ARTICULO

De "subversivas" a "inviables". Ciencias sociales y dictadura en la universidad de Mar del Plata (1976-1980)¹

FROM "SUBVERSIVE" TO "UNFEASIBLE": SOCIAL SCIENCES AND DICTATORSHIP IN THE NATIONAL UNIVERSITY OF MAR DEL PLATA (1976-1980)

 

Gastón Julián Gil
(CONICET-UNMdP)²
gasgil@mdp.edu.ar

¹  Una versión preliminar (no publicada) fue presentada en las XV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Patagaonia San Juan Bosco, 16 al 18 de septiembre de 2015.
²  Investigador independiente del CONICET. Dr. en Antropología Social (UNaM, 2005). Profesor de grado y postgrado en la Universidad nacional de Mar del Plata.

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Resumen

La sistemática política de represión de las ciencias sociales que comenzó a implementarse desde 1974 en las universidades argentinas atravesó momentos de variada intensidad pero también de distinto tratamiento y enfoque. En el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata se fueron eliminando progresivamente diferentes carreras (como Antropología, Sociología y Ciencias Políticas), definidas abiertamente como disciplinas que alentaban las prácticas "subversivas". Tras el golpe de estado de 1976, el gobierno dictatorial completó el proceso represivo con argumentos similares, aunque de forma paulatina fue incorporando otras premisas de orden "técnico" para justificar los cierres y las negativas a reabrir esas mismas carreras ante eventuales y aisladas inquietudes. En efecto, los funcionarios civiles que designó el gobierno militar en la universidad marplatense dejaron de hacer mención al peligro "subversivo", para adoptar un discurso cuyos tópicos salientes insistían en el diseño de políticas de eficiencia de recursos y de vinculaciones con el medio laboral. Todo ello estuvo enmarcado en una política nacional de disminución presupuestaria y de eliminación de "carreras menores" que implicaba, por ejemplo, la implementación del sistema de cupos de ingreso.

Palabras clave: historia de las ciencias sociales; universidad; represión; violencia; estado

Abstract

The systematic repressive policy implemented against social sciences in Argentinean universities since 1974 had moments of diverse intensity and adopted different modalities and approaches. In the case of the National University of Mar del Plata (UNMDP) different undergraduate programs were progressively eliminated (for example, anthropology, sociology, political sciences), because they were manifestly defined as disciplines that promoted "subversive" practices. After the coup d´état of 1976 the military dictatorship completed the repressive process presenting analogous arguments, but also gradually included some "technical" premises in order to justify the elimination of undergraduate program as well as the denial to consider the mere possibility of re-opening such programs, suggested by some sporadic and isolated claims. In fact, the civilian authorities that had been designated by the military government in the UNMDP did not make reference to the "subversive" danger but adopted a new discourse whose main topics were resource management efficiency and connections with the labor world. This process was framed within a national context of budget cuts and elimination of "minor programs", which involved for example the implementation of the student quotas system.

Keywords: History of the social sciences; university; repression; violence; state

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Una revisión distanciada y recelosa de aquel pasado implica reconocer en aquellos discursos todo lo que le deben al mesianismo de cruzada alimentado en las fuerzas armadas por el integrismo católico, pero también la deriva que aquella época constituyó a los derechos humanos y a la democracia en puntos ciegos cuando no denostados por amplios sectores de la izquierda argentina. Asimismo dicha revisión implica visualizar todo lo que las reconstrucciones actuales le deben a la mitología heroificante del romanticismo revolucionario.
Oscar Terán, De utopías, catástrofes y esperanzas. Un camino intelectual

 

Ciencias sociales y universidad en Mar del Plata

La Universidad de Mar del Plata llevaba menos de un año en la órbita nacional al momento de producirse el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Tras casi 15 de años de funcionar bajo el mandato del estado provincial de Buenos Aires, a mediados de 1975 se concretó la nacionalización y pocos meses después la absorción de la otra casa de altos estudios que funcionaba en la ciudad, la Universidad Católica "Stella Maris" (Gil, 2007; 2014). Esos cambios administrativos generaron una profunda alteración en los proyectos curriculares que se habían llevado adelante, sobre todo en el área de las humanidades y las ciencias sociales. La Facultad de Humanidades de la Universidad Provincial (creada en febrero de 1969 sobre la base de la ya existente Facultad de Psicología) contenía una serie de carreras (Antropología, Ciencias Políticas y Sociología) que configuraban un proyecto de ciencias sociales que comenzaría a ser desmantelado en 1974 para completar su desarticulación poco menos de un año después. De hecho, la nacionalización de la universidad encontraría a esas carreras con su cierre de inscripción ya dispuesto y con una Facultad de Humanidades que se aprestaba a absorber a las carreras que provenían de la Universidad Católica (Letras, Historia, Geografía e Inglés). En efecto, durante los meses previos a la instauración del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (de aquí en adelante el proceso), la represión hacia las ciencias sociales en Mar del Plata ya había sido desarrollada en plenitud. Aquellas experiencias curriculares que expresaron gran parte de la complejidad y debates que envolvieron a las ciencias sociales en la Argentina de finales de los años sesenta y principios de los setenta fueron identificadas como focos de subversión y de manera progresiva perdieron su perfil original y luego fueron clausuradas para no reabrirse, aunque con argumentos cambiantes. La sistemática política de represión de las ciencias sociales que se venía desarrollando desde 1974 (persecución de docentes, cese del cuerpo de profesores, medidas administrativas) en las universidades argentinas atravesó momentos de variada intensidad pero también de distinto tratamiento y enfoque. Tras ser definidas abiertamente como disciplinas que alentaban las prácticas "subversivas", las carreras de ciencias sociales pasaron a ser catalogadas como "inviables", ante una supuesta saturación de graduados y nulos requerimientos del mercado laboral.

En este artículo se analiza entonces el modo en que en la recientemente nacionalizada Universidad de Mar del Plata se fueron eliminando progresivamente las ciencias sociales hasta hacerlas desaparecer de la oferta curricular. El período de abierta confrontación contra la enseñanza de las mencionadas disciplinas que se desató en los años de gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) concluyó en esta casa de altos estudios con la destrucción de sus currículas, además de la expulsión y persecución del plantel docente y el cierre de inscripción para nuevos ingresantes. Ya desde 1974 se fueron definiendo una serie de conceptos sobre el funcionamiento de la universidad que descansaban en la convicción de eliminar cualquier foco creador de "desorden", "caos" o "anarquía". Los sectores -genéricamente- de derecha del peronismo que habían conseguido el control de los recursos estatales llevaron adelante una política de persecución y de represión -estatal y paraestatal- sobre aquellos actores y grupos que se les oponían. Trasladado ello al espacio universitario y a los alcances de este artículo, la supervivencia de carreras como antropología, sociología o ciencias políticas se hacía poco menos que imposible, ya que esas disciplinas implicaban en el imaginario dominante de la política argentina (que seguiría operando en tiempos de gobierno militar) una seria amenaza contra la tan deseada -y alegada por los funcionarios- "paz" social.

De hecho, en el momento de producirse el golpe de estado en marzo de 1976, el desmantelamiento estaba completado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y sólo restaban sustanciarse algunas medidas administrativas que sí se tomarían a partir de la instauración de la dictadura militar. Los funcionarios civiles que designó el gobierno militar en la universidad marplatense continuaron con las políticas de negación de las ciencias sociales pero modificaron los núcleos argumentales para justificar los cierres y las negativas a reabrir esas mismas carreras ante eventuales y aisladas inquietudes. Ya sin hacer mención al peligro "subversivo", las autoridades de la casa de altos estudios adoptaron un discurso cuyos tópicos salientes insistían en el diseño de políticas de eficiencia de recursos y de vinculaciones con el medio laboral. En el marco de una política nacional de disminución presupuestaria y de eliminación de "carreras menores", la Universidad Nacional de Mar del Plata no sólo no fue la excepción sino que implementó de forma lineal el sistema de cupos de ingreso y más tarde el arancelamiento. Como consecuencia, esta universidad se volcó al estímulo de las ciencias básicas y al desarrollo de las ciencias exactas y naturales, mientras que las ciencias sociales sufrieron una marcada retracción que nunca se revirtió en las décadas siguientes.

El desmantelamiento de las ciencias sociales

En el caso marplatense, durante 1975 se libró una persecución directa y explícita hacia las carreras de ciencias sociales. Desde el rectorado, a cargo del por aquel entonces interventor José Catuogno, se cerró la inscripción para esas disciplinas desde febrero de 1975, a la par que desde el decanato de Humanidades se "limitaba" -eufemismo administrativo que implicaba el despido- a una parte significativa del cuerpo docente. Esa tarea de "normalización" que se le encomendó en primera instancia al nuevo decano, Juan Antonio Bargas, provocó la cesantía de muchos militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de las organizaciones político-militares, algunos de los cuales ya no cumplían con sus tareas docentes en aquel tiempo. Bargas, que era un reciente graduado en sociología llevado al cargo por la facción JP Lealtad (escindida de la JP tras el asesinato del gremialista metalúrgico José Ignacio Rucci en septiembre de 1973), renunció al poco tiempo de asumir luego de que le colocaran un artefacto explosivo en su casa.³ Esta clase de atentados estaban lejos de ser hechos aislados y particularmente el primer semestre de 1975 registró una alta conflictividad en la vida universitaria marplatense, que tuvo en el asesinato del líder de Concentración Nacional Universitaria (CNU) local, Ernesto Piantoni,⁴ a su punto más extremo.

El reemplazante de Bargas, también ungido a partir del patrocinio de JP Lealtad, fue otro reciente graduado, aunque de ciencias políticas, Fernando Luchini. De acuerdo con los testimonios recogidos en la investigación etnográfica, Luchini era el único dispuesto a hacerse cargo del decanato. Desde el mismo momento en que fue nombrado delegado interventor por el rector José Catuogno, encabezó una labor sistemática de radicales innovaciones en el funcionamiento de la unidad académica. Sus resoluciones se plasmaron en extensos actos administrativos plagados de adjetivaciones y tomas de posición que lo colocaban en clara sintonía con las facciones de derecha del peronismo gobernante. El funcionario inclusive cargó en diversas resoluciones contra los lineamientos e invariantes discursivos que caracterizaron los tiempos de la universidad nacional y popular.⁵

En esos meses, se siguió intensificando la relación entre la cúpula directiva de la casa de altos estudios y la CGT local, y también de la Juventud Sindical Peronista. Además de los hombres que aportaba a la gestión, la participación orgánica de la central obrera en diversos asuntos administrativos y académicos alcanzó su plenitud. Pero, sobre todo, no pueden soslayarse los marcados gestos de comunión político-ideológica y uniformidad discursiva. En ese sentido, las alusiones a la necesidad de lograr un clima de "paz y trabajo" se hacían cotidianas, tanto en comunicados formales como en declaraciones informales. Todas las actividades conjuntas entre la universidad y la CGT se poblaron de declaraciones en favor de la unidad del pueblo argentino en apoyo del gobierno nacional, definiendo habitualmente como "infantilismo revolucionario" al servicio de intereses y dinero extranjero al accionar de las organizaciones político-militares. De todo ello había tomado cuenta un diario metropolitano, que se refirió a "un proceso de apertura a las fuerzas sindicales" en el que "el gremialismo acentúa su participación en los claustros" (La Opinión, 7 de mayo de 1975).

A días de asumir, Luchini implementó "mesas de trabajo" destinadas a la tarea de reestructuración de las carreras que se dictaban en la Facultad, a las que solía justificar sobre los principios del "Movimiento Nacional Justicialista", con el objeto de "realizar la transformación de la Facultad y su integración dentro del conjunto de la Comunidad Organizada" (Resolución de Decanato Nº 165, 3 de junio de 1975). Ante la ausencia generalizada a esas convocatorias, el decano resolvió que cada docente debía ceder 15 minutos de sus cátedras entre el 9 y el 21 de junio, para lo cual serían informados por autoridades provisorias de esas mesas de trabajo. Paralelamente, mientras renunciaban o eran limitados profesores con destacados antecedentes que se venían desempeñando en los años anteriores, eran nombrados en los cargos vacantes nuevos docentes con escasos o nulos méritos académicos, algunos de ellos recientes graduados en la misma facultad (como el propio Luchini) y otros provenientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Católica Argentina (UCA) con sede en Buenos Aires. Precisamente, la clara oposición a los tiempos de la universidad nacional y popular generaba la necesidad de postular los principios que debían regir la universidad. Las declaraciones en el decanato se iban radicalizando con el correr de los meses y alcanzaban tomas de posición mucho más frontales que cualquier considerando emitido por rectorado. En la Resolución de Decanato (RD) N° 345 del 7 de agosto de 1975, Luchini entendió que:

La deformación que ha sufrido la enseñanza universitaria a causa del abuso que se ha hecho de ideas y teorías ajenas a nuestra cultura nacional las que, bien utilizadas habrían ayudado a enriquecer nuestro patrimonio cultural, a elevar el nivel académico y mantenernos al tanto de las distintas corrientes de ideas que agitan el mundo pero que en manos de personajes inescrupulosos, traficantes de ideologías, se convierte en un arma de deformación de nuestro ser nacional.

La deformación que ha sufrido la enseñanza universitaria a causa del abuso que se ha hecho de ideas y teorías ajenas a nuestra cultura nacional las que, bien utilizadas habrían ayudado a enriquecer nuestro patrimonio cultural, a elevar el nivel académico y mantenernos al tanto de las distintas corrientes de ideas que agitan el mundo pero que en manos de personajes inescrupulosos, traficantes de ideologías, se convierte en un arma de deformación de nuestro ser nacional.

En los considerandos de esa resolución, el decano normalizador expresó además:

Que las personas conscientes del daño que se ha hecho durante años y años de prédica liberal, marxista, anarquizante y siempre contrarios a los altos intereses de la Nación, más si ocupamos posiciones directivas en la estructura educacional, debemos arbitrar los medios de combatir ese mal que puede ser irreparable,
Que para revertir ese proceso deformante, no sería saludable en modo alguno restringir el uso y transmisión de ideas por nefastas que estas nos parezcan, ya que la represión indiscriminada nunca ha sido un medio idóneo para convencer y mucho menos para formar las mentes jóvenes,
Que, por el contrario, es preciso combatir las ideas con ideas mejores y que es posible recuperar a las mentes extraviadas o confusas mostrándoles el camino correcto,
Que contamos con una Doctrina que basta ampliamente parar mostrar ese camino sin necesidad siquiera con quienes no alcanzan siquiera a comprender la realidad del país,
Que este conocimiento nacional hay que sistematizarlo y ponerlo al alcance de los docentes de la Facultad para que estos a su vez, lo expongan en las aulas cuando la oportunidad temática de sus clases así lo aconseje.

Ante esa situación se dejó establecida la creación de un seminario de "Profundización de Temas Nacionales", con carácter obligatorio para docentes y alumnos de 5to año de toda la Facultad que iba a dictarse durante el segundo cuatrimestre los días sábados por la tarde en el Aula Magna. El seminario abarcaba temas tales como la Cultura Nacional (raíces y componentes), El Proyecto Nacional, la Tercera Posición y la Institucionalización de la Cultura Nacional.

La nacionalización de la universidad provincial y la absorción de la Universidad Católica de la que se había desprendido el obispado de Mar del Plata, permitió que se dejaran sin efecto los planes de estudio vigentes a la fecha, aunque se garantizó la continuidad para los que estaban cursando las carreras. En esa misma Resolución de Rectorado N° 876 del 7 de noviembre de 1975, se crearon las carreras que iban a formar parte de la oferta académica de la Facultad de Humanidades. Mientras que todas las carreras provenientes de la Universidad Católica fueron ratificadas, la suerte de Antropología, Sociología, Psicología, Ciencias Políticas y Ciencias de la Educación fue distinta. Antropología, Sociología y Ciencias Políticas fueron transformadas en especializaciones de postgrado (nunca concretadas) en el marco de un profesorado en ciencias sociales y posterior licenciatura (tampoco puestos en funcionamiento). Transcurriría poco más de un año para el cierre definitivo de esas carreras que le habían dado vida al proyecto original de la Facultad de Humanidades, mediante la Ordenanza del Consejo Superior N ° 89 del 7 de diciembre de 1977.

El cambio de decano a principios de 1976 no trajo demasiadas modificaciones. El reemplazante de Luchini, Gabriel Prieto, un graduado en sociología de la UCA en Buenos Aires, emitió a poco de asumir la Resolución de Decanato N° 36 del 18 de febrero de 1976, en la que estimaba que:

Se ha podido constatar que, cuantiosos años de desorganización académica habían hecho olvidar al docente universitario su condición de servidor público, necesariamente subordinado a una disciplina y limitado en sus aspiraciones vocacionales individuales por los objetivos superiores de la institución a la que sirven y que se expresan concretamente en los proyectos de la conducción, los planes de actividades, estudios e investigaciones y las estructuras y las jerarquías que a tal fin se implementan;

Que a consecuencia de ello las cátedras se habían transformado en ámbitos de libre accionar académico, sumamente caprichosos y con escasa o nula relación funcional con los planes de estudio y la formación profesional de los educandos. Que en recíproca conexión con este estado de cosas, el alumno sufrió una grave desorientación, propia de la desjerarquización y pérdida del nivel de sus estudios, la que motivó reacciones extemporáneas en el marco de una gran ansiedad frente a la anarquía académica reinante, desprovisto de todo ordenamiento que le determinase al alumno sus obligaciones y derechos.

Todos estos fundamentos se utilizaron para imponer un férreo control de los departamentos sobre los programas de estudio, que obtenían a partir de allí una directa injerencia sobre el planeamiento de las asignaturas.

La Universidad y el terrorismo de Estado

En los días inmediatos al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, fueron designados en las universidades nacionales una serie de delegados militares que ejecutaron la transición, hasta que se nombraran rectores civiles en los meses siguientes. Por cinco días, el Ministerio de Cultura y Educación quedó a cargo del contraalmirante César Augusto Guzzetti, quien impuso una serie de directivas que continuarían vigentes durante las gestiones siguientes, como por ejemplo delegar en los ministros:

Las atribuciones que los Estatutos universitarios otorgaban a la Asamblea Universitaria (que en el sistema de cogobierno incluía a profesores, graduados y estudiantes): esto es, dictaba las pautas generales de política universitaria en materia académica de las casas de estudio, procedía al redimensionamiento, reordenamiento y no duplicación de carreras en el ámbito regional, y establecía las normas administrativas y presupuestarias generales (Rodríguez, 2014, p. 140).

En esa línea, los documentos oficiales del proceso muestran que el diagnóstico que el nuevo gobierno formuló sobre las universidades las colocaba como espacios propicios para la agitación "subversiva", por lo que fueron puestos inmediatamente bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo Nacional (Ibíd.). En lo referido a las ciencias sociales, esa condena se hacía aún más explícita. Como consecuencia, muchas carreras (sobre todo las de ciencias sociales) fueron cerradas, gran parte de sus principales referentes partieron al exilio, fueron encarcelados o desaparecidos, de igual modo que estudiantes y profesionales de diversas disciplinas vinculadas.⁶

A favor de la implementación de esta política de eliminación de las carreras de ciencias sociales se pronunció vehemente el grupo de intelectuales reunidos en torno a la revista Cabildo, de gran influencia en el ámbito educativo durante el proceso militar. Por ejemplo, en el número 16, correspondiente a mayo-junio de 1978, en un artículo denominado "Antropología y Subversión" afirmaban que:

La excusa del trabajo de campo y el estudio de las poblaciones marginadas resultaba un 'campo propicio para reclutar e instruir a sus huestes subversivas y soliviantar a los pobladores de esos lugares'. Asimismo, los antropólogos aprovechaban los viajes de investigación pagados por el Estado para 'vender piezas arqueológicas' y 'comprar armas' (Rodríguez, 2015, p. 101).

En líneas generales, diversos intelectuales nacionalistas católicos que escribían en esa publicación plantearon explícitamente la condición subversiva de los referentes de esas disciplinas y otras afines, como la historia y la filosofía. Inclusive, en el mismo artículo de la revista Cabildo, se preguntaban "¿quién podría ignorar que esas 'profesiones' aparecían sintomáticamente repetidas en el currículum de los guerrilleros?" (Ibíd., p. 101). Inclusive, en ese escrito se afirmaba que el "trabajo de campo y el estudio de las poblaciones marginadas resultaba un 'campo propicio para reclutar e instruir a sus huestes subversivas y soliviantar a los pobladores de esos lugares'" (Ibíd.).

En ese contexto, al que se le sumaba una notoria disminución del presupuesto, la investigación en ciencias sociales y humanas se canalizó en espacios externos a la universidad (Pagano, 2004; Vessuri, 1992), por ejemplo algunos pocos centros de investigación (IDES, CEDES, entre otros) y en ámbitos de formación paralelos e informales, como las denominadas "catacumbas" (Hidalgo, 1999) que serían parte sustancial de la reorganización de las instituciones universitarias en la posdictadura. Por supuesto, todo el campo cultural fue especialmente intervenido por las fuerzas represivas y de ningún modo se focalizaron con exclusividad en las universidades o en las ciencias sociales. Basta mencionar un dato contundente: en 1980 se quemaron 18 millones de libros del Centro Editor de América Latina (CEAL), en el marco del "Operativo Claridad", cuyo objetivo consistía en la "censura, secuestro y destrucción de la 'bibliografía marxista'" (Funes, 2008, p. 36) que pudiera "atentar contra los principios de la Constitución Nacional" (Ibíd.). En esas 24 toneladas y media de papel que alcanzaron las llamas también se encontraban libros de escritores del siglo XIX, como Domingo Faustino Sarmiento y José Mármol.

En la UNMdP, el rector Catuogno presentó su renuncia una vez sustanciado el golpe de Estado, la cual fue aceptada de forma inmediata. Algunos otros funcionarios del rectorado siguieron en sus cargos por poco más de un mes, tal es el caso de Eduardo Cincotta, de alta notoriedad pública en las épocas de represión estatal y paraestatal del período democrático (Gil, 2014; Díaz, 2013).⁷ En los primeros días del golpe militar, la universidad suspendió completamente sus actividades hasta que se fueron reiniciando de manera progresiva, principalmente las labores administrativas para luego (en algunos casos hasta dos meses más tarde) dar lugar a las actividades académicas. El tardío inicio en facultades como la de Humanidades obligó a suspender el receso invernal. Tras la designación del nuevo ministro de Cultura y Educación, Pedro Bruera (nacido en 1932 y graduado en filosofía en la Universidad del Litoral), comenzó a trascender en los medios nacionales que se procuraba reformar con celeridad en el ámbito universitario aquello que se denominaba como "participación estamental" (el cogobierno) en la gestión de las casas de altos estudios para "lograr la extirpación de la política en las aulas" (La Razón, 29 de marzo de 1976). El mismo diario indicaba que:

Se afirma que se dará preponderancia a la investigación científico-técnica que aporte tangencialmente beneficios para el desarrollo y crecimiento del país. Asimismo, se tenderá a jerarquizar y homogeneizar el cuerpo docente, con el fin de que quienes accedan a la cátedra prueben no sólo idoneidad en el campo de los conocimientos, con suficientes antecedentes, sino también que sean celosos custodios de los valores morales individuales y de la concepción filosófica, por encima de los partidismos políticos.

En ese contexto, los medios nacionales también indicaban que las actividades de las altas casas de estudio se reanudarían cuando existieran las condiciones mínimas de "orden interno" (Clarín, 30 de marzo de 1976). El último día de marzo, las autoridades militares a cargo de la universidad local, el coronel José Arturo Goity, el capitán de navío Sidoti y el mayor de aeronáutica Raúl Juan Carlos Camussi, comunicaban la aceptación de la renuncia del rector Catuogno, aunque mantenían en sus cargos a todos los decanos y directores de las diversas unidades académicas. Una de las primeras labores a las que se abocó la delegación militar fue proceder a un censo de docentes, que luego se extendería a los alumnos extranjeros. A mediados de mayo, cuando ya había quedado a cargo de la universidad el capitán Sidotti, se informó la baja, sin precisar las razones, de 14 trabajadores del personal universitario y de 26 docentes. Otra de las decisiones de relevancia fue nombrar una junta asesora, cuyas funciones nunca fueron públicamente expuestas y de la que no quedaron registros de su actividad.

Al promediar el mes de julio de 1976, los medios gráficos locales (y también algunos otros de alcance nacional como Clarín) daban como un hecho el nombramiento de un nuevo rector en la Universidad Nacional de Mar del Plata. La designación recayó en Alfredo Martín Navarro, contador público y doctor en economía quien venía desempeñando funciones docentes desde hace tiempo en la universidad local y que provenía de una familia acomodada con participación mayoritaria en un importante y conocido comercio de la ciudad de Mar del Plata. La designación de Navarro traería una positiva recepción en los medios locales, que destacaban permanentemente su raigambre local, sus antecedentes académicos, sus vínculos institucionales y su pertenencia a una destacada familia de la ciudad. Este elevado capital social colocaba a Navarro como una figura ideal para ejecutar las tareas de "despolitización" que había diseñado el Ministerio de Educación.

Las primeras declaraciones públicas de Navarro giraron en torno a la necesidad de propiciar "una elevación del nivel académico -hoy insuficiente-" (La Capital, 5 de julio de 1976). Esa definición implicaba un diagnóstico preliminar sostenido en su experiencia docente y de gestión en la misma universidad (había sido decano de Ciencias Económicas en 1972). En esa línea, el flamante rector detallaba una serie de prioridades:

Primero, en la universidad no se están haciendo tareas de investigación científica; segundo, mejorar los procedimientos de enseñanza; tercero, en las distintas facultades va a ver que estudiar los distintos cuerpos a los efectos de que se incorporen personas de mayor nivel que ayuden a formar el cuerpo docente actual (La Capital, 5 de julio de 1976).

En lo referente a los eventuales cierres y aperturas de carreras, el nuevo rector dejó en claro desde su misma asunción que ese y otros temas relevantes estaban supeditados a decisiones ministeriales.⁸ Sin embargo, en algunos casos no se privó por ello de fijar posiciones, tales como caracterizar como un "error" el "generar un número excesivo de profesionales o con un grado insuficiente de capacitación" (La Capital, 5 de julio de 1976).

La nota destacaba que "de la respuesta del doctor Navarro surge que no se pretende una universidad eficientista, sino viva. Existencial. Con alumnos formados como profesionales universitarios y a la vez con las vivencias que exige la hora" (La Capital, 5 de julio de 1976). En esa línea, prácticamente no hubo espacio en los medios gráficos locales para el tratamiento de las aristas conflictivas que pudieran producirse en la universidad. Por el contrario, la imagen proporcionada por los diarios locales marchaba en sintonía con las declaraciones oficiales que daban cuenta de un clima de orden y donde la política ya no tenía espacio para transformarse en un agente disruptor. En ese marco, los cierres de carreras o la política de implementación de cupos admisión apenas fueron presentados como hechos administrativos indiscutibles.

Durante el mes de agosto se fueron completando algunas otras designaciones en los distintos decanatos, como el de Humanidades. El caso de esta facultad presenta aristas destacables, ya que el decano que había sido nombrado en diciembre de 1975, Gabriel Prieto, permaneció en el cargo tras el golpe de Estado, y recién fue reemplazado cuando Navarro se hizo cargo del rectorado. Así fue que la conducción de, tal vez, la unidad académica más conflictiva, pasó a manos de Florencio Hubeñak,⁹ graduado en la Universidad del Salvador y con labores registradas hasta ese momento en la UCA y en la UBA, donde enseñaba historia de la cultura como especialista en historia europea antigua y medieval. Hubeñak era por aquel entonces un joven profesor de historia (nació en 1946 en el territorio de la actual República Checa) que se especializaba en historia europea antigua y medieval. Desde su nombramiento, Hubeñak planteó con claridad su concepción rupturista sobre el proceso militar y se reconfortó por la "muy buena respuesta del alumnado, lo que nos motiva para seguir adelante en procura de dar a la facultad su real fisonomía" (La Capital, 20 de junio de 1977), además de considerar que "hemos iniciado esta nueva etapa en Humanidades" (La Capital, 20 de junio de 1977). En pocos meses de gestión el funcionario ya aseguraba que su facultad había sido "una de las más conflictuadas a todo nivel y en donde la investigación estaba ignorada" (La Capital, 20 de junio de 1977). El nuevo decano destacaba como uno de los logros de su gestión en materia de docencia e investigación la llegada de algunos profesores, como el historiador Julio Irazusta y el antropólogo el Benigno Martínez Soler, quienes además solían dar promocionados cursos y conferencias en las instalaciones de rectorado. Esos ejemplos eran enmarcados por el propio Hubeñak en la necesidad de incorporar "docentes con real nivel universitario ya que como ocurría con toda la Universidad, salvo muy honrosas excepciones, los docentes no respondían a los requerimientos de una casa de estudios superiores" (La Capital, 20 de junio de 1977).

Julio Irazusta (1899-1982) fue un famoso historiador revisionista y militante nacionalista, dueño de una productiva e influyente obra historiográfica y política.¹⁰ Aunque estudió en Oxford, se vio influenciado directamente por las ideas del historiador francés Charles Maurras, una de las principales referencias del revisionismo histórico argentino (Halperín Dongui, 2005). En efecto, este pensador nacionalista de derecha resultó clave para la formulación general de aquella línea historiográfica que utilizó "el aval de la historia para la crítica de la Argentina del presente" (Ibíd., p.16). Esa postura crítica gira, según la óptica de Halperín Dongui, en torno a dos aspectos fundamentales: el rechazo a la democratización política y el modo de inserción de Argentina en el mundo. La democratización política es interpretada como la entrega del país a dirigentes con capacidad de manipular las maquinarias electorales, mientras que la integración al mercado internacional se resume en la relación desigual con Gran Bretaña que,

lejos de ser la causa última de la desaforada expansión que ha cubierto medio siglo que acaba de cerrarse, le ha impuesto modalidades cuyas consecuencias catastróficas sólo se hicieron evidentes luego de 1929, pero que de modo más secreto pero no menos dañino habían torcido el rumbo histórico argentino ya antes de esa fecha" (Ibíd., p.16-17).

En el caso de Martínez Soler, era un discípulo de José Imbelloni (1885-1967), con quien se había formado en la UBA y en la Universidad del Salvador donde estudió historia. Imbelloni ejerció un marcado liderazgo en el campo antropológico argentino, sobre todo a partir de las sólidas posiciones institucionales alcanzadas en la UBA desde 1946.¹¹ Imbelloni enmarcaba a la antropología dentro de los parámetros filosóficos del historicismo y rechazaban las posiciones (neo)evolucionistas y funcionalistas, estos últimos por la fuerte impronta sociológica en sus planteos. Imbelloni fue todo un líder "carismático" entre sus discípulos, muchos de los cuales no dudaban en calificarlo como "gran maestro" (Guber, 2011; Gil, 2010), además de actuar como difusores de su prolífica e influyente obra intelectual.¹² Martínez Soler llegó a Mar del Plata en 1976 para dictar varias de las últimas materias (Etnografía Americana I y II, Antropología y Etnografía, y Antropología Cultural) que se estaban dictando del plan de la carrera de antropología. En el marco de la promoción de uno de sus cursos de extensión cultural en el rectorado, Martínez Soler fue presentado por un medio local como "un estudioso de los orígenes raciales de los habitantes del mundo" (La Capital, 23 de junio de 1977). En la mencionada nota, en donde se transcribían algunos de los fundamentos de su curso, Martínez Soler vaciaba completamente de contenido el campo de los estudios etnográficos en la Argentina y del poblamiento americano, además de colocar al austríaco radicado en la Argentina tras la segunda guerra mundial, Oswald Menghin,¹³ como la gran y vigente referencia teórica. En su curso, prometía hacer un recorrido por diversos pueblos del planeta y hacia el final de la nota señalaba, en relación a las poblaciones africanas, que:

Existen muchos motivos para pensar que su actual situación política es fruto de sus ancestros. Es imposible explicar un continente como este sin recurrir a los orígenes. Un ejemplo lo da la República de Kamerún en la que por encima de los reclamos liberales gobierna un rey, con un parlamento en el que se sientan reyes tribales, y los ministros son médicos hechiceros de gran ascendiente en sus respectivos pueblos (La Capital, 20 de junio de 1977).

Según Ratier (2010), Benigno Martínez Soler fue responsable, junto con Marcelo Bórmida¹⁴ de promover el proyecto de cierre (nunca concretado) de la carrera de grado de ciencias antropológicas de la UBA para que se convirtiera en una orientación de la carrera de historia durante 1975.

"Orden", cupos y carreras "menores"

A los pocos meses de asumir su cargo de rector, Alfredo Martín Navarro ya se sentía en condiciones de publicitar su gestión, destacando, por ejemplo, "la incorporación de valiosos profesores para aumentar el ya ponderable cuadro de docentes de la Universidad; se ordenaron, reestructuraron y se modificaron planes de estudio y se ha puesto la universidad en orden" (La Capital, 13 de abril de 1977). En sus casi cuatro años al frente de la UNMdP, los tópicos "positivos" se acomodaron permanentemente dentro de una casi calcada estructura discursiva que otros funcionarios (decanos, secretarios) repetirían en sus exposiciones públicas (discursos en fechas patrias, inauguraciones, colaciones de grado, notas periodísticas). Así es que en esa sintonía, Navarro aclaraba en la misma entrevista que "el orden no es por sí garantía de elevación académica, pero sí un requisito indispensable para el desarrollo académico. Por otra parte no venimos aquí para establecer un orden que sea la paz de los cementerios, pero sí respeto y disciplina" (La Capital, 13 de abril de 1977). Además, consideraba que "ahora la juventud está abocada de lleno al estudio, olvidada de la actividad política y partidista de otra época" (La Capital, 13 de abril de 1977). Este tipo de afirmaciones no constituyeron expresiones discursivas aisladas sino que formaron parte de un imaginario del orden que enmarcó la temprana legitimidad que obtuvo el nuevo gobierno de facto. Frente al fantasma de la disolución nacional, se le asignó "a los militares la condición que siempre se habían atribuido a sí mismos: la de garantía última de la unidad y el orden de la nación" (Novaro & Palermo, 2006, p. 31). Esa legitimidad para actuar como resguardo del orden social, pero que avasalló sistemáticamente la legalidad, operó sobre un amplio consenso social, aunque se trataba de una legitimidad precaria (Quiroga, 2004) que se asentaba principalmente en el origen, es decir, sobre "la ilusión de una 'perfecta coincidencia'" (Novaro & Palermo, 2006, p. 31), que en menos de dos años comenzaría a resquebrajarse paulatinamente.

Ese consenso inicial queda por demás claro a través del modo en el que los medios gráficos de Mar del Plata enmarcaron las decisiones de la política universitaria. A medida que transcurría su gestión, el rector insistía en que se había cumplido con el objetivo de haber "erradicado la política de los claustros" (La Capital, 15 de octubre de 1977), no como un fin en sí mismo pero sí como condición necesaria para elevar la calidad de enseñanza.

En ocasión de una exposición en la Bolsa de Comercio, Navarro aclaró además que los alumnos "van allí a estudiar, y lo hacen con seriedad, de la misma forma que los profesores van a enseñar y no a otra cosa", todo ello "dentro de ciertas normas de respeto y convivencia, ese orden permite el desarrollo de una actividad con la mayor libertad de criterios posible" (La Capital, 15 de octubre de 1977). Conceptos similares fueron vertidos en el marco de una entrevista que se le realizó en ocasión de un viaje a Gran Bretaña auspiciado por el British Council. Al forzar la comparación con las universidades británicas, el rector destacó que "en aquellas casas de estudio existe autonomía universitaria y estabilidad política y -resalta- profesores y alumnos se dedican a enseñar, estudiar e investigar, sin que intervengan para nada cuestiones políticas, que es lo que 'estamos tratando de hacer aquí'" (El Atlántico, el 10 de mayo de 1978). Poco antes, en un medio nacional, Navarro se expresaba en términos casi idénticos "Hoy por hoy -agrega- hemos obtenido un primer logro inestimable: podemos trabajar en paz. Esto es esencial para poder conseguir un nivel académico apropiado" (La Nación, 4 de marzo de 1978).

La progresiva construcción del imaginario del orden fue permeando las declaraciones públicas de los cuadros del régimen. En relación con la mencionada problemática del exilio de docentes e investigadores, la habitualmente denominada "fuga de cerebros", fue sistemáticamente negada por las autoridades del gobierno de facto. Por ejemplo, en ocasión de un congreso sobre ciencia y tecnología realizado en la ciudad de Mar del Plata, el secretario del área a nivel nacional, Arturo Otaño Sahores, la adjudicó a la "propaganda marxista" (La Capital, 8 de julio de 1978). Pero lo más interesante, en cuanto a lo relacionado con este artículo, es que el funcionario colocó, con marcado énfasis, la distinción entre el exilio de "profesionales" y el correspondiente a los "científicos". Otaño Sahores:

Sostuvo que el primer fenómeno (el de profesionales, generalmente recién egresados) es consecuencia de lo que calificó de lamentable política universitaria, llevada a cabo anteriormente, con la proliferación de universidades que trajo como consecuencia la «masificación y proletarización» de los profesionales, pero que provoca perjuicios en el país, ya que hay mayor número de egresados de los que se está en condiciones de absorber (La Capital, 8 de julio de 1978).

Incluso, el funcionario se refirió a un supuesto estudio que identificaba sólo 4 científicos que trabajaban fuera del país y que dos de ellos se encontraban próximos a retornar. Ese congreso fue organizado por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires y contó con la disertación del científico argentino Luis Federico Leloir, Premio Nobel de química en 1970. Según transcribieron los diarios locales,

Leloir expresó en aquella oportunidad su "beneplácito por lo hecho en la provincia" (El Atlántico, 7 de julio de 1978). Además, el científico precisó que "hace falta un ambiente de orden y trabajo, gobernantes y empresarios honestos y bien preparados, industrias eficientes, escuelas y universidades bien organizadas, pero además la cantidad de científicos y técnicos es uno de los factores fundamentales" (El Atlántico, 7 de julio de 1978).

Esta clase de diagnóstico que sostenían los funcionarios surgía como consecuencia de una serie de disposiciones que se fueron implementando de manera progresiva en las universidades nacionales. Desde la asunción del ministro Bruera al frente de la cartera educativa, se implementó una política restrictiva de ingresos en las universidades nacionales, que se aplicó mecánicamente en la UNMdP, como se confirmó hacia el mes de septiembre de 1976. En aquella ocasión se informó de manera oficial que se establecerían exámenes de ingreso y rígidos cupos establecidos según "necesidades nacionales y regionales de recursos humanos" (La Capital, 14 de septiembre de 1976). En los últimos meses de ese año, en la UNMdP se manejaba una cifra de admisión de 1300 estudiantes, a partir de un proceso de exámenes de tres materias en el mes de marzo. Ya desde ese momento, el rector no intentaba hacer esfuerzos por ocultar que las decisiones fundamentales provenían del ámbito ministerial, aunque el cupo de 1977 estaba vinculado, según el mismo funcionario, con las capacidades edilicias y docentes de la universidad. Por eso,

los cupos fueron determinados un poco empíricamente, basándose en el sentido común, de acuerdo con las instrucciones recibidas. Pero para los años próximos vamos a requerir la colaboración de los consejos profesionales y de los Colegios profesionales, a los efectos de que nos ayuden a considerar elementos importantes, tales como evaluar las fuentes de trabajo (La Capital, 14 de octubre de 1976).

Aunque no se puede descartar plenamente la existencia de esos estudios, no se ha encontrado registro alguno de un relevamiento riguroso de las distintas disciplinas de formación de la universidad, muchas de las cuales (sobre todos las humanidades y ciencias sociales) no contaban con esos colegios profesionales. Sin embargo, una vez dejado de lado el argumento de la amenaza "subversiva", las supuestas necesidades del mercado laboral pasaron a formar parte de los núcleos argumentales de los funcionarios para descartar el dictado de carreras de ciencias sociales. En ese sentido, el rector Navarro siempre solía justificar la política de los cupos por carrera en virtud de que "no vamos a recibir gente para formar profesionales de baja calidad, de bajo grado de capacitación o que luego no encuentren trabajo. De modo que vamos a ser bastante cautos" (La Capital, 14 de octubre de 1976). De manera similar, aseguraba que "vamos a seleccionar a las personas más aptas para ingresar a la universidad". Parcialmente ligada a los cupos, se planteaban las propuestas de especialización regional de las casas de altos estudios. En una de sus dimensiones, ello apuntaba a "evitar la duplicación de las carreras en distintas universidades y aprovechar mejor los recursos humanos" (La Capital, 14 de octubre de 1976). De cualquier manera, como señala Rodríguez (2015), la política de cupos impactó particularmente en las universidades más grandes, de manera principal en la UBA (en 1979 apenas una cuarta parte de los aspirantes pudieron iniciar sus estudios allí), pero también en otras como Rosario (Águila, 2008).

El combate manifiesto contra las disciplinas humanísticas tuvo su correlato en la Facultad de Humanidades. Las carreras de esa unidad académica experimentaron un bajísimo número de inscriptos en esos años, argumento que también sirvió para rechazar de plano cualquier posibilidad de reapertura de las carreras cerradas: Antropología, Sociología, Psicología, Ciencias de la Educación y Filosofía.¹⁵ Esta política de restricción de ingreso llevó a que el rector admitiera ante los medios locales durante 1978 que la cantidad de alumnos (inferior a los 6 mil) estaba descendiendo, aunque lo justificó en el volumen de graduados recientes. Inclusive el rector Navarro llegó a declarar, desestimando una eventual reapertura de las carreras mencionadas, que se prefería que "canalicen los jóvenes otro tipo de carreras" (El Atlántico, 7 de agosto de 1979). Pero ante la pregunta concreta del periodista acerca de las razones por las que fueron cerradas, el funcionario explicó: "porque los jóvenes que egresaban de esas carreras no contaban con posibilidades de trabajar profesionalmente en ellas, y por otro lado porque no contábamos con los profesores suficientes como para dictar esas carreras" (El Atlántico, 7 de agosto de 1979). En efecto, la probada política de destrucción del conocimiento en ciencias sociales fue sostenida por las cúpulas ministeriales a partir de eufemismos tales como hacer referencia a "saturación de egresados" en áreas como sociología y antropología o llamar "carreras menores" a especialidades como Servicio Social, Arte, Relaciones Públicas, Cine, Teatro o Saneamiento Ambiental (Rodríguez, 2015).

En contrapartida, en la UNMDP se estimuló el desarrollo de las ciencias básicas, creándose una Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Biológicas y otorgando recursos para el desarrollo de líneas de investigación (en especial en ingeniería) que constituyen toda una marca registrada en materia de producción científica y transferencia tecnológica en esta casa de altos estudios. Como ejemplo más ilustrativo, bajo la órbita de la Facultad de Ingeniería se creó el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) y se consolidaron líneas de investigación de tecnología de punta. Este instituto se creó en 1982 mediante un convenio con el CONICET que le dio soporte institucional a una serie de grupos de investigación que venían desarrollando avances significativos en problemáticas como Corrosión Metálica, Catalizadores y Catálisis Heterogénea, Metalurgia de Fundiciones Ferrosas y Polímeros Termorrígidos (Vázquez, 2013).

Sin embargo, más allá de la casi explícita política de destrucción de las ciencias sociales, los objetivos transformadores que altos funcionarios plantearon para que la universidad se orientara conceptualmente hacia determinados intereses geopolíticos vinculados al mar o los requerimientos del sector productivo portuense, lejos estuvieron de cumplirse. Nunca se pasó de una serie de precarias ideas de especialización regional que llegaron incluso a provocar que se planteara la posibilidad de orientar carreras que ya se dictaban hacia las problemáticas marítimas. El caso más evidente fue la carrera de Derecho, cuya reapertura estaba en duda cuando se terminaba 1976, pero que llevó al rector a pensar -o tal vez como argumento para solicitar la continuidad de una facultad que se programaba cerrar-, en:

Orientar la carrera a los problemas jurídicos relacionados con el mar y con la pesca. Este pedido implicaría la derogación de la resolución por la cual fue creada la facultad de Derecho, o por lo menos de parte de ella, la que establece que la facultad se crea al solo efecto de que terminen su carrera los alumnos que ya estaban cursando en la ex Universidad Católica" (La Capital, 14 de octubre de 1976).

Conclusiones

El desafío de entender la universidad argentina en tiempo de la dictadura del proceso implica necesariamente dar cuenta de las racionalidades que operaron detrás de objetivos puntuales en el marco del terrorismo de Estado. El modo en que las autoridades designadas en el gobierno de facto manejaron la explícita política de combate al desarrollo de las ciencias sociales nos enfrenta a una serie de complejidades y problemáticas de relieve. Como se ha intentado mostrar, la dinámica de los acontecimientos de gran parte de la década de 1970 combina las lógicas de continuidad y cambio de una manera tan específica que se hace imprescindible comprender en sus detalles. En vez tomar como opuestos polares al cambio y a la continuidad, se puede advertir en el caso analizado cómo ambas dimensiones aparecen entrelazadas con una lógica propia que refuta cualquier intento normativo de establecer cortes abruptos sostenidos en las grandes rupturas de la política nacional (elecciones, golpes de estado). El caso de las ciencias sociales en la universidad marplatense muestra que la tarea de destrucción de estas disciplinas se montó de manera sistemática antes del 24 de marzo de 1976, apoyada por un discurso de abierta confrontación que giraba en torno a posicionamientos ideológicos. Al definir como "subversivas" y "peligrosas" a disciplinas como sociología y antropología, las facciones de derecha dentro del peronismo le allanaron el camino al nuevo gobierno dictatorial. Aunque en los primeros tiempos del proceso se continuó con el mismo diagnóstico, tanto por parte de los primeros funcionarios militares como de algunas de sus usinas ideológicas, pronto se pasó a otro tipo de estructura argumentativa. Cristalizado con éxito el imaginario del orden y la paz social, las autoridades del gobierno de facto sólo necesitaron definir como "inviables" a las carreras en ciencias sociales, que ya habían sido devastadas antes de su llegada al poder. La política de cupos, la disminución del presupuesto universitario, la caída en el número de inscriptos en las carreras humanísticas, configuraron el escenario propicio para colocar el punto final a experiencias curriculares que habían sido una parte sustancial en la configuración de la vida universitaria marplatense durante casi una década. De esa manera, el impulso temprano que habían experimentado las ciencias sociales en esa universidad estatal desde la década de 1960 se quebró por completo en sintonía con lo que ocurrió en gran parte de las casas de altos estudios del país.

 

³ Tras el episodio, tanto desde la gestión del rectorado como desde la CGT local y las 62 Organizaciones se emitieron comunicados de repudio a los atentados, definiendo como "mercenarios apátridas" a los responsables y condenando "el snobismo guerrillero" (El Atlántico, 29 de abril de 1975).

⁴ Piantoni fue ultimado a balazos el 20 de marzo de 1975. Como represalia, sus compañeros de militancia de la CNU vengaron su muerte aplicando el "5X1" la misma noche del velorio con militantes de superficie de la JUP. Esos y otros crímenes de miembros de la CNU (especialmente el de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi), formaron parte sustancial de los procesos conocidos como Juicios por la Verdad que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Pata a comienzos de este siglo.

⁵ Tras el triunfo de Héctor J. Cámpora en las elecciones de marzo de 1973, también se plantearon objetivos fundacionales para las universidades argentinas. El proyecto de la universidad nacional y popular, gestionado desde el Ministerio de Educación por Jorge Taiana (médico personal del general Perón) y con el apoyo de la Tendencia Revolucionaria (Lenci, 1999), enarboló consignas orientadas a sepultar la vieja universidad que se concebía elitista y burguesa, en el marco de un autoproclamado carácter revolucionario. En las designaciones ministeriales de los interventores en las universidades nacionales se explicitaba la búsqueda de colocar estas instituciones "al servicio del pueblo" para lograr la "liberación nacional". El mismo proceso se concretó en el ámbito provincial de Buenos Aires, por lo que en la UNMdP, también los nombramientos de autoridades se poblaron de considerandos que postulaban la necesidad de lograr la "reconstrucción" de las casas de altos estudios, destacando la necesidad de reformar objetivos, contenidos y métodos de enseñanza.

⁶ Pese a la marcada dificultad de cuantificar en detalle estos procesos, las cifras de los flujos de emigración por razones políticas en el período 1974-1983 son de una magnitud inédita (Yankelevich, 2008).

⁷ Cincotta murió en 2009 mientras estaba procesado por delitos de lesa humanidad de la década de 1970. Gozaba de excarcelación debido a su grave estado de salud.

⁸ En contrapartida, los distintos rectores de la UBA se rehusaron a aceptar tal injerencia ministerial. Por ejemplo, el rector Constantini renunció en septiembre de 1976 por no encontrarse dispuesto a resignar la autonomía y la libertad de cátedra (Rodríguez, 2014).

⁹ Luego de su paso por la UNMdP, Hubeñak concretó una prolífica labor de producción bibliográfica y una ininterrumpida tarea docente, principalmente en la UCA, en donde ejercía, en la segunda década de este siglo, como decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación. Se doctoró en 1983 en la Universidad Nacional de La Plata con una tesis sobre el imperialismo ruso y publicó más de una decena de libros (gran parte de ellos editados por la UCA) entre los que se encuentran La formación de la cultura occidental (2001), Historia Integral de Occidente (2006), La formación del pensamiento jurídico-político. Tomo I (2012), Roma. El mito político (1997), Historia de la Iglesia del silencio (2013). Hubeñak representa una línea de investigación, la historia confesional, escasamente transitada (por no decir superada) en la academia local y en las principales tradiciones historiográficas, pero no por ello carente de espacios de discusión y circulación académicos, principalmente privados y católicos, pero también algunos de carácter público.

¹⁰  Entre sus obras pueden destacarse: La Argentina y el imperialismo británico; Ensayo sobre Rosas, en el centenario de la suma del poder (1835-1935); Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia; y Urquiza y el pronunciamiento.

¹¹ La comunidad antropológica en la Argentina de la década de 1940 estaba conformada por un pequeño núcleo que, bajo ciertos acuerdos generales, desarrollaba sus tareas de investigación en diversos ámbitos ligados a las universidades nacionales, principalmente en Buenos Aires y La Plata, pero también en otros lugares del interior como Córdoba, Tucumán y Mendoza. En el marco de las amplias cesantías y renuncias que se produjeron en las universidades argentinas con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia en 1946 (Buchbinder, 2005), varios de los principales referentes (como Fernández Márquez Miranda o Salvador Canals Frau) debieron abandonar sus cargos universitarios y recién recuperarían sus posiciones académicas en 1955.

¹² Imbelloni debió resignar sus posiciones en la universidad tras la caída del gobierno de Juan Domingo Perón, al que había adherido fervorosamente. A modo de ejemplo, Imbelloni prologó en 1950 la nueva edición de un libro de Perón, Toponimia patagónica de etimología araucana, publicado originalmente en 1936. Como consecuencia de las "purgas" que se desataron en la universidad en el posperonismo, la situación de Imbelloni se resolvió con una jubilación anticipada, aunque recalaría en una de las primeras universidades privadas que se autorizaron en la Argentina, la Universidad del Salvador.

¹³ Oswald Menghin nació en Austria (1888-1973) y desde su llegada a la Argentina en 1948 ejerció una notable influencia en el campo arqueológico argentino que se mantuvo inalterada por décadas. Los más firmes cuestionamientos que recibió están vinculados con las actuaciones políticas en su país natal, por las que fue considerado prisionero de guerra (liberado luego en 1947) tras la derrota alemana en la segunda guerra mundial, principalmente por su participación como Ministro de Cultura y Educación del gobierno pro-nazi de Seyss-Inquart en 1938. De todos modos, y aunque su compromiso tan directo con el nazismo fue relativizado (sobre todo por su militancia católica), Kohl y Pérez Gollán (2002) analizan en detalle su obra e interpretan la carrera de Menghin como una muestra de que los extraordinarios "peligros de combinar política, religión y prehistoria" (Ibíd.: 561). Por ello, la trayectoria académica de Menghin "ilustra los peligros de enfatizar la relevancia del conocimiento de un especialista de prehistoria para resolver problemas políticos y sociales contemporáneos" (Ibíd.: 562), del mismo modo que su "rigidez ideológica lo llevó a involucrarse en actividades políticas censurables y a distorsionar e interpretar tendenciosamente los registros etnográficos" (Ibíd.: 562).

¹⁴ Marcelo Bórmida (1925-1978) es todavía quizás un autor "maldito" en el mainstream antropológico argentino, y durante mucho tiempo su sola mención despertaba severas condenas morales e ideológicas a causa de sus afiliaciones políticas y las cuotas de poder que ejerció en distintos momentos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), particularmente en los momentos de rupturas políticas autoritarias, como 1966, 1974 y 1976 (Ratier, 2010; Garbulsky, 2000; Ratier & Ringuelet, 1997; Boschín, 1991-92). A sus imputadas inclinaciones fascistas, se sumaba la resistencia sistemática hacia la antropología social, la subdisciplina postergada en el país y su proyecto -poco antes de su muerte- de cierre de la carrera de ciencias antropológicas en la UBA (Ratier, 2010).

¹⁵ Llamativamente, el decano que reemplazó a Hubeñak en septiembre de 1979, Carlos Ernesto Gutiérrez, planteó la posibilidad de que se reabriera la carrera de Filosofía, lo que finalmente no ocurrió. La novedad en materia curricular fue la apertura para el ciclo 1980 de una carrera de tres años: bibliotecología.

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Recibido: 16 de mayo de 2015.
Aceptado: 25 de agosto de 2016.