ARTÍCULOS DE HISTORIA AMERICANA

HACER POLÍTICA PARA HACER NEGOCIOS. La política paraguaya, la política borbónica y los comerciantes de yerba en Santa Fe (Siglo XVIII)

 

María Celeste Forconi

CEHISO- Universidad Nacional de Rosario. mcforconi@hotmail.com

Recibido: 27-V-2015
Aceptado: 03-XII-2015

 

RESUMEN

El presente trabajo se propone analizar las resistencias y estrategias llevadas adelante por un grupo de la elite santafesina, frente a los intentos de los agentes borbónicos de imponer el poder real por encima de las autonomías locales. A través del examen de una causa judicial sobre comercio ilícito entre algunos vecinos santafesinos y Joseph de Antequera (líder de las Revoluciones Comuneras del Paraguay), se intenta reflexionar respecto de los cambios en la política borbónica. Por otra parte, aportar evidencias que contribuyen a poner en cuestión la tesis tradicional sobre el absolutismo y la centralización de la monarquía borbónica. La administración colonial española se configuró como un sistema de equilibrios cambiantes entre las autonomías de las ciudades y del poder central. Estas autonomías sumadas a elites de poder constituidas a través de vínculos personales, de parentesco, de clientelismo, vecindad, paisanaje, entre otros, les permitieron cooptar el ejercicio de varias funciones frente al rey que, si bien no de manera monolítica, supusieron resistencias a la implementación de los cambios que proponían las reformas.
Palabras clave: Santa Fe; Reformas borbónicas; Comercio ilícito.

ABSTRAC

This paper analyzes the resistances and strategies carried out by a group of Santa Fe’s elite, against the attempts of the Bourbon agents to impose royal power over local autonomies. Through examination of a court case on illegal trade, among some neighbors of Santa Fe and Joseph de Antequera (leader of the Commoner Revolutions of Paraguay), attempts to reflect on the changes in the Bourbon policy. On the other hand, provide evidence that contribute to question the traditional thesis on absolutism and centralization of the Bourbon monarchy. The Spanish colonial administration was configured as a system of changing balance between the autonomy of the cities and the central government. These coupled with power elites constituted through personal ties, kinship, patronage, neighborhood, peasantry, among others, autonomy allowed them to co-opt the exercise of various functions against the king, but not monolithically, supposed strengths the implementation of the changes proposed reforms.
Key words: Santa Fe; Bourbon reforms; Illicit trade.

 

INTRODUCCIÓN

El conflictivo comienzo del siglo XVIII en la historia de la monarquía hispánica, con la guerra de sucesión y la posterior instalación de una nueva dinastía al frente de los destinos de la Corona y sus provincias de ultramar, abrió un periodo de transformaciones profundas en la concepción del gobierno de los territorios monárquicos. Felipe V elaboró una agenda de reformas en las áreas de gobierno y administración; de lo militar y de hacienda, que si bien impactó inmediatamente en la Península (a partir de la reforma del Consejo de Indias y la creación de la Secretaría de Marina e Indias,) pronto se proyectó sobre los territorios de ultramar. El eje de estas políticas planteaba recuperar el poder de la autoridad monárquica y el control económico en la administración de sus dominios –muchos de ellos, del Caribe al Río de la Plata, a merced de potencias extranjeras– lo cual aliviaría las arcas exhaustas por una larga y costosa guerra.
El presente trabajo se apoya en (e intenta contribuir a) las nuevas corrientes historiográficas que proponen destacar la relevancia que tuvieron las primeras reformas borbónicas como agenda de trasformación de los territorios peninsulares y coloniales, dejando de lado la caracterización de esta primera mitad del siglo XVIII como una continuidad de fines del XVII¹.
En el trascurso del siglo XVIII los territorios americanos fueron ganando importancia en el marco bélico internacional por la competencia sobre los recursos económicos que proporcionaban. La gobernación de Buenos Aires otrora frontera sur del imperio Español y espaldas de una de la fuente de ingresos más preciada de la Monarquía, el virreinato del Perú, se constituyó en una preocupación relevante de la agenda política borbónica. La presencia portuguesa en Colonia de Sacramento desde 1680 y el asiento negrero a partir de 1713 en manos de Inglaterra, dejaron al puerto de Buenos Aires en un lugar estratégico de cara al comercio con los territorios americanos y volvieron necesaria la dotación de recursos para defender estos territorios, tanto las fronteras externas como las internas, y su puerto². La gobernación de Buenos Aires comenzó (...) un proceso que lo muestra en principio como un modesto dispositivo imperial, hasta llegar a convertirse en el embrión de un nuevo virreinato³. Como parte de una política de recuperación territorial de las colonias bajo un control más directo de la Corona, se procuró dotar al puerto de Buenos Aires de recursos militares para su defensa que se manifiesta, además, en un cambio de perfil en la cabeza rectora de la gobernación, con fojas militares de relevancia⁴.
La investigación sobre una causa de contrabando de algunos vecinos de la ciudad de Santa Fe con el líder de la revuelta comunera del Paraguay (1721/1735) fue la inspiración para reflexionar respecto de los equilibrios cambiantes en el contexto de las primeras reformas borbónica, entre las autonomías de las ciudades y las exigencias del poder central. Estas autonomías se articularon con elites locales polivalentes, en términos de Moutoukias, que combinaban una política de vínculos personales, de parentesco, de clientelismo, vecindad, paisanaje, entre otros; con el ejercicio de varias funciones, políticas, económicas, intelectuales y eclesiásticas y que les permitió ejercer resistencias ante alguno de los cambios que proponían estas primeras reformas⁵.
El reforzamiento militar del territorio en el Río de la Plata en general y particularmente en la ciudad de Santa Fe intensificó las limitaciones a las prácticas comerciales ilícitas que restaban recursos indispensables para sostener la militarización del espacio, al sustraerse del pago de impuestos a la real hacienda. Sin embargo, como señala Griselda Tarragó, el reforzamiento de la autoridad monárquica conllevó márgenes de negociación entre los dos polos del sistema, el rey y sus reinos⁶. Para abordar este problema nos concentraremos en el estudio de una familia santafesina, los Martínez del Monje, que comenzó a consolidar su posición política y económica en uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar a la ciudad. Un grupo de familias que logró hegemonizar el poder político local en los primeros 50 años del siglo XVIII. A partir de la observación de sus acciones y decisiones este artículo se propone aportar a la reflexión sobre la imbricación entre poder político y prácticas ilícitas, en el contexto de las primeras reformas borbónicas, cuyos objetivos se orientaban al reforzamiento del poder regio, limitando prácticas que los altos grados de autonomías municipales habían convertido en una costumbre.

 

LA POLÍTICA PARAGUAYA Y LOS COMERCIANTES DE YERBA EN SANTA FE

A la largo de todo el siglo XVII Santa Fe se consolidó indiscutiblemente en el centro más importante de redistribución de la yerba mate hacía todo el espacio del virreinato peruano. La mayor parte de los recursos de la ciudad provenían del comercio de este producto, constituyéndose en su sostén económico. Por otra parte, incentivaba otras actividades económicas afines a su comercialización como la fletería, alquileres de casas y almacenes, construcción de carretas para el transporte, entre muchas otras.
Si durante el siglo XVII la ciudad gozó de una prospera situación económica, no lo fue tanto el siglo siguiente. La difícil coyuntura económica tuvo sus comienzos a partir de 1710 con fuertes asedios indígenas a la ciudad, situación que se agravó hacia la década del 20 con las rebeliones comuneras del Paraguay, escenarios que dificultaron el tráfico de yerba. La década de la revolución comunera en el Paraguay, de 1720 hasta 1730/35, se caracterizó por la crisis en la producción y comercialización de yerba mate, provocada por la agudización de la permanente competencia comercial entre los colonos de la provincia del Paraguay y las reducciones de guaraníes que dirigían los padres de la Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas. Este enfrentamiento denominado la Revolución de los comuneros ocasionó una retracción del comercio hacia la ciudad litoral cuyas secuelas, como señala Juan Carlos Garavaglia.

(...) son obvias: detección de los beneficios yerbateros, interrupción del tráfico comercial con las provincias de abajo, depresión demográfica en los pueblos de indios, retracción en la ocupación del espacio (…)⁷.

Si tenemos en cuenta que la principal actividad económica e ingreso de recursos de los vecinos de Santa Fe era la comercialización de este producto y de actividades afines a esta, los acontecimientos ocurridos en el Paraguay situaron en una encrucijada a los comerciantes santafesinos; que debieron poner en acción sus mejores destrezas, habilidades vinculares y estrategias que les permitieran sortear las dificultades de estas circunstancias apremiantes y continuar con la principal fuente de ingresos para ellos y la ciudad.
El cuerpo documental de este ensayo está formado por la correspondencia entre el Gobernador Bruno Mauricio de Zavala y los jueces asignados para la investigación y seguimiento sobre comercio ilícito entre un grupo de comerciantes santafesinos y el líder comunero, Joseph de Antequera. Estos documentos epistolares aportan información sobre las relaciones comerciales que les permitieron, a los vecinos de Santa Fe, continuar con sus actividades económicas. Pero también, sobre los procederes impunes de un grupo en particular, la familia Martínez del Monje, frente a las autoridades como justicias o ministros representantes de la autoridad Virreinal y encargados de la investigación.
Por otro lado, se consultaron expedientes del fondo Tribunales del Archivo General de la Nación y las Actas capitulares del Cabildo de Santa Fe para reconstruir algunas de las ejecuciones llevadas adelantes por los jueces o ministros de justicia.
A través de los testimonios y quejas de los jueces a cargo de la causa iniciada contra varios miembros de esta familia se pretende mostrar la importancia que tenían, en sociedades de Antiguo Régimen, la construcción de tramas vinculares en la constitución de los grupos de poder y su imbricación con las actividades económicas, y en este caso en particular, con las ilícitas. Por otra parte, la investigación llevada adelante por relaciones económicas entre vecinos santafesinos y el líder comunero, abre una puerta que nos permite reflexionar sobre los cambios en la política borbónica en cuanto a la creciente preocupación por la defensa territorial de sus dominios, cuyo control requería de mayores recursos para aumentar el equipamiento político defensivo de las fronteras imperiales. Las limitaciones a las prácticas comerciales ilícitas, que restaban recursos indispensables para sostener la defensa del espacio al sustraerse del pago de impuestos a la real hacienda, se constituyó en una de las políticas orientadas a lograr el aumento de los caudales que permitieran sostener la defensa de las fronteras.

LA REBELIÓN COMUNERA DE 1721/1735

En el Año 1717 es designado como Gobernador del Paraguay, Diego de los Reyes Balmaseda, persona fuertemente vinculada a la Compañía de Jesús, cuestión que le granjeó muchos opositores, a los que persiguió tenazmente por las sospechas de conspiración hacia su gobierno. El grupo opositor a Balmaseda era encabezado por el regidor José de Ábalos y Mendoza, hombre con un alto prestigio, seguido de sus parientes Antonio Ruiz de Arellanos, José de Urrúnaga y Tomás de Cárdenas.
Los enfrentamientos y persecuciones del Gobernador con los vecinos más acaudalados y principales de la ciudad, hicieron que las voces descontentas llegaran a la Audiencia de Charcas en la persona de Arellanos, con las siguientes acusaciones:

(...) 1º) Haber asumido la gobernación sin "dispensa de naturaleza", pues estaba casado con la asuncena Francisca Benítez, y las leyes prohibían la provisión de los cargos con vecinos de una provincia. 2º) Haber impuesto en provecho propio el servicio personal a los indios, contra lo dispuesto por las Ordenanzas de Alfaro. 3º) Injusta guerra a los payaguaes. 4º) Haber establecido impuestos nuevos sin autoridad para hacerlo. 5º) Trabas puestas al comercio. 6º) Haber interceptado los caminos a Charcas para impedir la presentación de las denuncias formuladas en contra de él (...)⁸.

La Audiencia dictó un auto en el cual ordenó al Cabildo que exigiera a Reyes Balmaseda la inmediata presentación de la dispensa de naturaleza y que, en caso de no existir ésta, fuese depuesto⁹. Balmaseda no acató el auto intimado por el Cabildo y ante este hecho, el 20 de noviembre de 1721, la Audiencia resolvió enviar un representante a la ciudad de Asunción para que informara sobre el enfrentamiento entre el Cabildo y el Gobernador, nombrando como juez pesquisador al doctor José de Antequera y Castro, Caballero de la Orden de Alcántara y Protector de los Indios del Perú. El juez pesquisador trajo consigo instrucciones respecto que en caso de que se demostrara la culpabilidad de Reyes en las acusaciones levantadas por el Cabildo, Antequera debía asumir el mando. Reunido el Cabildo, Reyes fue declarado culpable y don José de Antequera tomó el mando el 14 de septiembre 1721¹⁰.
Ante los irregulares procederes de Antequera en la pesquisa, Reyes Balmaseda decidió huir a Buenos Aires y en esta ciudad encontró nuevos despachos por los que resultaba repuesto en su cargo, y en virtud de ello dispone su regreso. En la Candelaria, Reyes fue reconocido como Gobernador y con el apoyo de los padres jesuitas armó un ejército con indios de las misiones, al mando de su hijo Dn. Carlos de Reyes Balmaseda.
Finalmente, Antequera logró apresar a Reyes, lo encarceló en el Cabildo y embargó sus bienes. Ante las protestas de Reyes y sus partidarios, el Virrey en Lima dictó una nueva providencia para que fueran restituidos sus empleos y bienes. Por otra parte, se solicitó que Antequera se presentara en Chuquisaca. A modo de garantir el cumplimiento de sus mandatos, el Virrey concedió el gobierno de la Provincia a Don Baltazar García Ros. El Cabildo de Asunción se rehusó al reconocimiento de Reyes o de García Ros y este último regresó a Buenos Aires. El virrey José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, conminó al Gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zabala a dirigirse a la ciudad de Asunción, quien delegó esta responsabilidad en García Ros, nuevamente, acompañado por dos mil indios de la misiones auxiliados por los jesuitas.
La indignación de los partidarios de Antequera hacia los padres de la Compañía creció aún más por el explícito apoyo que prestaban a los representantes del poder real. El 7 de agosto de 1724 se reunió el Cabildo de Asunción y se decretó la expulsión de los jesuitas del Paraguay en el término de tres horas. Antequera marchó, entonces, al encuentro del ejército al mando de García Ros en Tebicuarí. El destino victorioso de Antequera en el enfrentamiento, resolvió al nuevo Virrey del Perú, el marqués del Castelfuerte, a exigirle a Zabala que se ocupe personalmente de la situación en el Paraguay. El Gobernador de Buenos Aires, al frente de un ejército reforzado con seis mil guaraníes misioneros se dirigió, en enero de 1725, contra los revolucionarios. Zabala, una vez en la ciudad, liberó a Balmaseda y nombró Gobernador interino a Martín de Barúa en abril de 1725. Antequera abandonó la ciudad y se refugió en Córdoba para luego dirigirse a Charcas, esperanzado en la protección de la Audiencia. Sin embargo, llegado allí será preso y remitido a Lima para su juzgamiento¹¹.
Las agitaciones iniciadas por Antequera tuvieron continuidad en la persona del doctor Fernando Mompos, compañero de prisión de Antequera en Lima. La revolución latente estalló cuando el Gobernador Barúa, que supo ganarse la simpatía del Común fue sustituido en 1730 por Don Ignacio Soroeta, pariente del Virrey. Los Comuneros se opusieron a este nombramiento y como Barúa se negaba a continuar en el mando, se decidió formar una Junta Gubernativa. El último aliento de la revolución duró hasta que Zabala, en 1735, invade nuevamente el Paraguay con seis mil hombres y vence en Tabapy los restos de las fuerzas comuneras.

VIENTOS DE CAMBIO

La rebelión Comunera transcurre en un momento de profundas transformaciones y reformas en la organización de los territorios peninsulares e indianos con la llegada al trono de una nueva casa dinástica. La relevancia que adquieren los territorios americanos en el marco internacional y particularmente el Río de la Plata y su puerto Atlántico, exigió a la Corona la ejecución de una serie de medidas que permitieran agilizar las relaciones políticas y comerciales con América, para resguardar sus territorios ultramarinos¹². La presencia portuguesa, con la instalación de Colonia de Sacramento desde 1680, las incursiones bandeirantes desde la frontera paraguaya, que amenazaban a las reducciones guaraníes, ponían en permanente jaque las fronteras australes del imperio. Estas amenazas se agudizan con la coyuntura de inestabilidad política abierta por la sublevación comunera de los vecinos Paraguayos que podía significar una puerta de acceso a las pretensiones portuguesas sobre el Paraguay. Por otro lado, el asiento negrero a partir de 1713 en manos de Inglaterra, colocaba al puerto de Buenos Aires como base para la comercialización y puerta de entrada de las potencias enemigas al comercio con los territorios americanos¹³, En este contexto apremiante, tanto la gobernación de Buenos Aires como la del Paraguay se constituyeron en territorios claves para la política de defensa. Como parte de esta política de recuperación territorial de las colonias bajo un control más directo de la corona, se procuró dotarlos de funcionarios con un nuevo perfil¹⁴, de marcada experiencia militar, cuyas gestiones se orientaban hacia la defensa de las fronteras del imperio¹⁵.
En los primeros años de la rebelión en la provincia del Paraguay, a pesar de la gravedad del conflicto, las medidas tomadas por las autoridades coloniales fueron débiles. La administración del Virrey y arzobispo de La Plata, Diego Morcillo Rubio de Auñón de Robledo (1720-1724), se vio empañada por las infructuosas gestiones para sofocar a los rebeldes. Fue el sucesor de Morcillo, José de Armendáriz y Perurena, primer marqués de Castelfuerte (1724-1736) quien destinó mayores esfuerzos para terminar con esta insurrección, una permanente amenaza durante toda su gestión como virrey.
Fiel representante de la causa borbónica y de sus ideas reformistas, el perfil profesional del virrey Castelfuerte coincide con los funcionarios enviados al virreinato por Felipe V¹⁶. Militar de larga trayectoria, se ocupó y preocupó por la defensa interna y externa de estos territorios, tanto frente a los portugueses, como frente a los franceses en las costas del Pacífico chileno, así también, frente a los conflictos internos como la rebelión comunera. Ni bien Castelfuerte asumió su cargo, los comuneros paraguayos, en un Cabildo celebrado el 7 de agosto de 1724, declararon la expulsión de la Compañía de Jesús. El nuevo virrey se opuso decididamente a esta medida extrema prestando su apoyo a la orden. Tal fue el vínculo de Castelfuerte con la congregación jesuita que le confió el manejo de gran parte de su fortuna y como epílogo de tal devoción hacia los seguidores de San Ignacio, fundó una capellanía en la basílica ignaciana de Pamplona, su ciudad natal¹⁷.
Durante su administración en el virreinato peruano, uno de sus brazos militares más importantes en la defensa de la frontera luso-paraguaya fue el Gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zabala. Al igual que su superior, Zabala fue un militar proveniente del Norte de la península con una carrera exitosa y destacada participación en las guerras del periodo sucesorio que demostraban su fidelidad a la causa borbónica. Además, pertenecía a una familia con vasta experiencia en el servicio al rey, cuyos miembros se constituyeron en agentes y representantes de un conjunto de medidas que el nuevo rey se propuso imponer para sus dominios¹⁸. Bruno Mauricio de Zabala, primer Gobernador en el Río de la Plata (1717-1736) representativo del cambio de rumbo borbónico en estos territorios, fue designado directamente por el Rey y con concretas instrucciones, cuyo objetivo fue la defensa de las fronteras imperiales del sur¹⁹. En este sentido, tanto el virrey del Perú como el Gobernador rioplatense, procuraron la protección militar ante las permanentes amenazas portuguesas, inglesas y francesas. Los destacados hitos del gobierno de Zabala son testigos de estos mandatos reales: la fundación de Montevideo en 1726, las campañas para recuperar Colonia de Sacramento de las manos portuguesas (1724) y la sofocación de las rebeliones comuneras, se constituyeron en las políticas militares de defensa de las fronteras del imperio ante el avance portugués.

TOMA DE POSICIÓN POLÍTICA O CONVENIENCIA ECONÓMICA

Hacia 1720 la ciudad de Santa Fe atravesó momentos difíciles, cuestiones internas -como los enfrentamientos iniciados hacia 1710 entre los santafesinos y los guaycurúes- y las medidas impositivas tomadas por la corona para proporcionar recursos a la defensa, perjudicaron la concurrencia del comercio de yerba hacia la ciudad, ya que estos impuestos se aplicaban al comercio paraguayo. Por otro lado, el Paraguay sumido en la rebelión de los comuneros (1721/1735), afectó las relaciones entre los Jesuitas, principales productores de yerba en sus pueblos guaraníes y los colonos paraguayos. Estos acontecimientos ocasionaron diversos problemas como

(...) la interrupción del comercio entre asuncenos y los cuatro pueblos jesuíticos llamados "del Paraguay"; los colonos dificultan el acceso de los indios de las reducciones a los yerbatales silvestres; éstos, a su vez, bloquean el paso de los hombres de Asunción, impidiendo el tráfico con Santa Fe (…)²⁰.

La situación de rebeldía en el Paraguay y el constante asedio indígena a la ciudad, se convirtieron en una constate preocupación para los vecinos de Santa Fe, trasmitida en innumerables cartas con pedidos de ayuda al Gobernador Bruno Mauricio de Zabala.
El padre jesuita Pedro Lozano en su Historia de las revoluciones de la provincia del Paraguay expuso la situación a la que se veían sometidos los mercaderes si querían comerciar yerba.

Veíanse los mercaderes obligados a venderle sus géneros a Antequera, porque de negarse a eso se hallaban imposibilitados a salir de aquella provincia en muchos años, porque siendo forzoso valerse de indios de los pueblos para la conducción del producto, estaba en su mano negarlos a quien no le había dado gusto; pues ningún indio puede salir de aquella provincia sin licencia del Gobernador dada por escrito²¹.

Los efectos de la revolución comunera se hicieron sentir en Santa Fe con el inicio de una investigación, en 1725, sobre comercio ilícito y fomento económico al líder del movimiento, José de Antequera y Castro. Para dicha tarea fue designado el tesorero de la ciudad de Santa Fe, Francisco de Bracamonte, como Juez comisionado²². En lo que atañe a nuestra investigación, el envío de jueces comisionados para la averiguación de causas de contrabando (un magistrado en relación directa con el Gobernador y brazo de confianza en la ciudad) no reviste una novedad. Sin embargo, tuvo un impacto directo en la ciudad en lo que concierne a la desarticulación de las redes locales de poder político que facilitaban u obstaculizaban las políticas de la gobernación según afectara sus intereses.
Los acusados e investigados por comercio ilícito y fomento a Joseph de Antequera, pertenecieron a un grupo familiar de la elite santafesina, los Martínez el Monje, dos hermanos, Ignacio y Miguel, Juan Joseph de Lacoizqueta (sobrino de los dos anteriores), Antonio Márquez Montiel (suegro de Juan Joseph) e Ignacio Barrenechea (yerno de Ignacio M. del Monje). El juez comisionado para la investigación también fue parte de la familia Martínez del Monje, Francisco de Bracamonte, que estaba casado con Francisca Martínez del Monje, hermana de Miguel e Ignacio. El Tesorero fue la pieza clave en el intento de desarticulación de estas redes de poder local.
Las personas involucradas con el líder comunero, estaban acusadas de haberle vendido cavallos fletaron carretas y bueye²³ y (...)por el fomento que se supuso dieron al Dr. Don Josseph de Antequera y Castro quando pazo a seguir sus recursos al superior Govierno destos Reinos (...)²⁴. Por tal motivo el 30 de abril 1725 el Tesorero de la ciudad informa al Cabildo, mediante un exhorto, de (...) tener embargados los oficios de Alferez Real y Alcalde prov.l, en conform.d de orden Superior y q este Cav.do de la providencia q Convenga al Reparo del Real estandarte²⁵.
En el acuerdo siguiente, convocado el 3 de mayo, el sargento mayor de plaza Juan Joseph de Lacoizqueta, sobrino del acusado alférez real Ignacio Martínez del Monje y yerno del alcalde provincial Antonio Márquez Montiel, como representante de ambos, solicita una certificación sobre los fundamentos de los cargos hechos a sus partes. El Acalde 1° menciona que los acusados fueron buscados con gente armada y que un día antes de este hecho la vecindad se hallaba horrorizada por las voces que corrieron, a pesar de que

(...) no le consta aver avido bando ni ordenam.to publicado en esta dha Ciu.d, Contra la persona del Sr. Dn Joseph Antequera y Dn. Sebastian Frdez Montiel ni tampoco puesta prohibición publica para su correspondencia (...)²⁶.

Ante los supuestos atropellos cometidos por el juez comisionado, Juan Joseph de Lacoizqueta envía una carta al Gobernador en la cual explica el origen de las carretas fletadas.

(...) la haz.da que despache yo en carr.s por el mes de diz.e proximo pasado lo qual defendi antes Vs.a como mias y como a tal mando Vs.a que afianzando ya lo Jusgado y sentenciado pr el S.or Virrey se desembargasen dhas Carretas por la razon de que estos bienes los distribuy y resivi yo y estavan enagenados de el Sr. Anteq.ra anets que hubiese despacho contra el y sus bienes en cuya (...)²⁷.

El Padre jesuita Pedro Lozano, que por ese entonces se desempeñaba como profesor en el Colegio de Santa Fe, en su libro sobre las Revoluciones del Paraguay hace mención respecto de las relaciones comerciales entre Antequera y los vecinos comerciantes de Santa Fe y refiere, además, las maniobras de algunos vecinos para apropiarse de los bienes del rebelde, que debían ser embargados por órdenes del Virrey.

Llegó a la ciudad de Santa Fe, donde con su locuacidad y muchas promesas de que era liberalísimo, granjeó amigos poderosos; y como el ser de dicha ciudad depende del comercio del Paraguay, halló entre ellos fácilmente quien le fiase grandes cantidades, con la esperanza de crecido logro (…) y anduvieron muy liberales en los préstamos, deseosos de abarcar entre ellos y Antequera todo el grueso comercio de la yerba del Paraguay; y estas prendas que le dieron entonces, fueron el motivo porque algunos individuos de esta ciudad se empeñaron después tanto en las finezas con Antequera, que traspasaron los límites de la amistad y las obligaciones de la fidelidad de vasallos; pues por cobrar sus caudales fiados no reparaban en quebrantar las órdenes del señor virrey del Perú, ocultando lo que Su Excelencia mandaba embargar, y dando secretos y prontos avisos al Paraguay con harto perjuicio de la causa pública²⁸.

Como destaca el padre Lozano y otras personas vinculadas a los nuevos agentes del poder borbónico, los grupos de poder locales quebrantaban, desacataban, menospreciaban las órdenes superiores y los ministros que pretendían ejecutarlas, cuando afectaban sus propios intereses. En una de sus cartas, el juez comisionado Bracamonte escribió al Gobernador sobre las dificultades para ejecutar sus órdenes, expresando la conducta que los Martínez del Monje tenían frente a los ejecutores de la justicia en la ciudad. Su poder político y social les posibilitaba disuadir a los justicia, persiguiéndolos y amenazándolos.

(…) sirve de poco mi buen zelo; y solo me es para Pesares y sin sabores; por que estos Cavalleros, tienen total Repugnancia con desacato y menosprecio, a las Providencias de justicia, no se en que lo fundan; Yo me hallo; señor tan aburrido de lidiar con estos hombres que vive tan apartados de la Razon y justicia; y tan cerca de sus Intereses para quedarse con los Caudales de que son fiadores y depositarios, (…) faltan a los Respetos de jueses y Ministros, ejecutores amedrentandolos de tal manera que me Custa mucho trabajo, el mandar ejecutar, cualquiera diligencia y aunque el then.te de Uss.a, no me faltaria con auxilio, si en el Caso presente se lo pidiera; ha omitido por no Causar inquietudes; por que suponen, que el cumplim.to de las ordenes de Uss.a, no ocazionen, otra cosa que perturbación de la Paz Publica (…)²⁹.

Los abusos de poder de la familia hacia otros miembros de la comunidad son la queja permanente de los ministros que intentaban ejecutar decisiones que perjudicaban los intereses de este grupo. El Alcalde de 2º voto en 1725, año de inicio de las causas, fue Juan de Zeballos, un constante opositor a la familia Martínez del Monje. Éste, en una carta al Gobernador, también expresa las dificultades que tenía para llevar adelante las órdenes enviadas por el Virrey.

(…) por que assi este Rex.or [Miguel Martínez del Monje] como sus herm.s parese que no tiene reconosim.to a los ministros arrastrados de Una bana soberania que se hazen ya Intolerables en esta republica sin que La mayor Prudencia encuentre medio que sea suficiente a mantenerlos en sosiego (…)³⁰.

Los relatos de Bracamonte son ilustrativos del accionar del grupo y de las licencias tomadas por estos personajes bajo el respaldo que significaban sus relaciones.

(…) si semejantes delitos, se quedan assi, (como lo dizen) sin castigo, que podre yo esperar, sino que hagan conmigo lo que tambien dizen; que es deponerme de mis empleos, y Ponerme preso en la Carzel congrillos³¹.      

Otra de las dificultades de los jueces comisionados en la ejecución de las órdenes superiores se debe a la falta de asistencia de otros funcionarios que se retiraban de la causa por temor.

(…) estoy Parado y sin poder dar paso, en los Negocios del Rl. Servicio, que Uss.a sea sevido poner a mi cuidado; por que hasta el then.te de Alguasil mayor, y escriente se me an Retirado; y Ninguno quiere hazer nada Reselosos de Algun daño; por que cada dia, atropellan al dho, then.te de Algusil m.or; y no hallo de quien poderme Valer; y no siendo yo Profesor del Dro, siemprees Necesaria Persona que mediera³².

Cuando las voces de advertencias no daban sus frutos para acallar ministros, las amenazas de este grupo se consumaban en los hechos.

(…) Ayer 19 del Corr.te, estando yo en la Plazuela de mi cassa Indefenso, sin arma Alguna, llego a ella dho Sarx.to m.r [Juan Joseph de Lacoizqueta]; a desafiarme; y dio Principio diziendome que era Yo un Ladronato Mulato, y otras Razones, Cuia grosedad, no es capaz de lastimar los Prudentes oidos de Uss.a; a que Respondi, no fuesse fullero, atendiendo que si bestia canas, su mrio, aun, no Poblava bien Barbas, ademas de que siendo Ministro del Rey que es lo demas Peso, no Podía contribuirle previlegio, para tal descomedim.to; el Baston que traia; y sin mas Replica, ni dilazion; Puso, mano a la espada, y desnudando la oja me siguio hasta que tome dha mi cassa, con no pequeño escandalo desta ciudad; por que haviendo concurrido, toda la Vesindad, de mi Varrio a informarse, por Vista Corrupta, La voz trasendio a Plazas, y cantillas; sin que Ninguno de los demas Ministros aya apreciado la Causa, que es tan Propia de todos; (…) impele, mi atrevimien.to, a prevenir a Uss.a, motivo tan considerable, para Igual desplicencia y tan de complasencia, de los que complises, quisa estimularon esta Audacia (…)³³.

Por otro lado, las cartas enviadas por los acusados al Gobernador cuidan bien las formalidades y se ocupaban de dejar en claro su obediencia hacia al Rey, como la enviada por Ignacio Martínez del Monje al Gobernador Zabala

Ninguno con mas razon que yo devo celebrar la feliz tornabuelta de Uss.a y mas quando las plausibles noticias (siempre esperadas) de la pacificación de la Prov.a del Paraguay, nos ofrecían mayor gusto, que el q hemos logrado muy contrario causado de la audiencia de Uss.a (...)³⁴.

El doble juego entre lo dicho y lo hecho en el que montan una fachada discursiva de obediencia hacia las autoridades políticas y una contra fachada en la que despliegan prácticas ilícitas en sus actividades comerciales, permitió a este grupo sostener su patrimonio económico y sortear los avatares de un contexto conflictivo. La contracara de los dichos de Ignacio del Monje fue relatada por el teniente de Gobernador Ziburu en una carta al Gobernador en la que menciona que Antequera se había refugiado en las estancias del Alférez Real.

 Haviendo llegado a esta Ciu.d de su estancia el Alfz R. Dn Ignacio del Monxe; Domingo de Ramos me noticio como el Dr. Dn Jospeh de Antequera con su comitiva aporto a dha estancia el dia 20 de Marzo a la media noche y que el dia 21 de mañana pasaron a la de Cruz Alta Jurisdicion de Cordova (…) con lo cual viendo no poder azer diligencia alguna en la Jurisdicion pues la noticia fue el dia 25 yze Propio al Sr. Dn Balthasar (…)³⁵.

El poder concentrado por este grupo familiar, llegó al punto de tener bajo su dominio y amenaza a gran parte de la vecindad y funcionarios de la ciudad. En un intento por limitar el poder de esta familia, que además era también la suya, Bracamonte remite los autos al Gobernador y solicita que tome la determinación de embargarles sus empleos como forma de frenar sus excesos.

En esta ocazion Remito a Uss.a los Autos originales, para (...), los determinase (pues ay meritos bastantes en ellos) les bacase los empleos; pues en otra forma, quedando Libres, y con ellos; según las amenasas an hecho, y la Inquietud de sus Naturales, y odio Inbensible que an consevido Resultara gravísima Inquien.do las Paz Publica, y perjuicios Lamentables, y lastimosos; por que ademas de ser hombres Altivos, y bulliciosos; ande ciertam.te, solicitar bengansas, y desagravios, como lo dizen y prorrumpen, y con estas Vozes y el desprecio con que miran a la just.a y a los Ministros, ejecutores de ella; los tienen amedrentados=³⁶.

Luego de este largo conflicto en el cual se pusieron en juego competencias políticas, económicas y personales, el 6 de mayo del al 1729 llegó una Real Provisión al Cabildo de Santa Fe que ordena al tesorero Bracamonte

(...) ni otra alguna de las justicias de la Ciudad de Santa fee inquieten, ni perturben a los suplicantes por dichas Causas; dexandoles libremente el uso de sus vienes, y goze de los oficios que obtienen Interin que otra cosa se determine por este Gobierno superior (...)³⁷

Estas habilidades de mantener un discurso e imagen de obediencia, de ética y moral cristiana y llevar a la práctica acciones contrarias a las dichas, de coacción y presión sobre sus oponentes, fue posible sobre todo por el marco de seguridad que le otorgaban las relaciones y vínculos que la familia puedo establecer inclusive más allá de los estrictamente de parentesco consanguíneo.

LA URDIMBRE DE LOS VÍNCULOS

La familia Martínez del Monje en la ciudad de Santa Fe se inicia con el matrimonio entre Francisco Martínez del Monje e Isabel de Pessoa y Figueroa en 1666³⁸. Francisco e Isabel tuvieron diez hijos. La mitad de ellos fueron destinados a los estudios de teología y la carrera eclesiástica, tres de los cuales ejercieron judicaturas eclesiásticas a nivel local. Sólo cinco de sus hijos contrajeron matrimonio: dos varones, Ignacio con María Suarez de Cabrera³⁹ y Miguel, en dos oportunidades, primero con María de Rojas Aranda⁴⁰ y en segundas nupcias con Dominga de Mendieta y Zárate⁴¹. Las tres hijas que se casaron, lo hicieron con paisanos vascos: Ana con Pedro de Urizar⁴²; Francisca, en primeras nupcias con Juan de Rézola⁴³ y en segundas nupcias con Francisco de Bracamonte⁴⁴; y María, primero con Antonio Pérez⁴⁵ y luego, con Juan de Lacoizqueta⁴⁶.
Para los fines de este artículo se detallan algunos de los vínculos que aportaron uno de los enlaces más importantes de la familia, el matrimonio de María Martínez del Monje y Juan de Lacoizqueta. Uno de los signos que demuestran la relevancia que este vínculo tenía para la familia, tiene expresión en la cuantiosa dote que Francisco Martínez del Monje otorgó a su hija y que reportó un total de $ 43.467 y 2 reales⁴⁷.
Juan de Lacoizqueta ejerció el oficio de Teniente de Gobernador de la ciudad de Santa Fe desde 1712 a 1715⁴⁸. Este oficio es de suma importancia para el grupo por el prestigio que supone ser la extensión del brazo del Gobernador y la instancia de Justicia Mayor en la ciudad. Un oficio que cumplía la función de bisagra o de enlace entre la organización político-administrativa local y la instancia político-administrativo a nivel de la gobernación. Otra relación importante que conecta al grupo familiar Martínez del Monje-Lacoizqueta más allá del espacio de la ciudad, es el vínculo ritual⁴⁹ que se establece con Baltazar García Ros, testigo en 1713 del casamiento de María Ventura Lacoizqueta (hija de Juan de Lacoizqueta) y José de Sabiñan⁵⁰. García Ros, para ese entonces, ya había sido Gobernador interino de Paraguay entre 1705/1707 y posteriormente asumirá la Gobernación de Buenos Aires entre 1714/1715; además fue el hombre de confianza del Gobernador Bruno Mauricio de Zavala para sofocar el levantamiento de los comuneros del Paraguay⁵¹.

FRANCISCO DE BRACAMONTE, MINISTRO DEL REY Y ¿PARIENTE?

Para Francisco de Bracamonte, uno de los jueces comisionados para la investigación de la causa sobre comercio ilícito, aunque integrante de la familia investigada, sus deberes como ministro del rey pesaron más que su parentesco. Como se mencionó anteriormente, Bracamonte había contraído matrimonio con Francisca Martínez del Monje⁵² el 15 de septiembre de 1712⁵³, viuda de primeras nupcias de Juan de Rézola que también había ejercido el oficio de tesorero de la ciudad desde 1707 a 1710⁵⁴.
El caso de Bracamonte y su relación con los Martínez del Monje es una advertencia sobre los riesgos de tomar los vínculos de parentesco como relaciones mecánicas de solidaridad y la importancia de seguir las trayectorias de los agentes, para comprobar la construcción cotidiana de las relaciones. La mera constatación de un vínculo de parentesco no implica, en todos los casos, la perdurabilidad de las relaciones surgidas a partir de este. En palabras de Tarragó y Barriera el vínculo puede ser considerado como estructurante del esquema de posibilidades dentro del cual los acontecimientos y los comportamientos se producen⁵⁵.
El enfrentamiento entre Francisco de Bracamonte y la familia Martínez del Monje parece comenzar tras la muerte de Francisca (su esposa), y el inicio de un litigio sobre la herencia de los bienes de su dote. Isabel de Pessoa y Figueroa, madre de Francisca, presentó un reclamo sobre estos bienes el 13 de enero de 1714, como heredera universal, ya que Francisca no tuvo hijos de ninguno de los dos matrimonios⁵⁶. El pleito se inició porque Bracamonte se reusó a entregar los bienes de su esposa, aduciendo que todos ellos estaban embargados por la Real Hacienda por causas que tenía el primer marido de Francisca, Juan Rézola. Isabel de Pessoa, por su parte, adujo que Bracamonte montó su tienda en la ciudad con los géneros que compró con bienes que eran de su esposa.
A pesar de este conflicto con la familia que fue su puerta de entrada a la vecindad santafecina, Bracamonte logró establecer relaciones con otros miembros de la elite capitular de la ciudad. Hacia 1716 fue electo alcalde de 2° voto, una de las funciones más altas en el ámbito capitular. Esas elecciones resultaron por mayoría de votos ya que uno de los capitulares, el ex cuñado de Bracamonte, le negó su voto para el oficio⁵⁷. El único familiar de Bracamonte que participaba del Cabildo fue también el único que no lo favoreció, a tan sólo 4 años de que Francisco de Bracamonte formalizara su ingreso a la familia a través del casamiento con la hermana del Alférez Real. Ese mismo año consigue una regiduría perpetua gracias a la renuncia que realizó Andrés López Pintado en su favor.

El valor del oficio fue de ciento y sesenta y dos pesos y quatro reales por la mitad del Valor del oficio de Reg.or q renuncio en el susodho el sarg.to m.or D. Andres Lopez Pintado; y asi mismo veinte pesos y un real por el dro de la media anata de dho oficio (...)⁵⁸.

Unos meses más tarde, el 2 de mayo, Bracamonte recibe la designación de Tesorero con motivo de la renuncia del anterior oficial Pedro de Zavala, oficio que ejerció desde 1716 hasta su muerte en 1737⁵⁹, debiendo renunciar a la alcaldía de 2° voto por incompatibilidad y reservándose la regiduría perpetua aunque renunció a su ejercicio⁶⁰. En el acta capitular del día en que se presentó el nombramiento y para la discusión sobre éste, se solicitó que se retirase la parte interesada y sus parientes. Sin embargo, algunos capitulares consideraron que los supuestos parientes ya no lo eran por

(…) haverse disuelto el matrimonio sin hijos entre la persona del sarx.to may.r Dn. fran.co Bracam.te rexidor y alcalde ordinario y la persona de da. fran.ca Marnz. del monxe hermana difunta del dho s.or Alferez Rl. por cuya Razon termino el parentesco y mado serrar este acto y lo firmaron⁶¹.

De las razones expresadas se entiende que efectivamente el vínculo matrimonial había terminado, ya que Bracamonte enviudó de su mujer. Sin embargo, esta disolución del vínculo por la muerte nos conduce a reconsiderar el hecho de dar por sentado el necesario nexo entre vínculos de parentesco, relaciones, favores y retribución, entre los agentes de la familia que construyeron ese vínculo.
Francisco Bracamonte murió en febrero de 1737, excomulgado por el vicario de la ciudad que también era uno de los Monje, sin habla, privado de todos los sentidos corporales. La escritura de esta línea en el registro del cabildo induce a especular cuánto había significado para aquellos capitulares el habla del difunto⁶².

JUAN JOSEPH DE LACOIZQUETA, AL SERVICIO DEL REY Y SUS REINOS

Los años 20 del siglo XVIII fueron duros para los santafesinos que debieron sortear muchos frentes de conflicto que pusieron en vilo su existencia. El asedio indígena a la ciudad recrudeció y son numerosas las cartas que muchos vecinos, funcionarios y militares envían al Gobernador solicitando ayuda para la defensa de la ciudad y el mejor desarrollo del comercio, en especial con el Paraguay por la complicada situación política que por entonces atravesaba esa gobernación.
En este contexto difícil, cobran relevancia las gestiones llevadas adelantes por uno de los miembros de la familia Martínez del Monje, Juan Joseph de Lacoizqueta⁶³. Los servicios de este personaje en favor del bien común de la ciudad nos permiten matizar la imagen díscola de esta familia, para no interpretar sus acciones como pura manipulación en beneficio de sus propios intereses.
En una coyuntura de recrudecimiento de los conflictos con el indígena, Lacoizqueta fue uno de los capitanes más sobresalientes, ya sea al mando de soldados o en la construcción de la línea de fuertes para la defensa de la ciudad. Las acciones del tesorero Bracamonte contra su persona, por el supuesto fomento al líder comunero, comienzan justamente tras la vuelta de Lacoizqueta de uno de sus servicios al rey en la defensa de los territorios de la corona.

Acavo de llegar a esta ziudad despues de aver concluido el fuerte de el Arroyo de los Padres (…)y otras abenturas con el enemigo que no refiero a Vx.a por no molestarle y antes de lograr algun descanso y de mudarme siquiera de ropa me Vinieron a ejecutar mis fiadores apremiados por orden de el Sr. Dn. Balthasar y de Dn fran.co de Bracamonte para que entregase dentro de tercer dia la haz.da que despache yo en carr.s por el mes de diz.e proximo pasado lo qual defendi antes Vs.a (…) por la razon de que estos bienes los distribuy y resivi yo y estavan enagenados de el Sr. de el Sr. Anteq.ra antes que hubiese despacho contra el y sus bienes (…)⁶⁴.

Las dificultades de los ministros de justicia de enfrentar y llevar adelante acusaciones contra una figura de tanta relevancia social, política y militar para la ciudad, tenía que ver con el contexto de escasez de población disponible para, sobre todo, las tareas de defensa y guerra contra el indio. Este problema se menciona en un acuerdo de 1724, el Alcalde 1º hace referencia a

(...) la escases y falta de gente q se ve y se tiene de experiencia la poca q monta a cavallo estas noches en q concurren todos los ezeptuados y sin otra obligaz.on q la que les ministra la propia defensa y consideración (...)⁶⁵.

En 1727, dos años después de iniciada la causa contra Lacoizqueta y otros miembros de su familia, el Cabildo lo eligió como representante de la ciudad ante las autoridades en Lima para gestionar soluciones para su defensa⁶⁶. En 1728, nuevamente el Cabildo requirió sus servicios para solicitar la continuación del derecho de romana, nombrándolo apoderado ante la audiencia de Chuquisaca junto a otro vecino⁶⁷.
Otra comisión encomendada a Lacoizqueta⁶⁸, posterior a la causa trabajada en este ensayo, fueron las gestiones iniciadas por los vecinos santafecinos para la obtención del privilegio del Puerto Preciso, una medida que intentaba mitigar las dificultades comerciales que atravesaba la ciudad debido al aumento de la conflictividad indígena que hacía insegura las rutas y la inclinación de los comerciantes paraguayos hacia el comercio con los vecinos porteños. Las exitosas gestiones realizadas por Lacoizqueta dieron sus resultados en 1739 cuando la Audiencia de Charcas expidió un auto en el cual se le otorgaba el Privilegio del Puerto Preciso a la ciudad de Santa Fe69.
El papel desempeñado por Lacoizqueta⁷⁰ denota la importancia y el prestigio del que gozaba en la vecindad santafesina, inclusive a pesar de las persecuciones judiciales. Su pericia en el manejo judicial le valió la designación de apoderado para varias gestiones en nombre de la ciudad ante las mayores autoridades de la Corona en América.
En su Relación de Servicios presentada al Rey en 1743 se describen los esfuerzos de Lacoizqueta en los servicios al rey, no sólo en las armas, sino:

(...) manteniendo a fu cofta, y expenfas mas de quarenta Cavallos diarios, Ayudantes, y Pages affalaridos, para que eftuvieffen promptos a todas las falidas, y invafiones de dichos Enemigos Barbaros (...)⁷¹.

La delegación de estas responsabilidades en la persona de Lacoizqueta, nos permite dimensionar la importancia y prestigio social que tenía en la comunidad santafesina como también se menciona en su foja de servicios.

Afsimismo confta, que el Cabildo, Justicia, y Regimiento de la CIudad de Santa Fe de la Vera-Cruz, en las Provincias del Rio de la Plata, atendiendo a fu diftinguida calidad, y meritos, le nombró por Comiffario, y Apoderado de ella para que paffaffe a eftos Reynos a la folicitud de deferentes providencias (...)⁷².

El breve recorrido por algunos de los hitos más importantes en la vida de Juan Joseph al servicio de la ciudad y la elección de sus pares en dichas comisiones, confirman la posición destacada que ocupaba entre los vecinos de Santa Fe. Méritos que sumados a la consolidación de vínculos de parentesco con fuertes lazos de solidaridad, dificultaron la tarea de los ministros de justicia en las ejecuciones dirigidas a esta persona prominente.

CONCLUSIÓN

Las acciones y prácticas de este grupo, en coyunturas de conflicto, demuestra que la construcción de relaciones y vínculos de parentesco son el puntal fundamental en el que se respaldan las decisiones de un grupo para alcanzar y retener espacios de poder político, económico y prestigio social, y de esta manera ubicarse en una posición privilegiada para el acceso a los recursos y capitales en disputa. Haciendo propias las palabras de Mauro Cerutti, la posibilidad se construye sin más sobre la base del vínculo, pero no necesariamente es deducible de éste⁷³.
La autonomía lograda por las ciudades y sus elites, construidas sobre la base de relaciones vinculares, comportaron resistencias a la implementación de los cambios que proponían las reformas. La cooptación de varias funciones políticas, económicas, intelectuales y eclesiásticas por parte de las elites locales, si bien no de manera monolítica, en detrimento del poder real, supuso márgenes de negociación entre el rey y sus reinos. Las resistencias de un sector de la elite santafesina ante los intentos de los agentes de la corona por limitar prácticas que se habían constituido en costumbre local, e imponer el poder real por encima de las autonomías locales, son las evidencias que contribuyen a poner en cuestión la tesis tradicional sobre el absolutismo y la centralización de la monarquía borbónica. El mirador proporcionado por un conflicto puntual sobre comercio ilícito, permite volver a repensar las relaciones entre los poderes locales y el poder real, en el marco de una monarquías compuesta, policéntrica y multiforme. Estas características asumen la forma de un diálogo político entre las partes que constituyen el cuerpo de la monarquía y que permiten entender las prácticas de gobierno y de la obediencia en un marco de negociación⁷⁴.

 

NOTAS

¹ Dedieu, 2000; Barriera y Fradkin, 2014.

² Donoso Anes, 2007; Martínez, 1999; Alonzo Diez, 1996.

³ Tarragó, 2006a: 121.

⁴ Birocco, 2011, 2012; Tarragó, 2010, 2012

⁵ Imizcoz Beunza, 1996, 2004; Forconi, 2013; Moutoukias, 1988.

⁶ Tarragó, 2006b: 119.

⁷ Garavaglia, 2008: 232.

⁸ Sánchez Quell, 1964: 110.

⁹ Estrada, 1865: 47.

¹⁰ Díaz Pérez, 1973: 79; Lozano, 1905: 76.

¹¹ Díaz Pérez, 1973.

¹² Alonzo Diez, 1996: 353ss.

¹³ Donoso Anes, 2007; Martínez, 1999.

¹⁴ Este cambio de perfil supuso la renovación de las elites en los cargo de gobierno. En esta nueva configuración de poder hicieron ingreso hombres que provenían del Norte de la península, asturianos, montañeses de Santander y el Norte de Burgo, vascos, navarros, riojanos y sorianos. Esta sangre norteña también fluirá por los territorios americanos y el Río de la Plata. Tarragó, 2006b:119-120.

¹⁵ Birocco, 2011; Birocco, 2012; Tarragó, 2012.

¹⁶ Armendariz, Caballero de la orden de Santiago, nació en Pamplona, Navarra y tuvo una destacada carrera militar al servicio del rey. Moreno Cebrián y Sala I Vila, 2004:151.

¹⁷ Moreno Cebrián y Sala I Vila, 2004: 195ss.

¹⁸ Tarragó, 2006b, 2010.

¹⁹ La delegación de potestad del rey hacia los gobernadores no era una novedad para estos territorios, ya desde la constitución de la gobernación del Paraguay el poder y comisión para gobernar era otorgado al adelantado en la capitulación concertada con el rey. Como señala Darío Barriera La creación del virreinato del Perú suponía que su virrey tenía potestad para designar gobernadores en provincias, o capitanes en "Capitanías". Pero dicha potestad (teórica y efectiva, en algunas ocasiones) colisionó con la del monarca que, o bien enviaba adelantados (sobre los cuales el Virrey no tenía preeminencia), o bien designaba a un hombre diferente del nombrado por el Virrey. Ciertamente, aunque había espacio para la negociación, el titular de un nombramiento regio siempre se impuso sobre el titular de una designación efectuado por el virrey (Barriera, 2013: 110).

²⁰ Garavaglia, 2008: 79.

²¹ Lozano, 1905.

²² Carta de Francisco de Bracamonte enviada al Gobernador Zavala el 23 de septiembre de 1725. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Sala IX, T. 3-10-7. Ignacio Martínez Monje y Consorte. Vista sobre hechos cometidos por estos. Año 1725. AGN, Tribunales Leg. M3, exp. 18.

²³ Archivo General de la Provincia de Santa Fe (en adelante AGPSF), Actas Capitulares (AC), T. IX, f. 247v.

²⁴ AGN, Tribunales, Leg. M3, exp. 18, f.3

²⁵ AGPSF, AC, T. IX, f 245v.

²⁶ AGPSF, AC, T. IX, f. 247v.

²⁷ Carta de Juan Joseph de Lacoizqueta al Gobernador Dn. Bruno Mauricio de Zabala, fechada en Santa Fe, el 5 de Agosto de 1725. AGN, Sala IX, T. 3-10-7.

²⁸ Lozano, 1905.

²⁹ Carta de Francisco de Bracamonte enviada al Gobernador Zavala el 25 de septiembre de 1725. AGN, Sala IX, T. 3-10-7

³⁰ Carta de Juan de Zevallos, alcalde de 2º voto, enviada al Gobernador Zavala el 1º de diciembre de 1725. AGN, Sala IX, T. 3-10-7.

³¹ Carta de Francisco de Bracamonte del 29 de enero de 1725. AGN, Sala IX, T. 3-10-7.

³² Carta de Francisco de Bracamonte del 29 de enero de 1725. AGN, Sala IX, T. 3-10-7.

³³ Carta de Francisco de Bracamonte del 15 de enero de 1725. AGN, Sala IX, T. 3-10-7.

³⁴ Carta de Ignacio Martínez del Monje al Gobernador Mauricio de Zabala del 4 de agosto de 1725. AGN, Sala IX, T. 3-10-7.

³⁵ Carta del teniente de Gobernador Francisco de Ziburu al Gobernador Zavala del 28 de Abril de 1725. AGN, Sala IX, T. 3-10-7.

³⁶ Carta de Francisco de Bracamonte al Gobernador del 23 de septiembre de 1725. AGN, Sala IX, T. 3-10-7.

³⁷ Copia de la Real Provisión despachada por el Virrey José de Armendaria, Marqués de Castelfuerte, en la ciudad de los Reyes, a 26 de abril de 1728. AGPSF, AC, Carpeta Nº 14 A, f. 131 y v.

³⁸ Archivo de la Catedral Metropolitana (en adelante ACM), Matrimonios, 1642-1715, f.10v. (51v)

³⁹ Testamentaría de Ignacio Martínez del Monje, otorgada en Santa Fe el 14 de Septiembre de 1730. Archivo del Departamento de Estudios Etnográfico y Coloniales Santa Fe (en adelante DEEC-SF), EP, T. XI, f. 757 a 762.

⁴⁰ María de Rojas Aranda, hija y nieta de encomenderos. Su padre, el alférez Isidro de Rojas Aranda –hijo del Capitán Alonso de Rojas Aranda– era titular no de una sino de tres encomiendas que habían sido dadas por dos vidas en los años 1630. Ver Barriera y Forconi, 2015: 270.

⁴¹ ACM, Matrimonios, 1717/1732, f. 11v. El bisabuelo de Dominga es sindicado por varios genealogistas como hermano del Adelantado Juan Ortiz de Zárate y tío del Adelantado Juan Torres de Vera y Aragón.

⁴² ACM, Bautismos, 1642/1715, f.66.

⁴³ ACM, Matrimonios, 1642-1717, f. 38. Su origen vasco consta en su información matrimonial ACM, I.M. 1680-90, libro I, exp.120.

⁴⁴ ACM. Matrimonios, 1642-1717, f. 73.

⁴⁵ Español natural de la Villa de Hermosilla en Castilla la Vieja, ACM, I.M, libro I, exp. 14. Casados el 24 de agosto de 1681, ACM., Matrimonios, T. 1642-1717, f. 26.

⁴⁶ Natural de Legasa (Calvo, 1979: p.23). Casados el 19 de diciembre de 1691, ACM, Matrimonios. T. 1642/1715, f. 41v.

⁴⁷ Carta dotal de María Martínez del Monje. DEEC-SF, EP, T. 7, f -264v. Una dote significativa si se la compara con las otorgadas por los grandes comerciantes que trabajó Socolow, 1991.

⁴⁸ AGPSF, AC, T. VII, f. 125v y 126 – T. VII, f. 256 a 257.

⁴⁹ Los vínculos rituales eran el resultado de decisiones sociales que contribuían a la amplitud de los recursos relacionales de los que se podía disponer en el futuro.

⁵⁰ ACM, Matrimonios, 1642-1717, f. 117v.

⁵¹ Díaz Pérez, 1973.

⁵² Francisca Martínez del Monje era la hermana de dos de los acusados Ignacio y Miguel Martínez del Monje y tía de Juan Joseph de Lacoizqueta.

⁵³ ACM, Matrimonios, 1642-1717, f. 79.

⁵⁴ AGPSF, AC, T. VI, f. 518v. a 520 – T. VII, f. 60 a 61.

⁵⁵ Tarragó y Barriera, 2003: 213

⁵⁶ Isabel de Pessoa con Fco. Bracamonte sobre herencia. DEEC-SF, EC, T. 21-Nº 93, f 114/137.

⁵⁷ AGPSF, AC, T. VII, f. 209v a 211.

⁵⁸ AGPSF, AC, T. VII, f 261 a 266

⁵⁹ AGPSF, AC, T. VII, ff.261-266, 209, 274-277, 365-367, respectivamente.

⁶⁰ Ambos oficios (la regiduría y el de Tesorero) los recibe por renuncia a su favor de personas que pertenecían a la coalición de los Vera Mujica y López Pintado que en varias ocasiones se enfrentaron en el Cabildo con los Martínez del Monje.

⁶¹ AGPSF, AC, T. VII, f. 274 a 277

⁶² Barriera y Forconi, 2015: 280

⁶³ Juan Joseph de Lacoizqueta era hijo de María Martínez del Monje (hermana del alférez real Ignacio Martínez del Monje, uno de los acusados) y Juan de Lacoizqueta. ACM, Bautismos, T. 1642/1717, f. 137.

⁶⁴ Carta de Juan José de Lacoiziqueta del 5 de Agosto de 1725. AGN., Sala IX, Tomo 3-10-7

⁶⁵ AGPSF, AC, T. IX, f 125v a 126.

⁶⁶ AGPSF, AC, T. IX, f 402 a 403.

⁶⁷ AGPSF, AC, Carpeta Nº 14 A, f 49v a 51.

⁶⁸ Poder del Cabildo a Dn. Juan Joseph de Lacoizqueta para la Real Audiencia. Santa Fe, 15 de septiembre de 1738. DEEC-SF. EP. T. XII, f. 688 a 689v.

⁶⁹ Damianovich, 2004.

⁷⁰ Lacoizqueta estudió en el Colegio de Monserrat, en Córdoba del Tucumán. Aprobó tres años de filosofía (1708 a1710) y cursó teología en 1711, obteniendo los grados de Bachiller en Artes en 1709 y Licenciado en 1710. Damianovich, 1991: 41.

⁷¹ Documento citado por Damianovich, 2004.

⁷² Documento citado por Damianovich, 2004.

⁷³ Cerutti, 1998: 56.

⁷⁴ Barriera y Fradkin; 2014: 41-69.

FUENTES

1. Archivo General de la Provincia de Santa Fe (AGPSF). Actas de Cabildo (AC)   

2. Archivo del Departamento de Estudios Etnográfico y Coloniales Santa Fe (DEEC-SF).

a. Escrituras Públicas (EP)

b. Expedientes Civiles (EC)

3. Archivo General de la Nación (AGN)

a. Tribunales

b. Sala IX

4. Archivo de la Catedral Metropolitana (ACM)

a. Bautismos

b. Matrimonios

c. Informaciones matrimoniales (IM)

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