1. Introducción

Los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) constituyen una de las principales fuentes de datos que permiten dar cuenta de la estructura agraria de un país, generando representaciones económicas y sociales sobre el mundo rural en general y el sector agropecuario en particular. A su vez, son una herramienta fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al desarrollo de los territorios rurales y el reconocimiento de los actores agrarios y sus derechos (^{de Dios et al., 2020}).

El último registro considerado como válido por técnicas/os y académicas/os era el perteneciente al CNA de 2002. El relevamiento correspondiente al CNA 2008 se desarrolló en medio de un conflicto entre algunas organizaciones gremiales rurales y el gobierno nacional que dificultó el relevamiento de la información (^{Azcuy Ameghino, 2017}; ^{Muzlera et al., 2011}). Quedaron muchos establecimientos y hectáreas sin cubrir en las principales provincias de la región pampeana, territorio donde se focalizó el conflicto (^{Albanesi y Propersi, 2020}). Debido a estas circunstancias, hasta la realización del CNA 2018, se seguían tomando como referencia válida los datos suministrados por aquel Censo de 2002, cuya fotografía carecía de actualidad para dar respuestas adecuadas a las necesidades, problemáticas y conflictividades específicas que emergen en la territorialidad agraria y rural de nuestro país.

De este modo, la realización del CNA 2018 resulta un insumo fundamental para aproximarnos al estudio de la cuestión agraria, en la medida que permite caracterizar actores y su relación sobre los medios de producción, especialmente la tierra (^{de Dios et al., 2020}). Los CNA nos ofrecen indicadores estructurales sobre cantidad y superficie ocupada por las explotaciones agropecuarias (EAP), formas de tenencia de la tierra y su distribución, existencias ganaderas y de cultivos, dotación de bienes de capital y cantidad de trabajadores/as empleados/as (familiares y no familiares), entre las variables más significativas (^{de Dios et al., 2020}). A su vez, a través de las comparaciones intercensales, estos datos cobran relevancia para la comprensión de las dinámicas socio-territoriales que dichas variables estructurales y sectoriales adquieren en clave histórica.

Más allá del gran abanico de posibilidades analíticas que la información censal genera, es menester someterla a juicio crítico para advertir los “consensos” que se construyen en base a la evidencia empírica-estadística y las deficientes o sesgadas conclusiones a las que pueden conducir. Tal como señalan De Dios et al. (²⁰²⁰), en tanto estadísticas oficiales, los CNA y la comunidad científica que los avala a través de sus usos, van construyendo una percepción sobre el mundo rural con subregistros o sobrevaloraciones de los diversos actores sociales y su potencialidad productiva por ausencia de un análisis crítico de las fuentes utilizadas. Esto es, un análisis de la calidad de los datos ofrecidos en cada CNA en función de la cobertura del mismo, los datos no develados (aquello que el censo no nos permite ver porque no conforma un tópico o variable de su relevamiento), los sesgos vinculados a las definiciones conceptuales que establecen las unidades de medición (como el de EAP) y los posibles errores o dificultades acontecidas en el operativo censal.

Teniendo en cuenta estos aspectos, en este escrito compartiremos algunas reflexiones sobre los datos que nos brinda el CNA 2018 respecto de lo que acontece en la provincia de Santa Fe y también aquello que no nos dice o cuyos resultados merecen ser contrastados con otras fuentes y estudios específicos.

Para este artículo, recuperamos una serie de trabajos recientemente publicados que analizan datos preliminares del Censo 2018 (^{Propersi et al., 2019}; ^{Albanesi y Propersi, 2020}) y estudios anteriores (^{Cloquell, 2007}; ^{Cloquell, 2014}; ^{Urcola et al., 2015}; ^{Lattuada et al., 2019}; ^{Tifni, 2020a}) llevados adelante por los y las integrantes del Proyecto de Investigación y Desarrollo en curso: “Cartografía socio productiva de la provincia de Santa Fe”^[1] que sustentan nuestro conocimiento empírico de la región santafesina. En este marco, analizamos los datos definitivos del CNA 2018 en comparación con otros censos (2002) y otras fuentes (entrevistas semi-estructuradas a informantes calificados)^[2]. A su vez, tuvimos en cuenta los protocolos de encuesta y el glosario de conceptos que el Censo pone en juego para la interpretación crítica de la construcción del dato.

De este modo, en el primer apartado compartimos algunas reflexiones y advertencias sobre los sesgos y limitaciones que ofrecen los operativos censales en general y el CNA 2018 en particular. En el segundo apartado, hacemos referencia a las inferencias, hipótesis e interrogantes que los datos estadísticos nos permiten realizar sobre la estructura socio-productiva del territorio rural-agropecuario en la provincia de Santa Fe. Luego, en las conclusiones realizamos una síntesis que destaca la importancia de triangular los datos censales con las evidencias empíricas relevadas en investigaciones de carácter cualitativo y que recuperan “la voz” de los actores en el territorio.

2. Advertencias sobre los límites de los datos censales y los alcances de las inferencias que estos permiten

Para Bourdieu (¹⁹⁹⁷), uno de los mayores poderes del Estado consiste en producir e imponer las categorías de percepción y de pensamiento que luego aplicamos espontáneamente a cualquier cosa del mundo y al Estado mismo. Los censos y los sistemas oficiales de estadísticas constituyen herramientas fundamentales para estas operaciones que tienden a generar consensos y revestir de objetividad las percepciones sobre actores sociales y su mundo de relaciones.

El objetivo principal del Censo 2018 es actualizar los datos del sector y poder caracterizar la totalidad de las actividades económicas agropecuarias y forestales que se desarrollan en el país (^{INDEC, 2021}). En este sentido, hay que tener en cuenta que no es objetivo manifiesto de los CNA dar cuenta de la estructura social agraria del país, a pesar de presentar algunos datos de corte sociodemográficos.

En la historia reciente de nuestro país, la finalidad de los censos ha cambiado en su forma de enunciación y redacción, manteniéndose constante la centralidad en la caracterización del sector productivo. Para ello es necesario relevar la totalidad de EAP del país. La tipología de EAP^[3] y productores fue uno de los recursos metodológicos en torno a los que han girado las discusiones académicas para la medición estadística y morfológica de la estructura social agraria en diferentes épocas.

De este modo, una primera advertencia respecto de estas fuentes censales refiere al uso de la unidad estadística de los Censos que son gestionadas como cosa real o como sujeto inerte e invariable, sin tener en cuenta sus definiciones ni el grado de representatividad que poseen en cada contexto específico.

Tal como señala Albaladejo (²⁰¹⁴), después de los años 1950 se dio un intenso proceso de modernización y sectorización de la actividad agropecuaria en Argentina mediante la creación de un conjunto de instituciones propias que le dieron una relativa autonomía e identidad propia en la economía nacional. En este contexto emergieron identidades nuevas como la del “productor”: un agricultor, varón, modernizado que representa una agricultura capitalizada y generalmente pampeana. La EAP y el productor tendieron a desplazar al campesino, al chacarero, al colono y a la comunidad (e incluso a los terratenientes) como unidades de análisis del mundo rural en el marco de los estudios rurales y del diseño de políticas públicas sectoriales.

El peso que tiene la variable económica (de mercado) en la definición de EAP deja afuera del universo censal a las unidades de autosubsistencia o autoconsumo, que representan una cantidad relevante de hogares rurales y periurbanos en la mayoría de las provincias (^{de Dios et al., 2020}); y en la de productor, al universo de formas colectivas y/o familiares de gestión de unidades productivas.

Por otro lado, más allá del aumento de la presencia de mujeres en ciertos guarismos,^[4] el Censo tiene un fuerte sesgo sexista. Es decir, construye la idea del actor productor en torno al género masculino y se invisibiliza el rol productivo de las mujeres (^{Stölen, 2004}; ^{Muzlera, 2010}; ^{Biaggi y Knopoff, 2021}).

A su vez, la centralidad otorgada al productor y su EAP dan cuenta de la superficie explotada y sus formas de tenencia, pero no nos ofrece información sobre titularidades y distribución de la propiedad de la tierra^[5]. Este dato sería por demás relevante para comprender los procesos económicos y sociales del agro nacional, su estructura y actores intervinientes.

Otro sesgo que presentan los CNA, refiere a la distinción entre EAP con límites definidos (EAP/cld) y EAP sin límites definidos (EAP/sld). Las variables de medición y registro de los censos están referidas mayoritariamente a las EAP /cld y las inferencias que se realizan se vinculan a estas. De esta forma, se relegan criterios de medición que podrían contribuir a visibilizar y analizar formas de ocupación de la tierra por parte de comunidades campesinas e indígenas. El acercamiento de los datos censales a dimensionar formas comunitarias de propiedad de la tierra es secundario y queda desdibujado. De este modo, parecería diluirse uno de sus objetivos específicos, que refiere a la necesidad de obtener datos para el diseño de programas específicos orientados a la pequeña producción agropecuaria, a la agricultura familiar y a las comunidades de pueblos originarios (^{INDEC, 2021: 25}).

En el Censo no se aplica ninguna metodología para estimar la superficie ocupada por las EAP/sld y el líder o referente comunal que oficia de informante calificado para los censistas no debería ser equiparado al “productor que toma las decisiones y asume los riesgos” en la definición de EAP. Si bien el número de este tipo de EAP no es tan relevante en la provincia de Santa Fe, si lo son para algunas de las provincias del Norte como Santiago del Estero (^{de Dios et al., 2020}), del Litoral como Entre Ríos (^{Truffer y Gamboa, 2021}) o de la Patagonia como Neuquén y Río Negro (^{Taranda y Tiscornia, 2020a; Taranda y Tiscornia, 2020b}).

También debemos advertir respecto de la dificultad que el CNA arroja para la comprensión del trabajo y los trabajadores agrarios. Por ejemplo, en el Censo 2018 —a diferencia del 2002— no se relevó la categoría trabajadores temporario, y aparecen categorías como “No familiares que trabajan”. ¿A quiénes incluye? ¿Son asalariadas/os, trabajadoras/es independientes, monotributistas? Estas tres categorías no son lo mismo, ni implican la misma seguridad social ni reconocimiento de los derechos laborales. La amplitud en su definición no brinda posibilidades analíticas sobre el trabajo agrario. Y la categoría “no familiares que no trabajan”, ¿de qué manera se vinculan estas personas con la EAP?, ¿son familiares de asalariadas/os? ¿Son residentes sin vínculos económicos con la EAP? Ninguna de estas denominaciones se encuentra en el Glosario (^{INDEC, 2021: 738}). Al no definir dichas categorías se limitan las posibilidades de reconocer distintos tipos de trabajadores y el volumen de trabajo asalariado que el sector genera en el país.

3. Consideraciones, hipótesis e interrogantes que arrojan los resultados del CNA 2018 para la provincia de Santa Fe

En función de la información consultada, en el período intercensal 2002-2018 verificamos la concentración de la superficie total operada por arrendamiento y la desaparición de EAP, con mayor incidencia de aquellas que trabajan hasta 200 ha. El incremento de la escala de producción es un hecho constatado tanto por los CNA como por otras fuentes. Sin embargo, los datos no nos permiten dar cuenta de la magnitud de tal proceso dada la ya mencionada diferencia (de 1.772.740,4 ha) entre las hectáreas declaradas en el CNA 2002 y el CNA 2018. Estas tendencias coinciden parcialmente con las investigaciones empíricas de otras fuentes (^{Azcuy Ameghino y Fernández, 2019}; ^{García, 2020}) y con las conclusiones de trabajos previos realizados en el territorio (^{Cloquell, 2007}; ^{Cloquell et al., 2014}; ^{Propersi et al., 2019}; ^{Lattuada et al., 2019}; ^{Tifni, 2020b}).

Santa Fe presenta uno de los mayores índices de reducción de explotaciones a nivel nacional. En 2018 se registraron 8.008 (-28%) explotaciones agropecuarias menos que a principios de siglo. Es decir, tal como sostienen Albanesi y Propersi (²⁰²⁰), cayeron 3 de cada 10 productores. Si bien en números absolutos la caída fue más pronunciada entre 1988 y 2002 (con más de 9.700 bajas), entre principios de siglo y 2018 la pérdida de unidades productivas fue mayor en términos relativos.

A su vez, en 2018 hay un aumento del 18% (respecto de 2002) de la superficie promedio por EAP (paso de 400 a 471 ha). Estos porcentajes santafesinos están por encima de los resultados que arroja el Censo a nivel nacional e indicaría una mayor concentración en la explotación de la tierra en la provincia.

En la comparación intercensal 2002-2018 se observa en números absolutos la tendencia a la desaparición de EAP en todos los estratos con excepción del de mayor superficie (20000,1 y más ha). Durante este mismo período intercensal, la mayor cantidad de EAP de la provincia de Santa Fe (22,1 % y 22,7% respectivamente) se ubican en el rango de extensión de 200,1 a 500 ha. Esta tendencia ya fue señalada en el 2007 por investigaciones previas a partir de una tipología que identificó estrategias que diferenciaban a las explotaciones en dos grupos (productores que realizaban escala, productores que no lo hacían), indicando que el límite para tales categorías se producía a partir de las 200 ha (^{Cloquell, 2007}).

La comparación intercensal estaría demostrando el incremento en la superficie en explotación en los estratos superiores a 200 ha, pero fundamentalmente en los estratos de 1.000,1 ha hasta 20.000 y más ha. Es decir, estas EAP representan el 10% de las unidades productivas agropecuarias de la provincia de Santa Fe y concentran en 2018 casi el 60% de la superficie en explotación. A la inversa, el 36% de las EAP de los estratos inferiores (de 5 a 100 has), representan un poco menos del 4% de la superficie en explotación.

Los datos censales dan cuenta de un proceso de dualización de la estructura agraria que implica la integración de algunos grupos y la exclusión de otros. Es decir, existe una doble tendencia ininterrumpida: desaparición de explotaciones (exclusión productiva) y aumento de la superficie operada por los estratos superiores de la escala productiva (concentración de la tierra).

En sintonía con estas afirmaciones, García (²⁰²⁰) sostiene que en las últimas décadas este proceso de concentración de la producción se aceleró especialmente en la región pampeana (principalmente en el período intercensal 2002-2018) gracias al aumento de la superficie trabajada bajo arrendamiento y al corrimiento de la frontera agropecuaria.

En la provincia de Santa Fe también verificamos la tendencia al aumento de la tierra en alquiler respecto de la superficie en propiedad. La historia social del monocultivo se inicia con el fin del arrendamiento tradicional que comprometía la tierra por varios años a cambio del llamado Contrato Accidental, que pone en disponibilidad la tierra por un año agrícola y contiene una cláusula de rescisión a la finalización del ciclo productivo. En función de estudios empíricos antecedentes y de los datos que arrojaba el CNA 2002 se afirmaba que el contrato accidental había configurado la matriz contractual del proceso de modernización agraria pampeana (^{Giarracca y Teubal, 2005}; ^{Cloquell, 2007}). No obstante, resulta llamativa la poca importancia que presenta el Contrato Accidental en los registros del CNA 2018 para la provincia de Santa Fe (con un descenso del 95% respecto del 2002).

La comparación intercensal (Cuadro 2) nos permite observar una disminución del 30% de la tierra en propiedad y un aumento del 52% de la tierra en arrendamiento. Viendo las otras formas de acceso a la tierra por medio de alquiler, resulta significativa la variación intercensal negativa que presenta la superficie en explotación bajo Contrato Accidental (-95%) y Aparcería (-18%). La disminución del Contrato Accidental genera interrogantes respecto de la forma en que se relevó este dato, porque no se condice con lo que expresan los informantes calificados del sector en el marco del proyecto de investigación en curso.^[9] Aun así, si tomamos en conjunto las cuatro formas de acceso a la tierra mediante alquiler (arrendamiento, aparcería, comodato y contrato accidental), en 2002 representan el 28% de la superficie en explotación y en 2018 el 39%. Es decir, la comparación intercensal arroja un incremento del 10% en las formas de acceso a la tierra mediante alquiler.

El avance de los procesos de agriculturización y la explotación de tierras bajo algún tipo de cesión en alquiler se ha explicado en buena medida por la presencia de los contratistas de servicios^[10] y los contratistas de producción o tanteros^[11] (García y Lombardo, 2016). Estos últimos, asociados a la figura del contrato accidental, son los agentes sociales que han viabilizado la penetración del capital desde la modernización, dando como resultado un aumento tanto de los volúmenes de producción como de la productividad por hectárea en la región pampeana (^{Cloquell, 2007}; ^{Lombardo et al., 2012}; ^{Urcola, 2013}). De este modo, la disminución en los arrendamientos bajo la figura del contrato accidental nos abre los interrogantes antes planteados, pero también podría estar confirmando cierta tendencia a la merma de estos productores tanteros puros (que sólo operan bajo la forma de contrato accidental) en nuestra provincia. Esta tendencia viene siendo advertida por algunos estudios antecedentes a partir de la comparación intercensal 2002-2008, donde la disminución se observa tanto en la cantidad de EAP (-78%) como de superficie agropecuaria trabajada (-73%) bajo esta única forma de tenencia (García y Lombardo, 2016: 114).

Por el contrario, el mismo estudio advertía sobre un incremento considerable de la participación de los productores prestadores de servicios de maquinaria (contratistas de servicios) en Santa Fe entre 2002-2008. Cuestión que parece reafirmarse con los datos del actual CNA 2018. En el mismo se observa un número relevante de EAP que declaran haber brindado servicios de maquinaria durante la última campaña (2017-2018).^[12] En la provincia de Santa Fe hay 1.571 EAP que brindaron este tipo de servicios sobre un total de 6.541.174 ha (sumando todos los tipos de labores). Este mismo dato no está disponible para las Empresas prestadoras de Servicios Agropecuarios (ESA) (hasta el momento), cuestión que nos permitiría dimensionar en forma más acabada y precisa la cantidad de hectáreas trabajadas por el amplio universo de actores que comprenden al contratismo rural.

Tal como indican (García y Lombardo, 2016), es necesario aclarar que —hasta el momento— los censos han relevado parcialmente la actividad de los contratistas ya que sólo han integrado al universo de los productores agropecuarios oferentes de servicios, dejando fuera a las empresas que prestan servicios de maquinaria agrícola como única actividad. Identificando este área vacante, el CNA 2018 incorporó un registro de Empresas Prestadoras de Servicios Agropecuarios (ESA), aunque sin dar cuenta del volumen de capacidad de trabajo de la que disponen cada una de estas. ^[13]En dicho registro se identificaron 28.211 prestadores de servicios agropecuarios en todo el país, de los cuales 7.256 (25%) corresponden a la provincia de Santa Fe.^[14] Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos concentran el 76% (21.646) de las ESA del país, cuestión que da cuenta de la importancia de estos actores en el modelo agrícola pampeano actual.

En su conjunto, la presencia de estos productores y empresas oferentes de servicios se ve reflejada en la fuerte demanda de algunas labores específicas como la cosecha. Según los datos que arroja el Censo 2018 para la provincia de Santa Fe, un poco más del 50% de la cosecha de cereales y oleaginosas fue realizada con maquinaria contratada. A nivel nacional estos porcentajes ascienden al 60%.

Estos datos parecerían confirmar la tendencia observada en estudios empíricos anteriores (Lombardo et al., 2012), donde se señalaba que la concentración del capital agrario pampeano no era una potestad exclusiva de los actores con acceso a la tierra, sino también de los que contaban con posibilidades de acceso a tecnologías para el desarrollo de las actividades agropecuarias en el marco de redes productivas (^{Bisang et al., 2008}). Del mismo modo, brinda nuevos elementos para aquellos que advertían sobre cómo estos procesos de penetración de las lógicas capitalistas en el agro pampeano fueron erosionando el modelo familiar de producción agrícola pampeana (^{Balsa, 2006}; ^{Cloquell, 2007}; ^{Muzlera, 2009}; ^{López Castro, 2009}; ^{Gras y Hernández, 2009}; ^{Urcola, 2013}).

Respecto de los usos agrícolas y ganaderos del suelo, podemos afirmar que se hace evidente la disminución de todos los cultivos a excepción de los “cultivos anuales^”[15] extensivos en la provincia de Santa Fe.

Dentro de los cultivos anuales, los datos censales estarían mostrando un crecimiento de la superficie implantada con cereales (2%) y legumbres (66%) y una disminución de la superficie sembrada con oleaginosas (-7%). Esta tendencia es corroborada con la información brindada por otros organismos estatales (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) aunque con guarismos diferentes. Es decir, dan cuenta del aumento de la superficie sembrada con cereales (40,8%) y la disminución de la superficie implantada con oleaginosas (2,8%) (^{Propersi et al., 2019}).

En este sentido, surgen algunos interrogantes a dilucidar en futuras líneas indagatorias. ¿El aumento de la superficie implantada con cereales en la provincia de Santa Fe se relaciona con características coyunturales de la campaña 2017/2018 o es representativa de una tendencia consolidada en función de factores vinculados con la rentabilidad de estos cultivos? ¿Nos encontramos frente a una desaceleración del proceso de “sojización”? La percepción de los agentes territoriales (productores/as, técnicos/as extensionistas, etc.) vinculados a nuestras investigaciones en el sur provincial, no permitiría responder afirmativamente este último interrogante. No obstante, los datos que arroja el Censo en este sentido nos obligan a cotejar estas tendencias en próximos trabajos de campo y a tener en cuenta las variabilidades que presenta una actividad agropecuaria cada vez más dinámica y atada a los determinantes, tanto climáticas como económicas y socio-políticas.^[16]

Del mismo modo, la caída de la superficie implantada con especies forrajeras (anuales y perenes) nos invita a interrogarnos si la misma se corresponde con una disminución de la actividad ganadera bovina en la provincia.

A este respecto, los datos del CNA 2018 (Cuadro 4) hacen evidente lo que se conoce empíricamente (^{Lattuada et al., 2019}; ^{Propersi et al., 2019}), esto es, la merma de explotaciones ganaderas bovinas, que en 16 años disminuyeron en un 39%. Cuando se analiza el número de cabezas ganaderas, la pérdida resulta menor (27% menos), cuestión que nos permitiría inferir una mayor concentración de la producción.

También se aprecia una disminución del 30% de las explotaciones porcinas, pero a diferencia de la actividad bovina, se registra un crecimiento del 33% de la piara. Esto estaría planteando el abandono de sistemas más extensivos, al aire libre, por sistemas mixtos o confinados (^{Albanesi y Propersi, 2020}; ^{Tifni, 2020a}). Situación que podemos explicar, en parte, porque desde la década de 1990 se comenzaron a implementar políticas públicas tendientes a la adaptación de las condiciones de producción a los requerimientos del mercado internacional. Tal como señala ^{Tifni (2020b)}, en el período 2003/2015 se articularon medidas tendientes a la incorporación de tecnologías que consolidaron un tipo de producción intensiva en capital y concentrada en grandes productores con otras de apoyo y fomento a la agricultura familiar. Además, la cría de cerdos ubicada tradicionalmente en el sur provincial (zona maicera) se fue desplazando, entre otras cosas por las disputas con el agronegocios y el desarrollo urbanístico, hacia el centro-norte del territorio provincial.

Analizando la suma de todas las categorías de rodeo de carne podemos apreciar una disminución del 23% de las cabezas en el período intercensal en la provincia de Santa Fe.

Las indagaciones ^{(Propersi et al., 2019}; ^{Tifni, 2020a}; ^{Lattuada et al., 2019}) nos permiten señalar que la desaparición de EAP ganaderas y la disminución de hectáreas implantadas con forrajes no implicó una caída significativa de la producción ya que se produjo el incremento de modelos intensivos (confinamiento, incremento de recursos alimenticios a base de concentrados energéticos y proteicos).

Con relación a los tambos se aprecia una disminución del 41,6 % de EAP (^{Albanesi y Propersi, 2020}). Al igual que lo sucedido en porcinos, por medio de la incorporación de tecnologías fueron desapareciendo los tambos tradicionales y dando paso a sistemas intensivos, insumo dependientes e ineficientes en términos energéticos (^{Nogueira, 2008}). Esto implica la pérdida de unidades productivas y el aumento de la producción y la productividad, pero de la mano de otro tipo de actores (^{Lattuada y Renold, 2019}).

En suma, aún con los matices e interrogantes que arrojan los datos censales de 2018, los mismos parecen indicarnos la persistencia del proceso de agriculturización advertido en el Censo 2002 con un paralelo proceso de concentración de la producción ganadera en la región. Cuestión que para el caso santafesino amerita de estudios específicos vinculados con el impacto de estos procesos en sus tres históricas eco-regiones (sur-pampeano, centro-transición y norte-chaqueño) (^{Urcola et al., 2015}).

4. Reflexiones finales

A lo largo del presente artículo, revisamos la información aportada por los datos del CNA 2018, en articulación al conocimiento producido por las y los integrantes del equipo de investigación del que formamos parte en la provincia de Santa Fe. Más allá de lo auspicioso que resulta la realización de un censo y la publicación de sus resultados, hemos querido compartir algunas reflexiones y advertencias sobre los sesgos y limitaciones que ofrecen los censos en general y este CNA 2018 en particular. Para ello destacamos la necesidad de estudiar en profundidad y analizar críticamente los datos censales y las categorías y supuestos bajo los cuales se los construye.

En función de estos aspectos, recordamos que los CNA se convierten en la foto que saca el Estado sobre el sector agropecuario, centrada en la EAP y en el productor varón, con significativa opacidad en los datos vinculados a las/os trabajadores agrarias/os y ausencia en el caso de las formas productivas no mercantiles (de autoconsumo y autosubsistencia). En este sentido, el enfoque sectorial y económico que propicia el Censo no nos permitiría dar cuenta acabadamente de la estructura social agraria ni de la compleja trama de actores que habitan los territorios rurales o de interface entre lo urbano y lo rural (porque no es su objeto principal). Las formas productivas y de habitar el mundo rural que se aglutinan bajo el paraguas conceptual de la agricultura familiar, por ejemplo, quedan distorsionadas o sobreestimadas si se las traduce simplemente como aquellas unidades que no contrata asalariados, ignorando transformaciones tecnológicas (que reduce el trabajo humano necesario al interior de las EAP) y su articulación con los prestadores de servicios de maquinaria (que puede incluir la tercerización de algunas o todas la labores prediales).

La inclusión de la categoría de ESA ha respondido parcialmente a la necesidad de incorporar otros actores y variables de análisis para sumar a la información predial ya disponible sobre las EAP y los productores oferentes de estos servicios.

Las transformaciones económicas, políticas e institucionales sucedidas en los territorios agro-rurales durante los últimos 50 años dan cuenta de la importancia que han cobrado las tecnologías (y su acceso) como un factor de diferenciación social que ha profundizado las desigualdades entre los actores agrarios y también las de género. Las perspectivas que refieren al trabajo en red y a la centralidad de capital financiero y tecnológico como articulador de las acciones han señalado los desplazamientos analíticos y las limitaciones de los enfoques centrados en la EAP y el productor.

Los supuestos y representaciones sobre la actividad agropecuaria y los sujetos agrarios sobre los que se han construido los censos anteriores ponían el foco en el acceso a la tierra, mientras que la vinculación con el capital y el trabajo aparecían como aspectos complementarios. En este sentido, el de 2018 parecería ser un censo de transición que, manteniendo las unidades analíticas centrales para la comparación intercensal (con los Censos de 1988 y 2002), intenta incorporar nuevas categorías y variables que permitan adaptar sus herramientas al estudio de las dinámicas que el paradigma del agronegocio ha impuesto en los territorios agro-rurales de nuestro país.

Por otro lado, realizamos algunas consideraciones acerca de los datos relevados en función de la detección de ciertas subestimaciones de la superficie agraria barrida en el operativo censal en cada provincia. En Santa Fe se observa una diferencia negativa del 16% respecto del territorio ocupado con actividades agropecuarias en el Censo de 2002, aspecto que no se condice con lo que indican diversos estudios académicos y de fuentes oficiales y privadas respecto del incremento de la superficie agrícola-ganadera en la provincia. Del mismo modo, el 11% menos de superficie implantada en Santa Fe que arroja el CNA 2018 no resulta razonable en función de la información que manejamos (stocks de acopio en cooperativas y venta en puertos) en el marco del proyecto de investigación en curso.

Teniendo en cuenta estos aspectos y sin desestimar estos datos, nos pareció relevante indicar aspectos operativos del relevamiento de los datos censales que pudieron haber afectado el modo de declarar actividades por parte de los productores. También aspectos coyunturales de la campaña 2017-2018 y relacionados con el comportamiento económico (evasión, informalidad) o político ideológico de los actores (percepción sobre el Estado y la sociedad) que necesariamente debe tenerse en cuenta al momento de analizar los datos y resultados de un censo.

A pesar de las consideraciones e hipótesis realizadas, una primera lectura de los datos censales sobre la provincia de Santa Fe nos ha permitido corroborar algunas tendencias en el territorio, generar nuevos interrogantes e identificar aquellos aspectos cuyo análisis se enriquecería combinando las fuentes censales con otras fuentes y estudios empíricos. En este sentido, sumar “la voz” de quienes habitan el territorio en el marco de estudios específicos, resulta un insumo fundamental como parte de un ejercicio de verificación de los datos censales que, por la dificultad del tema, podrían ser susceptibles de que generen información sesgada.

En el caso santafesino analizado, los datos del CNA 2018 evidencian un proceso ininterrumpido de desaparición de explotaciones pequeñas y medianas y una tendencia hacia la concentración productiva de la tierra y el capital. Esto se ve reflejado en el aumento de la superficie media por EAP y en el incremento de la superficie operada por las EAP de los estratos superiores (de más de mil hectáreas) que concentran cerca del 60% de la superficie en explotación de la provincia.

A su vez, observamos la tendencia al aumento de la tierra en alquiler respecto de la superficie en propiedad, aunque con una llamativa disminución de los Contratos Accidentales. Otro aspecto a revisar respecto de la forma en que se relevó ese dato y a través de verificaciones empíricas en el territorio. De todos modos, la comparación intercensal arroja un aumento del 10% de las formas de acceso a la tierra mediante alquiler, cuestión que se relaciona con la fuerte presencia de contratistas de producción y que el Censo permite identificar a partir del padrón de ESA sin tierra y de EAP que declaran haber brindado servicios de maquinaria.

Según lo declarado por los titulares de las EAP, un poco más del 50% de la cosecha de cereales y oleaginosas de la campaña 2017-2018 fue realizada con maquinaria contratada. La relevancia de estos actores en el agro pampeano y extra-pampeano nos da cuenta de la importancia que cada vez más cobra la variable tecnológica. El acceso al uso de maquinaria o tecnología para la producción a escala cobra tanta importancia como el acceso a la tierra en este contexto. Aspecto que nos invita a ajustar nuestros enfoques analíticos del agro y del mundo rural pampeano en función de las complejas dinámicas productivas y contractuales que derivan de las mismas.

Respecto de los usos agrícolas y ganaderos del suelo, se observó la disminución de todos los cultivos menos los anuales, con un llamativo aumento en cereales y legumbres en detrimento de las oleaginosas. A su vez, la caída de la superficie implantada con forrajeras nos invitó a interrogarnos sobre su correspondencia con la disminución de la ganadería bovina en la provincia. La información suministrada por el censo y otras fuentes nos permiten sostener que la desaparición de EAP ganaderas y la disminución de hectáreas implantadas con forrajes no han implicado una caída significativa de la producción ya que se produjo el incremento de modelos intensivos de producción ganadera.

En este contexto, tanto la rotación de cultivos como la orientación productiva de las EAP parecerían encontrarse mucho más atadas a las variabilidades de los ciclos del capital (rentabilidad) que a los equilibrios de los procesos naturales y sociales del territorio agro-rural santafesino.

La estrecha imbricación entre dinámicas financieras, tecnológicas y productivas en el agro actual plantea nuevos desafíos, tanto para la comunidad académica que pretende producir conocimientos como para los actores gubernamentales o las organizaciones sociales que participan del diseño y ejecución de políticas públicas.

La ausencia de fuentes censales actualizadas hasta la realización del CNA 2018, generaron un vacío de información respecto de los procesos económicos y sociales que acontecían en torno a las actividades agropecuarias en Argentina. Esto derivó en una serie de representaciones y percepciones del agro y los territorios rurales que se encuentran en disputa hasta la actualidad. Las fuentes censales constituyen una herramienta fundamental para la construcción de evidencia empírica que genere ciertos pisos de certidumbre para la discusión académica y el diseño de políticas públicas, pero que de ningún modo deben pasar por alto la necesidad de analizar críticamente sus aspectos teórico-metodológicos y operativos. Por ello, en este artículo señalamos aquellos aspectos que el instrumento censal nos permite inferir y reflexionar sobre la provincia de Santa Fe, pero también advertimos sobre sus límites y la necesidad de corroborar algunos datos con otras fuentes o estudios cualitativos que den cuenta de los procesos bajo estudio desde la mirada de los actores territorialmente situados.