Artículos

Estado, política y educación en la provincia de Buenos Aires: trayectorias de los directores generales y ministros (1875-2015)

 

Laura Graciela Rodríguez¹ - Mara Petitti²

¹  Universidad Nacional de La Plata; lau.g.rodrig@gmail.com.
²  Universidad Nacional de Mar del Plata; marapetitti@yahoo.com.ar.

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Resumen

En este artículo analizaremos las trayectorias de los directores generales y los ministros de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires -algunos de los cuales asumieron más de una vez- a lo largo de 140 años (1875-2015), observando las leyes y decretos que contribuyeron a sancionar. Más precisamente, presentaremos un análisis prosopográfico de ochenta y dos trayectorias, relevando las siguientes dimensiones: a) año y lugar de nacimiento, género y estabilidad promedio de sus gestiones; b) institución en la que estudiaron y titulación adquirida; c) experiencia previa (en algún partido político, en cargos electivos y/o en la gestión educativa estatal); y d) vinculación (formal o informal) con organizaciones distintas a los partidos.

Palabras clave
Educación, Provincia de Buenos Aires, ministros, directores generales, prosopografía.

Resumo

Este artigo analisará as biografías deles ministros dele Ministerio de educacao da provincia de Buenos Aires - alguns dos quais levaram mais de urna vez-ao longo de 140 anos (1875-2015), observando as leis e decretos que contribuíram a aprovar. Mais precisamente, iremos apresentar urna análise prosopográfico de 82 trajetórias, relevando as seguintes dimensóes: a) ano e cidade de nascimento, sexo e estabilidade; (b) a instituicáo em que estudou e grau adquirido; (c) experiencia previa (em qualquer partido político, encargos eletivos e/ou gestao educacional estado); e (d) vinculacáo (formal ou informal) com organizagóes diferentes a los partidos políticos.

Palavras chave
Educacao, Provincia de Buenos Aires, ministros, diretores gerais, prosopografia.

Abstract

In this article we will analyze the trajectories of the General Directors and Ministers of the education in the province of Buenos Aires - some ofthem were more than one time-along for 140 years (1875-2015). We also will study some of the most important laws they contributed to sanction. More precisely, will present an analysis of 82 biographies, relieving the following dimensions: to) year and place of birth, gender and stability average of their charges; (b) institution that studied and degree acquired; (c) experience prior (in any party political, in charges elective and/or in the management educational State); and (d) relation (formal or informal) with organizations different at the parties.

Keywords
Education, Province of Buenos Aires, ministers, general directors, prosopography.

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Introducción

¿Quiénes han sido los máximos responsables de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué titulación tenían? ¿Cuáles eran sus antecedentes al momento de asumir?

En un sistema educativo altamente feminizado, ¿cuántas mujeres ocuparon ese cargo? Estos y otros interrogantes son los que intentaremos responder aquí, tomando como objeto de estudio el conjunto de los funcionarios que condujeron la educación bonaerense desde el siglo XIX hasta el XXI³. Es decir, en este artículo analizaremos las trayectorias de los directores generales y los ministros de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires -algunos de los cuales asumieron más de una vez- a lo largo de 140 años (1875-2015), observando las leyes y decretos más importantes que contribuyeron a sancionar.

Resulta difícil exagerar la importancia que este distrito supone para el país, tanto por su peso demográfico y económico como por su relevancia política, reflejadas en la primacía numérica de su electorado y las dimensiones de su sistema educativo. En la actualidad, contamos con una importante producción sobre la historia de la educación en la provincia que da cuenta de esta relevancia. Por ejemplo, disponemos de investigaciones sobre las escuelas de campaña en el siglo XIX⁴; la fundación de los colegios nacionales en territorio bonaerense⁵; la educación primaria⁶; la enseñanza agraria; las políticas educativas del gobierno de Manuel Fresco⁷; las reformas de los años de 1930 a 1970⁸; las medidas tomadas durante el peronismo clásico⁹; las políticas de la última dictadura¹⁰; y la historia de la administración central^{11 12}. Como puede observarse, son aún escasas las pesquisas centradas en las figuras de las máximas autoridades de la cartera. Este trabajo pretende ser un aporte en esa dirección y se inscribe en una serie de investigaciones sobre los ministros de nivel nacional¹³. Hemos mencionado que estudiaríamos las biografías de los directores generales y ministros, y esta diferencia en la manera de nombrar los cargos merece ser explicada. Observando la legislación provincial, identificamos que la cartera ha sufrido nueve modificaciones en su denominación, vinculadas a su estructura: a diferencia de la nación -que creó un Ministerio-, en la provincia se diseñó en 1875 una Dirección General de Escuelas (en adelante DGE) acompañada por un Consejo General de Educación (en adelante CGE)¹⁴. Esta estructura permaneció estable hasta 1949, cuando el gobierno peronista fundó por primera vez un Ministerio y eliminó estos dos organismos. Después del golpe de 1955 convivieron de distintas maneras el Ministerio, la DGE y el CGE, y en el período 1966-1983 volvió a ser solo Ministerio. Las autoridades del ciclo democrático iniciado en diciembre de 1983 restituyeron la organización original de Dirección General y Consejo General, permaneciendo sin cambios sustanciales hasta el final de la etapa de este estudio (diciembre de 2015). El siguiente cuadro ilustra estas modificaciones.

Ahora bien, presentaremos aquí un análisis prosopográfico de ochenta y dos trayectorias, divididas en tres etapas: 1875-1949; 1949-1983; y 1983-2015. De las trayectorias abordaremos las siguientes dimensiones: a) año y lugar de nacimiento, género y estabilidad promedio de sus gestiones; b) institución en la que estudiaron y titulación adquirida; c) experiencia previa (en algún partido político, en cargos electivos y/o en la gestión educativa estatal); y d) vinculación (formal o informal) con personas o instituciones de la Iglesia Católica¹⁵. A continuación desarrollaremos la hipótesis general vinculada a estos cuatro aspectos y al final de este artículo haremos un ejercicio comparativo con lo sucedido en Nación¹⁶.

En relación a la primera dimensión, seguiremos el supuesto de que hubo una mayoría de hombres de mediana edad nacidos en territorio bonaerense, con gestiones en general inestables. Mostraremos que esta situación comenzó a cambiar a partir de 1983, cuando se incrementó la presencia de mujeres y la estabilidad promedio de las gestiones. Respecto a la segunda cuestión, señalaremos que predominaron los titulados en abogacía egresados de la UNLP y de la UBA¹⁷. El resto de los funcionarios era egresado de otras carreras, observándose una presencia destacada de titulados en educación, un número menor de diplomados en las Escuelas Normales y un solo graduado de una universidad privada. Asumiremos que eran «titulados en educación» los profesores y licenciados en pedagogía y en ciencias de la educación, los maestros y profesores normales y los profesores en las orientaciones de humanidades y ciencias sociales. En referencia a la experiencia previa, veremos que en las tres etapas hubo funcionarios que tenían experiencia en la gestión educativa estatal y durante el período 1949-1983 predominaron los que venían de gestionar en universidades. Sobre las relaciones de los ministros y directores generales con personas e instituciones católicas, indicaremos que esta fue más visible entre las décadas de 1930 a 1980.

Este texto está organizado en tres apartados ordenados cronológicamente: el primero abarca lo sucedido con los 50 directores generales (titulares e interinos) entre 1875 y 1949; el segundo se ocupa de los 20 ministros (titulares) desde 1949 hasta el fin de la última dictadura (1983); y el tercero pone el foco en el período democrático iniciado en diciembre de 1983 hasta diciembre de 2015 (12 directores generales titulares)¹⁸.

Los directores generales de la DGE (1875-1949)

Las constituciones de 1873, 1889 y 1934 establecían que las escuelas comunes serían confiadas a un director al mando de la DGE, nombrado por el gobernador con acuerdo del Senado, y a ocho integrantes del CGE, designados con acuerdo de la Cámara de Diputados. Quedaban así a cargo de una repartición que gozaba de autarquía para administrar sus recursos y dictar sus propias reglas. Contemplaban además, la existencia de los Consejos Escolares en los municipios. En 1875 sobre la base constitucional se sancionó la Ley de Educación Común de la provincia de Buenos Aires (n.° 988). La normativa regulaba también la educación privada hasta que en 1920 el CGE sancionó el Reglamento de las Escuelas Privadas que fue modificado en varias oportunidades¹⁹.

Una vez sancionada dicha Ley de Educación, asumió el primer director general de escuelas, Domingo Faustino Sarmiento. Desde ese entonces y hasta 1949, ocuparon ese puesto 50 directores generales titulares e interinos y tres estuvieron dos veces (José M. Vega, Mariano Molla Villanueva y Rafael A. Palomeque). Según la Ley de Educación el periodo establecido para ocupar el cargo era de cuatro años pudiendo ser reelectos. Sin embargo, pocas veces llegaron a completar el mandato. Las gestiones más largas fueron las de Francisco Berra (1894-1902) de casi ocho años; la de Sarmiento, de casi seis (1875-1881), la de Manuel Bahía (1902-1906) de cuatro y Emilio Carranza (1887-1890) de tres años. El resto de los directores estuvo en su cargo menos de dos años en promedio y en numerosas oportunidades asumieron durante meses e incluso días en calidad de interinos, siendo éste el período que más hubo: un total de 19. Hablando de esto último, un senador por la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Laffaye, sostenía que la inestabilidad era un gran problema para la gestión: «Creo que ha habido alguno director general que ha durado 26 días y otro 22»²⁰. Esto se explica en parte por la constante sucesión de interventores y gobernadores: un total de 82 entre 1875 y 1949, número que superaba ampliamente el de los directores generales. De todas formas, no siempre los cambios del titular de la gobernación implicaron un reemplazo del director de escuelas: hubo por lo menos 14 directores que permanecieron en su cargo más allá del cambio de gobernador.

En referencia a la experiencia previa de los funcionarios, algunos habían gestionado en el área de educación. Por ejemplo, Sarmiento (1811, San Juan), quien, entre otras cosas, había sido un alto funcionario de la cartera educativa de Chile; Berra (1844, San Miguel del Monte) tuvo una actuación destacada en el gobierno de Uruguay como asesor, daba clases de Pedagogía, tenía libros y artículos escritos sobre educación hasta que fue llamado para ocupar el cargo de director general en la provincia²¹. Palomeque y Bello habían sido vocales en el CGE; Acuña (1875, Corrientes) daba clases de Didáctica en la UBA y había formado parte del Consejo Nacional de Educación; por su parte, Molla Villanueva (1883, Chascomús), Vega y Palomeque fueron en dos oportunidades directores generales, como ya mencionamos.

En síntesis, durante este período (1875-1949) la mayoría de los funcionarios había nacido en la provincia de Buenos Aires (11), y en Capital Federal (7) -creada en 1880-, el resto era oriundo de San Juan, Catamarca, Santa Fe y Corrientes²⁵. Acerca del título que obtuvieron, predominaron los abogados (23), luego hubo maestros normales (3) y un docente sin título (Sarmiento), médicos (3), arquitectos (2), zoólogo (1), ingeniero (1) y militar (l)²⁶. Casi todos tenían experiencia previa en otros cargos partidarios, electivos y de gestión. De este conjunto, identificamos a doce que habían ocupado cargos en la gestión educativa de nivel provincial -en general habían sido consejeros en el CGE-, nacional o de otros países (Sarmiento, Juan Acuña, Berra, Mariano Pinedo, Vega, Antonio Hiriart, Rufino Bello, Molla Villanueva, Palomeque, Ángel Acuña, Alejandro Greca y Albino Romanzo). Los más afines a los intereses de la Iglesia Católica -con diferencias en el grado de compromiso- asumieron durante la gobernación de Fresco y avalaron la implementación de la religión católica, resultando 19 en total.

La (confusa) convivencia de tres estructuras: Ministerio, DGE y CGE (1949-1983)

El gobierno peronista de Domingo Mercante disolvió la DGE y el CGE y creó el Ministerio de Educación, a la vez que reemplazó los Consejos Escolares por Delegaciones Administrativas²⁷. Esta medida se dio en el marco de una reforma más amplia del Estado provincial, que entre 1946 y 1949 duplicó el número de Ministerios. A los ya existentes de Gobierno, Hacienda y Obras Públicas se incorporaron los de Salud Pública y Asistencia Social, Educación y Asuntos Agrarios. Esta estructura se mantuvo en la Ley de Orgánica de Ministerios sancionada durante la gobernación de Carlos Aloe (n.° 5694). A su vez, la creación del Ministerio se vio plasmada en la nueva Ley de Educación n.° 5650 de 1951, que reemplazó a la Ley n.° 988 de 1875.

El 30 de mayo de 1949 asumió como primer ministro de educación de la provincia César Avanza (1915, Bahía Blanca). Dirigente de militancia política forjista, se recibió de abogado en la UNLP. En 1945 fue nombrado secretario de la Dirección General de Cultura de la provincia de Buenos Aires y durante el mandato de Alejandro Greca se desempeñó como vocal del CGE. Además de los cargos públicos Avanza tuvo una importante trayectoria en materia cultural en tanto literato y ajedrecista. Cuando fue designado ministro, incorporó la Subsecretaría de Cultura a la cartera. Si bien la enseñanza religiosa venía implementándose en la provincia desde 1936, fue recién durante su gestión cuando la Iglesia Católica alcanzó mayores atribuciones en la escuela primaria, a partir de las buenas relaciones que entabló particularmente con Avanza y su subsecretario, Emilio F. Mignone. Esto se evidenció en algunos puntos de la Ley de Educación, por ejemplo: en el incremento de la jerarquía de los inspectores de religión y la producción de material didáctico sobre el tema.

Al asumir Carlos Aloe la gobernación de la provincia, designó como titular del Ministerio de Educación a Raymundo Joaquín Salvat (1915, Capital Federal), un funcionario que, al igual que el nuevo gobernador y el resto del gabinete ejecutivo, había pertenecido al elenco nacional. Se diplomó en estudios jurídicos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y desde 1944 ejerció cargos de subsecretario letrado en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, subdirector general de asuntos legales en el Ministerio de Educación y director general de gabinete en el Ministerio de Asuntos Políticos. En 1946 fue secretario general de la intervención nacional de la Universidad de Córdoba y entre 1947 y 1948, director de la Sección de Derecho Civil en la misma Facultad. Durante su gestión, se le dio una nueva fisonomía al Ministerio de Educación, que continuaría con posterioridad a la caída del peronismo (Decreto 1976/53). En 1954, en el marco del conflicto del peronismo con la Iglesia Católica, se dispuso la supresión de la Dirección e Inspección General de Enseñanza Religiosa (Decreto 20564/54) y se modificó la Ley n.° 5650/51, suprimiendo el artículo noveno que establecía la enseñanza católica y reformando la redacción de aquellos que referían a la misma (Ley n.° 5823).

El golpe de Estado de 1955 autodenominado Revolución Libertadora inició una dictadura que duraría hasta 1958. En relación a los funcionarios que asumieron después de la caída del peronismo, el exsubsecretario Emilio F. Mignone afirmaba, empleando un tono negativo, que desde 1955 el Arzobispo de La Plata, monseñor Antonio J. Plaza, ejerció una influencia considerable en el nombramiento directo de los ministros de educación de la provincia de Buenos Aires²⁸. A continuación presentaremos las trayectorias de los funcionarios y observaremos en qué casos esto ha sido así y en cuáles otros no.

En 1955 el gobernador de facto Ossorio Arana nombró como ministro al profesor de historia egresado de la UBA y autor de numerosos libros en esa materia, Juan Canter (1895, Capital Federal). Durante su gestión se puso en vigencia la Constitución de 1934 (Ley n.° 7565/56), pero la estructura del gobierno de la educación quedó sin modificaciones. Es decir, en teoría se restituían la DGE y el CGE, pero continuó funcionando el Ministerio creado por el peronismo. El reemplazo de Ossorio Arana por Emilio Bonnecarrére en noviembre de ese año, se dio en el medio de las presiones de la Iglesia sobre el sistema educativo. El intento de restaurar la tradición liberal y laica previa a 1936, no estuvo exento de conflictos con aquel sector que reclamaba la incorporación de la enseñanza católica en la provincia. En el ámbito universitario, los católicos apoyaron la medida que habilitaba la creación de universidades privadas, lo que provocó una sucesión de manifestaciones a favor y en contra. En este clima, Canter fue acusado de haber impulsado la ocupación de los colegios secundarios apoyando a los sectores laicos, por lo que presentó su renuncia en 1956. Junto a él lo hicieron otros funcionarios de su gabinete, produciéndose un importante movimiento de personal, en un Ministerio que se proponía emprender una amplia tarea depuradora.

Luego de un interinato de días -del ministro de salud Rodolfo A. Eyherabide- ocupó por primera vez en la historia el cargo de ministra de educación una mujer, Elena Zara de Decurgez (1902, Mendoza). Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal de Mendoza y continuó su formación en la UNLP, de la que egresó con el título de profesora de historia y geografía en 1922. Ejerció el cargo de directora de la Escuela Normal de Avellaneda «Prospero Alemandri» y de la Escuela Nacional de Maestras n.° 9 de Capital Federal. En 1955 formó parte de la comisión consultora de textos y programa de la cartera educativa nacional y al año siguiente fue miembro de los jurados para cargos, por concurso, de directores y vicedirectores de Escuelas Normales y Colegios Nacionales de la Capital Federal y sur de la provincia de Buenos Aires. Mientras fue ministra, debió hacerle frente a los reclamos del Episcopado provincial, que fracasó nuevamente en su intento de sancionar alguna normativa que cuestionara la laicidad de la enseñanza primaria²⁹. Hacia el final de su mandato, se restableció la vigencia de los Consejos Escolares en los municipios, a partir de la reforma de la Ley Orgánica de la Municipalidades (Decreto-Ley n.° 6796/58).

En 1958 ganó las elecciones provinciales -con el peronismo proscripto- Osear E. Alende, de la UCR Intransigente (UCRI), quien designó ministro a Ataúlfo S. Pérez Aznar (1910, Lezama). Abogado por la UNLP, formó parte del Centro de Acción de la Juventud Radical, fue diputado provincial (1946-47) e integró FORJA. Llegó a ser rector del Colegio Nacional de La Plata (1955-56), donde había estudiado, y rector organizador de la Universidad Provincial de Mar del Plata. A diferencia de los mandatarios anteriores, el ministro emitió una resolución que establecía la implementación de la enseñanza de moral y religión, basándose en la Constitución Provincial de 1934, tal como venía pidiendo la Iglesia. La repercusión de esta medida trasladó la discusión a la Cámara de Diputados, donde finalmente se resolvió la suspensión transitoria de la aplicación del artículo más conflictivo³⁰.

En referencia a la estructura del gobierno de la educación, se sucedieron arduas discusiones en la Legislatura, que finalmente prestó acuerdo para designar al ministro Pérez Aznar como director general de escuelas, con la condición de que cobrase un solo sueldo y que quedase en suspenso, por cuestiones presupuestarias, el nombramiento de los integrantes del CGE. De esta forma, si bien se restablecía la repartición autárquica que en 1949 había sido reemplazada por el Ministerio, el hecho de que recayera en la misma persona, en cierto modo la convertía en una reforma nominal³¹. Posteriormente, el gobernador Osear Alende promovió la sanción de una nueva Ley Orgánica de Ministerios (n.° 5873) que reafirmaba la existencia del Ministerio de Educación. En el artículo 20 se decía que la cartera tenía a su cargo la educación primaria, media, especial, técnica, profesional y superior. De todos modos, las discusiones continuaron y se presentaron varios proyectos que no prosperaron, como los de otorgarle funciones diferenciadas al Ministerio y la DGE, restaurar efectivamente el CGE y adecuar la Ley de Educación^{32 33}.

Pérez Aznar fue electo senador nacional por la UCRI en 1961, por lo que completó su mandato el subsecretario Juan Martín Ametrano (Rauch). Profesor de Educación Física en la ciudad de Rauch y militante de la UCRI, se mudó a La Plata para ejercer su función, estableciendo buenas relaciones con monseñor Plaza. Su función finalizó abruptamente con el golpe de Estado que derrocó al presidente Frondizi. Las autoridades que asumieron luego fueron el interventor federal, abogado Ceferino P. Merbilháa, quien tuvo de ministro al médico egresado de la UNLP José D. Méndez (La Plata) entre junio y octubre de 1962. Había sido interventor de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios. En su breve paso por el Ministerio, un colaborador suyo recordaba que se dedicó a sanear la administración pública bonaerense, detectando múltiples hechos irregulares y apartando de sus cargos a «maestros militantes en el comunismo». Por esa labor, el diario La Prensa le dedicó una elogiosa columna titulada «Formas de Buen Gobierno»³⁴.

Entre 1962 y 1963 asumieron como interventores federales Félix Trigo Viera y el general Francisco Imaz, permaneciendo como ministro Carlos A. Floria (Capital Federal). Era abogado y doctor por la UBA, profesor de la Facultad de Derecho de esa universidad y abogado del Banco de la Provincia de Buenos Aires (1954-1981). Católico practicante, era desde 1957 miembro del consejo de redacción de la revista católica Criterio. Al momento de asumir había escrito varios artículos y libros sobre historia argentina.

Con las elecciones de 1963 asumieron las autoridades de la UCR del Pueblo (UCRP): el gobernador Anselmo Marini y su ministro, el abogado por la UNLP, Rene Pérez (1913, Junín). Había sido concejal de la ciudad de Rojas (1953-55), senador provincial (1960-62) y un participante activo de asociaciones de abogados. Mientras estaba en funciones, actuó como rector ad honorem de la Universidad Provincial de Mar del Plata. Con Pérez se aprobó en febrero de 1964 la Ley Orgánica de la DGE (n.° 6749), que además de diferenciar las competencias de la DGE (escuelas estatales de educación común, preescolar, diferenciada y para adolescentes y adultos) respecto de las del Ministerio de Educación, restauró el Consejo General de Educación. Estas modificaciones convivieron con la Ley de Educación del peronismo sancionada en 1951 (la cual continuó vigente hasta 1995). En marzo nombraron por decreto al primer director general de la restaurada DGE, Francisco A. Latrubesse (1914, Salto). Era odontólogo egresado de la Universidad del Litoral, militante de la UCR, concejal municipal de la ciudad de Salto (1946-1955) y diputado provincial (1963-1964) hasta ser designado director general. Como subsecretario fue Juan Francisco Lagomarsino y los consejeros integrantes del CGE resultaron: Ana María Idiart de Rebón, Juan Iturralde, Néstor Raúl Picado, Donata Dominga Cordasco de Benedetti, Serafina Aurora Serio de Santilli, Miguel Ángel Luna y Abel Mario Balossino.

Este proceso se volvió a interrumpir con el quinto golpe de Estado denominado la Revolución Argentina (1966-1973). Asumió por segunda vez como gobernador el general Imaz, quien tuvo dos ministros interinos que permanecieron unos pocos días -el coronel Ulises Muschietti y el médico Jorge Darío Pittaluga- hasta que designó de ministro de educación y simultáneamente, director general de escuelas (antes de la eliminación del cargo), al maestro normal y profesor en letras Abel Calvo (1914, Banfield). Egresado de la Escuela Normal de Lomas de Zamora, en 1943 se graduó como profesor de enseñanza secundaria en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Su labor docente se inició en Lomas de Zamora y en 1956 fue nombrado ministro de gobierno, justicia y educación de la intervención federal en La Rioja.

En noviembre de 1966, Imaz y Calvo promulgaron la Ley n.° 7234, que derogó la Ley n.° 6749 y su modificatoria (n.° 6772, sorteo de consejeros de educación), dejando sin efecto a los organismos de la DGE y el CGE y por consiguiente, los nombramientos efectuados en 1964 del director general Latrubesse y los consejeros. Reescribieron el artículo 20 de la Ley de Ministerios n.° 5873, reafirmando que el Ministerio de Educación se ocupaba de la enseñanza preescolar, primaria común, para adolescentes y adultos, diferenciada, media, vocacional, especial, técnica, artística, profesional, superior y universitaria.

Calvo permaneció solo unos meses hasta la asunción de Alfredo Tagliabúe (1926, Capital Federal) como ministro de educación en 1967. Graduado en la Escuela Normal Mariano Acosta, en 1962 había realizado un curso de planeamiento integral de la educación en el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y en 1964 completó un curso en Santiago de Chile organizado por la CEPAL y la UNESCO sobre planeamiento educativo. Al momento de asumir estaba ejerciendo la docencia y era miembro del gabinete de expertos de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP). Había sido delegado de la Primera Convención Nacional de Enseñanza Privada de 1964 y era profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA). Tagliabúe era un aliado estratégico del gobernador y estuvo comprometido con la reforma educativa que introducía el nivel intermedio. Sin embargo, la reforma debió suspenderse debido a la importante oposición de los gremios docentes estatales, costándole la renuncia a Tagliabúe y su equipo en 1971³⁵.

Le siguieron Julio César González (interino, menos de un mes) y Osvaldo Marcelino Zarini como titular (1925, Tandil). Maestro normal y profesor de inglés, luego se graduó de abogado en la Universidad del Litoral. En Tandil fue uno de los impulsores de la creación de una casa de estudios, que se concretó en 1964, convirtiéndose en el primer rector³⁶. En 1971 fue nombrado intendente de la ciudad y luego ministro de educación. En enero de 1973 falleció en un accidente automovilístico. Terminaron su mandato Alfredo Edgar Orfano (interino, ingeniero y ministro de Asuntos Agrarios en ese momento) y Carlos Alberto Ríos (titular), quien era el subsecretario de educación de Zarini desde 1971. Ríos (1940, San Nicolás de los Arroyos) era maestro normal y profesor de castellano, literatura y latín, egresado de la Escuela Normal Mariano Acosta.

El gobernador peronista Osear R. Bidegain tuvo de ministro a Alberto Baldrich (1898, Capital Federal). Era filósofo (UBA), militante del nacionalismo católico, fue interventor de la provincia de Tucumán en 1943, al año siguiente resultó ministro de justicia e instrucción pública de la nación (sucedió a Gustavo Martínez Zuviría), y luego adhirió al peronismo. Baldrich debió dejar el cargo en julio de 1974, igual que todos los funcionarios, después de la muerte del presidente Perón. En agosto de ese mismo año asumió Tomás Bernard (1919, La Plata). Era abogado y doctor en jurisprudencia (UNLP), militante del peronismo, en el momento de asumir ejercía la vicepresidencia nacional de la Sociedad de Escritores (SADE). En septiembre de 1975 Bernard -junto con otros ministros- renunció y fue reemplazado por Alejandro Luis Romero (San Nicolás), abogado (UNLP), asesor de la Unión Obrera Metalúrgica, era miembro del directorio de SOMISA en San Nicolás. Además, había sido senador y asesor de la gobernación.

Cuando llegó el golpe del 24 de marzo de 1976, asumieron de forma interina el coronel Hernán Risso Patrón y el coronel-médico Joseba Klemendi de Ustarán, que era ministro de salud. El 8 de abril, el gobernador, general de brigada (RE) Ibérico M. Saint Jean nombró al general (RE) Ovidio J. A. Solari (1918, Capital Federal) al frente del Ministerio de Educación. La presencia de un militar en esa cartera no era una novedad, ya que en la primera etapa del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) eran 17 las provincias que tenían funcionarios militares, al contrario de lo que ocurrió en nación, donde los ministros fueron todos civiles. Solari había intervenido en el proyecto de creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) fundado en 1959, integró el primer Consejo como vocal y lo presidió entre 1966 y 1969. En 1967 resultó presidente del II Seminario Iberoamericano de

Enseñanza Técnica realizado en Buenos Aires. Desde 1968 fue miembro del Consejo de la Oficina de Educación Iberoamericana con sede en Madrid y asesor de la Organización Universitaria de Intercambio Panamericano, Científico y Cultural. Durante la última dictadura se produjeron hechos de secuestros, torturas, asesinatos, exilios y desapariciones por parte de las policías federales, provinciales y de las Fuerzas Armadas. Mientras era ministro, ocurrió el episodio en la ciudad de La Plata conocido como La noche de los lápices, que consistió en el secuestro de diez estudiantes secundarios tras participar de una campaña por el boleto estudiantil. La mayoría de este grupo de adolescentes de entre 14 y 17 años permanece desaparecida.

Una de las primeras medidas del general Solari fue la declaración de caducidad de todas las autoridades que componían los Consejos Escolares. En agosto de 1976 los disolvió y creó por resolución ministerial 1267/76 las Unidades Administrativas Únicas (Rodríguez, 2012). Otra de las decisiones que adoptó y que eran expresivas de los intereses que representaba, fue la creación, a principios de 1977, de la Dirección de Enseñanza No Oficial que reemplazó al Consejo de Equiparación de Docentes no Oficiales. El ministro ordenó incorporar al Estatuto del Magisterio un nuevo título referido a las «Disposiciones para los docentes dependientes de la Dirección de Enseñanza No Oficial», que creaba los cargos de Director de Enseñanza y de inspectores docentes³⁷. Sin dudas, esta era una concesión al arzobispo monseñor Plaza, en tanto buena parte de los colegios privados eran católicos.

En 1979 el gobernador dio a conocer una nueva Ley Orgánica de Ministerios (n.° 9300) que redujo el número de carteras a cinco (Gobierno, Economía, Obras Públicas, Educación y Salud) y en 1980 (Ley n.° 9559) se dispuso la creación del Ministerio de Educación y Cultura. En septiembre de ese año, el gobernador le solicitó a Solari que asumiese como ministro de obras públicas. Durante unos meses ocupó la cartera por segunda vez el profesor Abel Calvo, quien entre 1976 y 1979 había sido rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora -estuvo al mando de las tareas de vigilancia y represión en esa casa de estudios- y al momento de asumir se desempeñaba como profesor titular de Historia del Arte con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Luego de Calvo estuvo Julio Raúl Lascano (1928, Mercedes). Abogado (UBA), era traductor público y profesor de inglés y francés, docente de la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador. En la UBA fue profesor y coordinador del Instituto Nacional de la Administración Pública hasta 1979. Reconocido católico, en 1973 recibió el premio San Alberto Magno por su labor docente «en pos de una auténtica historia nacional y de la cátedra de Pedro». A Lascano lo sucedió Gerardo Ancarola, abogado de la UBA, había sido exonerado de esa universidad en 1973 y reincorporado en 1976 como subsecretario académico. Era fiscal de Estado cuando le tocó asumir, estaba especializado en la historia de las ideas políticas y en 1955 fue fundador del Partido Demócrata Cristiano y luego de la Unión Cristiana Democrática (1964). Dejó su cargo en el Ministerio para dedicarse de lleno a su candidatura con vistas a las elecciones de 1983. Completó su mandato el subsecretario Carlos Andrés Falco, maestro normal, profesor en letras y abogado. Había sido secretario general del Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos, subsecretario de educación de La Rioja e interventor en el Consejo de Educación de La Rioja. Además se desempeñó como presidente de la Junta de Clasificación de Enseñanza Media³⁸.

En síntesis, en 34 años hubo 20 ministros titulares que tenían entre 40 y 60 años -solo Avanza, Salvat y Ríos estaban en la treintena y Baldrich y Calvo tenían más de 60-. Fueron todos hombres, a excepción de la primera mujer en ocupar la cartera desde 1875 (Decurgez). De este conjunto, la mayoría era oriunda de la provincia de Buenos Aires (13), el resto era de Capital Federal (6) y Mendoza. Las gestiones más estables fueron las de Tagliabúe y Solari que duraron más de cuatro años y le siguieron las de Salvat, Pérez Aznar y Pérez, con alrededor de tres años de duración. Hubo siete profesores o titulados en educación, once abogados, un médico, un filósofo y un militar del Ejército, teniendo algunos de ellos doble titulación. Habían egresado de la UNLP (6), UBA (7), Universidad Nacional del Litoral (1) y de distintas Escuelas Normales (5). Ocho tenían experiencia en gestión del sistema educativo (Avanza, Salvat, Decurgez, Calvo, Tagliabúe, Baldrich, Solari y Falco) y cinco habían sido las máximas autoridades en Facultades y Universidades privadas, provinciales o nacionales (Pérez Aznar, Méndez, Pérez, Zarini y Calvo). Los demás habían ejercido en cargos electivos como parte de la UCRI, la UCRP, el Partido Justicialista o bien se habían dedicado al ámbito privado. Respecto de la hipótesis de Mignone sobre la influencia de monseñor Plaza -y de la Iglesia en general- en los nombramientos de los responsables de la cartera a partir de 1955, hemos observado dicha influencia en los casos de Pérez Aznar, Ametrano, Floria, Tabliagúe, Baldrich, Solari, Lascano y Ancarola.

Los años democráticos (1983-2015)

El gobierno democrático de Alejandro Armendáriz (1983-1987) fue acompañado en el área educativa por una mujer, Ana Idiart de Rebón, convirtiéndose en la segunda en esa función. Como vimos, había sido una de las integrantes del restablecido CGE entre 1964 y 1966 y era además autora de obras de pedagogía. Se mantuvo en el cargo hasta mayo de 1984. Durante su breve gestión volvió a entrar en vigencia la Ley de

Consejos Escolares (n.° 6266)³⁹. Luego de Idiart de Rebón asumió José Gabriel Dumon (1945, Rauch). Se recibió de abogado en la UNLP, entre 1970 y 1972 fue secretario general de la Juventud Radical y entre 1983 y 1984, diputado provincial. En octubre de ese año el Poder Legislativo sancionó la Ley n.° 10.236 que suprimía el Ministerio y establecía que la organización, dirección y ejecución de la política educativa -cultural de la provincia de Buenos Aires estaría a cargo de la Dirección General de Escuelas y Cultura y de un Consejo General de Educación y Cultura.

En 1987 Dumon fue electo diputado nacional, por lo que fue reemplazado por Luis Armando Miralles (Azul), abogado (UNLP) y presidente del comité de la UCR de Azul. Durante su mandato, se amplió a un año la obligatoriedad de la educación, incorporándose el preescolar para los niños de cinco años (Ley n.° 10.610). La política educativa provincial estuvo atravesada por las políticas nacionales de democratización del sistema educativo, el plan de alfabetización nacional y el Congreso Nacional Pedagógico.

Durante la gobernación de Antonio Cañero (1987-1991) fue designado en la Dirección General el abogado (UNLP) Antonio Salviolo (Navarro), militante del Partido Demócrata Cristiano, había ocupado distintos cargos partidarios y fue candidato a diputado nacional. Continuó el agrimensor Norberto Fernandino (Chascomús), que había sido concejal por el Partido Justicialista. Durante su gestión se impulsó la creación de los Consejos de Escuela (Decreto n.° 4182/88) que funcionaron con regularidad hasta 1991.

Las dos gobernaciones de Eduardo Duhalde (1991-1999) estuvieron acompañadas en la cartera educativa por dos mujeres, María Susana Farías de Castro y Graciela Giannettasio. Farias de Castro era maestra rural, profesora de educación física y abogada (UNLP). Había estado al frente de la Dirección de Educación de Adultos de la provincia. Al poco tiempo de asumir, presentó su renuncia ante las fuertes resistencias que presentaban las políticas educativas, especialmente la derogación de la reglamentación del Estatuto Docente en febrero de 1992. Fue reemplazada por Giannettasio (1950, Remedios de Escalada), quien era maestra normal y abogada. Actuó como subsecretaría y secretaria de gobierno de la Municipalidad de Florencio Várela (1983-1986) y como senadora provincial (1987-1991). Giannettasio impulsó el cambio de denominación de la cartera (Dirección General de Cultura y Educación) y la reforma de la Ley de Educación en el año 1995 (Ley n.° 11.612). Dicha norma se adecuó a los requerimientos de la Ley Federal de Educación (1993), es decir, incluyó la estructura de Educación General Básica y Polimodal y se ocupó de la transferencia de establecimientos, secundarios y terciarios nacionales a la provincia*¹"

El nuevo gobernador, Carlos Ruckauf (1999-2002), designó en la Dirección General a José Octavio Bordón (1945, Rosario). Sociólogo, egresado de la Universidad del Salvador, ejerció como docente en la Universidad Nacional de Cuyo. Fue diputado (1983-1987), senador, gobernador de Mendoza (1987 y 1991), candidato a presidente en las elecciones de 1995 y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo en el área educativa (1998). Renunció a su cargo de director general de la provincia en 2001 y fue reemplazado por el entonces subsecretario de educación Mario Oporto (1952, Capital Federal). Profesor de historia por el Instituto Nacional Joaquín V. González, como militante del Partido Justicialista ocupó numerosos cargos en la función pública municipal y nacional, y en varias oportunidades le tocó gestionar en el área educativa.

Durante la gobernación de Felipe Sola (2002-2007), Oporto fue confirmado y continuó hasta 2005, cuando fue electo senador. Fue reemplazado por Adriana Puiggrós (1941, Capital Federal). Profesora y licenciada en ciencias de la educación por la UBA, en 1974 fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras de esa casa de estudios, realizó un máster en ciencias de educación y se doctoró en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular en la UBA e investigadora principal del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En 2001 ejerció como secretaria de estado para la tecnología, la ciencia y la innovación productiva en el Ministerio de Educación y durante la gestión de Oporto se desempeñó como asesora pedagógica. Puiggrós impulsó la sanción de la Ley n.° 13.552 de paritaria docente y la Ley de Educación provincial n.° 13.688, que modificó los niveles educativos del sistema educativo provincial, reemplazando la EGB y el Polimodal por Educación Primaria y Secundaria.

La primera gobernación de Daniel Scioli (2007-2011) tuvo nuevamente a Oporto al frente de la cartera, mientras que en el segundo período de reelección de Scioli (2011-2015), ocuparon el cargo dos mujeres: Silvina Gvirtz y Nora de Lucía. Gvirtz (1963, Capital Federal) es licenciada en ciencias de la educación y doctora en educación por la UBA, profesora titular en la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del CONICET. Fue directora de la maestría en educación de la Universidad de San Andrés y directora general del Proyecto Escuelas del Bicentenario. Ocho meses después de haber asumido el cargo presentó su renuncia por desacuerdos con la política salarial docente. Le siguió Nora de Lucía (1967, La Plata), abogada y escribana (UNLP) con estudios de posgrado en derecho empresarial, había ejercido como asesora legal (2003-2007), asesora de gabinete (2007-2008), directora provincial en Asuntos Municipales, subsecretaría de Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) en Producción (2008-2009), y subsecretaría de política y coordinación económica (2009-2011). En 2011 fue electa senadora provincial, puesto que dejó para asumir como directora general, permaneciendo desde 2012 hasta diciembre de 2015.

En resumen, este período se destaca por la alta proporción de mujeres: fueron seis de un total de doce directores generales, cinco en gobiernos del Partido Justicialista y una de la UCR (Idiart, Farías, Giannettasio, Puiggrós, Gvirtz y de Lucía). Hombres y mujeres tenían alrededor de 40 a 65 años y habían nacido en la provincia de Buenos Aires (7), Capital Federal (2) y Rosario (l)⁴¹. Otro rasgo sobresaliente de esta etapa en comparación con las anteriores fue que la estabilidad promedio resultó la más alta: en 32 años hubo seis gobernadores y los directores generales duraron casi tres años. Además, dentro de este grupo, hubo dos directores que se mantuvieron un tiempo récord en la historia de la cartera: Giannettasio estuvo 7 años y Oporto sumó también 7 años con sus dos mandatos.

Estos funcionarios habían egresado de la UNLP (5), UBA (2), del Instituto Joaquín V. González (1) y de una universidad privada, la del Salvador (1). Dos eran también maestras normales (Farias y Gianettasio). Tres estaban titulados en educación: eran licenciadas en ciencias de la educación Puiggrós y Gvirtz y profesor de historia Oporto. El resto era abogado (6), sociólogo (1) y agrimensor (l)⁴². La mitad de este conjunto tenía experiencia en gestión educativa: Idiart, Farías, Bordón, Oporto, Puiggrós y Gvirtz. En referencia a la relación con personas e instituciones de la Iglesia Católica, hasta donde hemos podido indagar, los funcionarios no sostenían públicamente alianzas visibles con esta institución, más allá de sus creencias privadas y la excepción de Salviolo, que era dirigente del Partido Demócrata Cristiano.

Reflexiones finales

En este artículo nos propusimos analizar qué características tuvieron los ministros y directores generales que accedieron al máximo cargo de la cartera educativa provincial entre 1875 y 2015, divididos en tres grandes períodos: 1875-1949 (50 directores generales titulares e interinos), 1949-1983 (20 ministros titulares) y 1983-2015 (12 directores generales titulares). Intentamos desarrollar una hipótesis general desdoblada en cuatro dimensiones: la primera referida al lugar de nacimiento, la edad promedio, el género y la duración en el cargo de los ministros; la segunda vinculada a la titulación y la denominación de la cartera; la tercera a la experiencia previa de los funcionarios; y la última relacionada con la vinculación (formal o informal) de los ministros con personas e instituciones de la Iglesia Católica.

En los párrafos que siguen presentaremos los principales hallazgos, haciendo al final breves referencias sobre lo sucedido a nivel nacional⁴³. Consideramos que este ejercicio de comparación resulta muy enriquecedor porque permite poner los resultados recabados en territorio bonaerense dentro de un contexto más general.

En atención al lugar de nacimiento y la edad promedio, los funcionarios eran oriundos en su mayoría de la provincia de Buenos Aires (31) y Capital Federal (15) y en menor medida de provincias como San Juan, Catamarca, Santa Fe, Corrientes, Mendoza y Rosario. Sobre el género de los funcionarios, vimos que las mujeres fueron 7 de los 82. La primera mujer fue nombrada en 1956 y las otras seis a fines del siglo XX y principios del XXI, cinco de las cuales formaron parte de gobiernos peronistas. En relación a la estabilidad en el cargo, hemos mostrado que Berra fue el que más tiempo duró: ocho años entre 1892 y 1902, y fue recién a fines del siglo XX cuando hubo otros dos directores generales que estuvieron siete años (Giannettasio y Oporto). De los tres períodos, el más estable fue el último: 12 directores generales en 32 años. En la cartera nacional, los ministros tuvieron una edad promedio similar, aunque fueron sobre todo oriundos de Capital Federal. De un total de 94 ministros, se nombraron solo 2 mujeres y la primera fue designada a fines del siglo XX. Comparando la estabilidad, si bien el promedio general de permanencia en el cargo ha sido de alrededor de un año y siete meses en las dos carteras (94 ministros en 161 años y 82 en 140 años), a partir del año 1983, en provincia fue mayor que en nación, donde hubo 16 ministros en 32 años.

Respecto a las instituciones donde estudiaron, hemos visto que cursaron en la UNLP (11), UBA (10), Escuelas Normales (5) e Instituto Joaquín V. González (1). Hubo un solo egresado de una universidad privada católica y asumió en la última etapa. Los abogados fueron mayoría (40), le siguieron los titulados en educación (13), médicos (4), militares (2), arquitectos (2), zoólogo (1), ingeniero (1), agrimensor (1), filósofo (1), sociólogo (1) y uno sin título (Sarmiento). En el Ministerio de Nación, la amplia mayoría había egresado de la UBA y en menor medida de las universidades de La Plata y Córdoba. Igual que en provincia, en las últimas décadas aparecieron los primeros egresados de universidades privadas católicas (2). Acerca de la titulación, en la cartera nacional el título de los ministros era altamente dependiente de la denominación del Ministerio, que estuvo asociado a Justicia entre 1854-1949, 1956-1966 y 1984-1991 y fue sólo Ministerio de Educación entre 1949-1956, 1966-1983 y 1991-2015 (a veces junto a Cultura). Previsiblemente, cuando estuvo asociado a Justicia predominaron los abogados y cuando el Ministerio fue solo de Educación se incorporaron profesionales con otros títulos universitarios, aunque fueron bastante menos los titulados en educación.

Sobre la experiencia previa de los funcionarios en territorio bonaerense, en los tres períodos hubo quienes habían gestionado en áreas estatales de educación: 12, 8 y 6 y en promedio fueron más que a nivel nacional. De manera similar a lo sucedido en Nación, entre 1949 y 1983 hubo una concentración de profesionales que venía de gestionar en las universidades (5 de 20). Esto se dio en una época de expansión del sistema universitario en general -sobre todo en las décadas de 1960 y 1970-, de creación de nuevas casas de estudio y de nacionalización de las provinciales o privadas.

Por último, hemos mostramos que hubo en la cartera provincial funcionarios vinculados a referentes e instituciones de la Iglesia Católica, sobre todo entre 1936 y 1983 (19 y 9 respectivamente), bajando su visibilidad en las últimas décadas (1). La preponderancia en esos años se explica en parte por la implementación de la enseñanza católica en las escuelas públicas bonaerenses entre 1936 y 1954, y a la sucesión de gobiernos de facto (1955-1958, 1966-1973 y 1976-1983) cuyos máximos responsables buscaron establecer alianzas estratégicas con esa institución. En el Ministerio de Nación encontramos ministros vinculados con la Iglesia entre la década de 1940 hasta, por lo menos, inicios del siglo XXI.

Para terminar, quisiéramos expresar que consideramos muy importante continuar con investigaciones de este tipo en las otras provincias. Esto nos permitirá presentar resultados complementarios, pero también diferentes a los que obtenemos cuando miramos exclusivamente la cartera educativa nacional.

 

³  Agradecemos los valiosos comentarios de los referatos anónimos. Estos interrogantes son los mismos que nos hicimos en otro artículo sobre las trayectorias de los ministros de nivel nacional. Cfr. Rodríguez, Laura Graciela (2017). "Los ministros de educación en Argentina (1854-2015): análisis de los perfiles profesionales de las élites políticas". En History of Education Journal, número 51, volumen 21, pp. 397-417.

⁴  Cfr. Bustamante Vismara, José (2007). Las escuelas de primeras letras en la campaña de Buenos Aires (1800-1860). La Plata: Archivo Histórico «Ricardo Levene». Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Asociación Amigos del Archivo Histórico. Por otro lado, ver Lionetti, Lucía (2010). "Las escuelas de primeras letras en el escenario social de la campaña bonaerense (1850-1875)". En Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, número 4, pp. 1-21.

⁵  Cfr. Cammarota, Adrián (2014). Somos bachiyeres. Juventud, cultura escolar y peronismo en el Colegio Nacional mixto de Morón (1949-1969). Buenos Aires: Biblos. Asimismo, Schoo, Susana (2014). "Conflictos y acuerdos en el proceso de nacionalización de la educación secundaria en Argentina en el siglo XIX. El caso de la provincia de Buenos Aires". En Espacio, Tiempo y Educación, número 2, pp. 113-131. Por otro lado, Ramallo, Francisco (2016). "Los colegios nacionales y sus estudiantes: mujeres, gringos e hijos de inmigrantes en la primera mitad del siglo XX (Mar del Plata, 1919-1929)". En Páginas, año 8, número 17, pp. 140-154.

⁶  Cfr. Pineau, Pablo (1997). La escolarización de la provincia de Buenos Aires (1875-1930). Buenos Aires: FLACSO/Oficina de publicaciones CBC. Asimismo, Misuraca, María Rosa y Vázquez, Andrea (1999). "El estado y la educación primaria en la provincia de Buenos Aires". En Vior, Susana (dir.). Estado y educación en las provincias. Madrid: Miño y Dávila, pp. 25-72.

⁷  Cfr. Bisso, Andrés (2011). "La Revista de Educación bonaerense durante el período de gobierno de Manuel A. Fresco (1936-1940). Acerca de los 'usos del pasado' en los discursos y las prácticas escolares". En Cito & Asociados. La Historia Enseñada, número 15, pp. 27-52.

⁸  Cfr. Pinkasz, Daniel y Pittelli, Cecilia (1993). "Las reformas educativas en la provincia de Buenos Aires (1934-1972) ¿Cambiar o conservar?". En Puiggrós Adriana. La educación en las provincias y territorios nacionales (1945-1985). Buenos Aires: Galerna, pp. 7-20.

⁹  Cfr. Panella, Claudio (2005). "El Estatuto del Docente de 1951. Un aspecto de la política educativa del gobierno bonaerense del Coronel Domingo A. Mercante". En Anuario del Instituto de Historia Argentina, número 5, pp. 113-124. Asimismo, Vázquez, Silvia (2005). "Entre la herejía y la restauración: la política educativa del peronismo durante la gobernación del Coronel Domingo Mercante, 1946-1952". En Panella, Claudio (comp.). El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946- 1952). Un caso de peronismo provincial. La Plata: Instituto de Cultura, Archivo Histórico de la Provincia, pp. 41-96. Por otro lado, Valobra, Adriana y Ledesma Prieto, Nadia (2008). "Algunas consideraciones sobre la política educativa en los gobiernos de Mercante y Aloe, 1946-1955". En Panella, Claudio (comp.). El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946/1952). Un caso de peronismo provincial. La Plata: Instituto de Cultura, Archivo Histórico de la Provincia, pp. 53-73. También Levoratti, Jorge (2010). "Avanzada del catolicismo en la educación pública bonaerense Las iniciativas legislativas de la política educativa del Estado bonaerense durante la gestión de Julio César Avanza (1949-1952)". En Actas del Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo 1943-1976, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 4 de noviembre. Por último, Petitti, Mará (2013). "Política y educación en la provincia de Buenos Aires durante el primer peronismo: reestructuración institucional e incorporación de nuevos actores (1946-1952)". En Revista Espacios en Blanco, número 23, pp. 241-271.

¹⁰    Cfr. Vassiliades, Alejandro (2007). "Enseñar durante la última dictadura militar en la Provincia de Buenos Aires: acerca de nuevos (y perdurables) sentidos para la escuela y los docentes". En Anuario de Historia de la Educación, pp. 263-290. También ver Rodríguez, Laura Graciela (2012). Civiles y militares en la última dictadura. Funcionarios y políticas educativas en la provincia de Buenos Aires (1976-1983). Rosario: Prohistoria.

¹¹    Cfr. Katz, Ricardo S. (1996). Historia de la educación en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Biblioteca Educativa. Por otro lado, Munín, Helena (1993). La Dirección General de Escuelas 1817-1992. La Plata: ATE/ IDEP.

¹²    Hemos realizado una compilación de algunos de estos trabajos en Rodríguez, Laura Graciela y Petitti, Mará (2016) (comp.). Dossier: "Historia, política y educación en la provincia de Buenos Aires: maestros, escuelas y funcionarios (siglos XIX y XX)". En PolHis. Revista del Programa Interuniversitario de Historia Política. Sección Biblioteca, en línea.

¹³    Ver, entre otros, Giorgi, Guido (2014). "Ministros y ministerios de la nación argentina: un aporte prosopográfico para el estudio del gabinete nacional (1854-2011)". En Apuntes 74, número 74, pp. 103-139; Heredia, Mariana, Mariana Gene y Luisina Perelmiter (2012). "Hacia una sociohistoria del gabinete nacional". En PolHis, número 9, pp. 284-290; Canelo, Paula (2013). "Construyendo élites dirigentes: los gobernadores provinciales durante la última dictadura militar (Argentina, 1976-1983)". En Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti, número 11, pp. 323-341. Por último, cfr. Rodríguez (2017), ob. cit.

¹⁴ Como se ha dicho recientemente, por lo menos hasta 1880 «la historia de la Argentina se escribió en gran medida con la vara de Buenos Aires (ciudad y provincia) e, inversamente, la de la provincia fue escrita con la vara de la nación». Cfr. Palacio, Juan Manuel (2012) "La provincia de Buenos Aires en la historia y en la historiografía". En Historia de la provincia de Buenos Aires. Población, ambiente y territorio. La Plata: UNIPE/Edhasa, pp. 9-34, esp. p. 9. Teniendo en cuenta este escenario histórico complejo, mencionaremos que desde 1817 hasta 1875 la cartera tuvo diferentes denominaciones: Dirección General de Escuelas, Ministerio de Instrucción Pública, Departamento de Primeras Letras, Comisión Municipal de Educación, Consejo de Instrucción Pública y Departamento de Escuelas. En más de una oportunidad, la dependencia educativa estuvo bajo la órbita de la Universidad de Buenos Aires creada en 1821. La educación destinada a las mujeres dependió de la Sociedad de Beneficencia que fundó el presidente Bernardino Rivadavia en 1823. Cfr. Katz (1996), ob. cit.

¹⁵    Sobre la prosopografía, ver entre otros, Ferrari, Marcela (2010). "Prosopografía e historia política. Algunas aproximaciones". En Antítesis, número 5, pp. 529-550. Por otro lado, cfr. la compilación de artículos en Heinz, Flavio M. (org.) (2012). Poder, instituicoes e élites: 7 ensaios de comparacao e historia. Sao Leopoldo: Oikos. Los datos de las biografías de los ministros se han recabado de distintas y variadas fuentes: prensa, datos en internet, libros, investigaciones de otros y trabajos propios.

¹⁶    Hemos asumido aquí las mismas cuatro dimensiones de análisis que desarrollamos en un estudio previo sobre las trayectorias de los 94 ministros nacionales entre 1854 y 2015. Rodríguez (2017), ob. cit.

¹⁷    Esta preponderancia de los abogados no debería sorprendernos, ya que distintos analistas han mostrado que estos profesionales ocuparon prácticamente todos los Ministerios de Nación entre 1854 y mediados del siglo XX. Cfr. Giorgi (2014), ob. cit.

¹⁸ El estudio de la primera etapa (1875-1949) presenta los datos de las trayectorias de manera general y de conjunto, debido a la cantidad de biografías y el prolongado período que se abarca. Los otros dos siguientes se analizan observando cada gestión individualmente.

¹⁹ En 1942 se sancionó un nuevo reglamento en el que se establecían dos formas de escuelas privadas, las autorizadas y las incorporadas, ambas inspeccionadas por la Dirección General de Escuelas y posteriormente por el Ministerio de la provincia. Así, la acción privada se equiparaba en gran medida a la escuela primaria oficial con la excepción de los establecimientos donde se enseñaba una religión no católica o en idiomas extranjeros. Cfr. Ramos González, Sebastián (1944). "La acción privada y la escuela primaria". En Revista de Educación, pp. 20-21. En 1958 Alende dictó un Reglamento General para Escuelas Privadas (Resol. 1160/58), reemplazado por otro en 1959 (Resolución 1180/59).

²⁰ Provincia de Buenos Aires (1946). Diario de Sesiones Cámara de Senadores, p. 257.

²¹ Entre paréntesis pondremos el año de nacimiento y la ciudad natal de cada funcionario. Salvo que se aclare, las ciudades mencionadas están todas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. De algunos funcionarios no hemos conseguido los datos completos.

²⁵    De los 50, tenemos 27 sin datos.

²⁶    Este conteo lo hacemos sobre la base de 35 casos. Tenemos escasa información de las instituciones donde estudiaron.

²⁷ Para profundizar sobre el tránsito de la DGE al Ministerio ver Petitti (2013), ob. cit.

²⁸ Mignone, Emilio F. (2006). Iglesia y dictadura. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional/Colihue.

²⁹ En 1958 el senador Prado se refería a la ofensiva contra los programas iniciada por la jerarquía eclesiástica en 1957 y elogiaba el accionar de la ministra de educación Decurguez para evitarlo. El senador se refería a la declaración sobre enseñanza que había realizado el Episcopado de la provincia el día 20 de noviembre de 1957: «Tienen entonces derecho por la Constitución, decía el Episcopado de la provincia de Buenos Aires, a que se les enseñe la religión de Jesucristo; derecho constitucional que no es sino reconocer el derecho natural de los padres, que en su inmensa mayoría han pedido para sus hijos la enseñanza religiosa .... Más aún; es necesario hacer notar que si la enseñanza de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no estuviese mandada en la Constitución de la provincia, ella debería ser impartida en las escuelas so pena de incurrir en grave deficiencia educacional». DSCSPBA (1958), p. 637.

³⁰    Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (1958). Diario de Sesiones, p. 678.

³¹    Cfr. Petitti, Mará (2016). "La estructura del gobierno de la educación primaria en la provincia de Buenos Aires (1955-1966)". En X Jornadas del Programa Interuniversitario de Historia Política. Rosario, 24 a 26 de agosto.

³²    ídem.

³³    En el medio de estas discusiones, se modificó la Ley Orgánica de las Municipalidades ampliando las funciones de los consejos escolares, los cuales recién en 1960 comenzarían a regirse por una Ley específica (n.° 6266).

³⁴ Cfr. Pérez Duprat, Rodolfo (1970). Vidas educadoras. La Plata: Editora Platense, pp. 93-94.

³⁵    Rodríguez, Laura Graciela (2013). "Los católicos desarrollistas en Argentina. Educación y planeamiento en los años de 1960". En Diálogos, volumen 17, número 1, pp. 155-184.

³⁶    La mencionada universidad privada había sido inaugurada con la presencia del ministro Rene Pérez.

³⁷ Rodríguez, Laura Graciela (2012). Civiles y militares en la última dictadura. Funcionarios y políticas educativas en la provincia de Buenos Aires (1976-1983). Rosario: Prohistoria.

³⁹ En esos meses se sancionó la Ley Orgánica de los Ministerios (n.° 10.132), según la cual el Poder Ejecutivo quedaba conformado por siete carteras: Gobierno, Economía, Obras y Servicios Públicos, Educación y Cultura, Salud, Asuntos Agrarios y Acción Social.

⁴⁰ Posteriormente ejerció como ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la nación durante la presidencia de Duhalde (2002-2003).

⁴¹    No tenemos datos de Idiart de Rebon.

⁴²    Estamos considerando solo el título de abogada de Farías.

⁴³ Recordemos que estas cifras están incompletas porque faltan datos sobre todo del primer período. Todos los datos sobre los ministros de nación están en Rodríguez (2017), ob. cit.

Referencias bibliográficas

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