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Pampa (Santa Fe)

versión On-line ISSN 2314-0208

Pampa  no.14 Santa Fe dic. 2016

 

ARTÍCULOS

La Comisión Nacional de Fomento Rural y su resistencia como sujeto colectivo «alternativo» en el agro uruguayo (1999-2014)

 

Virginia Rossi y Jorge Notaro

Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni (EEMAC), Facultad de Agronomía, Universidad de la República (UDELAR)
E-mail: virossi@fagro.edu.uy

Núcleo Interdisciplinario de Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos colectivos.
E-mail: jnotaro@netgate.com.uy

Fecha de recepción: 10 | 12 | 2014
Fecha de aceptación final: 03 | 08 | 2015


RESUMEN

El agro vive un proceso de cambios profundos y en este marco reaparece la discusión sobre el papel de la producción familiar en Uruguay. Esta investigación conceptualiza esta producción y profundiza en la dimensión colectiva del concepto de resistencia en el accionar de los productores familiares organizados en respuesta a la dinámica de cambios ocurridos en los últimos años, en particular el período 1999 - 2014. Se analiza la acción desarrollada por la Comisión Nacional de Fomento Rural en defensa de los intereses de los productores familiares, se relevan sus reivindicaciones y propuestas, las políticas de apoyo realizadas por el Estado así como sus relaciones con otros sujetos colectivos y organizaciones políticas de Uruguay y América Latina. Los resultados del período muestran éxitos y fracasos, el principal indicador de éxito de la resistencia, entendida como seguir viviendo y produciendo como productores familiares, son los más de 24 mil productores familiares que integran el registro ministerial de productores/as agropecuarios/as familiares, que son la mayor parte de los productores del país. Las demandas de esta organización no impidieron el proceso de concentración y extranjerización, pero lo enlentecieron contribuyendo a aumentar la resistencia de los que aún quedan, por ejemplo, organizados para acceder a la tierra a través del Instituto Nacional de Colonización.

Palabras clave: Agricultura familiar; Comisión Nacional de Fomento Rural; Políticas públicas; Resistencia colectiva.

SUMMARY

The Comisión Nacional de Fomento Rural and its resistance as «alternative» collective subject in Uruguayan agro (1999-2014)

The agro lives a time of profound changes and reappears, in this framework, the discussion of the role of family farming in Uruguay. This research conceptualizes this production and delves into the collective dimension of the concept of resistance in the actions of family farmers organized in response to the dynamics of changes in recent years, in particular the period from 1999 to 2014. It analyzes the measures taken by the Comisión Nacional de Fomento Rural in defense of the interests of family farmers, for what it gathers their claims and proposals, the support policies from the State, and its relations with other collective subjects and political organizations of Uruguay and Latin America. The results of the period show successes and failures, the main success indicator of the resistance, understood as continue living and producing as family farmers, are those more than 24 thousand family farmers that form the ministerial register of family farmers, which are most of the country’s producers. The demands of this organization did not prevent the process of concentration and foreign ownership, but slowed it down helping to increase the resistance of those who still remain, for example, organized in order to access land through the Instituto Nacional de Colonización.

Key words: Family farming; Comisión Nacional de Fomento Rural; Public policies; Collective resistance.


 

«Por suerte la economía moderna no va a poder hacer desaparecer a los campesinos, porque es una cosa más terca que he visto arriba de la tierra: tienen una capacidad de sobrevivencia de carácter fenomenal, resisten los desaguisados de la humanidad porque son una forma de vida.»
(Mujica, 2005)

1. Introducción

El principal objetivo de esta investigación es analizar el accionar de los productores familiares organizados en Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR)1 durante el actual ciclo económico (1999-2014), considerando sus prácticas discursivas como principal estrategia de resistencia colectiva frente a los cambios ocurridos en los últimos años. Los productores familiares2 pueden ser considerados sujetos colectivos alternativos al agronegocio en el Uruguay de hoy. La discusión sobre el papel de la producción familiar en Uruguay, al igual que en otras realidades latinoamericanas, reaparece en los últimos años resignificada y formando parte del discurso oficial del desarrollo sustentable, tanto desde los ámbitos políticos como desde los académicos. Nuevos paradigmas consideran a la producción familiar, a la agricultura ecológica y a la agroecología como proyecto alternativo, apuntando al desarrollo rural sustentable. Si bien existen muchas definiciones de agricultura sustentable, ciertos rasgos son comunes a la mayoría: producción estable y eficiente de recursos productivos, seguridad y autosuficiencia alimentaria, uso de prácticas agroecológicas o tradicionales de manejo, preservación de la cultura local y de la pequeña propiedad, un alto nivel de participación y autogestión de la comunidad en decidir la dirección de su propio desarrollo agrícola, conservación y regeneración de los recursos naturales, entre otros (Altieri y Nichols, 2000).
A continuación se describe el marco teórico metodológico utilizado y los principales antecedentes (en 2). Luego se presenta la evolución de las actividades agropecuarias y las principales políticas públicas que la afectaron, aspectos del contexto que contribuyen a explicar la evolución de la producción familiar durante el período analizado (en 3). Se presentan las claves de su discurso, sus demandas y propuestas al Estado, sus relaciones con otros sujetos colectivos y organizaciones políticas de Uruguay y América Latina así como las políticas de apoyo instrumentadas por el Estado (en 4). Por último se presentan las conclusiones finales (en 5).

2. Marco teórico metodológico

Se propone una lectura de la cuestión agraria uruguaya a través del conflicto establecido entre representantes de dos modelos excluyentes de desarrollo, el del agronegocio (dominante, cuyos agentes actúan para conservar y mejorar esa dominación) y el de la producción familiar (dominado, cuyos agentes resisten a esa dominación). Se definen las tres categorías centrales, producción familiar (en 2.1), formas de resistencia (en 2.2) y prácticas discursivas (en 2.3). Se consideran las particularidades del caso uruguayo (en 2.4) y se explicitan las fuentes, indicadores y los principales aspectos metodológicos del estudio (en 2.5).

2.1. Agronegocio y producción familiar

Bernardo Mançano Fernandes reconoce dos modelos de desarrollo que nacen en conflicto y son excluyentes: el modelo del agronegocio y el modelo del campesinado o de la producción familiar3. El agronegocio se desarrolla esencialmente a partir del monocultivo a gran escala, disponiendo de agrotóxicos y semillas transgénicas, con alta mecanización y utilizando trabajo asalariado; la mercancía es el objetivo central y la expresión del territorio del agronegocio. El modelo campesino se caracteriza por la diversidad de elementos que lo componen y su expresión es la vida; se caracteriza por la presencia de las personas que lo construyen y por la producción de alimentos y mercancías (Mançano Fernandes, 2009).
En este sentido, es posible articular la propuesta de modelos de desarrollo de Mançano Fernandes con la noción de sujetos colectivos de Acosta et al., la de campos de poder de Bourdieu y con las condiciones para identificar las acciones colectivas de las organizaciones agrarias de Moyano. La noción de «sujetos colectivos» se utiliza para enfatizar en la capacidad de agencia o acción social de la producción familiar desde la CNFR, en tanto «nucleamiento de personas, organizadas para su participación e incidencia en los diferentes ámbitos y cuestiones de la vida social» (Acosta et al., 2011, p. 13)4. Pierre Bourdieu (1999) concibe estos ámbitos como campos de poder o campos de acción socialmente construidos («microcosmos estructurados»),
mundos relativamente autónomos5 que integran necesidades y estrategias de agentes de diferente orden, que se «enfrentan para tener acceso al intercambio y conservar o transformar la relación de fuerza vigente» (Bourdieu, 2001, p. 227). Dice el autor:

(…) el mundo social se presenta como un sistema simbólico que está organizado según la lógica de la diferencia, de la distancia diferencial. El espacio social tiende a funcionar como un espacio simbólico, un espacio de estilos de vida y de grupos de estatus, caracterizados por diferentes estilos de vida (1988, p. 136)

Desde el punto de vista relacional, dentro de un campo de poder se establece entonces una situación de lucha de una manera dialéctica6: (i) desde el interés (illusio) de dominar o de conservar posiciones ya adquiridas, por parte de los agentes predominantes en el campo, y que pueden ser personificados en estas reflexiones por el agronegocio; (ii) desde la resistencia a dicha dominación ejercida por los agentes que son dominados, en este caso los productores familiares organizados en CNFR (es decir, su prácticas y sus estrategias de «subversión»). Para la conceptualización de la producción familiar el estudio se remite a la propuesta elaborada en Uruguay por investigadores del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) que rescata los estudios de Alexander Chayanov y se centra en el tipo de relación capital/trabajo. Astori et al. (1982) proponen que en la medida en que el objetivo económico de este tipo de unidades productivas sea maximizar el consumo en base a la autoexplotación del trabajo familiar7, se pueden considerar de tipo campesino incluso cuando utilicen en forma parcial o transitoria trabajo asalariado. Señalan que el carácter familiar de estas unidades productivas es lo que las diferencia de la agricultura típicamente capitalista, y permite caracterizarlas como «una comunidad de trabajo, producción y consumo, donde el eje de referencia es la familia» (CIEDUR, 1983). En la misma línea, para las condiciones de Uruguay, Diego Piñeiro (1985) señala que «campesino», «pequeño productor» y «agricultor familiar», son términos que pueden llegar a designar «un sólo sujeto social con tres nombres distintos». También caracteriza la producción familiar por ser una forma de producción y reproducción que combina el trabajo familiar sobre la tierra en vinculación a los distintos mercados, pudiendo acumular capital e incluso alguno de sus miembros tener inserción en el mundo del trabajo asalariado (Piñeiro, 2004a; 2008).
En este sentido, para la delimitación de la categoría «producción familiar» en esta investigación también se tienen en cuenta los criterios regionales y nacionales. La Coordinadora de Organizaciones de agricultores familiares del MERCOSUR (COPRO-
FAM) y la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF)8 definieron cuatro criterios para identificar la agricultura familiar en la región: a) el lugar de residencia; b) la participación del trabajo familiar y no familiar; c) la generación de ingreso; d) referidos a los límites de la definición de agricultura familiar (Figari, Rossi, González, 2008). En el Uruguay desde 2008 se considera oficialmente como Productor o Productora Agropecuario/a Familiar a todas aquellas personas físicas que cumplan simultáneamente con cuatro requisitos9, realizar la explotación agropecuaria con la colaboración como máximo de hasta dos asalariados permanentes o su equivalente; hasta 500 ha índice CONEAT 100, bajo cualquier forma de tenencia; residir en la explotación o a una distancia no mayor a 50 km; ingresos no generados por la actividad declarada inferiores o iguales a 14 BPC10 mensuales. En marzo 2014 se establecieron dos excepciones para lograr la condición de productor familiar: a) para los que declaren como rubro principal las producciones hortícolas, frutícolas y vitícolas el máximo de hasta dos asalariados permanentes o su equivalente se sustituye por «realizar la explotación agropecuaria o actividad productiva agraria con la contratación de mano de obra asalariada no familiar por un equivalente de hasta 1250 jornadas zafrales anuales»; b) para quienes declaren como rubro principal la producción apícola se sustituyen los requisitos de tamaña máximo y de residencia por «contar con un máximo de 1000 colmenas».

2.2. Formas de resistencia de la producción familiar
A partir de los planteos teóricos de Karl Marx, los campesinos fueron vistos como resabios del modo feudal de producción y predominó la idea de que necesariamente dejarían de serlo, para evolucionar hacia la condición de asalariados (serían por lo tanto despojados de la tierra). Sin embargo, estudios pioneros de la Agronomía Social11, realizados por Chayanov (1985[1925]), demostraron que el modo de producción campesino se organizaba a partir de una unidad económica distinta de la capitalista, y podía articularse a su vez a una economía también distinta. Las observaciones e interpretaciones de Chayanov sobre el funcionamiento de la familia
campesina, dieron lugar desde entonces a controversias y encontrados debates sobre el valor estratégico de las unidades familiares12 en la transformación social, así como el verdadero sentido de esta posible «articulación». Aún hoy se debate en torno a la existencia o no de un modo de producción campesino y sobre sus posibilidades de articulación con el modo de producción capitalista. Este tipo de desacuerdos teóricos dieron origen al título de una de las obras de Teodor Shanin, que denominó al campesinado como «la clase incómoda» señalando que «la unidad doméstica campesina funciona como una pequeña unidad de producción de recursos muy limitados, estando sujeta en gran manera a las poderosas fuerzas de la naturaleza, el mercado y el Estado»13 (1983, p. 161).
De acuerdo con Armando Bartra (2008), entre otras muchas distorsiones asociadas a la aplicación del capitalismo en el agro, éste ha tenido que «traicionarse a sí mismo», estableciendo mecanismos de excepción, cuyas diversas variantes tienen en común que ponen límites a la operación irrestricta del mercado. Investigaciones sobre la persistencia de la producción familiar en América Latina vinculan sus posibilidades de emergencia y consolidación a: (i) el carácter mercantil de las unidades familiares de producción; (ii) el aprovechamiento de los recursos estatales; y (iii) a sus formas singulares de socialización (Murmis y Feldman, 2005, p. 39). Por otra parte, el concepto de «resistencia de la agricultura familiar en el sistema de mercado» fue propuesto por Piñeiro (1985), enfatizando los aspectos económicos de la misma y diferenciando dos niveles o formas de resistencia, el colectivo y el individual.

Resistencia puede verse como todas aquellas formas de acción, sean colectivas o individuales, ejercidas por miembros de una clase subordinada, que limitan la extracción de excedentes o que son capaces de afectar la intensidad con la cual el excedente es extraído (Piñeiro, 1985, p. 24)

Apelando a la «permanencia histórica» de los pequeños productores familiares, varios autores también refieren al concepto de resistencia como una «resistencia social». Se toma como referencia a Horacio Martins de Carvalho (2002), que estudiando el caso brasilero propuso el concepto de Comunidad de Resistencia y Superación como

luchar para permanecer comopequeño agricultor familiar en las condiciones económicas impuestas por las clases dominantes, lo que exige reafirmar sus significados históricos de vida individual, sus identidades sociales construidas sea por sus biografías o sea por los significados simbólicos que la cultura colectiva vivida les proporcionó (p. 11).

Investigaciones más recientes sobre la acción colectiva en el campo latinoamericano, retoman y revisan el concepto de resistencia a nivel colectivo, apelando a los aportes de Pierre Bourdieu (1988), que considera las relaciones de fuerza y los diferentes tipos de capital que movilizan los grupos sociales (ya sea capital económico, cultural, social, simbólico); y de Massimo Modonesi (2010) que distingue distintas formas de resistencia: la subalterna, cuando se mantiene al interior de una forma de dominación; y la antagonista, cuando tiende a rebasar el marco hegemónico establecido, es decir, desarrolla dispositivos estratégicos con los cuales busca revertir y superar la relación de dominación en que se encuentra.
Eduardo Moyano (2003), refiriéndose a las organizaciones agrarias españolas, establece tres condiciones que identifican sus acciones colectivas: (i) la naturaleza integral de la finalidad de la organización, en la medida que representa todos los intereses de su base social; (ii) la universalidad de su actividad, en la medida que dirigen sus acciones a un colectivo de referencia que es más amplio que su propia base social de afiliados; y (iii) la naturaleza ideológica de su discurso, emergente de un sistema de intereses y valores compartidos al interior de la organización y que puede formar parte de cosmovisiones del mundo de naturaleza más amplia.

2.3. Las prácticas discursivas
Siguiendo a Julieta Haidar (2000) se utilizan de manera homóloga las categorías de «discurso» y «práctica discursiva». La misma autora señala que, en relación a las demás prácticas, los discursos son prácticas sociales peculiares, porque al ser constitutivos y constituyentes del conjunto de prácticas socio-histórico- culturales, inciden de manera determinante en la producción y reproducción de la vida social. Así, siguiendo la perspectiva de Bourdieu, lo social está siempre presente en un doble sentido, considerando a la vez estructuras sociales externas («lo social hecho cosa»)14 e internas («lo social hecho cuerpo»). Si bien hay diferentes perspectivas, para Bourdieu la autoridad del discurso no reside en sus propiedades intrínsecas, sino en las condiciones sociales de producción y reproducción, la distribución del conocimiento entre las clases sociales y del reconocimiento de las prácticas discursivas legítimas. Al estar todas las prácticas sociales atravesadas en mayor o menor medida por el poder, las prácticas discursivas constituyen una modalidad específica de funcionamiento del poder (Haidar, 2006).
Una definición operativa e interdisciplinaria sobre las prácticas discursivas es la que entiende que las mismas integran materialidades y funcionamientos diferentes, «conjuntos transoracionales»15 con reglas de cohesión y coherencia, fuertemente vinculados con las relaciones de su producción, circulación y recepción (Haidar, 2000). Nosotros planteamos que los sujetos de las prácticas discursivas son de carácter colectivo/individual, socio-cultural/ideológico, que establecen relaciones sociales y representan lugares sociales/lugares individuales y que producen discursos desde determinadas formaciones ideológicas que gobiernan siempre las formaciones discursivas en las cuales se originan las matrices del sentido discursivo (Haidar, 2000, p. 62) Es necesario considerar especialmente las condiciones de producción de los discursos, tanto estructurales como coyunturales (Haidar, 2006). Las condiciones estructurales corresponden a las coordenadas económicas, políticas y sociales que se observan en los períodos históricos más largos, mientras que las coyunturales corresponden a los períodos más cortos en los cuales se concentran ciertas contradicciones que se expresan en las fuerzas sociales. En este sentido, desde el punto de vista de los actos discursivos, los mismos están condicionados por la producción de ciertas estrategias en las diferentes prácticas (Haidar y Rodríguez Alfaro, 1996).

2.4. Particularidades del caso uruguayo
Con reducida población originaria, y genocidio charrúa de por medio, el territorio uruguayo se pobló principalmente a partir de la inmigración de origen europeo en época del Virreinato del Río de la Plata. A comienzos del Siglo XX, la intervención del Estado «para el fomento rural y la intensificación de la campaña» profundizó los procesos de colonización agrícola, apoyados fuertemente en la fundación de Comisiones de Fomento Rural (Rossi, 2010). En Uruguay se observa una multiplicidad de sujetos colectivos surgidos de la actividad agropecuaria, así como distintas estrategias que responden a las distintas bases sociales y a la legitimación o reconocimiento que tiene cada organización como interlocutor en el aparato del Estado. Piñeiro (2004) constató la existencia de una docena de organizaciones rurales de segundo grado16, y alrededor de 300 organizaciones de productores agropecuarios de primer grado (tales como Asociaciones Rurales, Sociedades Rurales, Sociedades de Fomento Rural, Cooperativas Agropecuarias, etc). También Riella y Vitelli (2009) editaron varias investigaciones sobre organizaciones rurales y su acción colectiva; Bertoni (2003; 2009) analizó los grupos que asistían al Parlamento, los temas que vehiculizaban en ese ámbito en el período 1985-2000; Riella y Andrioli (2004) observaron la influencia de las gremiales ganaderas en las decisiones de políticas públicas durante más de un siglo, considerando que su poder simbólico se vincula al «mito del país ganadero».
Piñeiro (2004, p. 292) señala que a pesar del alto grado de asociatividad del agro uruguayo, éste «se ha caracterizado por tener una baja conflictividad social, en especial si lo comparamos con la conflictividad en el medio rural de los vecinos». Analiza el proceso de construcción de la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias (MCGA)17 a través de las movilizaciones realizadas entre enero de 1999 y mediados del año 2001 (que denomina protesta agraria) y concluye que la extrema heterogeneidad en la composición social de los que participaron de las movilizaciones fue uno de los elementos que explican las dificultades para constituir una identidad común dentro del movimiento. Específicamente en relación a los productores familiares organizados, en la década de los años ochenta Latorre (1986a) identificó dieciséis organizaciones de pequeños y medianos productores18 pero también señalaba dificultades derivadas de la inexistencia de una gremial que fuese exitosa en la defensa de los intereses de este sector en particular, a nivel nacional19. Más recientemente Bertoni (2009), en base al estudio de las propuestas dirigidas a las comisiones parlamentarias, consideró que las organizaciones que defendían los intereses de los productores familiares eran tres: la CNFR, la Asociación de Colonos del Uruguay (ACU) y la Confederación Granjera del Uruguay (CGU). Florit (2013) retomó el planteo de Modonesi (2010) para distinguir el carácter de resistencia subalterna o antagonista de las prácticas desarrolladas por CNFR, respecto de la extranjerización y el agronegocio20. A partir del análisis del discurso de dirigentes gremiales, concluye que predominan fundamentalmente estrategias de resistencia subalterna y que en definitiva el agronegocio parece avanzar y superar la capacidad de resistir y sobrevivir de la producción familiar en las condiciones actuales (Florit, 2013).
Para construir un indicador aproximado de la evolución de la producción familiar en base a información estadística disponible, se la puede asimilar a la evolución de los predios de menos de 100 ha de superficie. En este sentido, la información de los productores registrados al año 2013 indica que tienen menos de 78 ha de superficie media (Sganga y otros, 2013). Sin desconocer que existen casos de explotaciones empresariales en los rubros intensivos menores a esta superficie que quedan incluidos en este estrato, y casos de productores ganaderos familiares con explotaciones de superficie mayor a 100 ha y menor a 500 ha CONEAT 100 que no quedan comprendidos, resulta de utilidad caracterizar la evolución del número total de explotaciones familiares a partir de la información de los Censos Generales Agropecuarios, utilizando el estrato de tamaño de hasta 100 ha de superficie (aspecto que será desarrollado en 3.3). En el caso particular de esta investigación, se conciben las prácticas discursivas de CNFR en un marco estratégico de resistencia colectiva de tipo subalterna. Los siguientes son los fundamentos para seleccionar a la CNFR como portadora de la resistencia colectiva de la producción familiar: (i) su origen gremial y como proyecto político alternativo al poder hegemónico de los ganaderos21; (ii) su trayectoria histórica, con altibajos pero en forma ininterrumpida desde 1915; (iii) su identidad discursiva como referente de la producción familiar uruguaya desde el inicio y durante todo el período, aún en la etapa más neoliberal; (iv) su cobertura nacional de organizaciones de base y representatividad a nivel nacional y regional.

2.5. Aspectos metodológicos
El estudio se realiza desde una perspectiva cualitativa. En relación al modelo operativo utilizado para el análisis, en primer lugar, se establecen las condiciones de producción y recepción de los discursos, mediante un análisis estructural y de coyuntura. Esto permite diferenciar dentro del actual ciclo económico tres períodos o coyunturas por cambios relevantes en el contexto económico o político: el primero de caída del nivel de actividad (recesión, 1999-2002) y el segundo de recuperación (2003-2004), ambos con gobiernos del Partido Colorado; el tercero se caracteriza por el gobierno del Frente Amplio en dos períodos sucesivos y el crecimiento del nivel de actividad económica (2005-2014).
Entre las fuentes utilizadas se privilegiaron los siguientes documentos disponibles para el período considerado: (i) actas de las asambleas generales ordinarias (Acta Nº 58 de 1999 a Nº 74 de 2013); (ii) Revista Noticiero, órgano oficial de la CNFR, fundamentalmente los editoriales (desde 2003 Tercera época, 20 números); (iii) documentos públicos, memorandos, comunicados y notas de prensa, sobre todo los disponibles en la página web institucional; (iv) propuestas de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar, presentados por la gremial en años electorales. Para el análisis se tomó la propuesta de modelo operativo de Haidar (2006, p. 340), para presentar los macroactos discursivos a lo largo del período y designar las claves del discurso en cada coyuntura (Figura 1). De acuerdo al modelo, «refutar» y «persuadir» aparecen en el ejemplo integrando actos discursivos que aparecen en posición subalterna, tales como «informar/explicar» y «denunciar», «exigir», «proponer» y «convocar». En particular, el acto discursivo que mejor ejemplifica el poder en este modelo es «exigir».


Figura 1.
Ejemplificación de propuesta operativa de Haidar (2006) para identificar diferentes macroactos del discurso

En relación a la diversidad de tipos de materialidades o dimensiones contenidas en las prácticas discursivas (Haidar revisa y señala al menos 13), el énfasis de este estudio estuvo en la dimensión ideológica y de poder. Se partió de la existencia de estereotipos que responden a una conjunción de rasgos que sirven para la identificación (positiva o negativa) de los sujetos y de sus objetos discursivos relacionados con el poder y la ideología (Haidar, 2000). Para ejemplificar los rasgos identitarios de la resistencia colectiva y en relación a los modelos de desarrollo, se utilizó el «nosotros» para señalar operaciones de identificación condicionadas fuertemente por las diferencias ideológicas. Se identifican como «ellos» a quienes son referidos en oposición al modelo de la producción familiar, y como «los otros» a aquellos actores que entran en la discusión de los modelos de desarrollo, con los que es posible establecer alianzas y traccionar en diversos sentidos.

3. La evolución de las actividades agropecuarias

Se presenta la evolución de la actividad agropecuaria (en 3.1) y las políticas públicas (en 3.2) como elementos del contexto que contribuyen a explicar la evolución de la producción familiar (en 3.3).

3.1. El nivel y la composición de la actividad agropecuaria
La recesión que comenzó en 1999 se manifestó en la caída del nivel de actividad, de empleo y del salario real, con un aumento del número de personas pobres. En las actividades agropecuarias a la recesión se sumó la incapacidad de pago de los créditos bancarios recibidos por la mayoría de los deudores, otorgados casi exclusivamente por el Banco República (BROU). Se sumaron un conjunto de condiciones negativas como la sequía, la aftosa —que generó la pérdida de mercados—, la pérdida de competitividad con Brasil por la devaluación del real, la crisis de Argentina que contrajo su demanda de importaciones de todo origen y la caída de precios internacionales. En 2002 parte de estos factores se revirtieron, el clima fue favorable, la importante devaluación mejoró la competitividad, se recuperó parte del mercado de carne vacuna y se sustituyeron mercados perdiendo importancia Argentina y Brasil (IECON, 2003). La producción de leche y de arroz no acompaña esta fase de crecimiento y continúa su reducción en 2002. Desde 1999 hasta 2002 la caída del nivel de actividad de las actividades agropecuarias fue a una tasa media cumulativa anual del 3.5%, algo menor a la del PIB que fue de 3.9%. La recuperación desde 2002 hasta 2004 fue más acelerada en las actividades agropecuarias que en el resto de las actividades económicas, pero durante la década de crecimiento del PIB al 5.4%, la actividad agropecuaria creció al 2.2%, con la ganadería casi estancada y los cultivos y la silvicultura creciendo a altas tasas (Tabla 1). La recesión generó dificultades de pago de los créditos y se adoptaron numerosas medidas de refinanciación para todas las actividades, se crearon fideicomisos para la leche en 2002 y para el arroz en 2003 y se aprobaron varias exoneraciones fiscales (MGAP-OPYPA, 2003). En 2006 comenzó la tendencia ascendente de los precios internacionales de los productos agropecuarios que se mantuvo hasta mediados de 2014, impactando sobre el aumento del precio de la tierra así como de los arrendamientos.

Tabla 1. Producto Interno Bruto Agropecuario por Actividades 1998-2013.
Tasas de crecimiento a precios constantes de 2005. Estructura porcentual a precios corrientes.

Dos tendencias de cambio en la composición de la producción agropecuaria forman parte de este proceso, la expansión de la forestación artificial y de la agricultura de secano, en particular del cultivo de soja. El proceso de expansión de la forestación, basado principalmente en el monocultivo de eucaliptos (y en menor proporción de pinos), contó con el marco promocional de la Ley Nº 15 939 de diciembre de 1987, lo que favoreció que éstas pasaran de ocupar 46 mil ha, un 0,3% de la superficie agrícola en 1990 a 885 mil ha, 5,5% de la superficie, en 2010 (MGAP-DGF, 2012). Se observó una creciente presencia del capital extranjero en la producción y comercialización, que incorporó nuevas formas de organización empresarial estimulando la creación de empresas de servicios a la actividad productiva. El precio de la tierra alcanzó niveles sin precedentes y en las operaciones de compra- venta realizadas en el período 2000-2012, las superficies involucradas suman más de 7 millones de hectáreas que representan algo más del 30% del total de la superficie agrícola, en más de 30 000 transacciones por un monto cercano a los 9000 millones de dólares (MGAP-DIEA, 2014). Se puso en marcha un acelerado proceso de concentración y extranjerización de la propiedad y del uso de la tierra (Piñeiro, 2010, 2012).

3.2. Las principales políticas que afectaron la actividad agropecuaria
Los resultados de las políticas públicas generan costos o beneficios para los sujetos colectivos que comprenden el nivel de ingresos, las condiciones de existencia, la valoración del patrimonio, las condiciones de desarrollo de su
actividad y también políticos en la medida en que los cambios económicos modifican las relaciones de poder. La priorización de la estabilización de precios, la abundante oferta de dólares en los mercados internacionales y la política de permitir el traslado de estas condiciones al mercado interno, derivaron en atraso cambiario (devaluación menor que el aumento de los precios internos) que por una parte contribuyó al objetivo antiinflacionario y por otra, generó pérdida de competitividad. La Ley N° 18 083 de 18/01/0722 y sus modificativas transformaron significativamente el sistema tributario con el propósito expresado en la fundamentación de lograr objetivos de equidad en la distribución del ingreso, simplificación y eficacia en la recaudación e incentivo a las inversiones. Se aprobó después de negociaciones que duraron un año entre el equipo económico y la mayoría de los legisladores del Frente Amplio, con el compromiso de que era la primera etapa de un proceso de cambios. La política de promoción de inversiones utilizó como instrumento las exoneraciones de impuestos acompañadas por los Tratados Bilaterales de Inversión y el Acuerdo del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para la Solución de Controversias.
La Inversión Extranjera Directa (IED) tuvo una acelerada tendencia ascendente, en 2013 alcanzó un nuevo máximo con US$ 2 796 millones de dólares y la inversión acumulada (stock) fue de US$ 20 334 millones, lo que equivale al 37% del PIB de Uruguay. (Uruguay XXI, 2014). Como consecuencia también aumentaron las transferencias de ingresos al exterior por concepto de utilidades, dividendos e intereses fueron de 1500 millones de dólares anuales. En el destino por actividad económica se destaca la importancia predominante de la actividad agropecuaria durante los primeros años y su reducción en los últimos, según señala Uruguay XXI:

Desde 2003 el sector agropecuario y forestal ha tenido una importante incidencia en la inversión, aunque en forma decreciente. Mientras en 2003 la IED en el sector representaba el 47% del total, en 2012 los US$ 203 millones recibidos significaron el 7,6% (Uruguay XXI, 2014, p. 11)

A partir de 2003 se incluye en las estadísticas de IED las compras de tierras.

3.3. Evolución de la producción familiar
Los Censos Generales Agropecuarios indican que la disminución del número de explotaciones comenzó en 1956, momento en que se alcanza un máximo con casi 90 000 explotaciones agropecuarias. Hasta 2011 han desaparecido más de 44 000 explotaciones, de las cuales el 98% pertenecían a los estratos
menores a 100 hectáreas (Figura 2). En el último período intercensal (2000-2011) se registran 12 241 explotaciones agropecuarias menos, 91% de las cuales corresponden a estratos de superficie inferiores a 100 ha. Si bien la mayoría de las explotaciones aún corresponden a este estrato (56% del total, 24 931 explotaciones), su importancia en la estructura agraria nacional continúa disminuyendo y ocupan sólo un 5% de la superficie agrícola. En el otro extremo, las explotaciones agropecuarias mayores a 1000 ha, que representan sólo un 9% de las explotaciones totales, acumulan más de 60% de la superficie (CGA 2011; MGAP-DIEA, 2013).


Figura 2.
Evolución del número de explotaciones agropecuarias en Uruguay según estrato de superficie, en base a los Censos Generales Agropecuarios y a partir del máximo histórico en 1956.

Según información disponible del registro ministerial de productores familiares, a diciembre de 2013 existen 21 645 explotaciones agropecuarias de productores familiares activos que comprenden a 23 776 personas; la ganadería es la actividad económica principal (56% de los registros), le siguen la horticultura y lechería con el 17 y 13,5% respectivamente, con menores porcentajes la fruticultura, avicultura y cerdos, y los cereales. La mayoría no contrata mano de obra permanente (85%) ni zafral (78%); siendo el 77% de los productores familiares registrados residentes en la explotación donde realizan las actividades productivas con sus familias (Sganga, Cabrera y González, 2013).
Tommasino et al. (2014) procesaron la información de los Censos Generales Agropecuarios, utilizando para los datos del año 2000 la definición de productor familiar de 2008 y para los datos de 2011, con las modificaciones de 2014. Los resultados presentan algunas diferencias con el registro, que se pueden considerar de menor importancia y al mismo tiempo, ratifican las principales características de la producción familiar y permiten analizar su evolución. Estimaron que en el período intercensal, 2000-2011, el número de productores familiares se redujo en un 22% (de 32 696 a 25 580) y la superficie que explotan se redujo de dos millones y medio de hectáreas a un millón doscientas mil. Los autores alertan sobre las limitaciones de sus resultados señalando que:

Primero, la comparación intercensal en estos rubros introduce un sesgo al subestimar la reducción de número de productores registrada en estos rubros y, por lo tanto, a subestimar la reducción total de las explotaciones familiares. Esto se debe a que la segunda definición contempla mejor las especificidades de rubros intensivos en uso de mano de obra y, por lo tanto, la estimación con base a CGA 2011 resulta en una mayor proporción de productores horti-frutivitícolas como productores familiares (comparado con la primera definición usada en la estimación con base en Censo 2000). Segundo, al utilizar los censos agropecuarios como fuente de información, no se consideran productores con menos de una hectárea o productores que no gestionen superficie. Esto es relevante para productores muy pequeños o rubros como la miel cuyos productores no necesariamente gestionan superficie agropecuaria (pp. 494-495).

De acuerdo a la información censal, casi dos terceras partes del total de los productores familiares son ganaderos productores de carne u ovinos, 10% son lecheros y 10% horti-fruti-vitícolas; entre los tres rubros representan 84% del total. En horticultura y viticultura, junto a aves y cerdos, se reportan las mayores caídas en el número de productores entre los dos censos.

4. El caso de la CNFR

4.1. Caracterización de la CNFR
La CNFR es una organización rural de segundo grado que agrupa organizaciones de base en todo el territorio del país (un centenar en la actualidad), en su mayoría Sociedades de Fomento Rural. La ley que la creó en 1915 tuvo como objetivo facilitar la organización de los agricultores ya que las gremiales existentes representaban exclusivamente a los ganaderos23. Con esta ley, el gobierno de la época (Batllismo, Partido Colorado) intentaba reducir la influencia del Partido Nacional en el campo uruguayo (Latorre, 1986b). La intervención del Estado se apoyaba en las Comisiones de Fomento Rural (concebidas como «células civilizatorias») que se conformaban en torno a las estaciones del ferrocarril para mejorar la productividad agrícola y los servicios de las zonas rurales24. En su mayoría las integraban inmigrantes a los que el Estado otorgaba tierras. Durante 1915 se promovió la participación conjunta de las Comisiones existentes en una serie de congresos que crearon la CNFR como entidad de segundo grado y se aprobaron sus primeros estatutos (por medio de los cuales pasaban a denominarse Sociedades de Fomento). Más recientemente la Ley N° 14 330 (1974) estableció la posibilidad, para las Sociedades de Fomento Rural afiliadas a la CNFR, de distribuir entre sus socios, sin fines de lucro, toda clase de insumos agropecuarios, recibir y acopiar, conservar y elaborar los productos de sus explotaciones. En palabras de la propia CNFR, «a través de acción gremial y promocional, se promueve el desarrollo integral de las familias que viven y trabajan en el campo, abarcando los aspectos productivos, culturales y sociales, buscando la equidad y la generación de condiciones de vida digna en el medio rural»25. Tiene representación en espacios nacionales e internacionales (REAF-MERCOSUR).
Diferenciando los dirigentes de la CNFR de la dirigencia de las gremiales de los grandes ganaderos, Laura Adinolfi (2009) estableció que:

En resumen, en las trayectorias que presentan los dirigentes de la CNFR al momento de su elección se destaca la ausencia de una tradición familiar dentro de la institución, sin que se requiera una gran antigüedad para el acceso a los puestos de jerarquía, aunque presentan una marcada afiliación a otras organizaciones gremiales, lo que no implica una dirigencia múltiple o entrecruzamiento. Podríamos concluir, entonces, que en el caso de la CNFR, la elección de los dirigentes no parece estar condicionada por vinculaciones o participación en puestos de poder o de decisión política (p. 176).

4.2. Que reivindicó y que consiguió la CNFR
Se presentan las reivindicaciones de CNFR en las tres coyunturas identificadas, se sistematizan distintas dimensiones de las prácticas discursivas de la CNFR relacionadas al discurso reivindicativo, y se identifican marcos contextuales en los que éstas se desarrollaron (Tabla 2).

Tabla 2. Prácticas discursivas desde la CNFR y marco contextual de las distintas etapas de evolución económica del período en estudio (1999-2013). (*Nota en página 80.)

* Nota de la Tabla 2:
Fuentes de las citas textuales utilizadas:
• (A-60) Acta Nº 60 del 25 de octubre de 2000, Asamblea General Ordinaria Nº 85
• (DFL-31102001) Discurso de cierre del Pde de CNFR Fernando López, Asamblea General Ordinaria Nº 86 del 30 y 31 de octubre de 2001. Seminario Los recursos humanos del sector agropecuario frente a los desafíos de la nueva agricultura, MGAP y MEC-IICA, Minas 31/10/2001 Pág. 30
• (CFL-31102001) Conferencia presentada por el Presidente de CNFR Fernando López, Panel en el Seminario: Los recursos humanos del sector agropecuario frente a los desafíos de la nueva agricultura, MGAP y MEC-IICA, Minas.
• (N6) Noticiero Nº 6. Edición especial «La función social de la tierra», 2005.
• (N15) Noticiero Nº 15. Mayo 2009.
• (D-31082011) Nuestra propuesta para la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, Consejo Directivo de CNFR. 29 de septiembre de 2010
• (CP-31082011) Comunicado de Prensa, 31 de agosto de 2011
• (M-02062010) 2 de junio 2010 Entrevista con la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca, Cámara de Representantes
• (TD-21042010) Taller Nacional de Dirigentes, 21 al 23 de abril de 2010 V. Rossi y J. Notaro. La Comisión Nacional de Fomento Rural y su resistencia como sujeto colectivo «alternativo» (pp. 59-90)

• 1999-2002 (Recesión): Desde la década de los años 90 la CNFR reclamó políticas diferenciadas para la producción familiar, no sólo en ámbitos nacionales, sino en los ámbitos supranacionales que se le presentaron. Durante la recesión se desarrollan dos tipos de prácticas discursivas, una de clara protesta rural y movilizaciones (1999-2001) y la siguiente, de carácter urbano- rural que se llamó Concertación para el Crecimiento. En el contexto de recesión y dificultades financieras se creó la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias (MCGA), una alianza coyuntural y efímera entre productores agropecuarios con diferente capacidad económica, distintos rubros productivos y distintas formas de organizar el trabajo, incluyendo desde empresarios de distinto tipo a pequeños productores familiares (Piñeiro, 2004b). A partir del año 2000 CNFR comienza a desarrollar una estrategia hacia adentro para motivar al agrupamiento, con apoyo de organizaciones extranjeras, que entre otras cosas incluía capacitación de directores, dirigentes gerentes y técnicos de las entidades de base e inversiones para las mismas, con la finalidad de fortalecerlas institucionalmente, en base a la prestación de nuevos servicios a los asociados y a un crecimiento de su actividad comercial. La Concertación para el Crecimiento fue una iniciativa de la central sindical (PIT-CNT) para articular las demandas y movilizaciones de los grupos sociales afectados por la recesión; y reclamaba al gobierno, entre otras reivindicaciones, la suspensión de las ejecuciones a los productores rurales. La CNFR participó junto a los trabajadores sindicalizados y numerosas organizaciones de pequeñas y medianas empresas, así como de trabajadores por cuenta propia y cooperativas. También fue una alianza coyuntural y efímera que se diluyó en 2005 después del cambio de gobierno.

• 2003-2004 (Recuperación): Continuó la preocupación por la salida de la recesión, contra la desarticulación del BROU y el remate de la cartera de deudores. A la luz de las elecciones nacionales surgen con fuerza los reclamos de participación en organismos y programas dirigidos al medio rural, políticas integrales y programas de gobierno focalizados en la familia y en el sistema de producción, así como políticas de tierras y la estructuración de un organismo estatal específico para la agricultura familiar, que se concretarían en el período siguiente. Como socia fundadora de la Coordinadora de Organizaciones de agricultores familiares del MERCOSUR (COPROFAM) participó desde 2003 de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF)26. Así, a lo largo de estas dos primeras etapas, fundamentalmente hasta que asume el gobierno del Frente Amplio (que priorizaba programáticamente a los trabajadores rurales y a los productores familiares), predominó fuertemente la defensa de la «empresa familiar rural» en el discurso de la gremial, mientras que posteriormente se traslada hacia la «producción familiar campesina».

• 2005-2014 (Crecimiento): En marzo de 2005 asumió el gobierno una coalición de partidos de centro izquierda, por primera vez en la historia del país, bajo el lema Frente Amplio - Encuentro Progresista - Nueva Mayoría; volvió a ganar las elecciones en 2009 y 2014. El nuevo gobierno pretendía «detener y anular las causas que generaron los graves e importantes desequilibrios económicos y sociales existentes en el área agropecuaria y en la población rural»; y en proyectos de apoyo a la agricultura familiar entre marzo 2005 y setiembre de 2008 se destinaron al desarrollo rural más de 55 millones de dólares (Frugoni, 2009 p. 243). Se implementaron tres ejes de acción: política de tierras, el programa de descentralización de la institucionalidad agropecuaria y los programas ministeriales (Vassallo, 2010). La CNFR mantuvo su reivindicación tradicional de políticas específicas para la producción agropecuaria familiar y la más reciente de búsqueda de soluciones a las dificultades de pago de los créditos bancarios. Agregó una nueva, la preocupación por el proceso de concentración y extranjerización de la tierra. Se destaca que en esta última coyuntura la participación de representantes de las entidades de base en las asambleas anuales ordinarias aumentó de una veintena de organizaciones al inicio del período a más de medio centenar en las últimas asambleas, hecho que no sucedía desde la salida de la dictadura, en la década de los 80. Esta participación de las bases es consistente con la política de fortalecimiento de las sociedades de fomento rural de la gremial y los numerosos convenios y proyectos de fortalecimiento institucional financiados a través de las políticas públicas (locales y nacionales).

De acuerdo al modelo operativo propuesto, el acto discursivo predominante en la coyuntura de recesión fue el de «exigir», que es el que mejor ejemplifica el poder en el período de la protesta rural («no va más»), seguido del de «convocar» correspondiente al macroacto «persuadir» («concertación para el crecimiento»; «mesa de colonización »). En las siguientes coyunturas de recuperación y crecimiento, al desmovilizarse la protesta del período anterior, el énfasis cambió. Así, en relación a «refutar» responden actos discursivos tales como «informar/explicar» («la función social de la tierra»; «un modelo con gente en el campo») y «denunciar» («el campo como opción y no como condena»; «que la agricultura familiar no quede sólo en el discurso»; «limitar la tenencia de tierra»). El acto discursivo «proponer» (correspondiente al macroacto «persuadir») es muy abundante sobre todo en la coyuntura de crecimiento, donde se concretan diversas propuestas de la organización y se observa una mayor apertura al diálogo con el gobierno («implementar el registro», «políticas diferenciadas», «programas para la ganadería familiar»).
Se presentan en la Tabla 3 los rasgos identitarios de la resistencia colectiva encontrados en los documentos revisados ejemplificando a través de «nosotros, ellos y los otros» las posiciones de los sujetos colectivos en relación a los modelos de desarrollo.

Tabla 3. Rasgos identitarios del discurso colectivo desde CNFR en las distintas etapas de evolución económica del período en estudio (1999-2013).

• Las políticas específicas
La CNFR logró la implementación de varias reivindicaciones importantes por parte del gobierno. Para la articulación de los apoyos fue clave la puesta en marcha de la DGDR27 en 2008 con el cometido específico de atender la situación de los sectores rurales más vulnerables. También en 2008, respondiendo a los compromisos asumidos por el gobierno en el ámbito de la REAF, el MGAP fijó los criterios y la reglamentación en
base a la cual se haría operativo el concepto de productor/a agropecuario/a familiar en nuestro país. En este sentido, 13 431 productores familiares registrados tuvieron acceso a beneficios en el primer año y entre 2005 al 2011 se realizaron 8 844 apoyos diferenciales a través de programas y proyectos de desarrollo rural cofinanciados entre el Estado uruguayo y diversos organismos internacionales (Proyecto Uruguay Rural MGAP/FIDA, Programa Ganadero MGP/BID; Proyecto de Producción Responsable MGAP/BM/GEF).
En 2009 la gremial planteó la necesidad de implementar un sistema de extensión cofinanciado por el Estado y ejecutado por las organizaciones de base, con supervisión de CNFR. Ese mismo año se abrió un Registro de Productores Agropecuarios Familiares y se logró la inclusión de programas para ganadería familiar en el Instituto Plan Agropecuario. Posteriormente se logró el acceso a la junta de INAC28, ámbito de fijación de precios de la carne donde no incidían hasta el momento los productores familiares.

Reivindicamos nuestro derecho a ocupar este espacio, en la medida que se nos reconoce dentro y fuera de fronteras como la organización que nuclea y defiende los intereses de la agricultura familiar uruguaya (CNFR, 2010, p. 1)

• La solución de los problemas financieros
La profunda preocupación por las dificultades para pagar los créditos bancarios se manifiesta en las asambleas de la CNFR desde el año 2000 y el acta de la reunión de ese año da cuenta del endeudamiento, la falta de respuesta de algunas sucursales del BROU, la necesidad de un período de gracia más largo y de tasas de interés más bajas29.
La relación entre la deuda bancaria y el PIB del sector agropecuario llegó a 116% en 1999, creció hasta 136% en 2002 y obligó al gobierno a adoptar medidas como quitas, reducción de la tasa de interés y fondos para refinanciar las deudas de algunas actividades (arroz, lechería, granja) (Picerno 2004, Picerno y Souto 2005). El coeficiente comenzó a bajar y se encontraba en 70% en 2005, pero la situación de los productores agropecuarios era heterogénea. Buxedas (2008) observó que las medidas adoptadas, el aumento de los precios internacionales de la producción del país y su consecuencia en el aumento del precio de la tierra, la abundante oferta de fondos en los mercados internacionales y la expansión de la inversión extranjera directa en las actividades agropecuarias, redujeron los problemas financieros del sector considerado globalmente. Destaca el autor que en Uruguay aumentaron los precios relativos de la tierra (y de los arrendamientos), los derivados del petróleo (incluidos los fertilizantes nitrogenados), algunos granos, carnes y lácteos. Al mismo tiempo advertía:

Posiblemente se esté ampliando la distancia entre las que no tienen restricciones financieras para encarar sus negocios y un sector de productores familiares y medios tradicionales marginados de su fuente anterior de crédito (el Banco República) y con acceso limitado a las fuentes emergentes (p. 5).

En julio de 2007 se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) que resolvió los problemas financieros que persistían, en particular, para la producción familiar30. Aproximadamente 1000 productores con deudas menores a 25 000 dólares quedaron comprendidos dentro del Programa Uruguay Rural del MGAP, su situación fue evaluada por equipos técnicos y pagaron la totalidad, una parte o nada de la deuda que tenían con el BROU.

• Las medidas para detener la concentración y extranjerización de la tierra
La preocupación de CNFR por el avance del agronegocio fue en aumento, por lo que en esta etapa la gremial estuvo afín a las alianzas con

(…) sectores políticos que se muestren afines a generar una legislación adecuada y a la revisión de las actuales políticas de incentivos y promoción de inversiones, que han facilitado este proceso de concentración y extranjerización; redistribuyendo esos recursos para apoyo a la producción familiar (CNFR, 2011, p. 1).

Buxedas (2008) destacó que en Uruguay aumentaron los precios relativos de la tierra (y de los arrendamientos), los derivados del petróleo (incluidos los fertilizantes nitrogenados), algunos granos, carnes y lácteos. Señaló como impacto de estos procesos:

En algunos casos parecen dar un nuevo impulso a un proceso de marginación de productores familiares comenzado hace décadas. Corresponde destacar que ese sesgo comprende a sectores dinámicos como el lechero. La demanda de tierras por la vía de las compras y el arrendamiento, ambos procesos liderados por empresas extranjeras o grandes empresas nacionales, viene dando un nuevo impulso a la exclusión de productores familiares y medianos, que se concreta en enajenación de activos fijos por no poder competir en el mercado del recurso (p. 4).

Durante los últimos años la CNFR propuso la creación de un impuesto a la renta extraordinaria de los agronegocios, cuestión que no tuvo éxito. De la misma forma la gremial explicitó su preocupación por el avance de la megaminería.

¿Un país productivo basado tan sólo en el crecimiento de los grandes números o de toneladas producidas y divisas generadas a cualquier costo, o pretendemos un crecimiento inclusivo, lo que sí implicaría un verdadero desarrollo? (CNFR, 2010, p. 4)

• Beneficios y apoyos actuales
Actualmente existe una diversidad de beneficios y apoyos específicos para la producción familiar, así como también están disponibles programas financieros como el de Microcrédito Rural, el de Fondos Rotatorios y el de Fondos de Inversiones (Sganga, Cabrera y González, 2014)31. La inscripción en el Registro, de carácter voluntario, se realiza a través de una sencilla Declaración Jurada en cualquier oficina de la DGDR y convierte a los registrados en potenciales beneficiarios de tratamientos diferenciales. Los principales beneficios a los que pueden acceder los productores aceptados en el Registro son los siguientes32:
a) Descuento de 50% del aporte mínimo patronal de BPS para empresas hasta 200 ha CONEAT, sin trabajadores asalariados y dedicados principalmente a la actividad en el predio. Nota: la inscripción en el Registro de Productores Familiares no garantiza el descuento del BPS. Para ello, debe cumplir con el decreto correspondiente.
b) Acceso diferencial al Plan de Apoyo a la Cría Vacuna de la Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP) gestionado por el Programa Ganadero
c) Acceso diferencial al Proyecto de Suministro y Distribución de Agua para la Producción Animal de la Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP) gestionado por el Proyecto Producción Responsable
d) Acceso diferencial a Financiamiento de Inversiones Prediales y Microcapitalizaciones del Proyecto Uruguay Rural, así como a planes de fortalecimiento organizacional y financiamiento de inversiones estratégicas de las organizaciones de este tipo de productores.
e) Acceso diferencial a planes y proyectos otorgados por la Dirección General de la Granja mediante el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja.
f) Acceso al Plan de Negocios para Productores Familiares rubro Ovinos del Programa Ganadero
g) Subsidios ante emergencias agropecuarias.
h) Acceso diferenciado al programa de apoyo a la producción del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre (MEVIR)
i) Excepcionalidad en cumplimiento de normativa en la utilización de semilla de uso propio ante pago de royalties (INASE) a pequeños productores agropecuarios asimilados a productores familiares.
j) Acceso a competir en condiciones diferenciales en las licitaciones de compras del Estado de productos alimenticios de origen agropecuario (UCA-MEF)
k) Flexibilidad de pago de deudas de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)
l) Acceso a operaciones de ojos en Centro Oftalmológico, por acuerdo entre los Ministerios de Ganadería y de Salud Pública.

5. Conclusiones finales

Los resultados del período muestran éxitos y fracasos de las acciones llevadas adelante por la CNFR con el objetivo de mejorar a través de la intervención del Estado, la relación desigual con la empresa capitalista y el agronegocio. El principal indicador de éxito de la resistencia, entendida como seguir produciendo como productores familiares, son los 24 mil productores familiares registrados por el MGAP, que aún son la mayor parte de los productores del país y que resisten procesos de diferenciación que les podrían conducir a depender únicamente del asalariamiento y emigrar a las ciudades. La estrategia de dirigirse con propuestas a los ámbitos supranacionales y al Estado nacional, junto a la oportunidad de un gobierno «progresista» que estuvo dispuesto a incorporar en sus decisiones algunas de sus demandas, pueden considerarse prácticas de resistencia social exitosas que elevaron la calidad de vida de los productores familiares. Cabe mencionar también los logros alcanzados por algunos de sus dirigentes, que accedieron a cargos políticos importantes a nivel local (uno de sus vicepresidentes, que fue Intendente Departamental), lo que contribuyó a acelerar convenios y propuestas sectoriales. Las demandas de la CNFR implementadas por las políticas públicas no impidieron el proceso de concentración y extranjerización, pero lo enlentecieron contribuyendo a aumentar la resistencia de los que aún quedan, por ejemplo, organizados para acceder a la tierra a través del Instituto Nacional de Colonización.
En la primera mitad del siglo XX la intervención del Estado apoyando el desarrollo de la agricultura familiar fue muy importante en la colonización de tierras y en la promoción de sociedades de fomento y cooperativas agrarias de pequeños productores. Al comienzo del siglo XXI las políticas públicas más importantes favorecieron la expansión del agronegocio. Los agricultores familiares no tienen acceso a las exoneraciones tributarias de la ley de promoción de inversiones, a lo que se agrega que no existe un Banco de Desarrollo ni ninguna otra forma de financiamiento de inversiones específico. Se comprobó el ajuste de las prácticas discursivas durante el período de estudio a las tres condiciones del referencial teórico utilizado: (i) la naturaleza integral de la finalidad de la CNFR, en la medida que representan todos los intereses de su base social, la producción familiar uruguaya; (ii) la universalidad de su actividad, en la medida que dirigen sus acciones (sus prácticas discursivas más habituales) a un colectivo de referencia que es más amplio que su propia base social de afiliados; la sociedad en general en las movilizaciones y comunicados de prensa y fundamentalmente los poderes y estamentos del Estado; y (iii) la naturaleza ideológica de su discurso, emergente de un sistema de intereses y valores compartidos al interior de la organización «que puede formar parte de cosmovisiones del mundo de naturaleza más amplia» (Moyano Estrada, 2003). Si bien en los primeros dos puntos no hay hallazgos contradictorios, quizás en este último punto, la naturaleza ideológica de su discurso y la cosmovisión el mundo, hay variaciones durante el período de acuerdo a los problemas y coyunturas vividas por la gremial y por el país. Así, por momentos se practican alianzas estratégicas (ej MCGA en 1999, Concertación para el crecimiento, en 2002) o se asume la diferenciación discursiva con otras gremiales agropecuarias (como por ejemplo en la aspiración del Poder Ejecutivo de eliminar el INC en 2003 o en el participar de la representación de los productores agropecuarios en INAC en 2013). Un punto particular es la relación de CNFR con las organizaciones gremiales de trabajadores, en particular los asalariados rurales, que también muestra una distancia que emergió en el proceso más reciente de reglamentación de la jornada laboral.
En síntesis, el ideológico seguramente sea el terreno en que CNFR se ha movido con mayor flexibilidad a la interna de la organización. Si bien se observa en forma creciente un avance al proponer a la producción familiar como alternativa excluyente del modelo del agronegocio (que avanza de la mano de la concentración y extranjerización de la tierra), esta aproximación dicotómica permite también acortar distancias y brinda dialécticamente flexibilidad ante la inevitable diversidad del conjunto de los afiliados (tanto bases como dirigentes), cuyas realidades manifiestan distintos grados de campesinización y de compromiso con el capital y con el mercado. Quizás indica un terreno estratégico hacia donde caminar como organización para fortalecerse como sujeto colectivo, consolidando identidad y tejiendo alianzas para acciones colectivas a más largo plazo.

Agradecimientos

A la CNFR, sin cuya apertura e incondicional apoyo, no hubiera sido posible acceder a la documentación relevada a los efectos de este trabajo.

Notas

1 La CNFR agrupa un centenar de organizaciones de base (sociedades de fomento rural y cooperativas agrarias) integradas en su mayoría por productores familiares. Página web: http://www.cnfr.org.uy/

2 Por la naturaleza de los sistemas productivos predominantes, el término más utilizado para indicar el sujeto de la agricultura familiar en las condiciones de Uruguay es el término «productor familiar» o más específicamente «productor agropecuario familiar».

3 En estudios recientes el autor ha señalado que campesinado y agricultura familiar son la misma relación social, el mismo «sujeto» (Mançano Fernandes, 2014, p.19).

4 Los autores mencionan como tales a organizaciones barriales y territoriales, redes de base urbana y rural, sindicatos y organizaciones vinculadas al trabajo, el movimiento sindical, las cooperativas, las empresas recuperadas, movimientos vinculados a los derechos humanos, a los derechos sociales y políticos, movimientos estudiantiles, movimientos de usuarios de distintos servicios, movimientos por la diversidad sexual, por los derechos reproductivos, por el reconocimiento étnico y por la despenalización de distintas formas de opción personal (Acosta et al., 2011).

5 El autor utiliza como ejemplos el campo económico, el religioso, el intelectual, etc.

6 Dice el autor «Todo campo, en tanto que producto histórico, engendra el interés que es la condición de su funcionamiento.»; y sobre el interés «como construcción histórica no puede ser conocido sino por el conocimiento histórico, ex post, empíricamente, y no deducido a priori de una naturaleza transhistórica» (Bourdieu, 1988, p. 109)

7 Concepto que surge en la medida que no es aplicable la categoría salario por el trabajo familiar.

8 Creada en el ámbito del MERCOSUR a partir de 2004.

9 Resolución Nº 527 del MGAP de fecha 29/9/2008 (en línea) Consultada Julio 2014. Disponible en: http://www.cnfr.org.uy/uploads/files/prodfamiliar.pdf. La misma fue ajustada posteriormente mediante las resoluciones Nº 219 del 28/2/2014 y Nº 387 del 10/3/2014 (en línea) Consultadas Julio 2014. Disponibles en: http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,drural,drural-registro-de-productores-familiares,O,es,0,

10 Base de Prestaciones y Contribuciones. (en línea). Consultada Julio 2014. Disponible en: http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/soc_segsocial/BPC.xls

11 Agronomía Social fue el nombre con el que se conocía a principios del Siglo XX la propuesta de trabajo de la Escuela para el Análisis de la Organización y Producción Campesinas liderada por Chayanov, considerada por varios autores como precursora de la Extensión Rural.

12 Alexander Chayanov caracterizó la familia campesina como una unidad de organización económica: «una familia que no contrata fuerza de trabajo exterior, que tiene una cierta extensión de tierra disponible, sus propios medios de producción y que a veces se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios rurales no agrícolas» (Chayanov, 1985, p. 44 [1925])

13 Cursivas del autor

14 Pierre Bourdieu entiende como estructuras externas, tanto a los recursos materiales como a los simbólicos.

15 La noción de conjunto transoracional refiere a que el estudio del discurso va más allá de las unidades lingüísticas contenidas en la gramática de la oración.

16 Las identificadas como de segundo grado en el trabajo de Piñeiro (2004) son: ARU, FRU, CNFR, ACU, ANPL, Asociación de Remitentes a CONAPROLE, Intergremial de Productores de Leche, Confederación Granjera, Cooperativas Agrarias Federadas, Centro de Viticultores del Uruguay, Intergremial de Productores de Carne y Lana.

17 La MCGA constituyó una coalición de organizaciones de productores rurales que integró pequeños y medianos golpeados por la recesión y las dificultades financieras, con productores más grandes afectados por la política monetaria. Se origina como una coalición de carácter coyuntural y transitorio a partir de una movilización desarrollada el 13 de abril de 1999 en la capital del país (Piñeiro, 2004b).

18 Las organizaciones mencionadas por Raúl Latorre son: Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Remolacheros Organizados del Sur (RODESUR), Asociación de Remitentes a CONAPROLE, Mesa Intergremial de Canelones, Asociación de Colonos del Uruguay (ACU), Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar, Movimiento Nacional de Aspirantes a Colonos, Federación de Sociedades de Fomento rural del Noreste de Canelones, Comisión -Nacional de Fomento Rural (CNFR), Confederación Granjera del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas, Sociedad de Plantadores de Remolacha del Litoral, Intergremial Lechera, Mesa de Entidades Rurales, Asociación de Productores Granjeros 8 de noviembre.

19 Cabe señalar que con excepción de la última década, CNFR estuvo históricamente más fuertemente representada en el Sur y en el Litoral Oeste del país.

20 Siguiendo el planteo de Modonesi, Florit utiliza seis dimensiones: politización, construcción de identidades, base comunitaria, combinación de reacción y proposición, unificación de sujetos, y análisis crecientemente más crítico.

21 El Sistema de Fomento Rural se inició formalmente el 15 de agosto de 1915, con la creación por ley de una federación de las Comisiones de Fomento Rural ya existentes, que se denominó Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). De la mano de la colonización agrícola, la creación de la CNFR pretendía contrarrestar la acción de las principales organizaciones de productores ganaderos en el país, la Asociación Rural del Uruguay (creada en 1871), y la Federación Rural del Uruguay, principal grupo de presión político-gremial de los grandes ganaderos.

22 Las leyes y decretos citados se pueden consultar en htpp://www.parlamento.gub.uy

23 Comenzado el Siglo XX, la pacificación del país y el fin de las guerras civiles (1904) dan paso a un «pacto tácito» del Estado con los grandes terratenientes, durante la etapa de reformismo Batllista, que propone un modelo de Estado de Bienestar.

24 El Sistema de Fomento se basaba en la promoción de la producción familiar mediante objetivos estratégicos relacionados al aumento de la productividad, la diversificación de los rubros exportables y el acceso y aplicación eficiente de nuevas tecnologías.

25 Comunicado de Prensa del 29 de setiembre de 2010. Según consta en la web institucional <http://www.cnfr.org.uy/nosotros.php#mision> la misión de CNFR es «Contribuir a la elevación del nivel y calidad de vida de la población de la campaña con criterios de equidad y justicia social, mediante la dignificación del trabajo rural y mejora en la producción, a partir de la acción gremial y promocional». La visión se expresa en «Ser la organización líder en el fomento de la agricultura familiar, promoviendo la unión permanente de los productores y de los trabajadores rurales y sus familias, mediante su activa participación en las actividades gremiales y de promoción del desarrollo».

26 Creada en el ámbito del MERCOSUR a partir de 2004.

27 La Dirección General de Desarrollo Rural se crea por Ley Nº 17.930 del Presupuesto Nacional 2005-2010, el 1º/4/08. Detalles sobre sus cometidos pueden ser consultados en el Artículo 161 de la Ley, disponible en http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17930&Anchor=

28 «Los pequeños ganaderos no estamos ni nos sentimos representados en la actual conducción del INAC» (Comunicado de Prensa de CNFR en 2010).

29 Acta Nº 60, Asamblea General Ordinaria del 25 de Octubre de 2000.

30 Ver Deuda del agro; MGAP y BROU lograron acuerdo, publicado el jueves 5 de julio del 2007 [en línea] Consultado Julio 2014. Disponible en http://www.espectador.com/ agro/99275/deuda-del-agro-mgap-y-brou-lograron-acuerdo

31 Para mayor información sobre programas de apoyo, beneficios actuales en tributos y accesos diferenciados a subsidios por parte de los productores familiares que integran el Registro, consultar http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,10,250,O,S,0,MNU;E;2 ;10;37;5;MNU;,

32 Información disponible en la página web del MGAP-DGDR

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NOTICIERO. Órgano oficial de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Nº1 al 20. 2003-2014.

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