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Pampa (Santa Fe)

versão On-line ISSN 2314-0208

Pampa  no.5 Santa Fe  2009

 

El conflicto rural, su relación con el modelo hegemónico sojero y la estructura agraria vigente

Néstor Domínguez
Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Entre Ríos
E-mail:  nestoralfredodominguez@yahoo.com.ar

Germán Orsini
Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Entre Ríos.
E-mail:   germanorsini@gmail.com

Fecha de recepción: 26 | 03 | 2009
Fecha de aceptación: 03 | 07 | 2009

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar algunas reflexiones críticas sobre el conflicto rural, el diseño de la política agropecuaria y particularmente las retenciones a las exportaciones en nuestro país.
La hipótesis principal establece que la virulencia de las protestas rurales a principios de marzo de 2008 no fue casual sino que es consecuencia de las características que presenta la estructura agraria en la provincia Entre Ríos, donde coexiste una fuerte subdivisión y paradójicamente una importante concentración en el uso del suelo.
De manera adicional, se analizan otros causales del conflicto de tipo político, económico e histórico entre las entidades gremiales del sector agropecuario y el gobierno, aunque el énfasis principal del trabajo está puesto en la fuerte heterogeneidad de los actores sociales que participan en la cuestión agropecuaria sobre los cuales se aplicó la política de retenciones.

Palabras clave: Conflicto; Estructura agraria; Política agropecuaria; Impuestos a las exportaciones.

SUMMARY

The work aims to make some critical reflections on the conflict rural policy design and particularly the agricultural export taxes in our country.
The main hypothesis is that the virulence of rural protests in early March 2008 was not accidental but is the consequence of the characteristics which the agrarian structure in Entre Rios province with a strong branch and paradoxically a high concentration in land use.

Also discusses other causes of the conflict: political, economic and historical between the entities of the agricultural sector and the government, but will focus on the strong heterogeneity of social actors involved in the issue on which agricultural policy is applied deductions.

Key words: Conflict; Agrarian structure; Agricultural policy; Export taxes.

1. Introducción

El objetivo del presente trabajo es realizar algunas reflexiones críticas sobre el conflicto rural, el diseño de la política agropecuaria y particularmente las retenciones a las exportaciones en nuestro país.
En los últimos años, el aumento del precio internacional de la soja y de los granos en general (maíz, trigo, etc.) ha producido un importante incremento en la renta diferencial de suelo en el sector agropecuario argentino, esta situación se mantuvo al menos hasta el año 2008 (Rodríguez y Arceo, 2006). En la posconvertibilidad, el efecto combinado de la devaluación y el aumento de precios, duplicó la masa de renta diferencial; así, por ejemplo, la campaña 2003/2004 fue superior a la comprendida en cinco años de la década del ’90 (1992/1996).
La hipótesis principal establece que la virulencia de las protestas rurales a principios de marzo de 2008 no fue casual sino que consecuencia de las características que presenta la estructura agraria en la provincia, Entre Ríos donde coexiste una fuerte subdivisión y paradójicamente una importante concentración en el uso del suelo.
Posiblemente, el conflicto entre las entidades gremiales del sector agropecuario y el gobierno tiene múltiples causas de tipo político, económico e incluso histórico, pero el presente trabajo hace énfasis en la fuerte heterogeneidad de los actores sociales que participan en la cuestión agropecuaria, actores sobre los cuales se aplicó la política de retenciones.
Como suele suceder tanto en la teoría económica convencional como en el diseño de la política económica, la heterogeneidad de los agentes sociales del agro es ignorada, así ocurrió con la aplicación de elevadas retenciones por parte del gobierno nacional, lo que provocó la reducción de la rentabilidad de las pequeñas explotaciones, amenazando la persistencia particularmente de las explotaciones familiares de menor tamaño y capacidad de acumulación.
Paradójicamente, esta heterogeneidad no afectó el consenso al momento de defender la rentabilidad de la producción, en especial la del cultivo de soja entre las entidades empresariales y sus afiliados, hecho llamativo si se lo observa desde una perspectiva histórica de conflictos y enfrentamientos entre algunas de estas mismas instituciones, sin duda el modelo productivo hegemónico de especialización en la soja ha influido notablemente a la hora de alinear intereses.
El modelo de cultivo de soja basado en el paquete tecnológico integral compuesto por la aplicación de la ecuación glifosato, semilla transgénica y siembra directa, con sus virtudes y fisuras, ha generado en las últimas décadas una fuerte discusión con posturas inconciliables, tanto en los ámbitos académicos y empresariales como políticos. Pero este debate no es nuevo,
sino que se viene observando desde antes de producirse el importante conflicto agrogobierno en marzo de 2008, particularmente en la pampa húmeda.
En este sentido, el modelo hegemónico antes mencionado ha ocasionado cambios profundos en la estructura productiva y en los efectos económicos.
Los cambios en la estructura productiva se vislumbran en el surgimiento de nuevos actores, empresarios-capitalistas innovadores (que efectúan fuertes inversiones y emergen en el territorio rural), productores de insumos y fabricantes de maquinarias e implementos agrícolas (red de actores sociales dinámicos), grandes comercializadores de granos y agroindustrias integradas. Todos estos participantes representantes de los distintos eslabones de la trama oleaginosa establecen relaciones con heterogénea capacidad de negociación y pujan por una parte de la renta diferencial del suelo.
En cuanto a los efectos económicos se originó un aumento de la rentabilidad, de la producción, la productividad del suelo y una expansión de la frontera agrícola.
Estas importantes transformaciones económicas y sociales, han repercutido en la estructura agraria con el surgimiento de nuevos roles y actores, como es el caso de los pool de siembra arrendando grandes superficies, los contratistas de maquinarias (arrendando tierras) y los proveedores de insumos (financiado las siembras), entre otros. Asimismo, se han generado efectos no deseados como el despoblamiento rural, las migraciones rurales (Domínguez y Orsini, 2009) a pequeños y medianos centros urbanos, el avance de la cultura de la renta e impactos negativos en el suelo (degradación por falta de rotación) (Casas, 2006).
El modelo agropecuario actual presenta importantes grietas que han profundizado la concentración de la propiedad de la tierra y de la gestión, de la producción y del capital y consecuentemente del ingreso o renta. La continuidad de esta configuración plantea serios interrogantes ¿Desaparecerán las explotaciones familiares? ¿Se perderá la diversidad de cultivos? ¿Cómo impacta el uso intensivo de agroquímicos? No es propósito de esta investigación resolver estas incógnitas, pero sí establecer una clara descripción del proceso acaecido en los últimos años.

2. Metodología

El objetivo de este trabajo consiste en describir y explicar el comportamiento de un conjunto de variables socioeconómicas a los efectos de analizar el impacto del proceso de expansión del cultivo de soja en las economías extrapampeanas; tomando como eje a las explotaciones agropecuarias (EAPs.).
Si bien algunas variables fueron aplicadas para analizar la totalidad del territorio entrerriano, con la finalidad de magnificar el impacto del cultivo de soja se seleccionó adicionalmente el área de mejores condiciones para este tipo de oleaginosa, por ello, es que se hizo foco en la región de mayor apti
tud agrícola de Entre Ríos, la denominada Zona Agro-económica Homogénea I (ZAH1),1 clasificación que surge de un trabajo originado en el INTA-EEA de Paraná en el año 2004.
Esta zona corresponde a la Región Sudoeste (Agrícola-Ganadera) y ocupa el 17% de la superficie provincial, posee ambientes agro-ecológicos con cierta similitud al de la región núcleo Pampeana y comprende a los departamentos Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá, sobre la costa y el centro de la provincia.
El trabajo abordó la problemática a partir de la producción teórica ya existente y la obtención, procesamiento y posterior análisis de datos secundarios. En cuanto al uso de los datos, se empleó información secundaria procedente de los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA 1988 y 2002) y de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2005), además de series históricas de datos aportadas por la Dirección de Estadística de Entre Ríos y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
El procesamiento de datos se realizó en conjunto con la Dirección de Estadística y Censos de la provincia de Entre Ríos, mediante la elaboración de tabulados con cruce de variables socioeconómicas, y ello permitió cuantificar las características esenciales de las unidades productivas dedicadas a esta actividad, tales como: empleo, mecanización, innovaciones, concentración de la tierra, régimen de tenencia del suelo, organización jurídica, mano de obra familiar y asalariada, entre otras cuestiones que se estudiaron tanto para la totalidad del la provincia como para la zona ZAH1.
En síntesis, se intenta describir y explicar la situación estructural de la actividad sojera en la provincia de Entre Ríos teniendo en cuenta las limitantes de la información censal y la desactualización de los datos, dado el tiempo transcurrido desde el último censo y el refiramos dinamismo que adquirió la actividad en cuestión con posterioridad a la devaluación, hecho que seguramente profundizó las tendencias que se plantean en este trabajo.

3. Sobre las categorías conceptuales y el marco teórico de referencia

Nuestro trabajo es de tipo descriptivo, y el análisis se efectúa desde la óptica de la economía empleándose categorías conceptuales de la Economía Política sobre la teoría de la renta suelo, las razones que generan a ésta ganancia extraordinaria, así como su apropiación. La mención y uso de esta categoría conceptual tiene que ver con que el conflicto político con el agro tiene relación, entre otras cuestiones, con la puja en la apropiación de misma. Tal como plantea Marx (1877), partimos de que en el agro se da la explotación capitalista, por lo tanto en las relaciones sociales de producción están presentes el propietario-rentista del suelo independientemente del tamaño de la explotación, el capitalista-arrendatario del mismo que invierte para obtener una ganancia media o normal del capital invertido, y el campesino-asalariado que es quien lo trabaja. Asimismo, se considera que el recurso natural suelo no es reproducible por el trabajo humano.
La renta del suelo, como mencionaban Ricardo (1817) y Marx (1877), es la retribución superior a la ganancia media (ganancia extraordinaria) que es apropiada por los terratenientes y generada por la fertilidad del natural del mismo, en este sentido la ganancia extraordinaria o sobreprovecho (según Kautsky, 1899) “en la agricultura depende de leyes particularísimas que constituyen una categoría económica particular: la renta del suelo”, y los recursos naturales como la tierra “no puede aumentarse su cuantía a discreción, ni las calidades son las mismas en todas partes, y no son transmisibles a voluntad de los hombres”.
En el caso de nuestro país, la renta diferencial es de tipo internacional, es la ganancia extraordinaria que obtienen los agentes por la elevada fertilidad del suelo de uso agrícola; esto hace que el costo medio de producir un quintal de grano (como por ejemplo de soja) sea inferior al precio internacional de los mismos, ya que los valores internacionales de los granos están determinados por las condiciones de producción de la peor tierra (sus costos medios de producción), las de menor fertilidad o las tierras marginales tal como plantea Ricardo.
Dado que usualmente se define como explotación agropecuaria (EAPs) a la unidad de organización con una superficie no menor a quinientos metros cuadrados, dentro del límite de una misma provincia, independientemente del número de parcelas en terrenos contiguos o no que produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales para su venta en el mercado, que tiene una dirección que asume el riesgo y la gestión, y que utiliza en todas las parcelas que la integran similares medios de producción y parte de la misma mano de obra, cuando se menciona la concentración de las explotaciones se están considerando tanto en el uso como en la propiedad.
Sobre este proceso hay distintas posiciones teóricas Azcuy Ameghino (2008) plantea que desde mediado de los ’90 ha aumentado la concentración en la propiedad, en cambio Barsky (2008) opina que en los últimos años se ha dado un proceso de concentración del capital y no de la tierra.
En este trabajo se intenta demostrar que la concentración se dio en la propiedad (desaparición de pequeñas EAPs de menos de 100 hectáreas) y en el uso de las mismas a través del alquiler del suelo sea como arrendamiento con contratos a monto fijo de hasta tres años, como aparcería con contrato por un período no menor a tres años en donde se paga como canon un porcentaje de la producción, o como contrato accidental de uno o dos años, renovables o no, donde el canon equivale a una cierta cantidad de quintales de soja por hectárea.

Se  adopta  además  como  definición  de  estructura  agraria  la  configuración  de elementos socioeconómicos y agroecológicos, interrelacionados, íntercondicionado e interdependiente de la vida agraria (Margiotta y Benencia, 1995). Los agentes de dicha estructura son los tipos sociales agrarios que se caracterizan y diferencian por la disponibilidad y magnitud de su dotación de recursos y por la forma social del trabajo Desde el punto de vista teórico, un gran dilema del agro moderno es que siguen predominando en número las explotaciones de tipo familiares (independientemente del tamaño) en las que el trabajo y la gestión son realizados por el productor y sus familiares, quienes, ocasionalmente emplean mano de obra asalariada siempre en menor proporción que la familiar, además de que poseen maquinaria propia o contratan el servicio de contratistas sin tomar en cuenta la cantidad y calidad del suelo.
Esta persistencia del tipo social mencionado se da a pesar de los profundos cambios cualitativos y cuantitativos en la estructura agraria transformaciones como la irrupción de nuevos actores sociales (Piñeiro y Villareal, 2005) tales como contratistas agrarios, empresarios terratenientes, nuevos empresarios-arrendatarios, promotores de inversiones extra-sector como los pools de siembra, y las empresas agroindustriales integradas.
En las explotaciones familiares se produce el cumplimiento de las funciones de producción, consumo y acumulación y esto le confiere una lógica de producción-reproducción que le ha permitido preservar el patrimonio familiar y acumular medios de producción en generaciones sucesivas, razón por la que continúan en la actividad productiva. El equilibrio interno de estas tres funciones y la posibilidad de persistir en la actividad productiva depende además de factores endógenos tales como el tamaño del grupo familiar, la disponibilidad de mano de obra, la dotación de recursos productivos y la estrategia de la unidad familiar, asimismo esta persistencia depende de cuestiones exógenas como el costo por hectárea de la siembra (costos operativos), la cantidad de tierra empleada y el precio final de los granos al productor.
La perspectiva de sucesión, es decir, la existencia de una nueva generación dispuesta a continuar con la actividad permite identificar la naturaleza del proyecto familiar sobre el de la explotación, su dinámica y su persistencia en el tiempo.
Tal como algunos autores lo mencionan (Balsa, 2007), el modelo productivo hegemónico, con reducción del precio internacional de la soja y elevadas retenciones, plantea dilemas como los siguientes: ¿está en peligro la persistencia de las unidades familiares de producción que no emplean mano de obra asalariada, tal como el modelo teórico planteado por Carlos Marx (1894) sobre explotación capitalista del agro lo conceptualiza? ¿Seguirá persistiendo esta rareza del capitalismo agrario argentino, en el que la explotación familiar es el obstáculo al crecimiento de la producción capitalista y en la que participan el terrateniente (dueño de la tierra), el arrendatario (que aportaba el capital) y el campesino-asalariado rural (que aporta el trabajo)? ¿Cuáles son los factores que las han debilitado?

Estos interrogantes son de gran importancia, a tal punto que se sigue afirmando que en países capitalistas avanzados aún persisten y coexiste la pequeña producción mercantil rural al lado del modo de producción capitalista dominante.

4. Algunas de las características de la estructura agraria de Entre Ríos

Desde mediados de la década del ’90, se produce en todo su territorio de Entre Ríos, pero con remarcado énfasis en la zona sudoeste de mayor aptitud agrícola, la expansión de la frontera sojera. La ampliación de este cultivo, compite y desplaza a otros sectores como la ganadería vacuna,2 y a otras áreas, como el tambo y los montes nativos3 (Domínguez; Orsini, 2009), marcando una tendencia sostenida en cuanto al uso del suelo hacia un patrón de especialización, con reducción de la rotación y posible degradación del suelo, además de un aceleramiento en el despoblamiento de las zonas rurales, provocando la exclusión generacional de los jóvenes y de las explotaciones familiares (Domínguez y Orsini, 2009:69 y 78).
En la provincia de Entre Ríos, uno de los efectos indirectos del crecimiento de la producción de soja, fue la aceleración del proceso de concentración de la propiedad y de la gestión. En este sentido, el tamaño medio de las explotaciones agropecuarias de la región más sojera de Entre Ríos ZAH1 (Departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá y Victoria) creció el 52%, pasando de 161 hectáreas en el año 1988 a 245 hectáreas por explotación en el año 2002; mientras que para la totalidad de la provincia, el tamaño medio aumentó un 29% en igual período.
El paquete tecnológico empleado en la siembra directa, implica fuertes inversiones en maquinarias, escaso laboreo del suelo y la sustitución de mano de obra así, la puesta en marcha de este modelo impulsó la realización en activos fijos de fuerte rotación, proceso que además fue efectuado por las medianas y grandes explotaciones. En el año 2002, más del 80% de las maquinarias agrícolas, particularmente las sembradoras de siembra directa (86% del total provincial y 80% para la región agrícola mencionada), es propiedad de explotaciones de más de 200 hectáreas.

En este sentido, la propiedad como forma de tenencia del suelo predomina en el cultivo de soja (ZAH1) en las explotaciones pequeñas menores de 200 hectáreas y, contrariamente, a medida que aumenta el tamaño de las mismas, crece la importancia relativa del alquiler sobre la propiedad, lo que permite afirmar la hipótesis de que se concentró la propiedad y aumentó la gestión del suelo en alquiler.
La incorporación de cambios tecnológicos causó múltiples impactos socioeconómicos en una estructura agraria que –producto del proceso histórico de colonización– presentaba una fuerte subdivisión del suelo y debido a esto, el peso relativo del número de pequeñas explotaciones es todavía importante en Entre Ríos, según el CNA 2002, alrededor de 10.000 explotaciones poseen 100 hectáreas o menos, ocupando sólo el 8,4% de la superficie productiva censada.

Cabe destacar que en este tema, la responsabilidad del Estado es central, ya sea por su acción o inacción política, ya que de una u otra forma, posibilitó la profundización de este modelo productivo basado en la especialización productiva, la concentración de propiedad, de la gestión y de la apropiación de la renta del suelo.
En los años ’90, con la Reforma del Estado y la desregulación, se desmanteló toda intervención estatal, en la actualidad esta continúa pero en menor medida (a pesar de, por ejemplo, los intentos de creación de la ONCCA) y sin una política agropecuaria que tienda a un modelo económico más equitativo y equilibrado.
Cabe mencionar que en el período que abarca entre los censos agropecuarios de 1988 y 2002, desaparecen 5.245 EAPs menores de 200 hectáreas y 522 EAPs medianas de 200,1 a 500 hectáreas (Gráfico 1); y asimismo, en Argentina, el 10% de las explotaciones agropecuarias produce 70% de soja.

El peso relativo del número de pequeñas explotaciones es todavía importante y en 2002 existían en Entre Ríos alrededor de 12.572 explotaciones menores a 100 hectáreas, las que representan el 58,3% del total provincial pero ocupaban sólo el 8,3% de la superficie productiva censada. En tanto, las explotaciones medianas y grandes de más de 1.000 hectáreas, representan el 6,1% de la superficie total censada y utilizan el 55% de la misma.

Gráfico 1
Variación del número de EAP’s entre los Censos Agropecuarios de los años 1998 y 2002 según estratos de superficie en la Provincia de Entre Ríos

Fuente:elaboración propia en base a CNA 1988 y 2002, INDEC

Tabla 1
Estratificación de las EAPs según tamaño. Entre Ríos, CNA (2002)

Fuente:elaboración propia en base al Censo Nacional Agropecuario 2002.

De la construcción de un índice de concentración de la superficie productiva calculado mediante el ordenamiento de las explotaciones por tamaño agrupándolas caprichosamente en las 100, 200, 500 y 1000 más grandes y obteniendo su participación relativa, tal como se observa en el Gráfico 2, se obtuvo que las 100 explotaciones agropecuarias más grandes de nuestra provincia son propietarias del 15% de la superficie total y si además tomamos las 1.000 EAPs de mayor tamaño de Entre Ríos, éstas usan alrededor de la mitad de la tierra cultivable total de la provincia. En el año 2002, en Entre Ríos, alrededor del 15% de los productores (propietarios o no) utilizaba 65% de la superficie cultivada.

Gráfico 2
índice de Concentración de la superficie productiva, calculado en base al CNA 2002.

Si sólo se consideran las EAPs que sembraron soja ZAH1 (de primera y segunda, CNA-2002), éstas son alrededor de 10.500 y representan el 48,3% del total. Con esto, se observa que el 80% de las mismas (8.400) implantaron 40% del total de la soja sembrada; en el otro extremo, 20% del total (2.100) constituido por las de mayor extensión, sembraron 60% del total.
El modelo hegemónico productivo basado en la soja, generó tendencias de difícil reversión, por un lado, homogeneizó los intereses económicos entre los pequeños, medianos y grandes productores, sean estos propietarios puros, propietarios arrendatarios o arrendatarios puros. En este sentido, en la etapa más dura del conflicto con el gobierno, hubo un pleno acuerdo entre las entidades gremiales agropecuarias FAA (Federación Agraria Argentina), Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada), SRA (Sociedad Rural Argentina), CRA (Confederaciones Rurales Argentina) para solicitar la derogación de la Resolución 125, que establecía retenciones móviles crecientes si aumentaba el precio internacional de la soja.
Pero además, el mencionado modelo hegemónico, profundizó las tendencias a la heterogeneidad entre los distintos agentes sociales agrarios, en cuanto a propiedad del suelo y del capital. Así, en el período 1988/2002, entre los dos censos agropecuarios fueron expulsadas 5.245 EAPs pequeñas, menores de 200 hectáreas.
En la actualidad, la estructura agraria de Entre Ríos (ENA-2005) exhibe una importante presencia  de  pequeñas  explotaciones  agropecuarias  familiares  menores de 200 hectáreas, las cuales han empleado distintas estrategias de supervivencia y crecimiento, es posible que sus propietarios hayan cedido en alquiler sus tierras (aunque no se cuentan datos actualizados sobre su número), la totalidad o una parte de la misma, también es factible que se dediquen –o no– a la actividad agropecuaria u otra (como cuentapropista o asalariado), ya que por razones de escala les conviene alquilar y no producir directamente debido a la escasez de capital, a los cuales en el futuro les resultará muy dificultoso su reinserción en la producción agropecuaria.
El crecimiento de los rentistas puros que no realizan otra actividad productiva se desarrolló en toda la pampa húmeda y posiblemente en Entre Ríos debido al aumento del precio de la soja, al menos hasta la actual campaña (2008/2009). Pero es probable que con la caída de la rentabilidad de la actividad, el canon de arrendamiento disminuya y, por lo tanto, afecte los niveles de ingreso y calidad de vida de este tipo de agente social y ante esto, cabe plantearse un interrogante: ¿cuál será la estrategia futura de estos agentes que cobraban, anualmente, entre 8 y 10 quintales de soja como canon?
Los pequeños productores de la provincia que han podido capitalizarse, producen en tierras de su propiedad (80% del total del estrato) y además alquilan tierras (20% del total) con el objetivo de lograr escalas de producción que mejoren su rentabilidad (ENA, 2005). Esta estrategia fue posible por alguna de las siguientes razones: no estar endeudados en los ’90, la devaluación del año 2001 y la pesificación asimétrica, o por
el ciclo de vida de sus componentes (edad del productor, número de componentes de la explotación, etc.), entre otras cuestiones.
En cambio, las medianas explotaciones familiares de 200,1 a 1.000 hectáreas con capacidad de capitalización, tomaron como estrategia de supervivencia en los años ’90 y con posterioridad a la crisis de 2001, la incorporación de tecnología y el mejoramiento de las escalas a través el alquiler de tierra. En este sentido, en Entre Ríos (ENA-2005) el 42,10% de la superficie productiva usada por estas explotaciones es alquilada. Similar situación se observa en las explotaciones de 1.000,1 a 5.000 hectáreas, que alquilan el 38,5% de la superficie total empleada por las mismas estas en el 2002, representaban el 5,6% de las mismas y poseían el 38% de la superficie censada.
Las EAPs grandes, de más de 5.000 hectáreas, que en 2002 representaba el 0,5% del total y empleaban el 17,1% de la superficie productiva censada, aumentó la superficie usada por las mismas entre el 30 y 50% en el período 1988/2002. Por lo tanto, la estrategia de las mismas ha sido la compra de tierras y, en menor medida, el alquiler el cual en el año 2005 representaba el 20% del total del estrato.
No obstante, en la pampa húmeda y en cierta parte del territorio de la provincia de Entre Ríos, ya se observan rasgos disolventes de la empresa familiar y entre los factores más importantes se destaca “la urbanización” que ha desvinculado el proceso productivo, debido a que las labores rurales quedaron a cargo de asalariados o fueron mercerizadas el deseo de un mejor porvenir de los hijos que a hecho que se acceda a crecientes niveles de escolarización, lo que también debilita el equipo de trabajo familiar y fija otras prioridades por encima del mantenimiento del patrimonio familiar y por último, el aumento de las expectativas de vida de los productores el cual dificultad cada vez más el traspaso generacional de las tierras.
Sin embargo, aún persisten fortalezas y están dadas por (Balsa, 2007):

  • La mayoría de las innovaciones puede ser alcanzada aún por las EAPs más pequeñas y descapitalizadas, gracias a que su difusión en la mayoría de los casos es gratuita.
  • Aun con poca tierra la explotación familiar puede lidiar con los costos y obtener una renta suficiente para sobrevivir, gracias al trabajo familiar, el autoconsumo y los comportamientos conservadores.
  • Las grandes explotaciones son difíciles de monitorear y coordinar, esta característica, sumada a la incertidumbre cada vez mayor y a las altas volatilidades de los precios hacen impensado un aumento de su tamaño más allá de cierto límite si bien las nuevas tecnologías satelitales facilitan estas tareas.
  • El costo de oportunidad  del  productor  es  muy  bajo,  por  lo  que  para  dejar de producir debe llegar a una condición extrema, a diferencia de la explotación capitalista que ante malas ganancias, seguramente, abandonará la producción.
  • La producción agropecuaria se ha facilitado, sin embargo, son necesarios conocimientos específicos y personal capacitado para el desarrollo de la actividad, además, no siempre los capitales se encuentran cerca de donde se realiza la siembra o cosecha.

5. Sobre el conflicto agropecuario y las retenciones

Durante el prolongado conflicto rural iniciado en el mes de marzo de 2008, tanto en la opinión pública como en los principales referentes gremiales del sector agropecuario y en la dirigencia política en general, predominaron interpretaciones simplificadoras sobre las causas que originaron el mismo, sin sustentos teóricos y en oportunidades con desconocimiento de la complejidad y diversidad de la cuestión agropecuaria.
En el imaginario colectivo se instaló la problemática a través de una falsa dicotomía –campo o gobierno– que continúa en la actualidad. Esta conceptualización del problema no aporta racionalidad e impide un debate más profundo de las partes en disputa al momento de la búsqueda de soluciones, particularmente de la problemática de los pequeños productores y rentistas.
Por detrás de esta falsa dicotomía se encuentra subyacente una visión ideológica reduccionista-productivistas promovida por sectores empresariales, institutos de investigación privados y públicos como AAPRECID4 y en el otro extremo del arco ideológico, grupos ecologistas, entre otros.
El conflicto surge sin dudas a partir de la aplicación inadecuada y sin consenso de las retenciones móviles como medidas político-económicas, lo que generó un fuerte rechazo y un creciente desprestigio de este instrumento en la opinión pública en general y, obviamente, en los sectores empresariales situación aprovechada por algunos sectores de corte neoliberal.
La política de precios de los productos agropecuarios afecta tanto la asignación microeconómica de los recursos productivos como a la distribución del ingreso y en esta oportunidad parecería que la práctica política no han podido conciliar estos dos objetivos. Las retenciones, en ese sentido son un instrumento de la política indirecta de precios que permite la defensa y abastecimiento de alimentos que componen canasta familiar, además de tener como objetivo subalterno la obtención de recursos para el financia
miento del Estado (ocupa el tercer lugar luego del IVA y del Impuesto a las Ganancias). Sin embargo, el impacto principal debería ser el de establecer una brecha entre el nivel de los precios internos y los precios internacionales de los alimentos.
Por eso es necesario analizar dos cuestiones: una referida a la relevancia de las retenciones en el costo de la canasta de alimentos de la población, y la otra en relación a la legitimidad del Estado de apropiarse de una fracción de la renta diferencial del suelo. Dado que Argentina sustenta su modelo de crecimiento económico entre otras cuestiones, en salarios reales bajos (de los convenios firmados en 2008, varios de los salarios iníciales rondan entre los 500 y 700 dólares) y en la exportación de commodities (debido a su integración al mercado mundial que aprovecha ventajas comparativas del suelo, su fertilidad relativa y la competitividad de algunas tramas agroalimentarias), la política de retenciones fue importante para el mantenimiento del precio de los bienes que conforman la canasta básica de alimentos.
El rechazo a la aplicación de retenciones a las exportaciones, argumentándose en el hecho de que distorsiona la asignación microeconómica de los recursos productivos, debe tener en cuanta dos cuestiones: en primer lugar, en general todos los impuestos son distorsivos o –desde el punto de vista de la teoría económica tradicional– afectan la rentabilidad y la asignación de los recursos, por lo tanto no resulta ser un argumento sólido para su eliminación; en segundo lugar, su eliminación y/ o reducción drástica, como plantean algunos economistas y dirigentes políticos, podría llevar a que, con salarios nominales bajos, se pagarían en el mercado nacional de alimentos precios cercanos a los internacionales, y teniendo en cuenta que según FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), en los últimos tres años aumentaron estos precios un 80% (2005/2007), es obvio el impacto que esto tendría sobre el costo de vida.
Sin embargo, las retenciones elevadas, homogéneas y sin otras medidas complementarias perjudican a los pequeños productores al reducir su rentabilidad y afectan negativamente el canon que reciben los pequeños rentistas, entre otras cuestiones que de no mediar cambios, potenciarían aún más la tendencia a la concentración de la producción.
El conflicto agro-gobierno, es esencialmente una puja distributiva por la apropiación de la creciente renta diferencial del suelo y en esta disputa participan, además del Estado, una importante cantidad de actores sociales de la vasta red que constituye el modelo productivo sojero.
En este sentido, es legítimo y es competencia del Estado, apropiarse de una parte de la renta diferencial generada por la productividad natural del suelo a través del sistema impositivo. Esto mismo ocurre con otros recursos naturales a nivel nacional e internacional, entre otras razones porque esta renta es esencialmente una ganancia extraordinaria generada por la fertilidad el suelo y no un fruto del trabajo humano.5
Del mismo modo, el Estado debería mediar o regular la apropiación de la renta diferencial que se produce entre los heterogéneos actores de la vasta red que conforma el modelo sojero, ya que de su concentración deviene el mecanismo de apropiación de la renta.
Es clara la responsabilidad del Estado, por acción o inacción en este proceso de especialización productiva, concentración de propiedad y apropiación de la renta del suelo. Ya en los años ’90, entre otras cuestiones, se desmanteló toda intervención estatal, como por ejemplo en la comercialización de productos agropecuarios y esta responsabilidad política continuó aún en la actualidad, con posterioridad a la devaluación del año 2001. El Estado permitió que prosiguiera la inercia del modelo hegemónico de la década del ’90 y Las medidas que tomó con algunos planes fueron inocuas para los pequeños productores y campesinos, como así también para unidades de subsistencia del agro y de Entre Ríos.
En la actualidad, las consecuencias de esta inacción o gestión deficiente son graves y se han acelerado las tendencias, se observa una elevada concentración de la producción, de los capitales y de los ingresos, al menos en las zonas donde la producción de granos es relevante por el tipo de suelo.

6. Perspectivas futuras

La desaparición de las explotaciones agropecuarias familiares parece lejana, sobre todo en territorios con una gran subdivisión del suelo. Sin embargo, ya se observan datos que confirman un aumento de tamaño de las explotaciones y una creciente concentración en el uso del suelo. Las autoridades tienen elementos para frenar este proceso que parece acelerarse pero predomina una apatía al respecto y parecería que el mercado será el que actuará como juez, para bien o para mal, decidiendo si el sector agropecuario escapará a la lógica capitalista o permanecerá con rasgos actuales.
En este marco estructural es en el que se aplicó el aumento de las retenciones por lo tanto era inexorable que iba a perjudicar en mayor medida la rentabilidad y perdurabilidad de los pequeños productores y no de los medianos y grandes, ya que estos últimos, por su tamaño poseen economías de escala, capacidad de acumulación, acceso al crédito y tecnología, todo lo cual les permite afrontar este arancel.
Las características históricas de la de la estructura agraria de Entre Ríos, con la presencia de una fuerte subdivisión del suelo, con gran cantidad pequeños productores que posiblemente han devenidos exclusivamente a rentistas, explica la virulencia de las movilizaciones agrarias en la provincia.
El gobierno subestimó también los cambios en el interior de las propias
entidades empresariales rurales que generó el modelo sojero, así como su proceso de acumulación y capitalización, del mismo modo, con las medidas político-económicas adoptadas, acercó los intereses entre productores pequeños (menores de 200 hectáreas), medianos (capitalizados, agremiados o en consonancia con el ideario de la Federación Agraria Argentina), medianos-grandes, y grandes productores innovadores (integrantes de la Sociedad Rural Argentina y de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Exportación), al lo menos en lo que respecta a la defensa de la rentabilidad y a la oposición al sistema de retenciones móviles.
La coincidencia de intereses entre estas instituciones, que promovió el auge del modelo sojero, sólo acercó posiciones de distintos tipos de productores confrontados con el Gobierno por una reivindicación razonable, sin embargo, es importante aclarar que persisten ciertas contradicciones entre ellos, las que podrían mostrar la relatividad de los supuestos intereses comunes entre los distintos actores sociales del agro.
Es primordial tener en cuenta que hay una gran cantidad de productores medianos y grandes que además de explotar la tierra de su propiedad alquilan importantes cantidades de hectáreas,  transformándose  en  productores-arrendatarios que aprovechan economías de escala, con una fuerte capacidad de acumulación, dotación de maquinaria de elevado valor y, por lo tanto, con capacidad de generación y apropiación de la renta del suelo. Seguramente estos, proseguirán aumentando sus escalas de producción a través del alquiler y/o compra de tierra de pequeños productores de menor rentabilidad.
Ante esta situación se presentará en el futuro la confrontación de intereses entre las instituciones y es el nuevo escenario que deberán enfrentar, en un futuro muy próximo, los pequeños productores.
El conflicto entre las entidades agropecuarias y el gobierno y las legítimas movilizaciones tuvo importantes consecuencias políticas y socioeconómicas. Las movilizaciones rurales produjeron la desaceleración del comercio internacional de granos y derivados, el desabastecimiento de alimentos del mercado doméstico y, por lo tanto, el encarecimiento del precio de los bienes-salarios así como la caída de los salarios reales, además de la disminución del turismo y la caída de las ventas comerciales en las pequeñas y medianas localidades del país, producto de la falta de comunicación por cortes de rutas y caminos.
El aumento de los precios de los bienes-salario, se debió a que en una fracción relevante de los mercados alimentarios en la Argentina (lácteos, aceites, vinos, galletitas, etc.) existe una formación de precios de tipo oligopólicos, inflexible a la baja, lo que provocó que la suba del costo de la canasta alimentaría fuera permanente, agravando la situación del sector asalariado.
Las consecuencia fue la irritación social, que ocasionó una profundización de la fragmentación y la desintegración de la sociedad Argentina, durante y con posterioridad al conflicto.

Ocurre que hay una cuestión ideológica tanto en el diseño de la política económica y/o sectorial que soslaya aspectos teóricos provenientes de enfoques heterodoxos de la economía y de la sociología económica y rural, categorías conceptuales y conocimientos científicos. En este sentido, no se tomó en consideración las características particulares de los distintos agentes sociales de la estructura agraria, sus comportamientos, problemáticas de acumulación y estrategias de sobrevivencia, entre otras cuestiones.
En síntesis. ¿Quiénes se benefician y/o quiénes se perjudican con el elevado nivel de retenciones? ¿Desapareció el conflicto? ¿Cuál será el futuro inmediato?
Los datos recientes (2008) sobre estimación del área sembrada y producción para la última campaña indican que la soja continuará participando con la mitad de la producción de granos en la Argentina, dado que es más rentable6.
La caída de la rentabilidad del pequeño productor agrícola, por disminución del precio y a consecuencia de las retenciones homogéneas, puede llevarlo a que venda o si aún no lo ha hecho alquile su tierra, transformándose en un rentista ya que no posee el capital fijo y circulante suficiente o la escala óptima para sembrar.
Por lo tanto, el pequeño productor o se transforma en rentistas o continúa como tal aunque es posible que cobre un canon menor7, el cual, en el caso de Entre Ríos hasta la campaña anterior oscilaba, en las zonas de mayor aptitud agrícola, entre 8 y 10 quintales por hectárea.
Por otro lado, las explotaciones medianas y grandes, dada la capacidad financiera y el nivel de activos fijos que poseen, son las que han aumentado (y lo harán todavía más) sus escalas tomando nuevos arrendamientos y/o comprando aún más tierra como ya sucedió en la década del ’90 con los pequeños productores.
En este sentido, el pequeño productor de la zona agrícola de Entre Ríos, según cálculos del INTA-EEA de Paraná8, para sembrar soja de primera en tierra propia, debe realizar una inversión que en costos directos (labores, semillas, fertilizantes, otros agroquímicos, intereses del capital circulante, cosecha, comercialización) ascendía a $1.548 por hectárea en la campaña 2008 (Rodríguez y Arceo, 2006), para un precio de $90/QQ.
A modo de ejemplo, un productor pequeño que siembra 100 hectáreas de soja, tiene que invertir la elevada suma de $154.800, y si además siembra trigo (combinación de la cosecha de trigo/soja) la inversión por hectárea en costo directo u operativo, sembrando en tierra propia, asciende a $1.700/has, es decir $170.000.
Esto significa que la inversión total anual en costos directos para sembrar trigo/soja según cálculos del INTA, asciende a la elevada suma de alrededor de $324.800 para una
explotación pequeña de cien hectáreas, con el atenuante de enfrentar adicionalmente riesgos económicos (precios internacionales) y climáticos.
En cambio, si el pequeño productor alquilaba la tierra obtenía anualmente alrededor de 10 quintales por hectárea de soja de canon, es decir $900/has. De esta forma, recibe anualmente un canon de $ 90.000 en efectivo y por adelantado en concepto de alquiler por 100 hectáreas Esto significa una mensualidad de $7.500 sin riesgos económicos y sin intervenir en la comercialización, aunque existe la posibilidad del deterioro del suelo si no realiza los contratos con cláusulas adecuadas sobre el uso sustentable del mismo, monitoreándolo y/o alquilando a productores de su confianza.
Por todo esto es que seguramente, la reducción del precio actual y de la rentabilidad hará que el pequeño productor continúe como rentista o venda la tierra a medianos y grandes productores, lo que aumentará la concentración de la producción y de la renta. Otra consecuencia, ya no desde el punto de vista del sector agropecuario sino desde el fiscal lo constituye la volatilidad de los ingresos por retenciones, dado que se fijan en torno a los precios internacionales de los commodities, lo que hace inestable su trayectoria temporal debido a la especulación financiera y las recurrentes crisis financieras en estos tiempos así, su afectación a un determinado gasto público sería un hecho fortuito, con altas posibilidades de que no se recaude lo pronosticado, como
ocurrirá posiblemente en el año 2009.

7. Reflexiones finales

En el contexto rural de las economías regionales, las diferentes políticas (o la ausencia de las mismas) han generando cambios profundos en la estructura agraria de las zonas de mayor aptitud agrícola, así como en las perspectivas de los productores, profundizándose el modelo hegemónico productivo sojero de agricultura permanente. También ha provocado transformaciones en el avance de la concentración del uso del suelo y del capital (maquinaria), la expulsión de mano de obra, la emergencia de nuevos agentes, el aumento del alquiler del suelo y el rentismo, además de efectos económicos tales como el aumento de la producción y productividad del suelo.
De esta conclusión, surge la necesidad de profundizar aún más el abordaje del análisis de los impactos desde una visión multidisciplinaria y no exclusivamente económica la construcción de base de datos primarios y la reconstrucción y/o actualización de la información secundaria, también es conveniente realizar estudios de campo tomando aéreas piloto representativas sobre el rentismo, el perfil y posibilidades de persistencia de los productores familiares antes el avance de formas capitalistas de la producción, además del uso de los suelos en la provincia, el nivel de deforestación, los tipos de
contratos de alquiler empleado y el análisis de los efectos sobre el suelo del régimen de tenencia, entre otras cuestiones.
¿Cuál es la situación actual? ¿Continuará la especialización en la producción de la soja? ¿Cuáles son las perspectivas futuras de los pequeños productores de Entre Ríos y del resto del país si no se producen cambios profundos en la política de retenciones, de alquiler del suelo, macroeconómica y sectorial?
Las tendencias mencionadas en la estructura agraria, probablemente se profundizarán incluso ya está sucediendo con el transcurrir de la últimas campaña. Por lo tanto, la especialización continuará, ya que la soja sigue representando la mitad de la producción de granos así como la concentración del uso del suelo, de la producción y de la apropiación de la renta en la estructura agraria situación similar a la que ocurre también en otros eslabones de la red de la soja los cuales que se apropian de una parte importante de la renta, como los productores de los insumos (semilla, glifosato, fertilizantes, maquinarias, transporte), los exportadores y la agroindustria elaboradora de aceite.
Concluimos entonces, que el panorama rural y de los pequeños productores en nuestro país y en Entre Ríos es sombrío por la situación actual de los problemas estructurales y consideramos como una necesidad la “democratización de la tierra” (Giarracca N., 2008) ya que

“el país posee una de las praderas más fértiles del planeta que desde que se configuró el territorio permanece en pocas manos tanto en lo referente a la propiedad como al control sobre la producción. Nunca se discutió la posibilidad de una reforma agraria, ni siquiera cuando esta política pública estaba en la agenda de los organismos internacionales. El destino que se deparó al país, es el de la gran extensión agrícola para beneficio terrateniente primero y para los nuevos sujetos del agronegocio luego”.

Notas

1Esta referencia será incluida a lo largo del documento cuando señalemos esta región.

2El stock ganadero en Entre Ríos ha aumentado, entre los años 2001 y 2006, un 16,9%. Los departamentos que poseen islas o islotes, son los que muestran un gran crecimiento. En conjunto, los departamentos de Gualeguay, Islas del Ibicuy y Victoria, aportaron al aumento del stock ganadero un 41,3%, confirmando la hipótesis de que la ganadería se desplazó a zonas menos aptas, como las islas o tierras menos fértiles típicamente ganaderas.

3La Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos informó que si bien la superficie desmontada “ha disminuido considerablemente”. La superficie autorizada de desmonte, entre 1993 y 2003, fue entre 60.000 y 75.000 hectáreas anuales, y ahora ha disminuido a 4.500 hectáreas anuales (2005).

4AAPRECID es una Organización No Gubernamental que tienen como misión ser “agro innovadores en red, líder en el desarrollo agropecuario basado en siembra directa, con proyección global, dentro de una dinámica superadora acorde a los conocimientos científicos, y comprometidos en el proceso de mejora continua”. Para mayor información: www.aapresid.org.ar

5Esto es similar a lo que ocurre con el capital, que es un bien reproducible por sí mismo, cuestión que determina una clara diferencia entre los mencionados factores de la producción.

6Así lo indican las primeras estimaciones de la campaña 2009/2010.

7Como ya está ocurriendo y con contratos de aparcería en vez de contratos de arrendamiento o contratos accidentales.

8INTA-EEA de Paraná, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Estación Experimental Paraná.

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