ARTÍCULOS

Déficit de trabajo decente en Gran Paraná y Concordia (Entre Ríos) 2004–2010¹

 

Graciela Mingo de Bevilacqua, Elisa Sarrot de Budini y César A. Sione

Docentes e investigadores Metodología y Técnicas Cuantitativas y Análisis Estadístico. Facultad de Trabajo Social, UNER.
E-mail: gbevi@arnet.com.ar
E-mail: elisarrot@yahoo.com.ar
E-mail: cesarsione@yahoo.com.ar

¹ Este artículo surge del Proyecto de Investigación “Del trabajo real al trabajo decente: indicadores de distancia, conceptos y simbolizaciones en la Región Centro” desarrollado en la Facultad de Trabajo Social con la dirección de Graciela Mingo de Bevilacqua, financiado por la SICTFHR, UNER, Informe Final en proceso de evaluación.

Fecha de recepción: 21 | 03 | 2011
Fecha de aceptación: 02 | 07 | 2011

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RESUMEN

El estudio hace una aproximación al concepto de Trabajo Decente caracterizando su déficit en los Aglomerados Urbanos de Gran Paraná y Concordia (Provincia de Entre Ríos) a partir de la lectura de un indicador: Trabajo No Registrado. El recorte se da en el período 2004–2010, reprocesando datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Se mencionan factores de incidencia, tanto endógenos como exógenos, del mercado de trabajo y las políticas de promoción de trabajo decente destinadas a combatir el empleo informal de acuerdo con los distintos escenarios económicos de crecimiento y crisis acontecidos en Argentina. En los dos aglomerados se registra la misma tendencia que a nivel nacional para el indicador seleccionado. Los valores resultan superiores e inferiores pero cercanos a la media nacional del 40 % de trabajo no registrado. La cohesión que existe entre los mercados globalizados implica una conexión en la dinámica de indicadores laborales en el mercado de trabajo a nivel nacional, regional y local.

Palabras clave: Déficit del trabajo decente; Trabajo no registrado; Políticas laborales.

SUMMARY

The study makes an approach to the Decent Work concept and characterizes its deficit in the Urban Agglomerates of Gran Paraná and Concordia (Entre Ríos Province) from the lecture of an indicator: Unregistered Work. The investigation covers the 2004–2010 period, and reprocesses data from the Permanent Household Survey. Incidence factors, endogenous and exogenous, from the labor market together with decent work promotion policies to combat informal employment are mentioned in accordance with different economic scenarios of growth and crisis occurred in Argentina. The same trend as at the national level is registered in both agglomerates by the selected indicator. The resulting values are above or below but close to the 40 % national average of unregistered work. The cohesion existing between global markets implies a connection in the dynamics of labor indicators in the labor market at national, regional and local levels.

Key words: Decent work deficit; Unregistered work; Labor policies.

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1. Introducción

El trabajo asalariado como actividad productiva se ha convertido en un bien escaso donde los marcos regulatorios se han debilitado. Muchos ciudadanos han perdido su derecho a los beneficios sociales y otros directamente han quedado sin empleo. Esta realidad no sólo se palpa en países de menor desarrollo económico, sino también en los países desarrollados, como lo expresa Krugman (2011:10) al decir que “el desempleo es un látigo terrible a través de gran parte del mundo occidental”.²
En estas páginas nos proponemos visibilizar uno de los indicadores de déficit, como es el trabajo no registrado en relación con el trabajo decente. Este concepto se enmarca en considerar que existe un parangón entre la situación del trabajador y la condición salarial, es decir, en la disposición de una base de recursos y de garantías sobre la que puede apoyarse el trabajador para vivir, y tomamos como referencia lo expresado en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que parte de reconocer que existen condiciones de trabajo que entrañan injusticia, miseria y privaciones para un gran número de seres humanos. Se trata de ampliar el horizonte de estudios sobre el mercado de trabajo, entendiendo que la sociedad salarial no abarca solamente a los asalariados, sino que, como parte de una sociedad capitalista, tiene entre sus retos incorporar a la mayoría de la población para que acceda a la ciudadanía social a partir de la consolidación del estatuto del trabajo y llevar a la práctica mejores condiciones laborales pues, cuando se carece de estos derechos propios del imaginario de la sociedad salarial, aparecen vulnerabilidades que provocan asimetrías profundas e injustas entre las personas, en términos de Castel (2004:32).
En esta presentación tratamos de establecer una aproximación que constituya un aporte a la discusión conceptual del Trabajo Decente propuesto por la OIT, caracterizando su déficit en los Aglomerados Urbanos de Gran Paraná y Concordia (Provincia de Entre Ríos) a partir de la lectura de un indicador clave como es el Trabajo No Registrado o Informal que mide la Encuesta a Hogares que lleva adelante el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).³ En este recorte se aborda: a) la evolución del indicador en la serie de tiempo 2004–2010 reprocesando datos de dicha Encuesta, con referencias concretas a los sectores económicos y actividades de mayor tasa de informalidad; b) el análisis de factores de incidencia tanto endógenos como exógenos del mercado laboral, acorde a los distintos escenarios económicos de crecimiento y crisis acontecidos en el período seleccionado; c) referencias a políticas públicas de promoción de trabajo decente destinadas a combatir el empleo precarizado o informal. Al centrarnos en un indicador de deficiencia como es el trabajo no registrado, trabajo en negro o trabajo esclavo, lo hacemos en coincidencia con Neffa (2006:67) quien plantea que al estudiar las relaciones laborales hay una concepción teórica del mercado de trabajo analizado desde la macro–economía, en la que se conjugan la fuerza de trabajo, la estructura y el funcionamiento del propio mercado junto con los determinantes estructurales y coyunturales del nivel de desempleo y subempleo, del salario, de la distribución del ingreso y de las relaciones de la seguridad social en el mundo laboral. En la díada entre trabajo asalariado y trabajo no registrado anclamos en lo que es actualmente el empleo, acorde a leyes y convenios que deben respetar empleadores y empleados. Cuando los mismos son transgredidos, en este caso por el empleador, surge por oposición el trabajo no registrado o informal.

2. Referencias teóricas

Al establecer el vínculo entre estos dos tipos de trabajo lo hacemos como decimos más arriba, desde la perspectiva con que Castel (2004:65) afirma que con el avance del capitalismo el trabajo se ha vuelto empleo, y desde este concepto asoma una relación contractual asimétrica, o sea, un estado dotado de un estatuto que incluye garantías no mercantiles. Cuando esto no se da, no es posible pretender que sean los trabajadores los que se reivindiquen mediante luchas, aunque así lo hagan, sino que es el Estado quien debería garantizar el derecho a un salario mínimo, las protecciones del derecho laboral, el derecho a la jubilación o al retiro, la cobertura por enfermedad y por accidentes, entre otros. El autor se está refiriendo a un empleo asalariado como modelo dominante del trabajo socialmente reconocido dentro de la estructura de una sociedad asalariada propia del sistema capitalista.
El empleo no registrado supone déficits de Trabajo Decente (TD)⁴ y vulnerabilidad del trabajador en tales condiciones, en tanto supone bajos salarios o ausencia de un piso salarial, no amparo de convenios colectivos ni protección sindical, imposibilidad de jubilarse con aportes genuinos, subocupación o sobreocupación y hasta asistencialismo en el largo plazo. Es por ello que al concepto de trabajo no registrado lo limitamos en la actualidad a aquel vínculo laboral de dependencia que no está declarado ante una o varias autoridades que deberían tener conocimiento de él, y por este hecho se sustrae a la reglamentación vigente.⁵ Esto posibilita a los empresarios evadir los impuestos, o lleva a una reducción de las prestaciones de seguridad social (OECD, 1991).
En el mercado de trabajo se materializa el trabajo no registrado en diversas prácticas, con las cuales se va complejizando la misma estructura de ese mercado, ya sea tercerizando el empleo (consultoras o empresas de trabajo temporario) o en las propias prácticas de las que el sector empresarial trata de valerse para infringir las reglas formales del sistema de la seguridad social, aumentando por ende la precariedad laboral. El trabajo es esencial (Castel, 2008:2), dignifica a la persona y en tanto tal, es sostén de su identidad a través de los recursos económicos y los derechos sociales a los que da acceso, así como también es generador de subjetividad. Por el contrario, cuando se impulsan estrategias con formas degradadas de empleo invocando la exigencia de trabajar a cualquier precio, se llega a una también degradada situación del trabajador, y esto repercute en la calidad de ciudadano. No basta con “rehabilitar el trabajo”: hay que respetar la dignidad de los trabajadores. Con lo expuesto no pretendemos hacer respecto del trabajo una sobrevaloración indiscriminada, sino que entendemos su valor como trabajo o empleo que dignifica a través de vías aseguradoras de la independencia económica y el reconocimiento social, lo cual involucra un trabajo digno y genuino. Por ello develamos las contradicciones del mercado de trabajo que, en la escasez de la generación de puestos, nos han impuesto pensar e imaginar que el trabajo o empleo en relación de dependencia debe aceptarse a cualquier precio, sometiendo así a una masa de jóvenes y personas activas en general, a nuevas formas de explotación. También intentamos dejar de lado la estigmatización de que quien “no trabaja” se enmarca en la ociosidad culpable. Esta postura que plasma en el individuo la culpabilidad de no encontrar un empleo, se vuelve reduccionista pues asocia el empleo como una mercancía y pone el acento en el determinismo individual y no en las condiciones sociales y económicas que rigen el mercado laboral para aportar a un empleo estructurado, desde una visión de desarrollo social ligado indiscutiblemente a la construcción de la democracia.
El trabajo decente apela a una valoración moral y ética de acuerdo con la postura asumida por la OIT, asociada a una condición cultural que oriente y dé sentido a las transformaciones que se viven en el mundo del trabajo. Es una condición humana constitutiva y constituyente que no puede estar subordinada a la economía, a sus transformaciones en la globalización y hoy agregamos que no puede estar subordinada a los vaivenes provocados por las crisis financieras internacional desatada en EE. UU. en el año 2008, ni a las posibles formas de instrumentación de las políticas económicas. Bregar por el trabajo decente es una cuestión de la política de estado, como lo es bregar por la educación y la salud de la población.
Entre los requisitos primarios que forman parte de lo que se puede considerar trabajo decente, nos referimos al alcance de un empleo al que se accede en condiciones de libertad y de reconocimientos básicos que garanticen satisfacer las necesidades y responsabilidades económicas, con un salario justo, con un nivel de seguridad y protección social, con mejores perspectivas para el desarrollo personal y favoreciendo la integración social para el trabajador o la trabajadora y los miembros de su familia (OIT Somavía,1999). A lo que se puede agregar hoy que el trabajo decente es una de las maneras de posibilitar dignamente el desarrollo de las capacidades de los sujetos y es un freno a la agudización de la pobreza global, y a la discriminación contra los ciudadanos en todas sus expresiones. En el nivel macro social, una mayor igualdad es condición de la libertad individual y colectiva Godio (2007:16), y en ese sentido el trabajo decente es también condición para que la globalización, el nuevo orden económico mundial y la revolución técnica se constituyan genuinamente en desarrollo avanzado y civilizatorio. Este es, en nuestra opinión, un punto de vista conceptual central para afianzar la congruencia necesaria entre Trabajo Decente y Desarrollo en el marco de las realidades de un mundo globalizado, más aun cuando éste está en crisis.
Esta enumeración de derechos y garantías es marco imprescindible para el trabajo que hoy definimos, al igual que la OIT, como trabajo decente y en este sentido recurrimos a Lanari (2004:14) quien refiere como medidas para garantizarlo: la efectiva aplicación de normas internacionales del trabajo; el mejoramiento de las condiciones de empleo e ingresos; la ampliación de la protección social; la factibilidad de sindicalizarse y de encontrar los canales oportunos para las negociaciones de la política salarial.

3. Las transformaciones del Estado Argentino y las políticas de empleo

El Estado Argentino ha experimentado metamorfosis tanto en sus funciones como en su configuración y administración. Al respecto Oszlak (2000:98) señala entre las transformaciones en los noventa la reducción de la Administración Pública Nacional acorde a la política de descentralización iniciada en las dictaduras militares y que en esa época se palpó mucho más con las transferencias totales de servicios de salud y educación, junto a la privatización de las empresas públicas, disminuyendo los aparatos burocráticos. Esto último llevó a la modalidad de contratación del personal mediante la figura de contratos de trabajo a término, dejando de apostarse al trabajo permanente, estable y enmarcado en la seguridad social.
En nuestro país, el trabajo no registrado viene de larga data. Durante los noventa se produce el desprendimiento del aparato productivo (vía la privatización) y de sus órganos de regulación económica (vía desregulación) como también de muchas de sus funciones de apoyo (vía tercerización) según lo indica Hintze (2007:56). Estos procesos adquieren diferentes configuraciones y así como se desplazó la pérdida de la sociedad salarial propia del Estado de bienestar, esta reducción del Estado a un Estado mínimo no estuvo ajena al avance de “la sociedad de la información” ni a las nuevas modalidades que va entramando el capitalismo en su hegemonía, muchas de las cuales, aunque con valores estadísticos menores, aún subsisten. Entre esas figuras se puede ver que en las empresas coexisten diversas relaciones laborales: trabajo a tiempo completo, trabajo a tiempo parcial, trabajo estable y trabajo temporario, trabajo en el núcleo duro de la empresa en red o en estrella y trabajos tercerizados en empresas subsidiarias (subcontratistas, outsourcing, etc.), trabajo individual y personalizado, etc. (Godio, 2007:9).
En los primeros años del Siglo XXI la situación económica se ha revertido a partir de la “salida devaluatoria” Azpiazu, Schorr (2008:2), la cual significa cambios estructurales y un nuevo padrón de acumulación además de que hay una mayor presencia del Estado, acompañada por el crecimiento económico que se conjuga con políticas propulsoras de la defensa de la industria nacional favoreciendo a las Pymes y propiciando la generación del empleo. A este bosquejo se adicionan los impactos negativos de la globalización, por lo cual la OIT expresa y reafirma permanentemente la defensa ante la injusticia, la barbarie, la discriminación por raza o por género, así como la desaparición de las formas de trabajo forzoso que se van tejiendo en las relaciones laborales. Por otro lado la OIT apoya el fortalecimiento del diálogo social, el combate de la informalidad laboral, tratando de cambiar una cultura de evasión de derechos laborales e impulsando no sólo la registración, sino fomentando las inspecciones. En nuestro país, los planes de empleo como el Plan Trabajar (1996) y el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados,⁶ fueron la respuesta ante la acuciante desocupación que se desencadenó primero en los años 1995 y luego la crisis social de nuestro país en el 2001. En general consistieron los planes han sido subsidios directos a desocupados (sujetos a capacitación o contraprestación laboral) o creación de empleos temporarios. En este contexto, la flexibilización avalada por la normativa a través de la Ley 24013⁷ que intentaba la regulación del empleo no registrado como medida de protección del trabajador, condujo sin embargo a situaciones de precariedad laboral en tanto y en cuanto vulnerabilizaba el lazo que unía al trabajador con el puesto de trabajo al garantizar modalidades de contrato laboral endebles, eventuales, por tiempo determinado y de temporada, y contratos de práctica laboral y formación para jóvenes que se desvirtuaron en las relaciones contractuales volviéndolas aún más desigual. El énfasis estaba puesto en la registración independientemente de la calidad del empleo, volviendo dispar la inserción laboral aunque la tarea no lo fuera, aspecto que fue provocando mayor preocupación a partir de la reactivación económica de la última década porque no se lograba superar las relaciones contractuales de flexibilidad en la legislación laboral vigente.

3.1. La realidad entrerriana
En la realidad entrerriana las mismas medidas económicas o macro–económicas tomadas en los años noventa, incidieron tanto en la pérdida de la participación relativa de las Pymes en el PBG, como en la consecuente privatización de empresas estatales y el quiebre de bancos que implicaron despido de personal asalariado. El proceso de reestructuración económica incidió fuertemente en el mercado de trabajo local, siendo una de las manifestaciones la precariedad laboral, el trabajo en negro y la subocupación, con valores crecientes a partir de la segunda mitad de la década de los ’90, y agudizándose aún más en los primeros años del nuevo milenio, con la crisis profunda vivenciada entre el 2000–2002 y su “cola” en el 2003. En las diferentes realidades territoriales de nuestra Argentina, y ante la debilidad del mercado laboral, se sumaron los cierres de firmas (principalmente industriales o de supermercados) que no pudieron hacer frente a la competencia externa, vendiendo y cerrando sus puertas; todo esto acompañado por la profunda —y creciente— concentración de la actividad económica en manos de grandes empresas con capitales trasnacionales (principalmente en el comercio y en los servicios) con acciones especulativas y utilización de capitales golondrinas. Precisamente en Paraná y Concordia se pudo apreciar cómo empresarios locales vendían sus cadenas de supermercados (Abud, Los Hermanitos) a empresas extranjeras.
En el sector agrario el proceso de cambio productivo estuvo presente y el modelo productivo estuvo inducido por el cambio tecnológico, denominado “Modelo de coordinación en red” por Bisang, Anlló y Campi (2008:5). Los propietarios de tierras pasaron a ser oferentes de un insumo dejando de actuar como coordinadores de la producción. El insumo estratégico deja de ser exclusivamente la tierra, para compartir su lugar con el “paquete tecnológico”, que no se sustenta en el saber tácito del productor–empresario. El proceso de concentración de la tierra se acentúa a nivel provincial según lo indica la variación intercensal 1988–2008⁸ que estima la absorción de casi un 5 % del total de las explotaciones agropecuarias (todas de menos de 100 hectáreas de titularidad de pequeños productores) por parte de propietarios de campos de más de 1000 hectáreas; y luego de la crisis los capitales financieros retornan y se instalan como uno de los principales y más redituables negocios en la década del 2000.
En algunos casos, las tierras pasan a manos de compañías extranjeras y surgen nuevas formas de cultivos. En Concordia, al perfil citrícola se le suma el cultivo del arándano, que según Reta y Mingo (2010:67) requiere de mano de obra de baja calificación, que emigra de otras localidades a tal fin y en algunos casos “se queda” luego asentado en Concordia y en otras oportunidades incorpora a menores de edad de la zona, lo cual se transforma en otro problema pues la precariedad y el trabajo temporal son las formas de contratación.

3.2. El contexto posconvertibilidad
Desde el plano institucional la inestabilidad económica y política estuvo atravesada por la movilidad social que llevó al ex Presidente De la Rúa a renunciar el 20 de diciembre de 2001, ocasión en que, luego de varios mandatos presidenciales provisionales, el Congreso elige a Duhalde como presidente de una etapa de transitoriedad. Ante la crisis y aumento de la pobreza y la desocupación, el gobierno de transición de Duhalde, con el apoyo financiero del Banco Mundial, lanza el programa de contención social conocido como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que hasta 2010 tuvo vigencia, aunque con valores ya carcomidos por la inflación, especialmente en los últimos años.
En la Argentina comienza a consolidarse una situación de reactivación económica rompiendo con la tendencia negativa iniciada a partir de 1999. Así, a fines de los años 2002/2003 se reinicia un crecimiento del consumo privado, con una estrategia exportadora y con la reactivación de la construcción pública y privada, sumadas a los efectos multiplicadores de la mayor rentabilidad del sector exportador al tener precios más competitivos por el dólar alto y deudas pesificadas. Esto, entre otros síntomas, coadyuva a modificar ciertas reglas del mercado laboral que llevaron a una reactivación y crecimiento de la economía. Tras el período de convertibilidad y con las modificaciones en la legislación laboral tendientes a favorecer la flexibilidad impulsada en dicho período, surgieron una batería de medidas implementadas desde el Estado (entre las que se pueden mencionar los programas de empleo transitorio, los programas de capacitación laboral y los subsidios a la creación de empleo), sin que lograran los efectos deseados de menguar la presencia de trabajo no registrado.
El importante dinamismo mejora las tasas de empleo, pero dentro de ellas el empleo no registrado adquiere —incluso en contextos de crecimiento económico — un marcado relieve. Entre otras derivaciones, revela las limitaciones de la actual estructura económica para generar empleo de calidad y como sostiene Gálvez (2006:78) está “la diversidad de contratos, la diversidad de lugares de trabajo, como la diversidad de jornadas laborales”. Sin duda, ello responde a diversos factores estructurales que se fueron gestando a lo largo de las últimas décadas, entre los cuales se destacan los relacionados con el insuficiente desarrollo del sector formal, los cambios introducidos en la organización de la producción y la organización, englobados por Yañez (2007:14) como formas de la “flexibilización funcional”⁹ (mercantilización, subcontratación, cambio de tareas). A todo ello se suma la orientación de las políticas económicas aplicadas durante el régimen de convertibilidad (patrón de crecimiento económico adverso a la producción interna, flexibilización laboral, desarticulación de la inspección laboral). Por estos motivos, difícilmente pueda atribuirse a las condiciones macroeconómicas de posconvertibilidad que perdure el empleo no registrado, siendo que decreció desde un 48,9 % en el 4º trimestre del 2004 hasta 36,3 % en el 3º trimestre del 2008 (EPH, INDEC).
En sus primeros momentos se asociaba al empleo precario con el sector informal, con la franja del aparato productivo sustentada por un conjunto de trabajadores pobres, los “informales”, operativos y de baja calificación. Hoy en día, puede existir trabajo precario por las formas contractuales, sin que los empleos contratados tengan relación con tareas precarias, pero si hay ausencia de derechos (OIT). Precisamente, al esfumarse los lazos de la sociedad salarial y presentarse, en términos de Castel (2008:3) una “inflación de riesgo” para la cual no existe una solución radical, surgen modificaciones en la propia conformación del mercado de trabajo (Schleser, 2009:66) y se ve desdibujado el umbral para definir lo que es un trabajador precario, lo cual se convierte en un problema estructural. En nuestro país se han impulsado y se sigue estimulando, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación —como lo anunció el respectivo Ministro en el año 2004— políticas activas haciendo eje en el empleo y otorgándole a las partes —actores sindicales y empresariales— la posibilidad de discutir las políticas de salario mínimo, en un marco de promoción de la negociación colectiva, el estímulo simultáneo al mercado interno y a la obra pública, que se consideran tan importantes para la creación de empleo y la promoción de las inversiones.
Otro eje central planteado como meta por el Ministerio de Trabajo en el Forum de Barcelona (2004) estaba en relación con el trabajo decente, a cumplirse dentro de las metas del milenio de la ONU, asociado con adquirir un empleo de calidad, en términos de la OIT. Se lo expresó de la siguiente manera:

La lucha contra el trabajo no registrado es una línea de acción en la que estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo de gestión, asumiendo el compromiso de identificar, persuadir o sancionar a quienes condenan a nuestros compatriotas a situaciones de eximia vulnerabilidad. Esta centralidad del empleo de calidad ha sido acogida por una ley que dispone la inclusión del trabajo decente en todas las políticas públicas, la cual se concreta con el apoyo mayoritario del Parlamento.

En el mercado de trabajo se materializa una práctica: el sector empresarial trata de transgredir las reglas formales del sistema de la seguridad social y, por ende, colabora a aumentar la precariedad laboral. En este caso, la informalidad de la inserción laboral se define por la ausencia de sujeción a las normativas laborales e impositivas. La variable proxi para definirlas es la no registración en la seguridad social, cuando existe la dependencia laboral, ya sea con un particular o muchas veces con el propio Estado. Así, las relaciones laborales se vuelven confusas y asimétricas (Gastaldi, 2003). Ciertos sectores o grupos quedan afuera de la formalidad y comienza a cobrar fuerza la informalidad como modo de relación contractual implícita. Como resultado, una franja del aparato productivo emerge, como conjunto de trabajadores pobres, los informales (Castel, 2004:32), y como tendencia instalada en la estructura económica argentina (Schleser, 2009:70).
La inserción frágil está referida a características ocupacionales que impulsan o al menos facilitan la exclusión del trabajador del marco de su ocupación y se expresan en la participación intermitente en la actividad laboral. Asimismo, se refleja en la existencia de condiciones contractuales que no garantizan la permanencia de la relación de dependencia (contratos de tiempo parcial, eventual y otras modalidades restringidas, no sujeción a la percepción de indemnización por despido, etc.) así como en el desempleo, o en el empleo en ocupaciones en vías de desaparición (Neffa, 2006; Beccaria, 2007) o de carácter redundante en términos de las necesidades del aparato productivo, con independencia del carácter legal de las mismas. Con el tiempo, algunos sectores de la economía privada que se reactivan, apelan a la contratación de la mano de obra utilizando la estrategia de la mercantilización de los puestos de trabajo vía la contratación por agencias (Neffa, 2006). Ejemplo de ello es la tercerización de los trenes que ha realizado la Unión Ferroviaria en Buenos Aires.¹⁰ En este marco, se genera una situación confusa en la que el empleado trabaja en un lugar, pero su contratante no está allí, lo cual provoca incertidumbre y debilidad por un lado, y por otro, se fragua el pago de las cargas impositivas que conforman el costo laboral, lo cual lleva a que la economía informal sea atractiva en la concentración de la riqueza. Hay una despersonalización del esquema gerencial propio del capitalismo, no se sabe dónde está y quién es, quien tiene los bienes patrimoniales de la empresa y se crea una relación laboral donde una de las partes —el management— es una abstracción (De la Garza Toledo y Neffa, 2001). El núcleo duro que agolpa la mayor proporción del trabajo no registrado se instala principalmente hasta 2010 entre trabajadores de sectores como la construcción, la gran industria textil y la del cuero, empresas públicas o privatizadas, oficinas de los estados (pasantes y contratados) microemprendedores y transnacionales. También en el sector de los servicios, con las empleadas domésticas, call centers, camareras, encuestadores, y repartidores en moto. Sin dejar de mencionar a los peones rurales que seguían trabajando en formas muy precarias, a tiempo parcial en recolecciones puntuales de cultivos (Mingo, Sarrot, Sione y Otros, 2009).¹¹

3.3. Medidas ante la crisis internacional
A partir del 26 de noviembre de 2008, luego de reconocida la crisis financiera internacional la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto de las siguientes acciones: i) creación de un Ministerio de Producción; ii) paquete anticrisis integrado por tres herramientas: moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro; blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las Pymes; blanqueo y repatriación de capitales; iii) créditos públicos de fomento a la producción y al consumo (para adquisición de electrodomésticos, automóviles, camiones, Pymes, campo, industria, turismo y bienes de consumo; iv) plan de obra pública con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000 empleos.
Durante la crisis internacional, no utilizar al mercado de trabajo como variable de ajuste y abocarse a sostener el empleo e implementar medidas para reactivar la economía hizo que el impacto sea menor de lo esperado y coadyuvó a que, al 2010, se recuperaran los puestos perdidos durante la crisis. Desde el Ministerio de Trabajo se afirma que “tampoco alcanza con esa articulación vertical de implementación de políticas y tenemos que avanzar en la articulación horizontal con los actores sociales, con los sindicatos y los empleadores, para que haya más empleo registrado” (Tomada, 2010). En el Informe Nacional sobre el Impacto Social de La Globalización en Argentina —Resumen Ejecutivo— (cit. en Novik, 2009) se sostiene que:

Como consecuencia de la intervención del gobierno en la regulación del mercado de trabajo en los últimos 6 años se ha logrado en Argentina una fuerte recuperación de gran parte de los indicadores laborales, tanto en nivel de empleo y su calidad, como del nivel de ingresos y su distribución. (…) que para una mejor inserción de Argentina se deben respetar nuestras particularidades en un sistema comercial más equitativo y que para ello se requiere revisar los objetivos, herramientas y acciones de las instituciones multilaterales y de las políticas financieras. (…) durante estos últimos años, Argentina ha recuperado y optado por hacer uso del margen de maniobra que existe en un mundo global para desarrollar políticas públicas nacionales. Distintos instrumentos de política, tanto macroeconómicos, como sectoriales, laborales y tecnológicos, entre otros, han cobrado relevancia.

Al igual que Novik aunque con una visión menos optimista, Salvia (2007) plantea revisar parte del sistema comercial refiriéndose al heterogéneo entramado con que se ha ido configurando el mercado de trabajo segmentado y débil, desde una economía de la pobreza con formas de subsistencia colectivas. Al respecto el autor expresa que ello:

se hace evidente cuando se confirma que el 50 % de los ocupados se encuentra inserto en el mercado secundario o terciario dominado por la informalidad laboral, y que el 35 % lo está en el mercado primario privado, mientras que el 15 % está en el sector público.

Precisamente el comportamiento laboral durante la crisis internacional desatada en el año 2008 en EE. UU. evidencia en el segundo trimestre del año 2009 que la tasa de empleo bajó de un 42,3 % a un 41,8 %, y en el tercer trimestre los valores fueron similares en los aglomerados urbanos (EPH/INDEC). Dicho en otros términos, la creación de empleo se fue desacelerando con el correr del tiempo y esto provocó que menor número de personas activas se incorporen al mercado o lo hagan en muchos casos en condiciones de precariedad. En 2010 la inflación se fue tornando, y continúa siéndolo, una variable que incide directamente en el salario real, por la fuerte relación que tiene en los alimentos y en momentos donde las economías del mundo aún no salen del estancamiento, el proceso inflacionario ascendente junto con el fenómeno del desempleo por la retracción del consumo, actúan negativamente en los trabajadores, como también en los pobres estructurales pendientes de programas sociales (Salvia, 2010; Lousteau, 2011). Ejemplo de ello fue la presentación de legisladores de la oposición al gobierno (Roy Cortina, del Partido Socialista) buscando la actualización del subsidio de la Asignación Universal por Hijo.¹²
En este sentido la lucha por un mejoramiento de la remuneración de los trabajadores es una proclama que los sindicatos tienen. En dicha búsqueda debe primar el diálogo social en el trinomio de acuerdos Estado–empresarios–Sindicatos o Gremios, a fin de alcanzar valores acordes con el ritmo de inflación en que se vive. En el caso de Gran Paraná y Concordia, la crisis financiera internacional no impactó de manera significativa en el empleo como ocurrió en otros centros urbanos como Córdoba o Rosario donde, por ejemplo el complejo industrial metalmecánico y automotriz llegó a suspender personal y a despedir temporarios (Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, 2009). Sin embargo en los aglomerados Gran Paraná y Concordia hubo casos de reducción de jornada laboral y cese de horas extras. Por otro lado se dieron casos puntuales de intervención del gobierno provincial para auxiliar despidos con el pago de subsidios, puntualmente en el sector de trabajadores de algunos frigoríficos (El Diario de Paraná, 2009). En el sector comercio se apreció a fines de 2008 y principios de 2009, un período de ausencia de créditos para el consumo y una reducción de los planes de pago aplicados por las tarjetas de créditos, con un impacto directo en las ventas. En Paraná se elaboraron acuerdos entre la Dirección de Trabajo Provincial, los gremios y los empresarios del rubro “tiendas de electrodomésticos” para evitar despidos en el sector. Se sumó a esto los efectos de los coletazos de la crisis financiera internacional donde los bancos se pusieron “más exquisitos” a la hora de prestar dinero, siendo mucho más difícil acceder a financiamiento tanto por particulares, como por Pymes que tienen su fortaleza en estas ciudades.
Siguiendo a Krugman (2007:64), podemos argumentar que la crisis económica se muestra con la complejidad de grandes problemas, cuyos efectos se exteriorizan con consecuencias adversas para las sociedades en general, y más para los países en vías de desarrollo. Entre sus manifestaciones más claras podemos mencionar: la pérdida de capital social, mayor concentración del ingreso y reducción del empleo, dejando a nuevos sectores y a los más vulnerables en situaciones de riesgo social y pobreza. Debemos ser conscientes de que el crecimiento no puede ser valorado sólo por el criterio del éxito económico. Ignorar el empleo como un objetivo de las políticas y esperar que de alguna manera el crecimiento genere todo el trabajo decente que se necesita, es una receta para el desastre. Sobre la base de políticas macroeconómicas sólidas, también se debe promover una convergencia de inversiones, educación, salud, mercado laboral, desarrollo local y otras políticas para superar el reto de reducir los desequilibrios del trabajo decente y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OIT, Somavía, 2006 y 2010).
Si bien éstas son cuestiones fundamentales a resolver, en este momento nuestro interés está centrado en analizar someramente la gestación de los actuales índices de trabajo no registrado, la incidencia de las crisis sobre el mercado de trabajo a nivel regional y dentro de qué sectores de la economía se podría estar visualizando la mayor afectación, además de hacer mención a algunas políticas anticíclicas que se pudieran estar aplicando para frenar el desempleo y el trabajo en negro.

4. Metodología

De acuerdo con las formas de evaluar al trabajo no registrado como un indicador de déficit de trabajo decente se adopta el marco conceptual elaborado por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe De acuerdo con Pok (2004) los trabajos de Hart¹³ son tomados por la OIT, proyectándose en el análisis de la informalidad a nivel internacional; para América Latina se utiliza la denominación de “ocupaciones de refugios” en el capitalismo periférico. Con los avances del propio sistema capitalista la OIT fue reformulando su definición de informalidad y la ha ampliado, considerando que la economía informal abarca tanto a los trabajadores en el sector informal como a los ocupados informales o no registrados que pueden estar en el sector formal y a esto lo denomina “precariedad laboral”. Se trata de abarcar en el trabajo informal al número total de ocupaciones informales, sean generadas en empresas del sector formal, en las del sector informal, en hogares o en el sector público.
Recurrimos a una definición de sector informal que reproducimos parcialmente en este artículo extraída de la 15° Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de 1993 (OIT, 1993) y que lo describe en términos generales como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleo e ingresos para las personas que participan en esa actividad. Las unidades que componen el sector informal son típicamente pequeñas, con poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción, y en las que las relaciones de empleo, cuando existen, se basan en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales. Si bien la ocupación en el sector informal difiere del número de ocupaciones informales con respecto a las dimensiones por las cuales definen a la informalidad (tipo de unidad productiva, en particular en relación con su tamaño y organización jurídica y tipo de empleo, en términos del grado de protección asociado al mismo), ambos se refieren a distintos aspectos del déficit de trabajo decente.
Para la medición empírica del trabajo no registrado se recurre a los datos que ofrece la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el INDEC y se trabaja con la categoría ocupacional de los asalariados para saber si están o no dentro de la red de seguridad social (si tienen o no aportes para la jubilación y la obra social, vacaciones pagas, aguinaldo) para desde allí hacer las aproximaciones necesarias. Se entiende que quienes no cumplen con estos requisitos pueden identificarse como pertenecientes al grupo de trabajadores no registrados, que además en la encuesta figuran como población activa a la que no se le efectúan descuentos jubilatorios por su labor. Se advierte que ésta es una propuesta de análisis metodológico limitada ya que no abarca a la totalidad del empleo informal, pues se deja de lado a los trabajadores por cuenta propia (el denominado sector informal), muchos de los cuales también forman parte del amplio umbral de la precariedad laboral.
En el presente artículo los datos reprocesados refieren a las mediciones del denominado trabajo no registrado. La población resulta ser entonces todo individuo que en la EPH se declara como ocupado asalariado, según la clasificación entre asalariados con y sin descuento jubilatorio empleada como variable proxy. Se utilizan las bases de datos de los segundos semestres de cada año para la serie 2004–2006 y de los terceros y cuartos trimestres para la serie 2007–2010, sin dejar de tener en cuenta las diferencias metodológicas en el relevamiento de ambos datos al darse un cambio en la modalidad de difusión de las bases de datos usuarias por parte del INDEC.
Las decisiones metodológicas adoptadas fueron las siguientes: 1) excluir de la población asalariada a los ocupados autoidentificados como trabajadores por cuenta propia que trabajan para un solo cliente y a los trabajadores que no perciben salario.
2) excluir también de la población asalariada al trabajo parcialmente registrado, es decir, que una parte del salario se paga en blanco y el resto en negro (el denominado salario en gris) o se registra al trabajador con menores horas que las que efectivamente trabaja.
3) se adoptó al indicador de trabajo no registrado como un indicador de déficit de trabajo decente en concordancia con la propuesta teórico–conceptual elaborada por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe y se acuerda con la propuesta del sistema de indicadores elaborado por Lanari (2004). Indicamos al lector que la categoría trabajo decente como tal es un concepto aún en construcción en el actual estado del debate.

Estas aclaraciones respecto de las decisiones metodológicas, permiten entender la estrategia adoptada a fin de mantener la confiabilidad del dato, aunque en el último período se ha utilizado la disponibilidad de información trimestral ante los conflictos suscitados en el INDEC que son de público conocimiento. En tal sentido y como limitación de la fuente de datos se advierte que las estimaciones empleando series temporales no equidistantes entrañan el riesgo de ocultar la propia estacionalidad de la serie, y por ende, de la fidelidad con la que se mide el fenómeno que se está estudiando.

5. Resultados

De acuerdo con las tablas y gráficos que se presentan en el Anexo de este artículo, se puede observar que existen desigualdades entre los porcentuales de trabajadores no registrados a lo largo de la serie de tiempo 2004–2010. Las fluctuaciones se mantienen en general armónicas para los dos aglomerados bajo estudio, según los procesos económicos y políticos acontecidos en el período analizado: altas tasas al año 2004 fruto de los rezagos de las políticas de convertibilidad de los noventa y ya en la posconvertibilidad arrastrando los efectos de la crisis política del año 2001. En el período 2004– 2007 y con el gobierno de Néstor Kirchner aparece la reactivación económica, y así las políticas de regularización del trabajo no registrado y empleo decente de la OIT comienzan a ser contempladas en la agenda pública, lo que se traduce en un acompasado ritmo de descenso del indicador.
Las mediciones de 2008 con la continuidad política de Cristina Fernández de Kirchner muestran la misma tendencia descendente, pero se plantea como interrogante la dinámica de las tendencias futuras en función de la confrontación política con el sector del agro¹⁴ y los efectos de la crisis financiera mundial. No obstante es en este período cuando se fractura la estigmática barrera 60:40 entre empleo formal e informal que venía caracterizando al país en los últimos tiempos, ya que los aglomerados bajo estudio se posicionan por debajo del umbral del 40 % de empleo no registrado. Las diferencias existentes entre los datos empíricos de los aglomerados Gran Paraná y Concordia hacen que este quiebre del umbral se produzca en años diferentes (años 2005 y 2007 respectivamente). El aglomerado Gran Paraná (ver Tabla 1 y Gráfico 1) logra reducir el trabajo no registrado aunque con una fluctuación muy elevada, mostrando una tendencia oscilante entre períodos distintos y registrando diferencias en más menos 5,4 puntos respecto de su valor promedio. Si analizamos los grandes aglomerados urbanos de la Región Centro, a diferencia de la Provincia de Entre Ríos con sus dos centros urbanos más importantes, las Provincias de Santa Fe y Córdoba muestran mayor paridad en la composición del empleo registrado y no registrado. Esto significa que son el Gran Paraná y Concordia dispares entre sí por la propias diferencias de cada mercado de trabajo y a su vez es Paraná heterogénea con las demás cifras de la Región Centro: en promedio registra el más bajo índice de informalidad en el período 2004–2010 (31,6 %), con un mínimo al año 2009 del (24,1 %) y a su vez es el único aglomerado de la Región Centro que registra un aumento en el 2008 de más de 5 puntos (1 punto equivale a aproximadamente 900 asalariados sin beneficios).¹⁵ En el aglomerado Concordia las cifras son, en términos relativos, siempre más elevadas que las de Gran Paraná (ver Tabla 2 y Gráfico 2). El promedio del período se ubica en los 43,6 puntos de trabajo no registrado en asalariados, con un máximo en el segundo semestre de 2004 (58,1 %) y un mínimo en el tercer trimestre de 2009 (37,1 %). En general, si hablamos del nivel nacional y de los aglomerados puntuales de Gran Paraná y Concordia, en el período 2004–2010 la tendencia es de un descenso constante en los porcentajes de baja del trabajo informal y un crecimiento de los puestos dentro del sistema de la seguridad social, aunque con algunos altibajos.
En septiembre de 2003 se implementó desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, con inspecciones en establecimientos y trabajadores ejecutadas a nivel provincial por la Dirección Provincial del Trabajo, con resultados aceptables para detectar lo que sucede en los sectores informales. Las Oficinas de Empleo Municipal también implementan planes nacionales donde se privilegia la creación de trabajo registrado, con créditos para microemprendimientos y exenciones de cargas laborales para los emprendimientos que generen trabajos en blanco. Hacia 2007 se materializan algunos Planes Territoriales de Promoción del Empleo y mesas de concertación que permiten acuerdos entre quienes ofrecen y demandan empleo. Sectores de la economía que se han reactivado muestran mejor posicionamiento del empleo registrado aunque con dificultades para generar empleo de calidad. Este crecimiento económico vemos que muchas veces es apuntalado con la mano de obra captada por prácticas empleadoras que condicionan la libertad, equidad y seguridad. El trabajo no registrado tiene su correlato directo con déficit de trabajo decente, acentuándose aun más si el indicador se examina desde el género y la conformación de la estructura etaria de los asalariados como dimensiones a considerar en el desarrollo de equidades y protección social.
Como se ha expresado anteriormente, las acciones implementadas desde el Ministerio de Trabajo con las diferentes comisiones oficiales de inspección para intentar detectar trabajo no registrado, tienen sus limitaciones. Dichas acciones sólo pueden tener incidencia en la tercera parte de los ocupados en condiciones de vulnerabilidad ya que se llega con las inspecciones a las unidades productivas, industriales y de servicios que están formalizadas. Esta actividad de control está unida a la incumbencia otorgada a este Ministerio por la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013. Es una ley que otorga el campo de actuación que se tiene para con el empleo, y desde su construcción implícita o doctrinaria, está estructurada desde la perspectiva de lo que encierra el empleo, entonces le confiere ese poder para las inspecciones que se realizan en las empresas declaradas formalmente. Por otra parte, el término trabajo está referido al órgano de contralor, llamado desde tiempo anterior a esta Ley, Ministerio de Trabajo (el que posteriormente se llamará de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) o cuando se alude al contrato de trabajo, denominación arrastrada desde la Ley de Contrato de Trabajo del año 1974.
En Argentina, y en otros países como Perú, dice López (2008) se han dado diferencias de regulación legislativa para las pequeñas y medianas empresas, que han ido desde la simplificación de procedimientos administrativos para las empresas de menor tamaño, hasta la creación de regímenes especiales laborales para las empresas pequeñas, señalando que esto no ha sido un factor para que disminuya la informalidad aunque sí ha posibilitado formalizar la existencia de pequeñas empresas. Esta somera descripción intenta ubicar el campo de acción que se tiene desde la figura del contralor jurídico, o sea, del organismo encargado de realizar el combate del trabajo en negro o no registrado. Volviendo a los datos empíricos, la tasa de trabajo no registrado inflexiona en el año 2008 por los efectos antes contextualizados de la crisis financiera internacional y el conflicto con el campo. Tanto en el aglomerado Gran Paraná como en Concordia se anula la tendencia descendente del indicador que comienza nuevamente a ascender. En 2009, Gran Paraná logra reponerse con la reactivación de algunos sectores económicos como la construcción, la obra pública y un leve incremento salarial del sector público; pero en 2010 se reducen los asalariados teniendo mayor peso relativo los que no tienen beneficios aportados al sistema. No obstante el indicador se encuentra siempre por debajo de la estigmática barrera del 35 % y con una tendencia decreciente en la finalización del 2010, momento de reactivación de actividades gastronómicas y otras ligadas al comercio.
En Concordia, la actividad económica de un mercado de trabajo muy disímil al paranaense muestra que desde 2006 hasta el final de la serie, el trabajo no registrado representa siempre alrededor de un 40 % del total de asalariados, umbral que le cuesta reducir. En este aglomerado sin duda conforman un núcleo duro del trabajo no registrado las actividades ligadas a la recolección de citrus y el arándano, como así también la explotación forestal.

6. Conclusiones

A modo de síntesis, además de mostrar los hallazgos logrados estamos revelando determinadas características de los trabajadores activos que están bajo el régimen de trabajo precario y a partir de las enunciaciones que se realizaron en relación con el trabajo no registrado o informal, entendemos que la Argentina, a pesar de sus vaivenes políticos y económicos, ha desarrollado acciones que se irán consolidando en el transcurso del tiempo. Pero agregamos, enfatizando, que el crecimiento económico necesita acompañarse con procesos de mayor control actuando integralmente los organismos nacionales, provinciales y municipales, e incluso, incorporando a los propios sindicatos o gremios en esta tarea. Siendo nuestro país incierto en cuanto a los alcances de las políticas, es real que en muchas oportunidades existen signos y situaciones históricas (crisis del 2001) que han contribuido a consolidar imaginarios de poca estabilidad para los ciudadanos, situación que atenta contra las garantías de un trabajo digno. En términos absolutos se aprecia que existe un crecimiento en la masa salarial, pero el contexto percibido por los empresarios y hasta por el propio Estado, ha llevado a que dicha mano de obra sea incorporada en el mercado en situaciones de inseguridad e inestabilidad, con contratos muy precarios, por lo que sigue siendo un reto buscar nuevas alternativas.
Seleccionar al trabajo no registrado, como indicador de déficit de trabajo decente, demuestra que el empleo, antes estable, se vio precarizado y flexibilizado progresivamente. El comportamiento del indicador en los principales aglomerados urbanos de Entre Ríos no es muy diferente al que ha tenido a nivel nacional. Las políticas como el Plan Nacional de Regularización del Empleo han mostrado sus frutos en el promedio general, pero también han encontrado mayor reticencia de las empresas a contratar, por las cargas fiscales que implican los asalariados. En lo contextual, las sucesivas crisis analizadas en el período de nuestro recorte (crisis financiera internacional y conflicto con el sector agropecuario, sin considerar efectos del brote de pandemia de Gripe AN1H1 en 2009), no impactaron de manera determinante en el mercado de trabajo pero lo erosionaron, en tanto el crecimiento va acompañado de incertidumbre. Los sectores de la economía que se reactivan evidencian mejor posicionamiento del trabajo registrado o trabajo en blanco, aunque muestran dificultades para ofrecer empleos de calidad.
Cuando los presidentes de los países han firmado los acuerdos del Milenio y han puesto en sus agendas luchar por el trabajo decente, es interesante citar a Godio (2007) cuando afirma que las normas internacionales del trabajo y el tripartismo promovidos por la OIT han jugado un papel central para construir mercados de trabajo nacionales y supranacionales regulados por normas laborales que favorecen la humanización del trabajo y la solidaridad social. La aplicación de las normas laborales a la economía global es lo que se conoce en la economía como “dimensión social de la globalización”. Este legado en las realidades concretas dista mucho de concretarse, aunque existan políticas que tiendan a su disminución. El trabajo decente apela a un marco ético de acuerdo con la postura asumida por la OIT, asociado a una condición cultural que oriente y dé sentido a las transformaciones que se viven en el mundo del trabajo. Es una condición constitutiva y constituyente que no puede estar subordinada a la economía, a sus transformaciones en la globalización y hoy agregamos que no puede estar subordinada a los vaivenes de las crisis financieras. Hemos hecho mención al lugar que tienen las leyes laborales, pero las mismas, per se, no alcanzan a ser un factor de incidencia determinante sobre las formas de empleo y las modalidades de contratación, antes bien será necesario considerar los propios elementos que tiene la macroeconomía vigente en el país, su marcha y evolución a fin de enfocar la política económica de manera acorde con la política de empleo. Precisamente esta vinculación es lo que incide en el ritmo que tiene el mercado de trabajo y sus tasas, pues existe un costo social muy alto cuando aparece la suba del desempleo y esto soslaya muchas veces las formas de la precariedad laboral.
El Estado, con un doble propósito, impulsa la flexibilización laboral como preocupación de la agenda en la década de los noventa intentando por un lado bajar el desempleo, y por otro, apuntalar la competitividad de las empresas (Lanari, 2004). Para ello se realizaron profundos cambios en los institutos laborales bajo el supuesto de que los altos costos del trabajo, impedían la entrada al mercado laboral y encarecían el valor de los productos exportables. A partir de la Ley 25.877 del año 2004 se logra principalmente una mejoría en la indemnización del trabajador y el reconocimiento de los valores pautados por los convenios de trabajo. A partir de la nueva década comienzan a fiscalizase muchas empresas a fin de evaluar las formas de contrato de trabajo y exigir que el trabajador sea registrado desde el comienzo de su relación laboral, aunque sea en su período de prueba. Blanco Rivera (2008:5) estima, al explicar la precariedad laboral y el subempleo, que éstos se deben al aumento de la contratación por fuera del derecho del trabajo, reflejándose en las prácticas de intermediación abusiva de las cooperativas, asociadas a la irregularidad de muchas empresas dedicadas al outsourcing y al abuso de los contratos de prestación de servicios que simulan independencia del prestador. El autor expresa que los gestores del Derecho Laboral conocen las soluciones. Lo que se necesita es la voluntad política para eliminar los usos irregulares que simulan una falsa asociación o una seudo independencia, si queremos hacer realidad el trabajo decente, pues así como el empresario reclama seguridad jurídica para su inversión, el trabajador también tiene derecho a esa misma seguridad, como regla de oro de la democracia capitalista.
Estas ideas muestran la tensión, en el campo económico político, de las luchas de intereses entre sectores diferenciales, tensión en la que se impone como necesario alcanzar el diálogo social que constituya el marco para elaborar acuerdos que apunten a alcanzar las pautas del trabajo decente.

Anexo de cuadros estadísticos

Tabla 1. Aglomerado Gran Paraná. Evolución de la tasa de trabajo no registrado. Período 2004-2010.

Fuente: EPH – INDEC. Elaboración: Equipo de Investigación de la Facultad de Trabajo Social – UNER.

Tabla 2. Aglomerado Concordia. Evolución de la tasa de trabajo no registrado. Período 2004-2010.

Fuente: EPH – INDEC. Elaboración: Equipo de Investigación de la Facultad de Trabajo Social – UNER.

Gráfico 1. Aglomerado Gran Paraná. Evolución de la tasa de trabajo no registrado. Período 2004–2010 (EPH continua)
Fuente: EPH – INDEC.

Gráfico 2. Aglomerado Concordia. Evolución de la tasa de trabajo no registrado. Período 2004–2010 (EPH continua)
Fuente: EPH – INDEC.

Notas

² Krugman, Paul (2011). “Los parados de la crisis... Esa multitud descartable” en The N.Y. Times, 31 de mayo de 2011: “Casi 14 millones de norteamericanos están desempleados, y millones más están atascados con un trabajo a tiempo parcial o trabajos en los que no pueden utilizar sus habilidades. Algunos países europeos están incluso peor: el 21 por ciento de los trabajadores españoles están sin empleo.”

³ Cabe aclarar, y es de público conocimiento, que el INDEC atraviesa una crisis institucional y por tal razón los indicadores trabajados para los Aglomerados Paraná y Concordia referidos al trabajo no registrado serían en principio consistentes hasta el primer trimestre del año 2007, momento en que se produce la intervención del organismo con recambio de la dirección y parte del personal técnico de carrera a cargo de la EPH. La serie del indicador no pudo actualizarse en el período 2007–2009 y recién en 2010 los datos vuelven a estar disponibles en la página web del instituto.

⁴ Trabajo Decente (TD) según la OIT es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral.

⁵ El concepto se extrajo de lo formulado por la OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development, L 197/15 2003) y la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 (sancionada en el año 1991), disponible en: www.oit.org.pe/portal/documentos/ds_argentina_ley24013_leydelempleo.pdf.

⁶ Anteriormente, el programa TRABAJAR nace en 1996, como un sucesor del “Programa Intensivo de Trabajo” (PIT) creado en el año 1993 cuya propuesta provino del Banco Mundial. El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJHO) es creado por el Poder Ejecutivo en el año 2002. Ronconi Lucas. Fundación Gobierno y Sociedad. Documento N° 63.

⁷ Ley Nacional de Empleo sancionada el 13/11/1991.

⁸ Datos del INDEC a partir de la comparación de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2008.

⁹ Flexibilidad funcional: capacidad para redistribuir trabajadores entre un amplio rango de tareas para hacer frente a los cambios en el producto, en los métodos de producción y en la tecnología con la rapidez exigida en el mercado.

¹⁰ En el año 2010 octubre, la lucha por dejar atrás la tercerización de los trabajadores ferroviarios le costó la vida a Mariano Ferreira (estudiante de CBC) en un enfrentamiento con el grupo duro de sindicalistas de la Unión Ferroviaria transformados en Empresarios cuyo dirigente máximo era Pedraza.

¹¹ Las ramas de actividad de mayor precariedad se extraen de la Investigación “Del trabajo real al trabajo decente: indicadores de distancia, conceptos y simbolizaciones en la Región Centro” (Facultad de Trabajo Social, UNER, 2009) en base a los microdatos procesados de la EPH/INDEC para los aglomerados urbanos Gran Paraná y Concordia.

¹² La Asignación Universal por hijo es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Consiste en el pago mensual de 220 pesos para niños menores de 18 años y de 880 pesos para chicos discapacitados sin límite de edad (valores actualizados al año 2010). Esta asignación fue creada por medio del decreto Nro. 1602/09, del Poder Ejecutivo Nacional, y comenzó a regir a partir del 1ro. de noviembre de 2009. En 2010, 3 500 000 chicos y adolescentes son beneficiados con esta asignación.

¹³ Hart refiriéndose a África encuentra una serie de trabajadores pobres (los informales) que forman parte del aparato productivo.

¹⁴ Tras la Resolución Nº 125 del Ministerio de Economía en Marzo de 2008 se dispone de un esquema de retenciones móviles que incrementa las alícuotas a las exportaciones agropecuarias entre un 7 % y 9 % para las oleaginosas de mayor producción (girasol y soja) generando una inmediata reacción del sector encolumnado en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, manteniendo un conflicto político que duró 129 días hasta la derogación de la norma, pero con secuelas de desacuerdos entre gobierno–agro que se mantienen hasta la actualidad.

¹⁵ Las comparaciones de los aglomerados Gran Paraná y Concordia con el resto de los aglomerados de la Región Centro se extraen de la Investigación “Del trabajo real al trabajo decente: indicadores de distancia, conceptos y simbolizaciones en la Región Centro” (Mingo, Sarrot, Sione y otros, Facultad de Trabajo Social, UNER, 2009).

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