ARTÍCULOS DE HISTORIA AMERICANA

Tiempos de cambios vertiginosos. El proceso político ecuatoriano (1808-1822)

 

Beatriz Conte de Fornés

Universidad Nacional de Cuyo. Argentina. beatrizconte2@yahoo.com.ar

 

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RESUMEN

El propósito de este trabajo es analizar el proceso de radicalización política que se produjo entre 1808 y 1822 en la Audiencia de Quito, actual Ecuador, en íntima relación con la situación peninsular y en el marco del movimiento revolucionario hispanoamericano. Específicamente se trata de comprender por qué si el movimiento juntista desatado como respuesta a la crisis de la Monarquía, se sustentó fundamentalmente en la tradición jurídica española, pocos años después, al organizar el naciente Estado se apeló a principios modernos, provocando una modificación sustancial en el orden político vigente. Para dar respuesta a este interrogante, se recogen los aportes realizados por la historiografía a través del tiempo.

Palabras claves: Ecuador; Tradición; Modernidad; Revolución.

ABSTRACT

The aim this work is to analyze the political radicalization process that occurred between 1808 and 1822 in the Audiencia of Quito, today Ecuador, closely related to the peninsular situation and under the Spanish American revolutionary movement. Specifically, it seeks to understand if the juntista movement unleashed in response to the crisis of the monarchy was mainly based on the Spanish legal tradition. Few years later, the nascent state appealed to modern principles, causing a substantial change in the existing political order. The contributions collected by historians through time are used to understand this process.

Keywords: Ecuador, Tradition; Modernity; Revolution.

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INTRODUCCIÓN

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio en el que estudiamos el proceso comprendido entre 1808 y 1825 en las diferentes regiones que componían el Imperio español en América, con el propósito de analizar el proceso de radicalización política que -entendemos- se produjo por el impacto de referencias políticas modernas llegadas a través de diferentes vías¹.
Dos fenómenos se desplegaron interactuando sincrónicamente en esa época, independencia y revolución². Mientras el primero consistió en la ruptura de los vínculos políticos que unían a las posesiones con la Corona, el segundo significó la instauración de la Modernidad, entendida como una profunda mutación operada en el plano de las ideas, los valores, las prácticas y los imaginarios³.
Nuestro enfoque se centra en la coyuntura revolucionaria que se abrió en esta región en 1808, desencadenada por la crisis de la Monarquía española ocurrida a partir de la invasión napoleónica a la Península y culminó cuando, producida la independencia, comenzaron a organizarse los nuevos Estados.
Se trata de comprender por qué si el movimiento juntista impulsado como respuesta a esta crisis se sustentó fundamentalmente en la tradición jurídica española, pocos años después, al conformar las nuevas entidades políticas se apeló a los principios modernos provocando una modificación sustancial en el orden político vigente.
Para ello creemos conveniente efectuar un estudio global de ese proceso de radicalización política pues afectó a las posesiones en su conjunto en íntima relación con la situación peninsular. Pero, a la vez, es necesario atender a las diferentes reacciones americanas ya que éstas adquirieron matices y ritmos propios según cómo se conjugaron los factores generales con los locales, en el marco de una regionalización muy avanzada que se observa ya a fines del siglo XVIII.
En esta ocasión nos abocamos al caso ecuatoriano. En primer lugar, realizamos un recorrido por los principales hitos de esta etapa del pasado de Ecuador en el marco del movimiento hispanoamericano en que se inscribe. Analizamos luego, al igual que en los otros casos considerados en el proyecto, cómo se produjo esa acelerada evolución política mediante el estudio de las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos, la actuación de los grupos más radicalizados, la incidencia de los procesos electorales, la difusión de la prensa y la expansión de las sociabilidades modernas.
La posterior comparación de los resultados de este trabajo con los obtenidos en las investigaciones referidas a México, Venezuela, Perú y Chile, permitirá detectar coincidencias y divergencias, logrando una comprensión más acabada del proceso general en una instancia final de síntesis.
Para el estudio del proceso ecuatoriano hemos utilizado fundamentalmente bibliografía recogiendo aportes realizados por la historiografía a través del tiempo. Hemos considerado historias generales de América, historias nacionales de Ecuador y estudios referidos a diferentes temáticas específicas. Nos proponemos de esta manera contribuir con la ardua tarea que afronta la historiografía americana contemporánea, de avanzar en la elaboración de síntesis sobre las diferentes temáticas estudiadas, incorporando los resultados de una vasta pero diversa y dispersa producción realizada en las últimas décadas.

SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA AUDIENCIA DE QUITO A COMIENZOS DEL SIGLO XIX

La crisis de la monarquía española provocada por la invasión francesa a la Península en 1808 actuó como detonante del proceso. Sin embargo, se observa la emergencia de factores latentes que se venían gestando a lo largo del siglo XVIII y fueron activados por esta coyuntura. Debemos considerar entonces la situación a fines de esa centuria, ubicándonos específicamente en el caso ecuatoriano.
Como sabemos, la dinastía borbónica que llegó al trono a comienzos de este siglo, implementó un programa de reformas con el propósito de revitalizar España y provocar su resurgimiento en el sistema europeo. El absolutismo se fortaleció pues el monarca requería más poder para impulsar los cambios y se nutrió para ello de las ideas de la Ilustración. Se trata del absolutismo ilustrado que encuentra su máximo exponente en Carlos III (1759-1788) durante cuyo gobierno se profundizó la marcha del programa.
El objetivo, en el orden externo, fue fortalecer la defensa del Imperio en el marco del sistema de equilibrio europeo y la creciente rivalidad entre Francia e Inglaterra. En el interno, se apuntó a una modernización de la estructura imperial mediante el robustecimiento del Estado. A la vez se trató de dejar atrás la concepción de monarquía plural (integrada por un conjunto de reinos diferentes enlazados por la dependencia de la Corona), para avanzar hacia la conformación de una monarquía nacional en la que los reinos se fundirían en una organización uniforme. Lógicamente, estos cambios llevaron a una redefinición de la relación con las posesiones y del lugar que éstas ocuparían en el conjunto imperial ya no como Reinos de Indias sino como provincias ultramarinas.
Una de las primeras reformas de tipo geopolítico adoptadas tuvo repercusión en la sociedad quiteña. La Real Cédula expedida por Felipe V el 27 de mayo de 1717 establecía la creación del Virreinato de Nueva Granada con jurisdicción sobre la provincia de Quito cuya Audiencia fue suprimida. Ante las quejas y reclamos, el Rey decidió en 1720 restablecer la Audiencia y reincorporarla al Virreinato peruano. Poco después, el nuevo Virreinato fue anulado y restablecido, finalmente, en 1739 abarcando pero sin eliminar a la Audiencia de Quito⁴
Estos vaivenes ocasionaron cierto vacío de poder en los primeros tiempos, situación que fue revertida por algunos Presidentes empapados de la nueva política como Dionisio de Alcedo y Herrera (1728-1736), durante la primera mitad del siglo, y García de León y Pizarro (1778-1783), en la segunda. Correspondió a este último implementar la mayoría de las reformas en materia fiscal y de gobierno.
En 1763 se tomó otra medida con el propósito de defensa: el Corregimiento de Guayaquil fue convertido en Gobernación.
En el aspecto económico, el Reino de Quito padecía una aguda crisis aunque ésta no afectó a todas las regiones. Se sintió con intensidad en la Sierra centro-norte cuya producción textil se vio perjudicada por el declive de la economía minera peruana que era su principal mercado. A ello se sumó la entrada de textiles franceses e ingleses de mejor calidad y precio más bajo, que desplazaron a los quiteños de los territorios del Virreinato peruano. Ingresaban éstos por contrabando inicialmente y, luego, por vía legal, cuando las reformas permitieron el comercio por el Cabo de Hornos. Contribuyó a profundizar la crisis, el aislamiento en que quedó Quito al convertirse esta ruta por el Sur en principal, ante la creciente debilidad estratégica de la de Panamá. Como consecuencia, la región se replegó hacia la actividad agropecuaria transformándose la hacienda en uno de los ejes de la vida económico-social.
En contraste, en la jurisdicción de la Audiencia de Quito, la provincia de Guayaquil experimentó un auge económico en las últimas décadas del siglo XVIII gracias a la producción y exportación de cacao. Estas actividades fueron promovidas por las medidas comerciales adoptadas por los Borbones al eliminar las restricciones al tráfico entre las regiones y con la metrópoli.
La Sierra sur, representada por Cuenca y Loja, logró escapar a la depresión económica gracias a la producción agropecuaria y expansión de textiles de segundo orden como bayetas y tocuyos destinados al comercio interregional. También se desarrolló la recolección y exportación de cascarilla (empleada como remedio contra el paludismo) orientada al mercado externo.
La crisis económica de la Sierra desencadenó numerosas sublevaciones indígenas a lo largo del callejón interandino en la segunda mitad del siglo. Se trata de movimientos limitados geográficamente, abarcando sólo algunas comunidades, producidos como reacción ante diversos motivos concretos y, provocados también, por las reformas de carácter fiscal instrumentadas por la Corona.
Estas medidas, especialmente la creación del estanco del aguardiente, provocaron en mayo de 1765 una fuerte conmoción social urbana, conocida como "Rebelión de los barrios de Quito". La protesta estuvo inicialmente encabezada por los criollos pero luego se sumaron, con violencia, sectores populares urbanos de diferente índole. Finalmente, la Audiencia logró calmar el tumulto a cambio de realizar algunas concesiones y de proclamar un indulto general. Aunque algunos autores consideran estos movimientos como precursores de la independencia, a nuestro entender, se trata de manifestaciones de descontento ante determinadas medidas que no llegaron a cuestionar el sistema vigente.
De todos modos la situación reinante preocupaba a la élite ecuatoriana. Veamos cómo funcionaba esta sociedad pluriétnica asentada sobre frágiles equilibrios. La población de la Audiencia ascendía a 450.000 habitantes aproximadamente (según el censo realizado entre 1778 y 1781), residiendo, la mayor parte, a lo largo del callejón interandino en el corazón de la cordillera de Los Andes. En cuanto a la composición étnica, el grupo más numeroso era el indígena con un 63 %, el blanco alcanzaba un 26 %, el negro sólo el 1 % y las castas el restante 11 %.
Se encontraba desigualmente distribuida entre las diferentes regiones. La mayor concentración estaba en la Sierra central, cuya población eminentemente aborigen, se vio afectada por catástrofes naturales, brotes epidémicos y por la depresión económica. Se acentuó, entonces, un fenómeno migratorio, conocido en la época como forasterismo, en dirección a la Sierra sur y a Guayaquil que aumentó el número de habitantes en las últimas décadas del siglo. A su vez, creció el grupo de los mestizos, se hicieron cada vez más difusas las divisiones sociales y se activaron procesos de movilidad social.
La minoritaria élite blanca ubicada en la cúspide de esta pirámide social percibió el forasterismo, el crecimiento del mestizaje y las reacciones de la plebe, como desborde social y amenaza a las jerarquías sociales establecidas⁵. Por su parte, este grupo se había afianzado a través del tiempo monopolizando el poder y la riqueza. Los criollos que poseían una amplia mayoría en su seno, constituían un grupo compacto integrado a través de múltiples relaciones de parentesco. Algunos sectores encontraron en esta centuria en la compra de títulos nobiliarios un mecanismo para consolidar su posición. Junto a ellos se encontraba un reducido número de peninsulares, llegados para ocupar cargos o como ricos comerciantes, muchos de los cuales se enlazaron con las familias criollas mediante alianzas matrimoniales. Aunque a partir de mediados de siglo surgieron fricciones entre ambos motivadas por disputas de poder, la alianza existente por sobre este antagonismo, los fortalecía en la cima de una estructura social de amplia base de color.
Podemos caracterizar a estas élites como ilustradas en tanto sus miembros (hacendados, universitarios, clero, comerciantes, funcionarios) participaban, en mayor o menor medida, del "aire del tiempo", de una sensibilidad común debida a la asimilación de las nuevas ideas. Ésta elite se fue configurando mediante las redes de relaciones que se tejían entre sus miembros a través de viajes, lecturas, correspondencia, reuniones como tertulias, etc.
Siendo la Ilustración un movimiento muy amplio, la vertiente de mayor arraigo en Hispanoamérica y en Ecuador, en particular, fue la Ilustración cristiana. Se asimilaron, en líneas generales, los elementos medulares del nuevo pensamiento tales como la fe en la razón, la creencia en el progreso y la noción de individuo junto con la crítica al criterio de autoridad y a la tradición. Se propusieron reformas en el plano científico basadas en la aplicación del método experimental y la difusión de la ciencia moderna. También se avanzó en el plano educativo criticando la educación colonial e impulsando la enseñanza del nuevo método y las nuevas disciplinas, y en el económico al propiciar mayor flexibilidad en las relaciones comerciales y la liberación de trabas.
Sin embargo, en materia religiosa, se sostuvo el dogma católico intentando armonizar fe y razón, en tanto que en el orden político, se siguió en la línea tradicional y, pese a observar y denunciar la situación de las respectivas regiones, no se cuestionó la monarquía⁶.
Tras afirmar que todas las figuras ilustradas de la época auspiciaron cambios en un contexto generalizado de lealtad, Alfredo Jocelyn Holt Leterier señala que los contenidos de las representaciones, petitorios y memorias elevados a la autoridad solían ser críticos en sus diagnósticos, se hacían ver posibles mejoras y se expresaba insatisfacción, pero al plantearse en términos constructivos, corroboraban su disponibilidad a seguir funcionando dentro de los parámetros establecidos por la metrópoli⁷.
El quiteño Francisco Javier Eugenio Santa Cruz y Espejo (1747-1795) fue un típico representante de esta corriente en Ecuador. A través de sus numerosos escritos reflexionó críticamente sobre la educación, la ciencia, las costumbres y la realidad económico-social de su época. De origen humilde, hijo de padre indígena y madre mulata, fue abogado, médico, educador y periodista⁸.
Algunos autores lo consideran precursor de la independencia del Ecuador⁹. Sin embargo, en nuestra opinión, pese a las situaciones que denuncia, Espejo -a tono con los ilustrados de su época- vislumbra el progreso bajo las luces del siglo de la mano de la monarquía¹⁰. Para ello impulsó dos medios que se complementaban: la creación de una Sociedad patriótica y la edición de un periódico.
El 30 de noviembre de 1791 se estableció oficialmente la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito. La presidía Luis Muñoz de Guzmán, Presidente de la Audiencia, quien como en otras regiones del imperio, siendo funcionario ilustrado, actuaba como agente modernizador en el sentido de coadyuvar en la difusión de las novedades del tiempo. Espejo fue nombrado secretario y la integraban hombres distinguidos de la ciudad. Se reunían semanalmente para discutir sobre los problemas agrícolas, educativos, sociales, etc. existentes en la Audiencia con el propósito de contribuir a encontrar soluciones. Hacia 1793 dejó de funcionar.
Un rasgo común de estas sociedades fue la preocupación por la mejora de la "patria". Como en este caso, las soluciones debían resultar de la reflexión conjunta de sus miembros, llevándose a cabo para ello numerosos estudios cartográficos, de fauna, flora, recursos, etc. De manera que, a través de su funcionamiento, a la vez que se internalizaban prácticas modernas, se contribuía a reforzar las identidades locales.
Para difundir sus ideas lanzaron "Las Primicias de la Cultura de Quito", primer periódico publicado en la Audiencia, editado por Espejo. También en esa época la prensa constituyó un motor de difusión de las "luces" y colaboró, a través de sus artículos referidos a cuestiones locales, a desarrollar en los lectores criollos el sentimiento de arraigo a sus tierras¹¹.
En el mismo sentido actuó la llegada de importantes misiones científicas como la Comisión de Académicos franceses que permaneció en el territorio entre 1736 y 1743. Entre los criollos que se vincularon con estos científicos se encuentra el destacado cartógrafo y geógrafo Pedro Vicente Maldonado (1704-1748). A comienzos del siglo XIX visitaron Quito el neogranadino Francisco José de Caldas y el científico germano barón Alejandro de Humboldt quienes realizaron también importantes estudios geológicos, climáticos, de fauna y flora, etc.
Si estos acontecimientos, a los que se debe sumar la introducción de la primera imprenta realizada por los jesuitas en 1755, estimularon el desarrollo de las ciencias y la cultura, como contrapartida, la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 significó un duro revés, en estos aspectos y en otros como la tarea misional llevada a cabo en el Oriente.
En los umbrales del siglo XIX prevalecía en la Audiencia de Quito, al igual que en el resto de las posesiones, esta atmósfera cargada de cambios, novedades, tensiones y aspiraciones incumplidas. Resulta difícil calibrar el impacto que la política de reformas tuvo en la posición de las élites locales. En líneas generales, consideramos que los criollos reaccionaron demostrando su malestar y su fuerza ante aquellas innovaciones que perjudicaban sus intereses pero sin llegar a cuestionar la vinculación con la monarquía. Coincidimos con Guillermo Céspedes del Castillo cuando afirma:

Aun aplicadas con éxito completo, es probable que el impacto de las reformas no hubiese excedido los límites de flexibilidad y acomodación de aquella sociedad; pero sobre ello no existió el menor peligro: nunca llegaron a dar por resultado más que una transacción entre los fines de la política y los intereses ya tradicionales de los criollos¹².

De todos modos, a medida que avanzan las investigaciones, se tiende a matizar estas consecuencias que pueden variar según el aspecto o las regiones. Tal el caso de Ecuador, donde mientras Guayaquil y Cuenca prosperaban gracias en buena parte a la política ilustrada, los quiteños no sólo sufrían los efectos de la crisis económica sino que también vieron desatendidos varios de sus proyectos de recuperación. A la vez que se acentuaban las tensiones con las autoridades de los virreinatos vecinos, los quiteños se quejaban porque la Audiencia había experimentado una pérdida jurisdiccional en diferentes frentes, por ejemplo, el caso de la Gobernación de Guayaquil que se puso al mando del Virrey del Perú en asuntos militares (1803) y la creación del Obispado en Maynas bajo la autoridad de Lima (1802). Estas demandas fueron respaldadas por el nuevo Presidente de la Audiencia a partir de 1799, el barón Luis Francisco de Carondelet, quien planteó convertir a la Audiencia en una Capitanía General independiente, respondiendo con ello a una vieja aspiración quiteña.
Pese a estas expectativas insatisfechas, la élite no había manifestado la intención de provocar un cambio político para avanzar en las reformas propiciadas y conservaba una inalterable fidelidad al monarca, clave del sistema en el orden tradicional vigente. Al mismo tiempo, sus miembros habían desarrollado un sentimiento de arraigo a su tierra natal que, por ahora, no se contradecía con la pertenencia al imperio en cuyo seno, entendían, cada región podía progresar de acuerdo con sus características y posibilidades. Al respecto afirma Jaime Rodríguez: El sentido de identidad de los quiteños no se traducía en el deseo de separarse de la Monarquía española¹³.
Es decir, a comienzos de la centuria, estos sentimientos latentes no habían cristalizado en un proyecto de ruptura con la Metrópoli. Pero habrá que observar cómo operarán cuando sean activados por la coyuntura. Es necesario tener presente, por otra parte, que estas élites aparecen con madurez como grupo para enfrentar los difíciles problemas que se avecinan y, dado que su horizonte mental había filtrado ya las nociones básicas de la nueva cosmovisión, con una actitud más empírica y racional, más abierta a generar cambios al tratar de resolverlos.

LA REVOLUCIÓN QUITEÑA

Esta era la posición de las élites en momentos en que la crisis sacudió los cimientos de la monarquía española a raíz de la invasión napoleónica. Como consecuencia del motín de Aranjuez abdicó el Rey Carlos IV y asumió el heredero Fernando VII. Tras la Farsa de Bayona la familia real quedó prisionera de Napoleón y se inició una nueva dinastía con la coronación de José I Bonaparte. El pueblo español no aceptó al nuevo soberano y comenzó la guerra contra los franceses. Ante la ausencia del monarca legítimo se gobernaron mediante juntas que retuvieron el poder de Fernando. En setiembre de 1808, se constituyó la Junta Central Gubernativa del Reino con el propósito de coordinar los esfuerzos en la lucha.
Es fácil imaginar la honda preocupación que invadió a los americanos al tomar conocimiento de estos graves sucesos. Sin embargo, pese a la sorpresa y consternación, un fidelismo nítido caracterizó la respuesta americana del año 1808. En todos los rincones del imperio se juró fidelidad a Fernando VII, a la vez que se reconoció a la Junta Central como autoridad mientras durase el cautiverio del monarca.
En Quito, las noticias causaron la misma intranquilidad que en el resto de las posesiones. Se respondió, no obstante, con determinación reconociendo a Fernando como monarca legítimo y rechazando las propuestas napoleónicas. Desde agosto de 1808, presidía la Audiencia Manuel de Urries, Conde Ruiz de Castilla, quien -a diferencia de su predecesor Carondelet- mantenía relaciones tensas con la élite criolla.
Con el propósito de analizar los sucesos de España y buscar posibles soluciones a tan difícil situación, se reunieron el 25 de diciembre de 1808 algunos parientes y amigos en una hacienda de Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre. Poco después, denunciada la reunión, los principales implicados fueron detenidos y pronto liberados al no encontrarse pruebas en su contra.
A medida que los ejércitos franceses avanzaban y estaban a punto de dominar la Península, se afianzó la idea de que España no podría sobrevivir siendo conveniente, entonces, separarse de la Metrópoli a fin de no caer en manos napoleónicas. La víspera del 10 de agosto de 1809 se reunieron en casa de Manuela Cañizares un grupo de quiteños para resolver los pasos a seguir. El 10 de agosto depusieron a las autoridades y formaron una Junta Suprema Gubernativa del Reino de Quito que gobernaría en nombre de Fernando VII durante su ausencia. Estaba presidida por Juan Pío Montúfar y el Obispo José Cuero y Caicedo era su vicepresidente. Este acontecimiento es denominado "revolución de los letrados" pues participaron personas pertenecientes a la élite criolla, ricos y cultos, muchos de los cuales eran doctores o poseían títulos nobiliarios.
El 16 de agosto se celebró un Cabildo abierto en presencia del cabildo, clero y diputados de los barrios, que ratificó lo actuado. En la Arenga que Juan Pío Montúfar pronunció en tan solemne acto, señaló como propósitos de la reunión: la conservación de la verdadera religión, la defensa de nuestro legítimo monarca y la propiedad de la patria.
Prevaleció en la conducción del movimiento el grupo "montufarista" cuya posición fue sinceramente fidelista. Aunque algunas figuras como las del Dr. Manuel Rodríguez de Quiroga y el Dr. Juan de Dios Morales impulsaron medidas más radicales respecto del rumbo a seguir por el movimiento¹⁴.
Con apoyo de la tropa el golpe tomó por sorpresa a las autoridades y triunfó sin violencia. Jorge Núñez afirma, como resultado de una investigación realizada sobre las milicias coloniales quiteñas:

[...] la documentación consultada prueba que los conspiradores integraban los mandos y la oficialidad militar de la región central de la Audiencia, y que controlaban, por tanto, todos los cuerpos de milicias ubicados en la capital y en las ciudades próximas¹⁵.

No se logró, sin embargo, el respaldo de las demás provincias. Guayaquil, Cuenca y Popayán rechazaron el movimiento quiteño. Posiblemente, éstas no se sintieron representadas por el gobierno de Quito por entender que ese movimiento promovía los intereses de la región quiteña, que no coincidían necesariamente y, en algunos casos, se oponían a los intereses de las demás provincias¹⁶. En opinión de Federica Morelli:

El rechazo de las urbes provinciales a reconocer la Junta de Quito no debe explicarse por su respeto a las antiguas autoridades coloniales, sino como un signo revelador de la lucha existente entre las elites provinciales y la de la capital por la recuperación de los diferentes espacios políticos y sociales que la situación de crisis había vuelto accesibles¹⁷.

Sus gobernadores junto con los virreyes de Nueva Granada, Antonio de Amar y Borbón, y de Perú, José Fernando de Abascal, organizaron tropas para someter a los insurrectos. Después de algunos enfrentamientos, los líderes decidieron capitular el 28 de octubre. Ruiz de Castilla volvió a asumir el mando luego de entablar con aquéllos negociaciones en las que se acordó que no se tomarían represalias respetando la libertad de los comprometidos. La promesa no fue cumplida y en diciembre de 1809 muchos de los protagonistas de los sucesos de agosto fueron apresados. Se les inició proceso pidiendo pena de muerte, prisión o destierro para muchos. La causa fue remitida a Santa Fe de Bogotá.
Seguimos al prestigioso historiador Demetrio Ramos Pérez cuando, partiendo de los factores comunes a todo el proceso en Hispanoamérica, trata de encontrar la clave que explica porqué Quito dio el primer paso en 1809, adelantándose al desencadenamiento del movimiento juntista del año siguiente. Reúne este movimiento con los sucedidos ese mismo año en Chuquisaca y La Paz, en jurisdicción de la Audiencia de Charcas, bajo la denominación de fragmentadores o de incomodidad sometida¹⁸. Encuentra la razón clave de su anticipado estallido en su incómoda subordinación a núcleos de poder, de los que sienten la necesidad -y la oportunidad - de liberarse; Buenos Aires o Lima, para el Alto Perú, como Lima o Santafé, para Quito, en el ansia de salvarse también de la crisis angustiosa en que vivían¹⁹.
Como vemos otorga importancia, entre los factores que impulsaron a estos hombres a tomar la iniciativa, a la crisis económica que soportaban desde hacía tiempo ya que todo el siglo XVIII había consistido en un continuo repliegue económico y en una sucesión de esfuerzos por salir de aquella situación que nuevas arbitrariedades venían a anular²⁰.
Aún más, si se tiene presente la experiencia de gobierno criollo vivido en la época de Carondelet

[...] durante el cual experimentaron las ventajas que para sus designios se derivaban del ejercicio de los resortes del poder. Y tal experiencia - en la situación crítica que se les vino encima - fue harto aleccionadora y motor de los impulsos lógicos para apelar a igual recurso, tan pronto se vieron empujados por los acontecimientos²¹.

Sobre todo teniendo en cuenta que, en momentos tan difíciles, consideraron que carecían virtualmente de gobierno debido a la ineptitud del Conde Ruiz de Castilla.
Como si esto fuera poco, el decreto del 22 de enero de 1809 por el que la Junta Central invitaba a los reinos americanos a enviar representantes para incorporarse a su seno, significó un duro revés para la Audiencia pues, al establecer un diputado por cada virreinato y por cada capitanía general, el reino de Quito, con toda su potencialidad, resultaba estar por debajo de Cuba, y aún, de Puerto Rico: nadie los representaría²².
Resulta comprensible, desde esta perspectiva, que se pudiera actuar impulsado por un fidelismo sincero que no se entendía incompatible con el deseo de mejorar la situación del Reino:

Porque, además lo que resulta evidente en el fundamento del movimiento de agosto del 09 era su absoluta identificación con lo que podríamos llamar ideología tradicional en la que nada se altera - sino que se exacerba en la defensa de los derechos del Rey cautivo y de la Religión - al mismo tiempo que se hace solidaria con un férvido patriotismo quiteño, e impulso de un anhelo irreprimible por alcanzar una felicidad y prosperidad que les pertenece. Porque lo importante, lo que confiere a tal movilización pública rango distintivo es, justamente ese patriotismo propio y parcial que irrumpe a la superficie de la vida de aquella conturbada plurimonarquía, sin menoscabo de fidelidades supremas, que en nada sienten quebrantadas por aquella decisión, ahormada en el ejemplo vitalista de la Península²³.

Mientras, en España, los sucesos se precipitaron por el año 1810. Desde el punto de vista institucional, se disolvió la Junta Central dando lugar al Consejo de Regencia y, en el orden militar, el incontenible avance francés había dominado todo el territorio y se encontraba en las puertas de Cádiz, único reducto que aún no había caído en manos de Napoleón.
En América, donde desde 1808 se seguían con avidez las noticias peninsulares, estas novedades provocaron honda consternación. El análisis reflexivo de lo que sucedía en España los llevó a considerar que la situación era más grave que hacía dos años, ya que ahora se daba por descontado el triunfo francés. Pero esta preocupación no los inmovilizó sino que, por el contrario, los impulsó a la acción. No se podía esperar más. Se debía evitar que la Península en su caída arrastrase a estos territorios a manos de Napoleón. De manera tal que, al recibir las ultimas noticias referidas a la disolución de la Junta Central y la toma de Sevilla, se decidió comenzar a actuar para enfrentar los hechos. En 1810 el movimiento juntista triunfó en Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y Quito.
Veamos cómo se desencadenaron los acontecimientos en esta última ciudad. La atmósfera se había caldeado sobre todo por los abusos cometidos por las tropas enviadas desde del Virreinato del Perú a las órdenes de Manuel Arredondo. El 2 de agosto de 1810 un grupo de quiteños asaltó los cuarteles con la intención de liberar a los presos que habían participado en el movimiento del año anterior. Algunos lograron escapar pero, ante la sorpresa, los soldados asesinaron a muchos en su celda. Luego la tropa salió a la calle, estallaron tumultos y la violencia se propagó por la ciudad quedando como resultado numerosas víctimas de ambos bandos. Sólo la participación del Obispo logró pacificar los ánimos.
Preocupado por el cariz que tomaban los hechos, Ruiz de Castilla convocó a la reunión del Real Acuerdo el 4 de agosto con la participación de delegados de la Iglesia, el Cabildo y notables vecinos. Allí, tras un largo debate, se resolvió: eliminar la causa contra los implicados en los sucesos, disponer la salida de Quito de las fuerzas peruanas, constituir cuerpos locales y recibir al Comisionado enviado por el Consejo de Regencia, el quiteño Carlos Montúfar (hijo del Marqués de Selva Alegre).
Demetrio Ramos explica el regentismo formal que se adopta en Quito, a diferencia de otras regiones, en el hecho de que Carlos Montúfar les daba la esperanza de tener un rango cuasivirreinal, al venir revestido como agente directo de la propia soberanía, haciendo realidad aquel deseo de independizarse de las facultades superiores del virrey al que estaban subordinados [...]²⁴.
El Comisionado llegó a Quito el 12 de setiembre y, de acuerdo con sus instrucciones, apoyó la creación de una Junta Superior de Gobierno en nombre de Fernando VII que estaría subordinada al Consejo de Regencia. La Junta comenzó a funcionar el 22 de setiembre bajo la Presidencia del Conde Ruiz de Castilla, siendo Vicepresidente Juan Pío Montúfar Marqués de Selva Alegre. Luego el primero se alejó del cargo que fue ocupado por el Obispo José Cuero y Caicedo.
El 9 de octubre la Junta se declaró separada del Virreinato de Santa Fe y se constituyó con carácter de Capitanía General señalando que abarcaba las provincias de Popayán, Cuenca y Guayaquil.
El Consejo de Regencia reconoció a la nueva Junta pero no así el Virrey del Perú quien decidió combatirla contando con el apoyo de las otras provincias. Se organizó, entonces, la defensa lográndose los primeros triunfos.
Con el propósito de definir la naturaleza y objetivos del nuevo gobierno, el 4 de diciembre de 1811 se instaló el Soberano Congreso de Quito. El 11 de ese mes se declaró la independencia del Consejo de Regencia manteniendo subordinación directa con el Rey. El 15 de febrero de 1812 se promulgó el Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito, cuyo artículo quinto afirmaba el reconocimiento al Rey Fernando VII.
Con el correr de los días los patriotas se dividieron sobre la base de rivalidades entre poderosas familias y sus clientelas, en montufaristas y sanchistas. Los primeros seguían al Marqués de Selva Alegre, aunque aceptaron la separación de la Metrópoli, continuaban siendo fieles a Fernando VII y partidarios de la conservación del sistema monárquico. Los segundos apoyaban a Jacinto Sánchez de Orellana, Marqués de Villa Orellana, sostenían la independencia total de España y sus reyes propiciando la adopción del sistema republicano.
Esta división debilitó al movimiento que no pudo resistir el contraataque del ejército realista, de manera que el 8 de noviembre de 1812, éste entró en Quito encontrándola desierta. La ciudad había sido abandonada por los patriotas quienes habían partido en éxodo hacia el Norte. El General Toribio Montes, designado por el Consejo de Regencia al frente de la Audiencia, asumió el mando. Las fuerzas patriotas fueron finalmente derrotadas en diciembre de ese año y sus principales líderes fusilados o desterrados. Terminaba así la Revolución de Quito.
No podemos detenernos en este breve relato en las diversas interpretaciones que ha elaborado la historiografía ecuatoriana a través del tiempo y las diferentes propuestas. Se despliega una amplia gama que va desde aquellas que le atribuyen un propósito independentista soterrado hasta las más recientes que lo consideran como fidelista aunque claramente autonomista y reformista²⁵.
A nuestro entender la Revolución quiteña se enmarca en el movimiento juntista hispanoamericano de 1810 y participa con notas propias de sus lineamientos generales. El propósito que se perseguía era conservar los territorios para la Corona y, al mismo tiempo, defender las costumbres, la religión y las leyes ante el invasor francés. Los fundamentos doctrinarios estaban encuadrados dentro de la tradición jurídica española. Esencialmente operaron dos conceptos en la justificación de la decisión adoptada. Por un lado, el pactismo o carácter contractual de la monarquía en cuanto al origen del poder y, por el otro, la monarquía plural respecto a su estructura. Por lo tanto, ausente el Rey se producía la reversión de la soberanía pero a cada reino y no a la nación como una unidad.
No se observa en las fuentes la existencia de un programa revolucionario previo que buscara introducir un cambio político global. Más bien se actuó de acuerdo con la concepción tradicional del orden político vigente hasta ese momento, tratando de resolver los problemas planteados por la crisis peninsular. Pese a ello, consideramos que el hecho tiene una significación revolucionaria. Las élites decidieron actuar instalando las juntas que, por otro lado, constituían una novedad en el sistema vigente. De no haber sido suficientemente fuertes no habrían intervenido dejando que las cuestiones fueran resueltas en la Metrópoli. Además, este primer paso puso en marcha el proceso que culminará, poco después, con la independencia y la instauración de un nuevo orden político, consecuencia implícita pero impensada por la mayoría de los actores hacia 1810²⁶. La evolución tan acelerada de ese proceso en el caso ecuatoriano es la que tratamos de explicar en este trabajo.

ÚLTIMA DÉCADA REALISTA (1812-1822)

Durante esta época signada por la guerra, los Presidentes de la Audiencia fueron militares y duraron poco tiempo en el cargo. El General Toribio Montes gobernó desde 1812 hasta 1817 y, si bien comenzó su actuación con dureza, pronto cambió hacia una táctica más conciliadora. Se dieron algunos intentos conspirativos que fracasaron, como tampoco dio resultado la expedición del Comodoro Guillermo Brown, al servicio del gobierno de Buenos Aires.
Antes de retirarse, Montes consiguió que se dictara una Real Orden por la que se establecía que Cuenca, Guayaquil y Loja volvían a adscribirse al Virreinato de Santa Fe, en lo político, militar y judicial, con lo que la Audiencia restablecía su antigua jurisdicción.
En 1817 fue reemplazado por el Teniente general Juan Ramírez (1817-1819) quien dejó el puesto para hacerse cargo del ejército en el Alto Perú. También éste comenzó siendo un gobernante estricto, pero con el tiempo adoptó políticas más moderadas²⁷.
El General Melchor Aymerich, Gobernador de Cuenca, ocupó la Presidencia (1819-1821) hasta la llegada del General Juan de la Cruz Mourgeón (1821-1822) quien venía como Virrey de Nueva Granada, si se lograba reconquistar este territorio. Mientras tanto, debía desempeñarse como Capitán General y Presidente de Quito. Murió a los pocos meses por lo que Aymerich volvió a ocupar el cargo.
Por esta época asistieron como diputados a las Cortes el guayaquileño José Joaquín Olmedo por el Virreinato del Perú bajo cuya jurisdicción había quedado esta provincia y el quiteño José Mejía del Valle Lequerica.
Jurada la Constitución de Cádiz en Quito en 1813, se pusieron en marcha los mecanismos electorales establecidos por la nueva Carta.      Durante estos años marcados por una tensa calma se produjo una transformación en el ánimo de la mayoría de los habitantes de la Audiencia. Mientras se asimilaban ideas políticas modernas de la mano del liberalismo peninsular, como en el resto de las posesiones, el fidelismo tan nítido hacia 1808 fue desdibujándose por la larga ausencia del monarca. A la vez, la insatisfacción y el malestar fueron desplazando a las esperanzas y expectativas provocadas en los hispanoamericanos por los decretos y proclamas de los diferentes gobiernos metropolitanos respecto de la igualdad de representación en las nuevas instituciones. Es que cuando estas enunciaciones de principios debieron concretarse en una política adecuada no se encontró respuesta. Las Cortes no accedieron a las peticiones de los diputados americanos para lograr una representación equitativa en su seno ni atendieron a multitud de solicitudes locales para lograr una reforma concreta en determinada región.
No obstante, las noticias del regreso de Fernando VII a comienzos de 1814 fueron bien recibidas pues se pensó que llegaba el fin de tiempos tan difíciles. El Rey declaró abolida la Constitución y nulos los actos de las Cortes disponiendo la represión de los liberales. En cuanto a las posesiones, teniendo presente el prestigio del Monarca y los deseos de paz de los americanos, era viable la posibilidad de encontrar una solución pactada a fin de restablecer las relaciones con la Metrópoli. Lógicamente, se trataría de una solución transaccional que permitiera conservar la unidad de la monarquía reconociendo cierta autonomía a las posesiones en el manejo de sus asuntos.
Pero Fernando VII dejó de lado las fórmulas conciliadoras y dispuso la represión mediante el envío de expediciones militares. En tales circunstancias los hispanoamericanos radicalizaron su posición política y se encaminaron decididamente hacia la independencia de la Corona, activándose aquellos sentimientos de arraigo latentes a fines del siglo XVIII. Podemos señalar, entonces, ese año 1814 como un punto de inflexión, una frontera temporal a partir de la cual el proceso se profundizó y se encaminó hacia la emancipación en Hispanoamérica en general. En ese marco hay que considerar los factores locales que le imprimieron distintos matices y ritmos al movimiento²⁸. Veamos cómo Ecuador llegó a tomar esta trascendental decisión²⁹.

LA INDEPENDENCIA

El Ecuador habría de esperar para conquistar definitivamente su independencia hasta el nuevo período liberal que se inició en 1820 cuando el levantamiento encabezado por Rafael Riego en la Península obligó a Fernando VII a restablecer la vigencia de la Constitución de 1812. El 27 de agosto de ese año, el General Aymerich, al tener noticia de la restauración de la Carta, ordenó su publicación y el restablecimiento de los ayuntamientos constitucionales elegidos en diciembre de 1814. También dispuso la preparación de nuevas elecciones. Pero, como hemos señalado, la situación política había cambiado sustancialmente en los años previos.
La etapa final de la independencia de la Audiencia de Quito comenzó con el movimiento de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820. Ese día se destituyeron las autoridades realistas y, asegurado el respaldo de la tropa, se reunió un Cabildo abierto que proclamó la independencia y designó Jefe político al Dr. José Joaquín Olmedo y Jefe militar al Comandante Gregorio Escobedo.
El 8 de noviembre, reunida una Asamblea de representantes de la provincia con el propósito de establecer la forma de gobierno, nombró una Junta presidida por José Joaquín Olmedo y elaboró la Carta política fundamental de la Provincia. El Reglamento declaraba en su artículo 2º que la Provincia de Guayaquil era independiente y libre para unirse a la asociación política que más le conviniera. Las opciones en cuanto a su posible destino político eran: anexión a Colombia, incorporación a Perú, integración en un país independiente sobre los límites territoriales de la Audiencia o constituir una pequeña República independiente del Litoral.
Los notables guayaquileños que se habían opuesto a los movimientos de 1809 y 1810, consideraron ahora conveniente esta decisión en el marco de la marcha del proceso hispanoamericano. Nueva Granada ya había sido liberada por Bolívar en 1819 constituyéndose Colombia, y la expedición libertadora de San Martín había llegado al Perú. Además, los aportes económicos de la ciudad para el sostenimiento de la causa realista se hacían cada vez más gravosos y, por otro lado, debió tener peso para un puerto como Guayaquil que la marina patriota, al mando de Lord Cochrane, había roto la supremacía naval española en el Pacífico y que un número creciente de puertos con los que Guayaquil comerciaba eran ahora patriotas³⁰. Ello incidió sobre una situación económica que había desmejorado en esos años pues desde el Perú no solo se aumentaron los impuestos sino también se restringió el comercio. Los grandes y pequeños productores de Guayaquil habían solicitado a la Corona reducción de aranceles y libertad comercial. La oposición de los grandes comerciantes monopolistas de Lima frenó estas iniciativas generando descontento.
La primera preocupación de Guayaquil fue extender el movimiento a las provincias de la Sierra y ponerse en contacto con los ejércitos de Bolívar, en el norte, y San Martín, en el Sur, con el propósito de pedir ayuda y ofrecer apoyo. En los días siguientes se conformó la División Protectora de Quito para respaldar la liberación de la Sierra, sin la cual su propia independencia no estaba segura.
Pronto se sumaron los pueblos de la Costa y Cuenca que proclamó su emancipación el 3 de noviembre de 1820. Pocos días después, le siguieron varias ciudades pero en Quito no se dio ningún pronunciamiento. Se planteó, entonces, la lucha entre la División Protectora que intentaba avanzar al corazón de la Sierra y las tropas realistas de la capital. A fin de 1820, como resultado de los enfrentamientos, la Sierra volvió a ser controlada por Aymerich mientras la Costa se mantuvo independiente.
A todo esto, a mediados de noviembre, habían llegado a Guayaquil los enviados del General José de San Martín desde el Perú y, meses después, arribaron los delegados de Simón Bolívar, Presidente de Colombia. En medio de las tensiones incorporadoras³¹ entre Perú y Colombia por el control del puerto, Guayaquil se mantuvo independiente, aunque suscribió un Convenio con el General Antonio José de Sucre, enviado por Bolívar, por el cual se colocaba bajo la protección de la República de Colombia y dio a éste el mando unificado de las tropas, autorizando la apertura de operaciones bélicas sobre Quito.
En cuanto a la atmósfera política que prevalecía en Guayaquil en esos momentos, sostiene Alfredo Pareja Diezcanseco:

Unos pocos separatistas, muchos partidarios de Colombia, reducidos simpatizantes por la anexión al Perú, y el partido por la conformación de la República independiente de Quito, que orientaba Olmedo con mucha prudencia y sobra de sagacidad, pero equivocado en cuanto a poder ganar el juego a la actividad de Bolívar³².

El triunfo de Sucre en la batalla de Pichincha (24 de mayo de 1822) puso fin a la lucha. El General Aymerich capituló y Quito fue por fin liberada. Pasto, que había quedado aislada, se rindió en julio después de la victoria de Bolívar en Bomboná. Sólo quedaba parte de Perú en manos de los realistas.
En Quito se celebró la victoria de Pichincha con alborozo y el 29 de mayo de 1822 se reunió un Cabildo abierto en que se firmó el Acta de Independencia y se declaró la incorporación a Colombia junto con el acatamiento de la Constitución de Cúcuta.
Se iniciaba la etapa colombiana de la Historia del Ecuador. No nos detendremos en su estudio pues los historiadores ecuatorianos coinciden en caracterizarla como un período en que la conducción política quedó atada al centralismo de Bogotá que relegó las aspiraciones quiteñas.
Esta etapa colombiana se extendió hasta el 13 de mayo de 1830 cuando, ante el alejamiento de Bolívar y el derrumbe de la Gran Colombia, una Asamblea de Notables dispuso la separación de Ecuador como Estado libre y soberano.
Comenzaba la difícil tarea de diseñar la estructura del nuevo orden político. Tras la intensa etapa de radicalización política abierta a partir de 1808, se disponía ahora de los nuevos principios liberales para organizar el naciente Estado independiente, tal como se observa en la primera Constitución ecuatoriana de 1830.

MECANISMOS O VEHÍCULOS DE ACELERACIÓN POLÍTICA

Teniendo presente el desenvolvimiento del proceso en sus lineamientos generales, nos detenemos a continuación en el análisis de aquellos factores que en nuestra opinión pueden ayudar a comprender mejor la aceleración que cobra el movimiento revolucionario en el escenario quiteño. Nos centramos en esta oportunidad en las medidas adoptadas por los nuevos gobiernos y los procesos electorales, sin atender a otros factores que también tuvieron incidencia como la actuación de los grupos más radicalizados, la expansión de las nuevas sociabilidades y la difusión de la prensa. Dejamos, también, para otra ocasión observar el funcionamiento de estos mecanismos en Guayaquil.

Medidas adoptadas por los nuevos gobiernos
Los primeros gobiernos instalados a raíz de la crisis de la monarquía aunque se constituyeron invocando a Fernando VII, tomaron en sus manos los destinos de la Audiencia. ¿En qué sentido lo hicieron? ¿Qué nos revelan las medidas adoptadas respecto de sus ideas y preocupaciones más importantes?
La Junta instalada en Quito el 10 de agosto de 1809 gobernó poco tiempo pues en octubre, tras la capitulación de los patriotas, Ruiz de Castilla volvió a asumir el mando. En ese breve lapso se abocó fundamentalmente a preparar la defensa ante el envío de tropas por los Virreyes de Nueva Granada y Perú y de las fuerzas organizadas por los gobernadores de Cuenca, Popayán y Guayaquil.
A la vez se dedicó a la tarea de convencer a las autoridades de los demás distritos redactando proclamas y manifiestos en los que se fundamentaba la decisión tomada con el propósito de conseguir adhesión. Ya en el Acta constitutiva del 10 de agosto se había señalado que la Junta debía conformarse no sólo por los elegidos de la capital sino también por los representantes de los cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación, y las que se unan voluntariamente a ella en lo sucesivo como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los virreinatos de Lima y Santa Fe³³.
Pese a ello, señala Federica Morelli:

[...] la junta de Quito adoptó una actitud agresiva, no esperando en algunos casos la respuesta de la demás ciudades con respecto a su adhesión o no al proyecto. También destituyó a las autoridades existentes y las sustituyó por funcionarios nuevos, elegidos directamente por ella, los cuales gozaban de estrecho vínculo con las grandes familias de la capital³⁴.

En nota al pie la citada autora menciona algunos casos. Por ejemplo, en Guaranda, el corregidor fue depuesto y reemplazado por José de Larrea y Villavicencio, cuñado y primo del Marqués de Selva Alegre y en Otavalo se designó a José Sánchez de Orellana, hijo del Marqués de Villa Orellana. También la Junta nombró funcionarios para reemplazar a las autoridades de ciudades como Guayaquil y Cuenca que estaban fuera de la jurisdicción de la Audiencia y no la habían reconocido³⁵.
Respecto al accionar de esta primera Junta, el historiador Jaime Rodríguez señala:

Durante los casi tres meses que gobernó la Junta de Quito hizo una llamada al pueblo por medio de reformas económicas y celebraciones públicas. Redujo algunos impuestos a la propiedad, abolió todas las deudas y suprimió los monopolios del tabaco y el aguardiente. Y si bien los cambios estaban dirigidos a las masas, en realidad se benefició a las élites. Las propiedades que pertenecían a las clases altas, estaban gravadas con numerosos y elevados impuestos y los monopolios eran considerados por todos como una carga irrazonable sobre los productores y los consumidores³⁶.

            Por su parte, Carlos Paladines expresa respecto del movimiento del año 09, quizá otorgando una proyección desmedida a esta fugaz experiencia, que tuvo:

[...] el arrojo para enfrentar con lucidez e intentar con posibilidad de éxito la renovación de todas y cada una de las principales áreas de actividad de la Audiencia, desde la reforma del "mal gusto" y los "caracteres de la sensibilidad", la Filosofía y la Teología, la educación pública y la medicina imperantes en Quito, pasando por la agricultura, manufactura, minas, real erario y comercio hasta el mismo poder y aun la religión. Proceso tan englobante habla a las claras de una situación de cambio de carácter revolucionario, que si bien fue derrotada en primer instancia, sin embargo, dejó a su haber y para un futuro no muy lejano una fiebre revolucionaria lo suficientemente aguda y generalizada, como para marcar de modo duradero, al antiguo cuerpo social y político que logró afectar en su corta pero fructífera primavera³⁷.

Instalada la nueva Junta el 22 de setiembre del año siguiente, también tuvo que hacer frente a la represión enviada desde Lima y Bogotá. La Junta informó al resto de las ciudades del Reino de los sucesos y las invitó a crear juntas locales para colaborar con el gobierno establecido en la capital. Al igual que su antecesora, esta Junta se propuso:

[...] reintegrar bajo su autoridad a todos los territorios que anteriormente pertenecían a la Audiencia; pero, al revés que la primera, se cuidó bien de adoptar una actitud agresiva, e invitó, por el contrario a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, subordinadas a Lima tras los acontecimientos de 1808 a formar sus propias juntas y a reconocer la supremacía de la de Quito³⁸.

Estas rechazaron la propuesta y se mantuvieron subordinadas al Virreinato del Perú, planteándose nuevamente la guerra.
La lucha armada impulsó, en opinión de Carlos Landázuri Camacho, la radicalización del movimiento quiteño. Para el autor se dieron varios síntomas de este proceso como la adopción de una bandera roja con una cruz blanca en forma de X. Asigna, asimismo, importancia a

[...] la creciente participación popular en el movimiento, asunto insuficientemente estudiado y, por supuesto, digno de un cuidadoso y renovador análisis. Sabemos en todo caso, que en Quito se produjeron varios motines, algunos de ellos de los indios, que culminaron, según los casos, con la destitución de funcionarios, la fuga de algunos e incluso el linchamiento de otros³⁹.

Al parecer esta situación obligó a Ruiz de Castilla a dejar la presidencia de la Junta el 11 de octubre.
Dos días antes la Junta había adoptado una importante decisión. El 9 de octubre, en una sesión especial, se declaró la separación del Virreinato de Nueva Granada, estableciéndose una Capitanía general independiente. Se daba respuesta de esta forma, como hemos señalado, a un viejo anhelo de la élite quiteña.
El 20 de ese mes, el gobierno que había reconocido al Consejo de Regencia, autorizó al Ayuntamiento a elegir diputados a las Cortes de España.

Con el fin de decidir el rumbo del movimiento ante circunstancias tan difíciles, convocó a un Congreso. El "Soberano Congreso de Quito" quedó instalado el 4 de diciembre de 1811. Eligió como Presidente al Obispo José Cuero y Caicedo y como Vicepresidente al Marqués de Selva Alegre. Estuvo integrado por 18 miembros. El Ayuntamiento, el cabildo eclesiástico, el clero y las órdenes religiosas eligieron un diputado cada uno, la nobleza dos y las cinco parroquias de Quito uno por cada una. A ellos se sumaron un representante por cada capital provincial.
El Congreso tomó dos medidas fundamentales. El 11 de diciembre se votó el establecimiento de un gobierno autónomo, desligado de la autoridad metropolitana:

[...] sujetándose únicamente a la autoridad suprema y legítima del Sr Dn Fernando VII de Borbón, obligándose a los habitantes de este reino por medio de sus representantes, como fieles vasallos y ciudadanos libres, a conservar, sostener y gobernar estos dominios con toda lealtad y constancia, hasta que se restituya a su trono libre de toda dependencia, unión y alianza con Bonaparte [...]⁴⁰.           

La otra medida fue la promulgación, el 15 de febrero de 1812, de los "Artículos del pacto solemne de sociedad y unión entre las provincias que forman el Estado de Quito". Gabriel Cevallos García que se detiene un poco más en su análisis señala:

El contenido de la carta fue parco, por no decir elemental. Declaraba sobre los principios y sobre las funciones sin más. Al igual que todas las Constituciones primitivas de América no tuvo mayor extensión, ni mayores pretensiones técnicas. Era carta política de pueblos nuevos⁴¹.

Contaba con cincuenta y cuatro artículos divididos en cuatro secciones correspondientes al Estado y la representación nacional, al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se incorporó la declaración de derechos personales que no podía faltar, pues eran la esencia del tiempo, fueron regulados en un artículo, el vigésimo, que retrata la época, a medias provinciana y a medias progresista⁴².
Citamos a continuación la Introducción al Pacto pues entendemos que refleja el tono ideológico del documento:

El pueblo soberano del Estado de Quito, legítimamente representado por los diputados de las provincias libres que lo forman, y que se hallan al presente en este Congreso, en uso de los imprescriptibles derechos que Dios mismo como autor de la naturaleza ha concedido a los hombres para conservar su libertad y proveer cuanto sea conveniente a la seguridad y prosperidad de todos, y de cada uno en particular; deseando estrechar más fuertemente los vínculos políticos que han reunido a estas provincias hasta el día; y darse una nueva forma de gobierno análogo a su necesidad y circunstancias en consecuencia de haber reasumido los pueblos de la dominación española por la disposiciones de la Providencia Divina y orden de los acontecimientos humanos la soberanía que originariamente resida en ellos; persuadido a que el fin de toda asociación política es la conservación de los sagrados derechos del hombre por medio del establecimiento de una autoridad política que lo dirija y gobierne [...] sanciona los artículos siguientes que formarán en lo sucesivo la Constitución de este Estado⁴³.

De la Sección primera titulada "Del Estado de Quito y su representación nacional", seleccionamos los siguientes artículos por su relevancia para nuestro estudio:

 Artículo 1º Las ocho provincias libres representadas en este Congreso, y unidas indisolublemente desde ahora más que nunca, formarán para siempre el Estado de Quito como sus partes integrantes, sin que por ningún motivo ni pretexto puedan separarse de él, ni agregarse a otros Estados, quedando garantes de esta unión unas provincias respecto de otras [...].
Art. 2º El Estado de Quito es y será independiente de otro Estado y Gobierno en cuanto a su administración y economía interior, reservándola a la disposición y acuerdo del Congreso General todo lo que tiene trascendencia al interés público de toda la América, o de los Estados de ella que quieran confederarse.
Art. 3º La forma de gobierno del Estado de Quito será siempre popular y representativa.
Art. 4º La religión católica [...] será la única religión del Estado de Quito y de cada uno de sus habitantes, sin tolerarse otra ni permitirse la vecindad del que no profese la católica romana.
Art. 5º En prueba de su antiguo amor y fidelidad constante a las personas de sus pasados Reyes, protesta este Estado que reconoce y reconocerá por su monarca al señor don Fernando VII, siempre que libre de la dominación francesa y seguro de cualquier influjo de amistad o parentesco con el tirano de la Europa, pueda reinar sin perjuicio de esta Constitución.
[...]
Art. 8º Esta [autoridad soberana] no se podrá ejercitar jamás por un mismo cuerpo ni unas mismas personas en los diferentes ramos de su administración, debiendo ser siempre separados y distintos el Ejecutivo, Legislativo y Judicia ⁴⁴.

Los historiadores han interpretado de diferente manera, a través del tiempo y de acuerdo con su posición historiográfica, el contenido del Pacto.
Antonio Pareja sostiene:

Trátase de un documento contradictorio, a ratos, republicano, a otros, monárquico, con ideas enciclopedistas, unas veces proclamando los derechos del hombre, dando a Quito un gobierno autónomo, electivo y representativo, pero colocándolo, en otras, paradógicamente bajo el amparo de Fernando VII, señor natural de estos reinos. Así era la absurda conciliación de las tendencias opuestas: de un lado los Montúfar, con los suyos, sosteniendo la monarquía constitucional; del otro, los Sánchez Carrión, con sus partidarios, manteniendo la voluntad republicana, que era la voluntad del pueblo⁴⁵.

Jaime Rodríguez entiende que la nueva Carta, pese a establecer el gobierno representativo y la división de poderes, tenía un carácter tradicional. Considera a la Constitución de Cádiz, que regiría poco después, más avanzada y mucho más democrática que la quiteña⁴⁶.
En los últimos tiempos, Federica Morelli considera que el principal objetivo del Pacto no era la fundación de un nuevo cuerpo soberano e independiente de la monarquía española, sino el establecimiento de un acuerdo entre cuerpos ya considerados como soberanos, las provincias, con miras a preservar intereses comunes⁴⁷. Ante los problemas planteados por la crisis de la monarquía, para la autora la intención de sus redactores fue construir un gobierno de forma republicana que permanecería dentro de la monarquía, al percibirse que esa garantizaría, a la vez, mayor autonomía y estabilidad. Así, pues, como en otros casos, la confederación representó un medio para mantener unido al territorio de la antigua Audiencia⁴⁸.
Por su parte, Marie-Danielle Demélas, en su estudio sobre las primeras experiencias constitucionales hispanoamericanas, menciona a la Constitución de Quito como mejor ejemplo de aquellos que han mantenido e institucionalizado una estructura citadina del espacio político.  Señala al respecto:

La base de la representación está constituida por la ciudad territorio (Guayaquil y sus pueblos, Ibarra y sus pueblos...) mientras que la constitución toma la forma de un contrato establecido entre las diferentes ciudades del reino.
El estado es concebido como la asociación jerarquizada de ciudades, estamentos y gremios, puerta abierta a un futuro federalismo, pero en términos antiguos [...]⁴⁹.

En nuestra opinión, el documento es muy ilustrativo pese a no llegar a aplicarse. Por un lado, quizá recoja la conciliación entre grupos que tenían posiciones diferentes respecto del rumbo que debía tomar el movimiento, en momentos tan difíciles e inciertos para adoptar decisiones claras, con el propósito de resolver una cuestión fundamental como mantener la integridad territorial. Por el otro, desde nuestra perspectiva de análisis, si bien no expresa el nacimiento de una entidad soberana en términos de ruptura con la metrópoli, pone en evidencia cómo sobre las ideas políticas tradicionales que prevalecieron inicialmente, han comenzado a filtrar referencias políticas modernas. Posiblemente, la aceleración del proceso hizo que éstas no se amalgamasen bien y aparecieran superpuestas sin lograr una definición precisa.

Los procesos electorales
La convocatoria a elecciones por parte de los gobiernos peninsulares significó una importante novedad pues por primera vez se ponía en práctica el principio representativo. El impacto en América fue extraordinario, se pusieron en marcha los procesos electorales, se planteó la discusión de problemas de fondo para la monarquía como la igualdad de representación y se movilizaron todas las regiones y actores sociales.
En el período analizado se llevaron a cabo en el Reino de Quito varios procesos electorales. El historiador Jaime Rodríguez ha investigado el tema y en sus aportes nos basamos en el trabajo⁵⁰.
Las primeras elecciones se realizaron en 1809 para elegir los representantes americanos que debían incorporarse a la Junta Central según lo dispuesto en el decreto del 22 de enero de 1809.
Las autoridades de América pusieron en práctica la convocatoria a elecciones de diversa manera. En Nueva España, por ejemplo, se interpretó en forma más restringida concediendo sólo a las capitales de intendencia la posibilidad de convocar elecciones, mientras que en otras regiones entendieron que todas las ciudades con ayuntamiento podían hacerlo.
Los ayuntamientos de las capitales provinciales elegirían a tres personas de probidad para escoger a una de ellas por sorteo. Luego, en un segundo nivel, el Real Acuerdo seleccionaría a tres del grupo conformado por los electos en el primer nivel, para escoger a uno de ellos por sorteo.
El Virrey del Perú determinó que diecisiete ciudades de su jurisdicción tenían derecho a participar, entre ellas Guayaquil. El Virrey de Nueva Granada concedió a veinte ciudades el derecho, entre las que se encontraban Popayán, Pasto, Ibarra, Quito, Riobamba, Cuenca y Loja. Por lo tanto el Reino de Quito quedó dividido entre sierra y costa en materia de representación.
El Ayuntamiento de Quito se reunió el 9 de junio de 1809 para elegir a su representante. En esa ocasión Pedro Montúfar, Capitán de milicias y Alcalde de primer voto, propuso, pese a existir en la ciudad sujetos capaces, a tres naturales de Quito que en ese momento se encontraban en la Península: el Conde de Puñónrostro, un grande de España, y dos oficiales militares jóvenes, hijos de nobles quiteños, Carlos Montúfar y Larrea y José Larrea y Jijón. Casi todos los miembros del Ayuntamiento estuvieron de acuerdo con su propuesta. Colocados los nombres en una jarra, un niño sacó el de José Larrea y Jijón.
La elección final del Virreinato se llevó a cabo en Santa Fe el 16 de setiembre de 1809 regida por el Real Acuerdo. Una vez seleccionada la terna, se realizó el sorteo resultando electo el Mariscal Antonio de Narváez de Cartagena.
En la Audiencia, como en el resto de las posesiones, "la sociedad americana elige como lo que es, una sociedad de Antiguo Régimen en la que las más altas jerarquías son consideradas como representantes naturales de la sociedad"⁵¹.
Los ayuntamientos de América proveyeron a sus representantes, que fueron considerados como procuradores, precisas instrucciones. Aunque se sabe, comenta Jaime Rodríguez, que Popayán, Pasto, Ibarra, Quito, Riobamba, Cuenca y Loja prepararon instrucciones para sus delegados, sólo se han encontrado las de Loja, que realizó su elección después de la revolución de Quito. Mencionamos su contenido pues es posible que sea similar al de las otras ciudades en sus lineamientos generales. En estas instrucciones de Loja, la ciudad se declaraba leal a Fernando VII y consideraba las elecciones como una oportunidad no sólo para obtener mayor representación sino también para alcanzar mejoras largamente esperadas. Entre las siete peticiones realizadas se encontraban: apoyo para la producción de cascarilla y cochinilla, reformas clericales, introducción de una intendencia, desarrollo de la producción de quina y un hogar para niños abandonados.
También en este aspecto se observa coincidencia con lo sucedido en otras ciudades. El diputado es considerado como un procurador al que se le proporciona mandato imperativo mediante las instrucciones. En ellas se revelan en un nivel más amplio la lealtad a la Corona española, y en el más específico el planteo de las demandas precisas de cada lugar⁵².
En un breve periodo de año y medio el Reino de Quito, como las demás regiones del imperio, sufrieron una profunda transformación política. Aunque actuaron en nombre del rey Fernando VII, rápidamente avanzaron hacia lograr una representación equitativa en el nuevo gobierno. Al mismo tiempo, aún cuando estuviera basado en la intención de mantener las instituciones tradicionales, el proceso electoral constituía un cambio drástico respecto de experiencias anteriores⁵³. Cambio del que participaron las élites pero, por su intermedio, se movilizaron también sectores más amplios de parientes y clientelas.
En el mismo sentido François X. Guerra sostiene que:

Cuando se considera el conjunto de estas elecciones como el primer paso hacia la política y los regímenes representativos modernos se puede observar cómo el proceso electoral mismo va provocando la evolución de las mentalidades hacia un perfeccionamiento progresivo de la representación y su evolución hacia formas modernas⁵⁴.

En 1810 se procedió a elegir diputados a las Cortes nacionales convocadas por la Junta Central el 1 de enero de ese año. Poco tiempo después la Junta se disolvió dando paso al Consejo de Regencia. Las elecciones se efectuaron cuando la guerra se había apoderado de España. Dado que varias provincias estaban ocupadas por los franceses y no podían celebrar sus elecciones y que la distancia retrasó la llegada de los americanos, el Consejo de Regencia dispuso que se eligieran cincuenta y tres suplentes, de los cuales treinta correspondían a América, entre personas residentes en Cádiz procedentes de las provincias ocupadas y de las ultramarinas, es decir, debían ser originarios de las provincias que representaban.
Los suplentes del Nuevo Mundo constituían un grupo variado que incluía a militares, abogados, académicos, clérigos y funcionarios. Los representantes de Nueva Granada fueron: el Dr. Domingo Caicedo y Santa María, el Dr. José Mejía Lequerica y el Conde de Puñónrostro, los dos últimos quiteños y dotados con poderes por el Ayuntamiento de Quito.
Instalada la Junta en Quito en setiembre de 1810 y habiendo reconocido al Consejo de Regencia, el 20 de octubre autorizó al Ayuntamiento de la capital a elegir diputados a las Cortes de España. Tres días después el Ayuntamiento seleccionó a tres finalistas: el Conde de Puñónrostro (que se encontraba en Cádiz), José de Larrea y Jijón y José Fernández Salvador. Un niño escogió de la urna al Conde de Puñónrostro. El Ayuntamiento encargó a José Fernández Salvador preparar el Poder e Instrucciones.
Hacia 1812 se realizaron las elecciones según lo disponía la nueva Constitución vigente. Concedió ésta el sufragio a todos los hombres, salvo los de origen africano, sin que se debieran cumplir requisitos de educación o propiedad. Ello generó un aumento del electorado y de la actividad política.
Estableció tres niveles de gobierno representativo: monarquía a través de las Cortes; provincias, con las Diputaciones provinciales, diecinueve para el caso de Ultramar correspondiendo una a Quito; y ciudades por medio del Ayuntamiento constitucional. Al disponer que cada ciudad con mil habitantes formaba ayuntamiento aumentó el número de estos organismos incorporando importante cantidad de personas al proceso político.
Debían llevarse a cabo dos procesos diferentes, uno para los Ayuntamientos y otro para las Diputaciones provinciales y las Cortes. Para el primero se requerían dos etapas pues en la parroquia los votantes elegían electores parroquiales que luego se reunían en la ciudad para elegir alcaldes, regidores y síndicos. Para el segundo, Diputaciones provinciales y Cortes, se contemplaban cuatro etapas. En la parroquia los votantes seleccionaban a los compromisarios quienes elegían después a los electores parroquiales. Luego en el partido, los electores parroquiales elegían a los electores de partido. Finalmente, los electores de partido se reunían en la capital de la provincia para elegir a los diputados de ambos cuerpos. El primer día se procedía a elegir a los de Cortes y, al siguiente, a los de la Diputación provincial.
Las Juntas preparatorias dividían a las nuevas provincias (generalmente audiencias o capitanías generales) en distritos llamados partidos que, a su vez, se dividían en parroquias. Luego, en base a la población políticamente elegible, se debía establecer el número de compromisarios en cada parroquia y de electores en cada partido. La Constitución establecía un elector por cada doscientos individuos políticamente elegibles.
En Quito se efectuaron las tres etapas del proceso electoral para parroquia, partido y provincia. Las Juntas preparatorias se basaron en los censos existentes con las modificaciones que proporcionaron las autoridades locales. Se excluyó a las personas de ascendencia africana, convictos, deudores públicos y miembros de órdenes regulares, según lo establecía la norma constitucional.
El Ayuntamiento de Quito expresó su alegría al enterarse de la vigencia de la Constitución pero pidió que se tomasen precauciones para evitar la intervención popular en las elecciones. Sus temores se basaban en experiencias anteriores de levantamientos populares vividas en a Audiencia, sobre todo la rebelión de Quito de 1765. El Gobernador Montes manifestó su desacuerdo con la petición y declaró que todos los ciudadanos con derecho a voto debían participar en el proceso electoral.
Las Juntas preparatorias eran las encargadas de organizar las elecciones pero, dado que las Cortes no incluyeron a Quito entre las capitales donde debía establecerse Junta preparatoria provincial, el Presidente Toribio Montes se ocupó de esta tarea.
Las autoridades debían determinar el número de ayuntamientos en los que tenían que celebrarse elecciones. El trabajo fue arduo dado que fueron numerosos los poblados y villorios que establecieron los nuevos ayuntamientos de acuerdo con las disposiciones vigentes. En el caso de Quito que hacia 1810 tenía seis, para 1814 Jaime Rodríguez ha localizado ochenta y nueve informes de pueblos que formaron ayuntamientos aunque infiere que quizá se establecieron más⁵⁵.
Dado que el sistema electoral era complicado se organizaron campañas políticas. Al tener que elegir muchas personas como electores a nivel parroquial, numerosos grupos se dedicaron a hacer listas para que los votantes recordaran a quien darían su voto. A los analfabetos se les proveyó con papeletas que incluían los nombres de aquellos a quienes votarían y también los arrieros y taberneros distribuyeron información electoral⁵⁶.
El General Montes, por su parte, ordenó a los funcionarios locales la publicación de la Constitución de manera que fuese leída en ceremonias formales a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares y al público en todas las ciudades y pueblos.
El Gobernador inició el proceso electoral en el Reino de Quito pidiendo a los curas y funcionarios locales que condujeran los censos parroquiales a fin de determinar el número de población elegible. Muchos funcionarios locales pidieron copias de la Constitución e instrucciones para entender el nuevo sistema político.
El status político de los indios fue un tema de debate. Varios se preguntaban si debían ser considerados ciudadanos. El artículo 25 de la Constitución establecía que un hombre podría perder sus derechos políticos si era criminal convicto, si estaba legalmente en bancarrota o si era un sirviente doméstico. En el Reino de Quito muchos aborígenes vivían en haciendas bajo concertaje. El fiscal determinó que éstos debían ser considerados sirvientes y por lo tanto no elegibles para votar. Este asunto generó conflictos en varias jurisdicciones cuando los grupos locales trataron de impedir que los indios que no vivían en haciendas ejercieran sus derechos cívicos. Las autoridades determinaron que la gran mayoría de los indígenas eran ciudadanos que poseían derechos políticos y anularon las elecciones donde se les había impedido votar.
También surgieron dudas respecto a las mujeres pues éstas habían poseído el derecho a votar en elecciones tradicionales cuando eran jefas de familia. ¿Con el nuevo sistema también podían participar? La respuesta fue negativa en tanto los hombres votaban como individuos y no como jefes de familia. En cuanto a los bastardos, al no distinguir la nueva Carta entre hombres legítimos e ilegítimos, se entendió que poseían derechos políticos. Lo mismo sucedió con los analfabetos si reunían los otros requisitos. Por su parte, el clero secular tenía derecho a votar no así el regular.
El censo electoral del Reino de Quito fue completado en junio de 1813. Como muchas regiones estaban ocupadas por el enemigo se estableció un cálculo prudencial determinándose que la población políticamente elegible en el Reino era de cuatrocientos mil habitantes. Ello daba a Quito derecho a cinco diputados en Cortes en razón de uno cada setenta mil, sumándose uno más por la fracción restante. Por lo tanto correspondieron a la Provincia seis diputados propietarios y dos suplentes. Estos debían ser elegidos por los electores de partido cuyo número era el triple del correspondiente a diputados, o sea, dieciocho. Como en ese momento la Provincia tenía catorce partidos, los cuatro de mayor población (Quito, Cuenca, Riobamba y Latacunga) nombrarían dos cada uno. También el censo determinó el número de compromisarios y de electores parroquiales de cada partido.
Las elecciones para los Ayuntamientos constitucionales realizadas entre setiembre de 1813 y enero de 1814 resultaron estimulantes y confusas. Las autoridades superiores recibieron muchas preguntas. Ante las dudas, Montes respondió que cualquier centro urbano con mil habitantes tenía derecho a establecer un Ayuntamiento independiente sujeto sólo a la autoridad de la Diputación Provincial de Quito.
El General Montes que bajo el régimen constitucional se había convertido en Jefe Político Superior de la Diputación Provincial de Quito, creía necesario estrechar lazos entre los criollos y peninsulares para resolver la situación política de su jurisdicción. Estaba convencido además que para asegurar la paz y armonía era necesaria la participación de los más notables. En consecuencia apoyó la elección de dirigentes locales aun cuando hubiesen participado en los anteriores gobiernos revolucionarios. Esta posición generó muchas críticas. Los miembros de la Audiencia, el Gobernador de Cuenca, Melchor Aymerich, el obispo de Cuenca Andrés Quintian y Ponte y el Virrey del Perú no estuvieron de acuerdo con su parecer.
Las elecciones de diputados a las Cortes y a la Diputación Provincial resultaron más largas y complicadas. El principal obstáculo fue que los compromisarios debían viajar para escoger a los electores parroquiales y, luego, éstos trasladarse hasta la ciudad cabecera de partido para elegir a los de partido. Las grandes distancias a recorrer generaron demoras. Algunos se resistían a realizar estos largos viajes para cumplir con sus responsabilidades cívicas.
Después de varios meses, el 24 de agosto de 1814, los dieciocho electores de partido se reunieron en la ciudad de Quito para elegir los seis diputados más los dos suplentes a Cortes y los siete diputados a la Diputación provincial.
El 26 de agosto fueron electos los siguientes diputados a Cortes de la Provincia de Quito: Dr. Francisco Rodríguez Soto, Dr. José María Landa y Ramírez, Sr. Mariano Guillermo Valdivieso, Dr. José Salvador, Dr. José María Lequerica y Sr. José de Larrea y Jijón.
Al día siguiente se procedió a elegir los diputados a la Diputación provincial, resultando electos: Dr. Calixto Miranda (Partido de Quito), Dr. José Félix Valdivieso (Partido de Cuenca), Dr. Joaquín Anda (Partido de Latacunga), Sr. José Mariano Egües (Partido de Ambato), Sr. Tomás Velasco (Partido de Riobamba), Dr. José Miguel Carrión (Partido de Loja) y Dr. José Reyes (Partido de Otavalo).
Los criollos sobrepasaron a los peninsulares en las elecciones de manera que los quiteños lograron por el voto el dominio del poder local.
Los miembros de los Ayuntamientos tomaron sus puestos con gran pompa. Muchos mantuvieron en pie sus demandas de fondos para escuelas, hospitales y otros servicios. También expresaron su apoyo en la lucha contra Napoleón.
Restablecido el régimen liberal en España en 1820, en las Cortes reunidas en Madrid en julio, nuevamente los diputados americanos suplentes formularon la cuestión americana. Más tarde, se incorporaron los diputados propietarios que reforzaron la representación americana. Llegaron a ser setenta y ocho diputados americanos en las Cortes, correspondiendo la mayoría a Nueva España.
Desde el comienzo éstos afirmaron que la pacificación sería posible sólo si eran respetados los derechos constitucionales de los americanos. A la vez buscaron la destitución de aquellos funcionarios en América ligados a la represión de la etapa absolutista.
El 8 de mayo de 1821 se obtuvo un importante triunfo cuando las Cortes dispusieron que se debía establecer una Diputación provincial en cada Intendencia. Con ello se duplicaba el número de Diputados provinciales en América.
Veamos cómo se llevaron adelante las elecciones en la Provincia de Quito. Planteada la lucha con el gobierno independiente establecido en Guayaquil, Aymerich resolvió, después de consultar a la Audiencia y al Ayuntamiento de Quito, suspender las elecciones provinciales convocadas para diciembre de 1820. Meses después, ante las críticas recibidas, se vio obligado a programarlas, llamando a elecciones para la Diputación provincial y para las Cortes. Dadas las dificultades para efectuar un nuevo censo electoral, se basaron en los anteriores. Sólo doce partidos en la Sierra que no estaban ocupados por el enemigo estaban en condiciones de llevarlas a cabo.
Al igual que en el período anterior, Quito elegiría seis diputados y dos suplentes a las Cortes y siete diputados a la Diputación provincial. Las autoridades redistribuyeron el número de compromisarios y electores parroquiales entre los partidos libres para alcanzar el número de dieciocho electores de partido. Las elecciones fueron largas y complicadas y se completaron recién al terminar el año.
A fines de diciembre de 1821 numerosas ciudades del reino informaron la realización de las elecciones de Ayuntamientos constitucionales y las elecciones parroquiales para electores de partido.
Capítulo aparte merece para el autor que seguimos el tema de los indígenas en el marco de las nuevas políticas implementadas pues éstas introdujeron modificaciones sustanciales al respecto. Con la vigencia de la Constitución los indígenas se convirtieron en ciudadanos plenos terminando para ellos las obligaciones basadas en el origen étnico. Ya no existían las dos repúblicas, de indios y españoles, sino un solo electorado cuyos miembros poseían el mismo estatuto. Ahora bien, ¿cómo se instrumentaron estos principios? ¿Qué incidencia tuvieron en la marcha del proceso?
Como hemos visto, derrotada la Revolución quiteña, Montes ordenó, en el marco del nuevo sistema constitucional, organizar las elecciones y ante las dudas surgidas respecto de la participación de los indígenas, se respondió que éstos eran considerados ciudadanos de la nación española y poseían los mismos derechos que los demás.
Al realizar el censo electoral de la Provincia de Quito a mediados de junio de 1813 se determinó que su población ascendía a 465.900 habitantes. En opinión de Jaime Rodríguez se exageraba el número de indígenas facultados para votar⁵⁷. Señalamos ya que el fiscal resolvió que los indígenas que vivían en las haciendas bajo la modalidad de concertaje serían considerados sirvientes domésticos y, por lo tanto, no podían participar. Según recientes investigaciones este número era muy elevado. Sin embargo las autoridades eliminaron del censo sólo a 65.900 individuos por las diversas razones establecidas en la Carta. De esta manera la población de Quito ascendía a 400.000 habitantes logrando obtener seis diputados a Cortes. Señala el autor citado que los funcionarios locales exageraron el número de indígenas independientes que contaban como ciudadanos para aumentar la representación de la Provincia de Quito en las Cortes hispánicas⁵⁸.
Esto planteaba, como contrapartida, su participación a nivel local. En la Provincia de Quito los indígenas constituían la mayor parte de la población y, por lo tanto, podían llegar a dominar el gobierno en las áreas donde residían pero, para que esto fuera posible debían estar unidos por una idea de "indianidad". Cuestión difícil de elucidar, para Jaime Rodríguez, existe:

 ...poca evidencia de dicha unidad indígena en el Reino de Quito. En lugar de ello, los documentos registran conflictos entre los antiguos pueblos sujetos y las cabeceras, luchas entre etnias y el poder político, e indígenas que afirmaban sus derechos a través de alianzas interétnicas⁵⁹.

En cuanto a las Provincias del Sur que en el nuevo régimen constituían los Partidos de Cuenca y Loja, las comunidades indígenas comenzaron a formar Ayuntamientos constitucionales en aquellas comarcas con más de mil habitantes. Muchos se instalaron en las haciendas a pesar de que se les explicó que no podían establecerse dentro de propiedad privada, inquietando a los terratenientes.
Las tensiones se agudizaron ante propuestas como la del Licenciado Juan López Tornaleo, Teniente letrado del Gobernador, quien solicitó a las autoridades superiores elevar considerablemente el número de Ayuntamientos constitucionales en el Partido de Cuenca. Fue apoyado por muchos indígenas pues sus asentamientos alcanzarían el status de pueblos con Ayuntamientos pero generó oposición en las élites de la región. Tras escuchar sus explicaciones, Montes decidió esperar la elección de la Diputación provincial que se encargaría del asunto. Mientras, pese a las preocupaciones de los funcionarios locales, las autoridades en Quito se negaron a tomar acciones para evitar que los nuevos `ciudadanos españoles` establecieran ayuntamientos ahí donde existiera el número necesario de pobladores⁶⁰.
Los cambios causaron preocupación, sobre todo, en los que hasta ese momento se habían beneficiado del orden antiguo. Al mismo tiempo el proceso electoral puso en evidencia conflictos existentes en el seno de la sociedad indígena pues dio oportunidad a nuevos actores a disputar puestos que hasta entonces habían sido controlados por las élites nativas. También se sumaron al grupo político los forasteros que en el antiguo régimen no tenían derecho a participar y ahora habían logrado pleno derecho de ciudadanía.
A la luz de los resultados de investigaciones recientes, Juan Marchena Fernández señala:

Podía pensarse que, dado el peso social de las autoridades indígenas, el poder económico que tenían y el control que evidentemente ejercían sobre sus comunidades en estas elecciones se produciría una coincidencia entre los nuevos alcaldes electos y las tradicionales autoridades étnicas. Sin embargo, no fue así en general⁶¹.

Entiende que en este aspecto no se puede hablar de un proceso único sino que se debe atender a las circunstancias propias de cada parroquia:

Muchos de los nuevos alcaldes constitucionales prácticamente despreciaron en adelante a los viejos caciques y, sobre todo, los eliminaron de los lugares de representación. En el caso de algunos pueblos de Cuenca, los caciques fueron los que protestaron, porque no salieron electos y fueron despreciados⁶².

Por otro lado, los pueblos pequeños si reunían mil habitantes tenían sus ayuntamientos y no dependían ya de las ciudades cabeceras.
El desarrollo de las elecciones de Cuenca y Loja muestra cómo el voto indígena adquirió importancia en la lucha por el control del Ayuntamiento constitucional de la ciudad. Tomemos el caso de Loja, ciudad ubicada al sur de la Audiencia, a modo de ejemplo. La élite local estaba dividida, desde hacía tiempo en dos coaliciones opuestas. Un grupo estaba encabezado por el Corregidor, Don Tomás Ruiz de Quevedo que había alcanzado una posición preponderante tras más de veinte años de ejercer sus funciones en la región. El otro, por el Alcalde de primer voto Don Manuel Xaramillo y Celi, hacendado secundado por una importante parentela que contaba con el apoyo de la mayoría del Cabildo.
A mediados de 1813, la instrumentación de la elección para Ayuntamiento constitucional reavivó las tensiones. Sin detenernos en los entretelones, nos interesa mostrar que, ausente el Corregidor, el Alcalde convocó a un Cabildo abierto presentando la lista de los votantes en la que no había incluido a un porcentaje de población de la ciudad ni a indígenas de parroquias rurales. Ante la oposición que se generó decidió postergar la decisión final acerca de la lista hasta que Quito resolviese.
De regreso el Corregidor con instrucciones de organizar las elecciones, dejó de lado la lista de Xaramillo y elaboró una nueva con todos los vecinos de Loja, los indios de los suburbios de San Sebastián y San Juan del Valle que entendía pertenecían a la ciudad y los indígenas que no eran conciertos. El Alcalde al confeccionar su lista dejaba votar a los que consideraba auténticos vecinos y excluía a los indígenas. El Corregidor al incorporarlos parecía confiar en su apoyo para lograr resultado favorable. Marie-Danielle Demélas entiende que atribuyendo a los pueblos indios y a todos sus habitantes el derecho de voto, intentaba servirse de un electorado dócil contra la facción de los notables que se oponía a él"⁶³. Finalmente, Ruiz de Quevedo triunfó en las elecciones para Ayuntamiento. Jaime Rodríguez, tras señalar que el poder político de la región continuó dividido por años, sostiene que el voto indígena, que no era monolítico, fue toral en la lucha por controlar el Ayuntamiento de Loja. Luego de realizar otras consideraciones, afirma que: El nuevo orden, por lo tanto, afianzaba el poder político de los naturales⁶⁴.
Con respecto a la incidencia del funcionamiento del régimen constitucional en el proceso político general, sostiene Jaime Rodríguez en sus conclusiones que las elecciones:

[...] detonaron el impulso por establecer un gobierno representativo y una autonomía local [...]
La Constitución de la Monarquía española amplió el electorado e incrementó drásticamente el espectro de la actividad política⁶⁵.

En cuanto a las elecciones llevadas a cabo en 1813-1814 y en 1820-1822 considera que impulsaron fuertes transformaciones políticas y sociales y afirma que la revolución política hispánica era a todas luces más profunda y amplia que la `revolución de Quito` la cual ha recibido el grueso de la atención académica⁶⁶.

También en el caso de los indígenas considera que la vigencia del liberalismo tuvo fuerte impacto ya que éstos aprendieron a esgrimir los nuevos principios para defender sus intereses. Aunque no actuaron como un bloque unitario:

Al igual que otros grupos sociales, estaban divididos por intereses y ambiciones individuales, familiares y locales. La mayoría intentaba satisfacer estos intereses por medio de la participación en coaliciones interétnicas. Así, se encontraban indígenas en ambos lados de la mayor parte de las contiendas políticas. Su participación en las contiendas locales por el control político dotó a los indígenas de poder e influencia⁶⁷.

En el mismo sentido concluye Juan Marchena Fernández:

En resumen, la aplicación de la Constitución en estos pueblos y comunidades indígenas tuvo como consecuencia un conjunto de cambios trascendentes al interior de las mismas y notables repercusiones en el mundo campesino, de manera que las élites locales, las que hasta entonces [...] mantenían y ejercían un férreo control sobre esta gran masa de población, ahora veían que un excesivo protagonismo de estos ayuntamientos pondría en peligro su poder en sus zonas de influencia, cuando no atentaban directamente contra sus intereses⁶⁸.

Federica Morelli en su análisis del proceso desde el punto de vista de la fragmentación territorial provocada por la crisis de la monarquía, considera que la introducción de la representación política moderna profundizó ese nivel de fragmentación permitiendo la entrada de las zonas rurales en la escena política al multiplicarse el número de ayuntamientos constitucionales. Afirma al respecto que muchos pueblos, e incluso las comunidades indígenas, habían elegido su propio municipio rompiendo el dominio de las ciudades principales sobre los distritos rurales y provocando una verdadera revolución del poder local⁶⁹.

CONSIDERACIONES FINALES

En los albores del siglo XIX predominaba en el bello y contrastante paisaje de la Audiencia de Quito un ambiente inundado por las novedades del tiempo y cargado de expectativas, insatisfacciones y tensiones. La élite quiteña desde un horizonte intelectual marcado por la ilustración cristiana e insuflado de sentimientos de amor a su tierra, realizaba críticas a la situación imperante, propiciaba la adopción de mejoras y manifestaba inquietud y preocupación ante la falta de respuesta de las autoridades. Sin embargo, no había expresado la intención de romper con el orden vigente y daba claras muestras de fidelidad a la Corona.
Por ello, cuando a raíz de la invasión francesa se produjo la crisis de la monarquía, no se dudó en reconocer a Fernando VII como monarca legítimo rechazando las propuestas napoleónicas. Agravada la situación peninsular, tanto en 1809 como en 1810, la solución juntista se planteó como una salida que permitiría conservar estos dominios para la dinastía reinante. Inspirado en un sincero fidelismo y sustentado en principios políticos tradicionales, este primer paso supuso el comienzo de un recorrido cuyo final no se vislumbraba en ese primer momento.
Es que en esos aciagos años, el proceso político cobró un ritmo inusitado. Al calor de la difícil situación imperante, sobre un terreno abonado ya por la recepción de los elementos medulares de la nueva cosmovisión a través de la ilustración cristiana, las referencias políticas modernas, que hasta ese entonces no habían aflorado, germinaron rápidamente.
En el marco del desarrollo del movimiento revolucionario hispanoamericano, las particularidades del proceso vivido en la antigua Audiencia de Quito, permitieron una doble vertiente de filtrado de los nuevos principios.
En la etapa de la "Revolución quiteña", al fragor de la toma de decisiones políticas que la gravedad de la hora imponía, las Juntas aún en nombre de Fernando VII comenzaron a gobernar en forma autónoma. Adoptaron, con las riendas del poder en sus manos, medidas que dieron respuesta a necesidades locales insatisfechas hasta el momento.
En el caso de Quito se concretó un importante anhelo al establecer la Capitanía General independiente desprendida del Virreinato de Nueva Granada, tratando de restablecer bajo su jurisdicción el antiguo territorio de la Audiencia con la reincorporación de Cuenca y Guayaquil, por ejemplo. Desligada del Consejo de Regencia, esta entidad política se afianzó a través de la asociación de pueblos que se institucionaliza mediante el "Pacto de sociedad y unión". Aun manteniendo el reconocimiento a Fernando VII, este significativo documento recoge ya elementos modernos como declaración de derechos personales o división de poderes. De la misma manera, en el escenario guayaquileño, el Reglamento de 1820 dispuso la libertad comercial restringida hasta ese momento por la presión de los grandes comerciantes limeños pese a las solicitudes locales.
Es decir, de hecho las élites asumieron la conducción política y esta situación, además de proporcionarles una enriquecedora experiencia, tiene que haberles revelado la posibilidad cierta de atender mejor sus intereses que subordinados a lejanas autoridades. Se planteó, asimismo, un escenario político que permitió la participación de protagonistas con posiciones más avanzadas respecto del rumbo a seguir, cuya interacción con los demás actores imprimió aceleración a la marcha del movimiento. Tal el caso del Dr. Manuel Rodríguez de Quiroga y el Dr. Juan de Dios Morales en el año nueve y los partidarios de Jacinto Sánchez de Orellana en el año diez.
Derrotada la "Revolución quiteña" se frenó ese impulso pero, como contrapartida, la vigencia del régimen liberal en España puso en marcha nuevos mecanismos de tracción al permitir una amplia difusión de referencias modernas. Así, el conocimiento de la actuación de las Cortes fue un importante foco de irradiación. Del mismo modo, la Constitución de 1812 que no solo fue jurada sino también distribuida y leída en todos los rincones de la Audiencia. Sin olvidar el decreto de libertad de imprenta que posibilitó una amplia circulación de impresos y periódicos liberales.
En este sentido, creemos que el desarrollo de los procesos electorales jugó un importante papel. Ya desde las primeras elecciones de 1809 para elegir representantes a la Junta Central y de 1810 para diputados a las Cortes Nacionales en la etapa anterior. Vigente la Constitución, hemos visto cómo se llevaron a cabo entre 1812 y 1814 y, luego, entre 1820 y 1822, de acuerdo con sus disposiciones, las elecciones en los tres niveles de gobierno representativo: Cortes, Diputación provincial y Ayuntamientos constitucionales.
Tanto en la Diputación provincial de Quito con en la Provincia de Guayaquil esta situación provocó un incremento de la actividad política con la ampliación del electorado que sumó, además, a indígenas y mestizos y la multiplicación de ayuntamientos constitucionales. En medio de conflictos, puja de parentelas, pervivencia de elementos tradicionales, cada vez más personas adquirieron experiencia de participación en los procesos políticos.
A la luz de lo expuesto se observa que en el territorio de la Audiencia de Quito se experimentó a partir de 1808 un proceso de radicalización política provocado por el impacto de referencias políticas modernas fácilmente asimiladas por la cosmovisión ilustrada imperante. De manera que estos principios y prácticas conformaban el repertorio de las élites, junto con resabios tradicionales que perduran, en el momento de dar forma al Estado de Ecuador independiente en 1830, tras la separación de la Gran Colombia, como una república liberal.

NOTAS

¹ El título del proyecto es "Tiempos de cambios vertiginosos. El proceso político hispanoamericano entre 1808 y 1825", aprobado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo en el bienio 2009-2011 (Primera parte) y 2011-2013 (Segunda parte).

² Este planteamiento del tema había sido realizado hace varias décadas por García Gallo, 1951: 157 y 158. En épocas recientes es considerado de la misma manera por Guerra, 1993: 19. Lo retomamos pues creemos que permite comprender mejor proceso tan complejo.

³ Guerra, 1993: 13, 19 y 31.

⁴ El actual Ecuador es el heredero de la Audiencia y Presidencia de Quito durante el período hispánico.

⁵ Bustos Lozano, 2008: 87. Hemos analizado el pensamiento de algunos ilustrados hispanoamericanos en los siguientes artículos: Conte de Fornés y Bistué, 1998; 1999; 2001.

⁶ Jocelyn-Holt Leterier, 2003: 61.

⁷ Para conocer la vida y obra de este ilustrado, se puede consultar Astuto, Philip, 1969.

⁸ Cfr. Lara, 1995: 259 y ss. Reyes, 1960: 259. Andrade, 1984: 164.

⁹ Cfr. Paladines, 1994: 179-192.

¹⁰ Los artículos publicados se encuentran reproducidos en Santa Cruz y Espejo, Francisco Javier Eugenio: "Primicias de la Cultura de Quito", Quito, Imprenta Municipal, 1958.

¹¹ Céspedes del Castillo, 1985: 402. En el mismo sentido opina sobre este tema Halperín Donghi, 1985: 10 y 74. Mientras que otros historiadores consideran que el programa reformista supuso una "segunda conquista de América", cuyo precio fue la "alienación" de la élite criolla. Cfr. Lynch, 1980 y Brading, 1990.

¹² Rodríguez, 2006: 191.

¹³ Cfr. Landázuri Camacho,1994: 105; Andrade, 1984: 178-179 y 196; Reyes, 1960: 264.

¹⁴ Núñez, 2002: 11.

¹⁵ Landázuri Camacho, 1994: 102.

¹⁶ Morelli, 2009: 137.

¹⁷ Ramos, 1996: 199.

¹⁸ Ramos, 1978: 106.

¹⁹ Íbidem: 107.

²⁰ Íbidem: 149.

²¹ Ramos, 1996: 206

²² Ramos, 1978:104-105.

²³ Ídem, p. 204.

²⁴ Cfr. Landázuri, 2004 y Bustos, 2004.

²⁵ Hemos tratado esta temática en Conte de Fornés, 2006.

²⁶ Rodríguez, 2006: 195.

²⁷ Cfr. Conte de Fornés, 1996. Timothy, 1986. Céspedes del Castillo, 1988. Guerra, 1993. Lynch, 1980. Ramos, 1996.

²⁸ Cfr. Marchena Fernández, 2007. El autor ofrece una visión panorámica de la producción historiográfica ecuatoriana referida a la Independencia de su país, retomando desde las Memorias de los protagonistas y primeras historias nacionales hasta considerar obras aparecidas en los últimos tiempos.

²⁹ Landázuri Camacho, 2008: 110.

³⁰ Ramos,1996: 344.

³¹ Pareja Diezcanseco, 1958: I, 386.

³² Cit. por Morelli, 2009: 136.

³³ Idem, id.: 137.

³⁴ Idem, íd

³⁵ Rodríguez, 2006: 72.

³⁶ Paladines, 1994: 194.

³⁷ Morelli, 2009: 137-138.

³⁸ Landázuri Camacho, 1994: 114.

³⁹ Cit. por Rodríguez, 2006: 78.

⁴⁰ Cevallos García, 1964: 251

⁴¹ Idem, íd.

⁴² Pensamiento político de la Emancipación (1790-1825). Tomo I. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, p. 181.

⁴³ Idem, pp. 182 -183.

⁴⁴ Pareja Diezcanseco, 1958:I, 350.

⁴⁵ Rodríguez, 2006: 78.

⁴⁶ Morelli, 2009: 138.

⁴⁷ Idem., p. 139.

⁴⁸ Demélas, 2010: 56-57.

⁴⁹ Rodríguez, 2006. Marchena Fernández, 2007: menciona a este historiador como el que más ha trabajado el tema en Ecuador.

⁵⁰ Guerra, 1993: 198.

⁵¹ Idem, id., pp. 206-219. También en Guerra, 2003: 134.

⁵² Rodríguez, 2006: 46.

⁵³ Guerra, 1993: 221.

⁵⁴ Rodríguez, 2006: 81.

⁵⁵ Idem, id.

⁵⁶ Idem, id., p. 107.

⁵⁷ Idem, id., p. 108.

⁵⁸ Idem, id., pp. 108-109.

⁵⁹ Idem, id., p. 111.

⁶⁰ Marchena Fernández, 2003: 253.

⁶¹ Idem, id.

⁶² Demélas, 1995b: 302.

⁶³ Rodríguez, 2006: 118-119.

⁶⁴ Ídem, id., p. 192.

⁶⁵ Idem, id., p. 193.

⁶⁶ Idem, id., p. 194.

⁶⁷ Marchena Fernández, 2003: 254.

⁶⁸ Morelli, 2009: 140.

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