ARTÍCULOS DE HISTORIA ARGENTINA

El Centro Azucarero Argentino frente a la primera crisis azucarera de sobreproducción.Tensiones y conflictos, 1895-1897

 

María Lenis

UN de Tucumán-CONICET Argentina
Mail: marialenis@gmail.com

Recibido: 5-VII-2010 Aceptado: 21-X-2010

 

---

RESUMEN

El presente artículo examina las estrategias corporativas desplegadas por el Centro Azucarero Argentino (corporación empresaria fundada al calor de los debates parlamentarios en torno al librecambio y el proteccionismo de 1894) ante la primera crisis de sobreproducción. Tempranamente en las reuniones de la Comisión Directiva del Centro Azucarero se comenzaron a estudiar las posibles soluciones ante la crisis que se insinuaba. De esta manera entre los años 1895 y 1897 la asociación ensayó distintas estrategias para neutralizar el descenso del precio del dulce. Durante 1895, la corporación orientó sus acciones a lograr acuerdos de venta entre los fabricantes. Como no se obtuvieron los resultados esperados de estas gestiones, a finales de ese año el Centro optó por presentar ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley que facilitara la colocación del excedente de azúcar en el mercado mundial a través del establecimiento de primas a la exportación. Paralelamente a la gestión parlamentaria, impulsó la formación de una Sociedad Anónima que comprara y exportara el excedente de producción. Por último, en 1897 convocó a un Congreso Azucarero presidido por el ex presidente Carlos Pellegrini con el propósito de diseñar un proyecto que contuviera las demandas de todos los industriales.

Palabras Claves: Industria azucarera; Sobreproducción; Corporación empresaria; Regulación.

ABSTRACT

The Centro Azucarero Argentino facing the first crisis of overproduction. Tensions and conflicts, 1895-1897.

This paper examines the corporate strategies deploied by the Sugar Argentine Center (entrepreneur corporation founded to the heat of the parliamentary debates concerning the free trade and the protectionism of 1894). Early in the meetings of the managerial commission of the Sugar Center the possible solutions were begun to study before the crisis that was insinuated. Hereby between the year 1895 and 1897 the association tested different strategies to neutralize the decrease of the price of the sweet. During 1895, the corporation orientated his actions to achieve agreements of sale among the manufacturers. Since there were not obtained the results expected from these negotiations, at the end of this year the Center chose to present before the Congress of the Nation a project of law that was facilitating the placement of the surplus of sugar on the world market across the establishment of export bounties. Parallel to the parliamentary management, it stimulated the formation of a Joint-stock company that was buying and exporting the surplus of production. Finally, in 1897 it called for a Sugar Congress presided by the ex-president Carlos Pellegrini with the intention of designing a project that was containing the demands of all the manufacturers.

Keywords: Sugar industry; Overproduction; Entrepreneur corporation; Regulation.

---

 

INTRODUCCIÓN

La historiografía en torno a la industria azucarera ha considerado la crisis de sobreproducción de 1895 como un punto de inflexión en el desarrollo de la actividad. La mayoría de las contribuciones han destacado la situación inédita que implicó esta crisis, en tanto por primera vez la Argentina había dejado de importar azúcar y enfrentaba los límites del mercado interno. A pesar de que estas investigaciones han arrojado luz sobre el funcionamiento de la actividad azucarera y las distintas instancias de articulación entre los propietarios de ingenio y las agencias estatales, el papel desempeñado por el Centro Azucarero Argentino, no ha sido cabalmente considerado.

Donna Guy sostiene que frente a la crisis y dada la competencia desatada entre los industriales por colocar azúcar, un grupo de empresarios liderados por Ernesto Tornquist promovió la constitución de un cartel como una medida para apuntalar los precios del azúcar. El objetivo central de la Unión Azucarera Argentina, creada en 1896, era controlar el comercio del dulce. Sin embargo, esta propuesta recibió resistencias de algunos fabricantes. Esta oposición se debía a que los organizadores de la UAA reclamaban que esta fuera la única autoridad que podía recibir el dulce en consignación y comercializarlo. Para los tucumanos, esto significaba resignar el negocio de venta de azúcar, que quedaba en manos de empresarios del litoral. Sin embargo esta opción recibió críticas e impugnaciones. Como consecuencia de las oposiciones experimentadas existían dos alternativas; o se exportaba el excedente o se limitaba la producción. La posibilidad de la exportación sólo era viable si el Estado nacional subsidiaba el azúcar tucumano, que por sus altos costos de producción, no resultaba competitivo en el mercado internacional. De este modo, se motorizaron las gestiones con el propósito de que el Estado nacional otorgara subsidios para la exportación de azúcar. Este camino terminó por resultar más atractivo que la contracción de los cultivos, y se cristalizó en la sanción de la llamada"Ley de primas" de 1897. Si bien Guy señala que el Centro Azucarero Argentino impulsó el proyecto legislativo, no advierte el rol central que la corporación azucarera tuvo en el diseño del mismo y las practicas de lobby implementadas para conseguir su aprobación parlamentaria¹.

Por su parte, Jorge Balan afirma que la crisis puso de manifiesto la colisión de intereses entre los productores regionales y los consumidores pampeanos, puesto que las estrategias implementadas por los azucareros buscaban sostener el precio del dulce en el mercado doméstico, lo que conspiraba contra los intereses de los consumidores del Litoral. En este sentido, señala que a partir de la crisis hubo sectores dentro del segmento empresarial azucarero que promovieron una política de limitación de la producción. Sin embargo, estas propuestas fracasaron y solamente hacia 1902 con la sanción de las llamadas"leyes machete" se puso, efectivamente, un límite a la producción². Asimismo destaca que la aprobación de esta ley de la provincia de Tucumán marcó el inicio de un largo conflicto entre industriales y cañeros. En este pionero y sugerente artículo, Balan advierte las tensiones existentes hacia el interior del grupo azucarero, tensiones que se manifestaron sobre todo en las resistencias que los tucumanos opusieron a las estrategias diseñadas por Tornquist. No obstante, no toma en cuenta los intentos impulsados durante la segunda mitad de la década de 1890 tendientes a controlar la comercialización del dulce como la ley de primas y la conformación de la UAA, como tampoco considera el papel jugado por el Centro Azucarero Argentino en las medidas que se fueron tomando para paliar los efectos de la crisis de sobreproducción³.

En su prolífica producción María Celia Bravo destaca la importancia que tuvo la corporación azucarera en las medidas implementadas para menguar los efectos de la sobreproducción en el precio del azúcar. Tanto la formación de la UAA como la sanción de la ley de primas obedecieron a este objetivo. También remarca que la fluida vinculación de los dirigentes del Centro con los poderes públicos nacionales permitió influir en el Congreso de la Nación y obtener subsidios para facilitar la exportación del dulce. Asimismo, remarca el impacto que la sobreproducción tuvo en el sector cañero⁴ incrementando su vulnerabilidad, ya que los fabricantes se limitaban a moler la caña propia. El descenso del precio del azúcar también significó una baja en la cotización de la materia prima, tema de extrema sensibilidad para los cultivadores. Por otra parte, afirma que la solución definitiva de la crisis se produjo en 1902 con la aprobación por parte de la Legislatura de Tucumán de una ley que limitaba la producción y que mediante un impuesto, que era tributado por los propietarios de ingenio, se subsidiaba a los productores de caña. Esta transferencia sectorial de ingresos generó resistencia y críticas entre los empresarios, algunos del cuales presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, que terminó por declarar inconstitucional la medida y exhortó al gobierno de Lucas Córdoba a devolver lo recaudado. De este modo, la historiadora señala que la fractura del"frente azucarero" se produjo cuando los poderes públicos dejaron de regular la comercialización del producto y se volcaron a regular la producción. La perspectiva elegida por Bravo hace hincapié en el impacto que la crisis tuvo dentro del sector cañero, y por ello, resulta necesario un estudio que explore las dificultades y tensiones experimentadas por los empresarios en el diseño e implementación de mecanismos de regulación de la crisis⁵.

El estudio de José Antonio Sánchez Román remarca que entre 1895 y 1914 se sucedieron una serie de virulentos debates parlamentarios sobre el proteccionismo azucarero. El Centro Azucarero se convirtió en la base institucional para la acción del lobby parlamentario y para la formación de opinión pública. Los industriales ensayaron en repetidas ocasiones la cartelización de la industria. Así, en 1896, crearon la UAA para hacer frente a la crisis de sobreproducción y elevar los precios del azúcar en el país. También destaca el papel desempeñado por el grupo Tornquist como el principal promotor de las acciones colectivas, debido al lugar que el holding compuesto por cinco firmas azucareras y la Refinería Argentina, ocupaba en el sector azucarero tucumano. Se desprende de lo expuesto por Sánchez Román que el Centro Azucarero expresó, en gran medida, los intereses del grupo Tornquist⁶.

Todas estas contribuciones destacan las tensiones que la crisis desató; la mayoría coincide en que las leyes machete provocaron un conflicto de gran envergadura. Sin embargo, a partir del análisis minucioso de las propuestas del Centro podemos advertir que las tensiones estaban presentes desde antes. Estas tensiones tenían que ver, por sobre todas las cosas, con miradas divergentes sobre la fisonomía que el complejo azucarero tucumano debía asumir. En este contexto, el Centro intentó mitigar los efectos de la crisis a partir de acuerdos privados y solamente cuando estos intentos fallaron de manera sistemática se recurrió al estado, para que por medio de una ley, regulase la actividad. La pregunta que subyace es por qué el Centro optó por esta estrategia. Una hipótesis central que vertebra este trabajo sostiene que el Centro Azucarero Argentino expresó en gran medida los intereses del grupo Tornquist en virtud de la modalidad organizacional que asumió la corporación, puesto que hizo que la afiliación fuera por fábrica y no por persona, lo que provocó que Tornquist tuviera seis votos en el seno de la asociación, ya que poseía cinco ingenios, que conformaban la Compañía Azucarera Tucumana, y la Refinería Argentina. Este esquema reforzaba el lugar central que el empresario tenía en el diseño de acciones colectivas, y contribuye a explicar por qué el Centro promovió la supervivencia de los ingenios de dimensiones modestas, porque estos eran tributarios de la Refinería. Tornquist, perseguía, de este modo, preservar sus dos negocios, el de la fabricación de azúcar y el de la refinación. El protagonismo de este grupo empresarial en el interior de la corporación permitió opacar las voces discordantes como la de Alfredo Guzmán que veían en esta crisis la oportunidad de sanear el complejo azucarero y tornarlo más competitivo.

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN TUCUMÁN A FINALES DEL SIGLO XIX

La producción azucarera en gran parte de Latinoamérica, como Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, las Antillas Británicas y el nordeste brasileño, se desarrolló a partir de los siglos XVI y XVII para satisfacer la demanda creciente del mercado internacional. El desarrollo sostenido de esta actividad facilitó que el azúcar dejara de ser considera un artículo de uso medicinal y suntuario, para transformarse paulatinamente en un producto de consumo masivo en Europa. Por el contrario, la agroindustria de la caña en Tucumán nació y se expandió a partir de la tercera década del siglo XIX, al impulso del consumo interno. La lejanía de los puertos (1200 km. separaban Tucumán del principal puerto argentino) y los consiguientes elevados costos de transporte constituyeron una importante limitación que tornaron inviable la exportación del dulce. Además de estos obstáculos, como ha destacado Daniel Campi,

[...] los mayores costos de la mano de obra y los menos rindes culturales y sacarinos con relación a los grandes productores de zonas tropicales, deben considerarse factores adicionales de tipo estructural que le restaron posibilidades de competir internacionalmente a la producción nacional, definiendo así uno de los rasgos que caracterizaron a la agroindustria cañera argentina⁷.

Por otra parte, la actividad azucarera en la provincia de Tucumán se desarrolló en el marco de una sociedad agraria caracterizada por una fuerte presencia de pequeños y medianos productores rurales, lo que gravitó significativamente en la fisonomía que adoptó el complejo agroindustrial tucumano, puesto que limitó la concentración de tierras en las zonas aptas para el cultivo de la gramínea. Este campesinado minifundista, reorientó sus cultivos a medida que el desarrollo industrial se vigorizaba, y se consolidó como un actor central en la provincia. En este sentido, los ingenios tucumanos no se caracterizaron por una completa integración vertical de todas las actividades productivas, en tanto existía una división bastante tajante entre las fases agrícola e industrial. De este modo, los propietarios de fabricas de azúcar debían recurrir a los"cañeros independientes" a los efectos de abastecerse de materia prima⁸.

De esta manera, la industria azucarera tucumana no podía competir exitosamente en el mercado internacional con las producciones del dulce de otras regiones, que tenían mejores condiciones climatológicas, mayor cercanía con los puertos de salida, y menores de costos de producción. En el caso argentino, fue la demanda doméstica la que determinó el crecimiento de la actividad. En este escenario fueron dos factores claves que posibilitaron el despegue azucarero en el último cuarto del siglo XIX. En primer lugar la llegada del ferrocarril a Tucumán en 1876, que constituyó un hito en tanto conectó el principal centro productor de azúcar con el mercado consumidor, a la vez que permitió abaratar costos de transporte abriendo la puerta para la modernización tecnológica. La irrupción del riel hizo más accesible la importación de maquinarias, y como consecuencia de ello, a lo largo de la década de 1880 asistimos a un proceso de modernización y tecnificación de los ingenios. En este sentido, llegada del Ferrocarril a la provincia de Tucumán y el acceso a créditos bancarios fueron elementos nodales para la consolidación de la actividad, En segundo lugar, las altas tarifas aduaneras constituyeron un componente central para el desarrollo de la moderna industria azucarera puesto que operó como el factor que posibilitó el monopolio del mercado interno⁹. A lo largo de la década de 1880 se advierte una política de deliberada protección a la industria azucarera, que comenzó a recibir una ayuda estatal adicional. La resolución de mayor trascendencia para la industria azucarera fue la ley de Aduanas de 1888 que estableció un impuesto especifico de siete centavos para los azucares no refinados y de nueve para los que si los estaban. Por más que estos cambios fueran presentados como una medida puramente fiscal, a nadie se le escapaba que causaron un efecto favorable para la industria azucarera local¹⁰.

Este proceso de expansión y consolidación de la actividad azucarera comenzó a experimentar dificultades a partir de 1895, cuando empezaron a advertirse los signos de lo que fue la primera crisis de sobreproducción azucarera. En 1894 la producción, por primera vez en la historia de la agroindustria, sobrepasó al consumo. Desde entonces, se produjeron una serie de cosechas superiores a las necesidades del mercado interno, lo que provocó un aumento considerable del stock de azúcar. Crisis recurrentes de sobreproducción sin posibilidades de llegar a mercados extranjeros¹¹, fluctuaciones de precios y conflictos con el sector cañero por el precio de la materia prima, caracterizaron desde entonces el desarrollo de la industria azucarera en Tucumán.

LOS PRIMEROS SIGNOS DE LA CRISIS Y LA IMPOSIBILIDAD DEL ACUERDO

El Centro Azucarero Argentino se fundó a principios de 1894 en la ciudad de Buenos Aires, al calor de los debates aduaneros en torno al proteccionismo y al librecambio. De este modo, durante su primer año de vida la corporación se abocó a gestionar ante los poderes públicos nacionales el mantenimiento de las tarifas aduaneras que permitían a la industria azucarera abastecer el mercado doméstico. Estas acciones fueron acompañadas de una activa política editorial por medio de su órgano oficial de prensa: la Revista Azucarera. La publicación mensual de esta revista constituyó una herramienta esencial para garantizar el mantenimiento de las tarifas aduaneras. Pero también ocupó un lugar central en la articulación de un discurso que buscaba vincular el proteccionismo económico con el desarrollo material y moral de la nación, a la vez que señalaba los atributos positivos inherentes al empresario industrial. Desde este punto de vista, la coyuntura de 1894 supuso la sistematización de un conjunto de ideas y argumentos, con el objetivo principal de presentar a la actividad y a los empresarios azucareros como agentes de la modernización y de esta manera legitimar las demandas de los propietarios de ingenios en el ámbito empresarial. Esta política fue un instrumento primordial que permitió la construcción de una suerte de «conciencia azucarera», lo que supuso la búsqueda del consenso entre los fabricantes de azúcar, consenso que giraba en torno al proteccionismo como condición sine qua non para garantizar el desarrollo de la industria azucarera en la región norte del país. Asimismo, esta retórica resaltó los atributos comunes de los industriales azucareros, presentando, de esta manera, una imagen homogénea y compacta del conjunto empresarial. Presentando a los empresarios como pioneers, la entidad posicionaba a los propietarios de ingenio como agentes de la modernización y del progreso.

No obstante, esta innovadora imagen que el Centro Azucarero intentó proyectar de sus asociados se deterioró a partir de 1895, con los primeros síntomas de la crisis de sobreproducción. En este contexto, las estrategias empresariales y corporativas implementadas por los azucareros, (sobre todo aquellas que tenían que ver con controlar las ventas de azúcar) contribuyeron a menoscabar la representación que los industriales habían querido proyectar ante la sociedad. Los miembros de la Unión Cívica Radical entendieron la crisis como el resultado lógico de las irresponsables políticas proteccionistas impulsadas por los gobiernos conservadores. En este sentido esgrimían que el crecimiento de la oferta de azúcar se debía, por sobre todo a la falta de competencia (debido a las prohibitivas tarifas aduaneras que impedían el ingreso del dulce procedente de otras regiones productoras) y a la generosa política crediticia instrumentada por Miguel Juárez Celman (1886-1890), a través de la ley de Bancos Garantidos. De este modo, la crisis revelaba la naturaleza artificial de los emprendimientos azucareros, en tanto necesitaban del accionar del Estado para funcionar. Los azucareros, por su parte, argumentaron que la sobreoferta del dulce era la consecuencia de las inversiones realizadas por los propietarios de ingenio, lo que demostraba que los empresarios vinculados a la actividad habían capitalizado el marco regulatorio proteccionista. Desde esta óptica, la sobreproducción demostraba el poder productivo de las fábricas azucareras.

En este sentido, examinar las soluciones promovidas por los fabricantes de azúcar para contrarrestar la disminución del precio del producto, resulta fundamental para comprender la mirada que los defensores del librecambio tuvieron sobre los negocios azucareros En una coyuntura internacional en la que se debatía si el Estado debía regular o no la conformación de «cartels» y «trusts», la formación de la Unión Azucarera Argentina y la sanción de la Ley de Primas, instalaron ese debate en la Argentina y terminaron por convencer a los representantes de la Unión Cívica Radical en el Congreso que el desarrollo azucarero constituía una empresa artificial forjada por hombres de negocios que se caracterizaban por un comportamiento especulativo y prebendario.

Después de la larga batalla para lograr mantener los derechos aduaneros que protegían el azúcar nacional, la corporación industrial comenzó a desarrollar ciertas actividades con el objetivo de detener la baja de los precios del azúcar que estaban descendiendo desde 1894, pero cuyos efectos más notorios se hicieron sentir en 1896.

En 1895, comenzaron a percibirse los primeros síntomas de lo que iba a ser la primera gran crisis de la industria azucarera. El precio del producto comenzó a sufrir una paulatina disminución. Ante esta situación, se barajaron las alternativas más viables para poner freno a la depreciación del artículo. El azúcar nacional abastecía hasta entonces al mercado interno, y las importaciones del similar extranjero disminuían paulatinamente cada año. Poco a poco, la industria azucarera había logrado satisfacer la demanda del país. Sin embargo, en 1894 la producción, por primera vez en la historia de la agroindustria, sobrepasó al consumo. De las 85.000 toneladas de azúcar elaboradas, solo se consumieron 71.000¹². Desde entonces, se produjeron una serie de cosechas superiores a las necesidades del mercado interno, lo que provocó un aumento considerable del stock de azúcar. Esta fue la primera gran crisis de la industria por exceso de producción, y ante este primer contratiempo, la desorientación de los industriales no fue el menor de los males que contribuyeron a ahondarla¹³.

La elaboración, solamente de Tucumán, para 1895 fue de 109.253 toneladas, y la producción total de azúcar del país fue de 130.000. Internamente se consumían aproximadamente 75.000, por lo tanto la cosecha de caña del año siguiente se inició con la existencia de un excedente de 55.000 toneladas de azúcar. Para agravar aún más esta situación, la producción del año 1896 fue de 163.000 toneladas. El total de azúcar disponible era de 218.000 toneladas, mientras el mercado interno solo consumía aproximadamente 79.000. El excedente de producción era de 139.000 toneladas, lo que produjo el paulatino descenso del precio del artículo.

Tempranamente en las reuniones de la Comisión Directiva del Centro Azucarero se comenzaron a estudiar las posibles soluciones ante la crisis que se insinuaba. De esta manera entre los años 1895 y 1897 la asociación ensayó distintas estrategias para neutralizar el descenso del precio del dulce. Durante 1895, la corporación orientó sus acciones a lograr acuerdos de venta entre los fabricantes. Como no se obtuvieron los resultados esperados de estas gestiones, a finales de ese año el Centro optó por presentar ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley que facilitara la colocación del excedente de azúcar en el mercado mundial a través del establecimiento de primas a la exportación. Paralelamente a la gestión parlamentaria, impulsó la formación de una Sociedad Anónima que comprara y exportara el excedente de producción. Por último, en 1897 convocó a un Congreso Azucarero presidido por el ex presidente Carlos Pellegrini con el propósito de diseñar un proyecto que contuviera las demandas de todos los industriales.

En febrero de 1895 el Centro comenzó a impulsar acciones tendientes a evitar una competencia entre los industriales que potenciara aún más la depreciación del producto. Por lo tanto, se resolvió nombrar a Mauricio Mayer, Teodoro de Bary y Jorge Frías para analizar una propuesta realizada por el primero relativa a las causas del exceso de producción azucarera¹⁴. El despacho de la comisión afirmaba que el descenso de los precios se debía, por sobre todas la cosas, a la competencia y alarma entre los industriales y sus consignatarios, quienes se precipitaban en las ventas. Por ello, consideraban que la mejor manera de evitar una mayor disminución del precio del azúcar, era la formación de una comisión (que podía ser la del Centro Azucarero) a la que los fabricantes debían enviar el 20 % de su producción, la que sería guardada en depósito hasta que, una vez normalizado el mercado azucarero se decidiría si se devolvería a los fabricantes, o si se debía exportar total o parcialmente las existencias en poder de dicha comisión a Uruguay¹⁵. Por otro lado, se decidió que el presidente de la entidad, viajara a Tucumán para dialogar con los fabricantes a fin de lograr el acuerdo.

En la sesión siguiente Lídoro Quinteros, presidente de la asociación, manifestó que había modificado sus opiniones y que consideraba que el CAA

[...] era ante todo y debía seguir siendo, una fuerza moral al servicio de la industria; que su misión no era convertirse en una empresa industrial, aunque esta fuese favorable a la industria. En este sentido, el CAA debía promover la creación de depósitos para la expedición de warrants sobre azúcar, la entrega del 20 % de la producción y su exportación al exterior, como cualquier otra medida que pudiese mejorar los precios del artículo y favorecer a los industriales, pero que debía hacer prácticas esas medidas para no quedar envuelto en sus posibles contingencias¹⁶.

Por la naturaleza misma que tenía la corporación, según lo establecido en los estatutos, se hacía imposible que el CAA, se viera envuelto en algún tipo de operación comercial. Fue por esa misma razón que Quinteros sugirió la conformación de una Comisión encargada de fijar el precio mínimo semanal o quincenal del azúcar; la misma estaría integrada por De Bary, José L. Ocampo, Mauricio Mayer, Manuel J. Paz y Jorge Frías, y entendería en todo lo referente al mercado de azúcares, pero no tendría ninguna vinculación legal con el Centro Azucarero.

Finalmente la propuesta de crear una comisión encargada de regular el mercado azucarero fue aceptada, pero se señaló la conveniencia de solicitar el apoyo de los industriales tucumanos, ya que sin su colaboración nada podría hacerse en esa dirección. Para lograr la participación del grupo localizado en Tucumán se decidió que Quinteros viajara a la provincia para lograr el consenso de los industriales.

El resultado de esta gestión fue totalmente negativo, ya que un pequeño grupo de fabricantes habían vendido toda o la mayor parte de la producción a la Refinería Argentina, y se oponían al envío del 20 % de la producción o a la pérdida que originase la exportación a Montevideo. Las fábricas que habían vendido la casi totalidad de su cosecha a la Refinería eran: «Santa Ana», «Lules», «Nueva Baviera», «Trinidad» y «Florida», propiedad las dos primeras de Clodomiro Hileret y las últimas de Ernesto Tornquist¹⁷. Por lo tanto, resultaba inútil insistir en los demás proyectos referentes a depósitos para la expedición de warrants porque los mismos estaban concebidos sobre la base de la aceptación del proyecto anterior¹⁸. Algunos de estos ingenios gozaban de gran capacidad productiva y si no entraban en los acuerdo de venta, incidirían directamente en el precio del azúcar porque su participación en el mercado era significativa.

La prensa local sostenía que el fracaso de las gestiones se debía a que

[...] los mutuos celos, rencillas y desconfianzas han podido más que la conveniencias general, y prefieren afrontar individualmente las contingencias de una lucha empeñada y de resultados dudosos, a marchar unidos en propósitos comunes con probabilidad de triunfo. La mayoría prefiere la derrota, quizás la ruina al acuerdo [...] Los unos tenían vendido todo el producto de sus cosechas a la Refinería Argentina a buen precio, y no querían oír hablar de participación en los sacrificios que fuera necesario hacer para salvar a todos de las consecuencias de un inmediato derrumbe en el mercado^19.

A pesar de que los primeros intentos por lograr acuerdos fracasaron, las propuestas continuaron. A finales de mayo el Sr. Pellet, de la casa Pellet, Devotto y Rocha, propuso la formación de un sindicato, que compraría la totalidad de la cosecha a los particulares a $ 3 m/n los 10 Kg. De la diferencia que resultase entre el precio de compra y el de venta, el 66 % sería para los fabricantes y el 34 % restante para el sindicato. Si por exceso de producción hubiese necesidad de exportar, las pérdidas, si las hubiere, serían deducidas de los beneficios, pesando por igual sobre el sindicato como sobre los fabricantes. Las ventas se efectuarían por medio de los consignatarios, y el sindicato no tendría ningún tipo de vínculo formal con el CAA, ya que el objetivo de la institución era favorecer las iniciativas que tendiesen al mejoramiento de la industria, no adoptarlas por su cuenta²⁰.

Se resolvió que el Centro enviase una circular a los fabricantes apoyando la propuesta de Pellet y solicitando su adhesión. La proposición fue discutida en una nueva reunión; sin embargo, las dudas de algunos industriales acerca de cómo se instrumentaría la operación, pospuso una definición al respecto. Las vacilaciones y recelos de los fabricantes demoraron la concreción del proyecto, dilatando la toma de decisión. El Centro sostenía que más allá de del éxito o no de las gestiones la entidad debía cumplir con su deber haciendo lo posible para evitar a los fabricantes los perjuicios que le irroga la baja de los precios²¹. Finalmente, el proyecto fracasó. Las modificaciones introducidas por las sugerencias de los industriales no lograron contentar al conjunto de los fabricantes. De esta manera, la propuesta corrió la misma suerte que los anteriores.

Bustamante y Videla, acercaron una nueva idea, cuyo objetivo consistía en suscribir un acuerdo entre fabricantes y consignatarios de azúcar, a fin de regularizar las ventas. La Comisión decidió apoyar la proposición, sin embargo el proyecto no encontró aceptación entre los industriales de Tucumán, y se decidió desistir de toda negociación²². El Centro acusó en esta ocasión directamente a Clodomiro Hileret como responsable del fracaso y concluía que

[...] todos los esfuerzos han sido inútiles: no hay acuerdo posible entre los fabricantes de azúcar. El Centro Azucarero se ha pasado tres o cuatro meses formulando proyectos, dirigiendo notas y telegramas, resolviendo dudas, evacuando consultas no sólo sin resultado, sino oyendo aquí y allá recriminaciones veladas, frases de doble intención, críticas como si detrás de los trabajos modestos que desinteresadamente se llevaban a cabo a favor de la industria se ocultase algún ilícito, alguna ganancia envidiable. [...] Los fabricantes de azúcar no han comprendido todavía las ventajas que reportan siempre la unión y la cooperación: se profesan mutuamente un cúmulo de envidias, de recelos, de desconfianzas que por algún tiempo todavía harán imposible toda iniciativa que necesite para producir sus efectos, de la adhesión de todos ellos²³.

En agosto de 1895, se realizó un nuevo intento de lograr algún tipo de acuerdo entre fabricantes y consignatarios de azúcar. La propuesta no difería sustancialmente de las formuladas anteriormente, en tanto estipulaba la constitución de una comisión compuesta por Teodoro De Bary, Manuel J. Paz y Narciso Ocampo, que tendría la facultad de regular las ventas de azúcar con un precio mínimo, y de establecer una cuota mensual de venta a cada fabricante. El proyecto fue aprobado por los miembros de la Comisión Directiva. Los consignatarios manifestaron su adhesión al convenio ad referéndum, aunque el mismo quedaría sin efecto si no era suscripto por todo los fabricantes. Se comenzaron las gestiones para lograr sumar a los industriales de Tucumán y de Salta. Como en las ocasiones anteriores la empresa fue infructuosa. Nuevamente se afirmó que las resistencias provenían de los industriales de Tucumán. A pesar de los fracasos se afirmaba que el Centro patrocinará, sin duda, toda iniciativa que juzgue benéfica, trabajará hasta que se obtenga algún resultado o se adquiera definitivamente la convicción de que es imposible hacer nada²⁴. Este fracaso impactó directamente en la Comisión Directiva que no volvió a reunirse hasta finales de noviembre.

A lo largo de 1895 las páginas la Revista Azucarera, como vocera de la corporación, apoyó las gestiones tendientes a crear sindicatos o Sociedades Anónimas cuyo fin último fuera controlar las operaciones comerciales que se realizaban en torno al azúcar. Con la crisis de sobreproducción el discurso de la Revista sufrió un giro, centrando su atención en el comportamiento de los industriales. En efecto, las referencias a la industria azucarera alejaron su mirada del estado y depositaron su interés en la conducta de los empresarios extranjeros y en las estrategias instrumentadas por los actores involucrados en la actividad para asegurar la rentabilidad industrial. De esta manera, los artículos dando cuenta de la formación de sindicatos fueron frecuentes, señalando que la conformación de los mismos constituía una práctica habitual de los empresarios europeos y americanos.

¿Por qué los fabricantes alemanes, franceses, austriacos influyen tan poderosamente cerca de los gobiernos, y aún que padezcan crisis y contratiempos inherentes a todas las industrias, logran levantarse y rehacerse? Por la unión que existe entre ellos y la organización sólida, la representación, la fuerza que imprime esa unión a sus centros y sindicatos²⁵.

Las noticias en torno a la industria azucarera internacional señalaban el comportamiento empresarial de productores de azúcar de diversas regiones del mundo, y remarcaban que la constitución de sindicatos y la firma de acuerdos de ventas constituían prácticas habituales de los productores de azúcar. Buscaba marcar el camino que debía ser transitado por los empresarios locales, a la vez que demostrar que ese trayecto ya había sido recorrido por los industriales de otros países. En este sentido, se pretendía quitar dramatismo y originalidad a las denuncias que resaltaban la conformación de trusts de ventas, como un reflejo más de la naturaleza prebendaria y parasitaria de los productores de azúcar.

Lógicamente la Revista señalaba los efectos benéficos que se obtendrían con la cooperación y el acuerdo de los industriales.

Con el sindicato que se forme y que pueda disponer de capitales, con la creación de depósitos que expidan warrants que puedan descontarse, los fabricantes llenarían una de las mayores necesidades que han sentido hasta ahora: la de obtener los fondos indispensables para hacer frente a los gastos de la cosecha y a los compromisos más urgentes sin verse obligados a vender su azúcar a cualquier precio, perjudicándose a sí mismos y a los demás²⁶.

La aceptación o no de las propuestas del Centro implicó un nuevo recorte del mundo empresarial azucarero. En ese sentido la Revista trazó una línea divisoria entre aquellos productores de azúcar que prestaban su apoyo y bregaban por la concreción de medidas consensuadas que permitieran diseñar una acción coordinada y conjunta, y los propietarios de ingenio que ofrecían resistencias y cuestionaban los fines que se perseguían con la promoción de determinados proyectos. En efecto, la publicación se lamentaba que

[...] los fabricantes de azúcar no hayan comprendido todavía las ventajas que reportan siempre la unión y la cooperación: se profesan mutuamente un cúmulo de envidias, de recelos, de desconfianzas que por algún tiempo todavía harán imposible toda iniciativa que necesite para producir sus efectos, de la adhesión de todos ellos. [...] Hay fabricantes ilustrados, inteligentes, competentes, animados de espíritu progresista con los cuales es fácil entenderse y que se hallan siempre dispuestos a secundar todo lo que pueda servir sus intereses; pero los hay recelosos, desconfiados, que buscan fácilmente detrás de una idea, de un proyectos, de una propuesta, el fin interesado que la determina, la ganancia ilícita que la impulsa²⁷.

La crisis de sobreproducción lesionó la capacidad de la publicación de articular un discurso inclusivo. Las resistencias de algunos empresarios a los proyectos de acuerdo obligaron a la Revista a ofrecer una explicación de la división que se advertía entre las filas de los industriales. De esta manera, el impreso concluyó que las diferentes posiciones asumidas por los fabricantes en torno a las propuestas de acuerdo, expresaban, en última instancia, la posesión de atributos diferenciados. Si bien la publicación reconocía que todos los industriales azucareros compartían características comunes, también asumía que la coyuntura de crisis había desnudado que algunos propietarios de ingenio carecían de condiciones que eran detentadas por otros. En efecto, la mayoría de de los empresarios eran ilustrados, inteligentes, competentes y portadores de un espíritu progresista cuya acción estaba guiada por la búsqueda del bien común. Una minoría se caracterizaba por ser desconfiada y recelosa, lo que obstaculizaba las posibilidades de concretar arreglos comerciales, fiel reflejo de su naturaleza mezquina.

La crisis había desatado las sospechas y el medio azucarero se tornó turbulento y conflictivo. Ante la imposibilidad de llegar a un convenio entre todos sus representados, los directivos del centro cambiaron de estrategia, y buscaron ya no el acuerdo entre industriales, sino promover en el ámbito del Congreso de la Nación una ley que permitiera hacer frente al enorme excedente que arrojaba la producción sobre el consumo y la anarquía que esto traería al mercado azucarero²⁸.

LA LEY DE PRIMAS Y LOS DEBATES PARLAMENTARIOS

La propuesta del Centro consistía en el establecimiento de un impuesto interno para así poder otorgar primas a la exportación. Se resolvió que Brígido Terán y Clodomiro Hileret realizaran las consultas en Tucumán, a la vez que los miembros de la Comisión Directiva debían examinar las opiniones de Carlos Pellegrini y Julio Argentino Roca, en su calidad de miembros de las comisiones de impuesto de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.

En diciembre de 1895 se envió una nota al Ministro de Hacienda de la Nación señalando la conveniencia para el país, para la industria y para el fisco de establecer un impuesto interno para otorgar primas a la exportación. La corporación era consciente de que la única alternativa para mitigar la crisis era la exportación del producto. Sin embargo, la producción nacional tendría que competir con los azúcares de Francia y de Alemania, entre otros países, que recibían fuertes primas a la exportación. Además, en nuestro país existía el agravante de que los centros productores estaban lejos de los puertos de embarque, por lo tanto había que recurrir al ferrocarril, cuyo flete encarecía el azúcar. Se sostenía que sólo a través de la implementación de subsidios, el dulce argentino podría colocarse en el mercado internacional.

Esta gestión de la corporación empresaria azucarera dio origen al estudio de una ley de primas en el Congreso Nacional, la que no obstante su urgencia solo entró en vigor en enero de 1897. Esta ley establecía que todo los azúcares que se produjeran en el país o se importasen hasta el 31 de diciembre, pagarían un impuesto interno de 6 centavos por kilo; que a cambio del referido impuesto el P.E.N. entregaría un certificado (drawback) que daría derecho al tenedor para exportar una cantidad igual al 35 % del azúcar sobre el cual se hubiera pagado impuesto y recibir en devolución 12 centavos por kilo de azúcar exportado. Los azucares de fabricación nacional existentes a la promulgación de esta ley pagarían un impuesto interno de 1 centavo por kilo, y se devolverían 4 centavos por cada kilo que exportase, siempre que la cantidad exportada no excediese el 25 % de la existencia sobre la cual se hubiese pagado el impuesto; si el precio corriente de venta por mayor del azúcar excedía los 4 pesos los 10 kilos, el P. E. suspendería la entrega los certificados que daban derecho a la exportación.

La discusión sobre la ley de primas a la exportación ofreció un nuevo escenario para la discusión de la política azucarera. En esa oportunidad se reiteraron los argumentos que censuraban la protección por considerarla excesiva. Se sostenía que los industriales tucumanos se habían endeudado irresponsablemente y que ante un marco de sobreproducción, pretendían que el Estado profundizara la protección subsidiando la exportación de azúcar para asegurar un buen precio en el mercado interno. De esta manera, las pérdidas recaerían directamente sobre el consumidor. La ley de primas de 1897, fue presentada por los defensores del librecambio como el rasgo más acabado de favoritismo fiscal, y una verdadera conspiración contra los intereses del consumidor²⁹.

La presentación de este proyecto por parte del Centro Azucarero, y su posterior debate en el parlamento reavivó la vieja discusión en torno al proteccionismo y al librecambio. Barroetaveña, perteneciente a la UCR, fue uno de los mayores opositores a la sanción de la ley de primas a la exportación. Una de sus impugnaciones más importantes tenía que ver con la solicitud de la corporación azucarera, de que una vez aprobada la ley ésta tendría que entrar en vigencia inmediatamente, para así dar salida al el excedente de producción del año 1895. El diputado radical afirmaba que este proyecto no iba a favorecer a los industriales, ni a los cañeros, ni a los fabricantes de azúcar de Tucumán, ya que las primas posibilitarían la exportación del excedente de 1895, que estaba en poder de los especuladores, resultando los únicos beneficiados. Los productores de azúcar de la República se verían perjudicados, ya que no sólo iban a tener que pagar un impuesto interno, sino que tendrían que lidiar con el abaratamiento del producto. Señalaba que los sindicatos acaparadores de azúcar, se verían favorecidos con esta medida, en tanto habían comprado grandes cantidades del dulce, esperando la posibilidad de exportar con la menor cantidad de pérdidas posibles.

Por otro lado, Barroetaveña denunció los vínculos que existían entre los industriales azucareros y los funcionarios estatales:

[...] declaro que me he resistido a asentir a pedidos amistosos, porque creo que el deber de los legisladores es tratar los altos asuntos del Estado prescindiendo de las influencias de la amistad, de las vinculaciones políticas y de los intereses en juego, que tanto se esfuerzan por alcanzar la sanción del proyecto en debate. Los gobiernos y los parlamentos tienen que sustraerse a las influencias de intereses comprometidos, que, cuando se sienten perjudicados, llegan con precipitación en busca del concurso de los gobiernos y los parlamentos. Estos no deben prestar oídos fáciles a las exigencias de los intereses particulares heridos, sino que deben pensar antes lo que conviene más a los intereses generales del país³⁰.

A su vez, señaló la implementación que el sistema de primas había adoptado en otros países. Reconoció que en la mayoría de las naciones proteccionistas de Europa existían las primas a la exportación de los azúcares, que cumplían con el doble objetivo de favorecer el desarrollo de la agroindustria y de aumentar la renta del estado con los impuestos internos. No obstante, en todas partes, las primas eran menores que el impuesto.

Sin embargo, el eje del discurso opositor se vertebró en torno a la defensa al consumidor. Se afirmaba que la salida súbita del país de 20.000 toneladas de azúcar, con el incentivo de la prima, provocaría una disminución en la oferta del dulce, que tendría como consecuencia un incremento del precio del mismo que perjudicaba a los sectores más pobres de la Capital, a quienes el artículo llega recargado por el costo del transporte. La industria azucarera de Tucumán está mal ubicada para poder ser exportadora. No puede resistir una industria mediterránea tarifas de doscientas leguas de ferrocarriles; son demasiado elevadas³¹. Además afirmó que la industria azucarera debía satisfacer las necesidades del mercado interno, lo que le depararía estabilidad y ganancias importantes mientras gozara de la protección arancelaria. Finalmente, Barroetaveña afirmó que en caso de aceptar la sanción del proyecto, lo justo sería favorecer la producción futura, no a los sindicatos formados para especular con la cosecha anterior.

De esta manera cuestionaba no sólo la protección arancelaria, como ya lo había hecho en 1894, sino que impugnaba las maniobras comerciales de los azucareros con el objetivo de mantener el precio del dulce. No obstante, la discusión de 1897 presentó una novedad, retomó la discusión que se desarrollaba a nivel internacional, sobre el papel de sindicatos de empresarios o trusts que procuraban alterar las leyes del mercado. En efecto, los cuestionamientos al funcionamiento de la agroindustria azucarera se reforzaron por la crítica hacia la Unión Azucarera Argentina (UAA), Sociedad Anónima fundada en 1896 que concentraba azúcar para evitar un descenso pronunciado del precio del dulce.

El diputado por La Rioja, Adolfo Dávila, expresó su disconformidad con la constitución de la UAA, en tanto consideraba que todos los sindicatos o coaliciones eran perjudiciales para la industria y para el consumo. Sostenía que el único objetivo de estas asociaciones era incrementar el precio de los artículos. Asimismo señaló que este tipo de maniobras eran lícitas, dado que las leyes no las prohibían. En ese sentido, se definió como proteccionista racional. Sostuvo que a pesar de que el país podía consumir azúcar y vinos baratos y de buena calidad provenientes del extranjero, se tomó la decisión de permitir el desarrollo y la prosperidad de la industria vitivinícola y azucarera, aun a costa de que el pueblo argentino pagara más caro por esos productos. La industria tucumana había cumplido con su objetivo, abastecer el mercado interno. Había llegado el momento de que la competencia permitiera el abaratamiento del producto, y compensara al consumidor por los sacrificios que realizó para hacer prosperar a esa industria. La ley de primas únicamente serviría para fomentar la exportación a costa de los consumidores. Además, remarcaba que el cobro del impuesto redundaría en beneficio del sindicato que acababa de formarse.

Los argumentos que el diputado por Tucumán, Eliseo Cantón esgrimió en favor del proyecto giraron en torno a la defensa de las políticas proteccionistas, como impulsoras del desarrollo industrial del país. Consideraba que el Estado debía proporcionar a los industriales algún tipo de ayuda, dado los intereses comprometidos en la actividad. Por otro lado, hizo referencia a la protección que regía en otros países y señaló que comparativamente el consumidor en la Argentina no se había visto perjudicado. El aspecto más interesante del discurso de defensa de Cantón, fue su afirmación de que el Congreso debía persistir en su posición proteccionista e incitaba a los legisladores a no permitir la ruina de la industria. Remarcó que si se permitía la importación de azúcar francesa o alemana, por ser estas más baratas se sometía al consumidor argentino al importador extranjero³².

La prensa tucumana alentó tibiamente el proyecto y reclamó la búsqueda de soluciones más definitivas. Sostenía que la única manera de poner fin a la crisis de la agroindustria era disminuir la producción. Este dato resulta relevante puesto que era la primera vez que se buscaba ordenar el mercado desplazando la atención de la comercialización del azúcar a la producción³³. Lídoro Quinteros creía que la sanción del proyecto de impuesto interno y prima a la exportación prolongaría la crítica situación de la agroindustria. La única alternativa posible era dejar que el excedente pesara sobre los mercados produciendo un abaratamiento del artículo a tal punto que muchos de los ingenios, entre diez y doce según sus cálculos, cerrarían sus puertas agobiados por las deudas³⁴. De esta manera, sólo quedarían en pie las fábricas que pudieran enfrentar la competencia en un contexto de crisis. Por su parte, los plantadores de caña que quedaran fuera del complejo azucarero deberían reorientar sus cultivos. A pesar del descalabro que esta crisis provocaría en la economía provincial, permitiría depurar el complejo azucarero, otorgándole mayor competitividad.

La afirmación catastrófica de Lídoro Quinteros revelaba la ambivalencia del sector con respecto a la ley como solución definitiva a la crisis de sobreproducción. Pero este escepticismo no se tradujo en una oposición a la legislación por parte de algunos industriales. Esto era así puesto que este proyecto podría traer cierto alivio al malestar por el que atravesaban los negocios azucareros y al mismo tiempo no provocaba demasiadas controversias dentro del sector azucarero, como sí las generaba la limitación de la producción. Además, los costos de la crisis no eran pagados por los factores involucrados en la agroindustria, ya que se transferían al estado que a través de subsidios posibilitaba la colocación de excedente de producción en el exterior.

La posición asumida por el Centro Azucarero expresó en gran medida los intereses del grupo liderado por Tornquist, que buscaba la supervivencia de los ingenios medianos y chicos que proveían de azúcar a la Refinería, lo que ponía de relieve su control de manera paralela en dos negocios, el de la fabricación de azúcar y el de la refinación. Sus estrategias buscaban proteger y dar rentabilidad a sus dos empresas. Por otro lado, se insistió en la necesidad de exportar ya que la Refinería y la Unión Azucarera Argentina tenían en su poder importantes existencias de azúcar. Era imperioso colocar el excedente fuera del mercado doméstico, ya que si este objetivo no se conseguía el stock podría ser volcado para el consumo interno lo que provocaría un descenso aún mayor del precio del dulce.

A pesar de la oposición de los diputados radicales, el proyecto fue finalmente aprobado, gracias a las gestiones del Centro Azucarero, que celebró varias entrevistas con miembros del Congreso. Entre ellas podemos mencionar la reunión de Miguel Nougués, por entonces presidente de la corporación, y Jorge A. Frías con los miembros de la Cámara de Diputados que tenían la misión de discutir el proyecto³⁵.

Aunque la ley de primas fue considerada una victoria por parte de la asociación, existía el convencimiento de que esta medida debía ser complementada con acuerdos de venta. En este sentido, el Centro intentó demostrar a sus asociados que la exportación del excedente no sería posible sin la acción coordinada de los industriales. Para ello, la entidad debía resolver las diferencias existentes en el sector, y por lo tanto debía constituirse en el ámbito en el que se desarrollaran las negociaciones que permitieran dirimir los conflictos y desactivar las disidencias.

[...] Si no hay acuerdo ni unión entre los fabricantes, la exportación será poco menos que imposible y la prima no producirá beneficio alguno. [...] Poniendo de lado los resentimientos y rivalidades que dividen a los fabricantes [...], y hacen que unos se resistan a todo lo que exija la intervención de la casa Tornquist, que otros no quieran saber nada con la Unión Azucarera, que los de más allá estén a favor o en contra de Hileret o de Guzmán, o de otros industriales o capitalistas [...] El Centro deberá ser [...] el intermediario entre unos y otros, el terreno neutral donde todos se encuentren y se entiendan para discutir y combinar lo que se juzgue más conveniente³⁶.

Por este motivo, durante el año 1896 la corporación impulsó la constitución de una sociedad que pudiera potenciar los beneficios que el nuevo marco regulatorio ofrecía a la actividad.

LA UNIÓN AZUCARERA ARGENTINA. FORMACIÓN Y CONFLICTO

Paralelamente a la gestión de la ley de primas, los industriales trataron de encontrar otros medios alternativos de mitigar los efectos de la crisis. A comienzos de 1896, se comenzaron a hacer las gestiones necesarias para la formación de la Unión Azucarera Argentina (UAA). El proyecto que dio lugar al nacimiento de esta sociedad anónima fue propuesto por Clodomiro Hileret, en la reunión de la Comisión Directiva del Centro Azucarero que se celebró el 19 de enero de 1896. El propietario del ingenio Santa Ana, proponía comprar a los fabricantes el 60 % de la próxima cosecha al precio de $ 2,40 sobre vagones en Tucumán, firmando pagares, descontables a cinco meses, o al contado con un 5 % de descuento. El proyecto fue aceptado, no sólo por la Comisión Directiva, sino también por los consignatarios y fabricantes que fueron invitados para que dar su opinión. Entre los presentes se encontraban: Jorge Frías, Teodoro de Bary, Federico Portalis, Juan Videla, Meliton Rodríguez, Pedro Alurralde, Clodomiro Hileret, Broudeur y Palacios. Para que las gestiones prosperaran, se tomó la decisión de contactar a Ambrosio Nougués, para difundir el proyecto entre los industriales tucumanos³⁷.

Durante los seis primeros meses de 1896 se dieron los pasos necesarios para la formación de la nueva entidad, fundada con el nombre de Unión Azucarera Argentina. De este modo, fue el único intento de conformar una unión de industriales azucareros que tomó consistencia. El Centro impulsó y avaló la constitución de esta sociedad anónima, realizaba llamamientos generales la unión, y reivindicaba la acción colectiva como la única posibilidad de salvación de la industria. El objetivo de la Unión era

[...] fomentar la industria en la República por medio de la compra de sus productos y venta de los mismos dentro y fuera del país por cuenta propia o a comisión; se realizarían anticipos de fondos con o sin garantía hipotecaria o prendaria; contratos de participación con los fabricantes de azúcar y arrendamiento y explotación de establecimientos y campos idóneos para la mencionada industria³⁸.

La sociedad duraría hasta el 31 de diciembre de 1897, con dos excepciones: liquidación antes de término o prórroga del mismo. Las bases del convenio disponían que cada fabricante entregaría el 60 % del azúcar de la próxima cosecha, pudiendo entregar una cantidad mayor. La Unión Azucarera, por su parte, se comprometía a exportar antes del 31 de julio de 1896 por lo menos 25.000 toneladas de azúcar.

En caso de que no se sancionara ninguna ley de impuesto interno, la Unión pagaría $ 2,40 moneda nacional por cada 10 kilos de azúcar, puestos sobre vagón en Tucumán. Los contratos se firmarían ad referéndum, reservándose la UAA la facultad de aceptar o no en definitiva la obligación contraída. Los fabricantes que quisieran formar parte de la UAA como socios, podían hacerlo, entrando con toda su azúcar o con parte de ellas. Sí la cosecha fuese superior a 95.000 toneladas para todo el país, o sea 83.000 toneladas para Tucumán, los fabricantes entregarían el sobrante que correspondiera a cada uno, a precio de $ 1,70 por cada 10 Kg., con el objeto de ser exportado.

Además de las 25.000 toneladas que la Unión se obligaba a exportar, también retiraría del mercado hasta principios de la cosecha de 1897, por lo menos 10.000 toneladas de la cosecha de 1896. Si algún fabricante quisiera entregar todo su azúcar, la UAA le pagaría a razón de 2,60 los 10 Kg., siempre sobre la base de una producción total de 95.00 toneladas.

El primer presidente de la Unión Azucarera Argentina fue el entonces Senador Nacional Marco Avellaneda, quien además era propietario junto a la familia Terán del ingenio Los Ralos. La junta directiva de la sociedad estaba compuesta por Ernesto Tornquist, Otto Bemberg, Guillermo Metheven, Federico Portalis, Santiago Gallo, Federico de Bary y Mauricio Mayer. Brígido Terán fue designado como administrador Gerente para Tucumán acompañado por un directorio entre los que se encontraban: Delfín Jijena, Lautaro Posse y Ambrosio Nougués. De esta manera, Brígido Terán detentaba el cargo de presidente de la sub-comisión del Centro Azucarero Argentino para Tucumán³⁹, a la vez que operaba como gerente de la sociedad anónima para la misma provincia. Lo que había tratado de evitarse en la esfera nacional, es decir, la combinación de cargos dentro de la corporación y la participación en el directorio de la UAA, finalmente se concretó a nivel local⁴⁰.

Para dar forma definitiva a esta Sociedad Anónima algunos socios del CAA, como Mauricio Mayer y Otto Bemberg, propusieron que la corporación dirigiera una nota al Banco de la Nación Argentina, con el propósito de obtener un crédito del organismo para que la Unión Azucarera pudiera desempeñar las funciones previstas de la mejor manera posible. Esta solicitud provocó un intenso debate en el seno del Centro Azucarero que tenía que ver con la competencia o no que tenía la corporación industrial para gestionar este tipo de operaciones. Juan Videla sostuvo que el CAA, podía prestar su adhesión moral, prestigiar los propósitos de la UAA, pero jamás responsabilizarse de una operación comercial como la que efectuara esa sociedad Anónima⁴¹. El centro de la controversia era si la corporación azucarera al gestionar el crédito se hacía responsable del mismo, o sí sólo hacía las veces de intermediario puesto que el compromiso de pago recaía sobre la sociedad anónima. La principal oposición provino de Juan Videla, quien además sugería que se solicitaran los préstamos a entidades bancarias privadas. Portalis contestó que esa gestión ya se había realizado y que los directivos de los bancos respondieron que prestarían dinero a los clientes que merecieran mayor confianza pero no a la UAA. Videla consideraba que el CAA ya había cumplido su función brindando su apoyo a la organización y logrando el ingreso de los fabricantes, pero que no podía convertirse en protector de los intereses de la Unión, cuyas funciones eran de carácter netamente comercial. Portalis argumentó en tal ocasión que los intereses del Centro y de la Unión eran comunes, ya que sus miembros eran prácticamente los mismos. Además señaló que la UAA no se conformaba con fines especulativos, sino para salvar a la industria. El debate se resolvió, al establecerse que la Unión Azucarera Argentina dirigiría una nota formal al CAA, para que éste gestionase el préstamo necesario ante las entidades bancarias con el objetivo de que la sociedad empezara a funcionar. Se convino que el Centro no se responsabilizaría por el derrotero de la UAA, teniendo ésta que hacer frente a los compromisos económicos contraídos⁴². Tal decisión provocó la renuncia de Juan Videla, quien expresó de manera enérgica su desacuerdo con la decisión tomada por la Comisión Directiva.

La UAA tuvo que sortear numerosos obstáculos. El emprendimiento soportó desde el comienzo la oposición de ciertos sectores de la Capital y de algunos industriales, puesto que uno de sus actores más consistentes, Alfredo Guzmán, propietario del ingenio Concepción, se opuso a su funcionamiento. Estos factores le imprimieron al cartel una dosis de debilidad, que restó fuerzas a sus resoluciones.

La prensa de Buenos Aires se opuso sistemáticamente a la articulación de convenios que implicaran acuerdo de venta o que buscaran la exportación del exceso de producción. De esta manera, la constitución de sindicatos, o sociedades cuyos objetivos fueran la concentración de azúcar con el fin de sostener el precio en el mercado interno fue sumamente resistido por los periódicos capitalinos. Señalaban que la industria había recibido protección por parte de los poderes públicos con el propósito de abastecer el mercado interno, y que las barreras arancelarias quedaban totalmente desvirtuadas en la medida en que la actividad se convirtiera en exportadora. A partir de entonces, se recalcaba, la industria azucarera perdía la potestad de reclamar ante las autoridades el derecho a la protección. Por otra parte consideraban que los discursos esgrimidos en el pasado por los empresarios azucareros, montados sobre la clave de la industria joven, habían justificado el proteccionismo en la actividad. Había llegado el momento que la actividad azucarera devolviera al país los sacrificios que este había realizado, sobre todo a las masas consumidoras que habían enajenado parte de su poder adquisitivo para apostar a su crecimiento. La nueva coyuntura exigía que la agroindustria cumpliera con su promesa y brindara a los compradores azúcar barata.

Por su parte, El Orden denunciaba que el diario La Nación trataba a los industriales como delincuentes que han organizado una gavilla para arrebatar a los plantadores de caña el producto de su trabajo, y así enriquecerse a costa de un negocio indigno⁴³. El cuestionamiento principal reflejado en el periódico, remarcaba que la UAA constituía un trust que tenía como objetivo monopolizar el negocio azucarero en todo el país para vender a precios exorbitantes, y arruinar a los pequeños industriales.

Paradójicamente la UAA perseguía el objetivo contrario, en tanto buscaba distribuir de manera más equitativa los costos de la sobreproducción. En efecto, las soluciones propugnadas por el Centro Azucarero y la UAA pretendían proteger a los ingenios pequeños, tributarios de la Refinería Argentina. Este tipo de estrategias perseguía sostener el precio del azúcar para ayudar a las fábricas con capacidades productivas limitadas. Los ingenios con mayor productividad y solvencia económica debían soportar el peso de la crisis para asegurar la supervivencia de los más pequeños. De esta manera, la coyuntura de 1895 puso de relieve las diferencias de escala existentes entre las distintas plantas azucareras.

El diario El Orden, realizó una tenaz defensa de la sociedad al afirmar que su existencia garantizaba sacrificios proporcionales. En un contexto de pérdidas seguras se imponía la exportación de azúcar, pero en el caso incierto de que la operación resultase exitosa, los beneficios, también serían parejos. Además, destacaba que el objetivo de la UAA, no era el monopolio del mercado azucarero, sino la valorización del artículo por medio de la exportación del excedente. Buscaba demostrar que detrás de la formación de la entidad no existía ninguna maniobra oculta y rechazaba la versión de que constituía una estrategia para la realización de negocios millonarios.

En el caso particular de la Unión Azucarera, no solamente fueron los periódicos de Buenos Aires los que batallaron en contra de la sociedad, también lo hicieron los de la provincia de Tucumán. El diario El Norte realizó una importante campaña para desprestigiar la sociedad, al mismo tiempo que instrumentó una enconada defensa del comportamiento del empresario Alfredo Guzmán, quien llegado el momento no respetó el convenio firmado con la UAA. El conflicto Guzmán-Unión Azucarera Argentina le imprimió a la entidad una importante dosis de debilidad de la que no pudo reponerse. Al ser rechazada por uno de los industriales más poderosos de la provincia, la tornó más vulnerable e impidió que la UAA lograra cumplir plenamente con los objetivos propuestos.

El conflicto entre Guzmán y la UAA comenzó desde antes que esta entidad estuviera conformada. Clodomiro Hileret, fue el encargado de convencer a los industriales para integrar la sociedad. Alfredo Guzmán ofreció resistencia, al parecer por un desacuerdo con la Refinería Argentina por la cuestión de los precios de su azúcar. De acuerdo a Hileret, Guzmán hizo observaciones al convenio original, condiciones que fueron aceptadas por Tornquist en nombre de la Refinería. Guzmán aseguró que firmaría el convenio, lo que llevó a los tucumanos a solicitar la adhesión de los salteños. Sin embargo, llegado el momento pospuso la firma del convenio. El diario El Norte, que reflejaba las posiciones asumida por Guzmán, sostenía que la negativa del propietario del Ingenio Concepción no era la única, sino que existían múltiples objeciones al proyecto, y que eran más de doce industriales los que se resistían a conformar la Sociedad. Se destacaba, así, que aproximadamente un tercio de los industriales registraban vacilaciones acerca del funcionamiento de la sociedad. El papel central de la Refinería despertaba la sospecha de que el sector más beneficiado con las operaciones de la Unión serían los grandes comercializadores de azúcar, que adquirían el dulce a bajo precio. Guzmán, como propietario de uno de los ingenios más competitivos del sector industrial tucumano, podía acumular stock sin que se viera comprometida la supervivencia de su fábrica. En este sentido, la intervención de la UAA no lo beneficiaba directamente. Esta posición ventajosa le permitió negociar con Tornquist precios diferenciados para su azúcar.

A pesar de todas las dudas, Guzmán inició negociaciones con Brígido Terán, proponiéndole ciertas modificaciones, que fueron negadas. No obstante las desavenencias entre los dos empresarios reflejadas en una confrontación epistolar publicada por la prensa local, el propietario del Ingenio Concepción finalmente firmó las bases y se integró a la Unión Azucarera Argentina.

Sin embargo, llegado el momento Guzmán no hizo valer su contrato, y se retiró de la Unión, lo que provocó una larga disputa que llegó hasta los tribunales de justicia. Según lo estipulado en el convenio cada fabricante, por incumplimiento del mismo, tenía que pagar una multa, calculada sobre la base de las exportaciones que cada ingenio debía realizar. La suma calculada por la contravención realizada por Guzmán fue de $ m/n 510.000. Además según los estatutos de la sociedad, si alguno de los socios presentaba una queja por algún aspecto del convenio, ambas partes debían someterse a un arbitraje. Guzmán no aceptó una solución consensuada y el pleito fue resuelto en el ámbito judicial. El juez de primera instancia de Buenos Aires, Dr. Ahumada, ante la negativa del propietario del ingenio Concepción de pagar la multa, resolvió en julio de 1896, embargar las 170.000 arrobas de azúcar"pilé" pertenecientes a Guzmán y Compañía, que representaban aproximadamente $ 850.000 m/n, ya que se calculaba el valor de cada arroba en $ 5 m/n.

La UAA realizó una campaña defendiendo el juicio iniciado contra el propietario del Ingenio Concepción. El Orden se convirtió en el vocero y en el más firme defensor de la sociedad. Los iniciadores de la UAA, publicaron un artículo explicando las características del convenio firmado entre la sociedad y los industriales azucareros en general. La sociedad se había comprometido con todos los fabricantes a exportar 25.000 toneladas, y, además, los excedentes de producción que le fueran entregados por los fabricantes al precio convenido para la exportación, una vez superado el límite de producción impuesto a cada ingenio. Por otro lado, los fabricantes se veían obligados a vender a la UAA una parte de sus productos para compensar la pérdida por la exportación. Se afirmaba que Guzmán y Compañía se habían visto beneficiados con el accionar de la misma, al evitar los precios ruinosos. Sin embargo, llegado el momento de hacer efectivo el compromiso contraído, no cumplió pues ya no le era conveniente, pretendiendo de esta manera lucrar con el sacrificio de los demás.

Alfredo Guzmán apeló el fallo ante la justicia provincial, lo que provocó un conflicto jurisdiccional entre el juez de la Capital Federal y el de la provincia de Tucumán. Finalmente, en septiembre de 1896, después de aproximadamente cuatro meses de conflicto, se llegó a un acuerdo entre Alfredo Guzmán y la Unión Azucarera. Se estableció que los Sres. Guzmán y Cía, entregarían la suma de $ m/n 250.000 como diferencia de la venta de azúcares hecha por los demandados a un precio mayor que el establecido para la exportación.

En noviembre, se celebró un convenio entre Marco Avellaneda, presidente de la UAA y Lídoro Quinteros quien representaba a Alfredo Guzmán. Se dejó sin efecto el contrato celebrado entre ambas partes, asumiendo cada una de ellas el pago de los gastos de las acciones judiciales entabladas.

A pesar de la gran difusión de este suceso, en las reuniones de la Comisión Directiva del Centro Azucarero, jamás se hizo mención de la cuestión que enfrentaba al propietario del ingenio Concepción con la nueva sociedad anónima. Esto demuestra la intención de la corporación empresaria de sustraerse de las contingencias conflictivas que involucraba a los negocios azucareros. Siguió defendiendo su carácter de gremio, que posibilitaba un espacio común para demandar y peticionar ciertas medidas que redundaran en beneficio de la agroindustria. No tomó partido, como corporación, en el conflicto que enfrentó a Guzmán con la UAA.

No nos corresponde intervenir en la polémica, como no queremos intervenir ni hacemos eco de las publicaciones que han hechos los señores Hileret, Guzmán y otros por el tono y el carácter personal que han ido asumiendo. La Revista Azucarera quiere ser órgano de los intereses generales de la industria, no de un bando o de una facción. Con esto refleja el espíritu que ha reinado siempre y que debe reinar en el seno de la Comisión Directiva del Centro. [...] El Centro permanece neutral, prefiriendo paralizar su acción antes que hacer algo que pueda favorecer o perjudicar a los unos o a los otros. Con ello se hace daño a la industria, porque la fuerza y el prestigio adquiridos por el Centro, serán siempre necesarios, una vez pasadas las pasiones del momento, para intervenir en las iniciativas que exijan el concurso de todos los industriales.⁴⁴

El conflicto entre la UAA y Guzmán fue el que más repercusión tuvo, pero no fue el único. Como ha señalado Donna Guy:

La UAA tropezó con la firme oposición de los industriales que se resistieron al control creciente del mercado azucarero por parte de comerciantes e industriales del litoral. La Unión exigía ser la única autoridad que podía recibir azúcar en consignación y venderla. [...] Tal acuerdo eliminaría el comercio regional de Tucumán y relegaría a la provincia a la posición de abastecedora agrícola de la Refinería y la Unión Azucarera ⁴⁵.

Durante los años que actuó la Unión (entre 1896 y 1900), sufrió objeciones por parte de diferentes fabricantes, que se negaron a firmar sus contratos, por lo tanto el cartel nunca logró funcionar aceitadamente⁴⁶. El comportamiento free-rider de algunos propietarios de ingenio debilitó la acción de la sociedad que no pudo controlar eficazmente las ventas de azúcar y por lo tanto el precio del producto⁴⁷.

A pesar de las dificultades Emilio Schleh sostiene que la Unión Azucarera era

[...] el complemento indispensable de la Ley de primas, pues esta poco habría beneficiado a la industria, dada la inexperiencia de los industriales para manejarse en el comercio exterior, como lo prueba el hecho de que aún estando nucleados en la Unión realizaron un negocio con pérdidas durante los años de existencia de esta⁴⁸.

El hecho de que la UAA no contara con el apoyo de todos los fabricantes hizo que su acción para ordenar el mercado no fuera del todo eficaz. Por este motivo, la corporación siguió explorando estrategias que permitieran abordar la cuestión de la superproducción sin una intervención directa de los poderes públicos. Por ello impulsó la realización de un congreso azucarero con el objetivo primordial de lograr el acuerdo entre los fabricantes, a fin de aprovechar el nuevo marco legislativo en el que se desenvolvía la actividad.

EL CONGRESO AZUCARERO DE 1897

Para hacer frente a las continuas disidencias y resistencias de los fabricantes la dirigencia corporativa buscó lograr el acuerdo mediante la realización de un congreso azucarero. El mismo adoptó la forma de una asamblea de empresarios y fue presidido por Carlos Pellegrini, una figura de prestigio del campo de la política además de ser un proteccionista decidido que podía colaborar a superar diferencias. Por otro lado, era un entendido en la cuestión azucarera pero no tenía intereses en la actividad; por ello se esperaba podía encarar las soluciones de una forma desapasionada.

El primer encuentro tuvo lugar el 24 de mayo de 1897 en el local de la Unión Industrial Argentina. La apertura de las sesiones estuvo a cargo del ex presidente,

quien aprovechó la ocasión para puntualizar su opinión sobre algunos aspectos del desarrollo de la actividad industrial que resultaban controversiales. Remarcó el carácter nacional que la industria azucarera poseía puesto que era el resultado del trabajo nacional. Clasificó a la actividad como industria natural, porque operaba como transformadora de productos de la tierra para convertirlos en bienes industriales⁴⁹. Señaló que la protección del Estado debía limitarse a este tipo de industrias, en tanto se corría el peligro de generar industrias artificiales, que debían su existencia a la acción oficial y no a las condiciones naturales de la tierra. Según su criterio, la intervención estatal debía desenvolverse en un delicado equilibrio. No debía tener una presencia tan marcada que terminara por aniquilar la iniciativa privada, pero tampoco mostrarse indiferente a las cuestiones que afectaban a los habitantes de la nación en tanto concernían a la riqueza nacional⁵⁰.

Esta protección tiene justamente por objeto explotar las condiciones naturales de nuestra tierra, prestando a las industrias nacientes aquella protección que les es indispensable para luchar con la experiencia, para luchar con la falta de capitales, con la falta de mercado, con esos cien inconvenientes que rodean una industria que nace, para alcanzar un porvenir más o menos cercano el gran desideratum que es ofrecer al consumidor un producto nacional a un precio más barato que el similar extranjero⁵¹.

De este modo, la posición de Pellegrini respecto del proteccionismo expresaba, en gran medida, el pensamiento del conservadurismo decimonónico. A pesar de coincidir con los radicales en la existencia de industrias artificiales y naturales a diferencia de aquellos ubicaba a la industria azucarera entre las segundas. Precisamente, por definirla como tal el estado debía asegurar su supervivencia no sólo para garantizar el funcionamiento de una región, sino para proteger a los consumidores. En ese sentido remarcaba que el objetivo de todo emprendimiento industrial era ofrecer a las masas consumidoras el mejor producto posible al precio más barato. Señalaba que los intentos de los industriales de buscar algún tipo de acuerdo para concentrar las ventas de azúcar no podía ser entendido como complots contra con los consumidores. Por el contrario, se buscaba proteger al consumidor de la extorsión de los países extranjeros.

La reunión de los industriales para salvar una crisis, no es ni puede ser, por consiguiente, una conspiración contra el consumidor, porque las más elementales nociones enseñan que a medida que se bajan los precios se agranda el consumo, y que al productor le conviene aumentar el consumo hasta donde sea posible, obteniendo de su producto interés racional. Las causas mismas de esta reunión lo prueba y elevar artificialmente el precio de un producto es disminuir su consumo, es atentar contra la industria. [...] El interés verdadero del consumidor es que los productos industriales les sean entregados al menor costo posible, pero sin atentar contra la industria misma, cuya desaparición vendría a encarecer el producto mismo⁵².

Con esta argumentación, desestimaba las críticas de miembros del partido radical, no sólo defendiendo la configuración de acuerdos de comercialización sino remarcando que estas operaciones no perjudicaban a los consumidores. La acción coordinada de ventas no podía ser entendida como la expresión de la artificialidad de la industria azucarera, por el contrario, el azúcar barata era el producto del trabajo industrial. El abastecimiento del mercado interno permitía a la Argentina independencia respecto de los proveedores extranjeros.

Con respecto a las dificultades hacia el interior del sector para concertar alianzas, Pellegrini señaló que era necesario realizar sacrificios para permitir la supervivencia de todos los involucrados en la actividad. Las cuestiones que generaban divisiones entre el empresariado azucarero debían ser abordadas en ese espacio de discusión generado por el Centro Azucarero, pero también remarcaba que la única posibilidad de enfrentar la crisis de una manera exitosa (es decir, morigerar las pérdidas que indefectiblemente se presentarían) era actuar de manera conjunta De esta manera, el punto de partida debía ser el consenso, puesto que sólo el acuerdo permitiría afrontar la coyuntura adversa.

Desearía saber si hay algún señor que crea que la industria puede desenvolverse por sí misma sin ninguna medida extraordinaria o de conjunto. Esta reunión tiene por base un peligro inevitable si no se conjura por una acción conjunta. Esto es lo único que le da razón de ser. Si alguien entiende que el peligro que amenaza a la industria azucarera puede conjurarse por la acción de cada uno de los fabricantes, sin necesidad de una acción conjunta o del auxilio oficial, probaría con ese pensamiento la inutilidad de la reunión⁵³.

Pellegrini consideraba que sólo existían dos soluciones posibles que podían contribuir a descomprimir el mercado de azucares. Una alternativa era la exportación del exceso de producción, manteniendo, de este modo, el equilibrio entre la oferta y la demanda, es decir, solo volcar en el mercado interno la cantidad que este necesitaba. Si la exportación no fuera posible, la opción que debía tomarse era la de disminuir la producción. Esta posibilidad era considerada como una medida extrema en tanto significaba destruir una parte de la industria⁵⁴. Sobre estas dos alternativas debían trabajarse proyectos que serían discutidos por los industriales. Se nombró una comisión constituida por: Lidoro Quinteros, Mauricio Mayer, Martín Berho, Vicente Gallo, Brigido Terán, Ernesto Tornquist, Federico Carlisle y Pedro Alvarado encargada de estudiar las propuestas para conseguir exportar azúcar. Además debían compararlos y lograr una síntesis que sería propuesta a los otros asistentes a la asamblea.

Las propuestas presentadas a la comisión exhibían algunas diferencias aunque todas perseguían el mismo objetivo: depositar en el mercado externo el stock que pesaba sobre los precios internos. Algunos industriales proponían que la exportación se hiciera por intermedio de la Unión Azucarera Argentina, otros remarcaban la necesidad de crear una nueva sociedad, o en su defecto, el nombramiento de una comisión ad hoc elegida a tal efecto.

A pesar del acuerdo inicial sobre la necesidad de colocar en el mercado internacional el excedente de producción, las negociaciones no prosperaron, sobre todo a raíz de la sistemática oposición brindada por Lídoro Quinteros, ex presidente del Centro y representante del Ingenio Concepción, propiedad de Alfredo Guzmán. Quinteros se oponía a participar en los acuerdos comerciales, pero de hacerlo exigía precios diferenciados para el azúcar"pile" del ingenio Concepción. Por otra parte también cuestionaba el rol desempeñado por la Unión Azucarera, en tanto consideraba que su desempeño había sido absolutamente negativa, y no había logrado su objetivo. Sólo había convertido a los empresarios del azúcar en el blanco de las críticas por parte de los sectores librecambistas del litoral. De esta manera, las diferencias existentes dentro del complejo agroindustrial azucarero afloraron nuevamente. La petición por parte del ingenio Concepción de precios diferenciados reflejaba, en gran medida, la heterogeneidad del complejo agroindustrial tucumano. Asimismo, la posición de Quinteros precipitó la disgregación del sector industrial y puso en cuestión la imagen homogénea que la entidad había cimentado sistemáticamente.

En el cierre de la reunión, Pellegrini concluyó que no se había podido llegar a un acuerdo por las divergencias que presentaban las distintas fábricas en diferentes niveles. En este sentido remarcaba que los productores de azúcar se hallaban en situaciones diferentes, lo que traía aparejadas exigencias diversas. Había ingenios que tenían capital disponible y podían comenzar la zafra inmediatamente, otros no disponían de capital y necesitaban un adelanto. Resultaba evidente que para estos últimos era condición sine qua non que la primera base del arreglo fuera un anticipo, sin el que no podrían funcionar. Por otra parte, lo ingenios tenían costos de producción distintos y calidades de producción diferentes lo que dificultaba la firma de un convenio que no diferenciaba la calidad de las producciones. Estas divergencias imposibilitaron la concreción de un convenio. La prueba más evidente y contundente de esta imposibilidad era la UAA. El propósito de la misma había sido reunir el comercio de azúcar en una mano, para evitar que una oferta excesiva y desordenada perjudicara la industria y para graduar la entrega hasta que despareciera el exceso. El efecto, sin embargo, había sido el contrario, ya que como la UAA compraba a precios remunerativos, los fabricantes de azúcar continuaban con el ritmo producción, hasta el punto de que la producción había logrado duplicar las necesidades del consumo. De esta manera, hacia 1897 la UAA tenía en su poder 95.000 toneladas de azúcar, que debían haber estado en manos de los fabricantes, aplastándolos bajo su peso, si ella no se hubiese formado.

La imposibilidad del acuerdo abría la puerta a la competencia entre los productores de azúcar, y en esta nueva instancia sólo los ingenios más grandes iban a poder subsistir. A su vez, la contracción de la producción de azúcar gravitaría directamente en la economía regional y en el sector cañero.

Ha llegado pues, para la industria azucarera la hora de la prueba. Diez mil, veinte mil obreros quedarán sin trabajo y habrá miseria y hambre en muchos de los pobres ranchos de La Rioja, Catamarca o Santiago. Bajará la demanda de caña y bajaran enormemente los precios. Los pequeños cañeros desaparecerán. Las primeras víctimas serán los pobres y los miserables. [...] Pero en cambio de estos males, ser conseguirá una disminución en la producción y un aumento en el consumo por la baja de los precios y el menor costo de producción [...]. Disminuyendo la producción y aumentando el consumo, llegarán ambos a nivelarse y se habrá alcanzado el objetivo aunque dejando muchos muertos en el camino ⁵⁵.

La dificultad para actuar de manera conjunta reflejaba las desconfianzas y tensiones existentes entre industriales, que se expresaban en la configuración de dos alternativas. El grupo liderado por Ernesto Tornquist, buscaba concretar acuerdos de venta para sostener el precio del azúcar. Esta estrategia perseguía, sobre todo, salvaguardar a sus clientes, ingenios más pequeños, tributarios de la Refinería Argentina. Esta postura no descartaba la intervención de los poderes públicos. Por su parte, Alfredo Guzmán proponía la libre competencia, para reordenar la producción. El peso del excedente solo permitiría la supervivencia de los más aptos, contribuyendo a formar ingenios integrados, y más competitivos. A su vez, el sector cañero debía diversificar sus cultivos, a fin de evitar su propia extinción.

De esta manera, hacia 1897 las diferencias existentes hacia el interior del segmento empresarial azucarero aparecían como irreconciliables. Por un lado, se encontraban la Refinería Argentina, la Unión Azucarera Argentina y el Centro Azucarero Argentino, como los principales promotores de los acuerdos entre los fabricantes. Por otro lado, algunos empresarios disidentes (que constituían una constelación bastante difusa), que lanzaban sus sospechas sobre los réditos de la cooperación y dudaban de que los proyectos promovidos por la corporación buscaran beneficiar a todos los empresarios por igual. A pesar de ello, la disidencia no se materializó en la formación de una asociación paralela, ni tampoco en las renuncias en su calidad de socios del Centro. En ese sentido, las diferencias existentes entre los industriales se expresaron en la no adhesión a los proyectos que la corporación impulsaba y no en una actitud militante en contra de la entidad.

Sin embargo, las divisiones sectoriales gravitaron en el funcionamiento de la asociación, que terminó identificándose con uno de los grupos en pugna. La corporación se mostró impotente en el contexto de sobreproducción, ya que no pudo diseñar una propuesta superadora que contuviera las demandas de los distintos segmentos del sector empresarial.

Ni las iniciativas del Centro Azucarero, ni la intervención del Dr. Pellegrini, ni los varios proyectos formulados, ni la magnitud de la catástrofe que puede sobrevenir, han bastado a poner de acuerdo a los fabricantes e inducirlos a entenderse sobre un proyecto determinado. Lo que era aceptado por unos, no era aceptado por otros, lo que la unión creía conveniente y realizable otros consideraban de imposible realización. No haremos inculpaciones, ni recriminaciones: no queremos apartarnos de nuestra actitud prescindente; nos limitaremos a lamentar que eso haya sucedido, que no se haya sabido evitar un derrumbamiento ruinoso en los precios y con él la probable clausura de algunos ingenios, la ruina de muchos cañeros, el retroceso violento de la fabricación⁵⁶

Esta cita revelaba las dificultades que tuvo la conducción corporativa para traducir sus propuestas en resultados concretos. La institución aceptaba su impotencia para lograr una solución que integrara a la totalidad del sector. Sin embargo, el disenso no se articuló en torno a un solo tópico, por ello las impugnaciones se reformularon constantemente. En este sentido, las discrepancias fueron en gran medida coyunturales, y los conflictos sufrieron continuos desplazamientos, lo que inyectaba una tremenda dosis de dificultad a las acciones del Centro, que aparecía como una asociación poco eficaz, que carecía de la conducción adecuada para enfrentar la de crisis.

Esta tensión existente en el seno de la asociación se distendió durante 1898 puesto que el panorama azucarero sufrió modificaciones. La cosecha experimentó una baja debido a las fuertes heladas y a la sequía, y según las estimaciones de la Revista, esta no superaría las 70.000 toneladas en toda la República. La imprevisibilidad de la naturaleza aportó algo de alivio en el contexto de exceso de producción. No obstante, para 1899 se esperaba una cosecha abundante y por lo tanto cobraron un renovado impulso las iniciativas para lograr la cooperación entre los empresarios. A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad, los nuevos intentos fueron promovidos por los industriales de manera particular y no por el Centro. El acuerdo buscaba asegurar la exportación del 25% de la producción de acuerdo a lo establecido por la ley de primas, además de pactar un convenio de venta que fijara el precio en el mercado interno. La corporación afirmaba que

[...] ha sido un bien que la iniciativa partiera de los mismos fabricantes, porque si hubiese partido del Centro habría encontrado mayor resistencia, por la prevención absurda e injustificada con que se mira toda cuestión de acuerdo que inicie la asociación, atribuyéndole miras, fines y vinculaciones que nunca ha tenido⁵⁷.

A pesar de que en esta ocasión la propuesta surgió por fuera de la asociación, esto no evitó que se presentaran algunas objeciones. Como en el pasado, las impugnaciones provinieron de los industriales localizados en la provincia de Tucumán. En ese sentido, la revista sostenía que

[...] como las objeciones han partido de Tucumán, conviene que sean los fabricantes de allí los que se pongan de acuerdo sobre la base del proyecto ya remitido, en la seguridad de que una vez que hayan uniformado opiniones y firmado todos o el mayor número ese convenio u otro, no habrá obstáculos serios para su aceptación, ni de parte de los fabricantes residentes en la capital, ni de la Unión Azucarera o Refinería Argentina. El Centro no puede exponerse a continuos fracasos, ni forjar un proyecto tras otro para que en Tucumán persistan en el terreno de las dudas y las desconfianzas y soliciten modificaciones fundamentales que lo hacen ineficaz e irrealizable. Ya que parten de allí las dificultades es justo que allí mismo se trate de resolverlas⁵⁸.

En esta coyuntura adversa, donde el Centro Azucarero apareció profundamente cuestionado como entidad verdaderamente representativa de los intereses azucareros, la prensa local remarcó la ineficiencia de las gestiones emprendidas por la asociación y que la intrascendencia de sus acciones no justificaba su existencia. Desde el diario El Orden se promovió la disolución del Centro, en tanto se afirmaba que, el CAA no llena, ni con mucho los verdaderos intereses de la industria y de allí ha nacido la idea de que su desaparición es necesaria. El CAA, tal cual está manejado hoy, no es más que una comandita familiar⁵⁹. Era la primera vez que la corporación sufría una impugnación de este calibre puesto que afirmaba que en los últimos años la corporación industrial había prestado muy pocos servicios para el desarrollo y progreso de la industria azucarera. Asimismo, denunciaba a los miembros de la Comisión Directiva, argumentando que estos se habían abusado de la representación que se les había otorgado, utilizando el centro en su propio beneficio

[...] se han sacrificado los intereses del gremio a los mezquinos del estrecho círculo que monopoliza el CAA, por la sencilla razón de que se quiere en la secretaría a un miembro de la familia que haga todo lo que se le ordene y no a una persona que con ideas propias podría haber asesorado con ideas prácticas y técnicas⁶⁰.

Por todos estos motivos exhortaba a los asociados a la entidad azucarera a que enviaran sus renuncias. No obstante, la propuesta no tomó consistencia, aún más, con la intensificación de la crisis el Centro cobró un renovado protagonismo y se volcó durante los primeros años del siglo XX a trabajar articuladamente con los poderes públicos provinciales para diseñar un esquema de regulación de la actividad con el objetivo de controlar la producción.

A modo de conclusión

A partir de 1896, la agroindustria azucarera experimentó los efectos de la crisis de sobreproducción. Las dificultades de los empresarios azucareros para tejer algún tipo de alianza comercial generaron soluciones parciales como la constitución de la Unión Azucarera Argentina. Asimismo, la crisis implicó soluciones propias del ámbito parlamentario como la ley de primas de 1897 que tuvo un alcance limitado. Frente a un escenario económico profundamente perturbado por la caída del precio del azúcar se actualizó el debate sobre el papel que le cabía al Estado ante situaciones de emergencia. En dicho contexto, el CAA consideraba que el Estado debía desempeñar un rol sumamente activo para ordenar la producción azucarera. En ese sentido, bajo la divisa de la salvación pública proponía que el gobierno controlara la producción para organizar la actividad devastada por la crisis. Esta intervención, entendida como un recurso extremo y provisorio, reflejaba un cambio en la relación de los industriales azucareros con el Estado que implicaba una interacción más intensa de la actividad privada con la esfera política. No obstante, un grupo de industriales, no compartían esta visión y sostenían que los poderes públicos no debían regular la actividad, sólo debían garantizar las tarifas protectoras al azúcar. Ahora bien, detrás de este posicionamiento subyacía también la configuración de dos modelos azucareros distintos. Uno que hacía hincapié en la necesidad de políticas reguladoras, (para lo que se necesitaba la colaboración del Estado) que garantizaran la supervivencia de ingenios medianos y chicos, para asegurar de esta manera las ventas de azúcar no refinada a la Refinería Argentina. Otro sector, compuesto por algunas fábricas con gran capacidad productiva, sostenía la necesidad de dejar que el excedente pesará sobre el consumo, y que en esa competencia, solo quedarán los más aptos. Esto permitiría generar ingenios integrados, y más competitivos. A su vez el sector cañero debía diversificar sus cultivos, a fin de evitar su propia extinción. En este sentido, la intervención estatal mediante políticas reguladoras atentaba contra la competitividad del complejo agroindustrial azucarero, permitiendo la supervivencia de pequeños plantadores y de ingenios con bajos niveles de productividad. Estas miradas divergentes sobre la estructura que debía adoptar el complejo agroindustrial revela la disparidad de los actores involucrados en la actividad. Las diferentes lecturas acerca de las causas de la sobreproducción, y más aún, sobre las soluciones más adecuadas para salir de ella, impidieron la concreción de medidas consensuadas que morigeraran las consecuencias de la disminución del precio del dulce. Asimismo, la reticencia de algunos socios de formar parte de acuerdos de venta, implicó una división dentro del mundo azucarero, que no se tradujo en la formación de una asociación paralela, pero si en la delimitación de dos grupos de empresarios portadores de atributos diferenciados. De esta manera, se registra el pasaje de un discurso que buscaba resaltar la homogeneidad de los propietarios de ingenio y remarcar las características positivas que les eran inherentes, a otro que señalaba las diferencias existentes hacia el interior del sector, y que delineaba las diferencias de comportamiento entre el grupo que lideraba la corporación azucarera y algunos industriales tucumanos.

Notas

¹ Guy, 1981.

² Las denominadas"Leyes Machete" fijaban un límite a la producción de azúcar de la provincia de 71.500 toneladas; sobre esta cantidad se pagaría un impuesto de medio centavo por kilo que sería prorrateado entre las distintas fábricas. Toda la producción que excediera dicha cantidad pagaría un impuesto de 40 centavos por kilo de azúcar exportado al extranjero en razón de 39 ½ centavos si la exportación se hacía con prima y 40 centavos si se efectuaba sin ella. El producto de lo recaudado se utilizaría para indemnizar a los plantadores que quedaran con la caña en pie y quisieran acogerse a los beneficios de la ley, con la obligación de destruir sus plantaciones o destinar la materia prima a otras aplicaciones que no fueran el azúcar o el alcohol. La indemnización de la materia prima estaría en manos de una Comisión Clasificadora, que debía pagar como máximo para las plantaciones de primera clase $ 150 m/n por hectárea. Para un análisis completo sobre la temática, véase: Bravo, 1993.

³ Balán, 1978.

⁴ Los productores agrarios dependientes de los ingenios se denominaron colonos, por contraposición a los plantadores de caña que negociaban con los fabricantes de azúcar que constituían el segmento de"cañeros independientes".

⁵ Bravo, 2008.

⁶ Sánchez Román, 2005.

⁷ Campi, 2002: 28.

⁸ La presencia del sector cañero marcó una de las características distintivas del desarrollo industrial azucarero tucumano ya que como señala María Celia Bravo la diferenció de su similar salto-jujeña y de emprendimientos análogos acaecidos en otras regiones azucareras de América Latina. En el área cañera salto-jujeña, el plantador independiente fue caso atípico en la producción y la comercialización de la caña, puesto que la agroindustria integró, desde el punto de vista empresarial, el sector industrial con el agrícola. En líneas generales, en las restantes economías azucareras latinoamericanas la irrupción del ingenio moderno promovió un gran concentración de la tierra y los propietarios fueron despojados a expensas de los nacientes latifundios de los ingenios. Véase, Bravo, 2008: 15.

⁹ Guy, 1981; Bravo, Campi y Sánchez Román, s/f; Balán, 1976; Sánchez Román, 2004; Giménez Zapiola, 1975.

¹⁰ Guy, 1981: 59.

¹¹ La convención de Bruselas de 1903 reunió a los principales países productores de azúcar con el objetivo de neutralizar las políticas de dumping. En este sentido, se buscaba limitar la entrada en el mercado de azúcares subsidiados, cerrándose para la Argentina la posibilidad de colocar excedentes con primas en el exterior.

¹² Schleh, 1939.

¹³ Ibidem: 11.

¹⁴ Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, 22-II-1895.

¹⁵ Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, sesión 5-IV-1895.

¹⁶ Ibidem, sesión 10-IV-1895.

¹⁷ Revista Azucarera, nº 13, 1895: 636.

¹⁸ Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, sesión 22-V-1895.

¹⁹ Revista Azucarera, nº 14, 1895: 655.

²⁰ Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, sesión 24-V-1895.

²¹ Revista Azucarera, nº 15, 1895: 732.

²² Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, sesión 20-VII-1895.; sesión 24-VII-1895.

²³ Revista Azucarera, nº 16, 1895: 750-751.

²⁴ Ibidem: 847.

²⁵ Revista Azucarera, nº 13, 1895: 607.

²⁶ Revista Azucarera, nº 16, 1895: 750-751.

²⁷ Ibidem: 750-751.

²⁸ Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, sesión 29-XI-1895.

²⁹ Durante los años que estuvo en vigencia la ley el fisco, que percibió $ 57.147.868 m/n en concepto de impuesto interno aplicado a 1.074.861 toneladas de azúcar de producción nacional e importada. Las primas abonadas por el Ejecutivo Nacional a los exportadores fueron de $ 35.451.495; quedando para el fisco un total de $ 21.696.372.

³⁰ Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, Sesión de Prórroga, 15-I-1896: 1162.

³¹ Ibidem: 1170.

³² Ibidem: 1184.

³³ El Orden, 23-X-1896.

³⁴ El Orden, 24-XI-1896.

³⁵ Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, sesión 2-I-1896.

³⁶ Revista Azucarera, nº 34, 1897: 1621-1622.

³⁷ Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, sesión 19-I-1896.

³⁸ Schleh, 1939: 13.

³⁹ Resulta necesario destacar que la Sub-Comisión del CAA para Tucumán no tenía rango estatuario y por lo tanto el cargo revestía un carácter informal. En este sentido, Brígido Terán operaba como un delegado de la corporación en la provincia, puesto que los integrantes de la sub-comisión eran elegidos por la Comisión Directiva del Centro.

⁴⁰ El Orden, 4-IV-1896.

⁴¹ Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, sesión 24-V-1896.

⁴² Centro Azucarero Argentino, 1894-1923, tomo I, sesión 24-V-1896; sesión 28-V-1896.

⁴³ El Orden, 22-V-1896.

⁴⁴ Revista Azucarera, nº 33, 1897: 1614-1615.

⁴⁵ Guy, 1981: 105.

⁴⁶ Ibidem: 108.

⁴⁷ Sánchez Román, 2005: 261.

⁴⁸ Schleh, 1939: 15.

⁴⁹ Revista Azucarera, suplemento nº 38, 1897: 4-5.

⁵⁰ Ibidem: 5.

⁵¹ Ibidem: 7.

⁵² Ibidem: 7-8.

⁵³ Ibidem: 22-23.

⁵⁴ Ibidem: 23.

⁵⁵ Ibidem: 56.

⁵⁶ Revista Azucarera, nº 38, 1897: 1777.

⁵⁷ Revista Azucarera, nº 57, 1899: 374.

⁵⁸ Revista Azucarera, nº 62, 1899: 513.

⁵⁹ El Orden, 26-XII-1899.

⁶⁰ El conflicto se originó en 1899 cuando quedó vacante el cargo de secretario del CAA. Mientras un grupo de industriales sostenía la candidatura de Ezequiel Gallo, la Comisión Directiva de la Corporación nombró a Guillermo Padilla, quien según el diario El Orden, no era socio de la entidad empresaria. Sin embargo. Padilla ocupaba un lugar destacado en el mundo empresario argentino. Durante las primeras décadas del siglo XX fundó y dirigió el Monitor de Sociedades Anónimas y detentó la presidencia de la Unión Industrial Argentina (El Orden, 26-XII-1899).

FUENTES

1. Centro Azucarero Argentino (1894-1923). Libro de Actas de la Comisión Directiva.

2. Diario El Orden. Tucumán.

3. Revista Azucarera.

4. Schleh, Emilio (1939). Compilación Legal sobre el azúcar. Legislación Nacional (Impuestos Internos, Primas a la Exportación y Régimen Aduanero). Tomo I, Buenos Aires: Imprenta Ferrari Hnos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Balán, Jorge (1978)."Una cuestión regional en la Argentina: Burguesías provinciales y mercado nacional en el desarrollo agroexportador". En Desarrollo Económico, vol.18, nº 69.         [ Links ]

2. Bravo, María Celia (1993)."Las leyes machete y la ruptura del frente azucarero". En Daniel Campi (Comp.). Estudios sobre la historia de la Industria Azucarera. Tomo I, Tucumán: Universidad Nacional Tecnológica-Universidad Nacional de Jujuy, 1993.         [ Links ]

3. Bravo, María Celia (2008). Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930). Rosario: Prohistoria Ediciones.         [ Links ]

4. Bravo, María Celia; Campi, Daniel; y Sánchez Román, José Antonio (s/d). El proteccionismo azucarero cuestionado: Estrategias empresariales en la Argentina, 1895-1914. Mimeo.         [ Links ]

5. Campi, Daniel (2002). Azúcar y trabajos. Coacción y mercado laboral en Tucumán, Argentina, 1856-1896. Tesis Doctoral Inédita, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.         [ Links ]

6. Giménez Zapiola, Marcos (1975)."El interior argentino, y el 'desarrollo hacia fuera': el caso de Tucumán". En Marcos Giménez Zapiola. El Régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad Argentina. Buenos Aires: Amorrortu.         [ Links ]

7. Guy, Donna (1981). Política Azucarera Argentina: Tucumán y la generación del 80. Tucumán: Fundación Banco Comercial del Norte.         [ Links ]

8. Sánchez Román, José Antonio (2005). La dulce crisis: estado, empresarios e industria azucarera en Tucumán, Argentina (1853-1914). Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla.         [ Links ]