ARTÍCULOS DE HISTORIA ARGENTINA

DOSSIER.
ENTRE INSTITUCIONES ESTATALES Y LA DEMANDA POPULAR. El proceso de adjudicación de la vivienda obrera en Jujuy durante el primer peronismo (1946-1955)

 

Marcelo Jerez

ISHIR - CONICET. Universidad Nacional de Jujuy. marcelojerez@arnet.com.ar

Recibido: 10-XII-2015
Aceptado: 28-III-2016

 

RESUMEN

Este artículo analiza los rasgos más salientes del proceso de adjudicación de las casas de un barrio obrero inaugurado por el gobierno peronista en una de las provincias más alejadas del centro político bonaerense: Jujuy. En un marco signado por la particular relación entre el peronismo y sus seguidores, la distribución de aquellos bienes tuvo características muy distintivas. Pese a la creación de instituciones oficiales, muchos solicitantes fueron más allá de los requisitos exigidos y buscaron acercarse a las autoridades enviando cartas que reforzaban sus pedidos. El estudio de esta relación entre el Estado y la sociedad nos muestra diversos aspectos interesantes de la política habitacional del primer peronismo en este distrito provincial del Noroeste argentino.
Palabras clave: Instituciones estatales; vivienda; sociedad; Peronismo; Jujuy.

ABSTRACT

This article analyzes the characteristics of the award process of neighborhood houses inaugurated by the Peronist government in Jujuy. In a time marked by the particular relationship between Peronism and his followers, the distribution of this properties had very distinctive features. Despite the creation of official institutions, many applicants went beyond the requirements and sought to approach the authorities sending letters. The study of the relationship between state and society shows various interesting aspects of the housing policy of the Peronismo in this district of Northwestern Argentina.
Key words: State institutions; houses; society; Peronismo; Jujuy.

 

INTRODUCCIÓN

Si bien la construcción estatal de viviendas para los trabajadores no comenzó con el peronismo, su gobierno inauguró un ciclo de iniciativas masivas tendientes a paliar el déficit existente. Entre las medidas implementadas durante esta etapa se destacaron tanto la acción directa (construcción estatal de viviendas) como indirecta (sobre todo a partir de 1950, mediante los préstamos hipotecarios) del régimen. En ambos casos diversas instituciones fueron creadas o reestructuradas con el propósito de facilitar y canalizar la intervención oficial. Uno de estos organismos, con una activa participación, fue sin dudas el Banco Hipotecario Nacional (BHN).
Por medio de sus créditos baratos, el BHN permitiría a los trabajadores financiar la compra de las viviendas construidas por el Estado así como edificar de forma particular las mismas¹. Pero más allá del papel de esta entidad bancaria, según Ballent², otros sectores del aparato estatal ampliaron también sus acciones en materia habitacional, tales como el Ministerio de Obras Públicas, las municipalidades y las provincias. En varios distritos (como Mendoza, Salta o Jujuy), sus gobiernos crearon nuevos organismos que se ocuparon de esta cuestión. Su labor fue destacada sobre todo en facilitar a los ciudadanos el acceso a las unidades de los barrios obreros edificados por la gestión peronista.
La tarea de estas instituciones, asimismo, fue acompañada por una activa participación de la sociedad civil, estimulada justamente por aquel Estado popular. Al respecto, un hecho representativo de ello fue la campaña de 1951: Perón quiere saber lo que su Pueblo necesita. A través de la misma, el recientemente reelegido presidente de la Nación invitó por radio a todos los ciudadanos a enviar sus propuestas de obras con la posibilidad de ser incluidas en el Segundo Plan Quinquenal. La respuesta de la población fue masiva y sobrepasó todas las expectativas siendo colmadas de cartas las oficinas del gobierno central. Las misivas enviadas tratando específicamente el tema habitacional no estuvieron ausentes y fueron examinadas por Rosa Aboy.
Dicha autora sostiene que la mayoría de los que suscribían este conjunto de cartas coincidían en líneas generales en reconocer el problema de la vivienda, surgiendo las principales disidencias en el modo en el que esa cuestión debía resolverse, lo que dio lugar a múltiples opiniones y sugerencias. No obstante, existía un amplio consenso en el rol fundamental del Estado para solucionar la insuficiencia habitacional, concepción nada extraña en la época pues muchos gobiernos asumieron la tarea de construir viviendas para las masas³. Pero lo distintivo de la gestión de Perón consistió en haber fomentado cómo nunca antes la capacidad participativa de la sociedad, con el propósito de revivir la unidad fundacional entre el líder y los trabajadores, consolidando así aquel ideal de un Estado atento a las necesidades del mundo laboral argentino.
Siguiendo estos razonamientos, en el presente trabajo histórico buscamos articular los siguientes ejes de análisis mencionados: instituciones estatales, vivienda y sociedad, en una de las provincias más alejadas del centro político bonaerense: Jujuy. Para ello nos proponemos examinar cómo se desarrolló la distribución de las unidades de los barrios obreros inaugurados por el peronismo, ocupándonos tanto de los organismos oficiales intervinientes como de la participación de los trabajadores en aquel proceso de adjudicación. Aunque es mucho lo que se sabe en este distrito acerca del peronismo, gran parte de estos estudios se han concentrado en sus orígenes, sus políticas y en sus principales figuras, sin profundizar demasiado en su relación con la sociedad. Ello sin duda deja encubierto no sólo como se expresó allí este vínculo sino también como los trabajadores buscaron entrar en contacto con aquel Estado popular, nacionalista e interventor.
En Jujuy la administración peronista inauguraría tres barrios obreros, dos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Los Naranjos y 4 de Junio, y uno en la ciudad de San Pedro, el barrio Presidente Perón. Los dos primeros reconocían en realidad sus orígenes en el periodo de intervención federal, surgida del golpe militar de 1943, y había sido impulsada por la dirigencia radical yrigoyenista que llegó a ocupar puestos importantes por entonces⁴. Uno de sus principales impulsores fue el ingeniero Alberto Iturbe, quien más adelante se convertiría en el primer gobernador peronista de la provincia. Luego de la inauguración de estos barrios, según el discurso oficial, con la cesión de sus casas a trabajadores modestos se concretaba también aquí la mentada justicia social a la vez que se daba solución al difícil problema de la vivienda⁵. En definitiva, un proceso de adjudicación, al parecer sencillo y sin ningún aspecto a destacar.
La idea que defendemos en este trabajo, en cambio, nos muestra una realidad más compleja: en este distrito la distribución de la vivienda obrera durante el peronismo habría asumido tintes muy particulares. Pese a la creación de instituciones oficiales para la adjudicación de aquellos beneficios, muchos trabajadores fueron más allá de lo establecido por su marco regulatorio. Así, junto a la presentación de los requisitos exigidos, varias personas buscaron acercarse a las autoridades enviando cartas que reforzaban sus pedidos. Al igual que aquella campaña nacional de 1951, la pública intención del gobierno jujeño de conocer la situación habitacional de los solicitantes, provocó una significativa e inmediata respuesta de gran parte de la población.
Esta formidable comunicación abierta entre los trabajadores y el peronismo en Jujuy dejaría ver interesantes aspectos. En primer lugar, la cantidad de cartas enviadas por los ciudadanos muy pronto superó ampliamente el número de unidades disponibles, reflejando los límites de esta política social así como la pervivencia a lo largo de estos años del déficit habitacional. De igual modo, este contacto con la clase dirigente habría favorecido no sólo a sectores humildes de la sociedad sino incluso a estratos más altos, matizando aquel grupo de beneficiarios homogéneo que según la prensa oficial estaba integrado exclusivamente por modestos trabajadores.
Siguiendo entonces aquel razonamiento de Ballent, en Jujuy ¿Qué instituciones oficiales fueron creadas para llevar a cabo la distribución de las unidades de los barrios obreros construidos? ¿Estos bienes fueron cedidos a sectores humildes de la sociedad como afirmaba la prensa local? De igual modo, en aquel marco de amplia participación popular esgrimido por Aboy ¿Cómo se expresó en esta provincia la relación entre el gobierno y los trabajadores durante el peronismo? ¿Cómo estos últimos percibían, en aquellas cartas enviadas al gobierno, aspectos asociados al rol social del Estado, a la política así como a los modos de habitar? Y por último, en este distrito ¿Qué tensiones es posible distinguir entre la cuestión habitacional y las políticas estatales implementadas?⁶
Con el propósito de responder estos interrogantes, a continuación nos dedicamos a explorar al peronismo no sólo desde su posición de Estado sino también en su relación con la sociedad. Aunque esta temática ha sido abordada en los últimos años por cada vez mayores estudios, los mismos por lo general han ceñido su mirada a la región del Litoral o al conjunto nacional. De este modo, a través de este análisis pretendemos dar cuenta de ciertos aspectos de un fenómeno de innegable relevancia dentro de la historia del peronismo pero cuyo abordaje en el Noroeste argentino no ha merecido esfuerzos de aliento hasta el momento. Las páginas siguientes procuran constituirse en una modesta contribución en ese sentido.

INSTITUCIONES ESTATALES EN EL ÁREA HABITACIONAL: EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL Y LA COMISIÓN PROVINCIAL DE CASAS BARATAS

Hacia el período que nos ocupa, la ciudad más poblada de la provincia de Jujuy era su capital, San Salvador de Jujuy. Al aumento natural de sus habitantes se sumaba la relevancia que cobraba en el ámbito urbano las actividades terciarias, ligadas al empleo público y al comercio, que atraían constantemente a trabajadores de distintas localidades jujeñas y de distritos vecinos. De esta manera, hacia 1947, no sólo su número de habitantes casi quintuplicaba a las siguientes urbes más populosas, como San Pedro, sino que San Salvador de Jujuy reunía a más del 50% de la población urbana de la provincia⁷.
Este incremento demográfico de la ciudad capital contribuyó muy pronto al desajuste entre su población y la oferta de viviendas, haciendo patente, ya desde los años de 1930, un acuciante déficit habitacional⁸. Así, en esta urbe fueron muy exiguos los espacios libres para construir dentro de sus antiguos bordes (delimitados por los ríos Grande y Xibi Xibi). Parte de la población buscó entonces alojamiento en inquilinatos mientras otros comenzaron a desplazarse más allá de los ríos circundantes, dando inicio a la conformación de las primeras villas. Entre ellas se encontraban Castañeda, Cuyaya, Gorriti, Belgrano y San Martín. Por otro lado, hacia el sur, en una de las áreas más rurales y menos urbanizadas se ubicaban las villas San Pedrito, Las Rosas y Sarmiento.
En esta ciudad el peronismo inauguraría dos barrios obreros: Los Naranjos y 4 de Junio. Sin embargo, sería este último el que cobraría mayor atención en los medios de comunicación. Ello se debía a la envergadura de este vecindario, puesto que estaba integrado por más de 130 unidades en su primera parte, contemplándose para más adelante su ampliación con similar número de viviendas, mientras Los Naranjos apenas superaba la docena de viviendas. A la significativa cantidad de casas de aquel complejo habitacional, su proyecto además incluía la construcción de un natatorio, un edificio con consultorios médicos, plazas y parques.
El barrio Los Naranjos fue el primero en ser inaugurado, a comienzos de 1946, y sus casas fueron prontamente adjudicadas. Por su parte, hacia los primeros días de junio de 1950 fue estipulada la fecha de entrega de las viviendas del barrio 4 de Junio. Para esta ocasión el gobierno contó con la presencia de Eva Perón quien arribaba a la provincia para visitar las obras de la Fundación de Ayuda Social. Pese a que esta institución no había financiado estos barrios obreros, las autoridades locales aprovecharon la estadía de la Primera Dama para que en un multitudinario acto participara de la entrega de los títulos de propiedad de las flamantes casas a sus adjudicatarios.
 A diferencia de los vecindarios de San Salvador de Jujuy, la construcción del barrio obrero de la ciudad de San Pedro se iniciaría durante el gobierno peronista, siendo finalizado en 1953. Una particularidad de esta urbe, de perfil netamente comercial, es que se encuentra en la región azucarera de la provincia, emplazada en las proximidades del ingenio La Esperanza, uno de los más importantes del distrito. Gran parte de la población de la zona residía en el área rural del ingenio, manteniendo vínculos, principalmente comerciales, con los habitantes de la ciudad de San Pedro. El barrio obrero edificado aquí tomaría el nombre de Presidente Perón, conformado por 58 unidades y levantado en la periferia de la ciudad, en tierras expropiadas por la administración justicialista al ingenio La Esperanza.
En la provincia de Jujuy dos instituciones cobrarían un notable protagonismo en la distribución de las casas económicas edificadas por el Estado. Una de ellas, y como en gran parte del país, sería el BHN y otra entidad muy importante estaría constituida por la Comisión Provincial de Casas Baratas. Este último organismo, creado por el gobierno provincial, estaba integrado por un cuerpo colegiado encargado de evaluar y aprobar, o no, a los postulantes de aquellas unidades habitacionales. Ambas instituciones conformarían los principales instrumentos utilizados por el Estado en su pregonada tarea de brindar solución al apremiante problema de la vivienda en la provincia.
Los principales logros de la sucursal jujeña del BHN se vincularon, indudablemente, con posibilitar a los trabajadores la construcción o compra de la casa propia. En el primer caso, fue en San Salvador de Jujuy donde sus habitantes recurrieron más asiduamente a aquellas operatorias bancarias. La mayoría de estos préstamos fueron adquiridos por personas que efectuaron esta edificación en la zona suburbana de dicha ciudad⁹.
El cambio urbano experimentado con las flamantes casas levantadas fue ciertamente evidente. Un hecho demostrativo de ello fue que sólo en el transcurso de un año (1947-1948) se había iniciado la construcción de 400 nuevas viviendas¹⁰. Si bien la extensión del radio urbano, más allá de sus límites originales, había comenzado en las décadas anteriores, estas iniciativas coadyuvaron sin duda a consolidarla. Las villas, así, se constituyeron en el principal espacio donde se levantaron los hogares financiados con los créditos baratos del BHN.
Esta zona suburbana, otrora caracterizada por un paisaje donde abundaban los ranchos y casas precarias, comenzaba a presentar un numeroso grupo de viviendas construidas de material. El aumento de estos inmuebles, en una provincia con abundantes edificaciones de adobe, constituyó un evento ciertamente significativo, contribuyendo sin duda, a mejorar las condiciones habitacionales de sus ocupantes¹¹.
Pero además de fomentar con éxito la construcción particular de viviendas, el BHN tuvo igualmente a su cargo facilitar el acceso a las casas de los barrios obreros levantados por el Estado. En Jujuy, las operatorias crediticias seguirían fielmente los lineamientos emanados de la sede central bancaria. La sucursal jujeña enfocaría su accionar en financiar la compra de las unidades de los barrios Los Naranjos y 4 de Junio en San Salvador de Jujuy y el Presidente Perón en la ciudad de San Pedro¹².
Conviene al respecto acotar que, durante el gobierno de facto precedente inaugurado con el golpe de 1943, el Banco de la Provincia de Jujuy contó asimismo con un proyecto de créditos destinado a la construcción de viviendas. Sin embargo, no contamos con fuentes que develen de forma cierta su implementación y sus logros¹³. De todos modos, más allá de la importancia de este antecedente, a lo largo de la gestión peronista, fue claro cómo aquella entidad provincial quedó relegada a un segundo plano en detrimento del protagonismo casi exclusivo en las operatorias crediticias que adquiriría el BHN.
A fines de 1947 se sancionaba la ley 1821 que autorizaba al Ejecutivo provincial a vender las casas, recientemente terminadas, de los barrios obreros de la ciudad capital. Entre los requisitos para su compra se hallaba el de ser empleado público de la provincia y afiliado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, no poseer ninguna propiedad, además de estar casado y por lo menos un hijo a cargo. Los postulantes, asimismo, se obligaban a gestionar y obtener un crédito del BHN para adquirir estas viviendas. Las mismas, una vez adjudicadas, no podían ser alquiladas, vendidas o remodeladas en su exterior sin la autorización oficial correspondiente¹⁴.
La recaudación obtenida de la venta de estos inmuebles ingresaría al Gobierno de la Provincia, en una cuenta especial denominada Fondo de Viviendas, que sería invertida en nuevas construcciones. Entre ellas, se proyectaba la ampliación del barrio 4 de Junio –con 100 nuevas casas- y en San Pedro se estipulaba la culminación del barrio Presidente Perón¹⁵.
En el proceso de adjudicación de la vivienda obrera, junto al relevante papel del BHN, como se ha dicho fue así también notable el rol de la Comisión Provincial de Casas Baratas, que tuvo a su cargo la evaluación y la aprobación de los aspirantes a una vivienda. En 1947 se sancionaba la ley 1821 que ordenaba la creación de un organismo especial que estaría presidida por el Subsecretario de Hacienda, Agricultura, Industrias y Obras Públicas. El resto de sus integrantes se completaba con el Secretario Relator de la Dirección de Asuntos Legales y el Director General de Inmuebles¹⁶.
De este modo, la entidad que creaba el gobierno provincial tomaría el nombre de Comisión Provincial de Casas Baratas. Este organismo era heredero de la Comisión Administradora de Casas Baratas (CACB) constituida, en la etapa de Intervención precedente, para la distribución de las viviendas que por entonces recién se construían. Cabe señalar que, en aquellos años, esa repartición había otorgado algunas de estas casas en alquiler a empleados públicos provinciales. Ello se dio por ejemplo en el barrio Los Naranjos donde sus unidades terminaron de edificarse hacia el inicio de la experiencia peronista¹⁷.
Este tipo de reestructuración administrativa no fue ajeno a lo que acontecía a nivel nacional. Así por ejemplo, la Comisión Nacional de Casas Baratas, a partir de 1943, había sido sustituida por diversas instituciones hasta que finalmente se transformó en la Administración Nacional de la Vivienda (ANV)¹⁸. Con el gobierno justicialista, este organismo pasó a depender del BHN donde su labor constructiva perdió importancia en relación a la que adquiriría dicha entidad bancaria.
En Jujuy, solo luego del levantamiento militar del 4 de junio, el gobierno crearía reparticiones similares, como la CACB, las que, a diferencia de la ANV, cumplirían funciones eminentemente administrativas. De igual modo, la Comisión Provincial de Casas Baratas, ya bajo la gestión peronista, había sido creada para ocuparse de la distribución de la vivienda obrera más que de su edificación¹⁹. Por lo demás, su actividad, gozaría de un nivel importante de autonomía con respecto a las dependencias nacionales.
La labor de la Comisión de Casas Baratas se basó esencialmente en hacer cumplir los requisitos exigidos a los solicitantes, estipulados en la Ley 1821. Esta norma inicialmente establecía los montos máximos que debía percibir una familia para aspirar a una de las unidades de los barrios obreros construidos²⁰. Pero en 1949 este inciso se modificaba, y en adelante el criterio de distribución se basaría en la situación real de los peticionantes, de manera tal que considerando estos antecedentes se pueda determinar cuál de los solicitantes tiene mejor derecho a la adjudicación²¹.
La razón de esta reforma respondía, según las autoridades, a los continuos aumentos que recibían los sueldos, lo que motivaba que los ingresos de muchos trabajadores excediesen los límites exigidos por la ley. Del mismo modo, se modificaba el artículo referente a los postulantes comprendiendo ahora, además de los trabajadores provinciales, también a los empleados municipales. Para todos ellos, asimismo, se derogaba la obligatoriedad de estar casados pues, en lo sucesivo, podían ser solteros pero con padres y/o hermanos a cargo²².
Estas enmiendas dejan ver, al igual que en otras partes del país, como el programa social del peronismo, lejos de constituir un todo homogéneo, estuvo cruzado por ciertas desavenencias que suscitaban continuas modificaciones²³. Con todo, lo cierto fue que a partir de esta reforma el gobierno ampliaba significativamente la lista de potenciales candidatos a la vivienda obrera. La ley vigente aclaraba que en caso de un número importante de interesados se priorizaría a la mayor familia y necesidad de los peticionantes y en último caso se procederá por sorteo²⁴.
En suma, con estas últimas reformas, informar a las autoridades acerca de la apremiante situación habitacional que se padecía resultaba sin duda crucial para constituirse en un serio aspirante, al menos así parecen haberlo entendido muchos ciudadanos, quienes propugnaron un acercamiento más estrecho con el gobierno. A continuación, analicemos como se expresó esta relación en la distribución de las viviendas obreras.

LOS TRABAJADORES Y EL ESTADO PERONISTA EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS OBRERAS

Las primeras viviendas puestas en venta por el gobierno provincial correspondieron a los barrios Los Naranjos y 4 de Junio. Sin embargo, como se ha dicho, fue este último el que contó con un mayor número de unidades disponibles. Esto se debió a la escasa cantidad de casas y ubicación céntrica que poseía aquel primer vecindario, lo que contribuyó a su pronta adjudicación. En efecto mientras Los Naranjos estaba constituido por tan sólo 14 unidades, el 4 de Junio contaba con 138 casas . Sin duda, este complejo habitacional fue el más importante de aquellos años y, por ello, prestaremos especial atención al mismo como un caso representativo del proceso de adjudicación de las casas de un barrio obrero en Jujuy durante el peronismo.
Si bien la Comisión de Casas Baratas era la encargada de evaluar y designar a los adjudicatarios de las viviendas obreras, en el apartado anterior quedó patentado cómo esta tarea fue llevada a cabo en ocasiones por el Poder Ejecutivo provincial. Parecía claro que el carácter popular del Estado peronista debía estar presente no sólo en la elaboración de las políticas sino, asimismo, en la implementación de las mismas. Iturbe ratificaba este rol al manifestar que con la reforma de la ley 1821, también: (…) pretende el Poder Ejecutivo tener la posibilidad de estudiar más al detalle la situación real de cada uno de los aspirantes a las viviendas²⁵.
Este propósito oficial, difundido principalmente a través de los periódicos, no pasaría desapercibido por los ciudadanos quienes pronto se movilizaron para entablar contacto con las autoridades peronistas. Así, junto con la presentación de la documentación exigida (certificados de matrimonio, de nacimiento de sus hijos, de empleo, etc.), muchos adjuntaron notas dirigidas al sector gobernante. En estas, realizaban su pedido por una vivienda relatando, a la vez, las difíciles condiciones habitacionales que padecían junto a sus familias.
El envío de solicitudes por una casa en el barrio 4 de Junio fue importante principalmente en dos momentos. A partir de 1948 después de la sanción de la ley 1821, y sobre todo en 1950 luego de la modificación de esta norma²⁶. Esto conllevó a que gran parte de los escritos enviados tuvieran como fecha aquellos años²⁷. La existencia de misivas en 1948, cuando aún el gobernador no había realizado aquella declaración, dejaría ver cómo tempranamente aquel Estado se constituyó en el sitio privilegiado de las demandas populares en la provincia.
Como en aquella campaña nacional de 1951, varios pedidos fueron escritos en máquinas de escribir, típica herramienta de la burocracia estatal, y otros tantos a mano. En algunos de estos últimos, por el trazo, puede evidenciarse que sus signatarios no escribían con frecuencia y poseían una instrucción muy básica. En general, los estudios referidos a la convocatoria de Juan Perón se centraron principalmente en la práctica participativa de la población o en las propuestas en torno a la construcción de viviendas²⁸. El caso jujeño, por su parte, nos permite además patentar el modo en que se interpelaba a las autoridades peronistas en un distrito provincial y evidenciar el contexto material en el que desarrollaban su existencia muchas de estas familias norteñas.
Las solicitudes enviadas, efectivamente, describían las dificultades que afrontaban los trabajadores estatales cotidianamente en sus hogares –alquileres caros, hacinamiento, precariedad de la vivienda-. Dado el crecimiento del empleo público en esta ciudad por entonces, fenómeno común a muchas otras urbes del país, estos testimonios resultan indicativos de un entorno que afectaba a gran parte de aquella población. No obstante, esto no agota la diversidad de situaciones que pudieron haber existido en la sociedad, más aún si consideramos que en este análisis excluimos la realidad y las necesidades de aquellas personas analfabetas y de otros sectores laborales.
Hecha esta salvedad, examinemos los numerosos pedidos enviados para acceder a las viviendas del barrio 4 de Junio. Por medio de estos documentos es posible develar grupos familiares con un importante número de integrantes sin casa propia y las deficientes formas de habitar que padecían en estos años. Este era el caso, por ejemplo, de Luis Burgos, agente de policía, quien en una nota enviada al Presidente de la Comisión de Casas Baratas manifestaba:

Me dirijo a Usted con el fin de rogarle que me conceda una casa del Barrio 4 de Junio, tengo interés por la casa Nº 33, lote 9, manzana II, que está sin dueño, soy empleado de la Provincia (…), en la casa viviremos seis personas: mi señora, mi cuñada, mi madre y mis dos hermanas, somos cuatro los que trabajamos en la siguiente forma, mi hermana y mi cuñada en la casa Domingo Anún (…) y mi señora en el consultorio de la Dra. Josefina Scaro (…).
Dr. Ruego tenga el bien de concederme la casa que ahora estamos viviendo en una pieza de adove. Sin más saludo con mi mayor distinción²⁹.

Este escrito deja ver como este trabajador no sólo se sentía con derecho a solicitar ante las autoridades una casa sino también a elegir la misma. Asimismo revela la presencia de familias integradas, además del matrimonio y los hijos, a veces por los padres y hermanos de los cónyuges. La ocupación de este grupo familiar puede ser demostrativa del pleno empleo disfrutado en esos años y de la importancia del área de servicios en el ámbito urbano. Finalmente, la descripción efectuada acerca de sus condiciones de habitar refleja como se expresaba, para quienes la padecían, el hacinamiento en la urbe capitalina.
Es interesante resaltar en este pedido la mención que realiza este ciudadano acerca de la casa elegida, la cual según sus propias palabras está sin dueño. Esto daría cuenta que algunas estaban ocupadas, tal vez se trataba de unidades ya adjudicadas o, como ocurría en Los Naranjos, entregadas en alquiler por el gobierno. Esta última situación se dio con un comandante de la Gendarmería Nacional residente en Jujuy, Fernando Brusotti.
Este militar ocupaba, no hacía mucho tiempo y en forma provisoria, una vivienda en el barrio 4 de Junio, la cual en 1950 era concedida por la Comisión de Casas Baratas a un empleado de la administración pública provincial. En una carta dirigida al Presidente de esta entidad, este jefe castrense explicaba cómo había logrado acceder a aquella unidad habitacional:

Sobre el particular, cúmpleme expresar a V.E. que el suscripto ocupa dicha casa hace ya un año, cedida gentilmente por S.E. el Señor Gobernador de la Provincia Ingeniero D. Alberto José Iturbe, quien, contemplando con elevado espíritu justicialista, ante el problema que, en especial se nos crea a los funcionarios que en cumplimiento de disposiciones superiores llegamos a cualquier ciudad o lugar de la Patria en misión del servicio, a causa del problema que crea la falta o gran escasez de viviendas para habitar dignamente y con el decoro que el cargo exige, tuvo la bondad de hacerme objeto de tal distinción que valoro y agradezco mucho.
El suscripto en ningún momento ni en modo alguno niega que sea justo se le requiera la entrega de dicha casa en razón de haberse adjudicado (pero) entendiendo que en la actualidad existen veintiséis (26) casas deshabitadas en el Barrio, y seis o siete en las mismas condiciones que la ocupa el suscripto –amén de algunas que no habitan sus verdaderos adjudicatarios- (…) me permito solicitar alguna casa en alquiler en las condiciones que se hallan ocupadas por otros locatarios³⁰.

Cabe señalar que este último pedido del comandante Brusotti fue desestimado por las autoridades intervinientes. Dado que la ley 1821 destinaba estas viviendas a los empleados del Estado provincial, aquel militar, dependiente del ámbito nacional, no cumplía este requisito esencial. De este modo, pese al amplio espíritu de colaboración que siempre ha primado entre el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Nación, se solicitaba que en la brevedad se trasladase de domicilio para que el legítimo adjudicatario pudiera tomar posesión de aquel inmueble³¹.
Pero aquella nota revela algo más, su alusión a la presencia de locatarios demuestra cómo, inicialmente, algunas de estas viviendas fueron alquiladas por el gobierno. La norma que autorizaba la distribución de estas unidades fomentaba la venta de las mismas. No obstante, evidentemente, muchos trabajadores no se hallaban en condiciones de afrontar aquella compra, sobre todo por los gastos que implicaba mantener una numerosa familia en un período donde comenzaba a padecerse los efectos de una creciente inflación.
En esta coyuntura, el BHN exhibía asimismo ciertas dificultades que demoraba la autorización de los créditos. Atento a ello, el Estado provincial permitió, además de la venta, la locación de estas casas. Las cuotas eran establecidas por el gobierno y canceladas en el Banco Provincia en una cuenta especial. De todas formas el locatario, podría solicitar más adelante la compra del inmueble con el reconocimiento de lo abonado hasta la fecha.
De allí la existencia de múltiples notas requiriendo la acreditación de alquileres pagados³² así como los pedidos por una vivienda en venta o alquiler. Precisamente a esto último apuntaba Juan José Barrientos cuando, en 1948, expresaba al Presidente de la Comisión de Casas Baratas: (…) Siendo mis necesidades imperiosas y atendiendo al plan de Gobierno, de beneficiar a los más necesitados de su personal es que se dirige a Ud. solicitando el arriendo o venta de una casa del Barrio 4 de Junio³³.
Las difíciles condiciones habitacionales de San Salvador de Jujuy, plasmados en los altos niveles de hacinamiento e inquilinatos, en estas solicitudes quedaban totalmente confirmadas. Al igual que el caso, ya citado, de Luis Burgos fueron muchos los que padecían estas situaciones, como Prudencio Martínez, quien declaraba la imperiosa necesidad de una vivienda al relatar que:

Abonando una elevada suma en concepto de alquileres, debo ocupar juntamente con mi esposa y cuatro hijos menores, algo que mal puede llamarse vivienda. El estado de promiscuidad en que me veo sometido por tal situación incide como no dejará de comprenderlo S.S. en la formación moral de quienes se encuentran bajo mi responsabilidad³⁴.

Estos testimonios asimismo dan cuenta, como en los estudios realizados por Aboy, la percepción de los solicitantes acerca del rol social del Estado, en tanto entidad que debía responder adecuadamente a reclamos considerados justos. Evidentemente, el gobierno peronista, al haber reconocido la vivienda como un derecho constitucional a los trabajadores, se constituyó en el garante de su cumplimiento.
En este sentido, estas solicitudes, además de revelar las pésimas condiciones habitacionales existentes en el distrito, develan a la vez pedidos ciertamente razonables y justificados. Y por ello, en la consideración de sus signatarios, debían ser contemplados por un Estado que, como en aquella campaña nacional de 1951, propugnaba reforzar su imagen de un gobierno aliado de las reivindicaciones populares.
Por lo demás, las deficientes formas de habitar de la ciudad capital no eran muy diferentes a las que experimentaba el resto de las principales urbes de la provincia. En la ciudad de San Pedro los pedidos por una unidad del barrio Presidente Perón, puestas en venta en 1953 en las mismas condiciones que sus homónimas capitalinas, daban cuenta de similares características habitacionales que las descriptas en San Salvador de Jujuy³⁵.
Indudablemente el masivo envío de solicitudes respondía en buena medida al contexto político en el que se desarrolló la adjudicación de las unidades de los barrios obreros levantados. Esto es durante un gobierno que manifestaba su intención de intervenir en aquel proceso, tomando previamente conocimiento de la realidad habitacional de los solicitantes. Sin embargo, la cantidad de escritos muy pronto superó el número de casas disponibles, lo que dejaba ver la persistencia del problema habitacional, incluso hacia el fin del gobierno peronista³⁶. En consecuencia, no todos los peticionantes llegaron a adquirir una casa en estos barrios obreros. Entonces ¿Quiénes resultaron los beneficiarios últimos de estos bienes? En el siguiente apartado analizamos los rasgos más salientes de los definitivos adjudicatarios de la vivienda obrera.

LOS DEFINITIVOS ADJUDICATARIOS DE LA VIVIENDA OBRERA

Aquel escrito del comandante Brusotti es muy revelador en muchos sentidos, no sólo daba cuenta de las casas del barrio 4 de Junio que habían sido alquiladas sino también señala ciertos aspectos de las que se encontraban ya habitadas. De esta manera, su carta revela la existencia de viviendas que se hallaban ocupadas ilegalmente. Según sus propias palabras, existían en este vecindario unidades en las que: no habitan sus verdaderos adjudicatarios³⁷.
 Frente al nivel de insuficiencia habitacional que presentaba la ciudad capital, esta circunstancia no resulta extraña siendo muy probable que estos ocupantes procedieran de las villas vecinas. Aunque no contamos con fuentes que revelen litigios judiciales con respecto a estos hechos, es muy probable que los legítimos propietarios actuaran recurriendo a las autoridades gubernamentales y a la policía. Un hecho ilustrativo de ello aconteció con Juan Villagra, quien, víctima de aquella situación, denunciaba ante el Presidente de la Comisión de Casas Baratas que la casa adjudicada:

(…) se me la ha entregado ocupada, por un tal señor Ramón Aybar, (…) que si no hubiese sido el arreglo verval amistoso ante el señor Ministro, ya hubiese tomado las medidas pertinentes ante la Justicia Competente, como pasó con otros intrusos que se encuentran en dichas casas (…) la mudanza total será en fin de semana, que es la fecha que se comprometió el señor Aybar a entregar (la vivienda). Es cuanto debo informar al Señor Presidente. (…)³⁸.

Del mismo modo, otro dato llamativo de estos recientes adjudicatarios fueron las intimaciones recibidas de la Comisión de Casas Baratas para que habitaran en forma efectiva el inmueble asignado, prohibiendo su alquiler. Aunque no fueron numerosos los casos, en la mayoría de ellos la respuesta de los propietarios tendió a desmentir esta situación³⁹, aclarando otras veces que se encontraban por su trabajo fuera de la ciudad siendo, momentáneamente, la casa ocupada por sus familiares sin cobrar renta alguna⁴⁰.
Las justificaciones aludidas, permiten inferir ciertas realidades que quizás contribuyeron a desencadenar tales apercibimientos. Así es dable suponer que la necesidad habitacional llevó a algunos vecinos a denunciar ante las oficinas públicas a los que consideraban que incumplían la norma con el propósito de lograr una vacante que pudiese ser ocupada tal vez por un conocido o un familiar carente de vivienda. Por otro lado, las notificaciones oficiales no hacían referencia a que las casas se hallaban desocupadas sino que exigían la residencia en ellas de sus verdaderos adjudicatarios.
La ausencia de estos propietarios acaso pueda explicarse en la expansión del empleo público, que contribuyó a la apertura de distintas oficinas y ampliación del personal, induciendo a algunos trabajadores capitalinos a ocupar estos puestos en el interior de la provincia. Estos hechos darían cuenta de los óptimos niveles de alfabetismo de la ciudad capital, en relación al resto de las urbes, requisito, en muchos sentidos, esencial para la labor en la administración pública. En estas circunstancias, estas personas, dependiendo de las distancias, viajaban y retornaban diariamente de las localidades donde desempeñaban sus funciones, mientras otros se trasladaban en forma definitiva o por un tiempo prolongado⁴¹.
Este tipo de situaciones, junto a otras realidades ya explicitadas, fueron recurrentes, contrastando de algún modo aquel proceso de distribución de viviendas armónico y sin conflictos que describían los medios de comunicación locales. Pero ante la evidente falta de unidades habitacionales, que en muchos casos motivaban estos incidentes, sigue latente el interrogante acerca de cómo estos trabajadores lograron adquirir una casa en los barrios obreros. O en otros términos, que rasgos particulares es posible percibir dentro de este conjunto de adjudicatarios en la asignación de aquellos bienes.
Como se ha demostrado en el apartado anterior, el peronismo incentivó de modo notable la capacidad participativa de la sociedad jujeña. Este fenómeno, como en otros puntos del país, conllevó un acercamiento entre el peronismo y sus seguidores sin precedentes. Así, varias personas recurrieron al sector gobernante con el propósito de hallar soluciones a distintas necesidades materiales que padecían, como el de la vivienda.
Es interesante señalar, en este particular contexto, cómo el camino burocrático para obtener una casa, en ocasiones y como sucedió con aquel oficial militar, se acortaba a través del contacto directo con miembros del sector dirigente. Al igual que a nivel nacional, muchos optaron por acercarse simplemente al gobernador o alguna otra autoridad política para obtener aquel bien. Fue evidente cómo esta relación se había intensificado durante este período como nunca antes en Jujuy.
En 1950 Domingo Taritolay era un empleado desde hacía cuatro años en la finca El Chalicán, con una esposa que se desempeñaba como maestra en la ciudad capital y con cuatro hijos a su cargo. En este marco político, este obrero no tuvo muchas dificultades en entrevistarse personalmente con el Presidente de la Comisión de Casas Baratas para solicitarle una vivienda. Tras la presentación de todos los requisitos, adjuntaba una nota en la que recordaba al funcionario aquel diálogo, obteniendo al poco tiempo una casa en el barrio 4 de Junio⁴².
Del mismo modo, María Mazzuchelli, docente en Abra Pampa, en una misiva dirigida al gobernador solicitaba le sea escriturada a su nombre la casa adjudicada. El motivo de este pedido se basaba en su reciente divorcio efectuado en la República de Bolivia donde quizás también había contraído matrimonio. Al finalizar el escrito expresaba su confianza en el cumplimiento de lo requerido: (…) Ruégole Señor Gobernador se me otorgue la escritura correspondiente a mi casa, lo que no dudo que accederá pues conozco los sentimientos que caracterizan a nuestro Gobernante⁴³. Iturbe, al igual que el presidente, también debió atender los distintos requerimientos realizados a su gobierno popular.
El pedido de Mazzuchelli fue finalmente aprobado, lo que es interesante destacar pues se producía en tiempos en que la relación del peronismo con la Iglesia era todavía estable. Cabe recordar que recién a fines de 1954, cuando se inicia el conflicto entre ambos, el Estado, entre una serie de iniciativas claramente anticlericales, autorizaría legalmente el divorcio. En este escenario, el asentimiento oficial a aquel estado civil, aunque seguramente no fue exclusivo de esta ciudadana en el país, resulta igualmente llamativo en una sociedad jujeña, en muchos aspectos, aún tradicional y conservadora.
Evidentemente, como sostiene Aboy, la importancia concedida a la vivienda en el discurso político del peronismo conllevó a la urgencia y pragmatismo con que fue abordado el cumplimiento de esta política social en la provincia⁴⁴. Ello sin duda contribuyó a potenciar el acercamiento y contacto del sector dirigente con buena parte de la sociedad que padecía el déficit habitacional. En este proceso diversos mecanismos fueron activados, desde el envío de cartas hasta, como en el caso de Domingo Taritolay, la comunicación directa entre la ciudadanía y los funcionarios.
Estos pedidos, como en aquella masiva correspondencia nacional, fueron enunciados en tono respetuoso pero firme, dejando ver un sentimiento de posesión de derecho en la percepción particular de los solicitantes. Pero aquí fue claro como la mayoría de aquellos escritos no fue enviada a un solo destinatario sino que fue dirigida a diversos miembros del sector dirigente, especialmente aquellos vinculados a la Comisión de Casas Baratas cuando no, como la solicitud de María Mazzuchelli, al primer mandatario provincial.
Pero aunque la obtención de soluciones a diversos pedidos efectuados al Estado por medio de una comunicación más estrecha con las autoridades fue común en estos años, la respuesta gubernamental en el campo habitacional no alcanzó a ser extensiva a todos. En buena medida, esto respondió a la exigua acción constructiva oficial. Una de las principales razones de ello tal vez radica en las múltiples carencias materiales que exhibía la provincia hacia 1946. En consecuencia, la construcción de viviendas del gobierno justicialista formó parte de un vasto programa de necesarias obras públicas que evidentemente la trascendió. Así buena parte de los fondos de edificación se destinaron a levantar instalaciones educativas, sanitarias, edificios públicos y distintos trabajos de infraestructura urbana a lo largo del territorio provincial⁴⁵.
De igual modo, las dificultades económicas que afectaron al país a mediados de la década peronista conspiraron para postergar varios proyectos que buscaron continuar y profundizar la labor habitacional estatal. Estos inconvenientes, en consecuencia, establecieron verdaderos límites y un freno a aquel inicial impulso de estas políticas de bienestar. Un ejemplo de ello, fue lo acontecido con la fase final del barrio 4 de Junio. Este vecindario preveía la edificación de 360 viviendas -24 más que las planificadas durante los años de Intervención Federal-. Sin embargo, lo cierto fue que el Estado construyó 138 casas y hacia el final de esta gestión sólo se planificaba levantar 100 unidades más.
Con todo, pese a la masiva participación popular no todos pudieron adquirir una vivienda siendo además palpables ciertas diferencias dentro del propio grupo de adjudicatarios seleccionados por el gobierno. Esta situación queda al descubierto al enfocar nuestra observación en los barrios obreros de la ciudad capital. Tanto Los Naranjos como el 4 de Junio se erigían en distintos lugares de San Salvador de Jujuy. Mientras el primero se situaba dentro de los límites originales de esta urbe, y muy próximo al casco céntrico, el segundo se localizaba en la periferia, en una de las villas de la zona sur. Ahora bien, en ambos barrios, todos los peticionantes fueron empleados estatales ocupados en diferentes áreas: arquitectura, transporte, seguridad, salud, educación e incluso personal de la Casa de Gobierno. Pero fueron estos últimos los que se inclinaron por adquirir las viviendas de Los Naranjos. Así lo evidencia su importante presencia como adjudicatarios en este barrio. Fue claro que el interés se vinculaba con las mejores construcciones y ubicación de sus casas. Mencionemos algunos ejemplos:
José Sánchez Pinto, con un cargo por debajo de un escalón jerárquico del Secretario de Gobierno o Agustín Ranzoni, Auxiliar 2º en el Ministerio de Gobierno. Asimismo, es posible detectar probables parentescos, como el del Director de Inmuebles, Fortunato Daud y María Alicia Daud, empleada de la Secretaría de Gobierno o el caso del Escribano de Gobierno Elías Yapur y Jacobo Yapur, este último, al igual que aquella empleada pública, adjudicatarios en Los Naranjos⁴⁶. Del mismo modo, individuos con puestos importantes pudieron también adquirir aquí una vivienda, como Romualdo Orcipe con un alto cargo en el Hospital San Roque o Humberto Maidana inspector de escuelas.
En el barrio 4 de Junio, por su parte, es posible constatar ciertas diferencias con respecto al vecindario anterior pues la mayoría de los que accedieron a sus viviendas pertenecían a estratos más humildes del empleo estatal, ocupando cargos de menor jerarquía. De este modo, podemos encontrar entre sus adjudicatarios a chóferes de ómnibus o ambulancias, enfermeras, maestras o agentes de policía. Fue innegable aquí también la influencia que tuvo la ubicación de estas viviendas, en una zona periférica aún semirural, donde muy pocos ciertamente deseaban residir. Todo ello seguramente repercutió al momento de adjudicar estas casas o fijar su precio, pues en un principio el monto que debía un empleado ganar por mes, exigido como requisito, era inferior al solicitado para obtener una casa en Los Naranjos.
Entre los favorecidos con las casas del barrio 4 de Junio se encontraban: Joaquín Mendoza, chofer de ambulancia del Hospital San Roque; Dominga Chirino, portera de una escuela nocturna; Berta González de Ceballos, maestra de la escuela Juan B. Alberdi; Pascual Saavedra, chofer del colectivo municipal; Benigno Cruz, agente de policía, o Arturo Murillo, empleado del matadero municipal⁴⁷. Todos ellos, hacia 1949, se constituyeron en un primer grupo de adjudicatarios quienes, al año siguiente, recibirían de Eva Perón la entrega de los títulos de propiedad de sus viviendas.
En San Pedro la mayoría de los beneficiarios de las unidades del barrio Presidente Perón, de acuerdo a su ocupación laboral, se asemejaron mucho más a estos trabajadores que a los adjudicatarios de Los Naranjos. Lógicamente, en esta ciudad comercial los sectores sociales elevados se vinculaban más con los negocios que con el empleo público. Además estas casas se emplazaban en terrenos, expropiados al Ingenio La Esperanza, ubicados en la periferia de la ciudad. Es posible inferir, entonces, que no seducían de igual modo a aquellos trabajadores medianamente acomodados que podían a través de un crédito bancario levantar en otro lugar mejor su residencia.
De esta manera, resulta evidente que los destinatarios de la vivienda obrera no pertenecieron a un estrato social único como la prensa oficial postulaba. Incluso, algunos de ellos, estaban lejos de constituirse en trabajadores modestos. Este criterio de distribución, si bien no niega aquel vínculo del peronismo con la construcción de viviendas para los sectores de menores recursos, si matiza de alguna forma su magnitud y alcances. Más aún si consideramos a aquellas personas humildes que no estaban empleadas en la administración pública y quedaron fuera de esta distribución. Su presencia no era menos importante en la venta ambulante o el desempeño de algún oficio en las ciudades.
En definitiva, todo ello da cuenta de los contrastes y matices existentes en la política social peronista, en cuyos márgenes la sociedad participó activamente ya sea a través del envío de cartas o del contacto inmediato con miembros del sector gobernante. A diferencia de la campaña nacional de 1951, en lugar de proponer ideas o solicitar obras, aquí la mayoría de las solicitudes giró en torno al cumplimiento de la proclamada justicia social peronista, plasmada en el pedido directo de una vivienda. Fue esta particular relación entre el Estado y la sociedad la que signó aquel proceso de adjudicación y, sin dudas, a esta paradigmática etapa histórica en la Argentina.

REFLEXIONES FINALES

El proceso de adjudicación de la vivienda obrera en Jujuy, durante los años peronistas, fue más allá del marco regulatorio establecido por las instituciones oficiales creadas para tal fin. Así, aunque no constituía un requisito, el envío de cartas por parte de los postulantes a una de estas unidades fue masivo y fomentada por el propio gobierno. En efecto, las pautas impuestas aquí para adquirir una vivienda fueron similares a las adoptadas a nivel nacional pero con ciertos tintes específicos⁴⁸. En este sentido, los criterios de adjudicación ampliaron notablemente el número de aspirantes y transfirieron en varias oportunidades al Ejecutivo, pese a la existencia de organismos creados para tal efecto, la decisión última sobre su selección.
En consecuencia, fueron muchas las personas que se acercaron al sector gobernante por medio del envío de cartas para solicitar una vivienda. Al igual que en la campaña nacional de 1951, analizada por Aboy, los que suscribían estos escritos reconocían también aquí al Estado provincial como el responsable de resolver el problema habitacional, aunque esta activa participación conllevó a que el número de misivas muy pronto superara el de las casas disponibles. La cantidad de este grupo de beneficiarios de la vivienda obrera fue entonces limitada a la vez que presentó rasgos particulares a destacar.
La adjudicación de las unidades de los barrios obreros peronistas priorizó a una franja laboral: los empleados públicos, relegando a trabajadores de otras áreas económicas. De esta manera si, como afirma Ross⁴⁹, el peronismo en el campo habitacional benefició en el país principalmente a los trabajadores estatales, en Jujuy este sector fue el exclusivo receptor de las casas levantadas por este gobierno. No obstante, el escaso número de las viviendas levantadas, restringió incluso las chances de los propios dependientes de la administración pública.
De igual modo, conviene resaltar ciertos matices dentro de aquel conjunto de adjudicatarios. Las viviendas menos numerosas del barrio Los Naranjos, ubicadas dentro de los límites originales de la ciudad y más amplias que las casas del 4 de Junio, fueron destinadas a los estratos superiores del empleo público. Esta situación de algún modo contrastaba con lo que esgrimía la prensa oficial acerca de un grupo homogéneo de beneficiarios integrado exclusivamente por modestos empleados.
La continua presentación de solicitudes de los trabajadores que quedaron fuera de la distribución de aquellas unidades, cuando no la ocupación ilegal de las mismas, evidentemente reflejan además los límites de la política constructiva estatal en este distrito. Estos hechos dan cuenta de la magnitud de la crisis habitacional existente durante el período abordado y su discordancia con las políticas sociales implementadas, conformando una cuestión compleja y nada sencilla de resolver para la administración justicialista, y aún para gobiernos no tan lejanos a nuestro tiempo.
Pero si bien durante el período abordado no se logró la tan pregonada solución al problema de la vivienda, las políticas implementadas mejoraron la gravedad de la situación habitacional precedente. Al respecto, los datos brindados por el Censo de 1960 muestran que el número de viviendas en el país había crecido en un 26,3% en relación al año 1947. En este contexto nacional, Jujuy, aunque ocupaba el décimo cuarto lugar dentro del grupo con más casas en el país, se ubicaba en la novena posición en cuanto a la mejor relación unidad de vivienda/persona dentro de las veintitrés jurisdicciones. Esto daba cuenta que las construcciones existentes en este distrito se adecuaban a su población en una más óptima proporción que en otras jurisdicciones con un mayor número de viviendas, como en las vecinas Salta o Tucumán⁵⁰.
Por lo demás, este estudio deja abiertos varios interrogantes a encarar en investigaciones futuras, como aquellas vinculadas a las políticas habitacionales implementadas en el ámbito rural. En un contexto nacional de una decidida intención del Estado peronista de propugnar mejoras sociales tanto en la ciudad como en el campo, resulta sugerente abordar esta temática en Jujuy, una provincia con realidades ciertamente muy particulares en la zona rural⁵¹. Así los resultados de esta tarea permitirían una mirada más amplia de la implicancia de la política habitacional peronista en este singular distrito del Noroeste argentino.

 

NOTAS

¹Estos préstamos operaron como verdaderos mecanismos de redistribución de la riqueza pues no requerían depósitos previos y sus tasas de interés no se ajustaban al ritmo de la inflación.

²Ballent, 2005.

³Aboy, 2004.

⁴Este grupo radical yrigoyenista, liderado por Miguel Tanco, más adelante se plegaría a las filas del proyecto político de Juan Domingo Perón, brindándole su apoyo en las elecciones de 1946 (Kindgard, 2001).

⁵Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy (en adelante AHPJ), Revista 4 Años de Gobierno (1950).

⁶Este interrogante se vincula con los estudios de Mark Healey, centrado en las políticas llevadas a cabo en la reconstrucción de San Juan luego del terremoto de 1945, quien ha dado cuenta, entre otros aspectos, de las divergencias existentes entre las prácticas políticas gubernamentales y los problemas sociales derivados de aquella catástrofe natural (Healey, 2012).

⁷ Mientras la ciudad de San Pedro agrupaba al 26% de la población de su departamento. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Censo General de la Nación, año 1947. Censo de Población. T. I (1951).

⁸ Véase Jerez, 2010.

⁹ Un medio escrito local describía así este fenómeno: En el ejido de la ciudad capital está radicada la población más densa y allí se encuentra el comercio importante. Prácticamente no quedan espacios libres para construir, por eso, la población se va desplazando hacia las villas. En ellas podrá observar el curioso una buena cantidad de viviendas flamantes construidas precisamente con préstamos otorgados por la sucursal jujeña del Banco Hipotecario Nacional (AHPJ, Revista 4 de Junio, 1949: 100).

¹⁰ Ibídem.

¹¹ Véase Jerez, 2012a.

¹² Cabe señalar que el vecindario de San Pedro, a diferencia de los barrios capitalinos, terminaría de edificarse mucho después, iniciándose su adjudicación recién en 1953.

¹³ Para profundizar sobre este y otros proyectos vinculados a la vivienda en Jujuy, en el período anterior al surgimiento del peronismo, véase Jerez, 2014.

¹⁴ Archivo Histórico de la Legislatura de la Provincia de Jujuy (en adelante AHLP), Boletín Legislativo de la Honorable Legislatura de la Provincia de Jujuy, sesión del 20 de diciembre de 1947.

¹⁵ Ibídem.

¹⁶ AHLP, Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, sesión del 20 de diciembre de 1947

¹⁷ El alquiler de estas viviendas queda patentado en el artículo 10º de la ley 1821 al expresar que: Los actuales locatarios de las casas ubicadas en el Barrio Los Naranjos tendrán preferencia para su adquisición (…) Las casas de dicho Barrio que actualmente se encuentran arrendadas por empleados de la Administración Pública que (no reúnan los requisitos esenciales como el de estar casados y con hijos a cargo) no serán vendidas mientras los mismos las ocupen hasta el vencimiento de las prórrogas de locación vigentes (Ibídem: 34).

¹⁸ Con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, la Comisión Nacional de Casas Baratas fue disuelta y sustituida sucesivamente por la Dirección de la Vivienda, el Consejo de la Vivienda y por último por la Administración Nacional de la Vivienda (Ballent, 2005).

¹⁹ En Jujuy la construcción de las viviendas obreras estuvo a cargo del gobierno de la provincia a través de la Dirección de Obras Públicas.

²⁰ En el caso de las casas del barrio Los Naranjos la familia solicitante no debía percibir en conjunto una remuneración que excediese los 600 pesos m/n, y en el caso de las unidades del barrio 4 de Junio los 500 pesos m/n y 400 pesos m/n (según se trate de una casa de 4 o 3 piezas). Ibídem.

²¹ AHLP, Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, sesión del 19 de diciembre de 1949: 66.

²² Ibídem.

²³ Estas tensiones en la implementación de las políticas sociales del peronismo fueron recurrentes a nivel provincial y nacional. Un ejemplo de esto último puede evidenciarse claramente en el ámbito sanitario donde, según Karina Ramacciotti, la implementación de las políticas oficiales no estuvo exenta de voces disonantes y conflictos. Para esta autora, estos aspectos ayudan a comprender la complejidad de la política sanitaria y las tensiones existentes en el supuestamente unívoco discurso sanitario peronista. (Ramacciotti, 2004; 2006).

²⁴ AHLP, Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, sesión del 20 de diciembre de 1947: 34.

²⁵ AHLP, Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, sesión del 19 de diciembre de 1949: 66

²⁶ Cabe acotar, que hasta la caída del gobierno peronista, en 1955, se continúan recibiendo solicitudes por algunas vacantes excepcionales que se producían en el barrio 4 de Junio.

²⁷ En los repositorios visitados solo hallamos parte del total de solicitudes correspondientes a las viviendas asignadas del barrio 4 de Junio, así, de un total de 138 unidades adjudicadas pudimos contar con 110 escritos aproximadamente. De los mismos, cerca de un 60 % presenta como año de redacción 1950, un 30 % 1948, mientras el porcentaje restante corresponde a otros años de esta experiencia política.

²⁸ Al respecto se destacan los trabajos de Aboy (2004), Acha (2004) y Elena (2005).

²⁹ AHPJ, legajos 41 y 90, expediente 70, folio 428, año 1950.

³⁰ AHPJ, caja 6, legajo 128, año 1950.

³¹AHPJ, caja 6, nota 953, año 1950.

³² Este fue el caso por ejemplo de Enrique Prueger, empleado de la Administración Provincial de Bosques, quien en 1955 solicitaba al Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitar la acreditación de los alquileres pagados, como anticipo del precio de la casa comprada por adjudicación. La casa se encuentra en el Barrio 4 de Junio Nº 129. De igual modo Gerardo Ahlers, empleado en la Dirección General de Arquitectura, esgrimía en 1955 ante aquel mismo funcionario, El que suscribe Gerardo Ahlers tiene el agrado de quiera tener a bien acreditarle los alquileres pagados desde el mes de Febrero del año 1952 hasta el mes de agosto inclusive del año en curso como anticipo del precio de compra. AHPJ, caja 1, legajo 5, año 1955; caja 4, legajo 99, año 1955.

³³ AHPJ, caja 1, legajo 20, año 1948.

³⁴ Situaciones similares revelaban gran parte de las demandas por una vivienda. Héctor Morales, casado y con un hijo, manifestaba que se encontraba conviviendo en el domicilio de sus padres, junto a sus hermanos (…) resultando excesivamente reducida la casa y más aún por la imposibilidad de poder pagar un alquiler por lo elevado que están (AHPJ, caja 4, legajo 86, año 1949; caja 4, legajo 92, año 1952).

³⁵ En San Pedro, esta precariedad se reflejaba en el hacinamiento de familias enteras en pequeñas casas de madera que proliferaban en la ciudad. Así lo describía José Sabando, agente de policía,al solicitar una vivienda y resaltar el hecho de poseer una numerosa familia que tengo viviendo en la actualidad en una pequeña casilla de madera de 3 x 4 y carente de toda clase de comodidad. Carlos Vera, por su parte, era también un empleado público que declaraba estar residiendo con su familia en un rancho de tablas, siendo continuamente amenazado deenfermedades para mis hijos, esta es la razón (…) que llevo esperando se me solucione el problema de la casa. Ambos peticionantes habían redactado estos pedidos en 1954. AHPJ, Caja Barrio Obrero Presidente Perón, Legajos 1263, 1409.

³⁶ En todos los barrios analizados, junto a las solicitudes correspondientes a las viviendas asignadas se hallaron un grupo de escritos de personas que no constan como propietarios de las mismas. Esto aconteció por ejemplo en el barrio 4 de Junio donde pudimos contar con cerca de 30 de estas misivas. No obstante, como se ha dicho, dada la ausencia de muchos de estos documentos, es dable suponer que no fueron las únicas enviadas por aquellos que no pudieron acceder a este beneficio durante el período que nos ocupa.

³⁷ AHPJ, caja 6, legajo 128, año 1950.

³⁸ AHPJ, legajo 138, expediente 289, folio 391, año 1950.

³⁹ Al respecto, Natalio Benítez, en 1951, a pocos días de recibir la intimación de aquel organismo estatal, respondía en una misiva: Me permito informar a Ud. que la casa transferida ha sido habitada desde el primer día hasta la fecha por mi familia exclusivamente y en ningún momento se le ha dado otro destino como fácilmente puede comprobarlo en el momento que el señor Director lo requiera. En cuanto a la veracidad de lo que dejo expresado solicito se practique las averiguaciones del caso para su total esclarecimiento. Del mismo modo, y ante la misma acusación, Julio Leyra afirmaba: Pues bien, debo informar a usted que en ningún momento he subalquilado y ni siquiera he recibido proposiciones a ese respecto con la vivienda que me fuera acordada (AHPJ, caja 1, legajo 22, año 1951; caja 4, legajo 82, año 1949).

⁴⁰ En este sentido, Elva Salas, en una carta aclaraba al Presidente de la Comisión de Casas Baratas: (…) siendo la propietaria de una casa en el Barrio 4 de Junio, manzana 3, casa Nº 63 y no pudiendo habitarla porque me encuentro en esta solamente tres meses al año porque mi puesto no me lo permite, cedo la casa por conservación de la misma a un miembro de la familia, Sr. Marcos Victorino Franco por tiempo indeterminado hasta que dicho Sr. consiga casa para trasladarse. Santos Chorolque, por el mismo motivo, respondía a aquella autoridad: Tengo el agrado de dirijirme a ud. con mi mayor consideración y dandome por recibido la nota cursada por (ese organismo) enterado de su contenido puedo informarle que en ningún momento he tenido personas agenas a mi familia en la locación mencionada y que solamente se encuentra en la actualidad una Hermana de mi señora de nombre MARIA SANTOS NAVARRO, pero sin persivir ni un sentavo de ella por ser familia de mi señora que hasen pocos días contrajo enlase y que están momentáneamente en mi casa es cuanto tengo que informar a ud. señor y que se puede averiguar enpersonas caracterizadas de ese lugar (AHPJ, caja 5, legajo 118, año 1949; caja 2, legajo 48, año 1950).

⁴¹ Esto último era lo que realizaba justamente una de las adjudicatarias del barrio 4 de Junio, Noemí Soraire de Luna, quien ante la intimación estatal de que ocupase la vivienda adjudicada, justificaba su ausencia en el hecho de desempeñar su profesión de maestra durante el ciclo lectivo en el interior de la provincia, en el departamento de Ledesma. AHPJ, caja 3, legajo 52, año 1950.

⁴² La nota de Domingo Taritolay expresaba: A S.E. el Señor Ministro de Hacienda, Don Jorge Villafañe, De mi más distinguido respeto: Tengo el agrado de dirigirme a S. E. para recordarle nuestra conversación del Domingo 16 (de abril) y de acuerdo a la misma le remito los datos para adquirir una casita del Barrio 4 de Junio de esta ciudad. Cabe señalar que su esposa, dado su empleo estatal, sería la titular de la vivienda. (AHPJ, caja 6, legajo 136, año 1950).

⁴³ AHPJ, caja 1, legajo 18, año 1951.

⁴⁴ Aboy, 2004.

⁴⁵ En ese sentido fue claro cómo la labor constructiva del peronismo priorizó otras necesidades materiales consideradas más urgentes. Para profundizar acerca de esta temática véase Jerez, 2012b.

⁴⁶ Dirección General de Inmuebles de Jujuy (en adelante DGIJ): Registro Inmobiliario, Libro 13 Folio 34, Asiento 28; Libro 13; Folio 33, Asiento 27; Libro 13, Folio 24, Asiento 20; Libro 13, Folio 37, Asiento 30; Libro 13, Folio 29, Asiento 24. Año 1960.

⁴⁷ AHPJ; Caja de adjudicatarios del barrio Almirante Brown, legajo 31, 41 y 90, año 1948 y 1949.

⁴⁸ En relación a las similares pautas seguidas por las instituciones provinciales y nacionales, nos referimos en líneas generales a ciertos requisitos exigidos para adquirir una vivienda obrera en gran parte del país, tales como la obtención de un crédito del BHN, estar casado o tener familiares a cargo, entre otros.

⁴⁹ Ross, 1993.

⁵⁰ Gaggero y Garro, 1996.

⁵¹ Jujuy por entonces exhibía todavía una importante presencia de latifundios, especialmente en la zona de Quebrada y Puna. En ese marco, se produciría en 1946 la marcha de campesinos arrendatarios de aquellas regiones hacia Buenos Aires. Los animaba la expectativa de recibir de manos de Perón los títulos de propiedad de las tierras que ocupaban. El llamado Malón de la Paz retornaría tiempo después con las manos vacías. Véase Kindgard, 2004.

FUENTES

1. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (1951). Censo General de la Nación, año 1947. Censo de Población. t. I.Buenos Aires: Dirección Nacional del Servicio Estadístico.         [ Links ]

2. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY. Boletín Legislativo de la Honorable Legislatura de la Provincia de Jujuy, sesión del 20 de diciembre de 1947.         [ Links ]

3. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY. Cajas de expedientes, barrios Almirante Brown (ex 4 de Junio) y Presidente Perón, años 1948-1955.         [ Links ]

4. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY. Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, sesión del 20 de diciembre de 1947.         [ Links ]

5. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY. Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, sesión del 16 de diciembre de 1949.         [ Links ]

6. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY (1950). Revista 4 Años de Gobierno, 1946-1950. Jujuy: Imprenta del Estado.         [ Links ]

7. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY (1959). Revista 4 de Junio. Jujuy: Imprenta del Estado.         [ Links ]

8. DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES DE JUJUY (1960). Registro Inmobiliario, Libro 13 Folio 34, Asiento 28; Libro 13; Folio 33, Asiento 27; Libro 13, Folio 24, Asiento 20; Libro 13, Folio 37, Asiento 30; Libro 13, Folio 29, Asiento 24.         [ Links ]

BIBLIOGRAFÍA

1. ABOY, Rosa (2004). “El derecho a la vivienda. Opiniones y demandas sociales en el primer peronismo”. En Desarrollo económico. Revista de Ciencias Sociales, Nº 174, vol. 44, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires, pp. 289-306.

2. ACHA, Omar (2004). “Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo”. En Desarrollo económico. Revista de Ciencias Sociales, Nº 174, vol. 44, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires, pp.199-230.

3. BALLENT, Anahí (2005). Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires. 1943-1955. Buenos Aires:Universidad Nacional de Quilmes.         [ Links ]

4. ELENA, Eduardo (2005). “What the people want: State Planning and Political Participation in Peronist Argentina, 1946-1955”. En Journal of Latin American Studies, Vol. 37, Cambridge University Press, United Kingdom, pp. 81-108.

5. GAGERRO, Horacio y GARRO, Alicia (1996).Del trabajo a la casa. La política de vivienda del gobierno peronista, 1946-1955. Buenos Aires: Biblos.         [ Links ]

6. HEALEY, Mark (2012). El peronismo entre las ruinas. El terremoto y la reconstrucción de San Juan. Buenos Aires: Siglo XXI.         [ Links ]

7. JEREZ, Marcelo (2014). “Proyectos, debates y críticas en torno a la vivienda obrera en el Noroeste argentino. San Salvador de Jujuy (1930-1945)”. En Anuario de la Escuela de Historia Virtual, N°6, Año 5, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 90-108.

8. JEREZ, Marcelo (2012a). “Características habitacionales en Jujuy, Argentina, en la primera mitad del siglo XX”. En Revista América Latina en la Historia Económica, número 2 (38), México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, pp. 163-191.

9. JEREZ, Marcelo (2012b). “Política de vivienda en Jujuy durante el primer peronismo”. En Biernat, Carolina y Ramacciotti, Karina (edits.). Políticas sociales. Entre demandas y resistencias. Argentina 1930-1970. Buenos Aires: Biblos. pp. 97-122.

10. JEREZ, Marcelo (2010). “Expansión urbana y el problema de la vivienda en Jujuy en la primera mitad del siglo XX”. En Teruel Ana (dir.). Problemas nacionales en escalas locales. Instituciones, actores y prácticas de la modernidad en Jujuy. Rosario: Prohistoria. pp. 163-200.

11. KINDGARD, Adriana (2001). Alianzas y enfrentamientos en los orígenes del peronismo jujeño. Jujuy: Ediunju.         [ Links ]

12. KINDGARD, Adriana (2004). “Tradición y conflicto social en los Andes argentinos: en torno al Malón de la Paz de 1946”. En Estudios Interdisciplinarios de América Latina y El Caribe (EIAL), Vol. 15, Nº 1, Universidad de Tel Aviv, pp. 71-94.

13. RAMACCIOTTI, Karina (2004). “Las tensiones en la política sanitaria de Ramón Carrillo”. En Berrotarán, Patricia; Jauregui, Aníbal; Rougier, Marcelo (eds.). Sueños de bienestar en la Nueva Argentina. 1946-1955. Buenos Aires: Imago Mundi. pp. 229-268.

14. RAMACCIOTTI, Karina (2006). “Las voces que cuestionaron la política sanitaria del peronismo (1946-1949)”. En Suriano, Juan; Lvovich, Daniel (eds.). Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina 1870-1952. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento. pp. 169-195.

15. ROSS, Peter (1993). "Justicia social: una evaluación de los logros del peronismo clásico". En Anuario del IEHS, Nº 8, Tandil, pp. 105-124.         [ Links ]