativa entrerriana reflejó y acompasó, las etapas y avatares por los que el PRN discurrió. En los años iniciales del proclamado proceso de reparación, el control de la educación, en tanto medio de producción ideológica por excelencia, fue una tarea que los funcionarios del orden y el progreso, llevaron a cabo sin tregua en la jurisdicción nacional y en la Subzona 22. En la reorganización estructural del país la creación de un nuevo orden educativo se detectó como un factor clave. Se trataba, según lo había señalado Bruera, de una cuestión política pues el nuevo orden se establecía dentro del esquema de un proyecto político total para el país⁹⁸.

La sucesión discursiva, orden y progreso/modernización, se reiteró en el ámbito educativo en la búsqueda de reparación y en la consecución de este nuevo orden educativo garante, en gran medida, del nuevo orden social. El discurso del orden convalidó la implementación de los mecanismos de vigilancia simbólica y material utilizados para instruir a los argentinos sobre los peligros de disolución nacional, que se volvieron aparatosos para alertar y vigilar la acechanza de la subversión. Se conjeturó que la remoralización dogmática de la sociedad argentina permitiría llevar a cabo el proyecto fundacional. El disciplinamiento social debía conducir por el camino de la re-organización en los valores que evitarían la caída en experiencias populistas, en el comunismo, en el tercermundismo, en el consumo desorbitado, según predicaron los funcionarios del orden en el país uniformado. El proyecto fundacional apeló a los valores de austeridad, ascetismo, obediencia, o sea, a una ética prohibitiva para llevar a cabo la reorganización estructural del país. Disciplinar, vigilar, censurar, controlar ideológicamente, uniformar en el país uniformado, marcaron el ritmo del área educativa.

Sin embargo, este ritmo fue contrastado por otro signado por la ratio económica y las exigencias que su lógica de racionalización eficientista impusieron al sistema educativo. Bruera así lo había señalado en la apertura del CFE, indicando que era absolutamente imprescindible establecer la unidad de la política educativa nacional y paralelamente a esta acción descentralizar la totalidad de las acciones educativas en el país"⁹⁹. En un juego pretendidamente dialéctico: unificar-descentralizar, naciónprovincias, Bruera sentaba las bases de la desregulación. El ministro, por una parte, ataba las decisiones de política educativa al nivel central al instaurar que se debía establecer una política unificada a nivel nacional. Por la otra, iniciaba el camino definitivo para la transferencia efectiva de los niveles de enseñanza básica, enseñanza elemental y escuelas de adultos, dependientes de la jurisdicción nacional, desgranando la letanía de la eficiencia sostuvo que se debía proceder a descentralizar la totalidad de las acciones educativas en el país. La propuesta de un sistema unificado en las decisiones y descentralizado en las acciones, ¿uniformado y eficiente?, ¿disciplinado y modernizado?, fue la resultante del accionar ministerial en consonancia con los cánones que instauraba la transformación estructural del país. El sistema educativo debía ser ordenado/disciplinado para proceder a la re-organización que asegurase un nuevo modelo de desarrollo de nuestro sistema educativo nacional. Catalán y Llerena Amadeo materializaron durante sus gestiones frente a la cartera educativa nacional el proceso de transferencia de los servicios señalados con anterioridad, siguiendo los imperativos indicados por los Ministerios de Economía y del Interior.

Hemos observado el papel que le tocó jugar al CFE transformado en el espacio maniqueo de uniformización de políticas educativas nacionales y jurisdiccionales. Desde la Asamblea de Ministros del área educativa, se avaló la política de descentralización y desregulación del sistema educativo nacional, signando el inicio de la etapa aperturista y la instauración de la lógica economía-educación, subsumiendo las decisiones educativas a las económicas. La promesa de una gestión ordenada/disciplinada y modernizadora/ eficiente, que pretendía mostrar que las reglas de juego del Estado debían y podían ser cambiadas volvieron conexos los esfuerzos provinciales y nacionales, en el contexto de una política económica y social que no otorgaba márgenes para la obtención de consenso social y político.

Las provincias debieron uniformizarse en el país uniformado. Las acciones se efectuaron al unísono en el país zonificado Videla lo había anunciado tempranamente ante los gobernadores provinciales, indicando que la Nación tenía a su cargo la conducción general del proceso, pero que no sustituiría los esfuerzos que las provincias debían hacer por sí mismas…¹⁰⁰. Cada provincia fue convocada a realizar los esfuerzos que la Nación le requiriese y éstos, según hemos observado, no fueron pocos en la transferencia de responsabilidades del gobierno nacional a los gobiernos provinciales bajo la lógica imperante descentralización-desregulación en un contexto creciente de desfinanciación del sector público en el inicio de la etapa aperturista.

Las carteras educativas, nacional y provincial, en la sucesión discursiva orden y modernización, produjeron depósitos de pensamiento que congregaron una extraña mezcla de neos conservadores y liberales. La educación se transformó en el espacio privilegiado para la transmisión/inculcación de la ideología que impulsaba el pretendido nuevo orden social respaldado en una sociedad jerarquizada, con una muy fuerte concentración de autoridad y con limitadísimos cauces de movilidad social. Anticomunismo; hispanismo; organicismo social y político, aportaban los elementos al orden neoconservador. Descentralización, desregulación, subsidiariedad, desincorporación, desfinanciación, brindaban los elementos del orden neoliberal. Neoconservadurismo y neoliberalismo se asociaron en el proceso de neocolonización de la educación argentina. La ideología neoconservadora manifestaba la preocupación por el mantenimiento de la autoridad, las instituciones y los valores de la tradición cristiano-occidental. La ideología neoliberal, con su interés por la competitividad y la confianza de cada persona en sí misma, generaba todos aquellos mecanismos que instauraron, por sobre todo, el principio de satisfacción.

Notas y citas bibliográficas

³ El Diario, Paraná, 04 de diciembre de 1976; p.3. Declaraciones del vicealmirante Lambruschini.

⁴ El Diario, Paraná, 02 de febrero de 1977; p.3 y 7. Reproducción de la entrevista en exclusiva concedida por Videla al matutino Clarín.

⁵ El Diario, Paraná, 26 de mayo de 1976; p.4. Mensaje de Videla con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810.

⁶ Se sigue a Brunner, 1985:63-64. El autor parte de la caracterización de la matriz ideológica del discurso autoritario chileno para observar la producción de los discursos segundos. Se considera que para la caracterización del discurso autoritario argentino es apropiado utilizar dicha matriz ideológica y, más aún, en el campo educativo.

⁷ Comblin, (1977:146,147), refiriéndose a la Argentina señala que el anticomunismo de la seguridad nacional encuentra en nuestro país un medio muy receptivo en el nacionalismo de derecha que es predominante en el Ejército y más aún en la Marina y la Fuerza Área.

⁸ Palabras del jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Roberto Eduardo Viola, durante el transcurso de una formación especial en la celebración del 165° aniversario del organismo a su cargo; El Diario, Paraná, 17 de noviembre de 1976; p.1.

⁹ La Proclama del Golpe era terminante, "La conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, al par que se continuará combatiendo sin tregua a la delincuencia subversiva abierta o encubierta y se desterrará toda demagogia, no se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier trasgresión a la ley u oposición al proceso de reparación que se inicia"; en El Diario, Paraná, 25 de marzo de 1976, p.1.

¹⁰ El Grupo Perriaux fue una de las principales usinas civiles del golpe de Estado. Su denominación se debe a su principal inspirador, Jaime Luis Enrique Perriaux, abogado e intelectual de derecha que había sido ministro de Justicia del ex presidente de facto Levingston en los primeros '70 y titular del primer foro judicial que juzgó a la guerrilla. El núcleo del grupo Perriaux se conformaba con Martínez de Hoz; Enrique Roncan; Mario Cadenas Madariaga; Luis y Carlos García Martínez; Guillermo Zubrán; Horacio García Belsunce. El grupo no era orgánico y en términos económicos impulsaban la doctrina del libre mercado. Un concurrente habitual era el general retirado Hugo Mario Miatello, sovietólogo especialista en la contrainsurgencia y amigo personal de Videla a quien conocía desde la infancia en la localidad bonaerense de Mercedes. El grupo Perriaux en los meses que precedieron al golpe comenzó a acercar papeles de trabajo a los más encumbrados jefes de las FF.AA. Quien ya era jefe de los marinos, Eduardo Emilio Massera, accedió también a los materiales. La cúpula del Ejército, con el impulso de Videla y el predicamento de Miatello, le pidió al grupo un programa económico. También designó como enlaces con la fuerza a los generales Santiago Omar Riveros y Carlos Guillermo Suárez Mason, dos de las figuras más representativas de los duros de la represión. La incidencia de Perriaux se vuelca también en lo político de manera decisiva. Hasta el punto que a él se le debe el nombre de la asonada. Perriaux, un férreo antiperonista, creía que el país debía ser refundado. Para él, la única generación que había elaborado un proyecto perdurable era la de 1880. En 1971 cuando era funcionario de Lanusse declaró que "el alumbramiento de un nuevo proyecto nacional debiera desembocar en una reorganización". Otro sector civil de peso durante el PRN, fue el grupo La Plata que estaba en estricta sintonía con el anterior, y cuyo líder, Alberto Rodríguez Varela, fue Ministro de Justicia del PRN y en la actualidad es el defensor de Videla. El nombre del grupo quedó instalado porque en gestión de gobierno su acción es la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Saint Jean y con fuertes contactos con los jefes de policía bonaerense Ramón Camps y su sucesor Ovidio Riccheri. El grupo estaba también vinculado fuertemente al Cuerpo I del Ejército que comandó Suárez Manson. Anticomunistas acérrimos el grupo La Plata cultivó, desde la civilidad, un militarismo sin fisuras, con un discurso extremo que veía enemigos en todos los estamentos de la sociedad. Ver Muleiro, V., 2001:3, 4 y 5.

¹¹ Torrado, S., (1992), sostiene que este nuevo bloque dominante estaba conformado por la alianza entre el estamento militar y el segmento más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas transnacionales.

¹² Ver Spagnolo y Cismondi, 1984.

¹³ Spagnolo y Cismondi, 1978:47 y el análisis que efectúan sobre la posición de la Junta Militar sobre el papel del Estado.

¹⁴ "Comunicado N° 1", El Diario, Paraná, 25 de marzo de 1976; p.4.

¹⁵ La Gran Estrategia de Seguridad o Estrategia General de la Doctrina de Seguridad Nacional, desde el inicio tuvo por finalidad el mantenimiento de la seguridad y el propio interés nacional de las potencias imperialistas, especialmente los Estados Unidos, para facilitar la acción depredadora de las trasnacionales en detrimento de la economía y recursos naturales de los países latinoamericanos y demás zonas de influencia. En la política exterior de Estados Unidos para América Latina se pueden determinar dos períodos bien definidos. Ver Cherñasvsky, 1993:13-19.

¹⁶ Palabras del jefe del Estado Mayor General de la Armada Nacional, vicealmirante Lambruschini; El Diario, Paraná, 04 de diciembre de 1976; p.1 y 2.

¹⁷ La "MISION DEL EJERCITO" se materializó mediante la división territorial del país en "zonas", las que a su vez acorde a su densidad poblacional estaban divididas en "subzonas" y "áreas", según el siguiente esquema Zona 1: Jurisdicción: Capital Federal, Provincia de Buenos Aires excepto los partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Pringles, Adolfo González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, Patagones, Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Hasta fines de 1979 la zona 1 también abarcó toda la Provincia de La Pampa; se dividió en 7 subzonas y 31áreas. Zona 2: Jurisdicción: Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa; se dividió en 4 subzonas y 28 áreas. Zona 3: Jurisdicción: Provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy; se dividió en 4 subzonas y 24 áreas. Zona 4: Jurisdicción: abarcó los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Escobar, General San Martín, General Sarmiento, Pilar, San Fernando, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López; no tuvo subzonas y fue dividida 8 áreas. Zona 5: Jurisdicción: Parte sur de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego; se dividió en 4 subzonas y 26 áreas. Ver "Zonificación militar en la Argentina", en www.nuncamas.org.

¹⁸ Al respecto el General de brigada®, Oscar Enrique Guerrero, señala que, "La REPÚBLICA ARGENTINA, fue el teatro de una GUERRA REVOLUCIONARIA (GR) que comenzó a desatarse a partir de 1956, mostró sus primeras evidencias guerrilleras en 1959, se desencadenó en 1970 y alcanzó su máxima intensidad durante los años 1973/1978. La derrota militar del agresor pudo apreciarse en 1973, pero un vuelco político-ideológico impidió que se concretara, no obstante lo cual el aniquilamiento militar del agresor se logró posteriormente en 1980…", en "Introducción", La Década del '70 Guerra Revolucionaria en la Argentina, en www.geocities.com/ladecadadel70.

¹⁹ Es interesante señalar, siguiendo a Comblin (1977), la connotación que este concepto posee en el marco de la DSN. El concepto surge en Estados Unidos y los americanos han producido a partir de diversas lecturas sobre el tema principios simples: a) la guerra revolucionaria es la nueva estrategia del comunismo internacional; b) por lo tanto bajo esa denominación se engloban fenómenos tan distintos como las guerras de liberación nacional, las guerrillas, la subversión, el terrorismo, las rebeliones estudiantiles, las huelgas obreras; c) la guerra revolucionaria es un problema de técnica, es una nueva técnica para hacer la guerra y se debe comprender para elaborar contratécnicas.

²⁰ Todas las Fuerzas de Seguridad -policía provincial, policía federal, gendarmería y personal penitenciario- con asiento en la subzona estaban subordinadas al control operacional del jefe castrense. Ver Mittelbach, 1987.

²¹ El Diario, Paraná, 25 de marzo de 1976; p.1. Los interventores designados en las diferentes provincias que conformaban la Zona 2 fueron: en la Provincia de Santa Fe, coronel José María González; en la Provincia de Corrientes, coronel Cirys Feu; en la Provincia de Chaco, coronel Oscar Zuconi; en la Provincia de Misiones, coronel Antonio Beltrametti y en la Provincia de Formosa, coronel Reinaldo Alturria.

²² Periódico de circulación diaria en la provincia de Entre Ríos durante el período que se analiza.

²³ El Diario, Paraná, 24 de marzo de 1976; p.1.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.

²⁶ "Comunicado-Paraná 24 de marzo de 1976", en El Diario, Paraná 25 de marzo de 1976; p.6.

²⁷ El Diario de Paraná en su edición del 03 de abril de 1976 (p.6) publicaba la nómina oficial de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

²⁸ El Diario, Paraná 25 de marzo de 1976; p.7.

²⁹ Frente al Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación al coronel Argentino Franco, al comodoro Raúl Manuel Caballero frente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y al teniente coronel Manuel García en el Ministerio de Economía; en la Secretaría de Estado, Cultura y Educación se designó el teniente coronel médico Luis Levin.

³⁰ El Diario, Paraná 14 de abril de 1976, p. 6.

³¹ El Diario, Paraná, 11 de abril de 1976; p.6. Lo destacado pertenece al original. Avisos de este tenor habían comenzado a aparecer en El Diario, desde comienzos de 1976 y se hacen sistemáticos a partir del golpe militar, apareciendo durante todo el primer año del régimen y en forma esporádica durante el año 1977. A partir del año 1978 ya no se registran en el matutino local comunicaciones de este tipo.

³² "Hombres y mujeres de Entre Ríos. A cinco meses de iniciado el proceso de reordenamiento y reorganización nacional, la Jefatura de la Policía de la Provincia de Entre Ríos como elemento integrante de dicho proceso que está llevando a la provincia y al país por el camino de la rehabilitación de sus valores fundamentales, agradece a la población entrerriana la colaboración que viene brindando de forma tan eficiente en su lucha contra la delincuencia generalizada", El Diario, Paraná, 17 de agosto de 1976; p.6.

³³ El Diario, Paraná, 25 de agosto de 1976; p.6. El curso que se dictó entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre por especialistas militares y civiles desarrolló los siguientes temas: Introducción a la defensa nacional; Estrategia general; Componente militar; Componente económico; Componente psicosocial; Temas locales; Componente político; Política de fronteras; Seguridad interior; Metodología de planeamiento y Relaciones internacionales.

³⁴ El Diario, Paraná, 09 de enero de 1977; p.5. El matutino informaba que a partir de las 4.45hs. de la víspera el Comando de la Brigada de Caballería Blindada II había dirigido un Operativo de Acción Cívica del que habían participado conjuntamente las FF.AA., organismos de seguridad y la Municipalidad de Paraná, que el mismo había culminado alrededor del mediodía y había abarcado una amplia zona del Barrio San Agustín. Se señalaba que este Plan de Acción Cívica se había desarrollado por vez primera en nuestra provincia y consistía en el relevamiento de una zona determinada en base a la individualización del grupo familiar, estableciendo un registro para brindarle apoyo en sus necesidades inmediatas. Se había ofrecido, también, atención médica y odontológica, tareas de fumigación y vacunación de canes para prevenir una posible epidemia de rabia. En El Diario, se informaba que había trascendido que un alto jefe militar informó que se eligió esa zona de la ciudad de treinta y ocho manzanas, a las cuales se había atendido con cuatro subunidades, porque habían reaparecido leyendas subversivas, las cuales se había procedido a borrar mediante blanqueos de los frentes afectados. También se comunicaba que se habían realizado varias detenciones.

³⁵ Las FF.AA. establecieron que el período de reordenamiento básico se extendió desde el 24 de marzo de 1976 al 24 de marzo de 1977.

³⁶ En el acto de clausura que se llevó a cabo en el Patio de Armas del Escuadrón de Comunicaciones dependientes de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, estuvieron presentes el comandante de la Brigada, general Abel Teodoro Catuzzi, el arzobispo de Paraná y vicario castrense, monseñor Adolfo Tortolo, ministros provinciales e invitados. Las palabras que Tortolo dijese en la homilía, son indicativas de la legitimidad ofrecida a los medios en la lucha antisubversiva, "…vosotros tenéis dos alternativas, o sois fieles o sois traidores; no cabe otra alternativa en la vida espiritual, como tampoco cabe otra alternativa en la visión de la propia patria; o la amamos de veras o la traicionamos…los paños fríos o los medios términos no corren en esta hora del mundo y tenemos que alegrarnos que positivamente sea así…"; El Diario, Paraná, 17 de octubre de 1976; p.6.

³⁷ La denominación comprendió el período temporal extendido entre abril de 1977 y marzo de 1981. El Diario, Paraná, 1° de abril de 1977; p.1 y 3. Mensaje de Videla al país, anunciado el inicio de la etapa de creación.

³⁸ Ibidem; p.3.

³⁹ Ver Quiroga, H, 1994:54.

⁴⁰ El Diario, Paraná, 1° de abril de 1977; p.1. Mensaje de Videla.

⁴¹ Ver "Mensaje de Videla a los gobernadores", en El Diario, Paraná, 16 de abril de 1977; p 1 y 4.

⁴² El Diario, Paraná, 04 de diciembre de 1976; p.3. Declaraciones del vicealmirante Lambruschini.

⁴³ El Diario, Paraná, 02 de febrero de 1977; p.3 y 7. Reproducción de la entrevista en exclusiva concedida por Videla al matutino Clarín.

⁴⁴ El Diario, Paraná, 26 de mayo de 1976; p.4. Mensaje de Videla con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810.

⁴⁵ Se sigue la caracterización realizada por Van Dijk, T., 2000.

⁴⁶ Se sucederán antes de la finalización del PRN dos ministros más en la cartera educativa; abril de 1981 hasta diciembre de 1981 el Ing. Carlos Burundarena y desde diciembre de 1981 hasta diciembre de 1983 Cayetano Licciardo.

⁴⁷ La información periodística recogía de fuentes allegadas a la Casa Rosada que la gestión Harguindeguy podría extenderse noventa días, plazo en el que se determinaría si se produciría la creación del Ministerio de Cultura.

⁴⁸ Ver Doval D., (2003,b y c); Kaufmann, C., (2003 a) y (2001 b).

⁴⁹ Nos parece indicativo recordar las afirmaciones que Bruera realizaba a Noticias Argentinas (NA) con respecto a la situación de las universidades nacionales que a mediados del mes junio de 1976 continuaban regidas por interventores militares, "…la educación como todas las áreas de gobierno ha sido pensada en función de objetivos y en fases sucesivas, de manera tal que de acuerdo con el cumplimiento de las etapas prefijadas, se nombrarán los rectores cuando el PEN estime que ha llegado el momento". El Diario, Paraná, 12 de junio de 1976; p.3.

⁵⁰ Cabe señalar que el PEN había decretado la suspensión parcial del Estatuto del Docente, supeditando la misma a los requerimientos del PRN y otorgando al ministro del área amplias facultades para ejecutar la suspensión a través de la Ley N° 21.178 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Fueron varias las suspensiones efectuadas al Estatuto Docente durante el año 1976. El 17 de abril Bruera anunció la suspensión del capítulo 11, referido al perfeccionamiento docente. (El Diario, Paraná, 17 de abril de 1976; p.1). Durante el mes de julio se suspendieron los artículos que reglamentaban la vigencia de los concursos para la provisión de cargos de preceptores, subjefes y jefes de preceptores, en la enseñanza media, técnica y artística, fundamentando la medida en la necesidad de reglar con total precisión la función del preceptor dado su contacto personal y directo con el alumno (El Diario, Paraná, 24 de julio de 1976; p.1). Por Ley 21.250 del PEN se prorrogó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 1977, en reemplazo de la Ley 21.278 cuya vigencia había concluido el 31 de diciembre de 1976. El 21 de marzo de 1977 la Comisión de Asesoramiento Legislativo elevaba al PEN los dictámenes aprobados sobre la modificación de los artículos 9° y 62° del Estatuto del Docente. Los artículos indicados se vinculaban con la formación de las Juntas de Clasificación y Disciplina y había trascendido en ámbitos del magisterio que las modificatorias a introducir involucraban la eliminación de delegados gremiales docentes en la composición de los tribunales que reglaban el funcionamiento interno de sus actividades; El Diario, Paraná, 22 de marzo de 1977; p.1.En Diciembre de 1978 se lo puso nuevamente en vigencia hasta tanto se sancionase el nuevo Estatuto del Docente.

⁵¹ Las razones de "mejor servicio" llevó al delegado de la J.M. en el MCyE a disponer la cesantía de veinticinco funcionarios administrativos y profesionales de la Subsecretaría General. Como parte del programa de "racionalización nacional" se dejaron cesantes a diecinueve docentes de la Universidad Nacional de Misiones, quince de la de Río Cuarto; cuatro de la de Luján; treinta y cinco en la de Cuyo y trescientos setenta y cinco en la de Tucumán. El Diario, Paraná, 15 de mayo de 1976; p.1.

⁵² El accionar de ordenamiento disciplinante era extenso, unívoco y pretendidamente universal. Cabe mencionar la norma que dictase el Ministro Bruera por la que debieron regirse todos los establecimientos educativos del país para "ajustar la celebración recordatoria del 9 de Julio de 1816". En ella se establecía, entre otros puntos, que los discursos recordatorios no podían tener connotaciones políticas, que era responsabilidad del directivo del establecimiento realizarlo y que de hacerlo un docente, el directivo debería supervisar previamente el texto. La norma autorizaba la realización de misas de campañas y que la celebración debía efectuarse el día 9 de Julio. El Diario, Paraná, 03 de julio de 1976; p.3.

⁵³ El coronel Jorge A. Franco frente al Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación (MGJyE) y el teniente coronel médico Luis Levin a cargo de la Secretaría de Estado de Cultura y Educación (SECyE), y como interventor del Consejo General de Educación (CGE), durante la intervención militar de Trimarco. A partir de la designación de Di Bello como gobernador de la provincia, asumirá el coronel® Ángel Federico Soldini frente al MGJyE, mientras permanecerá el teniente coronel médico Levin en la SECyE y como Interventor del Consejo General de Educación. Decreto N° 36 MGJE IM 25/03/1976. , hasta la designación del mayor de aeronáutica Raúl Enrique Cagnani el 19 de julio de 1976 al frente de la SECyE; Dto. del Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos N° 1.546/76. Finalmente, el 31 de mayo de 1976 había asumido como Presidente del CGE la Srta. Alida Leonor Palomeque; Dto. del Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos N° 1.197/76.

⁵⁴ Ver Decreto N° 462 MGJE IM 13/04/1976

⁵⁵ El Diario de Paraná del 06 de junio de 1976 informaba sobre la inquietud de alumnos del Colegio Nacional "Domingo Faustino Sarmiento", con respecto a sanciones que se habían adoptado relacionadas con su presentación personal al establecimiento. En El Diario del 07 de junio de 1976 el rector del establecimiento en cuestión informaba que las sanciones se habían aplicado, dando cumplimiento a la Circular N° 60. La mencionada Circular de la Dirección Nacional de Enseñanza Media (DINEMS), que había sido recibida en la jurisdicción de Entre Ríos el 14 de junio de 1976, caracterizaba lo que debía ser considerado como inconductas o conductas sancionables en el ámbito de los establecimientos educativos del nivel. Clasificaba las mismas en cuatro categorías: con relación a la persona; con relación a las autoridades directivas, los profesores y restante personal del establecimiento; con relación al establecimiento y con relación a los símbolos patrios y actos escolares. Las inconductas eran variables dentro de las cuatro categorías, así por ejemplo era sancionable el cabello largo que excediese el cuello de la camisa en los varones y no recogido en las niñas, el uso de barba en los varones y de maquillaje en las mujeres, jugar de manos; uso de expresiones o vocablos indebidos, no acatar las instrucciones o reglamentos, la resistencia pasiva y la incitación al desorden; no contribuir a mantener la higiene del lugar, llevar revistas y otros elementos ajenos a las actividades propias del establecimiento; no guardar la debida compostura en los actos escolares, no guardar el debido respeto a los símbolos patrios y a los próceres, entre otras que establecían con claridad el espacio altamente vigilado en el que alumnos, docentes y directivos se hallaban. La Circular establece, además, que en ella se enumeran las faltas más comunes, pero que no excluye otras que puedan merecer una sanción. Se preveía que la sanción era graduada por el Rector o en su ausencia por el Consejo de Profesores. Ver Circular N° 60 DINEMS, 20 de mayo de 1976, transcripta en su totalidad en El Diario, Paraná, 07 de julio de 1976; p. 8.

⁵⁶ Al respecto parecen particularmente indicativas las recomendaciones que fueron emitidas a través de Comunicados policiales, a los estudiantes con motivo de la fiesta de su día y las fiestas de fin de curso. El 21 de septiembre de 1976 el matutino local publicaba un Comunicado policial difundido por la Jefatura de la Policía de la provincia que hacía saber a la población en general y al estudiantado en particular que no se autorizaban las manifestaciones públicas y que los actos quedaban restringidos de conformidad con las leyes y reglamentaciones vigentes, Ver El Diario, Paraná, 21 de septiembre de 1976; p.6. El 28 de noviembre de 1976 la publicación de otro Comunicado policial señalaba que, "… con motivo de la finalización del año lectivo, la Policía de la Provincia de Entre Ríos, recomienda a la población estudiantil, abstenerse de efectuar manifestaciones públicas que puedan llegar a alterar el orden, encuadrándose para ello en actos que estén dentro de un marco de sobriedad y respeto al prójimo. A tal efecto, apela al sentido de responsabilidad, cultura y tradición que caracteriza a los jóvenes estudiantes entrerrianos, para que la jornada transcurra en un ambiente cordial y contribuya así a enaltecer la imagen de dicho grupo humano…", Ver El Diario, Paraná 28 de noviembre de 1976; p.9.

⁵⁷ La Directiva secreta 504/77 -Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/1978-, firmada por Videla el 20 de abril de 1977, contenía el llamado Anexo 4 (ámbito educacional), éste sí firmado por Viola, padre de la Operación Claridad, que marcaba con nitidez la senda que seguiría la lucha contra la infiltración subversiva en otros ámbitos y especialmente el de la educación. En este Anexo se determinaba que, "El ámbito educacional ha sido objeto, por parte de la subversión de una creciente infiltración y captación ideológica en todos los niveles de la enseñanza, con la finalidad de formar futuras clases dirigentes del país y cuadros de sus organizaciones político-militares…". Ver Directiva 504/77 CJE, "Anexo 4 (ámbito educacional)", en www.nuncamas.org.ar/documentos.

⁵⁸ Ministerio de Cultura y Educación, Subversión en el ámbito educativo. (Conozcamos a nuestro enemigo), Buenos Aires, 1977; p.6.

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰ Ministerio de Cultura y Educación, "Considerandos", Resolución N° 538, 27 de octubre de 1977.

⁶¹ Ministerio de Cultura y Educación, Subversión en el ámbito educativo. (Conozcamos a nuestro enemigo), Buenos Aires, 1977; p.5.

⁶² Ver Kaufmann, C., y Doval, D., (a) 1997.

⁶³ Ver Kaufmann, C., y Doval, D., (b) 1999.

⁶⁴ Ver Kaufmann, C., y Doval, D., (a) 1997.

⁶⁵ El ámbito de convergencia del esfuerzo mancomunado de las jurisdicciones de nación y las provincias, el ámbito del CFE, se ofreció como escenario de operaciones de legitimación de las acciones claves que el proceso demandaba a la educación. Recordemos que el CFE había funcionado regularmente durante la gestión del ex ministro Bruera y en su seno se había manifestado durante el año 1976 que el eje de la política de transformación serían la descentralización y transferencia del sistema educativo. En él se aspiraba a demostrar que los principios que la élite dirigente proponía no sólo eran justos y los que el país precisaba, sino también, que eran generales y podían ser aplicados en todas las jurisdicciones y además, conducir al bienestar de todos los argentinos en la preocupación por la formación de las generaciones futuras. El intercambio regional era primordial para aceitar las relaciones interjurisdiccionales y en procura del proceso de regionalización. El CFE ofreció el ámbito propicio para efectuar las acciones necesarias.

⁶⁶ Este proyecto de acumulación no estaba desvinculado del proyecto que a escala mundial impulsaba al Fondo Monetario Internacional (FMI), como el organismo representante de la internacionalización del capital.

⁶⁷ Si bien, los inicios del proceso de transferencia son anteriores al período que nos ocupa (puede verse Paviglianiti, 1990), y Bruera alude al comenzar su gestión el por qué del fracaso del intento anterior, fue durante su presencia en el MCyE que se planificaron las etapas de la transferencia definitiva de los servicios nacionales de educación básica. Los funcionarios-ideólogos, presentaron la misma como un paso trascendente hacia la descentralización del sistema educativo y su consecuente regionalización, encubriendo el inicio de la expansión del neo-liberalismo en el terreno educativo. El Comité Ejecutivo del CFE, integrado por los titulares de las carteras de Educación de Mendoza, Carlos Orlando Nalim; de Corrientes, Elizabeth Segel de Temper; de Tucumán, coronel Julio César Viola; de Córdoba, vicecomodoro Eduardo Guillamonde y Darío Negro, Renato Roberto Bortolotto y como representante permanente del Ministerio de Educación el secretario de esa cartera, Gustavo Perramón Pearson, y en carácter de miembro sustituto la subsecretaria del área, Adriana S. de Elizalde; (en el El Diario, Paraná, 24 de agosto de 1977; p.1), reunido en la Capital Federal los días 22 y 23 de agosto de 1977 anunció ante los ministros provinciales de Educación de todo el país que las provincias debían hacerse cargo de la conducción educativa de las escuelas primarias nacionales convirtiéndose en intérpretes y órganos de aplicación de las normas nacionales correspondientes a transferencias de servicios educativos. En forma conjunta se propuso la inmediata puesta en marcha de los programas correspondientes al sistema de contenidos mínimos para la enseñanza primaria a través de los cuales se pretendía regionalizar el aprendizaje en este nivel.

⁶⁸ El Diario, Paraná, 26 de agosto de 1977; p.2. Declaraciones de Catalán.

⁶⁹ El Diario, Paraná 07 de septiembre de 1977; p.4. Se retoman expresiones de Catalán al referirse a la educación en el Proyecto Nacional.

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ El Diario, Paraná, 26 de octubre de 1977; p.2.

⁷² Ibidem.

⁷³ El Diario, Paraná, 26 de octubre de 1977; p.2. Con relación a esas transferencias los observadores opinaban que aún se arrastraban problemas que se vinculaban con el crecimiento vegetativo de los establecimientos y los presupuestos. Sobre las características de los procesos de transferencia educativos ocurridos en Argentina durante el siglo XX, pude verse Paviglianiti, N., (1991); Slomiansky, E., (1989).

⁷⁴ El Diario, Paraná, 26 de octubre de 1977; p.2. Se indicaba que los ministros provinciales habían sido alertados por el Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, sobre la necesidad de tener en cuenta los traspasos de las escuelas primarias nacionales a las provincias en el presupuesto correspondiente al año 1978.

⁷⁵ Al momento de tomar la decisión de la transferencia para comienzos del período lectivo 1978 las últimas estadísticas que se disponían eran del año 1975 y en ella figuraban los siguientes datos: de los 26.596 establecimientos de nivel primario que tiene el país, 10.170 -el 38,6%- pertenecían a la Nación. De los 216.159 docentes afectados a ese nivel de enseñanza, 65.596 -el 30,4%- eran nacionales. Estas cifras incluían escuelas de jornada simple, completa, para adultos, diferenciales y centros de educación primaria. Las jurisdicciones municipales tenían en el país 25 establecimientos el 0,1% sobre el total y 531 docentes, el 0,2% correspondiente a este nivel de aprendizaje. Esto significaba que pasaban a depender de los presupuestos provinciales el 91,6% de los establecimientos de educación primaria del país y el 85,4% de los docentes de ese nivel. Ver El Diario, Paraná, 25 de octubre de 1977; p.4.

⁷⁶ El tema de la transferencia había sido tratado en III Asamblea Extraordinaria del CFE en Capital Federal del 10 de mayo de 1976; en la V Asamblea Ordinaria del CFE en San Miguel de Tucumán, Tucumán, del 15 al 17 de setiembre de 1976; en la IV Asamblea Extraordinaria del CFE en La Plata, Pcia. de Buenos Aires, en diciembre de 1976 y en la VI Asamblea Ordinaria del CFE en Posadas, Misiones, del 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 1977.

⁷⁷ Así lo expresaba Catalán, "Las provincias recibirán las escuelas primarias nacionales en base a lo que señala el artículo 5° de la Constitución Nacional que les otorga -a las provincias- el derecho y la responsabilidad de educar mientras la Nación delega la misión de educar en la municipalidad de Buenos Aries, teniendo en cuenta que el inciso 16 del artículo 17 de la Constitución, le otorga al Estado Nacional la facultad de dictar y delegar los planes de educación y universidad…en este momento no se justifica la coexistencia de ambos regímenes -nacional y provincial-".

⁷⁸ Ministerio de Cultura y Educación, Evaluación de la Transferencia, Tomos I y II, Secretaría de Estado de Educación, Dirección Nacional de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento Educativo; Buenos Aires, 1980; T, I; p.62.

⁷⁹ El Diario, Paraná, 29 de octubre de 1977; p.3.

⁸⁰ Asimismo, las leyes delegaron las correspondientes responsabilidades al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Municipalidad de Buenos Aires. Los instrumentos legales determinaron que las transferencias se efectuaban sin cargo, traspasándose el dominio y todo otro derecho que el Consejo Nacional de Educación (CNE) tuviese sobre los bienes inmuebles y sus accesorios cualquiera hubiese sido su origen, que ocupaban los establecimientos educacionales o supervisiones o con destino fijado para la construcción de futuras escuelas, o donaciones o legados con cargos de edificación pendientes. Se estableció, asimismo, que el personal docente, administrativo, de mantenimiento, de producción y de servicios generales, incluso el contratado que reviste en los establecimientos, supervisores y juntas de clasificación que se transfieran, quedaba incorporado de pleno derecho a la administración provincial previo reconocimiento de las provincias para asegurar niveles de sueldos no inferiores a los percibidos por los docentes nacionales. Iguales prerrogativas debían ser respetadas para el sistema previsional y las obras sociales, beneficios en los que el docente podrá optar por la Caja de Jubilación o la obra previsional provincial, según sus conveniencias

⁸¹ El Diario, Paraná, 07 de junio de 1978; p.1.

⁸² Ministerio de Cultura y Educación, 1980, T.I: 85

⁸³ El Diario, Paraná, 12 de abril de 1978; p.4. Di Bello señalaba que tomando como base la información que había suministrado el área de Educación se habían realizado previsiones englobadas en el crédito adicional de por un total de $5.553.195.000, cifra que comprendía los rubros Personal, Bienes y Servicios no Personales, Bienes de Capital y Trabajos Públicos. Con respecto al aspecto provisional expresó que se tomarían las medidas que estableciese la reglamentación provincial y que durante los primeros años las jubilaciones serían financiadas por la Caja Nacional, si bien se aguardaban las definiciones definitivas para obrar en consecuencia.

⁸⁴ El Diario, Paraná, 06 de diciembre de 1978; p.4.

⁸⁵ Ver Paviglianiti, N., 1990:52.

⁸⁶ El Diario, Paraná, 18 de octubre de 1978; p.3.

⁸⁷ Ver Marquez, D., 1995:73.

⁸⁸ La privatización encubierta se ha manifestado a través del crecimiento de la oferta privada parasistemática o a través del mayor aporte que los padres deben realizar para la supervivencia de las escuelas.

⁸⁹ Ministerio de Cultura y Educación, 1980, Tomo I: 85, op.cit.

⁹⁰ Ver Márquez, D., 1995:76

⁹¹ Ver Novaro y Palermo, 2003.

⁹² El Diario, Paraná, 28 de agosto de 1980; p.2.

⁹³ Ibidem.

⁹⁴ Ibidem.

⁹⁵ En la década de los '90 se sancionará la Ley Federal de Educación N° 24.195, marco legal que establece las funciones de un Estado federal; la estructura del sistema educativo y reconoce una diversidad de agentes educativos, priorizando la responsabilidad del Estado Nacional, la participación de las provincias, los municipios, la iglesia católica y otras confesiones religiosas reconocidas y las organizaciones sociales (art.4).

⁹⁶ CFE, II Asamblea Ordinaria, Informe Final, MCyE, CendiE, Buenos Aires, Argentina, 1980; p.9. El Ministro informó que se había constituido un equipo de funcionarios de la Nación para atender los problemas relacionados con esta transferencia.

⁹⁷ Con relación a la transferencia de los servicios de educación primaria de adultos se había establecido su realización durante el segundo trimestre en curso del año 1980 y que la financiación se realizaría con el incremento que tendría la coparticipación federal de impuestos nacionales durante el año 1980, El Diario, Paraná, 26 de mayo de 1980; p.4.

⁹⁸ CFE, III Asamblea Extraordinaria, "Discurso de apertura pronunciado por el Señor Ministro de Cultura y Educación de la Nación, Ricardo Pedro Bruera", MCyE, SLEA N° 11, CendiE, Buenos Aires, 1976, p.42.

⁹⁹ Ibidem p. 41,42.

¹⁰⁰ El Diario, Paraná, 1° de Julio de 1976; p.1. Conferencia de Videla en la clausura de la reunión de gobernadores realizada en capital Federal entre el 28 y 30 de junio de 1976.

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Prensa periódica

El Diario, Paraná, Entre Ríos, meses de enero-diciembre [1976; 1977; 1978], Archivo Histórico de la Provincia de Entre Ríos.