ARTÍCULOS DE HISTORIA ARGENTINA

ALIADOS PERO FRAUDULENTOS. Las prácticas electorales en Santa Fe, Mendoza y Corrientes durante el bienio de Roberto M. Ortiz (1938-1940)

 

Ignacio A. López

Universidad Torcuato Di Tella. CONICET/Universidad Católica Argentina.  ignacioalopez@gmail.com

Recibido: 20-IV-2015
Aceptado: 18-VIII-2015

 

RESUMEN

En este artículo nos proponemos indagar la estrategia que el presidente Roberto M. Ortiz (1938-1942) articuló en tres provincias argentinas (Santa Fe, Mendoza y Corrientes). Suponemos que el Poder Ejecutivo Nacional en su período en actividad desarrolló un proyecto orientado a la apertura electoral y a la democratización política, basado en las intervenciones federales como instrumento privilegiado.Sin embargo, en algunos distritos la democratización adquirió otras modalidades. En estas tres provincias, cuyos gobiernos formaron parte del universo de la Concordancia, ytuvieron administraciones seriamente acusadas de malversación de la voluntad popular, la normalización electoral estuvo limitada –y fue dependiente– al auge y caída del proyecto presidencial.
Palabras clave: Roberto M. Ortiz; Fraude electoral; Santa Fe; Mendoza; Corrientes.

ABSTRACT

In this article we propose to research the strategy that president Roberto M. Ortiz (1938-1942) led in three argentinean provinces (Santa Fe, Mendoza y Corrientes). We suppose that the Executive branch developed a democratization and liberal project during his term, in which federal interventions were a critical instrument.However, in some districts these democratization politics acquired other dimensions. In those three provinces, whose governments were part of the Concordancia coalition and were also seriously accused of electoral fraud, the electoral normalization was directly linked to –and depened on- the success and failure of the presidential project.
Key words: Roberto M. Ortiz;Electoral fraud;Santa Fe; Mendoza; Corrientes.

 

INTRODUCCIÓN¹

En noviembre de 1938, el presidente Roberto M. Ortiz, visitó la ciudad de Rosario en el marco de la inauguración de los edificios de la Aduana y Correos y Telégrafos y pronunció un duro e importante discurso donde repudiaba la abstención de los partidos opositores y los acusaba de obstruccionistas. El palco oficial estaba poblado por importantes figuras del gabinete nacional, como el ministro de Hacienda, Pedro Groppo, o el de Guerra, Gabriel Márquez, y el elenco político local, encabezado por el gobernador de la provincia, Manuel de Iriondo, su gabinete completo y notables santafesinos. Allí el presidente de la República, consideró que había que abandonar los métodos negativos y que predicar la abstención estéril y practicar la obstrucción sistemática solo conduciría a la parálisis institucional de la provincia, refiriéndose claramente a la política que impulsaban radicales y socialistas ante la administración del gobernador antipersonalista². Pocos días antes, los conservadores se habían impuesto en la provincia de Catamarca en comicios locales, fraude mediante.
Sin embargo, esta intervención pública del presidente debe leerse en un contexto político e institucional más amplio. El fraude electoral en manos de los oficialismos, y la abstención electoral –como estrategia opositora–, fueron dos aspectos centrales del sistema político argentino durante los años de la restauración conservadora. La falta de claridad en las reglas de juego para los partidos políticos dada en parte por la práctica del fraude, y por ciertos mecanismos legales a nivel provincial y nacional³, fue clave en la configuración de un ambiente complejo y bastante inestable para las agrupaciones partidarias⁴.
Pese a ello es posible advertir que el presidente Ortiz estructuró durante su administración un proyecto tendiente a la democratización del sistema político y a la apertura electoral, en el gran cuadro de la Argentina de fines de los años treinta, utilizando la fuerza del poder presidencial para lograr apoyos en las provincias⁵.Este período fue fundamental en tanto que representó el cenit de un juego limpio que se promovió desde arriba en una década donde los comicios se fueron vaciando de sentido ritual e identitario y donde posteriormente fue primando en la política nacional creciente incertidumbre y anomia⁶.
Si bien las intervenciones federales fueron un instrumento central del Poder Ejecutivo Nacional en aras de controlar las situaciones provinciales, primó en algunos distritos una política de prescindencia o de status quo, orientándose Ortiz a privilegiar el orden y la estabilidad en esas jurisdicciones, claves en el escenario nacional⁷.
En este artículo nos proponemos indagar la estrategia del Poder Ejecutivo Nacional en algunos de esos distritos considerados aliados pero que, sin embargo, no estaban en sintonía con los deseos manifestados del presidente sobre pureza electoral. Santa Fe, Mendoza y Corrientes, tres provincias cuyos gobiernos formaron parte del universo de la Concordancia⁸, tuvieron administraciones seriamente acusadas de malversación de la voluntad popular, aunque no tuvieron sanción alguna del Ejecutivo Nacional cuando otros distritos no corrieron la misma suerte.
Es por ello que intentaremos rastrear algunas características de la política y de las elecciones en esos distritos, su relación con el gobierno nacional durante el período 1938 y 1940, y finalmente presentar algunas conclusiones sobre la naturaleza y alcance del proceso de democratización política encarada por el presidente Ortiz.

LA SUCESIÓN DE 1937: LOS DESAFÍOS DE UN CAMBIO DE POLÍTICA PRESIDENCIAL

Recientes estudios desde la historia y la ciencia política han puesto énfasis en la importancia del federalismo electoral en la política argentina y lo definitorio que estos aspectos institucionales han resultado como elemento explicativo del desarrollo del régimen federal durante el siglo XX. Así, el componente territorial, la articulación entre la Nación y las provincias y la coordinación entre facciones, partidos e intereses desde lo local a lo nacional se han vuelto temas de sumo interés en los estudios académicos argentinos⁹.
Por otro lado, desde hace más de una década, los historiadores comenzaron a rever aspectos políticos de la denominada restauración conservadora poniendo especial atención al sistema político y los actores partidarios, en contraposición al sesgo de determinadas corrientes historiográficas que veían en ese período una década infame¹⁰. En este sentido, en los últimos años, los trabajos de Darío Macor¹¹, María Dolores Béjar¹², Susana Piazzesi¹³ y César Tcach¹⁴, entre otros, pusieron de relieve la política a nivel subnacional, y lo específico de lo local en el armado político nacional.
Ambas cuestiones –el creciente interés en el federalismo electoral y el renovado análisis histórico sobre el sistema político de los años treinta– ofrecen entonces la oportunidad de repensar algunos aspectos políticos vinculados a la relación entre el Ejecutivo Nacional y la política provincial durante esos años. Es importante por ello observar cómo acompañaron los espacios provinciales el cambio político más importante de la década que se produjo entre los mandatos de Agustín Justo (1932-1938) y Roberto M. Ortiz (1938-1942) en lo que respecta al fraude electoral. Si para Justo fue herramienta primordial con el fin de controlar la sucesión presidencial, Ortiz lo condenó como instrumento en sus deseos de avanzar en la democratización del sistema político¹⁵.
La característica central de la Concordancia como alianza oficialista durante el período 1932 y 1943 fue su inorganicidad y su carácter electoralista. Sirvió como base para el acceso al poder del general Agustín P. Justo en las elecciones de 1931¹⁶ y durante sus años en actividad gozó de estabilidad relativa, basada en los gobiernos provinciales en manos de fuerzas afines y el apoyo legislativo de demócratas nacionales y antipersonalistas. Hacia mediados de la década –y en forma coincidente con el retorno del radicalismo del Comité Nacional a las urnas– el poder real dentro de la alianza viró cada vez más hacia el elemento conservador. Hacia 1937, momento de la sucesión presidencial, la decisión del presidente saliente fue ungir a un sucesor antipersonalista, que pudiese garantizar su eventual vuelta al sillón presidencial en 1944 y que, al mismo tiempo, despertase simpatías en el electorado radical¹⁷.
Durante las elecciones presidenciales de septiembre de 1937, el oficialismo controlaba once distritos y la Unión Cívica Radical –principal partido opositor– sólo tres: Entre Ríos, Córdoba y Tucumán. Los resultados de los comicios arrojaron un triunfo en diez provincias para el oficialismo y cuatro para la oposición radical, y no fue sorpresa para el presidente Justo, que desde 1935 buscaba dirigirla sucesión presidencial. En los cálculos presidenciales, el control de dos de los tres distritos más importantes por número de electores (Buenos Aires y Santa Fe), además de provincias con oficialismos locales fuertes como Corrientes (autonomista), Mendoza (demócrata), Santiago del Estero (antipersonalista), entre otros, le garantizaba un puñado importante de electores en el Colegio. Por otro lado, el triunfo previsible del radicalismo en Capital Federal, Córdoba, Tucumán y Entre Ríos no alteró los planes presidenciales (véase tabla I y tabla II).

Tabla I. Electores para presidente y vicepresidente. Septiembre de 1937

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio del Interior, 1946.

Tabla II. Resultados electorales por distritos. Septiembre de 1937

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Ministerio del Interior, 1946.

Al asumir en febrero de 1938, Ortiz conformó su nuevo gabinete manteniendo el equilibro de la coalición oficialista pero también colocando en puestos claves a hombres de su entera confianza. Designó a dos conservadores provincianos, Manuel Alvarado –salteño– yPedro Groppo –bonaerense, hombre allegado a Barceló–, en Obras Públicas y Hacienda, respectivamente, y al radical antipersonalista de San Luis, Diógenes Taboada, como ministro del Interior. Completaron el gabinete una serie de profesionales con fuerte perfil técnico en sus áreas de pertenencia: Carlos Márquez como ministro de Guerra –clave en la estrategia de acercamiento de Ortiz con el Ejército–; José María Cantilo –diplomático de carrera– en el ministerio de Relaciones Exteriores; Jorge Eduardo Coll, en Instrucción Pública; y el almirante León Scasso, en Marina.
En el escenario legislativo, el presidente gozó de la estabilidad que le garantizaba el apoyo de las fuerzas oficialistas. En ambas cámaras del Congreso de la Nación, la Concordancia –cuyo mayor aportante de bancas fue el Partido Demócrata Nacional– mantuvo la mayoría, salvo hacia marzo de 1940, cuando en la Cámara Baja la bancada radical recuperó escaños, producto de la política de apertura electoral que propició el mismo Ortiz (véase tabla III y tabla IV).

Tabla III. Composición del Senado de la Nación (1938-1940)

Fuente: Molinelli, Palanza y Sin, 1999: 240.

Tabla IV. Composición de la Cámara de Diputados de la Nación (1938-1940)

Fuente: Molinelli, Palanza y Sin, 1999: 264.

Aunque lo definitorio de la estrategia del presidente Ortiz fue su relación con las provincias, particularmente el envío de intervenciones federales a distritos claves.
De las catorce provincias, solo tres controlaba el principal partido opositor (UCR): Córdoba, Entre Ríos y Tucumán. Las restantes once,estaban en manos de fuerzas concordancistas. Cuatro de ellas, serán intervenidas (Buenos Aires, Catamarca, San Juan y Santiago del Estero) mientras que Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Salta, San Luis, La Rioja y Jujuy mantendrán sus gobiernos autónomos.
Es por ello que en la mayoría de las elecciones de renovación del Ejecutivo provincial, el presidente no realizó ningún tipo de intervención, ya fuera en aquellas donde resultó triunfante el radicalismo (Tucumán, octubre de 1938; Entre Ríos, marzo de 1939; yCórdoba y Jujuy, marzo de 1940) como en las que la renovación de Ejecutivos provinciales quedó en manos del oficialismo cuyas agrupaciones formaban parte de la coalición gobernante a nivel nacional: San Luis (septiembre de 1938), La Rioja (noviembre de 1938), Corrientes (septiembre de 1939), Salta (marzo de 1940) y Santiago del Estero (marzo de 1940). Aunque en actos comiciales de La Rioja, Corrientes y Salta se presentaron denuncias de fraude, sin embargo, el Poder Ejecutivo se limitó a seguir los resultados y mantener comunicaciones formales desde el Ministerio del Interior.
Sin embargo, en cinco oportunidades –y en cuatro distritos– el presidente Ortiz envió una intervención federal o realizó algún tipo de acción, todas ellas con denuncias de prácticas fraudulentas durante el acto comicial fuera éste nacional o provincial: San Juan (abril de 1938 y mayo de 1939); Santiago del Estero (septiembre de 1939); Catamarca (febrero de 1940) y Buenos Aires (marzo de 1940)¹⁸.
Podríamos suponer que la inacción o prescindencia en algunos casos, y la intervención en otros, se presentaron como distintas modalidades del plan presidencial destinado a la democratización del sistema político, pero que ante todo se orientaba a la construcción de un capital político propio. En algunos casos, el presidente avanzó en la intervención federal como una herramienta para controlar a la oposición; servirse de un dispositivo para solucionar los conflictos entre facciones; y finalmente, asentar su presencia como actor hegemónico en el espacio provincial¹⁹. En otros, el Ejecutivo nacional prefirió la inacción como modo de gestar alianzas coyunturales con las agrupaciones partidarias locales y consolidar espacios de negociación con esos gobernadores de manera de no socavar su apoyo político de modo abrupto: allí la pureza del sufragio quedó solo en un plano discursivo y simbólico. En este sentido, la política del status quo fue entonces también una modalidad que ensayó el presidente para con aquellas administraciones que hicieron uso de prácticas políticas que colisionaban con el ideario de pureza del sufragio que él mismo aclamó, pero que sin embargo, revestían importancia para la gobernabilidad de la coalición.
Es por ello que analizaremos tres casos relevantes de provincias en las que Ortiz no intervino, pero que sí estuvieron condicionadas por la práctica del fraude, aunque los respectivos gobiernos provinciales se alinearon –al menos desde lo discursivo– con la política de saneamiento electoral del Ejecutivo Nacional. Estos tres casos, presentaron escenarios competitivos electoralmente,²⁰ donde las fuerzas opositoras tuvieron históricamente un desempeño exitoso y donde podrían haberlo tenido de no ser por la maquinaria del fraude desplegada por los oficialismos locales. Sin embargo, estas provincias se articularon de manera exitosa al proyecto político a nivel nacional, y el ciclo político local acompañó a los vaivenes de la política presidencial.

TRES ALIADOS CONCORDANCISTAS BAJO EL DESIGNIO DE ORTIZ: SANTA FE, MENDOZA Y CORRIENTES

Los avatares de tres distritos gobernados por fuerzas integrantes de la coalición oficial a nivel nacional, como fueron Santa Fe, Mendoza y Corrientes, se colocan como casos importantes para analizar el grado de tensión y alcance de la política de democratización impulsada por Ortiz desde el gobierno federal.
Si bien las provincias de Santa Fe y Mendoza no renovaron sus Ejecutivos provinciales durante el lapso en el que Ortiz estuvo en actividad²¹, sí lo renovó la provincia de Corrientes ante la abstención de fuerzas opositoras. En las dos primeras provincias, hubo una serie de elecciones locales que despertaron el interés de la opinión pública. Aunque como era usual en las prácticas políticas de aquellos distritos, las denuncias no estuvieron ausentes, sin embargo, los Ejecutivos provinciales procuraron acercarse a la política presidencial, y una vez que el espíritu del presidente se puso de manifiesto, intentaron presentarse como claros agentes del designio nacional. Asimismo, en las provincias de Santa Fe y Mendoza, se recuperó el porcentaje de participación electoral en dos años, no así en Corrientes, en donde se deterioró posiblemente por el ambiente poco propicio para el ejercicio del sufragio libre²².Esta interacción entre prácticas fraudulentas instaladas y adecuación discursiva de los gobernadores –en todos los casos–no estuvo exenta de tensiones políticas e institucionales, ya que atacó de raíz a la legitimidad de las respectivas administraciones.

La Provincia de Santa Fe

En esta provincia, seis comicios –dos nacionales y cuatro locales– se sucedieron entre marzo de 1938 y marzo de 1940. El distrito que había sido intervenido dos años antes por el presidente Justo, renovó gobernador en febrero de 1937 –en el marco de serias denuncias de las fuerzas opositoras– y fue una pieza clave en los cálculos para la sucesión presidencial de septiembre. A partir de allí hasta 1943, el antipersonalismo controlará la provincia bajo las gobernaciones Manuel de Iriondo (1937-1941) y Joaquín Argonz (1941-1943)²³.
El gobernador Iriondo no solo articuló su gestión entre el fraude electoral y la obra pública, sino que también intervino en otras esferas del ordenamiento social como la urbana-arquitectónica, la salud y la vivienda. Paralelamente, el gobernador antipersonalista desplegó una doble política: de concentración de poder al interior del oficialismo desplazando a la oposición interna, y de cooptación de la dirigencia opositora, especialmente la demócrata progresista, hacia afuera.²⁴
El primer test electoral de importancia celebrado en la provincia, una vez Ortiz en el poder, fueron las elecciones legislativas del 6 de marzo de 1938. Los comicios no solo provocaron acusaciones de los opositores radicales y demoprogresistas, sino también suscitaron desavenencias dentro de las mismas filas del antipersonalismo en los departamentos de La Capital, Castellanos, San Jerónimo, General López, San Martín, Las Colonias, entre otros.²⁵ La Junta Electoral del Sud acusaba de vergonzosa deslealtad a las autoridades partidarias y a muchos caudillos de comités y (...) dirigentes de la plana mayor por los procedimientos empleados poniendo en evidencia la traición y felonía en numerosas secciones y distritos electorales.²⁶ Las fuerzas concordancistas recuperaron el control de la Cámara de Diputados y la UCR de Santa Fe se adjudicó el triunfo en el distrito con el 60.14% de los votos.
El oficialismo logró sancionar durante ese año una ley electoral provincial (la Nro. 2.600) que permitía el escrutinio en mesa, la quema de los votos y sobres una vez confeccionada el acta, y el control policial de los actores electorales. A su vez, como señaló Susana Piazzesi, existía en la legislación la pretensión de controlar a los empleados públicos en la participación de los comicios bajo pena de destitución. Aunque lo más importante puede entreverse en los argumentos utilizados por el oficialismo en el debate legislativo cuando se asumió la necesidad de reformar estructuralmente el sufragio universal amparado en la ley Sáenz Peña, aunque no logró avanzarse en ese sentido en el texto final de la ley.²⁷
En octubre de 1938, nueve ciudades de la provincia debieron renovar sus gobiernos municipales. Sin embargo, la Unión Cívica Radical Comité Nacional y el Partido Demócrata Progresista decidieron abstenerse por falta de garantías. Pese a la corrección inicial de los comicios, pronto aparecieron algunas denuncias de los socialistas en diversas secciones de Rosario, donde se acusaba al oficialismo de substraer boletas y presión policial.²⁸
Un mes después, se produjo la visita del presidente Ortiz a la ciudad de Rosario con motivo de la inauguración de los edificios de la Aduana y Correos y Telégrafos. Allí, el presidente pronunció un duro discurso donde criticó la abstención de los partidos opositores. Advertía el presidente:

Hay que abandonar los métodos negativos (...) Los partidos deben analizar en sí mismos –en sus propias deficiencias– las derrotas que sufren en   las urnas. Atribuir estas a otros factores es sembrar la desconfianza en las masas electorales e incitar a futuros actos de violencia y corromper la moral cívica. De este estado de cosas, que por desgracia perdura, son responsables también los dirigentes de partido, que dan resonancia pública a esas incriminaciones, que se erigen en profeta de desgracias y calamidades nacionales. (...) No pido a los partidos políticos que abandonen su necesaria función de control de los actos de gobierno ni su derecho al análisis y censura de los funcionarios, sino que ellos no se conviertan en simples detractores de los partidos gobernantes.²⁹

La editorial del diario El Litoral le replicaba en duros términos que la verdadera fuerza de un país reside en la unión de sus habitantes y en la colaboración espontánea que ellos les presten a los gobiernos nacidos de su voluntad. Todo lo demás son palabras y ficciones. Por eso, el mismo espectáculo del mundo que el Dr. Ortiz citó en su discurso, debe servir a los gobernantes para modificar su conducta y esto es lo que no dijo el presidente de la República.³⁰ La Nación también contestaba que el país, con la experiencia habida, prefería a la palabra oficial, el hecho y que quisiera que la palabra del presidente siempre estuviera lista para señalar el fraude y culpar a sus autores, pero se contentaría (...) con que impidiera el primero y se contuviera a los segundos.³¹
Durante diciembre de ese año se eligieron un senador y cuatro diputados para la legislatura provincial, ante la nueva abstención de la UCR Comité Nacional y los demócratas progresistas. El Orden aludía que dicho acto se llevaría a cabo ante un pueblo sin alma por el escaso interés y la apatía ciudadana generalizada ante las elecciones.³² Durante la jornada, la Junta Electoral recibió varias denuncias del Partido Socialista por atropellos policiales y delitos menores en el departamento de San Jerónimo y desde algunas secciones de la ciudad de Rosario, siendo rechazado un pedido del socialismo para que ningún empleado policial permaneciera en el recinto donde funcionaban las mesas.³³ Pese a ello, las elecciones se desarrollaron con relativa normalidad e indiferencia general y consolidaron la hegemonía legislativa del oficialismo.³⁴
Un año después, durante la tercera semana de noviembre de 1939, doscientas noventa y tres localidades santafesinas eligieron comisiones de fomento, esta vez con la participación de la Unión Cívica Radical del Comité Nacional. El ministro de Gobierno provincial, Severo Gómez, garantizó ante la prensa que el Poder Ejecutivo tenía el firme propósito de respetar y hacer respetar la libertad electoral como lo demostraba con el cambio de funcionarios policiales en muchos departamentos; asimismo confirmaba la recepción de quince denuncias previas a la jornada sobre irregularidades en algunos distritos como San Jorge, Romang y San Jerónimo Norte, y la pronta resolución de esas demandas.³⁵ Sin embargo, se presentaron graves denuncias desde San Jorge (departamento de San Martín), Moisés Ville (departamento de San Cristóbal) y Villa Gobernador Gálvez (departamento de Rosario), entre otros distritos.³⁶ En referencia a hechos de San Jerónimo Norte, el diputado nacional Alberto Tessaire, responsabilizaba al ministro de Gobierno por los episodios ocurridos: Bajo el amparo de ese gobierno, el fraude sigue buscando su espacio vital,³⁷ aunque desde la gobernación destacabanla totalidad normalidad de las elecciones salvo casos tan aislados que el mismo número es demostrativo del plano de respeto y libertad que ha podido observarse en los 259 comicios restantes.³⁸
Días después, nuevos comicios se desarrollaron en todas las ciudades de la provincia con el objeto de elegir concejales. El triunfo del radicalismo del Comité Nacional en la ciudad de Rosario apaciguó los ánimos del principal partido opositor y la prensa local reconocía, salvo excepciones, la corrección de los comicios.³⁹ Se produjo así una tensión cada vez más notoria entre el reformismo del gobierno nacional y el escenario electoral en la provincia, que ingresaba cada vez más en una etapa decisiva hacia 1940.⁴⁰
En marzo de ese año, la provincia debió renovar once diputaciones nacionales, ocho de las cuales le correspondían a la mayoría y tres a la minoría. Un mes antes, la Junta Electoral provincial se pronunció favorablemente, ante el pedido de los opositores, para que los fiscales firmaran los sobres en todos los casos y el antipersonalismo santafesino respondía a críticas y denuncias radicales.
El presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, el diputado nacional Carlos Pita, llamaba a todos los radicales a la concordia y expresaba su solidaridad con el gobierno de Ortiz; por su parte, el gobernador de Iriondo replicaba a los radicales considerando que la campaña electoral se desarrollaba en un clima de absoluta tranquilidad sin que ninguna protesta haya dejado de atenderse debidamente. El 2 de marzo, en vísperas de la jornada, telegrafiaba al ministro Taboada expresándole que su gobierno no perdería la mesura y el espíritu sereno que caracterizaban su actuación, ya que tenía conciencia de su deber y se sabía solidario con los elevados propósitos del presidente de la Nación en la empeñosa tarea de dignificar las campañas electorales y respetar los derechos que la Constitución y las leyes guardan a todos los ciudadanos.⁴¹
El discurso presidencial del sábado 2 de marzo, en el cual Ortiz expresaba, sin ambigüedades, sus propósitos sobre la necesidad de corrección de los comicios, influyó sin dudas en el desarrollo de la jornada electoral en la provincia, como en otros distritos.⁴² Sin embargo, esto no impidió que se suscitaran denuncias en algunas localidades del Norte santafesino.⁴³ La Junta Escrutadora anuló diversas mesas en los departamentos de Iriondo, Rosario, Castellanos, General López, General Obligado, Nueve de Julio, San Cristóbal y Las Colonias por irregularidades.⁴⁴ Para las elecciones complementarias, quince días después, la UCR Comité Nacional solicitó a la Junta Escrutadora Nacional la custodia militar para las urnas de 24 mesas en diez departamentos, y acorde a los resultados positivos, consideró que los comicios fueron correctos y normales.⁴⁵ Con un alto porcentaje de participación del padrón, el radicalismo del Comité Nacional se impuso con el 48%, seguido por el antipersonalismo con el 42% y parecía imponerse el designio de Ortiz ante el poder provincial.
Como hemos advertido, la estrategia desplegada por Ortiz desde el gobierno nacional, demostró las complejidades con la que esta impactó en el distrito. Como pieza clave de la coalición nacional desde 1937, y tercer provincia en orden de importancia por su número de electores, el camino a la democratización y la apertura política en Santa Fe debía atender desde la perspectiva del Poder Ejecutivo Nacional, estas características propias. Recordemos también que al igual que en Santiago del Estero, en estedistritogobernaba una fracción antipersonalista de los radicales alineada claramente con el gobierno nacional, y aún así, la política del presidente Ortiz dividió hacia 1941 a los miembros de la UCR de Santa Fe, en una fracción que respondía al presidente en licencia, y otra al vicepresidente en ejercicio, Ramón Castillo.⁴⁶
El paréntesis de normalización que se abría en 1940 pronto se esfumó hacia finales de ese año y principios de 1941, cuando logró triunfar el iriondismo en la sucesión del Ejecutivo provincial, otra vez, en el marco de serias irregularidades. El reformismo presidencial se apagaba y la hegemonía gubernamental del antipersonalismosantafecinoparecía consolidarse.⁴⁷

La provincia de Mendoza

En Mendoza se desarrollaron comicios de legisladores nacionales en marzo de 1938, comicios provinciales en abril de 1939, y luego las elecciones nacionales de marzo de 1940, que también renovaron cargos legislativos locales. Tampoco durante el período en actividad del presidente Ortiz se eligió gobernador, ya que la renovación del Ejecutivo provincial fue en enero de 1938, una vez que el presidente estaba electo, y también en el marco de serias denuncias de fraude.
Las prácticas electorales en Mendoza estuvieron caracterizadas por la violencia y el fraude, aún desde los tiempos radicales.⁴⁸ Matones, lúmpenes y hombres de acción –como señaló Pablo Lacoste–, fueron piezas claves de una extensa red que se activaba en los actos eleccionarios para garantizar la manipulación de resultados promisorios para los caudillos locales y mantener una aceitada máquina basada en el clientelismo político. El bieniodeOrtiz,en principio, suponía también la necesidad de un paréntesis en las prácticas fraudulentas a riesgo de una intervención federal o algún tipo de sanción política desde el gobierno nacional. La adecuación a la normalización institucional por parte de los dirigentes demócratas mendocinos se veía como un camino necesario y viable, aunque sinuoso sobre su propia hegemonía gubernamental.
Hacia mayo de 1938, el presidente Ortiz había intervenido en un conflicto local en la provincia de La Rioja a fin de persuadir al ejecutivo provincial para que derogase la legislación electoral provincial –aprobada tiempo antes– que quitaba la obligatoriedad yel secreto al voto.⁴⁹ Los demócratas mendocinos, en marzo de 1939, y poco tiempo antes de la renovación de la Legislatura local, presentaron un proyecto con el objeto de modificar la ley electoral en aras de restituir al partido que obtuviera la mayoría de votos en cada distrito los dos tercios de las bancas de los cuerpos colegiados, quedando el tercio restante para ser distribuido entre las minorías en forma proporcional, aunque se aseguraron no alterar ni el secreto ni la obligatoriedad del sufragio consagrados en la ley 977 de 1931.⁵⁰
El senador Ponce defendió en la Legislatura mendocina la reforma electoral advirtiendo que en los últimos años se había esterilizado la labor parlamentaria debido al despojo de la mayoría de 2/3 para el oficialismo debiendo depender éste de la buena voluntad de las minorías. Los senadores opositores señalaron que esa reforma respondía a un espíritu cada vez más cercano a la unanimidad que querían imponer los demócratas, negando el debate legislativo y buscando un amplio control sobre la acción administrativa.⁵¹ La editorial del diario Los Andes se oponía al proyecto por no considerarlo una necesidad institucional del presente sino que más bien respondía a intereses políticosarrebatándole representación a la oposición.⁵² En la Cámara Baja, el proyecto contó con fuerte oposición del radicalismo, el socialismo y el socialismo obrero aunque resultó aprobado tras un largo debate por 20 votos contra 9.⁵³
Las elecciones de abril tuvieron un desarrollo normal y correcto, según todas las fuerzas actuantes y la prensa, solo con denuncias aisladas.⁵⁴ El presidente del comité central del Partido Demócrata, el senador nacional Gilberto Suárez Lago, manifestó que el acto se desarrolló en perfecto orden y absoluta legalidad y añadió que ni bien se conocieron hechos de voto cantado en algunas mesas aisladas se recurrió a la Junta Electoral para que procediese a la anulación y se levantasen los cargos correspondientes, aunque el escrutinio final dio el triunfo al Partido Demócrata conservando la mayoría en el poder legislativo local. Añadía el senador,

(…) si algunos casos aislados, que no pueden controlar esta presidencia se llegaran a registrar por elementos adictos a la agrupación, tratando de reeditar hechos que ya no pueden ser tolerados, obtendrán mi más rotunda condenación, pues las instrucciones impartidas son de respetar la libertad electoral para todas las agrupaciones.⁵⁵

Unos meses después, en vísperas de la renovación electoral de marzo de 1940, la UCR denunciaba irregularidades ante el gobernador Rodolfo Corominas Segura que se estaban produciendo durante la campaña electoral en el departamento de Guaymallén, y advertían que el vicegobernador Armando Guevara Civit estaba inhabilitado para integrar el tribunal electoral y dirigir el proceso electoral próximo. Continuaba la nota señalando que

(…) los jefes políticos son agentes electorales del oficialismo, que hace su propaganda mural y oral a cualquiera hora del día o de la noche, valiéndose para ello, en primer término del personal inferior de la policía y con el auxilio y la colaboración del personal dependiente de las municipalidades, de la Dirección de Vialidad, Dirección de Industrias, etc.⁵⁶

En ese mes se produjo la intervención federal a Catamarca y ello causó un fuerte impacto en la opinión pública y los aliados concordancistas.⁵⁷ Semanas después, cuando el reformismo del gobierno nacional parecía consolidarse, se celebraron en la provincia los comicios del 3 de marzo y los complementarios del 20 que se desarrollaron normalmente.⁵⁸ El gobernador Corominas Segura prometió en una carta pública que respetaría la libre expresión de la voluntad popular⁵⁹ e impartió diversas instrucciones a los funcionarios y fiscales partidarios sobre la necesidad de corrección. También ordenó a los ministros estar atentos a las denuncias desde la casa de gobierno e incluso se apersonó en una mesa de la localidad de Maipú donde ocurrieron incidentes.⁶⁰
El diario lencinistaLa Palabra –alineado con el oficialismo– advertía el ambiente de tranquilidad, paz y reposo en el que se celebraron las elecciones, y La Nación, luego de dar cuenta de la impugnación de algunas mesas en el departamento de General Alvear, señalaba que se produjo un equilibrio de fuerzas entre el partido mayoritario y los opositores, alzándose con el triunfo la Unión Cívica Radical, con dos representantes al Congreso Nacional por la mayoría.⁶¹ No solo los comicios tuvieron una limpieza sin precedentes en una década, sino que el radicalismo del Comité Nacional logró una victoria histórica, logrando numerosos escaños en los tres niveles de gobierno en el marco de un ambiente triunfal que no era vivido desde 1928.⁶² El diario Los Andes hacia fin de mes, criticó sin embargo la actitud de la Junta Electoral de la provincia –aunque la separó claramente de la actitud del Poder Ejecutivo– que resolvió contabilizar 39 votos de una mesa de la localidad General Alvear en donde ocurrieron hechos de violencia.⁶³
Dos meses después, se desarrollaba en la provincia una reorganización partidaria de los demócratas que consolidaba el poder del senador Gilberto Suárez Lago y desplazaba a numerosos líderes locales, en lo que parecía ser una limpieza y nueva articulación partidaria hacia los renovados propósitos nacionales.⁶⁴
Sin embargo, hacia mediados de año, el pedido de licencia del presidente Ortiz y la actuación de la legislatura local marcaron los límites de la normalización. En junio, el Senado provincial, controlado por los demócratas, anuló las elecciones del tercer distrito efectuadas el 3 de marzo por las irregularidades manifiestas que habían presentado. El miembro informante de la Comisión de Poderes del Senado aconsejó la anulación total de los comicios del distrito aunque recalcó que la política seguida por el Partido Demócrata Nacional en la provincia estaba destinada a asegurar la pureza del sufragio y que tales propósitos

(…) inducían a la agrupación a la que pertenece a variar su concepto sobre la elección permitiendo que con la anulación de los comicios del tercer distrito se lograra poner una vez más a prueba los deseos de reintegrar al pueblo a la soberanía de sus derechos electorales.⁶⁵

Sin embargo, conservadores y lencinistas de la Unión Cívica Radical de Mendoza (UCRM) lograron neutralizar el triunfo radical en la Cámara provincial, mientras que a nivel municipal y nacional, los diputados opositores electos lograron incorporarse a los respectivos parlamentos.⁶⁶ El pedido de licencia de Ortiz hacia mediados de año, posibilitó que –como en el caso santafesino– las elecciones a gobernador en enero de 1941 repitieran las mismas condiciones fraudulentas que el período previo a 1938 y se diluyera en el espacio provincial el signo reformista.

La provincia de Corrientes

Por último, la situación institucional de Corrientes no dejó de ser grave durante el período en que gobernó Ortiz. El Partido Autonomista y el Radical Antipersonalista controlaban la provincia desde la restauración institucional de 1932 y el clima político no era estable. La violencia y el fraude en los actos electorales, característicos de la política correntina desde hacía décadas, no se apaciguaron durante esos años.⁶⁷ Es por ello que suponemos que el caso correntino supuso el caso más extremo de una política de no intervenciónpor parte del gobierno nacional.
Así también, el distrito era campo de batalla no solo entre los dos partidos que conformaban parte del oficialismo por la distribución de cargos locales, sino también con el opositor Partido Liberal, que se adjudicaba este posicionamiento en el nivel local, pero apoyaba a la Concordancia en el nivel federal; y no es casual que algunas figuras partidarias tuviesen una actuación destacada en otros distritos, como el interventor federal en San Juan, Evaristo Pérez Virasoro durante 1939-1941.
Las elecciones de marzo de 1938 presentaron irregularidades, aún con la abstención de la UCR del Comité Nacional. Con la participación del 66% del electorado, el triunfo fue adjudicado al Partido Autonomista y a la UCR Antipersonalista, en lo que los opositores consideraban un desdoblamiento espurio de las fuerzas oficialistas: la Concordancia obtenía la mayoría y la minoría, dejando en tercer lugar a los liberales. Semanas después se repetían elecciones provinciales para la elección de nueve diputados de la segunda sección electoral y cuatro senadores de la tercera, ésta vez con la abstención de toda la oposición en la provincia.⁶⁸
Hacia finales del año, la legislatura local, y por iniciativa del oficialismo derogó el voto transeúnte que posibilitaba emitir el sufragio sin libreta. La medida fue celebrada por la oposición radical y liberal que exigía su derogación o suspensión por las irregularidades generadas.⁶⁹
El 10 de febrero de 1939, algunos meses antes de la elección para renovación del Ejecutivo provincial, el Partido Liberal, en una comitiva encabezada por Ernesto Meabe, se reunía con el presidente Ortiz con el objeto de presentarle un memorial para solicitarle la intervención federal a la provincia. Era un nuevo pedido, de los ya recurrentes que venía solicitando la oposición política correntina desde hacía años.⁷⁰ El documento advertía sobre el desborde de la corrupción y el desorden en el que se encontraba Corrientes, considerando que las garantías más elementales estaban suprimidas. Enunciaban la falta de independencia del Poder Judicial, las maniobras electorales como el voto transeúnte, el deterioro de la Instrucción Pública, la ineficacia del Poder Legislativo, y muchas otras irregularidades en las que, en opinión de los liberales, estaba sumida la provincia.⁷¹
Las elecciones de marzo de 1939 que renovaron cargos legislativos no presentaron novedades,⁷² y con el auspicio del dirigente radical Blas Benjamín de la Vega fue tomando impulso en los primeros meses de ese año la conformación de un posible frente opositor entre radicales y liberales, cuestión que naufragó. Sin embargo, hacia mediados de año se articuló con la iniciativa de algunos diputados correntinos la conformación de una Comisión Popular Pro Intervención Popular, en vísperas de la elección a gobernador y le pedían informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre la situación política y financiera de la provincia.⁷³
La oposición decidió abstenerse de esos comicios por la falta de garantías electorales del oficialismo. El radicalismo advertía que en Corrientes existía una carga injusta y una humillante depresión con los gobiernos que han surgido desde el año 1930. Y agregaba que: La garantía de vidas y haciendas ha desaparecido totalmente; la voluntad popular está ausente por imperio de la violencia; (...) y el sufragio universal no existe y más de 30.000 libretas de enrolamiento están secuestradas.⁷⁴ Por ello, reiteraba el estado de subversión institucional que vivía Corrientes, y también solicitaba la intervención del gobierno nacional.
A medida que avanzaba el año y se acercaban las elecciones, el gobernador Juan Francisco Torrent no solo debía hacer frente a las acusaciones de fraude electoral, sino que también su gobierno encaraba dificultades de distinto signo: financieras, por deuda pública provincial; reclamos ganaderos, por subas impositivas y falta de pagos en subsidios; y demandas salariales de los maestros del distrito.
Ante la falta de oposición por la abstención de radicales y liberales, las elecciones de septiembre no presentaron mayores irregularidades, y fue elegida una fórmula unificada del Partido Radical Antipersonalista y el Partido Autonomista encabezada por el ex gobernador Pedro Numa Soto y Carlos Álvarez Colodrero por más del 80% de los votos con una concurrencia menor al 50% del padrón. Algunos medios de prensa caracterizaron el acto electoral como una verdadera parodia.⁷⁵ Sin embargo, un programa de gobierno ambicioso y hasta reformista fue presentado por el gobernador electo⁷⁶ aunque estuvieron ausentes las referencias a los lazos provinciales con el gobierno nacional. Es posibleque su amistad y cercanía con el presidente Ortiz hayan alejado definitivamente la amenaza de intervención.⁷⁷
Los comicios de renovación legislativa nacional y local ocurrida en marzo de 1940 tampoco presentaron gran interés. Nuevamente, los partidos opositores a nivel local –Liberal y Radical– decidieron abstenerse del proceso electoral cuando su participación hubiese sido una excelente oportunidad para probar el alcance del reformismo impulsado por Ortiz en la provincia. Sin embargo, criticaban la actitud de los partidos oficialistas que se presentaban en dos listas distintas para obtener la representación de la mayoría y la minoría dejando fuera de juego a los opositores. Adujeron en ese entonces anomalías como millares de libretas de los opositores (...) acaparadas, un granel de nombres de fallecidos en los padrones y una enorme cantidad de pases falsos de ciudadanos que no viven en el territorio de la provincia.⁷⁸
Una segunda ronda de elecciones provinciales –esta vez para elegir senadores por la segunda sección y diputados por la tercera– suscitaron algunos conflictos y denuncias entre los dos partidos de la Concordancia. Dirigentes autonomistas del distrito de San Carlos, departamento de Ituzaingó, acusaron a la policía de impedir el sufragio de los ciudadanos; al igual que en la localidad de ItáIbaté donde se secuestraron libretas.⁷⁹ La maniobra en San Carlos luego posibilitó anular los comicios de ese distrito y variar el resultado para la conformación del Senado provincial, dándole los senadores por la mayoría al Partido Autonomista.⁸⁰
Liberales y radicales, aun cuando se habían abstenido decidieron realizar una agresiva campaña mediática con el objeto de evitar la concurrencia de los ciudadanos a los comicios, apoyados por la difusión de las noticias en diversos medios de prensa a nivel provincial y nacional.⁸¹ Durante abril, mientras los liberales redactaban un nuevo informe con el pedido de intervención, los radicales en el Congreso Nacional presentaron un proyecto de ley y buscaron la impugnación de los diplomas de los diputados electos en la Cámara Baja, aunque sin éxito.⁸²
El declive del reformismo a nivel nacional coincidió con la muerte del senador autonomista Juan Ramón Vidal –figura central en la política de la provincia y en el Senado de la Nación–⁸³ y a partir de allí un lento proceso de descomposición en las fuerzas oficialistas azotó a la administración local. Dicha situación –sumada a los reiterados pedidos de la oposición en el Congreso de la Nación– culminó con la intervención federal en octubre de 1942, bajo la presidencia de Ramón Castillo.

REFLEXIONES FINALES

Hacia finales de los años treinta, y en el marco de la restauración conservadora, se impuso una tendencia reformista a nivel nacional que avanzó en la democratización política. Así la experiencia del presidente Roberto M. Ortiz (1938-1942) puede leerse como un intento de cerrar una brecha cada vez más pronunciada entre un sistema político excluyente y una sociedad en movimiento.
Las prácticas electorales en tres provincias (Santa Fe, Mendoza y Corrientes) durante el período en el que el presidente estuvo en actividad, ofrecen un ejercicio interesante para examinar los alcances de esa democratización en el ámbito provincial. Los tres distritos fueron gobernados por fuerzas pertenecientes a la Concordancia desde la segunda mitad de los años treinta–Mendoza y Corrientes desde la restauración de 1932– y sus oficialismos hicieron uso de las prácticas fraudulentas como mecanismo central para su reproducción en el poder.
A medida que se consolidó la experiencia reformista en el plano nacional hacia 1939 y 1940, los gobiernos de estas provincias se vieron obligados a adecuarse –al menos en el plano discursivo– al gobierno nacional a riesgo de sufrir represalias. Las elecciones legislativas de marzo de 1940 fueron una muestra central en este sentido. Sin embargo, allí el presidente Ortiz ensayó una política de status quo o de prescindencia, a diferencia de otras provincias donde el Ejecutivo Nacional comisionó a interventores federales para cumplir sus objetivos políticos.
¿Qué factores influyeron en esta particular estrategia? Las tres provincias analizadas gozaron de un estatus particular en el universo del oficialismo durante ese período y preservar la estabilidad se presentó como la medida más prudente desde el gobierno federal para garantizar apoyos provinciales y mantener alineadas a esas administraciones. Santa Fe, era el tercer distrito en orden de importancia nacional, como aportante de electores para garantizar la sucesión presidencial, y uno de los dos en manos de una administración antipersonalistaconcordancista (UCR de Santa Fe); allí la negociación con el oficialismo local, privilegiando el autodisciplinamiento sobre las prácticas electorales se convirtió en la estrategia más viable, sino necesaria. Mendoza, fue un firme bastión del Partido Demócrata, y sus administraciones explotaron una imagen orientada a la gestión pública y la modernización; el oficialismo contuvo el avance del radicalismo desde la oposición mediante prácticas fraudulentas, pero la presencia de radicales lencinistas que apoyaron circunstancialmente a fórmulas conservadoras (entre ellas la de Ortiz en 1937) recreaban un distrito con cierto pluralismo político. Adicionalmente, la presencia de figuras claves mendocinas en la mesa directiva del Partido Demócrata a nivel nacional, como el senador Gilberto Suárez Lago, era motivo suficiente para alentar una política de negociación y de no intervención. Por último, Corrientes, el caso más complejo desde el punto de vista institucional, fue gobernado por una coalición de antipersonalistas y autonomistas, y si bien las denuncias sobre desequilibrios múltiples en la administración concordancista no dejaban de llegar a los oídos de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo Nacional optó por enmendar y negociar esa particular alianza donde autonomistas, antipersonalistas y liberales (en el plano nacional) disputaban por recursos. Posiblemente, la vinculación personal del gobernador electo en 1939 con el presidente, además de la gravitación política del senador nacional Juan Ramón Vidal, fueron elementos cruciales para garantizar la política de no intervención. Alterados estos factores, la intervención llegó en 1942.
El pedido de licencia del presidente Ortiz y el eclipse de su proyecto institucional pronto frustró cualquier intento de sanear las prácticas políticas en estos distritos que se alinearon con la nueva conducción federal, más permisiva de dichas prácticas, liderada por el vicepresidente conservador Ramón Castillo. Acompañando el ciclo político nacional, Santa Fe, Mendoza y Corrientes desarmaron el andamiaje reformista alentado por el presidente enfermo, y volvieron a articular la nunca del todo desparecida maquinaria del fraude.

 

NOTAS

¹ Agradezco los comentarios que hicieron a este artículo Susana Piazzesi, María del Mar Solís Carnicer, Natacha Bacolla, Elena Piñeiro y Luciano de Privitellio; así como las revisiones de los evaluadores anónimos. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el XXXIV Encuentro de Geohistoria Regional, Resistencia, 24-26 de septiembre de 2014.

² El Litoral, 24-11-1938.

³ Véase Melón Pirro, 1996. De Privitellio, 2001, 2009; Béjar, 2004; Macor y Piazzesi, 2005. Varios distritos modificaron sus leyes electorales en los años treinta. En Buenos Aires, la ley provincial 4.316 (conocida popularmente como ley trampa), sancionada durante 1935 establecía que los presidentes corresponderían al partido que había logrado mayoría en las últimas elecciones legislativas realizadas en cada sección electoral; e incluía disposiciones por las cuales el presidente de mesa podía imponer una fianza cuando a su juiciola impugnación fuese maliciosa. En Santa Fe, la ley provincial 2.600, sancionada durante el primer año del gobierno de Manuel de Iriondo, introducía la realización del escrutinio en la mesa; la quema de votos y sobres una vez confeccionada el acta; le otorgaba a la policía local el control del proceso; y compelía a los empleados públicos a votar con riesgo de destitución. En Mendoza, la ley 1.315 de 1939, alteraba la distribución de bancas para la minoría, disponiendo que si ninguna de las listas adquiría un determinado número de votos la adjudicación se haría por sorteo, restituyendo los 2-3 restantes para la mayoría como determinaba la vieja ley electoral; además se aumentaba el número de senadores en la Legislatura local.

⁴ Panebianco, 1990.                                                                                                                

⁵ Sobre el rol de Ortiz en el sistema político argentino de fines de los años 30 y principios de los 40, véase: Torre, 2006. Allí el autor indaga sobre la hipótesis de que Ortiz fue uno de los intentos de cerrar la brecha cada vez más pronunciada entre una sociedad y economía en movimiento al calor de las medidas de intervención económica de los gobiernos de la restauración conservadora y un sistema político-institucional cada vez más excluyente.

⁶ De Privitellio, 2001: 140.

⁷ Véase López, 2011, 2013.

⁸ Macor, 2001.

⁹ Véase desde la historia política los clásicos trabajos de: Botana, 1977 y Mustapic, 1984; y más recientemente el trabajo de Alonso, 2010. Desde la ciencia política, algunos trabajos claves que retoman estos temas desde 1983: Calvo y Abal Medina (h), 2001.

¹⁰ Véase Macor, 2001. De Privitellio, 2001 y HalperínDonghi, 2004. Algunas obras de la corriente revisionista: Torres, 1940; 1943; 1944; 1953. Palacio, 1954. Rosa, 1980.

¹¹ Macor, 1995 y Macor y Piazzesi, 2007.

¹² Béjar, 1997; 2000; 2005.

¹³ Piazzesi, 1997; 2001.

¹⁴ Tcach, 1991; 1999; 2007.

¹⁵ De Privitellio, 2001.

¹⁶ Piñeiro, 2004.

¹⁷ Algunas hipótesis en este sentido son discutidas por los biógrafos de las dos figuras: Luna, 1979; Fraga, 1993 y De Privitellio, 1997.

¹⁸ López, 2011.

¹⁹ Calvo y Abal Medina, 2001: 12.

²⁰ AngeloPanebianco estima que el escenario electoral es uno de los más relevantes donde se despliegan los partidos políticos. El grado de estabilidad y complejidad de esos escenarios, suelen ser determinantes para la obtención de los votos. Las constricciones institucionales de los años treinta, elevaron la incertidumbre general de los diversos escenarios en estos distritos –particularmente el electoral–, por lo que vieron afectada su dinámica de acceso a recursos y cargos públicos. Históricamente, las provincias analizadas tuvieron un sistema político determinado por la presencia de tres o más partidos con capacidad de competencia. Véase: Panebianco, 1990: 396-397.

²¹ Mendoza eligió gobernador en enero de 1938 cuando Ortiz aún era presidente electo en el marco de serias irregularidades; Santa Fe lo hará en diciembre de 1940, cuando el presidente estaba en uso de licencia.

²² El porcentaje de participación electoral en Santa Fe aumentó de 76.8 en 1938 a 79.5 en 1940; el de Mendoza de 70.9 a 74; y el de Corrientes mermó de 77.5 a 56.5, mínimo histórico. Véase: Alston y Gallo, 2009: 13.

²³ Para el caso santafesino, véase: Macor y Piazzesi, 2007. Piazzesi, 1997; 2001.

²⁴ Piazzesi, 2001; 2010.

²⁵ La Prensa, 07-03-1938.

²⁶ Declaración de la Junta Electoral del Sud, UCR de Santa Fe, Departamental Rosario, marzo de 1938, Archivo General de la Nación, Fondo Agustín P. Justo, Caja 102, documento 24. También los distritos del norte santafesino fueron objeto de fuertes denuncias sobre prácticas fraudulentas, véase al efecto: Piñeiro, 2005.

²⁷ Piazzesi, 2001.

²⁸ El Orden, 10-10-1938.

²⁹ El Litoral, 24-11-1938.

³⁰ Ibídem, 25-11-1938.

³¹ La Nación, 26-11-1938.

³² El Orden, 10-12-1938.

³³ La Nación, 12-12-1938.

³⁴ Todos los cargos fueron para el oficialismo, en Archivo General de la Nación, Archivo Intermedio, Dirección Nacional Electoral, Caja 46, Carpeta 91.

³⁵ La Nación, 19-11-1939.

³⁶ El Mundo y El Litoral, 20-11-1939.

³⁷ El Litoral, 20-11-1939.

³⁸ La Nación, 21-11-1939.

³⁹ El Litoral, 27-11-1939.

⁴⁰ Macor y Piazzesi, 2007: 126.

⁴¹Telegrama de Manuel de Iriondo a Diógenes Taboada, 1 de marzo, en La Nación, 02-03-1940.

⁴² El Orden, 05-03-1940, "Repercusión de la palabra presidencial".

⁴³ La Voz del Interior, 04-03-1940.

⁴⁴ La Nación y El Litoral, 08-03-1940.

⁴⁵ El Orden, 19-03-1940.

⁴⁶ Piñeiro, 2008. Piazzesi, 2010.

⁴⁷ La UCR (CN) logró un 37.51% de los sufragios, seguidos por el antipersonalismo con 32.50%, y el PDP con 25.01%. Sin embargo, el partido oficial logra el control de 11 de las 19 circunscripciones electorales, lo que le da espacio para controlar el colegio electoral. Luego de una serie de disputas, en abril de 1941, el oficialismo logra proclamar a Joaquín Argonz como nuevo gobernador.

⁴⁸ Para el caso mendocino, véase: Lacoste, 1991; 1994. También sobre las prácticas electorales del período y las agrupaciones partidarias, véase: Caroglio, 2009.

⁴⁹ Ortiz le escribió una misiva al gobernador riojano en donde le sugirió que era necesario modificar la ley electoral. Allí expresó que establecer un desequilibro en las manifestaciones de la voluntad ciudadana cuando ha de elegir sus representantes para la preparación y sanción definitiva de las leyes, implicaba desnaturalizar nuestro régimen electoral que ha marcado una norma invariable para la libre emisión del voto sobre la cual descansa nuestro sistema republicano de gobierno, Carta de Roberto M. Ortiz a Eduardo Fernández Valdez, 31-05-1938 publicada en La Nación, 03-06-1938.

⁵⁰ Provincia de Mendoza, 1941: 417.

⁵¹ Los Andes, 02-03-1939.

⁵² Ibídem, 06-03-1939.

⁵³ Ibídem, 08-03-1939.

⁵⁴ La Nación, 10-04-1939. Los Andes, 11-04-1939. En su editorial el diario mendocino reconocía imperfecciones aunque rescataba la actitud del Poder Ejecutivo provincial que lo colocaba en un plano de dignidad que lo honraba.

⁵⁵ La Nación, 10-04-1939.

⁵⁶ Ibídem, 09-02-1940.

⁵⁷ Véase, López, 2013.

⁵⁸ La Voz del Interior, 04-03-1940, "Resultó correcta la elección en Mendoza".

⁵⁹ La Palabra, 02-03-1940.

⁶⁰ Los Andes, 04-03-1940. La Palabra, 04-03-1940.

⁶¹ La Palabra, 04-03-1940. La Nación, 21-03-1940.

⁶² Véase Lacoste, 1991: 207.

⁶³ Los Andes, 23-03-1940.

⁶⁴ La Nación, 03-05-1940.

⁶⁵ Ibídem, 12-06-1940.

⁶⁶ Véase Lacoste, 1991: 208.

⁶⁷ Para un análisis de la política correntina, véase: Solís Carnicer, 2009; 2006. Sobre la política correntina durante los años treinta, véase: Harvey, 2008. Solís Carnicer, 2005.

⁶⁸ La Prensa, 23-03-1938.

⁶⁹ Harvey, 2008: 131.

⁷⁰ Harvey, 2008.

⁷¹ La Nación, 10-02-1939.

⁷² La Prensa, 28-03-1939.

⁷³ Ibídem, 01-09-1939.

⁷⁴ Ibídem, 23-06-1939.

⁷⁵ El Orden, 19-09-1939.

⁷⁶ Piñeiro, 2007: 301.

⁷⁷ Harvey, 2008: 180.

⁷⁸ La Nación, 15-02-1940.

⁷⁹ La Prensa, 04-03-1940.

⁸⁰ Ibídem, 19-04-1940.

⁸¹ Ibídem, 15-04-1940.

⁸² Harvey, 2008: 204.

⁸³ SolísCarnicer, 2006.

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